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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02405-01

Fecha
9 de agosto de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02405-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de junio de 2023 por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-02405-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

9 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., nueve (09) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02405-01
Demandante: Ángela Bustamante Ruiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Primera de
Decisión
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – la parte actora pretende
reabrir un debate ya surtido y crear una instancia adicional, al no estar de acuerdo
con lo decidido en el proceso – el asunto carece de carga argumentativa –
SUBSIDIARIEDAD - no puso en conocimiento del juez natural de la causa
argumentos debatidos en sede de tutela.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la señora Ángela
Bustamante Ruiz en contra de la sentencia proferida el 8 de junio de 2023, por la
Sección Segunda - Subsección A del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró improcedente el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 10 de mayo de 2023, la señora Ángela Bustamante Ruiz interpuso demanda
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Primera de Decisión,
con el fin de que dejara sin efectos la sentencia de 9 de noviembre de 2022 1 ,
proferida por dicha autoridad en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho2 que promovió contra la Corporación Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ-, con el propósito de que se declarara la nulidad del Oficio 110-

1 Notificado el 11 de noviembre de 2022.
2 Radicado: 150013333012201500182-01.

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02405-01
Demandante: Ángela Bustamante Ruiz
Demandado:Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Primera de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

00 45 40 del 25 de mayo de 2015, por medio de la cual dicha entidad se negó a
reconocer la existencia de una relación laboral.

2.- En primera instancia, el asunto le correspondió al Juzgado 12 Administrativo de
Tunja, quien por fallo de 5 de mayo de 2017 accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda al considerar que estaban probados los 3 elementos de una relación
laboral. Igualmente descartó que se configurara la prescripción.

3.- El Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Primera de Decisión, por sentencia
de 9 de noviembre de 2022 revocó la decisión del a quo y negó las pretensiones.
Estimó que no se acreditó con prueba idónea y de manera fehaciente la
concurrencia de los elementos de subordinación y dependencia.

4.- La parte accionante señala que con dicha decisión, la autoridad judicial vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, contradicción, defensa, acceso a la
administración de justicia, seguridad jurídica e igualdad, así como los principios de
favorabilidad, in dubio pro operario, razonabilidad, proporcionalidad y pro homine,
comoquiera que se incurrió en los siguientes defectos3:

5.- Defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto: toda vez que
no realizó una valoración probatoria adecuada y con ello se abstuvo de hacer
prevalecer la realidad sobre las formalidades. Concretamente indicó que el Tribunal:
(i) negó la suficiencia de las pruebas documentales para acreditar indicios
estructurales de una relación laboral, (ii) Contrapuso indebidamente los medios
probatorios aportados y solicitados por la demandante, (iii) Implementó un criterio
restrictivo en detrimento de las garantías laborales y procesales de la trabajadora,
(iv) Restó credibilidad a los testigos presentados por la demandante y, (v) Valoró
insuficientemente la prueba testimonial presentada por la demandada.

6.- Defecto material o sustantivo: en tanto el Tribunal: (i) incurrió en una indebida
aplicación del artículo 11 CGP, al actuar con apego irrestricto a las normas
procedimentales referidas a las pruebas, exigiendo formalidades innecesarias, (ii)
pasó por alto el procedimiento dispuesto en el artículo 211 CGP, en tanto no se tuvo
en cuenta la tacha presentada en contra de los testigos de Corpoboyacá, (iii)
incurrió en una interpretación errónea del artículo 23 del C.S.T. toda vez que la
sentencia de segunda recae en una falacia argumentativa que pretende reducir la
existencia del contrato realidad a un único criterio, es decir, a la facultad de impartir
órdenes, desconociendo que a pesar de que dicha potestad es propia de una

3 Folios 24 a 35 del escrito de tutela.

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02405-01
Demandante: Ángela Bustamante Ruiz
Demandado:Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Primera de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

relación subordinada, existen otros criterios que permiten reconocer la presencia de
este elemento, (iv) realizó una interpretación normativa que contraviene los
principios de primacía de la realidad sobre las formas e in dubio pro operario.

