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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05822-01

Fecha
3 de marzo de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
22 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05822-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DESVINCULAR del presente trámite a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de noviembre de 2021 proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, que amparó el derecho fundamental al debido proceso de la señora Gina Paola de Ávila Quintero, pero con fundamento en lo consignado en la parte motiva de esta providencia TERCERO: MODIFICAR el numeral tercero del proveído del 25 de noviembre y en su lugar EXHORTAR a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP – Afinia para que, en lo sucesivo, no incurra en la remisión de expedientes de manera incompleta ni en demoras injustificadas cuando se requiera su complementación, pues ello repercute directamente en la garantía de los derechos fundamentales de los usuarios. CUARTO: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia impugnada para en su lugar ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva el recurso de apelación interpuesto por la accionante al interior del trámite de ruptura de solidaridad iniciado ante la empresa prestadora. QUINTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. SEXTO: REMITIR dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y envíese copia de aquella al Despacho de origen. 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Gina Paola de Ávila Quintero Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2021-05822-01

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-05822-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

3 de marzo de 2022

Demandante: Gina Paola de Ávila Quintero
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-05822-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., tres (03) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-05822-01
Demandante: GINA PAOLA DE ÁVILA QUINTERO
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Tutela de fondo – Trámite de recurso de apelación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación presentada por la sociedad CARIBEMAR DE LA
COSTA S.A.S. ESP (Afinia) contra el fallo del 25 de noviembre de 2021, a través del
cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, amparó los derechos
fundamentales de la señora Gina Paola de Ávila Quintero al encontrar configurada la
vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. La señora Gina Paola de Ávila Quintero, por intermedio de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela1 contra el presidente de la República, la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios y CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP
(Afinia). En el escrito solicitó la protección de su derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia.

2. En criterio de la parte actora, tal garantía constitucional fue vulnerada por
parte de las autoridades accionadas con ocasión de la falta de trámite del recurso de
apelación que, subsidiariamente, impetró en el proceso de ruptura de solidaridad que
adelantó ante CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP (Afinia), con radicado NIC
5313268, cuya resolución correspondía a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.

1 Allegada el día 01 de septiembre de 2021 y repartida para trámite el día siguiente, con informe
electrónico de la Secretaría General de la Corporación.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Gina Paola de Ávila Quintero
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-05822-01

1.2 Pretensiones

3. Con base en lo anterior, solicitó en su escrito de tutela:

“PRIMERO: Que el juez constitucional ampare el derecho fundamento de acceso a la
administración de justicia.
SEGUNDO: Que el juez constitucional ordene al presidente a ejercer sus funciones
constitucionales y legales, sancionando y obligando a la empresa afinia a cumplir con
la ley.
TERCERO: Que el juez ordene a la supserservicios (sic) a cumplir con la ley.
CUARTO: Que en lo sucesivo tanto la superservicios como la empresa afinia no
vuelvan a incumplir con lo que ordena la constitución y la ley.
QUINTO: Remitir copia a la procuraduría general de la nación para que investigue las
faltas que cometieron la superintendente de servicios públicos domiciliarios y el
gerente general de la empresa afinia”. (sic para toda la cita)

1.3. Hechos

4. La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan,
los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:

5. Mediante petición de 8 de abril de 2021, la señora Gina Paola de Ávila
Quintero inició trámite de ruptura de solidaridad ante la sociedad CARIBEMAR DE
LA COSTA S.A.S. ESP (Afinia), respecto del servicio de energía eléctrica prestado
en el periodo contractual comprendido entre el 2 de febrero de 2019 y el 14 de
diciembre de 2020. Este trámite fue resuelto de manera desfavorable para la actora,
mediante la Resolución c202170105055 del 20 de abril de 2021.

6. Inconforme con tal determinación, la señora Gina Paola de Ávila Quintero
promovió contra la mencionada resolución recurso de reposición y en subsidio de
apelación.

