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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05883-01

Fecha
24 de marzo de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05883-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05883-01 Actor: EDUARDO MARTÍNEZ AFANADOR eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05883-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

24 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05883-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: EDUARDO MARTÍNEZ AFANADOR

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIMIENTO DEL
REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD. EL ACTOR NO HA PRESENTADO SOLICITUD
DE VINCULACIÓN DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO, ADEMÁS, PUEDE
FORMULAR INCIDENTE DE NULIDAD SI CONSIDERA QUE SE HA INCURRIDO
EN ALGÚN YERRO DENTRO DE ESE TRÁMITE AL OMITIR VINCULARLO.

DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la

sentencia de 2 de febrero de 2023, mediante la cual la SECCIÓN

CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la

solicitud de amparo.

1
En adelante sección Cuarta.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05883-01
Actor: EDUARDO MARTÍNEZ AFANADOR

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor EDUARDO MARTÍNEZ AFANADOR, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho

fundamental al debido proceso, el cual, a su juicio, le fue vulnerado

por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CASANARE2 dentro del

medio de control de controversias contractuales identificado con el

número único de radicación 85001-23-33-000-2015-00215-00.

I.2.- Hechos

Adujo que su abuelo, el señor JORGE MARTÍNEZ LANDINEZ

Q.E.P.D. el 22 de diciembre de 1920 suscribió con el Estado un

contrato de “denuncia de bienes ocultos” en el que se pactó una

ganancia equivalente al 45% del valor de bien denunciado y del suelo

y del subsuelo de los terrenos denominados “Santiago de las Atalayas

y Pueblo Viejo del Cusiana”.

2
En adelante el Tribunal.

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Actor: EDUARDO MARTÍNEZ AFANADOR

Manifestó que dichos bienes le fueron entregados a la Nación en

diligencia practicada el 18 de octubre de 1937, en la que se señalaron

los linderos y, mediante sentencia de 30 de octubre de 1939, la Corte

Suprema de Justicia dispuso que el avalúo de dichos terrenos debía

comprender su precio comercial.

Sostuvo que, con ocasión de la Resolución Ejecutiva núm. 1181 de

1940, el Presidente de la República de la época ordenó cederle a su

abuelo el 45% pro indiviso de la propiedad de los terrenos

reivindicados, por lo que en cumplimiento de dicha orden se expidió

la Resolución núm. 113 de 29 de mayo de 1971, por medio de la cual

se autorizó la expedición de las escrituras públicas de transferencia

a los herederos y cesionarios equivalente al 45% de los terrenos

antes mencionados.

Afirmó que mediante las Escrituras Públicas núms. 5565 de 16 de

septiembre, 5576, 5577, 5578, 5579 y 5590 de 17 de septiembre y

6227 de 19 de octubre de 1971, ante la Notaría 7ª de Bogotá se

protocolizó la transferencia del dominio del suelo y de subsuelo, en

proporción equivalente al 45% de los predios a los comuneros

particulares.

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Refirió que mediante el Decreto 1142 de 1971 se declaró reserva

nacional el suelo petrolífero del área correspondiente a los terrenos

denominados “Santiago de las Atalayas y Pueblo Viejo del Cusiana”,

para lo cual autorizó la explotación a la Empresa Colombiana de

Petróleos – en adelante Ecopetrol- y excluyendo el 45% del subsuelo

petrolífero correspondiente al señor JORGE MARTÍNEZ LANDINEZ

Q.E.P.D., como denunciante del bien oculto o a sus causahabientes.

Resaltó que en los años 1972 y 1982 se celebraron contratos de

exploración y explotación comercial entre Ecopetrol y los comuneros

particulares, reconociendo un canon superficiario durante la etapa de

exploración y regalías por explotación equivalentes al 4% del 45%

de su participación.

Indicó que el Gobierno Nacional demandó los actos administrativos

relacionados con el contrato de denuncia de bien oculto, proceso que

fue conocido por la Sección Tercera del Consejo de Estado que, en

sentencia de 29 de octubre de 1996, declaró la nulidad de las

resoluciones núms. 118 de 1940 y 113 del 29 de mayo de 1971.

