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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02475-01

Fecha
18 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02475-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de junio de 2023 por el Consejo de Estado – Sección Quinta. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-02475-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

18 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02475-01
Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Improcedencia – pretende una instancia adicional al proceso
ordinario – Carga argumentativa.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora en contra de
la sentencia proferida el 15 de junio de 2023, por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante la cual se resolvió declarar improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 10 de mayo de 2022, el señor Rigoberto Olivella Arzuaga interpuso demanda
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección D, con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia de 10 de noviembre
de 2022 1 , proferida por dicha autoridad judicial dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho2 que promovió contra Colpensiones.

2.- Dicho proceso fue iniciado con el propósito de que se declarara la nulidad de los
actos administrativos a través de los cuales la administradora de pensiones le
reconoció al accionante su pensión de vejez, aplicando el artículo 33 de la Ley 100
de 1993. Su pretensión es que dicha prestación se reconociera conforme a lo
dispuesto en la Ley 33 de 1985 o, de manera subsidiaria aplicando el Decreto 758
de 1990.

3.- En primera instancia el asunto lo conoció el Juzgado 51 Administrativo del
Circuito de Bogotá, quien mediante fallo del 20 de mayo de 2021 accedió a las
pretensiones de la demanda, por considerar que el accionante era beneficiario de
régimen de transición. Así ordenó liquidar la prestación aplicando el Decreto 758 de
1990. Igualmente, señaló que para el cálculo del IBL se debían tener en cuenta las
cotizaciones tanto públicas como privadas que realizó el demandante, ya que la Ley

1 Notificada el 16 de noviembre de 2022.
2 Radicado: 11001-33-42-051-2019-00569-01.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02475-01
Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

100 de 1993 no hacía distinción y tiene en cuenta todas las cotizaciones realizadas
al Sistema General de Pensiones dentro del periodo de liquidación que corresponda.

4.- En sentencia del 10 de noviembre de 2022 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección D revocó la decisión de primera
instancia y negó las pretensiones de la demanda. Consideró que si bien el
demandante en principio era beneficiario del régimen de transición y le eran
aplicables los regímenes pensionales previstos en la Ley 71 de 1988 y el Acuerdo
049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, lo cierto era que
al verificar el cumplimiento de los requisitos de ambas normas, se evidenciaba que
el actor pese a tener más de 20 años de servicios, no consolidó el derecho o adquirió
el estatus pensional antes del límite temporal que extinguió la transición, ya que los
60 años que exigen ambas disposiciones los cumplió el 20 de julio de 2016, esto es,
con posterioridad al 31 de diciembre de 2014, cuando ya había fenecido el régimen
de transición. Concluyó que, por ende, no era factible reliquidar la pensión bajo el
régimen pensional del Decreto 758 de 1990, que fue aplicado por el a quo y, en
consecuencia, la situación pensional del actor debía regirse por el régimen general
de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

5.- La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, no discriminación, mínimo vital
y seguridad social 3, al incurrir en los siguientes defectos:

6.- Defecto sustantivo, por cuanto dejó de emplear las siguientes normas que son
aplicables al caso y le impidió acceder a la pensión de jubilación prevista en el
artículo 1º de la Ley 33 de 1985. Concretamente se refirió a: (i) el inciso segundo del
artículo 14 del Decreto 386 de 1982, (ii) el artículo 42 de la Ley 31 de 1992 y, (iii) el
artículo 49 del Decreto 2520 de 1993.

7.- Explicó que de dichos artículos se desprende que el tiempo laborado por el actor
en el Banco de la República, la DIAN y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios deben ser sumados para efectos de acceder a la pensión plena de
jubilación prevista en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

8.- Desconocimiento del precedente judicial, pues a pesar de que en la decisión
acusada se citó la sentencia SU-769 de 2014 de la Corte Constitucional y se admitió
que era posible acumular tiempos públicos para acceder a la pensión de vejez
prevista en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, no hizo el mismo estudio frente
a la Ley 33 de 1985. Además, indicó que en la misma sentencia SU-769 de 2014, la
Corte Constitucional abrió las puertas para que se puedan acumular tiempos de
distinta naturaleza para acceder a las pensiones previstas en los regímenes
anteriores a la Ley 100 de 1993; por lo que en aplicación al principio de favorabilidad,
nada obsta para que también se pudiera acceder a la pensión de jubilación prevista
en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

9.- Manifestó que, en el caso concreto, la Ley 33 de 1985 es más favorable que el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993,

