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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03157-00

Fecha
7 de julio de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03157-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo en contra de la Procuraduría General de la Nación y del presidente de la República. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales de petición y al debido proceso del accionante, por la mora administrativa que se materializa a la fecha en la omisión de notificación de la resolución que define el trámite de rompimiento de la solidaridad al interior del expediente No. 2021820390125555E que fue radicado ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 17 de diciembre de 2021, y que si bien fue resuelto el 21 de junio de 2022, a la fecha aún no ha sido notificado. TERCERO: ORDENAR que, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios! proceda a gestionar la notificación de la Resolución No. 20228600637515 en lo que respecta al señor Reinaldo Enrique Carvajal Rivera CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03157-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

7 de julio de 2022

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Demandante: Reinaldo Enrique Carvajal Rivera
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03157-00

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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03157-00
Demandante: REINALDO ENRIQUE CARVAJAL RIVERA
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Tutela de fondo – Mora en decidir recurso de apelación dentro
del proceso de ruptura de solidaridad - Ampara.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Reinaldo
Enrique Carvajal Rivera, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito presentado el 9 de junio de 2022, el señor Reinaldo Enrique
Carvajal Rivera, en nombre propio, instauró acción de tutela contra el presidente
de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la
Procuraduría General de la Nación y la empresa CARIBEMAR S.A.S. E.S.P.
(Afinia), con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de
petición, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas por la omisión
de Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en resolver el recurso de
apelación promovido por el actor dentro del trámite administrativo de solicitud de
rompimiento de la solidaridad adelantado ante CARIBEMAR S.A.S. E.S.P.,
respecto de la deuda existente por concepto del servicio de energía sobre un
inmueble de propiedad del señor Carvajal Rivera.

Por su parte, solicitó que la Procuraduría General de la Nación “emita las sanciones
a que haya lugar” en cumplimiento de la denuncia que afirmó presentar. Además,
requirió que se ordene al “presidente de Colombia que ene (sic) ejercicio de sus
funciones emita una orden para que la superservicios proceda con las sanciones a que
haya lugar en contra de la empresa”.

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Demandante: Reinaldo Enrique Carvajal Rivera
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03157-00

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Finalmente, requirió que se ordene al presidente de la República “que en ejercicio
de sus funciones emita una orden para que el superintendente cumpla con las órdenes
impartidas por los jueces y no incurra en más violaciones de los derechos fundamentales$”

1.2. Pretensiones

Las pretensiones de la solicitud de amparo son las siguientes:

“PRIMERO: Que el juez constitucional ampare los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA,
DERECHO DE PETICION.

SEGUNDO: Que el juez constitucional ordene a la superservicios a cumplir con la
ley y dar respuesta a mi recurso de apelación.

TERCERO: Que el honorable magistrado sancione conforme al decreto-ley 2591 de
1991 al superintendente por incumplimiento de una orden judicial.

CUARTO: Remitir copia a la procuraduría general de la nación para que investigue
las faltas que cometieron la superintendente de servicios públicos domiciliarios, el
representante legal y el jefe de jurídica de la empresa.

QUINTO: Que el honorable magistrado ordene al presidente a que en ejercicio de
sus funciones emita una orden para que el superintendente cumpla con las órdenes
impartidas por los jueces y no incurra en más violaciones de los derechos
fundamentales.” (Negritas del texto original y sic a toda la cita)

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

• Se constató que el 17 de junio de 2021 el tutelante inició un trámite de ruptura
de solidaridad ante la empresa CARIBEMAR de la Costa S.A.S. ESP (Afinia)
(identificado NIC 5300374), respecto de una deuda que recae sobre un bien
inmueble de su propiedad, por el cobro del servicio de energía cuando este se
encontraba arrendado.

• El 18 de junio de 2021 dicha petición fue resuelta de manera desfavorable a
través de la Resolución No. 202170160389, en donde se precisó que el
arrendador y el arrendatario son solidariamente responsables de la deuda.
Además, le advirtió que “la dirección del inmueble no coincide con la registrada en la
factura” “(…) “e igual forma se informa al usuario que no presento (sic) el certificado de
libertad y perdición (sic)”.

• Esta decisión fue objeto de recurso de reposición y apelación el 21 de junio de
2021.

