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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03110-01

Fecha
16 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03110-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03110-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

16 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03110-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA. ES
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARENCIA DEL
REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD.

DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por el actor

contra la sentencia de 28 de julio de 2022, mediante la cual la

SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró

improcedente el amparo solicitado.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

1
En adelante la Sección Quinta.

2

Número único de radicación: 110010315 000 2022 03110 01
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL

El señor LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su

derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado

por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE2 al proferir

la providencia de 11 de mayo de 2022, dentro del medio de control

de controversias contractuales identificado con el número único de

radicación 85001-23-33-000-2015-00215-00.

I.2.- Hechos

Manifestó que su padre el señor JORGE MARTÍNEZ LANDINEZ el

22 de diciembre de 1920 suscribió con el Estado un contrato de

“denuncia de bienes ocultos” en el que se pactó una ganancia

equivalente al 45% del valor del bien denunciado y del suelo y

subsuelo de los terrenos denominados “Santiago de las Atalayas y

Pueblo Viejo del Cusiana”.

Señaló que con ocasión a la Resolución Ejecutiva núm. 1181 de 1940

el Presidente de la República de la época ordenó cederle a su padre

el 45% pro indiviso de la propiedad de los terrenos reivindicados, por

2
En adelante el Tribunal.

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Número único de radicación: 110010315 000 2022 03110 01
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL

lo que en cumplimiento de dicha orden se expidió la Resolución núm.

113 de 29 de mayo de 1971, por medio de la cual se autorizó la

expedición de las escrituras públicas de transferencia a los herederos

y cesionarios equivalente al 45% de los terrenos denominados

“Santiago de las atalayas y pueblo viejo de cusiana”.

Aseguró que el Decreto 1142 de 1971, declaró reserva nacional el

suelo petrolífero del área correspondiente a los terrenos

denominados “Santiago de las atalayas y pueblo viejo de cusiana”

autorizando la explotación a la Empresa Colombiana de Petróleos –

en adelante Ecopetrol- y, excluyendo el 45% del subsuelo petrolífero

correspondiente al denunciante del bien oculto o a sus

causahabientes.

Mencionó que en los años 1972 y 1982 se celebraron los contratos

de exploración y explotación comercial entre Ecopetrol y los

comuneros particulares, reconociendo un canon superficiario durante

la etapa de exploración y regalías por explotación equivalentes al 4%

del 45% de su participación.

Aseveró que el Gobierno Nacional demandó los actos administrativos

relacionados con el contrato de denuncia del bien oculto, por lo que

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el Consejo de Estado en sentencia de 29 de octubre de 1996, declaró

la nulidad de las resoluciones núms. 118 de 1940 y 113 del 29 de

mayo de 1971.

Arguyó que posteriormente los Ministerios de Hacienda y Crédito

Público y de Minas y Energía, adelantaron acciones de nulidad contra

actos dispositivos que otorgaron las escrituras públicas a través de

las cuales se transfirió el 45% de los terrenos denominados “Santiago

de las atalayas y pueblo viejo de cusiana”.

Apuntó que en virtud de la sentencia de 13 de septiembre de 1999

la Sección Tercera del Consejo de Estado, ordenó la nulidad de los

actos aludidos, dispuso la cancelación de los registros de las

escrituras en lo relacionado con la transferencia del subsuelo de los

terrenos y, además, declaró la nulidad de los contratos celebrados

por Ecopetrol y los comuneros por encontrar probado el objeto ilícito.

Indicó que el señor JOSÉ MARÍA USCÁTEGUI TOBÓN promovió el

medio de control de controversias contractuales contra los

Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, de Minas y Energía y,

de Hacienda y Crédito Público, el cual fue identificado con el número

único de radicación 85001-23-33-000-2015-00215-02 y cuyas

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pretensiones consistieron en solicitar el incumplimiento del contrato

de denuncia de bien oculto celebrado en entre la Nación y su padre

el señor JORGE MARTÍNEZ LANDINEZ.

Sostuvo que el citado proceso fue conocido por el TRIBUNAL que, a

través de auto de 24 de agosto de 2017, admitió la demanda y

ordenó su notificación a las entidades demandadas.

Destacó que a través de escrito de 18 de febrero de 2019, solicitó su

vinculación y la de su familia como litis consortes necesarios en

calidad de herederos legítimos del señor JORGE MARTÍNEZ

LANDINEZ al medio de control de controversias contractuales

adelantado por el señor JOSÉ MARÍA USCÁTEGUI TOBÓN.

Subrayó que luego de múltiples reprogramaciones el TRIBUNAL

profirió la providencia de 11 de mayo de 2022, por medio del cual

señaló el 25 de julio de 2022 para llevar a cabo la audiencia inicial,

sin pronunciarse acerca de la solicitud de vinculación.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Aseguró que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho

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fundamental al debido proceso, al no vincularlo como litis consorte

necesario en calidad de heredero del señor JORGE MARTÍNEZ

LANDINEZ al proceso de controversias contractuales adelantado por

el señor JOSÉ MARÍA USCÁTEGUI TOBÓN.

