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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03189-00

Fecha
25 de julio de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03189-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1°) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Gerardo Olaya en cuanto a los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2) Niegánse las pretensiones de la acción de tutela en lo relacionado con el defecto fáctico, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-03189-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

25 de julio de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veinticinco (25) de julio de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03189-00
Demandante: GERARDO OLAYA
Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
AFILIACIÓN DE AGENTES CONSULARES AL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. PROCESO
DISCIPLINARIO

Síntesis del caso: se cuestiona la providencia que negó la nulidad de los actos
administrativos a través de los cuales se le impuso una sanción disciplinaria al actor, en su
calidad de cónsul de Colombia en Brasil, consistente en destitución e inhabilidad general
por 13 años. La Sala, por un lado, declarará improcedente el mecanismo en cuanto al
defecto sustantivo, tras verificar que no cumplió con los requisitos de relevancia y
subsidiariedad y, por otro, negará las pretensiones en cuanto a los defectos restantes.

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Gerardo Olaya contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para la protección de
sus derechos fundamentales del debido proceso, igualdad, acceso efectivo a la
justicia y presunción de inocencia consagrados en los artículos 29, 13, 229 de la
Constitución Política.

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Mediante escrito presentado el 10 de junio de 2022 el demandante formuló acción
de tutela con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales antes
referidos.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03189-00
Demandante: Gerardo Olaya
Acción de tutela

Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El 11 de febrero de 2008 se posesionó como cónsul de primera clase, grado
ocupacional 3ex en el Consulado de Colombia en Tabatinga (Brasil) en virtud del
Decreto Ejecutivo 4799 del 12 de diciembre de 2007.

2) El 14 de junio de 2005 la señora Maritza de Lima Zambrano ingresó a laborar en
el referido consulado como auxiliar administrativo 1 PA (local) mediante vinculación
legal y reglamentaria, por lo cual fue afiliada al sistema general de seguridad social
de Colombia y contaba con el servicio de medicina prepagada contratado para todos
los servidores públicos que laboraban en el exterior hasta el 30 de abril de 2010, a
través de MetLife Seguros de Vida SA.

3) El Ministerio de Relaciones Exteriores suprimió el cargo que desempeñaba la
señora Maritza de Lima Zambrano y el 7 de diciembre de 2009 la vinculó mediante
contrato laboral a término indefinido, no obstante, no fue afiliada al sistema de
seguridad social del país receptor ni se le afilió al convenio de la póliza especial de
salud para cotización al sistema de seguridad social de Colombia.

4) A través de la circular SGE/DTH 89 de 25 de septiembre de 2009 la Secretaría
General del Ministerio de Relaciones Exteriores le advirtió a los jefes de misiones
diplomáticas y oficinas consulares lo siguiente:

“Al respecto, cabe recordar que por “persona local” se entiende a los
nacionales o residentes permanentes en el Estado receptor (Convención
de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, la Convención de Viena
de 1963 sobre relaciones consulares y el Decreto Ley 274 de 2000).
(…).
Frente a la inquietud de ¿si a los funcionarios locales que venían
cotizando a pensiones y les sea suprimido su cargo, para ser vinculados
posteriormente mediante contrato de trabajo con sujeción al régimen
laboral del país receptor, tiene derecho a la devolución de sus aportes por
parte de la Entidad receptora de los mismos?, es oportuno formular los
siguientes comentarios:
(…).

5. Afiliación al Sistema de Seguridad Social

Una vez suscritos los contratos de trabajo por las personas locales, el Jefe
de Misión Diplomática o de Oficina Consular deberá proceder a la
afiliación de los trabajadores al sistema de seguridad social que el país
receptor imponga a los empleadores (…).”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03189-00
Demandante: Gerardo Olaya
Acción de tutela

5) Previo concepto favorable de una firma contable brasileña, una vez finalizó el
contrato por la renuncia que la empleada presentó, le pagó una indemnización por
el valor de $7.124.0001 por los pagos que no se hicieron al sistema de seguridad
social de Brasil y en atención al cual la empleada se comprometía a no reclamar al
Ministerio por ello.

6) Mediante oficio del 24 de marzo de 2011 el nuevo cónsul de Colombia en
Tabatinga le solicitó a la señora Maritza de Lima Zambrano la devolución de los
dineros por directrices del Ministerio del Interior y esta los devolvió posteriormente.

7) El cónsul Ovidio Helí Gonzáles, que se posesionó después del actor, envió un
oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores en el cual puso de presente que al
parecer el demandante no afilió a la señora Maritza de Lima Zambrano al régimen
de seguridad social brasileño y, por tanto, no efectuó cotización alguna, no obstante,
le entregó los recursos directamente a la empleada el 31 de enero de 2011.