• El 24 de junio de 2021, mediante la Resolución con el consecutivo No.
202170167169, se ratificó tal negativa. Asimismo, en tal oficio se dispuso:

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“Toda vez que usted interpuso el recurso de apelación subsidiario al de reposición,
remitiremos el expediente del caso a la Superintendencia de Servicios Públicos
domiciliarios una vez se surta la notificación personalmente o por aviso, y será dicha
entidad quien defina acerca el caso”.

1.4. Fundamentos de la solicitud

El tutelante consideró que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
y la empresa CARIBEMAR de la Costa S.A.S E.S.P. (Afinia), vulneraron sus
derechos fundamentales porque “(…) la respuesta tardía por parte de la
superintendencia de servicios públicos domiciliarios ha generado que la empresa Afinia
me suspenda el servicio de energía eléctrica en razón de la deuda.”.

En ese orden, citó un antecedente de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Proceso de tutela que se identificó con el radicado 11001-03-15-000-2021-05822-
01, dentro del cual, mediante sentencia de 31 de marzo de 2021 se ordenó a la
Superintendencia resolver el recurso de apelación en un término de 48 horas
contados a partir del día siguiente a la notificación de la providencia, y se exhortó
a la referida entidad para que, en lo sucesivo, no incurriera en demoras
administrativas injustificadas.

Además, y de conformidad con las pretensiones de la acción constitucional,
advirtió una presunta omisión en las funciones del presidente de la República y la
Procuraduría General de la Nación, en su deber de emitir “las sanciones a que haya
lugar”.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 13 de junio de 2022, el magistrado ponente admitió la acción de
tutela y ordenó notificar a la tutelante, y como accionadas al presidente de la
República, a la Procuraduría General de la Nación, a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y a la empresa CARIBEMAR de la Costa S.A.S
E.S.P. (Afinia).

Asimismo, dispuso requerir a la parte actora “con el fin de que aporte, al presente
expediente de tutela, copia digital de las actuaciones que realizó ante la Presidencia de la
República y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de establecer el eventual
incumplimiento de esas dependencias en lo referente a sus funciones”.

1.6. Intervención

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentó la siguiente intervención:

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por intermedio de
apoderada, puso de presente que, a su juicio, por tratarse de una tutela dirigida
por la suspensión del servicio de energía, esta dependencia no está legitimada en
la causa por pasiva para actuar.

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No obstante, indicó que en este caso “no ha vulnerado derecho fundamental alguno a
la hoy parte accionante, puesto que, la Dirección Territorial Nororiente de la
Superintendencia ya resolvió de fondo el recurso de apelación de la hoy parte
accionante”.

En efecto, advirtió que “a la fecha de presentación de este informe, han desaparecido
los hechos sobre los cuales el accionante solicitó el amparo constitucional, en la medida
en que, sobre el recurso de apelación No. 20218201769502 del 13 de julio de 2021, ya
fue emitida la resolución SSPD 20228600637515 el día 21 de junio de 2022, contenida en
el expediente No. 2021820390125555E”.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Reinaldo Enrique Carvajal Rivera, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y
el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.

En ese orden, la Sección advierte que esta Corporación sí es la autoridad judicial
que debe conocer el mecanismo constitucional de la referencia, puesto que la
tutela, además de dirigirse en contra de una autoridad de orden nacional, también
se hizo frente al presidente de la República1. Luego, en aplicación de los
numerales 112 y 12 del artículo primero del decreto ídem, que establece las reglas
de reparto de la acción de tutela, el Consejo de Estado es competente para
conocer de este mecanismo en primera instancia.

2.2. Problema jurídico

A esta Colegiatura le resulta pertinente precisar que con el mecanismo
constitucional de la referencia no se pretende controvertir un acto administrativo,
dado que su fundamento principal es una presunta mora en el trámite
administrativo para resolver de fondo el recurso impetrado al interior de un trámite
de ruptura de solidaridad por una deuda de servicios públicos domiciliarios.

Por ello, en esta providencia no se hará alusión a la legalidad de ninguna
resolución, ya que no es el objeto de la acción que hoy nos ocupa, sumado a que,
para que ello ocurra en sede de tutela, se deben acreditar ciertos requisitos
constitucionales3 y jurisprudenciales4.