Afirmó que también debió vincularse al plenario a la empresa

Ecopetrol S.A., por ser la compañía que ejecuta las labores de

explotación y al Consejo de Estado como autoridad judicial que anuló

los actos de propiedad del subsuelo.

Asimismo, señaló que el señor JOSÉ MARÍA USCÁTEGUI TOBÓN

no cuenta con legitimación en la causa por activa para promover el

medio de control y, que únicamente los herederos legítimos del señor

JORGE MARTÍNEZ LANDINEZ tienen derecho a ejecutar acciones

legales por el incumplimiento contractual alegado.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo del derecho fundamental invocado como

violado, en los siguientes términos:

“[…] Por todo lo anterior y por la violación del debido proceso le
pido al Juez de Tutela, la suspensión de la audiencia inicial
programada para el 25 de julio de 2022 por el Tribunal

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Administrativo de Yopal (sic) y decretar la nulidad de la demanda
por las razones expuestas. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL indicó que el auto mediante el cual se señaló

fecha para llevar a cabo la audiencia inicial fue notificado

debidamente a los extremos procesales, a la Agencia Nacional de

Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público, por lo que no

constituye una vulneración al debido proceso del actor pues no es

parte dentro del asunto.

Señaló que la solicitud de vinculación de la Nación – Rama Judicial

– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de Ecopetrol S. A.,

fue resuelta a través de la providencia de 26 de octubre de 2018, en

la que solamente se vinculó a la compañía de petróleos en calidad de

litisconsorte necesario del Ministerio de Minas y Energía, decisión que

se encuentra en firme.

Mencionó que dentro de la actuación no se ha proferido sentencia y

que no reposa dentro del plenario incidente de nulidad en el que se

formulen los aspectos planteados por el actor.

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I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA manifestó que la

acción de tutela es improcedente al no cumplir con el requisito de

subsidiariedad.

Solicitó denegar por improcedente el amparo constitucional, al

considerar que el actor debió interponer los mecanismos procesales

definidos en el ordenamiento jurídico a fin de obtener la protección

del derecho fundamental deprecado.

I.6.2.- La empresa ECOPETROL S.A. manifestó la falta de

legitimación en la causa por activa del actor para solicitar la

protección del debido proceso por su no vinculación y la de la Nación-

Rama Judicial, en consideración a que él no hace parte del proceso

de controversias contractuales.

Además, afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva

por cuanto no ha vulnerado el derecho fundamental deprecado, pues

no ha ejecutado ninguna acción u omisión que vulnere el debido

proceso del accionante.

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I.6.3.- El señor JOSÉ MARÍA USCÁTEGUI TOBÓN señaló que la

acción de tutela debe declararse improcedente por cuanto el actor

cuenta con otros medios de defensa ordinarios y extraordinarios para

solicitar la protección del derecho deprecado.

Aseguró que el actor pretende revivir las etapas procesales, en tanto

la oportunidad para concurrir como tercero interviniente feneció,

pues el actor debió presentar los mecanismos judiciales antes de la

expedición del auto que señaló fecha para la audiencia inicial, por lo

que a través del mecanismo constitucional se pretende que su

omisión y negligencia sea subsanada.

I.6.4.- Los ministerios de AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

y HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y la AGENCIA NACIONAL DE

DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, vinculados en calidad de

terceros con interés directo en las resultas de la acción, pese a ser

notificados en debida forma del presente trámite constitucional,

guardaron silencio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 28 de julio de 2022, la SECCIÓN QUINTA

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declaró improcedente la solicitud de amparo.

Desplegó el estudio de la legitimación en la causa y, una vez

desarrollado el marco conceptual, consideró que el actor sí se estaba

legitimado para alegar la falta de vinculación al proceso de

controversias contractuales, pero no contaba con la misma facultad

para formular las pretensiones respecto a la notificación del Consejo

de Estado y de la empresa Ecopetrol, dado que en virtud del artículo

138 del Código General del Proceso, solo la parte directamente

afectada podría alegarla.

Asimismo, denegó la petición de desvinculación formulada por

Ecopetrol S.A., dado que dicha compañía de petróleos fue vinculada

a la acción constitucional como tercera interesada y no como parte

accionada.

Asimismo, encontró probado que el asunto no cumple con el requisito

de subsidiariedad, al considerar que si el actor estimaba que debía

ser citado al proceso de controversias contractuales promovido por

el señor USCÁTEGUI TOBÓN, tenía a su alcance el incidente de

nulidad de que trata el artículo 133.8 del Código General del Proceso.