7.- Defecto fáctico: porque negó la suficiencia de las pruebas documentales con
las que se acreditaba los elementos de la relación laboral y, además dejaban
entrever algunos indicios propios de cualquier relación laboral. Además, omitió
pronunciarse sobre el contenido de los Informes de Avance y Seguimiento de
Actividades, suscritos o certificados por cada uno de los supervisores. Así mismo,
consideró que contrapuso indebidamente los medios probatorios que en realidad
eran complementarios entre sí, pues: (i) Conjeturó una errónea contradicción entre
las declaraciones de los testigos Huertas Fonseca y Rojas García y, (ii) Dedujo
erradamente que el contenido de la Circular 130-031 de 15 de noviembre de 2014
es incoherente con la declaración del testigo Huertas Fonseca.

8.- También adujo que el fallador: (i) alteró el sentido de la declaración de los
testimonios solicitados por la demandante, tomando apenas unos extractos de las
declaraciones de Huertas Fonseca y Rojas García, (ii) Restó credibilidad a los
testigos aportados por la parte demandante, en razón de una aparente
contradicción, (iii) Valoró insuficientemente las declaraciones de Medina Bermúdez
y Vega Ríos, testigos de la demandada pues no superaban el criterio de utilidad de
la prueba.

9.- Decisión sin motivación: pues si bien existe motivación en el fallo, la misma
resulta insuficiente para tener por cierta la inexistencia del elemento de la
subordinación. Adujo que el Tribunal accionado valoró de forma insuficiente los
medios probatorios, pues descartó los documentos cuya información contiene
criterios indicativos de una evidente sujeción y dependencia de la trabajadora.
Agregó que existe incongruencia en el fallo, al sostener el ad quem que se
encontraba suficientemente demostrado que la demandante cumplía un horario y,
al mismo tiempo, afirmar, sin razón alguna, que tal horario atiende a una costumbre
propia de los contratistas y no a una imposición de la Corporación empleadora.
Sumando al hecho de que, pese a que el Tribunal refirió expresamente que las
señoras Amanda Medina Bermúdez y Ángela Pilar Vega Ríos eran funcionarias de
Corpoboyacá y mantenían un vínculo laboral con aquella entidad, omitió dar trámite
a la tacha de parcialidad solicitada.

10.- Violación directa de la Constitución: Sostuvo que en el caso concreto se
encontraban elementos de prueba suficientes para demostrar la presencia de un

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02405-01
Demandante: Ángela Bustamante Ruiz
Demandado:Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Primera de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

contrato realidad. Por ende, el accionado con la decisión atacada vulneró los
artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 29, 31 y 53 de la Carta Superior, al no haber valorado de
forma correcta las pruebas que se encontraban en el plenario.

11.- Adicionalmente, indicó que el tribunal apenas hizo referencia a la sentencia de
Unificación SUJ-025-CES2-2021, proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, dentro del Radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), de
09 de septiembre de 2021, sin que se observe su real aplicación.

B. Sentencia de primera instancia

12.- El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A mediante fallo de
8 de junio de 20234 declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que
no se encontraba satisfecho el requisito de subsidiariedad, pues observó que la
solicitud de tutela se sustenta en presuntas irregularidades ocurridas en la
sentencia, que encuadra en las causales de revisión establecidas en el artículo 250
de la ley 1437 de 2011. Sostuvo que todos los defectos que se endilgan a la
sentencia de segunda instancia tienen como única base la presunta falta o errónea
valoración de los elementos de prueba, y ello al ser una violación al debido proceso
es susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso
extraordinario de revisión.

C. La impugnación

13.- La accionante presentó impugnación, en la cual indicó que no es cierto que
los defectos alegados en el escrito tutelar tengan como única base el error fáctico
en que incurrió el Tribunal Administrativo de Boyacá, consistente en la falta o
errónea valoración de los elementos de prueba, pues también se adujo la
configuración de otros defectos, a saber: (i) el procedimental por exceso de ritual
manifiesto, en la medida en que el Tribunal exigió una carga probatoria desmedida
en sacrificio de los derechos laborales sustanciales de la actora, (ii) el material o
sustantivo, soportado en la indebida aplicación e interpretación de las normas que
establecen los derechos laborales que le asisten a la accionante, así como aquellas
disposiciones que fijan una serie de presunciones, indicios y privilegios en favor de
la trabajadora y que le permiten equilibrar las cargas probatorias al reclamar la

4 El Consejero Rafel Francisco Suárez aclaró voto, indicando que no compartía el argumento relacionado con
que la errónea valoración probatoria puede ser examinada en el marco del recurso extraordinario de revisión.
Considera que esa situación se adecúa a la caracterización del defecto fáctico.

