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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04731-00

Fecha
29 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04731-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar el derecho fundamental de petición del señor Eruin Rafael Meza Pacheco, por las razones expuestas en esta providencia. En consecuencia, 2. Ordenar a la Directora Territorial Nororiente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que, si no lo ha hecho, en las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, notifique, en los términos del artículo 67 del C.P.A.C.A., al señor Eruin Rafael Meza Pacheco el contenido de la Resolución No. SSPD - 20228600821975 del 12 de septiembre 2022. 3. Declarar improcedentes las demás pretensiones de la acción de tutela. 4. Notificar a las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2022-04731-00 Demandante: Eruin Rafael Meza Pacheco 6. Si no se impugna, enviar el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04731-00

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

29 de septiembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04731-00
Demandante: Eruin Rafael Meza Pacheco

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04731-00
Demandante: ERUIN RAFAEL MEZA PACHECO
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Tutela por presunta falta de respuesta a recurso de apelación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Eruin Rafael Meza Pacheco
contra la Presidencia de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, la Empresa Gases del Caribe S.A. y la Procuraduría General de la
Nación.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 1° de septiembre de 2022, en ejercicio de la acción de tutela, el señor Eruin
Rafael Meza Pacheco pidió la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, al mínimo vital, de acceso a la administración de justicia y de petición, que
estimó vulnerados por la Presidencia de la República, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, la Empresa Gases del Caribe S.A. y la Procuraduría General de
la Nación. En concreto, formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA. Que el juez constitucional ampare los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, DERECHO DE PETICION.

SEGUNDA. CONMINAR a la Superservicios a cumplir con la ley y dar respuesta a mi recurso de
apelación, así́ mismo que sea diligente con sus obligaciones como ente de control.

TERCERA: Que el honorable magistrado sancione conforme al decreto ley 2591 de 1991 al
superintendente por incumplimiento de una orden judicial.

CUARTA: Remitir copia a la procuraduría general de la nación para que investigue las faltas que
cometieron la superintendente de servicios públicos domiciliarios, el representante legal y el jefe
de jurídica de la empresa.

QUINTA: Que el honorable magistrado ordene al presidente a que en ejercicio de sus funciones
emita una orden para que el superintendente cumpla con las órdenes impartidas por los jueces y
no incurra en más violaciones de los derechos fundamentales.

2. Hechos

Del expediente de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. El 24 de agosto de 2021, el señor Eruin Rafael Meza Pacheco manifestó a la
Empresa Gases del Caribe S.A., inconformidad con las facturas emitidas para los
meses de julio y agosto de 2021 por el servicio prestado de gas domiciliario. Además,
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Demandante: Eruin Rafael Meza Pacheco

pidió que se abstuviera de suspender el servicio de gas sin que mediara un acto
administrativo que así lo dispusiera.

2.2. Mediante oficio No. 21-240-138031 del 13 de septiembre de 2021, el jefe del
Departamento de Atención al Usuario de Gases del Caribe S.A. denegó la solicitud del
señor Meza Pacheco, porque la reclamación sobre la factura del mes de julio de 2021
ya había sido resuelta a través de la atención verbal No. 176073252, y que el consumo
de agosto de 2021 se ajustó a la lectura del medidor instalado en el domicilio.
Adicionalmente, indicó que las condiciones para la suspensión del servicio se
encontraban en el contrato de condiciones uniformes, por lo que, de incurrir en las
causales allí previstas se generaría la respectiva orden de suspensión del servicio.

2.3. En contra de la anterior decisión, el actor interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación. Mediante Resolución No. 240-21-202481 del 22 de septiembre
de 2021 se resolvió la reposición en el sentido de confirmar la decisión recurrida y se
ordenó remitir el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
para que resolviera la apelación. La decisión fue notificada al señor Meza Pacheco,
mediante correo electrónico del 27 de septiembre de 2021.

