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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03110-00

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03110-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por Ecopetrol S.A. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la tutela que instauró el señor Luis Enrique Martínez Villamil contra el Tribunal Administrativo del Casanare. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03110-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

28 de julio de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03110-00
Demandante: Luis Enrique Martínez Villamil
Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03110-00
Demandante: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CASANARE

Temas: Tutela de fondo – indebida notificación en proceso judicial –
declara la improcedencia del mecanismo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la demanda presentada por el señor Luis Enrique Martínez
Villamil, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26
de mayo de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 7 de junio de 2022 en el correo electrónico de
recepción de tutelas y habeas corpus de la Rama Judicial, el señor Luis Enrique
Martínez Villamil, actuando en nombre propio y en su calidad de “heredero del
general Jorge Martínez Landínez”, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Casanare, con el fin de que sea amparado su derecho
fundamental al debido proceso.

2. El accionante consideró vulnerada dicha garantía constitucional dado que,
actualmente cursa en dicho tribunal una demanda de controversias contractuales,
que se identifica con el radicado N.º 85001-23-33-000-2015-00215-00, que
instauró el señor José María Uscátegui Tobón contra los ministerios de Agricultura
y Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito Público, así como el de Minas y Energía,
cuya pretensión radica en la declaración del incumplimiento del contrato de
denuncia de bien oculto, celebrado por el difunto general Jorge Martínez Landinez
con la Nación, sobre los terrenos llamados Santiago de las Atalayas y Pueblo
Viejo de Cusiana, que consta en la escritura pública N.º 1607 de 1937 de la
Notaría Tercera de Bogotá.

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Demandante: Luis Enrique Martínez Villamil
Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare

3. En ese orden, puso de presente que el Tribunal Administrativo del
Casanare estaba en la obligación de vincularlo a él como litis consorte necesario
así como a la Empresa Colombiana de Petróleos S.A. – Ecopetrol S.A., compañía
que desarrolla, ejecuta, ocupa los terrenos, los usufructúa y hace los respectivos
pagos de las regalías y, al Consejo de Estado como corporación que declaró la
nulidad parcial de las resoluciones, en el sentido de precisar que del contrato no
se derivaba la propiedad del subsuelo de los terrenos en cuestión.

1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

“Por todo lo anterior y por la violación del debido proceso le pido al Juez de
Tutela, la suspensión de la audiencia inicial programada para el 25 de julio de
2022 por el Tribunal Administrativo de Yopal (sic) y decretar la nulidad de la
demanda por las razones expuestas”.

1.3. Hechos

1.3.1. Relacionados con la celebración del con el contrato de denuncia de
bienes ocultos

5. El actor indicó que el 22 de diciembre de 1920, el general Jorge Martínez
Landinez celebró con el Estado colombiano un contrato de “denuncia de bienes
ocultos”, en el cual se pactó que “el contratista tendrá derecho al cuarenta y cinco por
ciento (45%) del valor de los bienes denunciados (…)” y que, el bien oculto constaba
del suelo y subsuelo de los terrenos denominados Santiago de las Atalayas y
Pueblo Viejo de Cusiana.

6. Expuso que el 28 de enero de 1921 el general Martínez Landínez denunció
formalmente las tierras de Cusiana, “como subsuelo especialmente rico de
hidrocarburos”. En consecuencia, el Ministerio de Agricultura y Comercio, a través
de la Resolución N.º 431 de 1922, declaró bien oculto el denunciado por Martínez
Landínez y lo autorizó para actuar como apoderado de la Nación, mediante la
escritura pública N.º 52 de la Notaría Quinta de Bogotá, para demandar la
efectividad de los derechos.

7. Explicó que, simultáneamente, el Ministerio de Obras Públicas suspendió la
contratación de las explotaciones petroleras con la sociedad Barrera & Neira, dado
el carácter litigioso que habían tomado los terrenos.