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02405-01
Demandante: Ángela Bustamante Ruiz
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

protección de sus derechos, (iii) decisión sin motivación en tanto el Tribunal , optó
por apartarse de la realidad procesal y contrariando los hechos demostrados prefirió
motivar de forma incoherente y caprichosa la decisión y, (iv) violación directa de la
Constitución Política por cuanto desestimó los principios laborales relativos a la
primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad.

14.- Agregó que tampoco es cierto que la única violación alegada es la referida al
derecho fundamental al debido proceso, pues en la acción de tutela se han invocado
otras garantías constitucionales de las cuales es titular la parte actora, entre ellas,
el derecho de defensa y contradicción, al acceso efectivo a la administración de
justicia, a la seguridad jurídica y a la igualdad.

15.- Manifestó que la acción constitucional ha superado el requisito de la
subsidiariedad, pues contra la providencia atacada no proceden recursos ordinarios
o extraordinarios.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

16.- La Sala es competente para conocer de la impugnación, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19915.

17.- Revisado el escrito de tutela, las pruebas, el escrito de impugnación y el
expediente digital contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
la Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, en el sentido de declarar
improcedente la solicitud de amparo, no solo en tanto y cuanto las razones que
adujo la Sección Segunda - Subsección A de esta corporación no merecen motivo
de tacha, sino también porque, verificados los demás motivos que se trajeron para
cuestionar la decisión del juez ordinario, no superan las exigencias propias de este
especial medio de control y protección constitucional de derechos fundamentales

18.- Bajo un enunciado general la sala encuentra que (i) los argumentos
esgrimidos para justificar la ocurrencia de los defectos fáctico y sustantivo tienen

5 “[P]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

En este punto es importante precisar que, si bien en las pretensiones de la acción de tutela se pide el
restablecimiento de los derechos fundamentales de la parte actora frente a las sentencias del 21 de julio de
2021 y 19 de mayo de 2022 proferidas por la autoridad judicial demandada, teniendo en cuenta que la primera
de ellas fue dejada sin efectos mediante sentencia de tutela del 4 de marzo de 2022 por esta misma Subsección
(Rad. 11001-03-15-000-2022-00342-00), el análisis de la Sala se centrará en la decisión adoptada por la Sala
Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia con fecha del 19 de mayo de 2022, en razón a que, este
fallo fue proferido en reemplazo de aquel que ya no tiene efectos jurídicos y es el que da cierre definitivo a la
litis.

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02405-01
Demandante: Ángela Bustamante Ruiz
Demandado:Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Primera de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

como finalidad reabrir el debate judicial que se surtió ante el juez natural de la causa,
por lo que carecen de relevancia constitucional, (ii) el cargo de decisión sin
motivación no supera el requisito de subsidiaridad, en la medida en que la actora
cuenta con otro mecanismo idóneo para ventilar los argumentos allí expuestos y,
(iii) el defecto por violación directa a la Constitución, está enmarcado en un
presunto desconocimiento del precedente, el cual carece de carga argumentativa.
En segundo lugar, frente al defecto procedimental, se advierte que todos los
argumentos van dirigidos a controvertir el análisis probatorio, por tanto, lo allí
expuesto, será objeto de análisis en el defecto fáctico bajo la consideración ya
expuesta en el sentido de que tiene la finalidad reabrir el debate judicial que se surtió
ante el juez natural de la causa.

19.- Aunado a lo anterior, también se resalta que muchos argumentos se repiten
en uno o varios defectos, por lo que esta Sala analizará, en su momento, cada uno
de ellos en el defecto en que más se ajuste.

20.- Teniendo claro lo anterior, frente al defecto fáctico se evidencia que los
argumentos están relacionados con la presunta: (i) indebida valoración de las
pruebas obrantes en el plenario y su suficiencia, (ii) omisión de los indicios que se
desprendían del material probatorio, puntualmente de los estudios previos y la
Circular 130-031 de 15 de noviembre de 2014, (iii) la contraposición indebida de los
medios probatorios aportados y solicitados por la demandante, (iv) valoración
insuficientemente de los testimonios presentados por la demandada, (v) omisión de
pronunciarse sobre el contenido de los informes de avance y seguimiento de
actividades, (vi) alteración del sentido de las declaraciones rendidas por los testigos
de la demandante y, (vii) Implementación de un criterio restrictivo en detrimento de
las garantías laborales y procesales de la trabajadora.

