Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03144-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03144-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03144-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
30 de junio de 2022
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Demandante: Rocío de la Cruz Calier Arias
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03144-00
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03144-00
Demandante: ROCÍO DE LA CRUZ CALIER ARIAS
Demandados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo – Mora en decidir recurso de apelación dentro
del proceso de ruptura de solidaridad - Niega amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por la señora Rocío de la
Cruz Calier Arias, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y, en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
A través de mensaje de datos remitido al correo electrónico de la Secretaría
General del Consejo de Estado el 9 de junio de 2022, la señora Rocío de la Cruz
Calier Arias, en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Presidente de la
República, Procuraduría General de la Nación, Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y la empresa CARIBEMAR de la Costa S.A.S E.S.P.1 con el
fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al “debido proceso, mínimo
vital, acceso a la administración de justicia y derecho de petición”.
Dichas garantías las estimó vulneradas con ocasión a la falta de trámite del
recurso de apelación que subsidiariamente impetró en el proceso de ruptura de
solidaridad que adelantó ante CARIBEMAR de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia), con
radicado NIC 5311271, cuya resolución correspondió a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.
Por su parte, solicitó que la Procuraduría General de la Nación “emita las sanciones
a que haya lugar” en cumplimiento de la denuncia que afirmó presentar. Además,
requirió que se ordene al “presidente de Colombia que ene (sic) ejercicio de sus
funciones emita una orden para que la superservicios proceda con las sanciones a que
haya lugar en contra de la empresa”.
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Cuya marca es “Afinia”; una empresa prestadora del servicio de energía eléctrica.
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Demandante: Rocío de la Cruz Calier Arias
Demandados: Presidente de la República y otros
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1.2. Pretensiones
Las pretensiones de la solicitud de amparo son las siguientes:
“PRIMERO: Que el juez constitucional ampare los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA,
DERECHO DE PETICION.
SEGUNDO: Que el juez constitucional ordene a la empresa a cumplir con la ley y
enviar el expediente a la superservicios EXHORTANDO para que se abstenga de
seguir teniendo moras injustificadas al momento de enviar los expedientes a la
superservicios.
TERCERO: Que el juez ordene a la superservicios a dar respuesta dentro del
término establecido por la ley.
CUARTO: Que el honorable magistrado remita copia a la procuraduría general de la
nación para que esta en ejercicio de sus funciones emita las sanciones a que haya
lugar.
QUINTO: Que el honorable magistrado ordene al presidente de Colombia que ene
ejercicio de sus funciones emita una orden para que la superservicios proceda con
las sanciones a que haya lugar en contra de la empresa.” (Negritas del texto
original y sic a toda la cita)
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
• Se constató que el 20 de enero de 2021 la tutelante inició un trámite de ruptura
de solidaridad ante la empresa CARIBEMAR de la Costa S.A.S. ESP (Afinia)
(identificado NIC 5311271), respecto de una deuda que recae sobre un bien
inmueble de su propiedad, por el cobro del servicio de energía cuando este se
encontraba arrendado en el periodo contractual comprendido entre el 6 de enero
de 2019 y el 18 de enero de 2021.
• El 3 de febrero de 2021 dicha petición fue resuelta de manera desfavorable a
través de la Resolución No. 202170031063, decisión que fue objeto de recurso de
reposición y apelación el 12 de marzo de 2021.
• El 15 de marzo de 2021, mediante la Resolución con el consecutivo No.
202170074643, se ratificó tal negativa. Asimismo, en tal oficio se dispuso:
“Toda vez que usted interpuso el recurso de apelación subsidiario al de reposición,
remitiremos el expediente del caso a la Superintendencia de Servicios Públicos
domiciliarios una vez se surta la notificación personalmente o por aviso, y será dicha
entidad quien defina acerca el caso”.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La tutelante consideró que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
y la empresa CARIBEMAR de la Costa S.A.S E.S.P. (Afinia), vulneraron sus
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derechos fundamentales porque “han transcurrido más de 7 meses y la superservicios
aún no resuelve el recurso de apelación en donde la ley (sic) 1437/11 y 1755/15
establecen que el tiempo máximo para dar respuesta no puede ser mayor a 60 días, ósea
2 meses y en mi caso han transcurrido 14 meses sin respuesta alguna”.