8. Refirió que el 11 de octubre de 1926, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá dictó sentencia favorable a la Nación, y ordenó a la sociedad
Barrera & Neira la restitución de los bienes1.

1 Cometido que se cumplió el 18 de octubre de 1937, cuando el Juez Civil del Circuito de Orocué

hizo la entrega material del suelo y el subsuelo a los representantes de la Nación

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9. Aludió que, a través de la escritura pública N.º 1607 del 20 de septiembre
de 1937, expedida por la Notaría Tercera de Bogotá, el general Jorge Martínez
Landínez cedió el 50% de sus derechos al señor Alfonso Uscátegui, quien a su
vez cedió el 10% de ese 50% al señor Samuel Delgado Uribe.

10. Reveló que, en providencia del 30 de octubre de 1939, la Corte Suprema de
Justicia avaluó las superficies recuperadas, y dispuso que el valor comprendería el
precio comercial de los terrenos de Santiago de las Atalayas y Pueblo Viejo de
Cusiana, incluyendo el suelo y el subsuelo, y que la participación que le
correspondería al general Martínez Landínez sería el 45%, todo ello, “(…) sin
perjuicio de la facultad que tiene el Gobierno Nacional, de acuerdo con la Ley 28 de 1938,
para reconocer al demandante en especie la participación”.

11. Indicó que, a través de la Resolución Ejecutiva N.º 118 del 23 de octubre de
1940, el Presidente de la República cedió al mencionado general el 45% pro
indiviso, de la propiedad de los terrenos reivindicados por él, como mandatario de
la Nación.

12. Adujo que, mediante la Resolución N.º 113 del 28 de mayo de 1971, el
Presidente de la República autorizó al Ministro de Hacienda y Crédito Público para
que diera cumplimiento a la Resolución Ejecutiva N.º 118 del 23 de octubre de
1940 y, en consecuencia, que otorgara las correspondientes escrituras públicas de
transferencia a los herederos y cesionarios del general, del 45% del suelo y el
subsuelo de los terrenos llamados Santiago de las Atalayas y Pueblo Viejo de
Cusiana.

13. Afirmó que con el Decreto N.º 1142 del 9 de junio de 1971, el Presidente de
la República autorizó a la Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol, para
que explorara, explotara y administrara directamente o en asociación con el capital
privado o público, nacional o extranjero, el subsuelo petrolífero del área
correspondiente al mencionado terreno, excluyendo el 45% correspondiente al
denunciante del bien oculto.

14. Señaló que, mediante las escrituras públicas N.º 5565 del 16 de
septiembre, 5576, 5577, 5578, 5579 y 5590 del 17 de septiembre y 6227 del 19 de
octubre, todas de 1971, otorgadas ante la Notaría Séptima de Bogotá, se
protocolizó la transferencia del dominio del suelo y del subsuelo, en proporción
equivalente al 45% de los predios adjudicados al general Martínez Landinez, a los
comuneros particulares; instrumentos que fueron debidamente registrados ante las
oficinas respectivas, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1250 de 1970.

15. Destacó que, en 1972 y 1982 se celebraron los contratos N.º 15, 15A, 16 y
16A, entre Ecopetrol y los comuneros particulares, para efectos de la exploración y
explotación comercial, reconociendo a éstos el pago de un cánon superficiario
durante la etapa de exploración, y regalías por la explotación, equivalentes al 4%

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de su participación en el 45% de la comunidad.

16. Advirtió que, posteriormente, el Gobierno Nacional demandó los actos
administrativos que daban cumplimiento al contrato de denuncia del bien oculto,
razón por la que, el Consejo de Estado, en sentencia del 29 de octubre de 1996,
declaró la nulidad de las Resoluciones N.º 118 de 1940 y 113 del 28 de mayo de
1971.

17. Expuso que los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Minas y
Energía, tramitaron ante el Consejo de Estado una acción pública de nulidad, con
el objeto de obtener la invalidez de la Resolución N.º 113 del 29 de mayo de 1971
-que ya había sido anulada-, y consecuentemente, los actos dispositivos
realizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, contenidos en las
escrituras públicas a través de las cuales el Gobierno Nacional transfirió a favor de
los comuneros, el 45% de los terrenos varias veces mencionados.