21.- La Sala no encuentra que la autoridad judicial accionada haya transgredido los
derechos fundamentales invocados por la parte actora. Ciertamente, una revisión
de los planteamientos expuestos en la acción de tutela permite advertir que la actora
pretende convertir la solicitud de amparo en una instancia adicional del proceso
ordinario, al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez de instancia, frente a la
interpretación y análisis dado a las pruebas arrimadas al proceso, de manera que
no se acredita el requisito de la relevancia constitucional.

22.- La Sala advierte que la autoridad judicial accionada hizo una valoración
probatoria ajustada a derecho, a partir de la cual pudo determinar que no se probó
el elemento de subordinación (objeto del recurso de apelación) para demostrar la

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Demandante: Ángela Bustamante Ruiz
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

relación laboral entre la demandante y Corpoboyacá. Entre las pruebas
debidamente valoradas y estudiadas están los contratos de prestación de servicios,
específicamente la OPS 2012 056 del 21 de febrero de 2012, OPS 2012 179 del 7
de diciembre de 2012, OPS 2013 038 de 14 de febrero de 2013, OPS 2013-0178
de 28 de junio de 2013 y OPS 2014-0113 de 22 de enero de 2014, los testimonios
rendidos Javier Andrés Huertas Fonseca, Elvia María Rojas García (testigos
demandantes), Amanda Medina Bermúdez y Ángela Pilar Vega Ríos (testigos
demandada) y la Circular 30-031 de 15 de noviembre de 2014; pruebas legalmente
aportadas al proceso, y sobre las que se advierte a simple vista un análisis
adecuado y conforme a derecho, las cuales sirvieron de sustento para la decisión
de revocar el fallo del A quo, al no encontrar probado el elemento de la
subordinación.

23.- En virtud de lo anterior, a simple vista la Sala no advierte una indebida
valoración del material probatorio o de los indicios que se desprendían de aquellos.
Vale resaltar que la accionante tampoco fue clara en señalar cuáles eran esos
indicios ni su importancia para cambiar la decisión objeto de estudio. Contrario a lo
indicado por la actora, se observa la autonomía del juez en la valoración de las
pruebas, pues justificó de manera razonada y suficiente su decisión.

24.- Por otra parte, respecto a los argumentos relacionados con que se le restó
credibilidad a los testigos de la parte demandante, así como que se alteró el sentido
a los mismos, y se le dio más valor al dicho de los testigos de la demandada; la Sala
advierte que esa apreciación es contraria a la realidad, pues de la lectura íntegra
del fallo acusado, se observa que la autoridad judicial accionada tuvo en cuenta
principalmente los testimonios recopilados por la parte demandante, no obstante,
consideró que aquellos no eran suficientes para acreditar el elemento de la
subordinación. Así, expuso que frente a las presuntas órdenes dada a la
demandante, las mismas no estaban acreditadas, en la medida en que el señor
Huertas Fonseca refirió, entre otras cosas, que “las órdenes dirigidas a la
demandante tenían relación con las actividades objeto del contrato” y, en relación
con la señora Rojas García, estableció que a través de su testimonios no se podía
inferir el modo, tiempo o cantidad de trabajo asignado a la demandante, ni revelaba
un ejercicio del ius variandi en la condiciones en que se realizaba la prestación
personal del servicio.

25.- Sumado a ello, frente al mismo asunto, la Sala destacó puntualmente que los
testimonios pedidos por la parte demandada de las señoras Amanda Medina
Bermúdez y Ángela Pilar Vega Ríos “no aportan ningún elemento o pronunciamiento

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conducente a definir si existió o no órdenes de parte de ellas hacia la demandante
en el desarrollo de los contratos de prestación de servicios que aquella suscribió”,
por lo que, frente al análisis de las órdenes dadas, aquellos no tuvieron relevancia.