3 También alegó las garantías de: confianza legítima, prelación de la Constitución sobre las demás normas,

eficacia de los derechos fundamentales, primacía de los derechos humanos, prevalencia del derecho sustancial
y pago oportuno de las pensiones.
2

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02475-01
Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

porque le permite al actor pensionarse con una tasa de reemplazo del 75% frente a
la reconocida y a una edad inferior (55 años). También es más favorable a la Ley 71
de 1988, porque solo le permite pensionarse con 60 años y la norma de la que
reclama su aplicación a los 50 años. Añadió que el actor no puede capitalizar los
beneficios del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, porque cuando
cumplió 62 o 60 años había fenecido el plazo máximo previsto en el Acto Legislativo
1 de 2005 para tal fin.

10.- Por último, expuso que esa postura ha sido aceptada por el Consejo de Estado-
Sección Segunda-Subsección B, en sentencia de 18 de febrero de 2021, radicado
25000-23-42-000-2017-05956- 01 (2654-2019).

B. Sentencia de primera instancia

11.- Mediante providencia del 15 de junio de 20234, la Sección Quinta del Consejo
de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que no cumplía
con el requisito de relevancia constitucional.

12.- Primero, sostuvo que el actor se limitó a discutir la interpretación y aplicación
de las normas enunciadas en el escrito de tutela, con el fin de obtener un aumento
en la mesada pensional, es decir, que se trata de un asunto de contenido económico,
el cual tiene connotaciones particulares o privadas que se reducen a un debate
meramente legal y no de índole constitucional. Aunado a ello la tutela carece de
carga argumentativa, por cuanto el accionante no justificó la relevancia del caso a
partir de la exposición del concepto de la violación, y tampoco explicó la razón por la
cual las sentencias invocadas como desconocidas resultaban aplicables a su
situación particular.

C. La impugnación

13.- En desacuerdo con lo anterior, la parte accionante interpuso impugnación en la
cual sostuvo que, contrario a lo aseverado por el juez constitucional de primera
instancia, en el escrito de tutela se hizo una identificación cuidadosa, esmerada y
pertinente de los requisitos de procedibilidad, en especial las razones por los que el
asunto que se discute tiene relevancia constitucional y se identificaron
razonablemente los hechos que generan la vulneración alegada, incluyendo la ratio
decidendi de la sentencia SU-769 de 2014, al igual que las razones por las que la
misma resulta aplicable al caso.

14.- Posteriormente, hizo una explicación de la vulneración del derecho al mínimo
vital y móvil del actor, en el sentido de indicar que es un concepto amplio, que no se
agota con una valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por
satisfacer, sino que va de la mano con un mínimo de condiciones decorosas de vida
(citó la sentencia SU-995 de 1995). Agregó que según el criterio del Consejo de
Estado - Sección Quinta, se garantiza el derecho fundamental al mínimo vital y móvil
de una persona que toda su vida ha percibido y cotizado en pensiones sobre la base
de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con el reconocimiento de una
pensión de un salario mínimo legal mensual vigente, sin tener en cuenta, en el caso
concreto, un mínimo de condiciones decorosas de vida del actor, que incluye la

4 Notificada el 20 de junio de 2023.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02475-01
Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

apreciación material del valor de su trabajo, las circunstancias propias de cada
individuo y el respeto por sus particulares condiciones de vida.

15.- Manifestó que si al actor le reconocieron una pensión aplicando una tasa de
reemplazo del 66.19%, cuando le correspondía una pensión equivalente al 75% de
su ingreso base de liquidación, es evidente que su ingreso mínimo vital y móvil se
vio afectado en un 8,81% del valor total del ingreso base de liquidación y en un
11,746667% del valor de su pensión, lo que constituye una afectación significativa.
Corolario de lo anterior, agregó que no se está ante un asunto meramente
económico, sino que se advierte su contenido y trascendencia constitucional.

16.- Después hizo referencia al derecho al debido proceso, para lo cual citó el
artículo 29 de la C.P y la sentencia C- 710 de 2001, e indicó que “la simple rebeldía
a este principio es suficiente para considerar la materialización de la vulneración a
un derecho fundamental, suficiente para que el asunto revista relevancia
constitucional”. Así, concluyó que no se está frente a un asunto netamente
económico o una discusión de un interés privado, sino ante la prevalencia del
derecho sustancial, frente al que toda la comunidad tiene interés, así como tampoco
se trata de un conflicto sobre la interpretación de la Ley ni se pretende la corrección
del fallo reprochado, sino que se está en presencia de una “evidente y grosera
rebeldía frente a los artículos 14 del Decreto 386 de 1983, 42 de la Ley 31 de 1982
y 49 del Decreto 2520 de 1993”.