18. A través de la sentencia del 13 de septiembre de 1999, la Sección Tercera
del Consejo de Estado confirmó la decisión del 29 de octubre de 1996, en el
sentido de declarar la nulidad de los actos contenidos en las escrituras públicas
N.º 5565 del 16 de septiembre, 5576, 5577, 5578, 5579 y 5590 del 17 de
septiembre y 6227 del 19 de octubre, todas de 1971, otorgadas en la Notaría
Séptima de Bogotá, en desarrollo de la Resolución N.º 113 del 28 de mayo de
1971. Asimismo, ordenó la cancelación del registro de dichas escrituras, en lo
relacionado con la transferencia del subsuelo de los predios allí indicados y
declaró la nulidad por objeto ilícito de los contratos 15, 15A, 16 y 16A, celebrados
entre Ecopetrol y los comuneros.

19. Contra dicha decisión, se instauraron 3 recursos de súplica, los cuales
fueron resueltos por la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante decisión
del 12 de diciembre de 2012.

1.3.2. Del proceso de controversias contractuales

20. El 24 de abril de 2015, el señor José María Uscátegui Tobón instauró
demanda en el medio de control de controversias contractuales contra los
Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, de Minas y Energía y, de Hacienda y
Crédito Público, con el objeto de que se declare el incumplimiento del contrato de
denuncia de bien oculto celebrado entre la Nación y el general Jorge Martínez
Landínez el 22 de diciembre de 1920, el cual fue adicionado en enero de 1921.

21. A través de auto del 24 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo del
Casanare admitió la demanda y ordenó la notificación de la parte actora y de las
entidades demandadas, así como del Ministerio Público y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

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22. A través de mensaje de datos remitido el 18 de febrero de 2019 al buzón
web de la Secretaría del Tribunal Administrativo del Casanare, el señor Luis
Enrique Martínez Afanador solicitó su vinculación, y la de su familia, como litis
consortes necesarios del proceso de controversias contractuales, en su calidad de
herederos legítimos del general Jorge Martínez Landínez.

23. Mediante auto del 15 de enero de 2020, se dispuso que el 17 de marzo de
ese año se llevaría a cabo la audiencia inicial conforme al artículo 180 de la Ley
1437 de 2011, la cual fue reprogramada para el 26 de junio de 2020, sin embargo,
la diligencia no se realizó en dicha fecha debido al estado de emergencia
declarado por el Gobierno Nacional por causa del COVID-19, circunstancia que
conllevó a la suspensión de términos judiciales desde el 16 de marzo hasta el 30
de junio de 2020.

24. Luego de una serie de reprogramaciones para llevarla a cabo, en
providencia del 11 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo del Casanare fijó
como fecha para celebrar la audiencia inicial el 25 de julio del año en curso.

1.4. Sustento de la vulneración

25. La parte actora consideró que el Tribunal Administrativo del Casanare
vulneró su derecho fundamental al debido proceso por no integrar debidamente el
contradictorio. Para el efecto, señaló que el operador jurídico tenía que vincularlo a
él, como heredero del general Jorge Martínez Landínez, a Ecopetrol S.A., como
compañía que desarrolla, ejecuta, ocupa los terrenos, los usufructúa y hace los
respectivos pagos de las regalías y, al Consejo de Estado, como corporación que
declaró la nulidad parcial de las resoluciones, en el sentido de precisar que del
contrato no se derivaba la propiedad del subsuelo de los terrenos de Santiago de
las Atalayas y Pueblo Viejo del Cusiana.