Manifestó que, posteriormente, los ministerios de Hacienda y Crédito

Público y de Minas y Energía, adelantaron acciones de nulidad contra

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los actos administrativos dispositivos que otorgaron las escrituras

públicas a través de las cuales se transfirió el 45% de los terrenos

denominados “Santiago de las Atalayas y Pueblo Viejo del Cusiana”.

Alegó que, como consecuencia de lo anterior, la Sección Tercera del

Consejo de Estado, mediante sentencia de 13 de septiembre de

1999, ordenó la nulidad de los actos aludidos, para lo cual dispuso la

cancelación de los registros de las escrituras relacionadas con la

transferencia del subsuelo de los terrenos y, además, declaró la

nulidad de los contratos celebrados por Ecopetrol y los comuneros al

encontrar probado el objeto ilícito de los mismos.

Expresó que el señor JOSÉ MARÍA USCÁTEGUI TOBÓN promovió

demanda en ejercicio del medio de control de controversias

contractuales contra los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural,

de Minas y Energía y, de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que

se declarara el incumplimiento del contrato de denuncia de bien

oculto celebrado entre la Nación y su abuelo el señor JORGE

MARTÍNEZ LANDINEZ Q.E.P.D., proceso al cual le fue asignado el

número único de radicación 85001-23-33-000-2015-00215-00.

Relató que el citado proceso fue conocido por el TRIBUNAL que,

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mediante auto de 24 de agosto de 2017, admitió la demanda y

ordenó la notificación a las entidades demandadas.

Aseguró que el TRIBUNAL posteriormente vinculó a Ecopetrol S.A.

como litisconsorte de la parte demandada, sin emitir

pronunciamiento alguno ni vincular a los comuneros de Santiago de

Atalayas y Pueblo Viejo de Cuisiana, pese a que tenía la obligación

de hacerlo como terceros interesados en las resultas del proceso.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada vulneró su

derecho fundamental al debido proceso al incurrir en una causal de

nulidad pues no emplazó ni notificó a los terceros interesados en el

proceso o a las personas con iguales derechos.

Sustentó que el señor USCÁTEGUI TOBÓN no tiene acreditada la

propiedad de los terrenos denominados Santiago de las Atalayas y

Pueblo Viejo del Cusiana, pues no existe proceso de sucesión

ejecutoriado ni escritura pública que le reconozca sus derechos, tan

es así que no figura en el Certificado de Libertad y Tradición, por lo

que el TRIBUNAL vulneró el derecho fundamental al debido proceso

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Actor: EDUARDO MARTÍNEZ AFANADOR

al omitir examinar y rechazar la demanda por carencia de

legitimación en la causa por activa.

Finalmente, afirmó que goza de legitimación en la causa por activa,

por ser heredero del señor JORGE MARTÍNEZ VILLAMIL Q.E.P.D.,

hijo del señor JORGE MARTÍNEZ LANDINEZ Q.E.P.D., quien fue

con quien la Nación suscribió el contrato de denuncia de bien oculto

el 22 de enero de 1920.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados y, en consecuencia:

“[…] que se decrete la nulidad de la demanda, teniendo en
cuenta que el daño es inminente e irreparable […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL aseguró que del escrito de la acción de tutela

de la referencia no se observa vulneración alguna de los derechos

fundamentales del actor dentro del medio de control de controversias

contractuales, pues la presunta falta de notificación y emplazamiento

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Actor: EDUARDO MARTÍNEZ AFANADOR

a los terceros interesados ya fue objeto de pronunciamiento en la

acción de tutela identificada con el número único de radicación

11001-03-15-000-2022-03110-00 promovida por el señor LUIS

ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL, la cual fue declarada

improcedente.

Adujo que en esa oportunidad informó que la naturaleza del medio

de control de controversias contractuales no es constitucional ni

pública, por lo que no requiere publicar aviso o edicto emplazatorio

convocando a personas que puedan estar interesadas, en la medida

que el objeto de debate es de naturaleza ordinaria.