Además, y de conformidad con las pretensiones de la acción constitucional,
advirtió una presunta omisión en las funciones del Presidente de la República y la
Procuraduría General de la Nación, en su deber de emitir “las sanciones a que haya
lugar”.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 13 de junio de 2022, el magistrado ponente admitió la acción de
tutela y ordenó notificar a la tutelante, y como accionadas al Presidente de la
República, a la Procuraduría General de la Nación, a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y a la empresa CARIBEMAR de la Costa S.A.S
E.S.P. (Afinia).
Asimismo, dispuso requerir a la parte actora “con el fin de que aporte, al presente
expediente de tutela, copia digital de las actuaciones que realizó ante la Presidencia de la
República y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de establecer el eventual
incumplimiento de esas dependencias en lo referente a sus funciones”.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por intermedio
de apoderada, puso de presente que, a su juicio, por tratarse de una tutela dirigida
contra una entidad del orden nacional, el trámite debía surtirse ante los jueces del
lugar de los hechos, es decir, en la ciudad de Valledupar -Cesar, mas no por parte
del Consejo de Estado.
No obstante, indicó que en este caso “no ha vulnerado derecho fundamental alguno a
la hoy parte accionante, puesto que, la Dirección Territorial Nororiente de la
Superintendencia ya resolvió de fondo el recurso de apelación de la hoy parte accionante
(…) en la medida en que, sobre el recurso de apelación No. 20218200240752 del 31 de
marzo de 2021, ya fue emitida la resolución SSPD 20218200102905 el día 28 de abril de
2021, contenida en el expediente No. 2021820390114015E”.
Por lo anterior, requirió negar las pretensiones de la acción, dado que “a la fecha de
presentación de este informe, han desaparecidos (sic) los hechos objeto de reproche
constitucional, toda vez que, este organismo de vigilancia y control atendió de fondo y en
debida forma el recurso de apelación antes relacionado”.
Finalmente expuso que, en todo caso, el mecanismo constitucional sería
improcedente, comoquiera que contra la decisión que resuelve el recurso de
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apelación ante una reclamación de ruptura de solidaridad procede el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
1.6.2. El apoderado del “Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y/o del señor Presidente de la República”, pidió declarar
improcedente este asunto, porque la dependencia que él representa carece de
legitimación en la causa por pasiva frente a los hechos que fundan la acción de
tutela.
Además, advirtió que “vale la pena indicar que una vez consultado el sistema de
radicación de documentos de la Presidencia de la República, no se encontró ninguna
comunicación suscrita a nombre de la ñora (sic) ROCÍO DE LA CRUZ CALIER ARIAS,
identificada con cédula de ciudadanía número 49.732.020, como consta en la certificación
CERT22-001534 / IDM 13081012 del 14 de junio de 2022. En este sentido, la Presidencia
no tenía conocimiento de los hechos de manera previa, y por lo tanto no puede endilgarse
a esta entidad la vulneración de ningún derecho fundamental, en especial el derecho de
petición”.
1.6.3. Los demás sujetos procesales, pese a ser notificados en debida forma, no
emitieron pronunciamiento.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por la señora Rocío de la Cruz Calier Arias, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y
el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.
En ese orden, la Sección advierte que esta Corporación sí es la autoridad judicial
que debe conocer el mecanismo constitucional de la referencia, puesto que la
tutela, además de dirigirse en contra de una autoridad de orden nacional, también
se hizo frente al Presidente de la República2. Luego, en aplicación de los
numerales 113 y 12 del artículo primero del decreto ídem, que establece las reglas
de reparto de la acción de tutela, el Consejo de Estado es competente para
conocer de este mecanismo en primera instancia.
2.2. Cuestión previa –legitimación en la causa por pasiva del “Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y/o del señor Presidente de
la República”
!
2
Decreto 333 de 2021: Artículo primero: (…) 12. Las acciones de tutela dirigidas contra las
actuaciones del Presidente de la República, (…), serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, al Consejo de Estado. (…).
3
“11. Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y estas sean de
diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas
establecidas en el presente artículo”.
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Se recuerda que en este asunto se pidió desvincular a “la Presidencia de la
República y del señor Presidente de la República”, al considerar que carecen de
legitimación en la causa por pasiva para actuar, sin embargo, este requerimiento
será negado frente al Presidente de la República, dado que la demandante, con la
solicitud de amparo, elevó una pretensión en concreto frente a dicho mandatario.
En consecuencia, será con el estudio del caso concreto, y ante la acreditación de
que se acudió ante tal autoridad, que se determine si existió o no una omisión en
sus funciones.