2.4. El 12 de octubre de 2021, el jefe del Departamento de Atención al Usuario de Gases
del Caribe S.A. remitió el expediente a la Dirección Territorial Norte de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que resolviera el recurso de
apelación interpuesto por el señor Meza Pacheco.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. El señor Eruin Rafael Meza Pacheco alega que las demandadas violaron los
derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, de acceso a la
administración de justicia y de petición, por las siguientes razones:

3.1.1. Que, a pesar de que, el 12 de octubre de 2021, la Empresa Gases del Caribe
S.A. envió el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la
fecha de presentación de la acción de tutela, no ha resuelto el recurso de apelación.
Que el plazo para resolver no puede ser mayor a dos meses y que, en este caso, ese
término ya venció.

3.1.2. Que, incluso, esa conducta por parte de la Superintendencia es recurrente en
casos similares y que, por esa razón, la Sección Quinta del Consejo de Estado1, en un
caso similar, amparó el derecho fundamental de petición. Que, por lo tanto, a juicio del
actor, deben imponerse las sanciones previstas en el Decreto 2591 de 1991.

3.1.3. Que, por su parte, la Presidencia de la República ha omitido su deber de vigilancia
en la prestación de los servicios públicos y la Procuraduría General de la Nación no ha
impuesto sanciones disciplinarias a la superintendente de servicios públicos
domiciliarios, pese a que la funcionara incurre de manera reiterada en conductas como
las que dieron origen a la acción de tutela.

4. Trámite procesal

4.1. Mediante auto del 2 de septiembre de 2022, el despacho sustanciador admitió la
demanda y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, al director
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a la
superintendente de servicios públicos domiciliarios y al representante legal de Gases
del Caribe S.A. Como tercero con interés, a la Procuraduría General de la Nación.
1 Sentencia del 3 de marzo de 2022, proceso No. 11001-03-15-000-2021-05822-01.

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Demandante: Eruin Rafael Meza Pacheco

4.2. En cumplimiento de la anterior providencia, la Secretaría General de la Corporación
practicó la correspondiente notificación, mediante correos electrónicos enviados el 7 de
septiembre de 20222.

5. Intervenciones

5.1. El apoderado judicial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República o Presidente de la República solicitó la desvinculación del presente trámite
por falta de legitimación en la causa por pasiva o que, en su defecto, se denegara la
solicitud de amparo, por cuanto no existía ningún hecho u omisión atribuible a esa
autoridad. Lo anterior, debido a que el señor Eruin Rafael Meza Pacheco no ha
interpuesto ningún derecho de petición ante esa autoridad.

5.2. El apoderado de la Procuraduría General de la Nación pidió que se desvinculara
de la presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva o se
exonerara a esa entidad de toda responsabilidad, por cuanto no ha recibido peticiones
o solicitudes por parte del señor Eruin Rafael Meza Pacheco. En ese sentido, dijo que
la eventual obligación y responsabilidad que pudiera derivarse de la acción de tutela
debería deducirse únicamente respecto de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y Gases del Caribe.

5.3. La apoderada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
solicitó que se denegara la solicitud de amparo, ante la inexistencia de vulneración de
derechos fundamentales al actor. Lo anterior, porque, la Dirección Territorial Norte de
ese organismo ya había resuelto de fondo el recurso de apelación y notificado de la
decisión al señor Meza Pacheco.

5.3.1. Alegó la falta de competencia del juez que avocó el conocimiento de la acción de
tutela conforme a lo previsto en el numeral segundo, del artículo 2.2.3.1.2.1., del
Decreto 1069 de 2015.

5.4. El apoderado de Gases del Caribe S.A. pidió que se denegara la acción de tutela,
pues no ha vulnerado los derechos fundamentales del demandante, teniendo en cuenta
que en las dos instancias se resolvió la solicitud.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela

1.1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

1.2. La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.

2 Índice 7 de Samai.

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Demandante: Eruin Rafael Meza Pacheco

2. Cuestiones previas

2.1. De la falta de legitimación en la causa por pasiva

2.1.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

2.1.2. En el caso concreto, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República solicitó la desvinculación de la presente acción de tutela, toda vez que no es
la encargada de resolver el recurso de apelación formulado por el actor y que, en todo
caso, en la base de datos de la entidad no se registra ninguna petición a nombre del
señor Eruin Rafael Meza Pacheco. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación
también solicitó la desvinculación, por falta de legitimación en la causa por pasiva, con
sustento en que tampoco ha recibido peticiones o solicitudes por parte del señor Eruin
Rafael Meza Pacheco.