17.- Posteriormente, hizo alusión al principio de legalidad por desconocimiento de
la norma legal aplicable al caso, y sostuvo que el Tribunal accionado cometió una
violación grosera a la ley sustancial, porque no tuvo en cuenta que el inciso segundo
del artículo 14 del Decreto 386 de 1983, artículo 42 de la Ley 31 de 1982 y el artículo
49 del Decreto 2520 de 1993, prevén que para efectos prestacionales, incluyendo la
pensión plena de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985 y el Decreto 3135 de 1968,
es acumulable el tiempo trabajado en el Banco de la República con el trabajado al
servicio de la Nación, a pesar de que por regla general su régimen prestacional y de
seguridad social es el previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, por ende, se
incurrió en un defecto sustantivo, al dejar de aplicar las normas correspondientes al
caso, lo que impidió que el actor accediera a la pensión plena de jubilación prevista
en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985. Posteriormente transcribió de nuevo lo que
dijo en el escrito de tutela frente a la configuración del mentado defecto.

18.- Seguidamente hizo referencia al desconocimiento del precedente judicial, y
expuso que fue desacertada la decisión del Tribunal accionado al apartarse del
precedente de la Corte Constitucional, que ya ha sido aceptado por el Consejo de
Estado, al no permitir la acumulación de tiempos privados para que el actor pueda
acceder a la pensión de jubilación plena prevista en la Ley 33 de 1985.

19.- Manifestó que en la sentencia SU-769 de 2014 y en el caso del señor Rigoberto
Olivella Arzuaga se plantean problemas jurídicos semejante o cuestiones
constitucionales similares, dado que en ambos se pretende acumular tiempos
públicos y privados para acceder a una pensión de jubilación en aplicación del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que las
diferencias que existen entre uno y otro caso, como la aplicación del régimen
pensional anterior de la Ley 100 de 1993 son irrelevantes porque el propósito es
4

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02475-01
Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

lograr acceder al régimen de transición pensional previsto en la Ley 100 de 1993.
Posteriormente, reiteró los argumentos que esbozó en el escrito de tutela
relacionados con este defecto.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

20.- La Sala es competente para conocer de la impugnación, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19915.

E. Análisis del caso concreto

21.- En su escrito de tutela e impugnación, la parte actora alegó que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D incurrió en un
defecto sustantivo al dejar de emplear el inciso segundo del artículo 14 del Decreto
386 de 1982, el artículo 42 de la Ley 31 de 1992 y el artículo 49 del Decreto 2520 de
1993, de los cuales se desprende que el tiempo laborado en el Banco de la República
así como el trabajado al servicio de la Nación son acumulables para acceder a la
pensión plena de jubilación prevista en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

22.- Así mismo, que desconoció el precedente judicial, específicamente la sentencia
SU-769 de 2014, la cual abrió las puertas para que se puedan acumular tiempos de
distinta naturaleza para acceder a las pensiones previstas en los regímenes
anteriores a la Ley 100 de 1993, y en donde se plantea un problema jurídico
semejante al de su caso, por lo cual es precedente aplicable, así como el fallo del
Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, de 18 de febrero de 2021,
radicado 25000-23-42-000-2017-05956- 01 (2654-2019), el cual ha aceptado dicha
postura.

23.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
examinar dos elementos6: (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa dicha
relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de
derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole
constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya
fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada.

24.- Teniendo claro lo anterior, la Sala considera que el asunto carece de relevancia
constitucional, pues, se advierte que la parte actora pretende convertir el amparo
constitucional en una instancia adicional al proceso ordinario, al no estar de acuerdo

5 “[P]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

En este punto es importante precisar que, si bien en las pretensiones de la acción de tutela se pide el
restablecimiento de los derechos fundamentales de la parte actora frente a las sentencias del 21 de julio de 2021
y 19 de mayo de 2022 proferidas por la autoridad judicial demandada, teniendo en cuenta que la primera de ellas
fue dejada sin efectos mediante sentencia de tutela del 4 de marzo de 2022 por esta misma Subsección (Rad.
11001-03-15-000-2022-00342-00), el análisis de la Sala se centrará en la decisión adoptada por la Sala Quinta
Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia con fecha del 19 de mayo de 2022, en razón a que, este fallo fue
proferido en reemplazo de aquel que ya no tiene efectos jurídicos y es el que da cierre definitivo a la litis.
6 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:

11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02475-01
Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección D al ser adversa a sus intereses y, con ello, reabrir y continuar
el debate del proceso ordinario en el que fue dictado el fallo enjuiciado; aunado al
hecho que algunos argumentos carecen de carga argumentativa.

