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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03804-01

Fecha
20 de octubre de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03804-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, respecto de la falta de notificación del Auto SSPD 202182002908346 del 11 de noviembre de 2021 al señor José Alberto Daza Maya, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 2. Instar a la directora territorial noroccidente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en demoras en los trámites administrativos a su cargo. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03804-01

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

20 de octubre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03804-01
Demandante: José Alberto Daza Maya

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03804-01
Demandante: JOSÉ ALBERTO DAZA MAYA
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Mora en trámite administrativo. Suspensión de trámite de recurso de
apelación en procedimiento administrativo de ruptura de solidaridad
en servicios públicos domiciliarios.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios contra los numerales 4° y 5° de la sentencia del 11 de agosto de 2022,
dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que dispuso lo siguiente:

PRIMERO: ABSTENERSE de resolver el requerimiento de desvinculación frente a Afinia – Grupo
EMP y el presidente de la República.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación realizada por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios. La Presidencia de la República y el presidente de la República.

TERCERO: NEGAR la solicitud de amparo en contra de la Procuraduría General de la Nación y de
la Presidencia de la República.

CUARTO: AMPARAR los derechos fundamentales de petición y al debido proceso del accionante,
por la mora administrativa incurrida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
que se materializa a la fecha en la omisión de notificación al señor Daza Maya del auto N. ° SSPD
202182002908346 del 11 de noviembre de 2021, que suspendió el trámite administrativo, así como
del auto N. ° 20228000179316 del 22 de junio de 2022, del cual aún no hay constancia de que se
hubiese notificado tanto a la empresa prestadora de energía como al actor.

QUINTO: ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que, en el término
de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a gestionar la notificación
del auto N. º SSPD 202182002908346 del 11 de noviembre de 2021 tanto a la empresa Caribesol
de la Costa S.A.S. E.S.P. (A-ire) como al accionante y verifique el trámite de la comunicación
efectuada sobre la providencia N. º SSPD –20228000179316 del 22 de junio de 2022, y en el evento
de que no se hubiere realizado en debida forma, proceda a requerir a la Superintendencia Delegada
para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio respectiva para que actúe de conformidad.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 12 de julio de 2022, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, José
Alberto Daza Maya pidió la protección de los derechos fundamentales de petición, al
mínimo vital, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que estimó
vulnerados por la Presidencia de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, la empresa Caribesol de la Costa S.A.S. E.S.P. (A-ire) y la Procuraduría

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Demandante: José Alberto Daza Maya

General de la Nación. En consecuencia, la parte actora propuso, textualmente, las
siguientes pretensiones:

(…)

SEGUNDA: Que el juez constitucional ordene CANMINAR (sic) a la superservicios a cumplir con la
ley y dar respuesta a mi recurso de apelación.

TERCERA: Que el honorable magistrado sancione conforme al decreto ley 2591 de 1991 al
superintendente por incumplimiento de una orden judicial.

CUARTA: Remitir copia a la procuraduría general de la nación para que investigue las faltas que
cometieron la superintendente de servicios públicos domiciliarios, el representante legal y el jefe de
jurídica de la empresa.

QUINTA: Que el honorable magistrado ordene al presidente a que en ejercicio de sus funciones
emita una orden para que el superintendente cumpla con las órdenes impartidas por los jueces y
no incurra en más violaciones de los derechos fundamentales.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. El 25 de febrero de 2021, el señor José Alberto Daza Maya promovió trámite de
ruptura de solidaridad ante la empresa Caribesol de la Costa S.A.S. E.S.P. (en adelante,
Caribesol), respecto de una deuda que recae sobre un bien inmueble de su propiedad,
por concepto de la falta de pago del arrendador frente al servicio de energía eléctrica.

2.2. Mediante Auto 202190154323 del 12 de marzo de 2021, Caribesol denegó la
solicitud de ruptura de solidaridad.

2.3. El 13 de abril de 2021, el señor Daza Maya interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación.

2.4. Por Auto 202190228100 del 27 de abril de 2021, Caribesol confirmó la decisión
de denegar la ruptura de solidaridad y concedió la apelación ante la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios.

2.5. El 6 de mayo de 2021, Caribesol envió el expediente administrativo a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para que decidiera el recurso de
apelación.

2.6. El 20 de octubre de 2021, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
devolvió el expediente administrativo a Caribesol, toda vez que no contenía la
reclamación inicial ni el acto de requerimiento del usuario. La Superintendencia concedió
tres días a Caribesol para que allegara la documentación faltante.