7. El recurso de reposición fue resuelto de manera desfavorable mediante
comunicado 202170114472 del 28 de abril de 2021. En la misma fecha, se le informó
a la tutelante de la remisión del expediente a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios2 para que, en su condición de superior jerárquico, resolviera la
apelación.

8. Al solicitar información ante la Superintendencia de Servicios por el estado del
recurso de apelación promovido, dicha entidad le comunicó a la señora Gina Paola
de Ávila Quintero que no reposaba ningún expediente relacionado con su caso y que
no tenían conocimiento de dicho proceso. Por lo anterior, le proporcionaron un

2 Mediante oficio RE3110202117619 del 28 de abril del 2021.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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documento con el propósito de requerir su expediente a la empresa CARIBEMAR DE
LA COSTA S.A.S. ESP (Afinia).

9. Inconforme con ello, la señora de Ávila Quintero interpuso acción de tutela
contra el presidente de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP (Afinia), por la falta de
trámite del recurso de apelación que impetró en el proceso de ruptura de solidaridad,
con radicado NIC 5313268.

1.4. Fundamentos de la vulneración

10. La accionante aseguró que el proceder de las autoridades accionadas, al no
dar trámite al recurso de apelación que, en subsidio, interpuso contra la decisión de
la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP (Afinia), cuyo conocimiento
correspondía a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vulneró su
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

1.5. Actuaciones relevantes

1.5.1. Admisión de la acción de tutela

11. Mediante auto del 3 de septiembre de 2021, la magistrada ponente de la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar al presidente de la República y al superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios, en calidad de accionados, y dispuso vincular al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por tener
interés en el resultado del mecanismo constitucional promovido.

12. Luego, a través de auto del 27 de septiembre de 2021, ordenó la vinculación y
notificación de la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP (Afinia) en
calidad de accionada.

1.5.2. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.2.1. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

13. Mediante oficio del 10 de septiembre 20213 sostuvo que, al tratarse de una
entidad del orden nacional, el Consejo de Estado carecía de competencia para
conocer del trámite constitucional promovido.

3 Con radicado 20211323886071.

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14. Al margen de lo anterior, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y/o
negar sus pretensiones por considerar que no existía de su parte vulneración del
derecho fundamental de la tutelante cuya protección invocaba. Ello, por cuanto
sostuvo que a la fecha de la contestación del mecanismo de amparo no había
recibido, por parte de la empresa prestadora del servicio público domiciliario, el
expediente completo de la accionante para resolver el recurso de apelación
promovido y relacionado con la solicitud de ruptura de solidaridad que fue resuelta de
manera desfavorable.

15. Sostuvo que dicha circunstancia imposibilitaba a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios resolver de fondo la apelación promovida, pues no
podía pronunciarse acerca de un expediente remitido de manera incompleta, siendo
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP (Afinia) la llamada a solucionar la
problemática planteada por la parte actora.

1.5.2.2. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP – AFINIA

16. Por su parte, la empresa prestadora se opuso a la prosperidad de las
pretensiones contenidas en la acción de tutela, solicitando se declarara su
improcedencia o se denegara, con fundamento en que: i) no vulneró derecho
fundamental alguno de la accionante, ii) el asunto no satisface el requisito de la
subsidiariedad, pues sostuvo que la tutelante podía demandar ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo las decisiones de Afinia y de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios. Finalmente, señaló que iii) tampoco se acreditó la
configuración de un perjuicio irremediable.

17. En específico, sostuvo que el 20 de abril de 2021 resolvió de fondo la
reclamación radicada por la accionante el día 08 del mismo mes y año, mediante la
cual solicitaba el rompimiento de la solidaridad por las deudas del suministro del
servicio con NIC-5313268, en el periodo comprendido entre febrero de 2019 y
diciembre de 2020.