25.- Por interesar a la causa, se traerán a colación apartes del fallo cuestionado -10
de noviembre de 2022- referidos al análisis realizado por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca sobre el régimen jurídico aplicable y las conclusiones a las que
llegó:

<<(…) 3. Marco Normativo aplicable.

3.1. El inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, estableció un régimen
de transición para quienes, por razón de la edad o del tiempo trabajado, pudieran
encontrarse próximos a adquirir el derecho pensional, quienes continuarán sujetos al
régimen pensional que gobernaba su expectativa, en cuanto a la edad, al tiempo de
servicios o al número de semanas cotizadas, y al monto de la pensión, si a la entrada
en vigencia tuvieren 35 años o más de edad, si es mujer, o 40 años o más si es hombre,
o 15 o más años de servicios.

Ahora bien, entre las leyes que se hallaban vigentes a la fecha en que entró a regir el
sistema integral de seguridad social de la Ley 100 de 1993 (1º de abril de 1994 para
los empleados nacionales y 30 de junio de 1995 para los de carácter territorial),
encontramos el régimen pensional previsto en el Decreto 758 de 1990, que en su
artículo primero estableció su campo de aplicación, así (…)

En virtud de lo anterior, el Decreto 758 de 1990, cobija a las personas afiliadas al
seguro social contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte de origen no profesional,
cuya vinculación sea de carácter privada. A su vez en su artículo 12 prevé los requisitos
para acceder a la pensión de vejez, de la siguiente manera (…)

Del examen de la norma transcrita se colige que el Decreto 758/90, prevé como
presupuestos para acceder a la pensión de vejez, tener una vinculación de carácter
privado; haber cotizado 500 semanas durante los últimos veinte años anteriores al
cumplimiento de la edad mínima o 1000 semanas en cualquier tiempo y tener mínimo
55 años de edad si es mujer, o 60 o más años si es hombre.

Asimismo, se observa que el artículo 20 ibídem, prevé que la pensión puede oscilar
entre un 45% como mínimo y un 90% como máximo del salario mensual, dependiendo
del número de semanas cotizadas, y que para liquidar la pensión, se deberá establecer
el salario mensual base, el cual se obtiene multiplicando el factor 4.33, por la centésima
parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en las
últimas cien (100) semanas.

Ahora bien, sobre la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 a empleados públicos la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-769 de 2014 señaló (…)

De conformidad con lo anterior, para efecto del reconocimiento de la pensión de vejez
de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, es
posible acumular los tiempos de servicios públicos y privados, siendo posible
también acumular cotizaciones a las cajas o fondos de previsión social, con las
semanas de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, por cuanto la
exclusividad en los aportes a esta entidad, es un evento no contemplado en dicha
normatividad.

De lo anterior se concluye, que si el pensionado tiene cotizaciones públicas y privadas,
por 20 años o más, y cotizaciones a diferentes cajas o fondos de previsión social , es
beneficiario del régimen previsto en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto
758 de 1990, pues, la Corte Constitucional señaló, que si bien el campo de aplicación
para esta normatividad es para empleados con cotizaciones de carácter privado, es
6

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Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

posible acumular tiempos públicos cotizados a otras cajas o fondos de previsión social,
en caso de no completar el número de semanas de cotización requeridas para el
reconocimiento de la prestación.

En el caso que nos ocupa, se encuentra acreditado que el demandante cotizó 1.472
semanas al ISS y COLPENSIONES (Cuaderno No. 2, fls 262 - 265), de las cuales
15.75 fueron cotizados a la UGPP, y que además de ello, si bien es cierto, acredita 20
años de servicios públicos independientes de los cotizados al sector privado, y es
beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, también lo es que, bajo
el principio constitucional de favorabilidad, le es aplicable el régimen pensional que
le resulte más favorable a su situación, entre los posibles aplicables (Leyes 33 y 62 de
1985 y el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año)(…)

Corolario de lo anterior, en caso que al momento de causarse el derecho pensional, el
empleado sea beneficiario de varios regímenes, es deber del operador de justicia
analizar y aplicar el régimen más favorable a la parte.