8) El 19 de julio de 2011 el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del
Ministerio de Relaciones Exteriores abrió una indagación preliminar con el fin de
establecer las razones por las cuales el actor, en calidad de cónsul en ese momento,
nunca afilió a la trabajadora Maritza de Lima Zambrano al régimen de seguridad
social Brasileño, lo que conllevó a que ella no efectuara cotización alguna al mismo.

9) El 24 de octubre de 2014 el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno
profirió decisión de primera instancia en la cual sancionó disciplinariamente con
destitución e inhabilidad general al tutelante por trece 13 años, decisión que fue
confirmada en segunda instancia mediante Resolución no. 0245 16 de enero de
2015 proferida por la ministra de Relaciones Exteriores.

10) Contra esos actos administrativos el actor presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho y mediante sentencia del 5 de julio de 2019 la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
negó las pretensiones de la demanda.

1 Si bien la providencia cuestionada señaló que dicha suma fue entregada en reales brasileños, lo

cierto es que el actor se la entregó a la señora Maritza de Lima Zambrano en pesos colombianos.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03189-00
Demandante: Gerardo Olaya
Acción de tutela

11) El demandante apeló y para tales efectos manifestó que la Oficina de Control
Disciplinario Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores carecía de competencia
para investigar y emitir una decisión de primera instancia en el proceso disciplinario,
pues dicha competencia para conocer y juzgar las posibles faltas disciplinarias de
esos funcionarios estaba radicada en los procuradores delegados de conformidad
con el artículo 25 del Decreto 262 de 20002.

12) Igualmente, expuso que la ministra de Relaciones Exteriores también carecía
de competencia para decidir el asunto en segunda instancia, en tanto la misma
estaba radicada en el nominador del funcionario investigado, es decir, en el
presidente de la República de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 del Código
Único Disciplinario3.

13) Señaló que se podía verificar a folio 606 del expediente disciplinario que a través
de auto decretado de oficio se requirió en el numeral 2:”oficiar a la embajada de
Colombia en Brasil, para que informe si el Gobierno de Brasil exige la afiliación al
sistema de Seguridad Social del personal vinculado a la misión mediante contrato
de trabajo”, oficio que, a su juicio, indicó que no tenía la obligación de afiliar a la
señora De Lima.

14) Por otro lado, se omitió comunicar del inicio de la actuación disciplinaria a la
Procuraduría General de la Nación en desatención de lo previsto en el artículo 3 de
la Ley 743 de 2022 del CDU, que preceptúa que dicho órgano es el titular del
ejercicio preferente del poder sancionatorio.

15) Alegó que el señor Ovidio Helí González, entonces cónsul de Colombia en
Tabatinga, no podía ser comisionado para recibir la declaración de la señora Maritza
de Lima Zambrano, por cuanto fue quien formuló la queja que dio lugar a la
investigación en su contra, lo cual “(…) no es bien visto y mucho menos garantista
que quien interpone una queja como servidor público (..) a la vez recaude las
pruebas tendientes a determinar si los hechos de la queja son verdaderos”.

2 “c) Los Agentes Diplomáticos y Consulares, los Directores Generales del Ministerio de Hacienda,

los Defensores Delegados, los Personeros Delegados de la personería de Santa Fe de Bogotá, los
Gobernadores, loa Contralores Departamentales, los Alcaldes de capitales de departamento y los
distritales salvo el de Santa Fe de Bogotá, D.C.”
3 “La segunda instancia será competencia del nominador, salvo disposición legal en contrario”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03189-00
Demandante: Gerardo Olaya
Acción de tutela

16) A través de sentencia de 11 de noviembre de 2021 la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia
en consideración a que si bien el Decreto 262 de 2000 asigna a las procuradurías
delegadas conocer en primera instancia las actuaciones disciplinarias contra los
agentes consulares, lo cierto es que la norma especial y posterior con mayor
jerarquía normativa, esta es, la Ley 734 de 2002 dejó sentada la obligación de los
entes públicos de investigar a sus servidores a través de las oficinas de control
disciplinario interno en primera instancia.

17) Además, mediante OCDI 41391 del 28 de junio siguiente dispuso notificar a la
Oficina de Registro y Control interno de la Procuraduría General de la Nación de
acuerdo con el artículo 155 del CDU4, sin embargo, esta no hizo uso del poder
disciplinario preferente, por lo que entendió que su conocimiento no era una
atribución privativa, sino que el Ministerio de Relaciones Exteriores la podía
adelantar a través de la correspondiente oficina.

