Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03812-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03812-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03812-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
8 de septiembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03812-00
Demandante: José Antonio Medina Peralta
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-03812-00
Demandante JOSÉ ANTONIO MEDINA PERALTA
Demandado PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas Acción de tutela. Mora administrativa. Ruptura de solidaridad.
Servicio de energía.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia, la acción de tutela
instaurada por José Antonio Medina Peralta, de conformidad con lo dispuesto por
los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 12 de julio de 20221, José Antonio Medina Peralta instauró acción de tutela, en
nombre propio, contra la Presidencia de la República, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, la Procuraduría General de la Nación y la sociedad
Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
petición y al mínimo vital. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: Que el juez constitucional ampare los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION (sic) DE JUSTICIA, DERECHO DE
PETICION.
SEGUNDO: Que el juez constitucional ordene a la superservicios a cumplir con la ley y dar
respuesta a mi recurso de apelación.
TERCERO: Que el honorable magistrado sancione conforme al decreto-ley 2591 de 1991 al
superintendente por incumplimiento de una orden judicial.
CUARTO: Remitir copia a la procuraduría general de la nación para que investigue las faltas
que cometieron la superintendente de servicios públicos domiciliarios, el representante legal
y el jefe de jurídica de la empresa.
QUINTO: Que el honorable magistrado ordene al presidente a que en ejercicio de sus
funciones emita una orden para que el superintendente cumpla con las órdenes impartidas
por los jueces y no incurra en más violaciones de los derechos fundamentales”.
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El accionante aseguró que inició trámite administrativo ante “la empresa
Caribemar de la Costa S.A.S ESP”, con el fin de que no se aplicara la figura de
solidaridad; de manera que únicamente se le cobrara la primera factura del
servicio de energía dejada de pagar por el arrendatario del inmueble. Lo
anterior como consecuencia de que el arrendatario a quien confió su inmueble
no pagó el servicio público consecutivamente.
1 Índice 2 en Samai.
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Demandante: José Antonio Medina Peralta
2.2. Mediante Oficio Nro. 202190726479 del 27 de diciembre de 2021, la sociedad
AIR-E S.A.S E.S.P. negó la solicitud de ruptura de solidaridad.
2.3. El tutelante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la
anterior decisión.
2.4. Mediante Oficio Nro. 202290036048 de 18 de enero de 2022, la sociedad AIR-
E S.A.S E.S.P. resolvió no reponer la decisión inicial y le informó al actor que
remitiría el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos.
3. Fundamentos de la acción
El accionante aseguró que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
violó su derecho fundamental de petición, debido a que han transcurrido más de 5
meses sin que dicha autoridad resuelva el recurso de apelación. En su criterio, esa
situación se encuentra en contravía de las Leyes 1437 de 2011 y 1755 de 2015 que
establecen que el tiempo máximo para dar respuesta no puede ser mayor a 60 días.
Añadió que la sociedad Caribemar o Afinia también vulneró su derecho fundamental
de petición, ya que “la respuesta tardía por parte de la superintendencia de servicios
públicos domiciliarios ha generado que la empresa Afinia me suspenda el servicio de
energía eléctrica en razón de la deuda”. E indicó que esa sociedad también le
transgredió el derecho del debido proceso y el de acceso a la administración de
justicia, ya que “según CONSECUTIVO N. 202170052293 DEL 22 DE FEBRERO DEL 2021 Y
CON RE3110202108484 la empresa supuestamente envió el expediente a la superservicios”.
Finalmente, el actor transcribió fragmentos de las Sentencias T-761 de 2015, T-799
de 2011 y T-421 de 2018 proferidas por la Corte Constitucional; de la sentencia de
3 de marzo del 2022, radicado Nro. 11001-03-15-000-2021-05822-01, proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado; y de los artículos 75 y siguientes de la
Ley 142 de 1994.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto de 18 de julio de 2022, el despacho ponente admitió la acción
de tutela interpuesta por José Antonio Medina Peralta en contra de la
Presidencia de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, la Procuraduría General de la Nación y la sociedad Caribemar
de la Costa S.A.S E.S.P; y ordenó efectuar las notificaciones pertinentes.