26.- Por otra parte, al estudiar el cumplimiento del horario laboral, el tribunal
accionado sostuvo que solo reposaban las pruebas testimoniales de cada uno de
los extremos de la litis, con las cuales no se puede arribar a la conclusión inequívoca
de que a la accionante se le exigiera cumplir un horario de trabajo. Así tuvo en
cuenta el testimonio del señor Huertas Fonseca, quien sostuvo que “no le consta
que hubiese existido exigencia formal de acatar dicho horario” y “que respecto de
los funcionarios de planta sí había un control de asistencia que consistía en la
marcación de la huella dactilar al ingreso a la entidad”, a su vez, la señora Rojas
García adujo que “como supervisora nunca requirió a la demandante a obedecer el
horario laboral de Corpoboyacá, pues legalmente no era posible por tratarse de una
contratista” y “que no había planillas de registro de ingreso y salida de la entidad,
únicamente tenían un carnet que los identificaba como contratistas de Corpoboyacá
lo que habilitaba su entrada a la entidad”.

27.- Y en relación con las declaraciones de las señoras Amanda Medina Bermúdez
y Ángela Pilar Vega Ríos, ellas simplemente sostuvieron lo ya antes mencionado
por los testigos de la demandante, pero, en otras palabras, pues indicaron que “no
se les imponía el deber de cumplir un horario específico de trabajo”.

28.- En cuanto a la asistencia a capacitaciones, tampoco había prueba documental
de ello, y el relato del testigo Huertas Fonseca no fue muy específico frente al tema,
por lo que la accionada concluyó que no se podía determinar la época y lugar de las
capacitaciones, o las consecuencias de la no asistencia y, en relación con el
ausentismo en el lugar de trabajo, la testigo Rojas García sostuvo que a pesar de
que debían informar verbalmente, las consecuencias que acarreaba no comunicar
su falta a laborar no era “ninguna en especial, sino básicamente un llamado de
atención de manera verbal”.

29.- Finalmente, respecto de la recuperación de horas y días laborales, el tribunal
accionado tuvo en cuenta la Circular 130-031 de 15 de noviembre de 2014, con la
que determinó que, de su lectura íntegra, se advierte que aunque el título de la
misma hace referencia a “funcionarios y contratistas”, no se puede asegurar que los
últimos fueran los destinatarios directos de la disposición de recuperar tales días de
trabajo, ya que en su contenido hacia relación únicamente a cómo los funcionarios
debían organizar las fechas de descanso en festividades. Además, relacionó el

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testimonio del señor Huertas Fonseca, quien dijo que debían ir los sábados a
actividades de limpieza de anaqueles y orden del archivo, no obstante, aquello no
se acompasó con la única prueba documental que se allegó para demostrar este
aspecto (Circular 130-031 de 15 de noviembre de 2014); por lo que su dicho no
tenía ningún sustento.

30.- En razón a lo anterior, como se dijo en párrafos anteriores, el tribunal
accionado estudió principalmente los testimonios allegados por la demandante, por
lo que no es cierto que les haya restado credibilidad, o dicho que eran incoherentes,
ni mucho estudiado de forma parcializada. Por el contrario, los mismos fueron el
sustento de la decisión, cosa diferente es que fueran insuficientes para demostrar
el elemento de subordinación, aunado a las escasas pruebas documentales
allegadas al plenario.

31.- Por otra parte, esta Sala advierte que, de acuerdo con lo afirmado por la
accionante, el tribunal accionado efectivamente omitió pronunciarse de manera
expresa sobre el contenido de los informes de avance y seguimiento de actividades;
no obstante, de la lectura de los mismos no se advierte que tengan la entidad
suficiente para cambiar la decisión objeto de estudio, y la parte actora tampoco hace
un análisis detallado y específico de la importancia de esa prueba para cambiar la
decisión acusada. Por ende, si no se hizo referencia a la aludida prueba, en este
punto, es claro que aquello no es suficiente para dejar sin efectos la decisión
cuestionada, pues no se evidencia que con la misma se acredite el elemento de
subordinación.

32.- La Sala pone de presente que para que la acción de tutela pueda proceder por
un error fáctico, la deficiencia en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal
entidad “que sea ostensible flagrante y manifiesto”, y que “el mismo tenga una
incidencia directa en la decisión”, situación que no se presenta en este caso; por lo
que el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez natural.

33.- Así las cosas, no se advierte un análisis restrictivo del material probatorio por
parte del Tribunal Administrativo de Boyacá, o que haya impuesto una barrera
procedimental excesiva en contra del derecho material; sino que, por el contrario,
se observa que la accionada hizo una interpretación clara, razonable y coherente
del asunto puesto a su consideración, y se constata que la decisión cuestionada
encuentra claro sustento en el principio de libre valoración judicial y, antes de
configurar una actuación subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado de una

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interpretación razonable del material probatorio aportado al proceso confrontado
con las preceptivas legales que lo delimitan y que resultaban aplicables al caso.