3.2. Régimen de transición. Sentencia de Unificación proferida por el Consejo de
Estado y jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Frente a la interpretación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y la
liquidación de las pensiones beneficiarias del mismo, se ha indicado lo siguiente:

3.2.1 La CORTE CONSTITUCIONAL se ha pronunciado al respecto, entre otras, en
las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017
y SU-023 de 2018, en las cuales fijó su posición frente a la interpretación y alcance
del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100/93, concluyendo
que el Ingreso Base de Liquidación – IBL- no fue un aspecto sometido a transición.

(…)

3.2. Igualmente, el Máximo Órgano de lo Contencioso Administrativo, en virtud de las
facultades previstas en los artículos 111.3 y 271 de la Ley 1437 de 2011, profirió
sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, providencia en la cual realiza un
análisis del Ingreso Base de Liquidación en el régimen de transición de la Ley 100/93,
concluyendo que dicho régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los
regímenes pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993, otorgando efectos ultractivos
a algunos elementos constitutivos de tales regímenes para las personas que se
encontraban afiliadas a éstos y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional.
Dichos elementos solo hacen referencia a la edad, el tiempo de servicios y al monto
de la pensión.

(…)

En ese sentido, concluyó que con la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen
de transición, fijada en la providencia citada, “(i) se garantiza que la pensión de los
beneficiarios de la transición se liquide conforme a los factores sobre los cuales se ha
cotizado; (ii) se respeta la debida correspondencia que en un sistema de contribución
bipartita debe existir entre lo aportado y lo que el sistema retorna al afiliado y (iii) se
asegura la viabilidad financiera del sistema.”

En esta decisión el Consejo de Estado tuvo en cuenta los factores salariales sobre los
cuales se realizaron aportes para pensión de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994 y
en consecuencia negó la pretensión, de lo que se infiere que el IBL no es objeto del
régimen de transición. Por lo anterior, es pertinente señalar, que esta Sala de
Decisión acoge los lineamientos expuestos por el Órgano de Cierre de la
Jurisdicción Contencioso Administrativo, en la sentencia de unificación citada.

4. Decisión del caso.

Se encuentra demostrado que Rigoberto Olivella Arzuaga, de conformidad con la
Resolución No. DIR 4332 del 27 de febrero de 2018 (Cuaderno No. 2, fls.261 vto. -
7

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02475-01
Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

265), laboró del 21 de enero de 1977 al 20 de septiembre de 1990 en el Banco de la
República; del 1° de abril de 1992 al 15 de diciembre de 1992 en Alberto Rodolfo
Pacheco Monsalvo; del 17 de diciembre de 1992 al 22 de abril de 1993 en la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN; del 1° de agosto de 1993 hasta el 20 de
febrero de 1994 en Alberto Rodolfo Pacheco Monsalvo; del 19 de febrero de 1996
hasta 17 de mayo de 2007 en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
y finalmente, del 1° de noviembre de 2014 hasta el 30 de noviembre de 2016, en el
nombre de la entidad que trabajó, aparece el del accionante, de lo que se infiere, que
fueron cotizaciones realizadas como independiente. Respecto a los tiempos de
servicios prestados al Banco de la República debe precisarse lo siguiente:

De conformidad con la Ley 31 de 1992, los empleados del Banco de la República
cuentan con un régimen laboral propio consagrado en dicha ley, en los estatutos del
Banco, en el reglamento interno de trabajo, en las convenciones colectivas, en los
contratos de trabajo y en el Código Sustantivo del Trabajo. Así el artículo 38 de la Ley
31 de 1992, dispuso que existen dos clases de trabajadores, al efecto la norma
consagra (…)

En ese sentido, se tiene que los miembros de la Junta directiva tienen la calidad de
funcionarios públicos y su vinculación es de índole administrativa, mientras que los
demás trabajadores se rigen por los estatutos, contratos de trabajo y lo dispuesto en
el Código Sustantivo del Trabajo. De igual forma, el Decreto 246 de 199312, prevé que
“El régimen prestacional para los miembros de la Junta Directiva del Banco de la
República, con excepción del Ministro de Hacienda y Crédito Público, será el mismo
vigente a la fecha de publicación de la Ley 31 de 1992 para los trabajadores del Banco
de la República que no se hallen cobijados por la convención colectiva del mismo.”
(artículo 2)(…)