4.2. Electricaribe en liquidación informó que, tras la intervención de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios del 14 de noviembre de
2016, su mercado de energía, que abarcaba 7 departamentos de la Costa
Caribe, fue dividido en dos sociedades diferentes denominadas: Caribemar de
la Costa S.A.S. E.S.P. adjudicada a Empresas Públicas de Medellín E.S.P y
CaribeSol de la Costa S.A.S. E.S.P. adjudicada al Consorcio de Energía de la
Costa.
Con base en lo anterior, aseguró que “(AFINIA) CaribeMar de la costa S.A.S. ESP,
(AIR-E) CaribeSol de la Costa S.A.S. ESP y Electricaribe S.A. ESP en liquidación son tres
empresas distintas, por lo cual, se informa al Despacho que una vez recibidos los oficios de
notificación y auto admisorio del trámite de la referencia, Electricaribe, no avizora ser
accionada, vinculada o interviniente dentro del mismo”.
Finalmente, informó que el correo de notificaciones judiciales de la sociedad
AFINA CARIBEMAR DE LA COSTA (CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.
E.S.P.) es serviciosjuridicos@afinia.com.co y de la sociedad AIR-E S.A.S
E.S.P. es notificaciones.judiciales@air-e.com.
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4.3. El representante del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y del Presidente de la República manifestó que no encontró
ninguna solicitud radicada por el accionante.
De otro lugar, sostuvo que no existe legitimación en la causa por pasiva,
puesto que no tienen funciones relacionadas con los hechos narrados por el
actor.
Agregó, con base en las competencias asignadas a ambos, que el presidente
de la República y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República no son la misma persona, en la medida que, la primera corresponde
a la máxima autoridad administrativa de la Rama Ejecutiva; y la segunda, a
una entidad del orden nacional.
Por lo expuesto, solicitó la declaratoria de improcedencia de la tutela
interpuesta o la desvinculación al trámite de tutela de sus representados.
4.4. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó que el 21
de enero de 2022 la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P. le envió el expediente
contentivo del recurso de apelación. Sin embargo, indicó que aquel se
encontraba incompleto, debido a que “NO SE ENCUENTRA LA RECLAMACIÓN
INICIAL, NI TAMPOCO EL CONSECUTIVO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA
DOCUMENTACIÓN FALTANTE PARA EL TRAMITE (sic) DE LA SOLICITUD DE RUPTURA
DE SOLIDARIDAD". Por ese motivo devolvió el expediente a la sociedad,
conforme lo permite el Código de Procedimiento Administrativo, a fin de que
esta lo remitiera nuevamente con la información completa.
Indicó que luego de devolver el asunto “(…) no ha recibido de AIR-E S.A.S. ESP el
expediente contentivo de la apelación presuntamente presentada subsidiariamente a la
reposición en sede de la vigilada contra la decisión proferida por la empresa” Y seguido se
refirió al artículo 159 de la Ley 142 de 1994, según el cual:
“El recurso de apelación sólo se puede interponer como subsidiario del de reposición
ante el Gerente o el representante legal de la Empresa, quién deberá en tal caso remitir
el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Una vez
presentado el recurso al mismo se le dará el trámite establecido en el Código
Contencioso Administrativo”.
Con fundamento en esa norma, explicó que no le es posible emitir
pronunciamiento sobre el recurso de apelación, debido a que aún no se le ha
remitido el expediente.
Por lo expuesto, señaló que la sociedad AIR-E S.A.S. ESP es la llamada a
aclararle al juez de tutela las razones por las cuales aún no ha remitido el
expediente de apelación, luego de su devolución por encontrarse incompleto.
Por consiguiente, sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva,
ya que “la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales que se consideran violados
no es ocasionada por esta Superintendencia”; y por esa razón solicitó ser
desvinculado de la acción de tutela.
4.5. Mediante auto de 11 de agosto de 2022, el Despacho ponente vinculó en
calidad de parte demandada a la sociedad AIR-E S.A.S ESP pues, aunque el
actor aseguró que el trámite administrativo lo inició ante Caribemar de la Costa
S.A.S ESP (Afinia), realmente la solicitud se radicó ante la primera de estas.