18. Asimismo, que el 28 de abril siguiente se pronunció de manera completa
frente al recurso de reposición promovido por la actora, y que una vez resuelto, y en
atención a que, en subsidio se apeló, le notificó que remitiría el expediente del caso a
la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios, pues sería dicha entidad
quien definiría acerca del caso. Indicó que el día 18 de mayo de 2021, envió al ente
de vigilancia el expediente completo, de lo cual aportó soporte de remisión.

1.5.2.3. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

19. A través de oficio el 10 de septiembre de 2021, expuso que verificados los
hechos y pretensiones que originaron la acción de tutela, se evidencia que los

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mismos no guardan relación con alguna acción u omisión en que haya incurrido
dicha entidad frente al caso en concreto.

20. En tal sentido, señaló que no se pronunciaría respecto al trámite constitucional
adelantado y, en virtud de las disposiciones del artículo 610 de la Ley 1564 de 2012,
tampoco intervendría facultativamente. Solicitó, a su vez, su desvinculación de la
acción de tutela.

1.5.2.4. La Presidencia de la República y el Ministerio Público, pese a ser
notificados en debida forma, no emitieron pronunciamiento.

1.5.3. Sentencia de primera instancia

21. Una vez realizadas algunas precisiones jurisprudenciales en torno al derecho
al debido proceso, el a quo hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en el
trámite de ruptura de solidaridad iniciado por la tutelante ante la empresa
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP (Afinia), identificado con NIC: 5313268.

22. En dicho análisis estableció lo siguiente:

i) La accionante elevó una reclamación ante AFINIA, respecto del cobro solidario
efectuado por la prestación del servicio de energía eléctrica del 2 de febrero de 2019
al 14 de diciembre de 2020.

ii) Mediante comunicación del 20 de abril de 20214, AFINIA resolvió de manera
desfavorable el trámite referido. Inconforme con tal determinación, la señora Gina
Paola de Ávila Quintero interpuso recurso de reposición, y en subsidio de apelación,
el cual fue desatado el día 28 del mismo mes y año. En la respuesta, luego de no
acceder a lo pretendido, la entidad prestadora del servicio público informó que
remitiría “el expediente del caso a la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios
una vez se surta la notificación personalmente o por aviso, y será dicha entidad quien defina
acerca del caso”.

iii) El 9 de julio de 20215, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
devolvió el expediente 2021820390122103E remitido por la entidad prestadora. Lo
anterior, al sostener que se encontraba incompleto en la medida que no figuraba la
petición presentada por la tutelante que dio inicio al trámite de ruptura, documento
esencial según lo establecido en la Circular No. 03 del 14 de Junio de 2004.

iv) La Superintendencia devolvió la documentación remitida, solicitando a la
empresa prestadora abstenerse de seguir remitiendo expedientes con estas
anomalías y, además, le concedió un término de 3 días siguientes al recibo de dicha

4 Consecutivo No.202170105055.
5 Mediante oficio 20218202664481.

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comunicación, para que se remitiera de forma completa el expediente relacionado
con la petición de la señora de Ávila Quintero.

23. Luego de elaborado dicho análisis, la Sección Segunda, Subsección B de esta
Corporación, arribó a la conclusión que pese a que la empresa prestadora del
servicio de energía, en su momento, esto es el 28 de abril de 2021, remitió el
expediente correspondiente ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios para que resolviera el recurso de apelación impetrado por la
accionante6, lo cierto es que no se advertía prueba de que hubiese atendido el
requerimiento hecho por el ente de control y vigilancia a través del oficio del 9 de julio
de 2021 que dispuso la devolución del expediente y la remisión del mismo en los
términos solicitados, esto es, de manera completa e incluyendo los documentos que
no fueron incluidos en el envío inicial.

24. En consecuencia, al no encontrar el juez constitucional de primera instancia
prueba de que la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP – Afinia hubiera
realizado un envío posterior al 09 de julio de 2021 del expediente de la accionante
para que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desatara la
apelación, dispuso, mediante sentencia del 25 de noviembre de 2021, amparar el
derecho al debido proceso de Gina Paola de Ávila Quintero.