Ahora, referente al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, esta Colegiatura accederá a tal petición, comoquiera que contra esta
dependencia no se dirigen las pretensiones de la acción constitucional, y según el
artículo 3 del referido Decreto 1784 de 20194, esta no tiene ninguna función que
sea acorde a la problema jurídico aquí planteado.
2.3. Problema jurídico
A esta Colegiatura le resulta pertinente precisar que con el mecanismo
constitucional de la referencia no se pretende controvertir un acto administrativo,
dado que su fundamento principal es una presunta mora administrativa por parte
de CARIBEMAR de la Costa S.A.S. ESP (Afinia) y la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, por el retardo de la primera en remitir el
expediente a su superior, y por la omisión de la segunda en resolver de fondo el
recurso impetrado, ello, al interior de un trámite de ruptura de solidaridad.
Por ello, en esta providencia no se hará alusión a la legalidad de ninguna
resolución, ya que no es el objeto de la acción que hoy nos ocupa, sumado a que,
para que ello ocurra en sede de tutela, se deben acreditar ciertos requisitos
constitucionales5 y jurisprudenciales6.
Precisado lo anterior, como problema jurídico le corresponde a la Sala determinar
si en el caso concreto se presenta una vulneración a los derechos fundamentales
advertidos por la accionante, por la presunta mora administrativa de la
Superintendencia de Servicios Públicos y la sociedad CARIBEMAR de la Costa
S.A.S. ESP (Afinia), con ocasión a la falta de resolución del recurso de apelación
!
4
“Artículo 4. Funciones generales. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, tendrá las siguientes funciones generales: (…)
5
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad como
presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el
numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
6
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.
Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es
contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los
derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
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impetrado en el trámite de la ruptura de solidaridad identificado con el radicado
NIC 5311271 y adelantado ante la última de las mencionadas.
Para el efecto se estudiará: (i) naturaleza de la acción de tutela; (ii); el derecho al
debido proceso; y (iii) el análisis del caso concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable7.
2.5. Derecho al debido proceso
La Constitución Nacional consagra el derecho al debido proceso, en el artículo 29
y prescribe que esta garantía “aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas”.
Por su parte, la Corte Constitucional en su reiterada jurisprudencia ha desarrollado
el debido proceso como derecho fundamental, de la siguiente manera8:
“El debido proceso constituye un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento
para las actuaciones tanto judiciales como administrativas, para la defensa de los
derechos de los ciudadanos, razón por la cual deben ser respetadas las formas
propias del respectivo proceso. Lo anterior garantiza la transparencia de las
actuaciones de las autoridades públicas y el agotamiento de las etapas previamente
determinadas por el ordenamiento jurídico. Por ello los ciudadanos sin distinción
alguna, deben gozar del máximo de garantías jurídicas en relación con las
actuaciones administrativas y judiciales encaminadas a la observancia del debido
proceso.” (Sentencia T- 078 de 1998).
“El derecho al debido proceso es el conjunto de garantías que buscan
asegurar a los interesados que han acudido a la administración pública o ante
los jueces, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El
incumplimiento de las normas legales que rigen cada proceso administrativo o
judicial genera una violación y un desconocimiento del mismo.” (Sentencia C- 339
de 1996)”.
!
7
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
8
Ver al respecto, entre otras, las sentencias unificación SU-1219 de 2001 y SU-159 de 2002 de la
Corte Constitucional.
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De conformidad con lo anterior, el debido proceso constituye un derecho
fundamental de obligatorio cumplimiento en el sentido de que tanto las autoridades
judiciales como administrativas deben ceñirse a un procedimiento preestablecido,
con el fin de limitar los poderes del Estado, salvaguardar el principio de legalidad y
garantizar la transparencia de las actuaciones de las autoridades del orden
público.
Además, esta garantía también se materializa en la obligación de tramitar los
mecanismos y recursos dispuestos para que los ciudadanos controviertan la
legalidad de los actos administrativos que consideren repercuten en la garantía de
sus derechos; actuaciones que en todo caso deben ajustarse a la observancia
plena de las disposiciones, términos y etapas consagradas en la normatividad
legal.
2.6. Caso concreto
Como viene de explicarse, la accionante consideró que se le vulneraron sus
derechos fundamentales por la presunta mora administrativa de CARIBEMAR de
la Costa S.A.S. ESP (Afinia) y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, materializada en el retardo de la primera en remitir el expediente a
su superior, y en la omisión de la segunda en resolver de fondo el recurso
impetrado, ello, al interior de un trámite de ruptura de solidaridad.