18) En cuanto a que el Ministerio de Relaciones Exteriores envió en comisión al
señor Ovidio Helí González, quien presentó la queja en su contra, consideró que la
acción disciplinaria fue presentada ante la dirección de talento humano, la cual daba
cuenta de la posible omisión de afiliar al sistema de seguridad social de Brasil a una
servidora del consulado de Colombia en Tabatinga, cuestión que no resultaba
violatoria de sus derechos.

El fundamento de la vulneración

La parte demandante manifestó que en la providencia cuestionada se incurrió en
los defectos factico, sustantivo y desconocimiento del precedente, los cuales
justificó bajo los siguientes argumentos:

En primer lugar, en cuanto al sustantivo sostuvo que la autoridad demandada debió
definir si existía sobre el Consulado de Colombia la obligación de afiliar a la
empleada al sistema de salud de Brasil o si le correspondía a la Dirección de Talento
Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores garantizarle las mismas

4 “NOTIFICACIÓN DE LA INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN // Si la investigación disciplinaria la

iniciare una oficina de control disciplinario interno, ésta dará aviso inmediato a la Oficina de Registro
y Control de la Procuraduría General de la Nación y al funcionario competente de esa entidad o de
la personería correspondiente, para que decida sobre el ejercicio del poder disciplinario preferente”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03189-00
Demandante: Gerardo Olaya
Acción de tutela

condiciones que había gozado desde su ingreso como empleada consular a través
de la póliza de salud para los empleados permanentes en el servicio exterior y la
cotización a pensión en Colombia.

Lo anterior, en atención a que la empleada consular estaba vinculada al régimen de
seguridad social del Estado colombiano y gozaba de los beneficios de la póliza
especial de salud para servidores públicos que laboraran permanentemente en el
exterior a cargo de Met life Colombia Seguros de Vida SA y de la cual fue
beneficiaria hasta el 30 de abril de 2010, esto es, hasta la desvinculación del cargo
que desempeñaba bajo vinculación legal y reglamentaria, pero que no fue
garantizada en el contrato a término indefinido con la excusa de que se tenía que
afiliar al sistema de seguridad social de Brasil.

El artículo 48 de la Convención de Viena5 sobre Relaciones Consulares en
concordancia con el artículo 11 de la Ley 8213 de 1991 del Brasil y la prueba
documental allegada al expediente demostraban que el Consulado de Colombia no
tenía la obligación de afiliar a la empleada consular al régimen de seguridad social
de ese país.

El cónsul de Colombia en Tabatinga que se posesionó después que él, Ovidio Elí
González, en el memorando C.293/056 del 12 de abril de 2011 (folios 10 y 11),
afirmó que Maritza de Lima Zambrano tenía derecho a seguir afiliada a la
mencionada póliza especial de salud para efectos de la cotización en Colombia y
que la vinculación a la seguridad social en Brasil no era obligatoria, sino facultativa,
por cuanto contaba con tres meses desde la celebración del contrato para definir a
qué régimen de seguridad social se iba a afiliar, es decir, si al convenio de la póliza
especial de salud a través de Met Life Seguros de Vida SA o al del país receptor.

5 “Artículo 48. EXENCION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL // 1. Sin perjuicio de lo dispuesto

en el párrafo 3 de este artículo, los miembros de la oficina consular y los miembros de su familia que
vivan en su casa estarán exentos, en cuanto a los servicios que presten al Estado que envía, de las
disposiciones sobre seguridad social que estén en vigor en el Estado receptor // 2. La exención
prevista en el párrafo 1 de este artículo se aplicará también a los miembros del personal privado que
estén al servicio exclusivo de los miembros de la oficina consular, siempre que:
a) no sean nacionales o residentes permanentes del Estado receptor; y
b) estén protegidos por las normas sobre seguridad social, en vigor en el Estado que envía o en un
tercer Estado // 3. Los miembros de la oficina consular que empleen a personas a quienes no se
aplique la exención prevista en el párrafo 2 de este artículo habrán de cumplir las obligaciones que
las disposiciones de seguridad social del Estado receptor impongan a los empleadores // 4. La
exención prevista en los párrafos 1 y 2 de este artículo no impedirá la participación voluntaria en el
régimen de seguridad social del Estado receptor, siempre que sea permitida por ese Estado.”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03189-00
Demandante: Gerardo Olaya
Acción de tutela

En ese orden, era a la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones
Exteriores a quien le correspondía mantener afiliada a la empleada a la póliza
especial de salud durante la vigencia del contrato de trabajo a término indefinido
para garantizar el derecho a la salud y cotización a pensión como lo había hecho
desde el 14 de junio de 2005 con ocasión de su vinculación anterior.