2.7. Mediante memorial del 30 de octubre de 2021, Caribesol aportó a la
Superintendencia los documentos faltantes para efecto de tramitar y decidir el recurso
de apelación.

3. Argumentos de la demanda de tutela

3.1. La parte actora alegó que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de petición, habida cuenta de

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Demandante: José Alberto Daza Maya

que no ha resuelto el recurso de apelación formulado contra el Auto 202190154323 del
12 de marzo de 2021, proferido por Caribesol. Que han trascurrido más de siete meses
y no hay resolución frente a dicho recurso.

3.2. Adujo que Caribesol también vulneró los derechos fundamentales invocados,
puesto que no envió a la Superintendencia el expediente administrativo completo y
suspendió la prestación del servicio de energía eléctrica en el inmueble objeto de la
solicitud de ruptura de solidaridad.

3.3. Dijo que, en un caso similar, la Sección Quinta del Consejo de Estado amparó los
derechos fundamentales invocados y ordenó a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios que resolviera el recurso de apelación formulado en un trámite de
ruptura de solidaridad1. Que, de hecho, la Sección Quinta exhortó a la Superintendencia
para que no incurriera en demoras injustificadas.

3.4. Dijo que resultaba procedente que el juez de tutela enviara copias a la
Procuraduría General de la Nación, para efecto de verificar la existencia de faltas
disciplinarias.

4. Intervenciones

4.1. La Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios manifestó que la
demora en el trámite de ruptura de solidaridad obedeció a que Caribesol no envió
completo el expediente administrativo. Que, por ende, la vulneración de derechos
fundamentales se predica de Caribesol.

4.1.1. Que, además, fue necesario suspender el trámite administrativo, por cuanto fue
advertida la posible ocurrencia de silencio administrativo positivo por parte de Caribesol.
Que «la anterior suspensión, se realizó de acuerdo al numeral 3.3 “las actuaciones
posteriores a la producción del acto presunto, tales como la respuesta, la interposición
de recursos, resolución de los mismos, etc. son inocuas y, por tanto, no surten ningún
efecto” establecido en el concepto unificado SSPD-OJU-2010-16, la cual manifiesta de
forma expresa que: “una vez configurado el silencio administrativo positivo la empresa
pierde competencia para pronunciarse sobre la petición, queja o recurso del suscriptor o
usuario. Al respecto se acoge el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado en
Sentencia de febrero 5 de 1998, Sección Tercera, Expediente No. 98 AC -5436, según
el cual: Las actuaciones posteriores a la producción del acto presunto, tales como la
respuesta, la interposición de recursos, resolución de los mismos, etc. son inocuas y, por
tanto, no surten ningún efecto”».

4.1.2. Que el trámite administrativo se encontraba a cargo de la Superintendencia
Delegada para la Protección del Usuario y Gestión en el Territorio, que es la competente
para adelantar procesos administrativos relacionados con la incursión en presunto
silencio administrativo por las vigiladas.

4.1.3. Que el Auto 20228000179316 del 22 de junio de 2022, que dio inicio a la actuación
administrativa de verificación de silencio administrativo positivo, fue notificado al usuario
y a Caribesol, mediante comunicaciones 2008003336611 y 20228003335791 del 23 de
junio de 2022, respectivamente.

4.1.4. Que la investigación por silencio administrativo positivo está regulada por el
artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 y debe agotarse el procedimiento previsto en el
1 El demandante citó la sentencia de tutela del 31 de marzo de 2022, expediente 11001-03-15-000-2021-05822-01.

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Demandante: José Alberto Daza Maya

Capítulo III, Título III, ibidem. Que, actualmente, dicho procedimiento está en etapa de
descargos.

4.2. La Presidencia de la República alegó que no vulneró los derechos
fundamentales invocados, toda vez que no ha recibido ningún tipo de solicitud por parte
del señor José Alberto Daza Maya. Que, siendo así, lo procedente era declarar la falta
de legitimación en la causa por pasiva.

4.3. La Empresa Caribemar de la Costa S.A.S. ESP (Afinia) y la Procuraduría
General de la Nación no intervinieron, pese a que fueron notificadas de la admisión de
la demanda de tutela, mediante correos electrónicos del 25 de julio de 20222.