Asimismo, se tiene que la demandante solicitó que se ordene a la Procuraduría
General de la Nación y al Presidente de la República que emitir “las sanciones a
que haya lugar”, pretensiones que ocasionaron que el Despacho sustanciador de
este fallo requiriera a la señora Rocío de la Cruz Calier Arias, con el fin de que:
“(…) aporte, al presente expediente de tutela, copia digital de las actuaciones que
realizó ante la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación,
con el fin de establecer el eventual incumplimiento de esas dependencias en lo
referente a sus funciones.”
2.6.1. Ahora bien, debido a que la tutelante no atendió tal requerimiento, esta
Colegiatura no cuenta con los elementos suficientes para estudiar la presunta
omisión en la que incurrieron la Procuraduría General de la Nación y el Presidente
de la República, comoquiera que no se conoce el fundamento normativo o las
causales por las que la demandante acudió a tales dependencias, o si en efecto lo
hizo. Por tal razón, la Sala negará la solicitud de amparo constitucional en lo
referente a ordenar el impulso de sanciones, en lo que respecta a las entidades en
mención, comoquiera que no se puede analizar un eventual incumplimiento de
funciones cuando no se conocen las razones que la fundamentan.
2.6.2. Por su parte, esta Sección también negará los cargos dirigidos contra la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la empresa CARIBEMAR
de la Costa S.A.S E.S.P. (Afinia), por las razones que se pasan a exponer.
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En primer lugar, del material probatorio se pudo constatar que la señora Rocío de
la Cruz Calier Arias el 20 de enero de 2021 inició el trámite de ruptura de
solidaridad ante la empresa Afinia, que esta sociedad de servicios públicos
domiciliarios el 3 de febrero de 2021 le resolvió de manera desfavorable y que el
15 de marzo de 2021 ratificó tal disposición. Concediendo ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el recurso de apelación
correspondiente.
Enseguida se evidencia que la Superintendencia en mención recibió el
expediente el 31 de marzo de 20219 y resolvió la alzada el 28 de abril de 2021
a favor de la solicitante así:
“ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR la decisión No. 202170031063 del 3 de febrero
del 2021, proferida por la CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., decretando el
rompimiento de solidaridad de las obligaciones causadas y no pagadas por
consumos en el periodo de la existencia del vínculo solidario desde el 6 de enero de
2019, fecha en la que suscribió el contrato de arrendamiento, hasta el 18 de enero
del 2021, fecha en la que manifiesta el usuario que se terminó dicho contrato,
debiendo en consecuencia el propietario cancelar solo la primera factura en mora
que se haya generado durante la vigencia del contrato de arrendamiento respecto al
NIC 5324275, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
PARÁGRAFO: El prestador deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
resolución, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su
ejecutoria. Vencido este término y a más tardar al día hábil siguiente el prestador
deberá enviar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios constancia
del cumplimiento, acompañada de las pruebas respectivas. El incumplimiento de
esta obligación generará la imposición de las sanciones previstas en el artículo 90
de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el contenido de esta resolución
al señor (sic) ROCIO CALIER ARIAS quien recibe notificaciones en la CARRERA
19 8 61LOS MUSICOS de la ciudad de Valledupar (Cesar), haciéndole entrega de
una copia de la misma; y en caso de no poderse surtir la notificación personal,
procédase a la notificación por aviso, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
69 de la Ley 1437 de 2011. De igual forma en el evento de existir autorización
expresa para efectuar la notificación por correo electrónico, se procederá conforme
lo establece el artículo 67 del CPACA a la dirección electrónica que indique.”
Esta determinación se intentó notificar personalmente a la accionante, sin
embargo, según constancia de la empresa de mensajería 4-72, ello no fue
posible, debido a la causal de devolución consistente en que el lugar de destino
estaba “Cerrado”. Por lo tanto, la entidad procedió a notificar a la señora Calier
Arias, por medio de aviso, el 13 de mayo de 2021, como se puede apreciar a
continuación:
!
9
La Sala destaca que, si bien no se aportó la totalidad del expediente administrativo, en la
Resolución No. SSPD - 20218200102905 DEL 28-04-2021, la Superintendencia demandada
afirmó: “El prestador CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., identificada con NIT 9013809491,
mediante acto No. 202170074643 del 15 de marzo del 2021, resolvió la de- cisión recurrida
ratificándola. Y concedió la apelación ante esta Superintendencia, remitiendo el expediente
que fue recibido bajo el radicado No. 20218200240752 de fecha 31 de marzo del 2021.”