En el mismo reparo insistió en la falta de competencia de la Oficina de Control
Disciplinario Interno y de la ministra de Relaciones Exteriores para investigar y
sancionar las conductas que se le atribuyeron6.

Respecto al fáctico, señaló que la demandada no valoró el concepto pericial que
daba cuenta que a la empleada consular no se le debían hacer descuentos por
concepto de impuesto de renta ni de seguridad social, el primero porque el valor
mensual del salario era inferior a R$1.566,61 (folios 389 a 400) y el segundo porque
en Tabatinga no existía ningún tipo de convenio ni plan de salud.

En conclusión, a su juicio el proceso disciplinario fue una excusa para sancionarlo
injustamente y no responsabilizar directamente al director de Talento Humano del
Ministerio de Relaciones Exteriores el señor Elías Ancízar Silva Robayo, quien debió
mantener las condiciones y derechos prestacionales a la salud y aportes a la
pensión de la empleada entre el 7 de diciembre de 2009 al 15 de mayo de 2011, en
igualdad de condiciones que los servidores públicos del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

En cuanto al desconocimiento del precedente manifestó que se desatendió la
sentencia de unificación del 9 de agosto de 2016 proferida por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación con ponencia del magistrado
William Hernández Gómez en el proceso con radicación 11001-03-25-000-2011-
00316-00.
Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

6“EL ARTÍCULO 25 DEL DECRETO LEY 262 DE 2000 CONSAGRA UNA COMPETENCIA
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN PARA INVESTIGAR Y
SANCIONAR A LOS ALTOS FUNCIONARIOS, ENTRE ELLOS A LOS NOMBRADOS POR EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DISTINTA AL EJERCICIO DEL PODER PREFERENTE.”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03189-00
Demandante: Gerardo Olaya
Acción de tutela

“Respetuosamente solicito al Honorable Consejo de Estado amparar los
derechos fundamentales invocados y todos aquellos que establezca en el
examen del presente caso y, como consecuencia de este amparo, dejar
sin efecto alguno la providencia objeto de la presente acción y dictar
sentencia de reemplazo o, en su defecto, ordenar que la Sección
Segunda, Subsección B, dicte nueva sentencia acorde con los postulados
constitucionales del debido proceso, de la presunción de inocencia, de la
legalidad, de la igualdad, de la tipicidad, respecto a la competencia
disciplinaria (artículo 25, numeral 1, literal c) del Decreto Ley 262 de 2000,
corrija los defectos fácticos y sustantivos o materiales que se han
señalado en este libelo y observe los lineamientos de la Sentencia de
Unificación ya mencionada.”.

Actuación procesal

Mediante auto de 14 de junio de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y por considerar que le asistía interés en
el proceso se vinculó y notificó al ministro de Relaciones Exteriores entregándole
copia de la demanda y los anexos con el fin de que allegaran un informe sobre los
hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Actuación de las autoridades demandadas

El magistrado cuya decisión se reprocha manifestó que se atiene a lo que se
demuestre en el proceso, pues las razones que sirvieron de fundamento de la
sentencia del 11 de noviembre de 2021 fueron consignadas en la misma.

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó que el accionante desnaturalizó la
acción constitucional puesto que la utilizó como una instancia adicional en la medida
en que reiteró en su escrito los argumentos que ya fueron expuestos en la demanda
con el fin de que el juez constitucional se refiera nuevamente a ellos.

Adicionalmente, expuso que la decisión proferida por la autoridad demandada fue
motivada de conformidad con los principios de autonomía judicial y sana critica, así
como en la jurisprudencia, normatividad y las pruebas allegadas al proceso.
Por último, solicitó que se declare la falta de legitimación por pasiva, pues la tutela
se dirigió contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado por
la sentencia de segunda instancia que negó las pretensiones de la demanda de

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Demandante: Gerardo Olaya
Acción de tutela

nulidad y restablecimiento del derecho y no por la responsabilidad derivada de sus
acciones u omisiones.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto, 3) el defecto sustantivo, 4) el desconocimiento del precedente y 5)
el defecto fáctico.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o
para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los
derechos constitucionales fundamentales antes referidos, presuntamente
vulnerados con ocasión de la sentencia de segunda instancia que negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

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Demandante: Gerardo Olaya
Acción de tutela

encaminadas a que se declarara la nulidad de las decisiones de primera y segunda
instancias por medio de las cuales fue sancionado disciplinariamente con
destitución e inhabilidad general porque incumplió su deber de afiliar al sistema de
seguridad social de brasileño a una empleada del Consulado de Colombia en
Tabatinga (Brasil).