2.1.2.1. Al respecto, se advierte que el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República fue vinculado como demandado dentro de esta acción de tutela, por
cuanto el demandante incluyó entre las pretensiones que se ordenara al presidente de
la República que emitiera “una orden para que el superintendente cumpla con las
órdenes impartidas por los jueces y no incurra en más violaciones de los derechos
fundamentales”. Lo mismo ocurre con la Procuraduría General de la Nación, pues el
actor solicitó que se remitiera “copia a la procuraduría general de la nación para que
investigue las faltas que cometieron la superintendente de servicios públicos
domiciliarios, el representante legal y el jefe de jurídica de la empresa”.

2.1.2.2. De modo que, al margen de la decisión de fondo, había lugar a la vinculación
de las dos entidades, como en efecto se hizo en el auto admisorio del 2 de septiembre
de 2022. En consecuencia, la Sala declarará no probada la falta de legitimación en la
causa por pasiva alegada por la Presidencia de la República y la Procuraduría General
de la Nación.

2.2. Del supuesto desconocimiento de las reglas de reparto en materia de tutela

2.2.1. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios alegó la falta de
competencia de esta Corporación para conocer de la acción de tutela conforme con lo
previsto en el numeral segundo del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015. A su
juicio, por ser la Superintendencia una entidad del orden nacional, del asunto debió
avocar conocimiento un juzgado del circuito.

2.2.2. Al respecto, conviene precisar que el Decreto 1069 de 2015 no fija reglas de
competencia, sino reglas de reparto, toda vez que el término “a prevención” previsto en
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 implica
que cualquier juez de la República está habilitado para conocer de la acción de tutela,
según lo ha interpretado la Corte Constitucional3.

2.2.3. En este caso, el actor señala como demandado, entre otros, al presidente de la
República. Según el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, las
acciones de tutela que se dirijan contra actuaciones del presidente de la República son
de conocimiento del Consejo de Estado. A su turno, el numeral 11 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 dispone que “Cuando la acción de tutela se
promueva contra más de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se

3 Ver, entre otros, Auto 493 de 2017, Auto 190 de 2021 y Auto 212 de 2021.
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hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el
presente artículo”.

2.2.4. Siendo así, como esta Corporación conoce de las acciones de tutela contra el
presidente de la República, también puede conocer de la acción de tutela contra la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por tratarse del juez con mayor
jerarquía.

3. Planteamiento y solución del problema jurídico

3.1. En los términos de la acción de tutela, corresponde a la Sala determinar: (i) si la
empresa Gases del Caribe S.A. y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital,
de acceso a la administración de justicia y de petición del señor Eruin Rafael Meza
Pacheco al no resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante; (ii) la
procedencia de imponer sanción a la superintendente de servicios públicos domiciliarios
por la mora en resolver el recurso de apelación; (iii) la procedencia de ordenar a la
Procuraduría General de la Nación que ejerza la facultad disciplinaria contra la
superintendente de servicios públicos domiciliarios, y (iv) la presunta omisión de la
Presidencia de la República al no ordenar a la Superintendencia de Servicios Públicos
que sancione a la empresa de servicios públicos.

3.2. Para resolver, la Sala se referirá al derecho de petición y el trámite del recurso de
apelación, analizará el caso concreto y adoptará la decisión que corresponda.
Seguidamente, se ocupará de las pretensiones frente a la Procuraduría General de la
Nación y la Presidencia de la República.

3.3. Del derecho de petición y recursos en el régimen de servicios públicos
domiciliarios

3.3.1. El artículo 23 C.P. prevé que el derecho de petición es fundamental y faculta a
toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y a obtener
una respuesta oportuna, clara, precisa, de fondo y congruente con lo solicitado.