Adicionalmente, expresó que el trámite del proceso acusado se

encuentra en etapa de pruebas y en la audiencia inicial de 14 de

octubre de 2022, se efectuó el control de legalidad y saneamiento,

sin que se haya advertido causal de nulidad alguna.

Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo

de la referencia, pues carece del requisito de subsidiariedad, toda vez

que el señor EDUARDO MARTÍNEZ AFANADOR no ha presentado

incidente de nulidad alguno dentro de ese proceso, por lo que si

considera que se ha vulnerado su derecho fundamental al debido

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Actor: EDUARDO MARTÍNEZ AFANADOR

proceso, este mecanismo constitucional no es la vía idónea para

efectuar dicha solicitud.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

refirió que el actor no acreditó su legitimación en la causa por activa

en el asunto, pues no allegó prueba alguna en la que demostrara la

relación de parentesco con los señores JORGE MARTÍNEZ

LANDINEZ Q.E.P.D. y JORGE MARTÍNEZ VILLAMIL Q.E.P.D.

Además, sostuvo que en el presente asunto no se cumple con el

presupuesto de la subsidiariedad, pues tampoco acreditó haber

presentado algún tipo de solicitud dentro del proceso acusado.

I.6.2.- El Ministerio de Minas y Energía resaltó que la solicitud de

amparo no cumple con el requisito de la subsidiariedad, comoquiera

que el actor no ha presentado incidente de nulidad alguno dentro del

proceso de controversias contractuales objeto de debate.

I.6.3.- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural solicitó

ser desvinculado del presente trámite constitucional, pues carece de

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legitimación en la causa por pasiva para actuar en el asunto, máxime

cuando no es responsable de la vulneración que alega el actor.

I.6.4.- Ecopetrol puso de presente que la acción de tutela de la

referencia carece del presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que

el actor no ha hecho uso de los mecanismos ordinarios de defensa

que tiene a su alcance dentro de proceso ordinario.

Sumado a lo anterior, destacó que el medio de control acusado se

encuentra en trámite, por lo que al no advertirse un perjuicio

inminente e irremediable en el asunto, no se hace procedente la

intervención del juez constitucional.

Por último, precisó que el actor no acreditó la legitimación en la causa

por activa, en la medida que no resulta clara la relación sustancial

que tendría con la discusión del proceso objeto de debate; además,

que el presente asunto ya fue discutido en una acción de tutela

promovida anteriormente, en la cual se declaró improcedente el

amparo solicitado.

I.6.5.- El señor JOSÉ MARÍA USCÁTEGUI TOBÓN solicitó declarar

improcedente la solicitud de amparo por carencia del requisito de la

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subsidiariedad, dado que el proceso acusado aún se encuentra en

trámite, máxime cuando el actor no ha hecho uso de los mecanismos

ordinarios de defensa dispuestos y pretende con esta acción de tutela

revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los

recursos previstos en el ordenamiento.

Añadió que el medio de control de controversias contractuales

adelantado no está atado a la comunidad de bienes que plantea el

actor y, por ende, su naturaleza jurídica es completamente distinta

a lo que el señor MARTÍNEZ AFANADOR pretende presentar, pues

el proceso tiene como eje central el pago de los derechos económicos

con motivo de la nulidad de los actos administrativos que autorizaron

la dación de pago, circunscritos exclusivamente a su porcentaje de

participación reconocido por la Nación.

Finalmente, explicó que es la segunda vez que el Consejo de Estado

se pronunciaría frente a las pretensiones y los hechos elevados, pues

el señor LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL ya presentó una

acción de tutela con identidad fáctica a la presente, fundada de la

misma manera y bajo las mismas pretensiones.

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I.6.6.- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público pese a ser

notificado en debida forma del presente trámite constitucional,

guardó silencio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 2 de febrero de 2023, la SECCIÓN CUARTA

de esta Corporación declaró improcedente la solicitud de amparo.

Antes de entrar a analizar el asunto bajo examen, el a quo concluyó

que no se configuró una actuación temeraria en el asunto, pues

revisadas las sentencias de tutela de 28 de julio y 16 de septiembre

de 2022, proferidas por las Secciones Quinta y Primera del Consejo

de Estado, respectivamente, advirtió que el demandante en esa

oportunidad fue el señor LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ AFANADOR,

es decir, no existe identidad de partes, requisito necesario para

considerar que existe temeridad en el ejercicio de la acción de tutela.