26. Precisó que el señor José María Uscátegui Tobón no está legitimado en la
causa por activa para instaurar el medio de control de controversias contractuales,
puesto que, sólo los herederos del señor Martínez Landínez tienen derecho sobre
los bienes mencionados, teniendo en cuenta que el general no podía transferir los
derechos a él conferidos, ya que actuaba como condueño con la Nación y no
contaba con los títulos que lo acreditaban como propietario, dado que sólo hasta la
expedición de la Resolución N.º 113 de 1971 fue que se otorgaron las respectivas
escrituras públicas a los comuneros de Santiago de las Atalayas y Pueblo Viejo
del Cusiana.

1.5. Trámite de la acción de tutela

27. Mediante auto del 21 de junio de 2022, la magistrada ponente de esta
providencia admitió la demanda de tutela de la referencia y ordenó la notificación
de la parte accionante; de los Magistrados del Tribunal Administrativo del
Casanare, como autoridades accionadas; y de la Agencia Nacional de Defensa

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Jurídica del Estado, en los términos y para los efectos previstos en el artículo 610
del Código General del Proceso.

28. Asimismo, dispuso la vinculación en calidad de terceros con interés, de los
ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito Público, así como
el de Minas y Energía, el señor José María Uscátegui Tobón, el Consejo de
Estado y de Ecopetrol S.A. Finalmente, ofició al Tribunal Administrativo del
Casanare, a la Oficina de Instrumentos Públicos de Orocué, Casanare y a la
Secretaría General de esta Corporación para que publicaran en sus páginas web
copia digital de la demanda de tutela, de sus anexos y el auto admisorio, con el fin
de que cualquier persona que tenga interés en los terrenos de Santiago de las
Atalayas y Pueblo Viejo de Cusiana, conociera de los referidos documentos y
pudiera intervenir en el trámite constitucional de la referencia.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Casanare

29. La magistrada que dirige el proceso objeto de reproche indicó que el asunto
no supera el presupuesto de subsidiariedad, dado que en el proceso de
controversias contractuales no se ha presentado ningún incidente de nulidad por
los aspectos que se reclaman por esta vía, aunado a que el argumento
relacionado con la legitimación en la causa del señor José María Uscátegui Tobón
es un punto que debe resolverse al interior de dicho proceso.

1.6.2. Ministerio de Minas y Energía

30. El apoderado judicial del ministerio se opuso a las pretensiones de la
demanda, con fundamento en que la parte actora no ha cumplido con el requisito
de subsidiariedad, interponiendo los mecanismos procesales principales que la
legislación le brinda al interior del proceso en el que aduce que se le han
menoscabado los derechos fundamentales.

1.6.3. Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol S.A.

31. El apoderado judicial de la compañía aseguró que es forzoso que el actor
justifique su supuesta titularidad de unos derechos como heredero para alegar que
se vulneraron sus garantías fundamentales por no dársele la posibilidad de ser
vinculado al proceso de controversias contractuales, siendo que tuvo la posibilidad
de alegarlo por la vía ordinaria.

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32. Alegó que el demandante no explicó, ni mucho menos demostró por qué los
medios judiciales idóneos no le permitirían garantizar sus derechos
fundamentales, por lo que debió acudir a estos y no a la tutela.

33. De otro lado, solicitó la desvinculación del trámite constitucional con
fundamento en que Ecopetrol no fue individualizada como compañía demandada y
la presunta vulneración que se alega no deviene de alguna acción u omisión suya.

1.6.4. Andrés Mauricio Marín Guaqueta

34. El abogado Marín Guaqueta, quien adujo actuar en representación del
señor José María Uscátegui Tobón2, solicitó que se declare la improcedencia de la
tutela, por considerar que los cargos expuestos por esta vía deben ventilarse ante
el juez natural de la causa y porque a través de este instrumento no es viable
revivir términos que ya fenecieron en proceso ordinario.