3.3.2. El derecho a recibir una respuesta de fondo implica que la autoridad que recibió
la solicitud, según su competencia, se pronuncie completa y detalladamente sobre
todos los asuntos expuestos por el solicitante. La autoridad cuestionada no puede
responder con evasivas o con razones que no guarden relación con los temas
planteados en la solicitud.

3.3.3. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que el derecho de petición «no se
satisface con una respuesta meramente formal, sino que es necesaria una verdadera
resolución acerca de lo planteado, de modo que se defina de fondo el asunto sometido
a consideración de la autoridad, desde luego sobre la base de que ella sea competente.
Pero además debe distinguirse entre el derecho que tiene el peticionario a la respuesta,
en virtud de la garantía constitucional, y el desarrollo interno que, en las dependencias
de la Administración, tenga el curso de la petición formulada. En efecto, si la petición
busca que la autoridad actúe en el ámbito de sus atribuciones o deberes, cumple su
función obrando de inmediato, pero eso no la libera de su obligación de informar al
peticionario sobre lo actuado y acerca de los resultados de la actividad emprendida»4.

3.3.4. El derecho de petición, en concreto, comprende los siguientes elementos: (i) la
posibilidad de formular solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas o los
particulares, según sea el caso; (ii) la garantía de que se entregue respuesta oportuna,

4 Sentencia T-178-00, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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es decir, en las oportunidades que prevé el ordenamiento jurídico; (iii) la respuesta de
fondo o contestación material, esto es, la decisión que, en el ámbito de su competencia,
debe entregar el destinatario de la petición, sin importar que la decisión sea o no
favorable al solicitante; (iv) la comunicación oportuna de lo decidido, y (v) la falta de
competencia para pronunciarse sobre la totalidad o parte de la petición presentada no
significa que el destinatario quede exento de pronunciarse.

3.3.5. El desconocimiento de cualquiera de esos elementos trae como consecuencia la
vulneración del derecho de petición.

3.3.6. En el caso concreto, el actor deriva la vulneración de los derechos fundamentales
invocados de la presunta falta de resolución del recurso de apelación que presentó
contra el Oficio No. 21-240-138031 del 13 de septiembre de 2021.

3.3.7. El artículo noveno del Decreto 2223 de 1996, subrogó el artículo 158 de la Ley
142 de 1994 y estableció el término para resolver recursos en las reclamaciones
relacionadas con servicios públicos domiciliarios de la siguiente forma: “Toda entidad
o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, prestadora de los
Servicios Públicos domiciliarios de que trata la citada ley, tiene obligación de resolver
las peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o usuarios en
desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos dentro de un término de
quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación.”

3.3.8. De la revisión del expediente, se advierte que, durante el trámite de la acción de
tutela, la directora territorial nororiente de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, mediante Resolución No. SSPD - 20228600821975 del 12 de septiembre
2022, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el demandante, en el sentido de
confirmar la decisión adoptada en el Oficio No. 21-240-138031 del 13 de septiembre de
2021 proferido por Gases del Caribe S.A. También está probado que elaboró el oficio
No. 20228204009551 del 12 de septiembre de 2022 con la finalidad de notificar al señor
Eruin Rafael Meza Pacheco del acto administrativo, así consta:

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3.3.9. Sin embargo, no hay constancia del envío de la notificación del acto
administrativo al señor Eruin Rafael Meza Pacheco, requisito que debe ser cumplido
para entender que se atendió en debida forma la petición. Siendo así, la directora
territorial nororiente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vulneró
el derecho de petición y, por lo tanto, procede el amparo del derecho fundamental de
petición del señor Eruin Rafael Meza Pacheco.

3.3.10. En consecuencia, se ordenará a la directora territorial nororiente de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que, si no lo ha hecho, en las 48
horas siguientes a la notificación de esta providencia, notifique, en los términos del
artículo 67 del C.P.A.C.A., al señor Eruin Rafael Meza Pacheco el contenido de la
Resolución No. SSPD - 20228600821975 del 12 de septiembre 2022.

