Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03110-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-03110-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03110-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03110-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
16 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03110-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA. ES
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARENCIA DEL
REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD.
DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la impugnación presentada por el actor
contra la sentencia de 28 de julio de 2022, mediante la cual la
SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró
improcedente el amparo solicitado.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
1
En adelante la Sección Quinta.
2
Número único de radicación: 110010315 000 2022 03110 01
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL
El señor LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su
derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE2 al proferir
la providencia de 11 de mayo de 2022, dentro del medio de control
de controversias contractuales identificado con el número único de
radicación 85001-23-33-000-2015-00215-00.
I.2.- Hechos
Manifestó que su padre el señor JORGE MARTÍNEZ LANDINEZ el
22 de diciembre de 1920 suscribió con el Estado un contrato de
“denuncia de bienes ocultos” en el que se pactó una ganancia
equivalente al 45% del valor del bien denunciado y del suelo y
subsuelo de los terrenos denominados “Santiago de las Atalayas y
Pueblo Viejo del Cusiana”.
Señaló que con ocasión a la Resolución Ejecutiva núm. 1181 de 1940
el Presidente de la República de la época ordenó cederle a su padre
el 45% pro indiviso de la propiedad de los terrenos reivindicados, por
2
En adelante el Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 110010315 000 2022 03110 01
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL
lo que en cumplimiento de dicha orden se expidió la Resolución núm.
113 de 29 de mayo de 1971, por medio de la cual se autorizó la
expedición de las escrituras públicas de transferencia a los herederos
y cesionarios equivalente al 45% de los terrenos denominados
“Santiago de las atalayas y pueblo viejo de cusiana”.
Aseguró que el Decreto 1142 de 1971, declaró reserva nacional el
suelo petrolífero del área correspondiente a los terrenos
denominados “Santiago de las atalayas y pueblo viejo de cusiana”
autorizando la explotación a la Empresa Colombiana de Petróleos –
en adelante Ecopetrol- y, excluyendo el 45% del subsuelo petrolífero
correspondiente al denunciante del bien oculto o a sus
causahabientes.
Mencionó que en los años 1972 y 1982 se celebraron los contratos
de exploración y explotación comercial entre Ecopetrol y los
comuneros particulares, reconociendo un canon superficiario durante
la etapa de exploración y regalías por explotación equivalentes al 4%
del 45% de su participación.
Aseveró que el Gobierno Nacional demandó los actos administrativos
relacionados con el contrato de denuncia del bien oculto, por lo que
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 110010315 000 2022 03110 01
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL
el Consejo de Estado en sentencia de 29 de octubre de 1996, declaró
la nulidad de las resoluciones núms. 118 de 1940 y 113 del 29 de
mayo de 1971.
Arguyó que posteriormente los Ministerios de Hacienda y Crédito
Público y de Minas y Energía, adelantaron acciones de nulidad contra
actos dispositivos que otorgaron las escrituras públicas a través de
las cuales se transfirió el 45% de los terrenos denominados “Santiago
de las atalayas y pueblo viejo de cusiana”.
Apuntó que en virtud de la sentencia de 13 de septiembre de 1999
la Sección Tercera del Consejo de Estado, ordenó la nulidad de los
actos aludidos, dispuso la cancelación de los registros de las
escrituras en lo relacionado con la transferencia del subsuelo de los
terrenos y, además, declaró la nulidad de los contratos celebrados
por Ecopetrol y los comuneros por encontrar probado el objeto ilícito.
Indicó que el señor JOSÉ MARÍA USCÁTEGUI TOBÓN promovió el
medio de control de controversias contractuales contra los
Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, de Minas y Energía y,
de Hacienda y Crédito Público, el cual fue identificado con el número
único de radicación 85001-23-33-000-2015-00215-02 y cuyas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 110010315 000 2022 03110 01
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL
pretensiones consistieron en solicitar el incumplimiento del contrato
de denuncia de bien oculto celebrado en entre la Nación y su padre
el señor JORGE MARTÍNEZ LANDINEZ.
Sostuvo que el citado proceso fue conocido por el TRIBUNAL que, a
través de auto de 24 de agosto de 2017, admitió la demanda y
ordenó su notificación a las entidades demandadas.
Destacó que a través de escrito de 18 de febrero de 2019, solicitó su
vinculación y la de su familia como litis consortes necesarios en
calidad de herederos legítimos del señor JORGE MARTÍNEZ
LANDINEZ al medio de control de controversias contractuales
adelantado por el señor JOSÉ MARÍA USCÁTEGUI TOBÓN.
Subrayó que luego de múltiples reprogramaciones el TRIBUNAL
profirió la providencia de 11 de mayo de 2022, por medio del cual
señaló el 25 de julio de 2022 para llevar a cabo la audiencia inicial,
sin pronunciarse acerca de la solicitud de vinculación.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Aseguró que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 110010315 000 2022 03110 01
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL
fundamental al debido proceso, al no vincularlo como litis consorte
necesario en calidad de heredero del señor JORGE MARTÍNEZ
LANDINEZ al proceso de controversias contractuales adelantado por
el señor JOSÉ MARÍA USCÁTEGUI TOBÓN.