!
1
Decreto 333 de 2021: Artículo primero: (…) 12. Las acciones de tutela dirigidas contra las
actuaciones del Presidente de la República, (…), serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, al Consejo de Estado. (…).
2
“11. Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y estas sean de
diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas
establecidas en el presente artículo”.
3
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad como
presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá
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Precisado lo anterior, como problema jurídico le corresponde a la Sala determinar
si en el caso concreto se presenta una vulneración a los derechos fundamentales
advertidos por el accionante, por la presunta mora administrativa con ocasión a la
falta de resolución del recurso de apelación impetrado en el trámite de la ruptura
de solidaridad identificado con el radicado NIC 5300374, adelantado en segunda
instancia por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Para el efecto se estudiará: (i) naturaleza de la acción de tutela; (ii); el derecho al
debido proceso, (iii) términos procesales para que la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios resuelva recursos de apelación en sede
administrativa; y (iv) el análisis del caso concreto.

2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable5.

2.4. Derecho al debido proceso

La Constitución Nacional consagra el derecho al debido proceso, en el artículo 29
y prescribe que esta garantía “aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas”.

Por su parte, la Corte Constitucional en su reiterada jurisprudencia ha desarrollado
el debido proceso como derecho fundamental, de la siguiente manera6:

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cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el
numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
4
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.
Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es
contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los
derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
5
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
6
Ver al respecto, entre otras, las sentencias unificación SU-1219 de 2001 y SU-159 de 2002 de la
Corte Constitucional.
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“El debido proceso constituye un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento
para las actuaciones tanto judiciales como administrativas, para la defensa de los
derechos de los ciudadanos, razón por la cual deben ser respetadas las formas
propias del respectivo proceso. Lo anterior garantiza la transparencia de las
actuaciones de las autoridades públicas y el agotamiento de las etapas previamente
determinadas por el ordenamiento jurídico. Por ello los ciudadanos sin distinción
alguna, deben gozar del máximo de garantías jurídicas en relación con las
actuaciones administrativas y judiciales encaminadas a la observancia del debido
proceso.” (Sentencia T- 078 de 1998).

“El derecho al debido proceso es el conjunto de garantías que buscan
asegurar a los interesados que han acudido a la administración pública o ante
los jueces, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El
incumplimiento de las normas legales que rigen cada proceso administrativo o
judicial genera una violación y un desconocimiento del mismo.” (Sentencia C- 339
de 1996)”.

De conformidad con lo anterior, el debido proceso constituye un derecho
fundamental de obligatorio cumplimiento en el sentido de que tanto las autoridades
judiciales como administrativas deben ceñirse a un procedimiento preestablecido,
con el fin de limitar los poderes del Estado, salvaguardar el principio de legalidad y
garantizar la transparencia de las actuaciones de las autoridades del orden
público.

Además, esta garantía también se materializa en la obligación de tramitar los
mecanismos y recursos dispuestos para que los ciudadanos controviertan la
legalidad de los actos administrativos que consideren repercuten en la garantía de
sus derechos; actuaciones que en todo caso deben ajustarse a la observancia
plena de las disposiciones, términos y etapas consagradas en la normatividad
legal.

2.5. Términos procesales para que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios resuelva recursos de apelación en sede administrativa

Si bien la Ley 142 de 1994 o la Ley 1437 de 2011 no establecen un término para
que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resuelva el recurso de
apelación en mención, por remisión expresa de los artículos 13 y 14 de la Ley
1437 de 2011, se tiene que, salvo disposición legal especial en contrario, las!
autoridades competentes tienen un plazo general y expreso de 15 días hábiles
para resolver los recursos administrativos promovidos.

Asimismo, si no fuere posible resolverlos en dicho término, por concurrir de
manera excepcional las condiciones fácticas y jurídicas descritas en el parágrafo
del artículo 14, deberán resolverse en un plazo que no exceda los 30 días desde
su oportuna interposición7.