3.4. Sobre las facultades sancionatorias del juez de tutela en el caso concreto

3.4.1. Lo primero que conviene decir es que la acción de tutela es un mecanismo
concebido para la protección de derechos fundamentales y que las facultades
sancionatorias del juez de tutela están dirigidas exclusivamente a la protección de
dichos derechos fundamentales.

3.4.2. En los términos del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, «el fallo que conceda
la tutela tendrá por objeto garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho, y volver
al estado anterior a la violación, cuando fuere posible». Por consiguiente, en términos
generales, el juez de tutela debe emitir una decisión que cumpla las siguientes
condiciones: (i) que identifique al peticionario y al sujeto de quien provenga la amenaza
o vulneración; (ii) que determine el derecho tutelado, (iii) que imparta una orden y defina
con precisión la conducta a cumplir con el fin de hacer efectivo el amparo, y (iv) que fije
un plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto.

3.4.3. Asimismo, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 define el incidente de desacato
como el mecanismo idóneo para efecto de obtener el cumplimiento de las sentencias
que amparan derechos fundamentales. Al respecto, en sentencia SU-034 de 2018, la
Corte Constitucional indicó que «la autoridad que adelante el incidente de desacato se
debe limitar a verificar los siguientes aspectos: (i) a quién se dirigió la orden, (ii) en qué
término debía ejecutarse, (iii) el alcance de la misma, (iv) si efectivamente existió
incumplimiento parcial o integral de la orden dictada en la sentencia, y de ser el caso
(v) cuáles fueron las razones por las que el accionado no obedeció lo ordenado dentro
del proceso».

3.4.4. También debe decirse que el artículo 52 de la norma en comento señala que «la
persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente
Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa
hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere
señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a
que hubiere lugar».

3.4.5. En ese contexto normativo, la Sala estima que resulta improcedente sancionar a
la superintendente de servicios públicos domiciliarios pues, no existe una sentencia de
tutela en favor del señor Eruin Rafael Meza Pacheco. La facultad sancionatoria del juez
de tutela es limitada, habida cuenta de que se condiciona a la existencia de una orden
de tutela y al incumplimiento de esa orden. Como en este caso no existe una orden de
tutela que imponga una orden a la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios
en favor del demandante, no hay lugar a tramitar ningún incidente de desacato y mucho
menos a imponer sanciones.

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3.5. Sobre la procedencia o no de ordenar a la Procuraduría General de la Nación
que ejerza facultad disciplinaria frente a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

3.5.1. Conviene recordar que la acción de tutela tiene un carácter eminentemente
subsidiario y residual, esto es, que por regla general sólo procede cuando no existe otro
mecanismo de defensa disponible. Cuando existe otro mecanismo de defensa, la tutela
se torna improcedente, puesto que no se trata de un mecanismo creado para
reemplazar los medios ordinarios de defensa.

3.5.2. En el caso concreto, la parte actora cuenta con otro mecanismo de defensa para
efecto de reclamar la acción disciplinaria, habida cuenta de que bien puede acudir
directamente ante la Procuraduría General de la Nación y presentar la queja que estime
pertinente. La tutela resulta improcedente para efecto de impulsar sanciones
disciplinarias, pues, para el efecto, existe un mecanismo idóneo y eficaz, esto es, la
queja formulada ante la Procuraduría General de la Nación.

3.5.2.1. En los términos de los artículos 85 y 86 de la Ley 1952 de 2019, «La acción
disciplinaria es pública» y «se iniciará y adelantara de oficio, o por información
proveniente de servidor público o de otro medio que amerite credibilidad, o por queja
formulada por cualquier persona, y no procederá por anónimos, salvo en los eventos
en que cumpla con los requisitos mínimos consagrados en los artículos 38 de la Ley
190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992» (subraya la Sala).

3.5.2.2. Conviene precisar que, de conformidad con el artículo 70 de la Ley 1952 de
2019, los particulares que presten servicios públicos resultan destinatarios de las
normas disciplinarias cuando desempeñan funciones públicas, como las asociadas al
trámite de las quejas de los usuarios.