La autoridad judicial demandada manifestó que se atenía a lo resuelto en el
presente fallo y el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela porque carece del requisito de relevancia
constitucional o, en su defecto, pidió que se declare la falta de legitimación por
pasiva en lo que a ella refiere, en tanto lo reprochado es la decisión proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala: i) declarará
improcedente la acción de tutela por incumplimiento de los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad en cuanto a todos los reparos planteados en el
defecto sustantivo, iii) respecto al desconocimiento del precedente se declarará
improcedente por falta de relevancia constitucional ante la ausencia de carga
mínima y, iii) se estudiará de fondo defecto el fáctico y se negarán pretensiones por
las razones que procederán a exponerse:

Defecto sustantivo

3.1. Análisis de la subsidiariedad respecto a algunos reparos del defecto
sustantivo

a) En el escrito de tutela en cuanto al sustantivo el actor sostuvo que la autoridad
demandada debió definir si existía sobre el Consulado de Colombia la obligación de
afiliar a la empleada consular al sistema de salud de Brasil o si le correspondía a la
Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores garantizarle
las mismas condiciones que había gozado desde su ingreso a través de la póliza de
salud para los empleados permanentes en el servicio exterior y la cotización a
pensión en Colombia.

b) Lo anterior, en atención a que la empleada consular estaba vinculada al régimen
de seguridad social del Estado colombiano y gozaba de los beneficios de la póliza
especial de salud para servidores públicos que laboraran permanentemente en el

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exterior a cargo de Met life Colombia Seguros de Vida SA hasta la desvinculación
del cargo que desempeñaba por vinculación legal y reglamentaria, pero que no fue
garantizada en el contrato a término indefinido con la excusa de que se tenía que
afiliar al sistema de seguridad social de Brasil.

c) Asimismo, indicó que el artículo 48 de la Convención de Viena7 sobre Relaciones
Consulares en concordancia con el artículo 11 de la Ley 8213 de 1991 del Brasil y
la prueba documental allegada al expediente demostraban que el Consulado de
Colombia no tenía la obligación de afiliar a la empleada consular al régimen de
seguridad social de ese país.

d) De igual manera refirió que el cónsul de Colombia en Tabatinga que se posesionó
después que él, Ovidio Elí González, en el memorando C.293/056 del 12 de abril de
2011 (folios 10 y 11) le indicó a la Dirección de Talento Humanos del Ministerio de
Relaciones Exteriores lo siguiente:

“(…) el aporte para salud no es (…) obligatorio dentro de la legislación
laboral vigente en Brasil, sin embargo, este aporte puede tornarse
obligatorio cuando el patrón ha contratado una póliza médica de salud
para sus trabajadores convirtiéndose de esta forma en un derecho que se
debe mantener mientras exista la relación laboral. Igualmente manifiesta
(…) que como los funcionarios locales venían laborando con el Ministerio
de Relaciones Exteriores mediante una vinculación legal y reglamentaria
de conformidad con las normas laborales vigentes en Colombia para los
empleados públicos y continuaron prestando sus servicios a la Cancillería
en cumplimiento de la legislación laboral brasileña, lo único que se dio fue
un cambio de vinculación, por lo tanto de acuerdo con los estudios
realizados por esa misión diplomática estas personas tenían derecho a
que se les mantuviera su plan de medicina pre pagada (…).”.

e) Por lo tanto, afirmó que era a la Dirección de Talento Humano del Ministerio de
Relaciones Exteriores a quien le correspondía mantener afiliada a la empleada a la

7 “Artículo 48. EXENCION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto

en el párrafo 3 de este artículo, los miembros de la oficina consular y los miembros de su familia que
vivan en su casa estarán exentos, en cuanto a los servicios que presten al Estado que envía, de las
disposiciones sobre seguridad social que estén en vigor en el Estado recepto // 2. La exención
prevista en el párrafo 1 de este artículo se aplicará también a los miembros del personal privado que
estén al servicio exclusivo de los miembros de la oficina consular, siempre que:
a) no sean nacionales o residentes permanentes del Estado receptor; y
b) estén protegidos por las normas sobre seguridad social, en vigor en el Estado que envía o en un
tercer Estado // 3. Los miembros de la oficina consular que empleen a personas a quienes no se
aplique la exención prevista en el párrafo 2 de este artículo habrán de cumplir las obligaciones que
las disposiciones de seguridad social del Estado receptor impongan a los empleadores // 4. La
exención prevista en los párrafos 1 y 2 de este artículo no impedirá la participación voluntaria en el
régimen de seguridad social del Estado receptor, siempre que sea permitida por ese Estado”.