1.6.5. Los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, de Hacienda y Crédito
Público, el señor José María Uscátegui Tobón, el Consejo de Estado y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pese a haber sido notificados en debida
forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

35. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada
por el señor Luis Enrique Martínez Villamil, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de
1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

36. Ecopetrol S.A. solicitó la desvinculación del presente trámite, con
fundamento en que el actor no la individualizó como entidad demandada y porque
la presunta vulneración que se alega no deviene de alguna acción u omisión suya;
no obstante, la Sala negará dicha petición, dado que la compañía de petróleos fue
vinculada como tercero interesado y no como parte accionada.

2 Indicó que representa al señor Uscátegui Tobón en el proceso de controversias contractuales,

que se identifica con el radicado N.º 85001-23-33-000-2015-00215-00, sin embargo, no aportó un
poder que acredite el ius postulandi que le asiste para actuar como su abogado en este trámite
constitucional.

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2.3. Legitimación en la causa

37. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene
toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y
sumario.

38. Igualmente, el artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que
toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales
podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un
agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no
esté en condiciones de promover su propia defensa.

39. Desde la expedición por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-
416 de 19973, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye
un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la
calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el
proceso de tutela.

40. En la sentencia T-086 de 20104, la Alta Corporación reiteró que “Esta
exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior
no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a
través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.

41. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 20115, indicó que la
legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que
ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo
que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda
establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

42. En la sentencia T-435 de 20166, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo
especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo
cual quedó reiterado en la SU-454 de 20167, en la que, adicionalmente, señaló

3 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
4 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.
5 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.
6 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella

Ortiz Delgado
7 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los
jueces constitucionales y se erige como un presupuesto procesal de la demanda8.

43. Con fundamento en el marco conceptual expuesto9, la Sala advierte que, si
bien el señor Luis Enrique Martínez Villamil está legitimado en la causa para
alegar su falta de vinculación al proceso de controversias contractuales, lo cierto
es que no ocurre lo mismo respecto del cargo relacionado con la notificación del
Consejo de Estado y de Ecopetrol al referido medio de control, dado que, el
artículo 133 del Código General del Proceso establece que sólo la parte
directamente afectada con la falta de notificación está legitimada para proponerla.

44. En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Casanare, esta Sala de Decisión advierte que es dicha
corporación la que está dirigiendo el proceso objeto de controversia.

2.4. Problema jurídico

45. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

 ¿Se supera en el caso concreto el presupuesto de la subsidiariedad?

46. De ser positiva la pregunta anterior, se analizará:

 Si el Tribunal Administrativo del Casanare vulneró el derecho fundamental
del debido proceso del señor Luis Enrique Martínez Villamil al no vincularlo
como litis consorte necesario, en el marco del medio de control de
controversias contractuales que el señor José María Uscátegui Tobón inició
contra los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito
Público, así como el de Minas y Energía.

8 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511,
08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de
Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la cual se señaló:
“En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez
constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se
sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración
del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los
mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto
se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”.
9 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta,

ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones
de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.

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2.5. Razones jurídicas de la decisión

47. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) naturaleza
subsidiaria de la acción de tutela y; (iii) análisis del caso concreto.

2.6. Generalidades de la acción de tutela

48. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.

49. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha
señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa
judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y
residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera
supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo
que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable10.

2.7. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la
misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

50. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto 2591 de 1991.

51. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros
mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la
protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe
recurrir a estos y no a la tutela.

52. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia11.

10 Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
11 En sentencia T-313 del 01.04.2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la

Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en

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Demandante: Luis Enrique Martínez Villamil
Demandado: Tribunal Administrativo del Casanare

53. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se
colige que la protección de los derechos fundamentales no es un asunto reservado
exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben,
en principio, buscar la defensa de aquellos.

54. Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son
de la esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2°
del artículo 2° de la Constitución, de ahí que la garantía de los derechos
fundamentales de las personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que
es vinculante para cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado
y en cualquiera de los ámbitos funcionales del mismo.