Afirmó que también debió vincularse al plenario a la empresa
Ecopetrol S.A., por ser la compañía que ejecuta las labores de
explotación y al Consejo de Estado como autoridad judicial que anuló
los actos de propiedad del subsuelo.
Asimismo, señaló que el señor JOSÉ MARÍA USCÁTEGUI TOBÓN
no cuenta con legitimación en la causa por activa para promover el
medio de control y, que únicamente los herederos legítimos del señor
JORGE MARTÍNEZ LANDINEZ tienen derecho a ejecutar acciones
legales por el incumplimiento contractual alegado.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo del derecho fundamental invocado como
violado, en los siguientes términos:
“[…] Por todo lo anterior y por la violación del debido proceso le
pido al Juez de Tutela, la suspensión de la audiencia inicial
programada para el 25 de julio de 2022 por el Tribunal
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 110010315 000 2022 03110 01
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL
Administrativo de Yopal (sic) y decretar la nulidad de la demanda
por las razones expuestas. […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL indicó que el auto mediante el cual se señaló
fecha para llevar a cabo la audiencia inicial fue notificado
debidamente a los extremos procesales, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público, por lo que no
constituye una vulneración al debido proceso del actor pues no es
parte dentro del asunto.
Señaló que la solicitud de vinculación de la Nación – Rama Judicial
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Ecopetrol S. A.,
fue resuelta a través de la providencia de 26 de octubre de 2018, en
la que solamente se vinculó a la compañía de petróleos en calidad de
litisconsorte necesario del Ministerio de Minas y Energía, decisión que
se encuentra en firme.
Mencionó que dentro de la actuación no se ha proferido sentencia y
que no reposa dentro del plenario incidente de nulidad en el que se
formulen los aspectos planteados por el actor.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 110010315 000 2022 03110 01
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA manifestó que la
acción de tutela es improcedente al no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.
Solicitó denegar por improcedente el amparo constitucional, al
considerar que el actor debió interponer los mecanismos procesales
definidos en el ordenamiento jurídico a fin de obtener la protección
del derecho fundamental deprecado.
I.6.2.- La empresa ECOPETROL S.A. manifestó la falta de
legitimación en la causa por activa del actor para solicitar la
protección del debido proceso por su no vinculación y la de la Nación-
Rama Judicial, en consideración a que él no hace parte del proceso
de controversias contractuales.
Además, afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva
por cuanto no ha vulnerado el derecho fundamental deprecado, pues
no ha ejecutado ninguna acción u omisión que vulnere el debido
proceso del accionante.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 110010315 000 2022 03110 01
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL
I.6.3.- El señor JOSÉ MARÍA USCÁTEGUI TOBÓN señaló que la
acción de tutela debe declararse improcedente por cuanto el actor
cuenta con otros medios de defensa ordinarios y extraordinarios para
solicitar la protección del derecho deprecado.
Aseguró que el actor pretende revivir las etapas procesales, en tanto
la oportunidad para concurrir como tercero interviniente feneció,
pues el actor debió presentar los mecanismos judiciales antes de la
expedición del auto que señaló fecha para la audiencia inicial, por lo
que a través del mecanismo constitucional se pretende que su
omisión y negligencia sea subsanada.
I.6.4.- Los ministerios de AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
y HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y la AGENCIA NACIONAL DE
DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, vinculados en calidad de
terceros con interés directo en las resultas de la acción, pese a ser
notificados en debida forma del presente trámite constitucional,
guardaron silencio.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 28 de julio de 2022, la SECCIÓN QUINTA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 110010315 000 2022 03110 01
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL
declaró improcedente la solicitud de amparo.
Desplegó el estudio de la legitimación en la causa y, una vez
desarrollado el marco conceptual, consideró que el actor sí se estaba
legitimado para alegar la falta de vinculación al proceso de
controversias contractuales, pero no contaba con la misma facultad
para formular las pretensiones respecto a la notificación del Consejo
de Estado y de la empresa Ecopetrol, dado que en virtud del artículo
138 del Código General del Proceso, solo la parte directamente
afectada podría alegarla.
Asimismo, denegó la petición de desvinculación formulada por
Ecopetrol S.A., dado que dicha compañía de petróleos fue vinculada
a la acción constitucional como tercera interesada y no como parte
accionada.
Asimismo, encontró probado que el asunto no cumple con el requisito
de subsidiariedad, al considerar que si el actor estimaba que debía
ser citado al proceso de controversias contractuales promovido por
el señor USCÁTEGUI TOBÓN, tenía a su alcance el incidente de
nulidad de que trata el artículo 133.8 del Código General del Proceso.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 110010315 000 2022 03110 01
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL
Resaltó que el actor solicitó al operador jurídico su vinculación y la
de su familia a la controversia contractual, no obstante, dicha
solicitud no fue presentada en debida forma pues se formuló en
nombre propio y no a través de un apoderado judicial que
representara sus intereses.