34.- Ahora, frente a los argumentos relacionados con el defecto sustantivo, que
se basan en que el Tribunal: (i) incurrió en una indebida aplicación del artículo 11
CGP, ii) pasó por alto el procedimiento dispuesto en el artículo 211 CGP, (iii)
incurrió en una interpretación errónea de la norma jurídica contenida en el artículo
23 del C.S.T. y, (iv) realizó una interpretación de las normas procedimentales que
contraviene los principios de primacía de la realidad sobre las formas, favorabilidad
e in dubio pro operario.

35.- Frente al artículo 11 del Código General del Proceso, contrario a lo afirmado
por la accionante, no se observa ninguna falencia en su aplicación o interpretación,
pues el juez no solo empleó las normas y jurisprudencia relacionadas con el caso a
estudiar, sino que también basó su decisión en el material probatorio arrimado al
proceso, por ende, la parte actora no puede pretender que se “flexibilicen” las
normas para garantizarle el goce de sus derechos laborales, cuando no probó que
tuviera derecho a los mismos. Además, si bien se debe aplicar el principio de
favorabilidad o indubio pro operario, aquello no significa de manera alguna que
siempre que se estudien asuntos laborales, se deba acceder de automáticamente
a las pretensiones del trabajador, interpretando las normas únicamente a su favor o
pasando por alto que quien pide un derecho debe probar de manera fehaciente que
lo tiene.

36.- Ahora, en cuanto a la aplicación del artículo 23 del C.S.T., en el fallo
cuestionado se observa que el tribunal accionado no solo tuvo en cuenta las
órdenes supuestamente impartidas a la actora, sino que también analizó la
equivalencia de funciones, el cumplimiento del horario laboral, las consecuencias
de no ir a capacitaciones y de ausentarse del lugar de trabajo, así como la
recuperación de horas y días en festividades, elementos de los cuales solo encontró
debidamente acreditado uno.

37.- Por último, tal como se indicó al estudiar el defecto fáctico, frente a los
testimonios no se advierte un análisis parcializado o contrario a derecho; además,
si bien la parte demandante tachó en primera instancia los testigos de la
demandada, se resalta, que la decisión censurada se basó principalmente en los
testigos de la demandante y la escasa prueba documental allegada, por lo que se
observa la debida aplicación del artículo 211 del C.G.P.

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Demandante: Ángela Bustamante Ruiz
Demandado:Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Primera de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

38.- Visto lo anterior, las presuntas deficiencias alegadas respecto de la decisión
adoptada por el Tribunal responden, en realidad, a una mera discrepancia valorativa
sobre el resultado desfavorable del proceso que no es susceptible de admitirse
como una causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de
interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella
que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana
crítica y en virtud de su autonomía e independencia.

39.- En virtud de lo anterior, de la lectura íntegra del fallo acusado, se advierte que
de las circunstancias fácticas que dieron paso a la decisión sometida a estudio, y
de los fundamentos jurídicos que expuso el Tribunal Administrativo de Boyacá –
Sala Primera de Decisión, no se deduce que dicha autoridad hubiere incurrido en
una indebida aplicación legal o en una falta de motivación, ni mucho menos que se
haya abstenido de efectuar un examen de los medios de prueba o lo haya realizado
de forma errada. Por lo anterior, se advierte que es válida la conclusión arrimada,
es decir, revocar la decisión del A quo.

40.- En consecuencia, se advierte con claridad que el asunto carece de relevancia
constitucional, en la medida en que la parte actora pretende reabrir el debate jurídico
y probatorio del proceso ordinario, al no estar de acuerdo con la decisión del juez
de segunda instancia.

41.- Frente al cargo de decisión sin motivación, sostuvo que en el fallo se
presenta una falta congruencia en la motivación de la sentencia y sus conclusiones.
Respecto a estos argumentos la Sala advierte que la tutela no supera el requisito
de subsidiariedad, toda vez que los vicios relacionados con este aspecto pueden
ser encausados a través del recurso extraordinario de revisión. Esta Corporación en
varios pronunciamientos ha establecido que “Este principio de la congruencia de la
sentencia [C.C.A. Art. 170], exige de una parte que exista armonía entre la parte
motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se denomina congruencia interna, y
de otra, que la decisión que ella contenga, sea concordante con lo pedido por las
partes tanto en la demanda, como en el escrito de oposición, denominada
congruencia externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha marcado la
controversia en el proceso”6. En ese sentido, la falta de congruencia interna o
externa se erige como una causal de nulidad de la sentencia, que le permite al juez

6 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de

2002, expediente: 760012324000199704345-01 (12668), Consejo de Estado – Sala Catorce Especial de
Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020, expediente: 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV), entre otras.