2.8. Caso concreto

55. El señor Luis Enrique Martínez Villamil alegó que el Tribunal Administrativo
del Casanare vulneró su derecho fundamental al debido proceso porque no
dispuso su vinculación al proceso de controversias contractuales en el que se
pretende la declaración del incumplimiento del contrato de denuncia de bien
oculto, celebrado por el difunto general Jorge Martínez Landinez con la Nación,
sobre los terrenos llamados Santiago de las Atalayas y Pueblo Viejo de Cusiana.

56. Asimismo, agregó que los únicos legitimados en la causa por activa para
emprender dicha causa son los los herederos del señor Martínez Landínez,
teniendo en cuenta que el general no podía transferir los derechos a él conferidos,
ya que actuaba como condueño con la Nación y no contaba con los títulos que lo
acreditaban como propietario, dado que sólo hasta la expedición de la Resolución
N.º 113 de 1971 fue que se otorgaron las respectivas escrituras públicas a los
comuneros de Santiago de las Atalayas y Pueblo Viejo del Cusiana.

57. Así las cosas, tal como lo mencionaron las entidades que intervinieron en el
trámite constitucional, la Sala advierte que en el presente asunto no se supera el
presupuesto de la subsidiariedad, teniendo en cuenta que el señor Luis Enrique
Martínez Villamil tiene a su alcance el incidente de nulidad de que trata el artículo
133.812 del Código General del Proceso, si considera que debía ser citado al
proceso de controversias contractuales que instauró el señor José María

consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.
Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es
contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los
derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
12 “ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente

en los siguientes casos (…) 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto
admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas
aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban
suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en
debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley
debió ser citado (…)”.

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Uscátegui Tobón, identificado con el radicado N.º 85001-23-33-000-2015-00215-
00.

58. Para que fuese procedente el análisis de fondo por esta vía constitucional, el
interesado debía proponer inicialmente dicha inconformidad a través de los
mecanismos judiciales ordinarios, situación que en este caso podía lograrse a
través de dos vías.

59. Inicialmente, el tutelante, en aplicación del mecanismo dispuesto en el
artículo 22413 de la Ley 1437 de 2011, podía solicitar al Tribunal Administrativo del
Casanare que lo tuviera como coadyuvante, impugnador, litisconsorte o como
interviniente ad excludendum, desde la admisión de la demanda y hasta antes de
que se profiriera el auto que fija fecha para la realización de la audiencia inicial.

60. De la revisión del expediente ordinario, la Sala advirtió que, en efecto, el
señor Luis Enrique Martínez Villamil solicitó al operador jurídico que lo vinculara a
él y a su familia, al proceso de controversias contractuales, por ser los herederos
legítimos del general Jorge Martínez Landinez, tal como se observa en la siguiente
imagen:

13 ARTÍCULO 224. COADYUVANCIA, LITISCONSORTE FACULTATIVO E INTERVENCIÓN AD
EXCLUDENDUM EN LOS PROCESOS QUE SE TRAMITAN CON OCASIÓN DE
PRETENSIONES DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONTRACTUALES Y
DE REPARACIÓN DIRECTA. Desde la admisión de la demanda y hasta antes de que se profiera
el auto que fija fecha para la realización de la audiencia inicial, en los procesos con ocasión de
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, contractuales y de reparación directa,
cualquier persona que tenga interés directo, podrá pedir que se la tenga como coadyuvancia o
impugnadora, litisconsorte o como interviniente ad excludendum.
El coadyuvante podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no
estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio.
En los litisconsorcios facultativos y en las intervenciones ad excludendum es requisito que no
hubiere operado la caducidad. Igualmente, se requiere que la formulación de las pretensiones en
demanda independiente hubiera dado lugar a la acumulación de procesos.
De la demanda del litisconsorte facultativo y el interviniente ad excludendum, se dará traslado al
demandado por el término establecido en el artículo 172 de este Código.

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61. En ese orden, si bien el actor presentó la solicitud ante el juez natural de la
causa, lo cierto es que no empleó el instrumento en la forma debida, teniendo en
cuenta que acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa en nombre propio y
no a través de apoderado judicial que representara sus intereses y los de su
familia.