Asimismo, el Despacho ponente dispuso que con su informe, la sociedad AIR-
E S.A.S ESP debería (i) allegar la totalidad del expediente administrativo
mediante el cual se tramitó la reclamación interpuesta por el actor referente a
la ruptura de solidaridad; y (ii) los soportes documentales que considerara
pertinentes para acreditar si ya remitió el mencionado expediente a la
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Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, luego de que esta lo
devolvió a la sociedad por encontrarse incompleto y la fecha de tal remisión.
4.6. La sociedad AIR-E S.A.S. ESP y la Procuraduría General de la Nación
guardaron silencio en el curso de la acción de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Cuestión previa: desvinculación de la Presidencia de la República
Aunque el actor interpuso la tutela contra la Presidencia de la República, es decir la
identificó como parte accionada, la Sección observa que aquella no tiene
legitimación en causa por pasiva para intervenir en este proceso constitucional, ni
siquiera interés en el mismo. Tal aseveración se basa en que el artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela debe dirigirse contra la
entidad o autoridad que presuntamente vulneró el derecho fundamental invocado
por la parte accionante.
En el asunto analizado, el tutelante alegó desconocidos sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
petición y al mínimo vital, dada la dilación en el trámite del recurso de apelación por
parte de Afinia (el trámite administrativo realmente se inició ante la sociedad AIR-E
S.A.S. ESP y no frente a Afinia) y de la Superintendencia de Servicios Públicos.
No obstante, la Sala encuentra que la Presidencia de la República carece de
funciones relacionadas con el procedimiento administrativo derivado de la
facturación de energía. Luego, no tiene injerencia en los hechos de la acción de
tutela ni la competencia para satisfacer las pretensiones de la demanda.
Conviene precisar que si bien el presidente la República ostenta funciones de
inspección, control y vigilancia frente a las entidades que prestan servicios públicos
domiciliarios, estas se ejercen por conducto de la Superintendencia de Servicios
Públicos, conforme lo establece el artículo 75 de la Ley 142 de 1994 2.
En esa medida, la Sección considera que la Presidencia de la República no tiene
legitimación en causa por pasiva; y, en consecuencia, se accederá a su petición de
desvinculación.
3. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si la
sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P. incurrió en mora injustificada, debido a que aún no ha
remitido el expediente que contiene el recurso de apelación, interpuesto por el actor,
ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
2 Ley 142 de 1994. Artículo 75. Funciones Presidenciales de la Superintendencia de Servicios Públicos. “El
Presidente de la República ejercerá el control, la inspección y vigilancia de las entidades que presten los
servicios públicos domiciliarios, y los demás servicios públicos a los que se aplica esta Ley, por medio de
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, en especial, del Superintendente y sus
delegados”.
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4. La mora administrativa
El artículo 29 de la Constitución Política establece que el derecho fundamental al
debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Así,
al momento de determinar su alcance tal disposición constitucional prevé que toda
persona tiene derecho a “un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”.
La Corte Constitucional ha indicado que la vulneración de este elemento del derecho
al debido proceso, trátese de un proceso judicial o administrativo, se configura
cuando:
“(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por
parte del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto de plazo razonable
que involucra análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la
conducta de la autoridad competente y el análisis global de procedimiento; (iii) la falta de
motivo o justificación razonable en la demora”.
Con base en lo anterior, se puede afirmar que el simple incumplimiento de un
término establecido en la ley no implica per se la vulneración del derecho al debido
proceso, pues para ello es necesario que tal dilación sea injustificada. En otras
palabras, “cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación
que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso (…)”.
Aunque la jurisprudencia transcrita refiere a los procesos judiciales, es plenamente
aplicable en los casos de mora administrativa debido a que el artículo 29
constitucional establece la procedencia de este derecho fundamental en ambos
escenarios.
De igual forma, la ausencia de términos legales no exime de responsabilidad a las
autoridades de resolver los asuntos que les son planteados dentro de términos
razonables, puesto que se tratan de actuaciones regidas por los principios de
eficacia, economía y celeridad previstos en el artículo 209 de la Constitución. En
estos eventos el juez deberá examinar las particularidades de cada caso para
determinar si la complejidad del asunto, el estado del procedimiento, el impulso del
interesado y la actividad de la entidad justifican o no la dilación.