25. Lo anterior, luego de encontrar configurada la vulneración del derecho al
debido proceso de la accionante, al considerar que se le cercenó su garantía a la
doble instancia, respecto de la reclamación iniciada por el cobro solidario de la
prestación del servicio de energía.

26. Bajo tal orientación, ordenó a la empresa prestadora remitir, de manera
completa, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el expediente
identificado NIC: 5313268, según se le requirió. Igualmente, dispuso instar al ente
supervisor para que, una vez recibiera el expediente reseñado, procediera a resolver
el recurso de apelación en los términos legales establecidos.

1.5.4. Impugnación

27. Por escrito radicado oportunamente el 19 de enero de 20227, la sociedad
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP (Afinia), accionada dentro del proceso de
tutela, impugnó el proveído de primera instancia.

28. En síntesis, sostuvo que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, mediante la sentencia que amparó el derecho al debido proceso de la accionante,
no advirtió que en su contestación a la tutela precisó todo el trámite dado a la

6 Esto es contra el oficio de 20 de abril de 2021, que resolvió de manera desfavorable su reclamación.
7 El fallo de primera instancia fue notificado el 14 de enero de 2022 y mediante auto del 27 de enero

del mismo mes y año fue concedida la impugnación.

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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reclamación de la actora y aportó toda la documentación necesaria para efectos de
comprobar que, luego de la solicitud que hizo la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios el 9 de julio de 2021, remitió el día 23 de septiembre siguiente
el expediente en los términos y condiciones solicitadas para efectos de que pudiera
desatarse la apelación.

29. Así, sostuvo que no incurrió en la omisión señalada y, por tanto, no vulneró
derecho alguno de la tutelante. En consecuencia, solicitó que se revocara la decisión
de primera instancia, y en su lugar, se niegue el amparo deprecado.

30. Finalmente, manifestó que sin perjuicio de lo anterior el día 19 de enero de
2022, envió nuevamente el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia impugnada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

31. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra
de la sentencia de primera instancia proferida el 25 de noviembre de 2021 por la
Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, de conformidad con el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991, modificado por el Decreto 333 de 2021 y con el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Respecto de la solicitud de desvinculación de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado

32. En el escrito de contestación de la demanda, la entidad solicitó su
desvinculación del vocativo de la referencia. Frente al particular, esta Sala accederá
a lo pretendido, en la medida en que pese a que no se le atribuya una acción u
omisión que genere la vulneración de los derechos invocados por el actor, la
naturaleza del asunto no implica una orden que pudiera afectarla.

2.3. Legitimación en la causa8

33. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

8 Ver posición reiterada y reciente: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 25 de
noviembre de 2021. Rad. 2021-06578-00.

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34. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá
ejercer la acción descrita por sí misma o por representante, o a través de un agente
oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en
condiciones de promover su propia defensa.

35. Desde que fue proferida la sentencia T-416 de 1997, en ella se estableció que
la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de
fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del
interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.

36. En la sentencia T-086 de 2010, la Corte Constitucional reiteró que “esta
exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un
derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se
opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través
de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.

37. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación
en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción
de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al
juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el
derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

38. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que deben
concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo especial
énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó
reiterado en la SU-454 de 2016, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de
la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y
constituye un presupuesto procesal de la demanda9.

39. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la
señora Gina Paola de Ávila Quintero es la persona que promovió el recurso de
apelación dentro del trámite de ruptura de solidaridad adelantado, el cual alegó que
no había sido puesto en conocimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios por parte de la empresa la sociedad CARIBEMAR DE LA COSTA
S.A.S. ESP (Afinia). En consecuencia, está legitimada en la causa por activa.

40. Por otro lado, la Sala evidencia que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y la sociedad CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP (Afinia), se
encuentran legitimados en la causa por pasiva, en tanto es a las mismas que
corresponde el trámite y resolución de fondo de los recursos que, en la vía
gubernativa, interpuso la actora.