Destacó que si bien la oportunidad para emplear el mecanismo
judicial feneció, lo pretendido por el actor aún puede alegarse en
cualquiera de las instancias antes de que se profiera sentencia de
primera instancia o con posterioridad, en caso que la causal de
nulidad ocurra a partir de dicha decisión.
Finalmente, indicó que no se determinó alguna circunstancia
excepcional o la consumación de un perjuicio irremediable que hiciera
viable el estudio del asunto y recordó que la acción de tutela resulta
improcedente para suplir mecanismos de defensa y/o revivir
términos.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor cuestionó la providencia de primera instancia, al considerar
que el asunto sí cumple con el requisito de la subsidiariedad, en tanto
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 110010315 000 2022 03110 01
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL
la acción de tutela es un mecanismo que se puede utilizar como
forma alternativa cuando sus derechos fundamentales han sido
vulnerados.
Señaló que en el momento en el que tuvo conocimiento de la
demanda presentada por el señor USCÁTEGUI TOBÓN, realizó las
gestiones a su alcance para recaudar la información relacionada con
las escrituras públicas en las que el citado señor sustenta sus
pretensiones, encontrando que no tiene derechos de ninguna clase
en los terrenos.
Reiteró que el TRIBUNAL omitió dar trámite a la solicitud de
vinculación y, como no contaban con los conocimientos jurídicos para
ejecutar el procedimiento estipulado en la ley, fueron excluidos del
trámite judicial.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 110010315 000 2022 03110 01
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las Secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 110010315 000 2022 03110 01
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 110010315 000 2022 03110 01
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL
en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 110010315 000 2022 03110 01
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto el proveído de 11 de mayo de 2022, proferida por
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 110010315 000 2022 03110 01
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL
el TRIBUNAL, mediante el cual se señaló fecha para llevar a cabo la
audiencia inicial dentro del medio de control de controversias
contractuales identificado con el número único de radicación 85001-
23-33-000-2015-00215-00.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, habida cuenta que, a juicio del actor,
la autoridad judicial accionada debió vincularlo como litis consorte
necesario en calidad de heredero del señor JORGE MARTÍNEZ
LANDINEZ al proceso de controversias contractuales adelantado por
el señor JOSÉ MARÍA USCÁTEGUI TOBÓN.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN QUINTA que declaró improcedente el amparo
constitucional, al considerar que no se cumplía con el requisito de la
subsidiariedad, pues si el actor estimaba que debía ser citado al
proceso de controversias contractuales tenía a su alcance el incidente
de nulidad de que trata el artículo 133 del Código General del
Proceso.
La impugnación del actor está encaminada a cuestionar los
argumentos del a quo, señalando que el asunto sí cumple con el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 110010315 000 2022 03110 01
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL
requisito subsidiariedad, en tanto la acción de tutela es un
mecanismo que se puede utilizar como forma alternativa cuando sus
derechos fundamentales han sido vulnerados.
Además, reiteró que el TRIBUNAL omitió dar trámite a la solicitud
de vinculación y, como no contaba con los conocimientos jurídicos
para ejecutar el procedimiento estipulado en la ley, él y los miembros
de su familia fueron excluidos del trámite judicial.
En ese sentido, la Sala debe determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de ser así, determinar si la
autoridad judicial accionada incurrió en la vulneración del debido
proceso.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en especial, el requisito de la subsidiariedad.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 110010315 000 2022 03110 01
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL
El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que
«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y
negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 110010315 000 2022 03110 01
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»3 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente
acción de tutela es improcedente por subsidiariedad,
comoquiera que la inconformidad del actor puede ser discutida en el
proceso ordinario, formulando el incidente de nulidad de que trata
el numeral 8° del artículo 133 del Código General del Proceso, del
cual no ha hecho uso, por lo que no es válido que el actor pretenda
suplir los medios de defensa que tiene a su alcance dentro de la
acción de controversias contractuales, que aún se encuentra en
curso, con este mecanismo constitucional de carácter excepcional.
3 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 110010315 000 2022 03110 01
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL
En ese orden de ideas, se destaca que mal podría el juez de tutela
ordenar un amparo constitucional con el propósito de que se emitan
unas órdenes que evidentemente son competencia del juez de
conocimiento y que deben ser ventiladas dentro del medio de control
de controversias contractuales identificado con el número único de
radicación 2015-00215-00, que es el escenario idóneo para resolver
la controversia aquí planteada.
Asimismo, en el caso bajo estudio, tal como lo consideró el a quo, la
Sala no advierte la existencia de un perjuicio irremediable que haga
procedente la acción de tutela de la referencia como mecanismo
transitorio, dado que de los elementos de juicio obrantes en el
expediente no es posible establecer dicha circunstancia.
Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión de primera
instancia que declaró improcedente el amparo solicitado, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 110010315 000 2022 03110 01
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de septiembre de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.