4.4. El a quo advirtió que en el trámite de tutela intervinieron Afinia – Grupo EPM y
Electricaribe S.A. E.S.P. en Liquidación, toda vez que la Secretaría General de la
Corporación las notificó de la admisión de la demanda de tutela. Sin embargo, el a quo
también aclaró que la notificación a dichas entidades no fue ordenada en el auto
admisorio. Las entidades en mención coincidieron en alegar la falta de legitimación en la
causa por pasiva.

5. Sentencia impugnada

5.1. Mediante sentencia del 11 de agosto de 2022, la Sección Quinta del Consejo de
Estado amparó los derechos fundamentales de petición y al debido proceso y, por
consiguiente, ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que
gestionara la debida notificación de los autos SSPD 202182002908346 del 11 de
noviembre de 2021 y SSPD –20228000179316 del 22 de junio de 2022. En síntesis, el a
quo consideró lo siguiente:

5.1.1. Que no existen elementos de juicio para evaluar la tutela contra la Procuraduría
General de la Nación y la Presidencia de la República, pues la parte actora no explicó
de qué manera esas autoridades vulneraron los derechos fundamentales invocados.

5.1.2. Que si bien, mediante Auto SSPD 202182002908346 el 11 de noviembre de 2021,
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios suspendió el trámite de ruptura
de solidaridad, lo cierto es que no acreditó que haya notificado dicho acto al señor Daza
Maya. Que «el mecanismo constitucional fue presentado el 12 de junio de 2022 y la
constancia de suspensión del trámite fue expedida el 11 de noviembre de 2021, por lo
cual es posible inferir que el demandante no tiene conocimiento de la suspensión
ordenada en el trámite de su recurso de apelación».

5.1.3. Que lo mismo ocurre con el Auto SSPD 20228000179316 del 22 de junio de 2022,
toda vez que no se evidencia la respectiva constancia de notificación al señor Daza
Maya.

5.1.4. Que si bien los motivos para suspender el trámite de ruptura de solidaridad están
debidamente justificados por la necesidad de verificar la existencia del silencio
administrativo positivo, lo cierto es que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios no notificó al demandante de las actuaciones adelantadas en dicho trámite.

5.1.5. Un magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado aclaró el voto, pues,
a su juicio, debió declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Presidencia de la República.
2 Ver índice 7 de Samai.

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6. Impugnación

6.1. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impugnó la sentencia del
11 de agosto de 2022 y solicitó que fuera revocada y que, en su lugar, se declarara que
no incurrió en vulneración de derechos fundamentales. En síntesis, dicha entidad alegó
lo siguiente:

6.1.1. Que el auto de suspensión fue debidamente notificado al señor Maya Daza,
mediante comunicación del 20218205314891 del 11 de noviembre de 2021. Que dicha
notificación no pudo entregarse por vía de correo físico y, por ende, fue enviada al correo
electrónico informado por el demandante. Que así se evidencia en el certificado de
entrega E82711124-S.

6.1.2. Que, en todo caso, una vez notificada la sentencia de primera instancia, la
Superintendencia procedió a notificar nuevamente el auto de suspensión del 11 de
noviembre de 2021, mediante comunicación del 17 de agosto de 2022. Que la
comunicación fue enviada por correo físico y por correo electrónico.

6.1.3. Que el auto de suspensión también fue debidamente notificado a la empresa
Caribesol, por comunicación número 20218205362461 del 16 de noviembre de 2021.

6.1.4. Que la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y Gestión en
Territorio notificó en debida forma el Auto 20228000179316 del 22 de junio de 2022, que
inició la actuación administrativa de verificación del silencio administrativo positivo. Que
así se evidencia en las comunicaciones con radicados 20228003336611(enviada al
actor) y 20228003335791(enviada a Caribesol), ambas del 23 de junio de 2022.

6.1.5. Que la suspensión del trámite de ruptura de solidaridad está sustentada en la
necesidad de verificar la posible ocurrencia del silencio administrativo positivo.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela. Generalidades

1.1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

1.2. La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo
caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.

2. Planteamiento y solución del problema jurídico

2.1. En los términos de la impugnación, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios alega que no resultaba procedente el amparo de tutela de primera instancia,

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Demandante: José Alberto Daza Maya

toda vez que notificó en debida forma al demandante los autos SSPD 202182002908346
del 11 de noviembre de 2021 y 20228000179316 del 22 de junio de 2022, que, en su
orden, suspendieron el trámite administrativo de ruptura de solidaridad y abrieron
procedimiento para verificar la ocurrencia de silencio administrativo positivo frente a la
solicitud del señor Daza Maya.