Lo anterior evidencia que las relaciones laborales entre el Banco de la República y sus
trabajadores son de carácter privado, y se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo,
razón por la cual los tiempos de servicios allí laborados se entienden privados. En ese
sentido, se evidencia que el accionante cuenta con más de 25 años de servicios, sin
embargo, alrededor de 12 años son al sector público, y el resto al sector privado (…)

Ahora bien, cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, esto es, el 1° de abril de
1994 – puesto que su última vinculación en ese momento era como empleado de un
particular, el demandante no contaba con más de 40 años de edad, por cuanto nació
el 20 de julio del 1956 (Cuaderno No. 1, fls. 145 vto. y 146), pero sí cumplía con más
de 15 años de servicio, por lo tanto, lo cobija el régimen de transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, aunque el A quo sostuvo que el demandante era beneficiario de la Ley 33
de 1985 y del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, pues cotizó
1472 semanas, a la UGPP y al ISS hoy COLPENSIONES(Cuaderno No. 1, fls. 155
vto. y 159 vto.), encuentra la Sala que el actor no es beneficiarios del régimen
pensional consagrado en la Ley 33 de 1985, pues como se vio, no acredita 20 años de
servicios al sector público, como quiera que los tiempos prestados al Banco de la
República no poder catalogados como públicos, sino como privados.

Lo anterior indica, que en principio, sería beneficiario de los regímenes previstos en la
Ley 71 de 1988, que permite la acumulación de tiempos mixtos y del Decreto 758 de
1990, que también permite acumular tiempos cotizados al ISS y otras cajas de
previsión, privados o públicos, sin embargo, respeto a ambos regímenes pensionales,
el accionante no conservó el régimen de transición.

Lo anterior en atención, a que el Acto Legislativo 01 de 2005, extendió la aplicación
del régimen de transición hasta el 31 de julio de 2010 o hasta el 31 de diciembre de
2014, en aquellos casos en que los beneficiarios contaran con 750 semanas de
cotización al momento de su entrada en vigencia -25 de julio de 2005-. Al respecto la
norma dispuso(…)

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02475-01
Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Así, el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, no podía extenderse más
allá del 31 de julio de 2010, sin embargo, según la norma, conservarían el derecho de
su aplicación, y por ende el derecho a que la prestación fuera reconocida conforme a
normas anteriores, quienes alcancen a consolidar el estatus pensional antes de dicha
fecha. Igualmente previó dicha disposición, que quienes alcanzaran a cotizar al menos
750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del
dicho acto legislativo –25 de julio de 2005-, también tendrían derecho a la aplicación
del régimen de transición, evento en el cual para se extendería únicamente hasta el
31 de diciembre de 2014.

Al verificar el cumplimiento de los requisitos por la parte demandante respecto del
Decreto 758 de 1990 y de la Ley 71 de 1988, determina la Sala que si bien el actor
cuenta con más de 20 años de servicios, no consolidó el derecho o adquirió el status
pensional antes del límite temporal que extinguió la transición, toda vez que los 60
años de edad que exigen ambas normas cuando se trata de hombres, los cumplió el
20 de julio de 2016, esto es, con posterioridad al 31 de diciembre de 2014, cuando ya
había fenecido el régimen de transición.

Por lo anterior, no es factible reliquidar la pensión bajo el régimen pensional del
Decreto 758 de 1990, que fue aplicado por el A quo, y en consecuencia, la situación
pensional del actor, pasó a regirse por el régimen general de las Leyes 100/93 y
797/03.

Así, se evidencia que mediante Resolución SUB 36596 del 12 de febrero de 2019
(Cuaderno No. 2, fls. 329 - 333), se reconoció pensión de vejez al accionante, en
cuantía de $4.070.504, teniendo como base 1.472 semanas cotizadas y con una tasa
de remplazo del 66.19%, teniendo en cuenta los 10 últimos a los anteriores al
reconocimiento, por cuanto a la entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones, le faltaban más de 10 años para adquirir el derecho, todo ello de
conformidad con la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003.

En virtud de lo anterior, no le asiste razón al A quo al ordenar la reliquidación con el
Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, pues como se vio, el
demandante no consolidó el status pensional antes del límite temporal que extinguió
la transición y por ende, el reconocimiento y la liquidación que se efectuó por la entidad
demandada se encuentra conforme a derecho, pues aplicó el régimen pensional
general que le correspondía, razón por la cual se revocará la sentencia impugnada
para en su lugar negar las pretensiones de la demanda(…)>>.