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02405-01
Demandante: Ángela Bustamante Ruiz
Demandado:Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Primera de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

de la revisión infirmar el fallo cuestionado, con fundamento en el numeral 5 del
artículo 250 CPACA, en caso de que encuentre acreditada la misma.

42.- Finalmente, en lo concerniente con el cargo por violación directa de la
Constitución, en el que se indicó que el Tribunal apenas hizo referencia a la
sentencia de Unificación SUJ-025-CES2-2021, proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, dentro del Radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-01
(1317-2016), de 9 de septiembre de 2021, pero no se observa su real aplicación; la
Sala observa que aquel argumento se enmarca en un presunto desconocimiento
del precedente, que carece de carga argumentativa.

43.- Así, es claro que la actora, solo hizo referencia a la sentencia de Unificación
de 9 de septiembre de 2021 e indicó que no se veía su real aplicación, sin esbozar
ningún argumento adicional para explicar mejor el aludido defecto, es decir, omitió
puntualizar por qué los casos son idénticos en hechos, partes y pretensiones, así
mismo se abstuvo de identificar y exponer la similitud de los problemas jurídicos, o
mencionar la ratio decidendi desconocida, es decir, no sustentó debidamente las
razones por las cuales dicha sentencia, en efecto, constituye precedente aplicable
al caso concreto, ni construyó argumento adicional con el fin de que se realizara un
estudio de fondo del asunto que además permitiera evidenciar la forma en que el
Tribunal se sustrajo de dar aplicación debida a una regla de derecho que le
resultaba vinculante.

44.- En ese contexto, no basta con que el accionante enuncie los derechos
presuntamente vulnerados y el defecto en que, a su sentir, incurrió la autoridad
accionada, sino que tal vulneración debe estar justificada, es decir, tener una carga
argumentativa mínima, en la que se exprese con suficiencia las razones y motivos
que desde la perspectiva constitucional, revelan un juicio de desvalor de los
derechos fundamentales de quien la promueve de cara a la acción y definición que
ha adoptado el juez encargado por mandato constitucional de definir el derecho y,
se debe argumentar los motivos de la presunta vulneración.

45.- Visto todo lo anterior, la Sala advierte que, contrario a lo afirmado por la parte
actora, no se deduce que el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Primera de
Decisión hubiere incurrido en una indebida motivación, en un desconocimiento del
precedente judicial o, principalmente, que se haya abstenido de efectuar un examen
riguroso de las pruebas, ni mucho menos que les haya otorgado un alcance

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02405-01
Demandante: Ángela Bustamante Ruiz
Demandado:Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Primera de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

contraevidente que permita hacer factible la procedencia de la tutela formulada7. Por
el contrario, la decisión cuestionada, en esta sede, encuentra claro sustento en el
principio de la libre valoración judicial y, antes de configurar una actuación subjetiva
o arbitraria es, en realidad, el resultado de una interpretación razonable del material
probatorio aportado al proceso, a su vez, confrontado con las preceptivas legales
que lo delimitan y que resultaban aplicables al caso concreto, así como la
jurisprudencia relacionada, los cuales ayudaron a llegar a la conclusión que no
obraba prueba que demostrara la subordinación de la señora Ángela Bustamante
con Corpoboyacá.

46.- Así las cosas, la Sala confirmará la decisión adoptada el 8 de junio de 2023
por la Sección Segunda - Subsección A del Consejo de Estado.

47.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de junio de 2023 por el Consejo
de Estado – Sección Segunda – Subsección A.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

7 Cfr. Sentencias SU-159 de 2002, T-025 de 2001, T-109 de 2005, T-639 de 2006, T-061 de 2007, T-737 de

2007 y T-458 de 2007 de la Corte Constitucional.
8 VF

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02405-01
Demandante: Ángela Bustamante Ruiz
Demandado:Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Primera de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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