Ahora, al estudiar los requisitos generales de procedibilidad, la

primera instancia consideró que no se cumplió con el requisito de la

subsidiariedad toda vez que se encuentra en trámite el proceso de

controversias contractuales del que se predica la presunta

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vulneración de los derechos fundamentales invocados, de modo que

al interior de dicho proceso existen mecanismos para resolver las

inquietudes planteadas en el escrito de tutela.

Recalcó que, en efecto, el actor no ha solicitado ante el TRIBUNAL

que lo vincule como tercero con interés en el proceso, pues si bien

obra prueba de una solicitud de vinculación del 15 de febrero de

2019, lo cierto es que sólo fue suscrita por el señor LUIS ENRIQUE

MARTÍNEZ AFANADOR.

Sumado a lo anterior, destacó que la parte actora no alegó ni acreditó

la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente de

manera excepcional el análisis planteado.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y señaló

que, contrario a lo advertido por el a quo, sí se vulneró abiertamente

y de forma arbitraría el derecho fundamental al debido proceso al

omitir notificar o vincular a los terceros interesados o a las personas

indeterminadas con igualdad de derechos, desconociendo así el

artículo 133 del Código General del Proceso, que establece las

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causales de nulidad, toda vez que aun cuando se advirtió tal situación

al TRIBUNAL, no fueron vinculados al proceso, de tal forma que la

acción de tutela es el mecanismo idóneo para el asunto.

Resaltó que el TRIBUNAL pasó por alto analizar la legitimación en

la causa por activa del señor JOSÉ MARÍA USCÁTEGUI TOBÓN

dentro del medio de control de controversias contractuales, pues se

le debió exigir que acreditara los derechos de propiedad sobre los

terrenos.

Adujo que la autoridad judicial accionada omitió hacer un análisis

serio y de fondo sobre los reales derechos de propiedad del señor

JOSÉ MARÍA USCÁTEGUI TOBÓN, pues éste fundamentó sus

derechos de propiedad sobre una escritura pública falsa y engañosa,

dado que no es de tal acierto que se hubieren transferido tales

derechos a su nombre, por lo que únicamente contaba con una mera

expectativa.

Finalmente precisó que, con el fin de acreditar su legitimación en la

causa por activa, allegó como prueba el registro civil de nacimiento,

en el que consta que es hijo del señor JORGE MARTÍNEZ VILLAMIL

Q.E.P.D., así como el edicto del Juzgado Séptimo de Familia del

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Circuito Judicial de Bogotá, el cual demuestra que se adelantó la

sucesión de su progenitor.

Por lo anterior, solicitó acceder al amparo solicitado de forma

transitoria, pues el daño patrimonial es inminente e irreversible al no

vincularlo al proceso objeto de debate.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

Cuestión previa

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Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural solicitó su desvinculación en la presente acción de tutela, por

falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

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Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

fue parte demandada dentro del medio de control de controversias

contractuales identificado con el número único de radicación 2015-

00215-00, objeto de cuestionamiento, como tercero le asiste interés

en las resultas del proceso, razón por la cual la Sala denegará su

solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por

pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable . De allí que sea un deber del actor
[5]

desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales

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se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,

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para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente caso, el actor pretende que se declare la nulidad de

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las actuaciones surtidas dentro del medio de control de

controversias contractuales identificado con el número único de

radicación 2015-00215-00 y, en su lugar, se ordene vincularlo en

calidad de tercero con interés en las resultas de dicho proceso.