(énfasis de la Sección)
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Decisión que fue comunicada al representante legal de la sociedad Afinia a
través de medios electrónicos, como se puede evidenciar en las siguientes
capturas de pantalla:
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En conclusión, se advierte que el 28 de abril de 2021, es decir, antes de que se
radicara la presente solicitud de amparo (9 de junio de 2022), la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios resolvió, en el plazo de 28 días calendario y 18
días hábiles, el recurso de apelación interpuesto dentro del requerimiento de
ruptura de solidaridad radicado por la demandante, trámite que a la postre fue
favorable a los intereses de la peticionaria, en el sentido de que la propietaria del
inmueble solo debe cancelar “la primera factura en mora que se haya generado
durante la vigencia del contrato de arrendamiento respecto al NIC 5324275”.
Ahora, si bien la Ley 142 de 1994 o la Ley 1437 de 2011 no establecen un término
para que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resuelva el
recurso de apelación en mención, por remisión expresa de los artículos 13 y 14 de
la Ley 1437 de 2011, se tiene que, salvo disposición legal especial en contrario,
las! autoridades competentes tienen un plazo general y expreso de 15 días hábiles
para resolver los recursos administrativos promovidos.
Asimismo, si no fuere posible resolverlos en dicho término, por concurrir de
manera excepcional las condiciones fácticas y jurídicas descritas en el parágrafo
del artículo 14, deberán resolverse en un plazo que no exceda los 30 días desde
su oportuna interposición10.
Criterio que a la postre se encuentra acorde con el concepto de la Sala de
Consulta Civil de esta Corporación11, en el cual se precisa que el plazo que
contempla el artículo 86 de la Ley 1437 de 2011, del silencio administrativo
negativo12, -dos (2) meses-, no se puede considerar, “en modo alguno como el
!
10
Ver al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, fallo de 3 de marzo
de 2022, expediente 11001-03-15-000-2021-05822-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
11
Ver Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, concepto con radicado No. 2123,
expediente 11001-03-06-000-2012-00084-00, del 29 de octubre de 2012, M.P. Luis Fernando
Álvarez Jaramillo.
12
“Artículo 86. Silencio administrativo en recursos. Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este
Código, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la interposición de los
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Demandante: Rocío de la Cruz Calier Arias
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03144-00
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término máximo con el que se cuenta para decidir tales recursos”, dado que tal lapso
atiende a la posibilidad que tiene el usuario para acudir a la administración de
justicia, donde cabe destacar que “la ocurrencia del silencio negativo previsto en este
artículo no exime a la autoridad de responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no
se hubiere notificado auto admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
De todo lo anterior, se pudo constatar que:
• La empresa Afinia resolvió la petición de ruptura de solidaridad que radicó
la señora Calier Arias en el plazo de diez (10) días hábiles13.
• Los recursos de reposición y apelación fueron radicados el 12 de marzo de
2021, y el primero fue resuelto el 15 de marzo de 2021 y el segundo se
concedió al superior en la misma fecha.
• La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en mención
recibió el expediente el 31 de marzo de 2021.
• El 28 de abril de 2021 el recurso de apelación fue resuelto a favor de la
solicitante mediante la Resolución No. SSPD - 20218200102905.
• El 13 de mayo de 2020 se notificó la Resolución No. SSPD –
20218200102905 a la señora a través de aviso, ante la imposibilidad de
efectuar tal trámite de manera personal.
2.7. Conclusión
En consecuencia, esta Colegiatura negará la solicitud de amparo, comoquiera que
no se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante,
puesto que el trámite de requerimiento de ruptura de solidaridad atendió los
términos normativos para el efecto14, fue resuelto de fondo y se notificó por aviso,
en el sentido de establecer que propietaria del inmueble solo debe cancelar “la
primera factura en mora que se haya generado durante la vigencia del contrato de
arrendamiento respecto al NIC 5324275”.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: ACCEDER al requerimiento de desvinculación frente al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Presidente de la República.
!
recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se
entenderá que la decisión es negativa.”
13
La petición fue radicada el 20 de enero de 2021 y se resolvió el 3 de febrero de 2021.
14
Ver al respecto el “Capítulo VII” de la Ley 142 de 1992, titulado “DEFENSA DE LOS USUARIOS
EN SEDE DE LA EMPRESA”, particularmente los artículos 152, 153, 154 y 158.
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Demandante: Rocío de la Cruz Calier Arias
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03144-00
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TERCERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales deprecados por la
señora Rocío de la Cruz Calier Arias.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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