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Demandante: Gerardo Olaya
Acción de tutela

póliza especial de salud durante la vigencia del contrato de trabajo a término
indefinido para garantizar el derecho a la salud y cotización a pensión como lo había
hecho desde el 14 de junio de 2005 con ocasión de su vinculación anterior.

f) Agregó que las directrices que le envió la Dirección de Talento Humano del
Ministerio de Relaciones Exteriores para la suscripción del contrato de trabajo,
según el oficio DTH no. 67106 del 4 de diciembre de 2009, por una parte, consistían
en que los términos de la minuta no podían ser modificados y, por otra, que
Colombia ya había celebrado convenios con España, Argentina, Chile, Uruguay y
Paraguay de conformidad con los cuales el régimen de cotizaciones era común,
pero el trabajador contaba con tres meses desde la celebración del contrato para
determinar si se acogía al régimen del país receptor o al del convenio con Colombia,
situación que para mayor tranquilidad debía ser definida en el momento del
perfeccionamiento del contrato.

g) Además, la autoridad demandada no observó que la firma de los contratos
correspondería a la Secretaria General y no a los embajadores o cónsules.

Pues bien, la Sala considera que los argumentos que fueron planteados en el escrito
de tutela para efectos de advertir un presunto defecto sustantivo no cumplen con el
presupuesto general de subsidiariedad.

h) Lo anterior, por cuanto la mayoría están encaminados a demostrar que la falta de
afiliación de la señora Maritza de Lima Zambrano se derivó del incumplimiento de
los deberes de la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones
Exteriores, quien tenía la supuesta obligación de que se “garantizara su derecho a
la póliza especial de salud para servidores públicos permanentes en el servicio
exterior y continuar cotizando a pensiones en Colombia”, reparos que constituyen
argumentos nuevos planteados en esta sede constitucional pero que no fueron
propuestos en el proceso ordinario, pese a que el actor tuvo la oportunidad de
alegarlos, de ahí que la tutela se torna improcedente porque este mecanismo no
corresponde a una oportunidad adicional al proceso declarativo que permita
subsanar los yerros o falencias que por incuria o negligencia de la parte interesada
no se alegaron en las oportunidades procesales correspondientes.
i) En la demanda ni en el recurso de apelación el demandante expuso ese reparo
tendiente a demostrar que la responsabilidad no recaía en él en su calidad de

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03189-00
Demandante: Gerardo Olaya
Acción de tutela

cónsul, sino, por el contrario, en la Dirección de Talento Humando del Ministerio de
Relaciones Exteriores, por lo que los jueces de instancia no pudieron pronunciarse
sobre tales alegatos, de ahí que no es de recibo que pretenda discutirlos a través
de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional al proceso
ordinario, pues esta no está instituida para adicionar o mejorar argumentos de
defensa que no se propusieron oportunamente.

3.2. Falta de relevancia constitucional en relación con los reparos restantes
relacionados con el defecto sustantivo

j) En el mismo defecto sustantivo el demandante insistió en la falta de competencia
de la Oficina de Control Disciplinario Interno y de la ministra de Relaciones
Exteriores para investigar y sancionar las conductas que se le atribuyeron8.

k) Pues bien, tal como se advirtió desde los supuestos fácticos, específicamente, en
los argumentos del recurso de apelación el demandante expuso, entre otras cosas,
de manera amplia y suficiente las razones por las cuales consideró que las
autoridades que fallaron el proceso disciplinario en su contra no tenían competencia
para resolver en primera y segunda instancia la actuación disciplinaria en su contra.

l) La autoridad demandada en la providencia cuestionada justificó jurisprudencial y
normativamente que la Oficina de Control Disciplinario Interno del Ministerio de
Relaciones Exteriores era la competente para decidir en primera instancia el
proceso disciplinario en los siguientes términos –se transcribe in extenso por su
importancia jurídica–:

“6.1 El jefe de la oficina de control disciplinario interno y la Ministra de
Relaciones Exteriores eran competentes para decidir la investigación
disciplinaria adelantada contra el accionante en primera y segunda
instancias, en su orden. A través del artículo 25 del Decreto ley 262 de 22
de febrero de 2000 , el legislador extraordinario fijó las competencias de
las procuradurías delegadas, así: FUNCIONES DISCIPLINARIAS. Las
procuradurías delegadas cumplen las siguientes funciones disciplinarias:

1. Conocer en primera instancia los procesos disciplinarios que se
adelanten contra: […] c) Los Agentes Diplomáticos y Consulares […] (se
subraya).