26.- Lo anterior, permite advertir que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
hizo un análisis racional, coherente y completo de los temas puestos a su
consideración y fundamentó su decisión en las pruebas allegadas al plenario, así
como las normas y jurisprudencia aplicables al asunto; por ende, se precisa, que fue
esa instancia judicial la que tuvo a su cargo valorar los alegatos de hecho y de
derecho que el demandante sometió a su consideración, sin que ahora quepa
prolongar el debate sobre los mismos, pues la acción de tutela es mecanismo
principal, no complementario al del medio control ordinario, y no tiene por fin revisar
las bases del debate judicial, para definir como instancia final las razones del derecho
que se debate. De ahí que verificado que el malestar que se formula contra la
providencia judicial fue el mismo que se debatió y definió ante los jueces de la causa,
ningún espacio cabrá para el juez constitucional.

27.- Además, se debe resaltar que, frente al supuesto defecto sustantivo alegado
por el actor, se observa con claridad que el tribunal accionado explicó de manera
clara y concreta la razón por la cual el asunto debía regirse por los postulados de las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, y no por la Ley 33 de 1985, el Decreto 758 de
1990 y la Ley 71 de 1988. Así, se tiene que, en cuanto a la Ley 33 de 1985 especificó

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02475-01
Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

que no era aplicable al caso del señor Rigoberto en la medida en que no acreditó 20
años de servicios al sector público, como quiera que los tiempos prestados al Banco
de la República son catalogados como privados, según la elucidación normativa y
jurisprudencial que expuso en el mismo fallo y, en relación al Decreto 758 de 1990
y la Ley 71 de 1988, sostuvo que si bien el actor contaba con más de 20 años de
servicios, y en principio estas disposiciones le eran aplicables en virtud del régimen
de transición, no consolidó el derecho o adquirió el status pensional antes del límite
temporal fijado en el Acto Legislativo 01 de 2005 (31 de diciembre de 2014), toda
vez que los 60 años de edad que exigen ambas normas los cumplió el 20 de julio de
2016, esto es, con posterioridad al 31 de diciembre de 2014, cuando ya había
fenecido el régimen de transición.

28.- Aunado a ello, si bien el actor puso de presente tres enunciados normativos (el
inciso segundo del artículo 14 del Decreto 386 de 1982, el artículo 42 de la Ley 31
de 1992 y el artículo 49 del Decreto 2520 de 1993), es claro que no cumplió con la
carga de indicar la relación de aquellos con la Ley 33 de 1985, la cual pretende le
sea aplicada a su caso, la remisión normativa entre aquellas o, porqué su caso se
debe resolver a partir de las misma, máxime cuando a simple vista se advierte que
ninguna está relacionada con la ya mencionada Ley 33 de 1985, y que finalmente el
Tribunal en su análisis tuvo en cuenta esos tiempos laborados en el Banco de la
República, pero en su interpretación consideró que por el régimen legal no se
cuentan como públicos. Además, en el escrito de impugnación no expuso algún
argumento adicional a los expresados en el escrito de tutela, que suplan la mentada
falencia argumentativa.

29.- Así las cosas, para esta Sala de Subsección, el actor simplemente trata de
conseguir una decisión favorable a sus intereses, pues es claro que no está conforme
con la valoración y análisis legal realizado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a pesar de que éste elaboró una explicación razonable frente al tema
puesto a su consideración; inconformidad que se traduce en una mera discrepancia
valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso la cual no es susceptible de
admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de
interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella
que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica
y en virtud de su autonomía e independencia.

30.- Ahora, en relación con el desconocimiento del precedente judicial, la Sala
comparte el argumento de a quo, toda vez que se advierte que carece de carga
argumentativa, pues la parte actora omitió precisar la razón por la cual las sentencias
aludidas resultaban ser precedente judicial a su caso, si los hechos, fundamentos de
derecho, problemas jurídicos a resolver y ratio decidendi eran similares y, por ende,
aplicables a su asunto. Además, si bien en el escrito de impugnación el actor
pretendió explicar la razón por la cual la sentencia SU-769 de 2014 era un
precedente aplicable a su caso (no hizo referencia a la sentencia del Consejo de
Estado), ello no fue suficiente pues únicamente expuso que “se plantean problemas
jurídicos semejante o cuestiones constitucionales semejantes, dado que en ambos
se pretende acumular tiempos públicos y privados para acceder a una pensión de
vejez o de jubilación en aplicación del régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, y que las diferencias que existen entre uno y otro caso,
como la aplicación del régimen pensional anterior de la Ley 100 de 1993 son
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02475-01
Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga
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irrelevantes, porque (…) el propósito es lograr acceder al régimen de transición
pensional previsto en la Ley 100 de 1993”, argumento que en nada suple una carga
argumentativa válida en la que se exprese con suficiencia las razones y motivos del
porqué aquel es un precedente aplicable al caso concreto, máxime si se tiene en
cuenta que en su caso la discusión trasciende de la acumulación de tiempos públicos
y privados, sino la forma en que se califican los tiempos correspondientes a su
vinculación en el Banco de la República.