3.6. Sobre la procedencia o no de ordenar a la Presidencia de la República que
ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios que cumpla con
las órdenes impartidas por los jueces

3.6.1. Como se sabe, el presidente de la República es suprema autoridad
administrativa, pero eso no implica que deba ejercer control y vigilancia frente a cada
una de las autoridades que componen la administración pública o que ejercen funciones
administrativas. El artículo 189 de la Constitución Política no define de manera expresa
cuáles funciones pueden delegarse o no, sino que defiere a la ley la precisión de las
atribuciones presidenciales delegables.

3.6.2. Sobre el particular, en sentencia C-272 de 1998, la Corte Constitucional explicó
lo siguiente: «se debe entender que el principio general es que la ley puede autorizar la
delegación de cualquier función presidencial, sin que esa posibilidad esté restringida a
aquellas que el primer mandatario ejecuta como suprema autoridad administrativa,
razón por la cual esta Corte ha explícitamente reconocido que también son susceptibles
de delegación las funciones en su calidad de jefe de gobierno. Es entonces claro que
la mayor parte de las funciones presidenciales pueden ser delegadas, como
efectivamente lo ha manifestado esta Corte en varias oportunidades; sin embargo, esta
misma Corporación ha considerado que excepcionalmente es improcedente la
delegación, cuando se trata de una atribución que compromete a tal punto la
integralidad del Estado y la investidura presidencial, que se requiere una actuación
directa del Presidente como garantía de unidad nacional».

3.6.3. Ahora bien, de acuerdo con los artículos 75 y 79 de la Ley 142 de 1994 y 1° del
Decreto 990 de 2002, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene a
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Demandante: Eruin Rafael Meza Pacheco

cargo las funciones presidenciales de control, inspección y vigilancia de las entidades
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios y los demás servicios públicos a los
que se aplican las Leyes 142 y 143 de 1994 y 689 de 2001. De conformidad con el
artículo 367 de la Constitución Política, la ley se encarga de fijar las competencias y
responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su
cobertura, calidad y financiación.

3.6.4. En ese contexto, la Sala concluye que resulta improcedente ordenar a la
Presidencia de la República que intervenga para efecto de promover alguna actuación
sancionatoria contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pues,
como se ve, la facultad sancionatoria fue delegada a esa misma entidad. Tampoco es
procedente ordenarle al presidente de la República que “emita una orden para que el
superintendente cumpla con las órdenes impartidas por los jueces”, pues, en principio, la
verificación del cumplimiento de las órdenes judiciales corresponde al propio juez que
las impartió.

3.6.5. Además, la Sala advierte que no está acreditada la vulneración del derecho
fundamental de petición por parte de la Presidencia de la República, puesto que la parte
actora no demostró que hubiese presentado alguna solicitud frente a dicha autoridad.
De hecho, en gracia de discusión, fue revisada la documentación aportada con el
escrito de tutela y no fue encontrada ninguna solicitud dirigida a la Presidencia de la
República.

3.7. En esas condiciones, la Sala tiene por resuelto el problema jurídico: i) procede el
amparo del derecho de petición, porque no hay constancia de que la directora territorial
nororiente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hubiese
notificado al demandante la Resolución No. SSPD - 20228600821975 del 12 de
septiembre 2022, y ii) es improcedente que el juez de tutela directamente o por
conducto de la Procuraduría General de la Nación o la Presidencia de la República
sancione a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

FALLA

1. Amparar el derecho fundamental de petición del señor Eruin Rafael Meza Pacheco,
por las razones expuestas en esta providencia. En consecuencia,

2. Ordenar a la Directora Territorial Nororiente de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios que, si no lo ha hecho, en las 48 horas siguientes a la
notificación de esta providencia, notifique, en los términos del artículo 67 del
C.P.A.C.A., al señor Eruin Rafael Meza Pacheco el contenido de la Resolución No.
SSPD - 20228600821975 del 12 de septiembre 2022.

3. Declarar improcedentes las demás pretensiones de la acción de tutela.

4. Notificar a las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

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6. Si no se impugna, enviar el expediente a la Corte Constitucional para lo de su
cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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