!
7
Ver al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, fallo de 3 de marzo
de 2022, expediente 11001-03-15-000-2021-05822-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Criterio que a la postre se encuentra acorde con el concepto de la Sala de
Consulta Civil de esta Corporación8, en el cual se precisó que el plazo que
contempla el artículo 86 de la Ley 1437 de 2011, del silencio administrativo
negativo9, -dos (2) meses-, no se puede considerar, “en modo alguno como el
término máximo con el que se cuenta para decidir tales recursos”, dado que tal lapso
atiende a la posibilidad que tiene el usuario para acudir a la administración de
justicia, donde cabe destacar que “la ocurrencia del silencio negativo previsto en este
artículo no exime a la autoridad de responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no
se hubiere notificado auto admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

2.6. Caso concreto

Como viene de explicarse, el accionante consideró que se le vulneraron sus
derechos fundamentales por la presunta mora administrativa en resolver de fondo
el recurso impetrado al interior de un trámite de ruptura de solidaridad.

Asimismo, se tiene que el demandante solicitó que se ordene a la Procuraduría
General de la Nación y al presidente de la República proferir “las sanciones a que
haya lugar”, pretensiones que ocasionaron que el Despacho sustanciador de este
fallo requiriera al señor Reinaldo Enrique Carvajal Rivera, con el fin de que:

“(…) aporte, al presente expediente de tutela, copia digital de las actuaciones que
realizó ante la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación,
con el fin de establecer el eventual incumplimiento de esas dependencias en lo
referente a sus funciones.”

2.6.1. Aclarado lo anterior, y debido a que el tutelante no atendió el requerimiento
en mención, esta Colegiatura considera que no cuenta con los elementos
suficientes para estudiar la presunta omisión en la que incurrieron la Procuraduría
General de la Nación y el presidente de la República, comoquiera que no se
conoce el fundamento normativo o las causales por las que la demandante acudió
a tales dependencias, o si en efecto lo hizo. Por tal razón, la Sala negará la
solicitud de amparo constitucional en lo referente a ordenar el impulso de
sanciones, en lo que respecta a las entidades en mención, ya que no se puede
analizar un eventual incumplimiento de funciones cuando no se conocen las
razones que la fundamentan.

2.6.2. Por su parte, esta Sección amparará los cargos dirigidos contra la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por las razones que se
pasan a exponer.

!
8
Ver Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, concepto con radicado No. 2123,
expediente 11001-03-06-000-2012-00084-00, del 29 de octubre de 2012, M.P. Luis Fernando
Álvarez Jaramillo.
9
“Artículo 86. Silencio administrativo en recursos. Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este
Código, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la interposición de los
recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se
entenderá que la decisión es negativa.”
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En primer lugar, del material probatorio se pudo constatar que el señor Reinaldo
Enrique Carvajal Rivera el 17 de junio de 2021 inició el trámite de ruptura de
solidaridad ante la empresa Afinia, que esta sociedad de servicios públicos
domiciliarios el 18 de junio de 2021 le resolvió de manera desfavorable y que el 24
de junio de 2021 ratificó tal disposición. Concediendo ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios el recurso de apelación correspondiente.

Enseguida se evidencia que la Superintendencia en mención recibió el
expediente el 17 de diciembre de 202110 y resolvió la alzada el 21 de junio de
2022 en contra del solicitante mediante a Resolución No. 20228600637515, así:

“ARTÍCULO PRIMERO. - CONFIRMAR la decisión No. 202170160389 del 18 de
junio de 2021, proferida por la Caribemar de la Costa S.A.S. ESP, todo de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente / electrónicamente el
contenido de la presente Resolución, al señor(a) REINALDO ENRRIQUE
CARVAJAL RIVERA, identificado(a) plenamente en el expediente, quien para el
efecto puede ser citado(a) en la CRA 14 17 33, de la ciudad de
VALLEDUPAR/CESAR, haciéndole entrega de una copia de la misma y
advirtiéndole que contra ésta no proceden recursos por estar agotado el
procedimiento administrativo.

(…)” (Énfasis el texto original)

Ahora, con el fin de acreditar el trámite de la notificación personal de la
resolución en mención, la Superintendencia aportó un oficio (20228603254451),
en donde se evidencia que requirió al tutelante para que compareciera a una
dirección.

No obstante, al expediente de tutela no se allegó constancia de que tal
requerimiento fuese efectivamente enviado, o que, en su defecto, se haya
gestionado la notificación según el artículo 69 de la ley 1437 de 201111 (aviso),
máxime si se tiene en cuenta que el oficio data del 21 de junio de 2022, y han
trascurrido los cinco días que contempla dicha norma para considerar fallida la
citación para la notificación personal.