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Resaltó que el actor solicitó al operador jurídico su vinculación y la

de su familia a la controversia contractual, no obstante, dicha

solicitud no fue presentada en debida forma pues se formuló en

nombre propio y no a través de un apoderado judicial que

representara sus intereses.

Destacó que si bien la oportunidad para emplear el mecanismo

judicial feneció, lo pretendido por el actor aún puede alegarse en

cualquiera de las instancias antes de que se profiera sentencia de

primera instancia o con posterioridad, en caso que la causal de

nulidad ocurra a partir de dicha decisión.

Finalmente, indicó que no se determinó alguna circunstancia

excepcional o la consumación de un perjuicio irremediable que hiciera

viable el estudio del asunto y recordó que la acción de tutela resulta

improcedente para suplir mecanismos de defensa y/o revivir

términos.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor cuestionó la providencia de primera instancia, al considerar

que el asunto sí cumple con el requisito de la subsidiariedad, en tanto

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la acción de tutela es un mecanismo que se puede utilizar como

forma alternativa cuando sus derechos fundamentales han sido

vulnerados.

Señaló que en el momento en el que tuvo conocimiento de la

demanda presentada por el señor USCÁTEGUI TOBÓN, realizó las

gestiones a su alcance para recaudar la información relacionada con

las escrituras públicas en las que el citado señor sustenta sus

pretensiones, encontrando que no tiene derechos de ninguna clase

en los terrenos.

Reiteró que el TRIBUNAL omitió dar trámite a la solicitud de

vinculación y, como no contaban con los conocimientos jurídicos para

ejecutar el procedimiento estipulado en la ley, fueron excluidos del

trámite judicial.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

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de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

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C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional

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en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial

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es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto el proveído de 11 de mayo de 2022, proferida por

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el TRIBUNAL, mediante el cual se señaló fecha para llevar a cabo la

audiencia inicial dentro del medio de control de controversias

contractuales identificado con el número único de radicación 85001-

23-33-000-2015-00215-00.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración del derecho

fundamental al debido proceso, habida cuenta que, a juicio del actor,

la autoridad judicial accionada debió vincularlo como litis consorte

necesario en calidad de heredero del señor JORGE MARTÍNEZ

LANDINEZ al proceso de controversias contractuales adelantado por

el señor JOSÉ MARÍA USCÁTEGUI TOBÓN.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN QUINTA que declaró improcedente el amparo

constitucional, al considerar que no se cumplía con el requisito de la

subsidiariedad, pues si el actor estimaba que debía ser citado al

proceso de controversias contractuales tenía a su alcance el incidente

de nulidad de que trata el artículo 133 del Código General del

Proceso.

La impugnación del actor está encaminada a cuestionar los

argumentos del a quo, señalando que el asunto sí cumple con el

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requisito subsidiariedad, en tanto la acción de tutela es un

mecanismo que se puede utilizar como forma alternativa cuando sus

derechos fundamentales han sido vulnerados.

Además, reiteró que el TRIBUNAL omitió dar trámite a la solicitud

de vinculación y, como no contaba con los conocimientos jurídicos

para ejecutar el procedimiento estipulado en la ley, él y los miembros

de su familia fueron excluidos del trámite judicial.

En ese sentido, la Sala debe determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de ser así, determinar si la

autoridad judicial accionada incurrió en la vulneración del debido

proceso.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, en especial, el requisito de la subsidiariedad.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

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El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el

cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86

de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que

«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las

circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y

negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

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Número único de radicación: 110010315 000 2022 03110 01
Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»3 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente

acción de tutela es improcedente por subsidiariedad,

comoquiera que la inconformidad del actor puede ser discutida en el

proceso ordinario, formulando el incidente de nulidad de que trata

el numeral 8° del artículo 133 del Código General del Proceso, del

cual no ha hecho uso, por lo que no es válido que el actor pretenda

suplir los medios de defensa que tiene a su alcance dentro de la

acción de controversias contractuales, que aún se encuentra en

curso, con este mecanismo constitucional de carácter excepcional.

3 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.

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Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL

En ese orden de ideas, se destaca que mal podría el juez de tutela

ordenar un amparo constitucional con el propósito de que se emitan

unas órdenes que evidentemente son competencia del juez de

conocimiento y que deben ser ventiladas dentro del medio de control

de controversias contractuales identificado con el número único de

radicación 2015-00215-00, que es el escenario idóneo para resolver

la controversia aquí planteada.

Asimismo, en el caso bajo estudio, tal como lo consideró el a quo, la

Sala no advierte la existencia de un perjuicio irremediable que haga

procedente la acción de tutela de la referencia como mecanismo

transitorio, dado que de los elementos de juicio obrantes en el

expediente no es posible establecer dicha circunstancia.

Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión de primera

instancia que declaró improcedente el amparo solicitado, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

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Actor: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VILLAMIL

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de septiembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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