62. Lo anterior, dado que, el artículo 73 del Código General del Proceso
establece que las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo
por conducto de abogado legalmente autorizado. Respecto de tal exigencia, la
Corte Constitucional ha establecido que ello tiene lugar, “porque en los estrados
judiciales se definen y se materializan los derechos de las personas en los distintos ámbitos de la
vida política, social, económica, por lo cual, tratándose de asuntos de la mayor importancia en la
vida de las personas, y revistiendo un alto nivel de complejidad, deben ser abordados por personal
calificado, es decir, con los conocimientos y las destrezas necesarias para adelantar con mediana
solvencia estos asuntos de la mayor importancia y complejidad. Adicionalmente, esta exigencia
apunta a preservar el correcto funcionamiento de la administración de justicia, funcionamiento que
podría verse alterado cuando se permite que el acceso indiscriminado por personas que carecen
de la versación sustantiva y procesal14”.

14 Corte Constitucional, sentencia C-542 del 19.11.2019, M.P. Andrés Felipe Avendaño Martínez.

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63. Ahora, si bien la oportunidad para emplear dicho instrumento ya feneció, lo
cierto es que lo pretendido por el actor aún puede alegarse en cualquiera de las
instancias, antes de que se dicte sentencia, o con posterioridad a ésta en caso de
que la nulidad ocurra a partir de dicha decisión, según lo dispuesto en el artículo
134 del Código General del Proceso15.

64. Aunado a ello, tampoco se observa que el señor Martínez Villamil hubiese
alegado en el escrito de la tutela alguna circunstancia excepcional o la
consumación de un perjuicio irremediable que hiciera viable el estudio del asunto a
través de este medio, con el objeto de que este Juez Constitucional analizara la
viabilidad de flexibilizar los presupuestos de procedencia de este mecanismo y de,
eventualmente, conceder un amparo transitorio en caso de que hubiere lugar a
ello.

65. Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir
mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir términos, pues una
interpretación contraria conllevaría a que ésta fuera empleada como un
instrumento para desplazar las competencias ordinarias, lo que de suyo
desnaturalizaría esta acción que es eminentemente protectora de derechos
fundamentales.

66. Finalmente, debe advertirse que esta Sala de Decisión tampoco puede
pronunciarse respecto del cargo relacionado con la falta de legitimación en la
causa por activa del señor José María Uscátegui Tobón, por ser un punto que
deba ser analizado por el Tribunal Administrativo del Casanare al interior del
medio de control de controversias contractuales, por lo que, cualquier intervención
de este operador constitucional frente al punto invadiría la órbita de competencia
del juez ordinario.

2.9. Conclusión

67. En ese orden de ideas, se concluye que el caso sub judice no cumple con el
requisito de la subsidiariedad, situación que no permite abordar el fondo del

15 ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de

las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella.
La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, o la
originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podrá también alegarse en la
diligencia de entrega o como excepción en la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de
revisión, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades.
Dichas causales podrán alegarse en el proceso ejecutivo, incluso con posterioridad a la orden de
seguir adelante con la ejecución, mientras no haya terminado por el pago total a los acreedores o
por cualquier otra causa legal.
El juez resolverá la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y práctica de las pruebas que
fueren necesarias.
La nulidad por indebida representación, notificación o emplazamiento, solo beneficiará a quien la
haya invocado. Cuando exista litisconsorcio necesario y se hubiere proferido sentencia, esta se
anulará y se integrará el contradictorio.

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asunto. En ese contexto, esta Sala de Decisión declarará la improcedencia de la
tutela que instauró el señor Luis Enrique Martínez Villamil contra el Tribunal
Administrativo del Casanare.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por Ecopetrol S.A.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la tutela que instauró el señor
Luis Enrique Martínez Villamil contra el Tribunal Administrativo del Casanare.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia oficial con el número de
radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081

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