31.- Así mismo, es de resaltar que la sentencia SU-769 de 2014 no comparte ningún
tipo de similitud con el caso del señor Rigoberto, en la medida en que allí se estudió
la acumulación de tiempos de servicios prestados tanto en el sector privado como en
el sector público, en el caso de una persona beneficiaria del régimen previsto en el
Acuerdo 049 de 1990, y las reglas de unificación se basaron únicamente en el
mentado acuerdo, las cuales no son extensivas a la Ley 33 de 1985, situación que
en nada se asemeja con el presente asunto. En razón a ello, aquel fallo no constituye
precedente alguno para el asunto del señor Olivella Arzuaga.

32.- En ese contexto, se advierte que, no basta con que el accionante enuncie los
derechos presuntamente vulnerados y los defectos en que, a su sentir, incurrió la
autoridad accionada, sino que tal vulneración debe estar justificada, es decir, tener
una carga argumentativa mínima, en la que se exprese con suficiencia las razones y
motivos que desde la perspectiva constitucional, revelan un juicio de desvalor de los
derechos fundamentales de quien la promueve de cara a la acción y definición que
ha adoptado el juez encargado por mandato constitucional de definir el derecho y,
se debe argumentar los motivos de la presunta vulneración.

33.- Al respecto, debe recordarse que, por oposición al principio de informalidad
que caracteriza a la acción de tutela, cuando esta se formula contra providencias
judiciales, es necesario que quien reclama la protección iusfundamental no sólo
señale los derechos que estima afectados, sino que identifique con cierto nivel de
detalle en qué consiste la violación que le atribuye al pronunciamiento judicial y
demuestre de qué forma aquel se aparta del ámbito del derecho o incurre en una
actuación abusiva contraria al ordenamiento jurídico, no sólo por la materialidad de
la decisión y sus implicaciones, sino por las razones y fundamentos que la sustentan.

34.- Para el caso concreto, comoquiera que la parte actora no se sirvió explicar,
especificar, construir, ni adecuar los cargos alegados contra el fallo de 10 de
noviembre de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección D, el juez de tutela no puede proceder a ello de
forma supletiva, dado que, como ya tuvo la oportunidad de señalarse, tratándose de
acciones de tutela contra providencias judiciales, la carga de contar con una
argumentación coherente y suficiente recae en quien invoca el amparo
constitucional y no en quien la decide, en razón a que están de por medio el respeto
por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la seguridad jurídica y la garantía de
la independencia y autonomía de los jueces, que son elementos que hacen parte de
los cimientos del Estado y como tal legitiman el obrar de sus autoridades.

35.- Finalmente, sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que las circunstancias
fácticas que dieron paso a la decisión sometida a estudio, y de los fundamentos
jurídicos que expuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02475-01
Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga
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Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

– Subsección D, no se deduce que dicha autoridad hubiere incurrido en defecto
alguno; por el contrario, la decisión cuestionada encuentra claro sustento en el
principio de libre valoración judicial y, antes de configurar una actuación subjetiva o
arbitraria es, en realidad, el resultado de una interpretación razonable de la demanda
de reparación directa, el recurso de apelación y el material probatorio aportado al
proceso, a su vez, confrontado con las preceptivas legales y jurisprudenciales que lo
delimitan y que resultaban aplicables al caso. Por lo que se advierte que la actora
pretende a través de esta acción una instancia adicional del proceso, con el fin de
obtener una decisión favorable a sus intereses.

36.- Por lo demás, no sobra mencionar que la jurisprudencia constitucional no ha
considerado factible la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, cuando quiera que estas se fundamentan en un determinado criterio
jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables a la causa
y en una valoración adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así,
habría una intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera
grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los
cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal7.

37.- Así las cosas, habrá de confirmarse la decisión adoptada el 15 de junio de
2023 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de acuerdo con las
consideraciones previamente expuestas.

38.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de junio de 2023 por el Consejo
de Estado – Sección Quinta.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

7Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
8 VF

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02475-01
Demandante: Rigoberto Olivella Arzuaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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