De todo lo anterior, es posible concluir que órgano de la rama ejecutiva en
mención vulneró los derechos fundamentales del tutelante, ya que si bien el 21 de
junio de 2022 expidió la Resolución No. 20228600637515, que resuelve de
manera definitiva el trámite de ruptura de la solidaridad que inició el tutelante, este
acto administrativo fue proferido por fuera de los términos procesales que

!
10
La Sala destaca que, si bien no se aportó la totalidad del expediente administrativo, y no se
conoce la fecha de envío del expediente, se allegó copia digital del estado del proceso, en donde
consta como fecha de radicación fue “2021-12-17 08:35:38.411843”.
11
“Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los
cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la
dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan
obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. (…)”
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contemplan los artículos 1312 y 1413 de la Ley 1437 de 2011, esto es los 15 o 30
días, ello, si se parte del hecho de que el expediente para la resolución de la
segunda instancia fue radicado ante esa dependencia el 17 de diciembre de 2021.

Ahora bien, dicha circunstancia implicaría que en este caso se podría declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado14, sin embargo, se tiene que la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no acreditó que se haya
notificado la multicitada resolución, luego a la fecha el accionante aún no conoce
la decisión que definió su trámite administrativo, conocimiento que se considera
esencial para que este pueda adelantar, si lo considera pertinente, los
mecanismos de defensa judicial que tiene a su alcance.

2.6.3. Finalmente, esta la Sala negará la pretensión dirigida a que se sancione a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por el incumplimiento del
fallo de tutela de 3 de marzo del 2022 con radicado N. 11001-03-15-000-2021-
05822-01 proferido por esta Sección porque: (i) las sanciones al interior de la
acción constitucional se encuentran reguladas en el artículo 52 del Decreto 2591
de 1991, para lo cual se deberá adelantar un trámite incidental que garantice los
garantías constitucionales de ambas partes, (i) la legitimación en la causa por
activa para iniciar este trámite corresponde a la persona natural o jurídica a la cual
se le ampararon sus derechos fundamentales, dados los efectos inter partes de la
sentencia en mención, y (iii) sumado a que la determinación de la Sala en esa
oportunidad se categorizó en un “exhorto” y no en una orden de cumplimiento
categórica, ya que cada caso cuenta con supuestos facticos particulares que
deben ser objeto de estudio por parte del funcionario competente.

2.7. Conclusión

En consecuencia, esta Colegiatura amparará los derechos fundamentales de
petición y al debido proceso del accionante, por la mora administrativa que se
materializa a la fecha en la omisión de notificación de la resolución que define el
trámite de rompimiento de la solidaridad al interior del expediente No.
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12
“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene
derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este
Código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución. (…)”.
13
Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince
(15) días siguientes a su recepción.

(…)

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del
término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto”.
14
El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991,
atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando en el trámite de
una acción de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones
necesarias para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Reinaldo Enrique Carvajal Rivera
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03157-00

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2021820390125555E que fue radicado ante la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios el 17 de diciembre de 2021, y que si bien fue resuelto el 21
de junio de 2022, a la fecha aún no ha sido notificado.

Por lo tanto, se ordenará Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios!
que, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia,
proceda a gestionar la notificación de la Resolución No. 20228600637515 en lo
que respecta al señor Reinaldo Enrique Carvajal Rivera.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo en contra de la Procuraduría General
de la Nación y del presidente de la República.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales de petición y al debido
proceso del accionante, por la mora administrativa que se materializa a la fecha en
la omisión de notificación de la resolución que define el trámite de rompimiento de
la solidaridad al interior del expediente No. 2021820390125555E que fue radicado
ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 17 de diciembre de
2021, y que si bien fue resuelto el 21 de junio de 2022, a la fecha aún no ha sido
notificado.

TERCERO: ORDENAR que, en el término de las 48 horas siguientes a la
notificación de esta providencia, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios! proceda a gestionar la notificación de la Resolución No.
20228600637515 en lo que respecta al señor Reinaldo Enrique Carvajal Rivera

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente con aclaración de voto)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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Demandante: Reinaldo Enrique Carvajal Rivera
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03157-00

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(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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