2.2. En ese contexto, a juicio de la Sala, el problema jurídico en segunda instancia se
concreta en decidir si el a quo acertó al concluir que los autos SSPD 202182002908346
del 11 de noviembre de 2021 y 20228000179316 del 22 de junio de 2022 no fueron
debidamente notificados al señor José Alberto Daza Maya y a la empresa Caribesol.

2.3. Para efecto de resolver el problema jurídico, la Sala advierte que en el expediente
de tutela está acreditado lo siguiente:

(i) El 25 de febrero de 2021, el señor José Alberto Daza Maya promovió trámite
de ruptura de solidaridad ante la empresa Caribesol de la Costa S.A.S. E.S.P.,
respecto de una deuda que recae sobre un bien inmueble de su propiedad y
que fue objeto de arrendamiento. Como dirección de notificaciones, el actor
informó el correo electrónico melkiskammerer@hotmail.com y la dirección
física Calle 5 Carrera 5-02 Barrio Centro, San Juan del Cesar (Guajira).

(ii) Mediante Auto 202190154323 del 12 de marzo de 2021, Caribesol denegó la
solicitud de ruptura de solidaridad. Por consiguiente, el 13 de abril de 2021, el
señor Daza Maya interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación.

(iii) Por Auto 202190228100 del 27 de abril de 2021, Caribesol confirmó la decisión
de denegar la ruptura de solidaridad y concedió la apelación ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El expediente
administrativo fue enviado el 6 de mayo de 2021 a la Superintendencia.

(iv) El 20 de octubre de 2021, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios devolvió el expediente administrativo a Caribesol, toda vez que
no contenía la reclamación inicial ni el acto de requerimiento del usuario.
Asimismo, fueron concedidos tres días para que Caribesol aportara los
documentos faltantes.

(v) El 30 de octubre de 2021, Caribesol aportó a la Superintendencia los
documentos necesarios para resolver el recurso de apelación.

(vi) Por Auto SSPD 202182002908346 del 11 de noviembre de 2021, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios suspendió el trámite del
recurso de apelación, hasta que fuera verificada la posible ocurrencia de
silencio administrativo positivo por parte de Caribesol.

(vii) Mediante comunicación del 11 de noviembre de 2021, la Superintendencia
informó al demandante de la suspensión del trámite del recurso de apelación.
Dicha comunicación fue enviada a la dirección «CL 5 KR 5 02 EL CENTRO
SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA». Sin embargo, la comunicación fue
devuelta, por la causal «no reside», según puede extraerse de la siguiente guía
de correo:

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(viii) Por comunicación del 16 de noviembre de 2021, la Superintendencia notificó
a Caribesol de la suspensión del trámite del recurso de apelación.

(ix) La comunicación a la empresa fue enviada por correo electrónico certificado
del 16 de noviembre de 2021, así:

2.4. Respecto del Auto SSPD 202182002908346 del 11 de noviembre de 2021, que
suspendió el trámite del recurso de apelación, la Sala advierte que le asiste razón al a
quo para considerar que no fue debidamente notificado al señor José Alberto Daza Maya,
pues, como se ve, la comunicación enviada al demandante por correo físico fue devuelta,
por la causal “no reside”.

2.4.1. En el escrito de impugnación, la Superintendencia adujo que, ante la devolución
del correo físico, procedió a notificar mediante correo electrónico. No obstante, no aportó
ninguna prueba que demostrara que antes de que se dictara la sentencia de tutela de
primera instancia hubiera notificado dicha decisión.
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2.4.2. A partir de lo anterior, la Sala encuentra, al igual que el a quo, que la
Superintendencia de Servicios Públicos desconoció que la notificación de los actos es
un elemento fundamental del derecho de petición y del debido proceso. Luego, no hay
lugar a revocar la decisión, en lo que tiene que ver con la notificación de dicho auto al
demandante.