9 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511 de 2017; y

Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318 de 2018.

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2.4. Problema jurídico

41. Corresponde en este caso determinar si de conformidad con la situación
fáctica expuesta, el material probatorio recaudado y los argumentos planteados en el
escrito de impugnación hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo de primera
instancia proferido por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
que amparó el derecho al debido proceso de la señora Gina Paola de Ávila Quintero.

42. Bajo esta óptica debe establecerse si el a quo constitucional, tal y como indicó
la sociedad CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP (Afinia), desatendió que en su
contestación de la tutela arrimó los elementos probatorios que dan cuenta de que, en
efecto, remitió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el
expediente de conformidad con las directrices dadas por esta última entidad el día 9
de julio de 2021, para poder resolver el recurso de apelación promovido por la
accionante al interior del trámite de ruptura de solidaridad.

43. Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el
criterio de la Sección sobre las generalidades de la acción de tutela; (ii) el derecho al
debido proceso y ii) el análisis del caso concreto.

2.5. Generalidades de la acción de tutela

44. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto Ley 2591 de 1991.

45. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la
subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho
fundamental que se dice vulnerado o amenazado.

46. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro
medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un
perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo
transitorio.

47. La acción se reglamentó por medio del Decreto Legislativo 2591 de 1991, el
cual en su artículo 6 consagra las siguientes causales de improcedencia de la acción
cuando: (i) existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella

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se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; (ii) para
proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus; (iii) se pretenda
proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el
artículo 88 de la Constitución; (iv) sea evidente que la violación del derecho originó
un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del
derecho; (v) se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.

48. En cuanto a la inmediatez, se advierte superado el requisito en el entendido de
que la accionante presentó el mecanismo de amparo en el término que
jurisprudencialmente se ha estimado razonable para tal efecto. En específico se tiene
que la Superintendencia devolvió el expediente por su remisión incompleta por parte
de la empresa prestadora el día 09 de julio de 2021, mientras que la acción de tutela
se interpuso el 1 de septiembre siguiente.

49. En lo que se refiere a la subsidiariedad, la Sala estima superado el requisito
por cuanto la accionante no tenía a su disposición otro mecanismo idóneo distinto a
la tutela para lograr que las accionadas tramitaran al recurso de apelación que,
subsidiariamente, promovió contra el oficio de 20 de abril de 2021, que resolvió de
manera desfavorable su reclamación al interior de proceso de ruptura de solidaridad
que adelantó ante CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP (Afinia), con radicado
NIC 5313268.

2.6. Derecho al debido proceso

50. La Constitución Nacional consagra el derecho al debido proceso, en los
siguientes términos, a saber:

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y
el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido
proceso”.

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51. A pesar del conjunto de eventualidades previstas por el texto constitucional
transcrito, esta es una norma con estructura de cláusula abierta. En ese sentido, fija
un listado de hipótesis netamente enumerativas que dan lugar a que se incluyan
otros posibles eventos plenamente encuadrables dentro del contenido de su
concepto. Por lo tanto, se puede afirmar que el derecho fundamental al debido
proceso no se agota en el enunciado del artículo 29 Superior, toda vez que su
protección concreta ha revestido un gran número de casos diferentes que han sido
abordados por la jurisdicción en general.10

52. Por ello, la Corte Constitucional en su reiterada jurisprudencia ha desarrollado
el debido proceso como derecho fundamental, de la siguiente manera:

“El debido proceso constituye un derecho fundamental de obligatorio
cumplimiento para las actuaciones tanto judiciales como administrativas, para
la defensa de los derechos de los ciudadanos, razón por la cual deben ser
respetadas las formas propias del respectivo proceso. Lo anterior garantiza la
transparencia de las actuaciones de las autoridades públicas y el agotamiento
de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico. Por ello
los ciudadanos sin distinción alguna, deben gozar del máximo de garantías
jurídicas en relación con las actuaciones administrativas y judiciales
encaminadas a la observancia del debido proceso.” (Sentencia T- 078 de
1998).