8“EL ARTÍCULO 25 DEL DECRETO LEY 262 DE 2000 CONSAGRA UNA COMPETENCIA
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN PARA INVESTIGAR Y
SANCIONAR A LOS ALTOS FUNCIONARIOS, ENTRE ELLOS A LOS NOMBRADOS POR EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DISTINTA AL EJERCICIO DEL PODER PREFERENTE.”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03189-00
Demandante: Gerardo Olaya
Acción de tutela

De acuerdo con lo anotado, recaía en las procuradurías delegadas la
competencia para conocer, en primera instancia, los trámites
disciplinarios adelantados contra agentes diplomáticos y consulares, entre
otros funcionarios estatales.

Luego, mediante la Ley 734 de 2002, se establecieron los principios
rectores de la ley disciplinaria, dentro de los que se destacan la titularidad
de la acción disciplinaria y el poder disciplinario preferente:

ARTÍCULO 2o. TITULARIDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. Sin
perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de
la Nación y de las Personerías Distritales y Municipales, corresponde a
las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con
potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado,
conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus
dependencias […].

La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda
surgir de la comisión de la falta.

ARTÍCULO 3o. PODER DISCIPLINARIO PREFERENTE. La
Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente del
poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir
cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de
control disciplinario interno de las entidades públicas. Igualmente podrá
asumir el proceso en segunda instancia.

En virtud de la misma potestad, mediante decisión motivada, de oficio o a
petición de cualquier persona, podrá avocar el conocimiento de aquellos
asuntos que se tramitan internamente en las demás dependencias del
control disciplinario. También se procederá en la misma forma cuando se
desprenda del conocimiento de un proceso.

En tal virtud, a partir de la expedición del nuevo Código Disciplinario Único
(CDU), que sustituyó el contenido en la Ley 200 de 28 de julio de 1995,
se previó, como regla general, que la titularidad de la acción disciplinaria
corresponde a las oficinas de control disciplinario interno de las ramas,
órganos y entidades del Estado, ello sin perjuicio del poder disciplinario
preferente de la Procuraduría General de la Nación, potestad que le
autoriza asumir o entregar a aquellas dependencias el correspondiente
trámite administrativo .

Asimismo, la Ley 734 de 2002, en su artículo 76 («CONTROL
DISCIPLINARIO INTERNO»), ordenó a «Toda entidad u organismo del
Estado, con excepción de las competencias de los Consejos Superior y
Seccionales de la Judicatura, […] organizar una unidad u oficina del más
alto nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la garantía de la
doble instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los
procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. Si no
fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura
organizacional conocerá del asunto la Procuraduría General de la Nación
de acuerdo a sus competencias», de lo que se colige que la intención del
legislador fue dejar en cabeza de los entes públicos la investigación y
sanción de sus servidores, por lo menos, en primera instancia.

En lo que atañe al asunto que ahora nos ocupa, el Gobierno nacional, por
medio del Decreto 110 de 21 de enero de 2004, modificó la estructura del
Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro de la cual incluyó la dirección
de control disciplinario interno, dependencia adscrita a la secretaría

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03189-00
Demandante: Gerardo Olaya
Acción de tutela

general, a cuyo cargo estaba (i) «Ejercer la acción disciplinaria y aplicar
el procedimiento disciplinario con sujeción a las disposiciones, facultades
competencias y procedimientos establecidos en la Ley 734 de 2002 o
Código Disciplinario [Ú]nico y demás disposiciones que lo
complementen»; (ii) «Conocer y fallar, en primera y única instancia, los
procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores y ex
servidores públicos […], sin perjuicio de las competencias atribuidas a la
Procuraduría General de la Nación»; y (iii) «Dictar las providencias,
resolver los recursos, decidir sobre archivo de la investigación, nulidades,
prescripción de la acción, y emitir las demás providencias y actos que
procedan dentro de la indagación preliminar e investigación disciplinaria
de primera y única instancia a su cargo conforme con lo previsto en el
Código Disciplinario [Ú]nico» .

Las anteriores facultades fueron reproducidas por el artículo 21 del
Decreto 3355 de 7 de septiembre de 2009 (vigente para la época de los
hechos), en la que se reestructuró dicha cartera, pero ahora asignadas en
la oficina de control disciplinario interno, que, adicionalmente, asumió la
de «Remitir al Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores, para fallo
de segunda instancia, las providencias y procesos adelantados contra
servidores y ex servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores y sus
Misiones» (numeral 5).