5. Análisis del caso
5.1. Explicado lo anterior, la Sala considera que la sociedad AIR-E S.A.S E.S.P.
vulneró el derecho al debido proceso del actor, dada la excesiva mora en que
ha incurrido en el trámite de remisión del expediente contentivo del recurso de
apelación.
Esta afirmación se basa en que dicha sociedad no acreditó en el curso de la
tutela haber enviado el expediente del recurso de apelación a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pese a que esta última
lo devolvió desde el 15 de febrero de 2022 por encontrarse incompleto. Esto
significa que han transcurrido más de 6 meses sin gestión alguna por parte de
AIR-E S.A.S E.S.P.
Y aunque el artículo 159 de la Ley 142 de 1994 no establece un término
específico en que dicha remisión deba efectuarse, pues se limita a establecer
que el “Gerente o el representante legal de la Empresa (…) deberá en tal caso remitir el
expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, lo cierto es que un
asunto de mero trámite, como lo es la remisión de un expediente no debe
dilatarse durante más de un semestre. Hacerlo implica una trasgresión a los
principios de eficacia, economía y celeridad que rigen la función administrativa,
según lo dispone el artículo 209 de la Constitución; así como al derecho al
debido proceso, dada la excesiva parsimonia en la gestión de un trámite
formal.
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En todo caso, como se mencionó previamente, la ausencia de términos legales
no exime de responsabilidad a las autoridades de resolver los asuntos en
términos razonables.
5.2. De otra parte, la Sala censura que la sociedad AIR-E S.A.S ESP haya
guardado silencio en el curso de la acción de tutela, pese a que fue vinculada
en calidad de demandante y notificada el 16 de agosto de 2022 a su correo de
notificación notificaciones.judiciales@air-e.com. Omisión que da lugar a la aplicación
de la figura de presunción de veracidad contemplada en el artículo 20 del
Decreto 2591 de 1991.
Ahora bien, pese a que la sociedad AIR-E S.A.S E.S.P. no se pronunció en el
curso de la acción, la Sala verificó el estado del trámite, mediante la página
web de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, bajo el
radicado Nro. 20228200235252.
Consulta de la cual se corroboró que a la fecha la sociedad AIR-E S.A.S ESP
aún no ha remitido el expediente del recurso de apelación ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
6. Conclusión
Por lo expuesto, la Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso del
señor José Antonio Medina Peralta, dada la mora excesiva ocurrida en el trámite
administrativo por él instaurado.
En consecuencia, le ordenará a la sociedad AIR-E S.A.S ESP remitir de inmediato
el expediente que contiene el recurso de apelación a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.
A su vez, la Sala prevendrá a la sociedad AIR-E S.A.S ESP, conforme lo dispone el
artículo 243 del Decreto 2591 de 1991, a fin de que se abstenga de incurrir en las
mismas conductas que dieron origen a la acción de tutela interpuesta por José
Antonio Medina Peralta.
Finalmente, se instará a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a
que resuelva el referido recurso de apelación, en un término prudencial, dada la
mora que ha tenido que soportar el señor José Antonio Medina Peralta.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la falta de legitimación en causa por pasiva de la Presidencia de la
República, conforme los argumentos expuestos en la parte considerativa de
esta providencia.
2. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de José Antonio Medina
Peralta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 24. “Prevención a la autoridad. Si al concederse la tutela hubieren cesado
los efectos del acto impugnado, o éste se hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer al
solicitante en el goce de su derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en
ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que,
si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo
correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido.
El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la
repetición de la misma acción u omisión”.
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3. En consecuencia, ordenar a la sociedad AIR-E S.A.S E.S.P. que, dentro del
día (1) siguiente a la notificación de esta providencia, remita el expediente que
contiene el recurso de apelación interpuesto por José Antonio Medina Peralta,
a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
4. Prevenir a la sociedad AIR-E S.A.S E.S.P., conforme lo dispone el artículo 24
del Decreto 2591 de 1991, a fin de que se abstenga de incurrir en las mismas
conductas que dieron origen a la acción de tutela interpuesta por José Antonio
Medina Peralta.
5. Instar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a que, una
vez reciba el expediente con todas las piezas procesales necesarias, resuelva
el recurso de apelación, en un término prudencial, dada la mora injustificada
que ha tenido que soportar José Antonio Medina Peralta.
6. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
7. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
8. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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