“El derecho al debido proceso es el conjunto de garantías que buscan
asegurar a los interesados que han acudido a la administración pública o
ante los jueces, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.
El incumplimiento de las normas legales que rigen cada proceso administrativo
o judicial genera una violación y un desconocimiento del mismo.” (Sentencia C-
339 de 1996)”.

53. De conformidad con lo anterior, el debido proceso constituye un derecho
fundamental de obligatorio cumplimiento en el sentido de que tanto las autoridades
judiciales como administrativas deben ceñirse a un procedimiento preestablecido,
con el fin de limitar los poderes del Estado, salvaguardar el principio de legalidad y
garantizar la transparencia de las actuaciones de las autoridades del orden público.

54. Además, el debido proceso también se materializa en la obligación de tramitar
los mecanismos y recursos dispuestos para que los ciudadanos controviertan la
legalidad de los actos administrativos que consideren repercuten en la garantía de
sus derechos; actuaciones que en todo caso deben ajustarse a la observancia plena
de las disposiciones, términos y etapas consagradas en la normatividad legal.

10 Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional SU-1219 del 21.11.2001 y SU-159 del

06.03.2002.

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2.7. Caso Concreto

55. Como se ha puesto de presente en líneas precedentes, la sociedad
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP (Afinia), accionada dentro del proceso de
tutela, impugnó el fallo proferido en primera instancia por la Sección Segunda,
Subsección B de esta Corporación.

56. Lo anterior, por considerar que no tuvo en cuenta los elementos probatorios
arrimados al proceso a través de la contestación de la tutela, según los cuales sí
remitió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el expediente
identificado NIC: 5313268, de manera completa, luego del requerimiento hecho por
dicha entidad el 9 de julio de 202111 que dispuso la devolución en la medida en que
la documentación aportada resultaba incompleta para desatar la apelación.

57. En este sentido, la Sala analizará la contestación de la tutela y sus soportes,
con el fin de determinar si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia
proferido por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.

58. Bajo esta óptica, de la contestación de la acción de tutela hecha el día 12 de
noviembre de 2021, se tiene que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP (Afinia),
sostuvo, con relación a la afirmación hecha por la accionante respecto a que dicha
empresa no envió el expediente completo a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios para que desatara la apelación, lo siguiente:

“como lo habíamos indicado en hechos anteriores la empresa el día 18 de Mayo de
2021, envía a la Superintendencia de Servicios Públicos el expediente contentivo de
74 folios, que fue enviado al correo institucional del ente de control
dtnorte@superservicios.gov.co, como lo demostramos con la copia del Documento
No. 20218202664481 - 20218201047192 - FOLIOS 74, envío expediente completo”
(Énfasis de la Sala)

59. Para corroborar lo afirmado, en su escrito incluyó un pantallazo del envío del
expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos el día 18 de mayo de 2021 y
luego de ello, se refirió a la legitimación en la causa por pasiva así:

11 Mediante oficio 20218202664481.

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60. Del análisis del contenido de la contestación de la tutela se tiene que
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP (Afinia) no expresó siquiera sucintamente
haber atendido el requerimiento hecho por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios mediante oficio del 09 de julio de 2021, mediante el cual se le devolvió
el expediente a fin de que fuera complementado y retornado nuevamente para
efectos de que el ente de control y vigilancia desatara en debida forma la apelación
propuesta.