2.4.3. Ahora, junto con la impugnación, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios demostró que, con posterioridad a la sentencia de primera instancia del 11
de agosto de 2022, notificó sobre Auto SSPD 202182002908346 del 11 de noviembre
de 2021 al actor. Los siguientes documentos dan cuenta de esa circunstancia:

(i) El 16 de agosto de 2022, la Superintendencia realizó la notificación al
demandante del auto de suspensión SSPD 202182002908346, mediante
correo electrónico certificado, enviado a la dirección
melkiskammerer@hotmail.com. Para mayor ilustración, se pone de presente
el respectivo pantallazo:

(ii) También con ocasión de la sentencia impugnada, el 17 de agosto de 2022, la
Superintendencia volvió a enviar al demandante notificación física del auto de
suspensión SSPD 202182002908346 del 11 de noviembre de 2021. Lo
anterior, según se evidencia en la siguiente guía de correo:

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2.4.4. Sin embargo, lo anterior no implica, como sostiene la Superintendencia de
Servicios públicos, que deba denegarse el amparo, pues la actuación que desplegó a
efectos de notificar al señor Daza Maya se trata justamente del cumplimiento a la orden
que dictó el juez de primera instancia en el asunto de la referencia. Por lo tanto, se insiste,
no hay lugar a revocar esa decisión.

2.4.5. En cuanto a la empresa Caribesol, la Sala advierte que el auto de suspensión sí
fue debidamente notificado desde un principio. Quedó acreditado que Caribesol fue
notificada del acto de suspensión mediante comunicación y correo electrónico certificado
del 16 de noviembre de 2021. Es decir, desde antes de la interposición de la demanda

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de tutela (12 de julio de 2022), había sido debidamente notificado el auto de suspensión
a la empresa Caribesol.

2.5. Frente al Auto 20228000179316 del 22 de junio de 2022, que abrió el trámite
administrativo de verificación de silencio administrativo positivo, la Sala advierte que fue
debidamente notificado al demandante, mediante correo electrónico certificado del 24 de
junio de 2022. Asimismo, quedó acreditada la debida notificación a la empresa Caribesol,
también por correo electrónico certificado del 24 de junio de 2022.

2.5.1. En otras palabras, respecto del auto de apertura del trámite de verificación del
silencio administrativo positivo, la Sala también advierte que desde un principio estuvo
debidamente notificado. La demanda de tutela fue presentada el 12 de julio de 2022, y
la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios acreditó que el acto en comento
fue debidamente notificado el 24 de junio de 2022, al demandante y a la empresa
Caribesol.

2.5.2. Por lo expuesto, la Sala considera que resulta procedente mantener el amparo
respecto de la notificación del Auto SSPD 202182002908346 del 11 de noviembre de
2021 al señor Daza Maya. En lo demás, las notificaciones fueron debidamente realizadas
y son anteriores a la sentencia objeto de impugnación.

2.6. Por último, la Sala debe precisar que si bien está debidamente justificada la falta de
resolución frente al recurso de apelación formulado por la parte actora, pues, previo a
decidirlo, es necesario determinar si ocurrió el silencio administrativo positivo respecto
de la solicitud del 25 de febrero de 2021, en la que el señor José Alberto Daza Maya
promovió trámite de ruptura de solidaridad ante la empresa Caribesol, lo cierto es que no
puede desconocerse que, en todo caso, existe una demora excesiva en el trámite
administrativo.

2.6.1. Como se vio en los hechos probados, la documentación para decidir el recurso de
apelación está a disposición de la Superintendencia desde el 30 de octubre de 2021 y el
acto de apertura del trámite de verificación de silencio administrativo positivo fue dictado
el 22 de junio de 2022. Es decir, que la Superintendencia se demoró 7 meses y 20 días
para dictar un acto de apertura de trámite administrativo.

2.6.2. Tampoco puede desconocerse que el recurso de apelación del señor José Alberto
Maya Daza fue interpuesto el 13 de abril de 2021 y que, a la fecha de la presente
providencia, ha trascurrido más de 1 año y 6 meses sin decisión sobre la procedencia de
la ruptura de solidaridad. En criterio de la Sala, esa demora también resulta excesiva,
pues, en ultimas, la suspensión del trámite del recurso de apelación se ha extendido por
la demora injustificada de la decisión sobre la procedencia del silencio administrativo
positivo.

2.7. Justamente por lo anterior, la Sala instará a la directora territorial noroccidente de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que, en lo sucesivo, dé
celeridad a los trámites administrativos a su cargo y se abstenga de incurrir en demoras
injustificadas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03804-01
Demandante: José Alberto Daza Maya

FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, respecto de la falta de notificación del Auto
SSPD 202182002908346 del 11 de noviembre de 2021 al señor José Alberto Daza
Maya, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

2. Instar a la directora territorial noroccidente de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios para que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en demoras
en los trámites administrativos a su cargo.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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