La inconformidad del actor radica en que, a su juicio, la autoridad

judicial accionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso

al omitir vincularlo en calidad de heredero del señor JORGE

MARTÍNEZ VILLAMIL Q.E.P.D., hijo del señor JORGE MARTÍNEZ

LANDINEZ Q.E.P.D., quien fue con quien la Nación suscribió el

contrato de denuncia de bien oculto el 22 de enero de 1920, al

proceso de controversias contractuales adelantado por el señor JOSÉ

MARÍA USCÁTEGUI TOBÓN.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN CUARTA de esta Corporación que declaró improcedente

la solicitud de amparo al considerar que no se cumplió con el requisito

de la subsidiariedad, comoquiera que se encuentra en trámite el

proceso de controversias contractuales del que se predica la presunta

vulneración de los derechos fundamentales invocados, de modo que

al interior de dicho proceso existen mecanismos para resolver las

inquietudes planteadas en el escrito de tutela.

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En la impugnación el actor manifestó que, contrario a lo advertido

por el a quo, la acción de tutela sí es el mecanismo idóneo para el

asunto, toda vez que aun cuando se advirtió la situación al

TRIBUNAL no fueron vinculados al proceso, por lo que se vulneró

abiertamente y de forma arbitraría el derecho fundamental al debido

proceso, desconociendo así el artículo 133 del Código General del

Proceso, que establece las causales de nulidad.

En este punto, la Sala destaca que circunscribirá su análisis a los

argumentos expuestos por el actor en el recurso de impugnación

interpuesto contra la sentencia de primera instancia, comoquiera que

la temeridad de la acción fue resuelta por el a quo y sobre el

particular las partes no emitieron pronunciamiento alguno.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si, tal como lo consideró

el a quo, la acción de tutela resulta improcedente y, de superarse tal

derrotero, ii) establecer si la autoridad judicial accionada vulneró el

derecho fundamental al debido proceso dentro del medio de control

de controversias contractuales identificado con el número único de

radicación 2015-00215-00.

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De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la

Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de

la subsidiariedad.

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el

cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86

de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que

«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las

circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y

negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues sólo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

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aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»3 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente

acción de tutela es improcedente por subsidiariedad,

comoquiera que la inconformidad del actor puede ser discutida en el

3 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.

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proceso ordinario, formulando el incidente de nulidad de que trata

el numeral 8° del artículo 133 del Código General del Proceso, del

cual no ha hecho uso, por lo que no es válido que el actor pretenda

suplir los medios de defensa que tiene a su alcance dentro de la

acción de controversias contractuales, que aún se encuentra en

curso, con este mecanismo constitucional de carácter excepcional.

En ese orden de ideas, se destaca que mal podría el juez de tutela

ordenar un amparo constitucional con el propósito de que se emitan

unas órdenes que evidentemente son competencia del juez de

conocimiento y que deben ser ventiladas dentro del medio de control

de controversias contractuales identificado con el número único de

radicación 2015-00215-00, que es el escenario idóneo para resolver

la controversia aquí planteada.

Asimismo, en el caso bajo estudio, tal como lo consideró el a quo, el

actor no ha solicitado al interior del proceso objeto de controversia

que se le vincule como tercero con interés en las resultas del proceso,

pues aun cuando obra prueba de una solicitud de vinculación de 15

de febrero de 2019, lo cierto es que esta fue presentada por el señor

LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ AFANADOR.

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Así las cosas, no resulta de tal validez los argumentos expuestos por

la parte actora en el escrito de impugnación, en la medida que si bien

alegó que solicitó ante el TRIBUNAL la vinculación al proceso y esta

petición fue denegada, no allegó prueba que demostrara tal

actuación.

En este punto la Sala considera necesario precisar que esta Sala, en

sentencia de 16 de septiembre de 20224, dentro de la acción de tutela

identificada con el número único de radicación 2022-03110-01

analizó la solicitud de amparo presentada por el señor LUIS

ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL, la cual contaba con identidad

fáctica y jurídica a la presente y fue declarada improcedente por

carencia del presupuesto de la subsidiariedad.

En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente

asunto no se invocó ni acreditó la existencia de un perjuicio

irremediable, que permita de manera excepcional proceder al análisis

de la acción constitucional, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito de la subsidiariedad, razón por

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de
septiembre de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente identificado con el número único de
radicación 11001-03-15-000-2022-03110-01.

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la que se confirmará la decisión del a quo, que declaró improcedente

la solicitud de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por el Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

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eventual revisión.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de marzo de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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