61. No obstante lo anterior, una vez revisadas las piezas arrimadas con la
contestación de la tutela se tiene que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP
(Afinia) remitió el día 23 de septiembre de 2021 a un correo electrónico de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, puntualmente al buzón de la
dirección territorial norte dtnororiente@superservicios.gov.co, un documento
denominado “DEVOLUCION DE EXPEDIENTE - GINA PAOLA DE AVILA
QUINTERO - NIC 5313268 - 20218202664481 - 20218201047192 - FOLIOS 74.pdf”,
así:

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62. En este sentido, se advierte que contrario a lo afirmado por la Subsección B de
la Sección Segunda de esta Corporación, la entidad prestadora –hoy impugnante-,
pese a no mencionarlo en su contestación de la tutela, sí incluyó en los anexos
remitidos, soporte de un nuevo envío del expediente de la accionante a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el día 23 de septiembre de
2021, esto es, posterior al oficio del 09 de julio de 2021, mediante el cual se efectuó
la devolución del asunto al estar incompleto.

63. En este punto debe ponerse de presente que el día 10 de septiembre de 2021,
el ente de vigilancia y control manifestó en su contestación a la tutela que a la fecha
no había recibido la complementación del expediente solicitada a la entidad
prestadora para resolver el recurso, pues como se expuso, tal remisión se llevó a
cabo solo hasta el 23 del mismo mes y año, es decir, en una fecha posterior a la
contestación por parte de la Superintendencia.

64. Ahora bien, al margen del hecho de que durante el trámite constitucional la
entidad prestadora remitió nuevamente el expediente al ente supervisor, no puede
pasar inadvertido para la Sala que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, mediante el pluricitado oficio del 09 de julio de 2021, otorgó a la
impugnante el término de 3 días siguientes al recibo de dicha comunicación, para
que remitiera de forma completa el expediente relacionado con la petición de la
señora De Ávila Quintero, y dicha empresa, procedió en tal sentido solo hasta el 23
de septiembre de 2021, es decir, más de dos meses después -sin que mediara
ninguna justificación en el plenario- situación que, indefectiblemente, repercutió
negativamente en los derechos de la accionante.

65. Con la precisión anterior, y teniendo claro que CARIBEMAR DE LA COSTA
S.A.S. ESP (Afinia) remitió el día 23 de septiembre de 2021 el expediente completo a
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que resolviera el

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recurso de apelación, corresponde a la Sala constatar si el ente supervisor procedió
en tal sentido.

66. Para el efecto, se entabló comunicación telefónica con la parte actora a fin de
conocer si, luego del reenvío del expediente por parte de la empresa a la
Superintendencia, le había sido suministrado algún número de radicado frente a
dicho trámite con el que pudiera consultarse su estado en el sitio web del órgano de
vigilancia. Al respecto, se manifestó que al asunto objeto de interés se asignó el
número 20228600607781.

67. En ese orden de ideas, la Sala verificó en la página web de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios12 el estado del recurso de
apelación promovido con el número de radicado informado.

Al respecto, se arrojó el siguiente resultado13:

68. Como se observa de la imagen, solo hasta el 21 de febrero de 2022, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios asignó número de radicado al
trámite relacionado con el recurso de apelación que la entidad prestadora del servicio
público de energía remitió de manera completa el 23 de septiembre de 2021.

69. Arribados a este punto debe recordarse que de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, particularmente en su artículo 158, “las
peticiones y recursos serán tramitados de conformidad con las normas vigentes sobre el
derecho de petición”.

70. Lo anterior, remite indefectiblemente a los artículos 1314 y 1415 de la Ley 1437
de 2011, según los cuales salvo disposición legal especial en contrario, las

12 https://www.superservicios.gov.co/
13 Consultado el 25.02.22

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autoridades competentes tienen un plazo general y expreso de 15 días hábiles para
resolver los recursos administrativos promovidos. Y si no fuere posible resolverlos en
dicho término, por concurrir de manera excepcional las condiciones fácticas y
jurídicas descritas en el parágrafo del artículo 14, deberán resolverse en un plazo
que no exceda los 30 días desde su oportuna interposición.

71. En específico, el artículo 79 ídem se refiere al plazo para resolver los recursos
de reposición y de apelación, de la siguiente manera:

“Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el
efecto suspensivo.

Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que
al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha
de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio.

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que
interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de
cinco (5) días.

Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que
con la prórroga el término exceda de treinta (30) días.

14 “Artículo 13: OBJETO Y MODALIDADES DEL DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES:

Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos
señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución
completa y de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de
petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo.
Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la
intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un
servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a
través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades
dedicadas a su protección o formación.
15 Artículo 14: TÉRMINOS PARA RESOLVER LAS DISTINTAS MODALIDADES DE PETICIONES:

Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro
de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de
las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para
todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.

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En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el
término probatorio.” (Énfasis propio)

72. De la disposición normativa referenciada se observa que los recursos, salvo
que se requiera la práctica de pruebas, deben resolverse de plano, sin que se
contemple un plazo específico para hacerlo, razón por la cual se acude al inciso
primero del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, según el cual, como se comentó, las
autoridades tienen un plazo general y expreso de 15 días hábiles para resolver los
recursos administrativos promovidos y, eventualmente, 30 días desde su
interposición so pena de sanción disciplinaria.

73. Desde esta perspectiva, y sin lugar a mayores disquisiciones frente al
particular, para esta Sala resulta evidente que el término legal concedido para
efectos de resolver de fondo el recurso promovido por la accionante se encuentra
ampliamente superado, ello, si se tiene en cuenta que, pese al envío del expediente
el 23 de septiembre de 2021, el mismo, casi 5 meses después, se encuentra en
trámite, situación que, también, irroga un impacto negativo en los derechos de la
señora de Ávila Quintero sin que medie consideración alguna que justifique tal mora
administrativa.

74. Por lo expuesto, se considera que tanto CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.
ESP (Afinia) como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de la accionante. La primera
con ocasión a la remisión inicial del expediente de manera tardía16 e incompleto y a
la posterior demora en su complementación, mientras que el ente supervisor en
razón a no haber resuelto de fondo la apelación luego de 5 meses de remitida por
parte de la empresa prestadora del servicio público de energía.

75. En consecuencia, la Sala confirmará el amparo del derecho fundamental al
debido proceso de la señora Gina Paola de Ávila Quintero pero de conformidad con
lo expuesto en esta providencia.

76. De otra parte modificará el numeral tercero en el sentido de instar a
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP – Afinia para que, en lo sucesivo, no
incurra, como en el sub júdice, en la remisión de expedientes de manera incompleta
ni en demoras injustificadas cuando se requiera su complementación, pues ello
repercute directamente en la garantía de los derechos fundamentales de los
usuarios.

77. Igualmente, se modificará el numeral cuarto a fin de que la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, luego de notificada esta providencia, proceda a
resolver el recurso de apelación elevado por la tutelante.

16
Hasta el 18 de mayo de 2021, pese a resolver la reposición el 28 de abril del mismo año.

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2.8. Conclusión

Esta Sala de Decisión estima que las entidades accionadas incurrieron en conductas
que vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora, sin que
haya mediado justificación para ello, tal y como se expuso en la presente
providencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DESVINCULAR del presente trámite a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de noviembre de 2021 proferida por la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, que amparó el derecho
fundamental al debido proceso de la señora Gina Paola de Ávila Quintero, pero con
fundamento en lo consignado en la parte motiva de esta providencia

TERCERO: MODIFICAR el numeral tercero del proveído del 25 de noviembre y en
su lugar EXHORTAR a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP – Afinia para que,
en lo sucesivo, no incurra en la remisión de expedientes de manera incompleta ni en
demoras injustificadas cuando se requiera su complementación, pues ello repercute
directamente en la garantía de los derechos fundamentales de los usuarios.

CUARTO: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia impugnada para en su
lugar ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que en el
término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva el
recurso de apelación interpuesto por la accionante al interior del trámite de ruptura de
solidaridad iniciado ante la empresa prestadora.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

SEXTO: REMITIR dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y
envíese copia de aquella al Despacho de origen.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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