Por su parte, el artículo 6º del citado Decreto 3355 preceptuó que entre
las atribuciones del despacho del Ministro de Relaciones Exteriores, se
encuentra la de «Fallar en segunda instancia los procesos disciplinarios
que se adelanten contra los servidores y ex servidores públicos del
Ministerio, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Procuraduría
General de la Nación» (numeral 10).

En el asunto sub judice, el demandante sostiene que «[…] fue investigado
y sancionado por un funcionario incompetente, lo cual vulneró su derecho
constitucional al Debido Proceso».

En tal sentido, se precisa, de entrada, que no le asiste razón, pues si bien,
como se vio, el Decreto 262 de 2000 asigna a las procuradurías delegadas
conocer en primera instancia las actuaciones disciplinarias contra los
agentes consulares, lo cierto es que la norma especial y posterior (y valga
agregar, con mayor jerarquía normativa: Ley 734 de 2002) está dirigida
no solo a fijar parámetros de competencia (como aquel), sino que,
además, estableció los principios rectores de ese tipo de trámites, los
cuales, sin duda, prevalecen, y que dejó sentada la obligación de los entes
públicos de investigar a sus servidores a través de las oficinas de control
disciplinario interno (en primera instancia).

Resulta importante recordar que la lectura de la normativa exige tanto su
interpretación exegética como acudir al método sistemático, es decir, su
armonización con otras normas, fines o principios, de modo que no existan
contradicciones, incompatibilidad o incongruencia entre ellas, bajo el
entendido de que el «[…] ordenamiento jurídico puede ser concebido bajo
la idea de un sistema, de allí, entonces, que la coherencia y unidad se
califiquen como sus características […], pues toda disposición ha sido
proferida en el marco de un amplio conjunto de disposiciones de igual
jerarquía, con las que debe operar de manera consonante» .

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia C-1061 de 2003,
M. P. Rodrigo Escobar Gil, dijo:

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03189-00
Demandante: Gerardo Olaya
Acción de tutela

Posteriormente, la Ley 734 de 2002 avanzó en el rediseño del régimen
disciplinario al puntualizar que a la unidad u oficina de control interno que
debe organizarse en todas las entidades u organismos del Estado le
corresponde conocer y fallar (Subraya la Corte) en primera instancia los
procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores de la
respectiva entidad […].

Tal como se puso de presente en la Sentencia C-095 de 2003, a partir de
las anteriores precisiones "... es posible concluir que la Ley 734 de 2002
ha modificado la manera tradicional como se desarrollaba el control
disciplinario al interior de las distintas entidades del Estado. En efecto, con
anterioridad a dicha Ley, el control interno suponía una relación jerárquica
• funcional entre el sujeto disciplinable y el titular de la acción, es decir, el
poder disciplinario era siempre ejercido por el superior inmediato del
investigado." Hoy por hoy, en principio y salvo las excepciones que son
objeto de censura en este proceso, el control disciplinario interno, en su
primera instancia, es competencia de una unidad u oficina especializada
que debe organizarse en cada una de las entidades o de los organismos
del Estado [se destaca].

Y es que aplicar de manera desprevenida, aislada y literal el Decreto 262
de 2000, como lo pretende el actor, significaría desconocer tanto la
titularidad de la acción disciplinaria prevista en el artículo 2º de la Ley 734
de 2002, como que la distribución de funciones en las procuradurías
delegadas no implicó la asignación de competencias exclusivas y
excluyentes, sino que reafirma su poder disciplinario preferente, el cual es
facultativo.

m) Asimismo, en cuanto a la competencia de la ministra de Relaciones Exteriores
en segunda instancia determinó que pese a que no era la nominadora, sí era
autoridad de superior jerárquica y funcional de la oficina de Control Disciplinario
Interno, así:

“Por otra parte, tampoco es factible pregonar que no era el regente de la
accionada el competente para desatar la segunda instancia
administrativa, dado que, además de ser el superior jerárquico y funcional
de la oficina de control disciplinario interno, es el director del Ministerio de
Relaciones Exteriores, en cuya estructura están los miembros de las
misiones colombianas acreditadas en el exterior, es decir, embajadores y
cónsules, entre otros, aunque no sea su nominador.”.

n) En todo caso manifestó que las autoridades demandadas no omitieron reportar
que asumieron competencia frente a la presunta comisión de una falta disciplinaria,
sino que la Procuraduría General de la Nación no manifestó inconformidad alguna
relacionado con ello:
“Sin perjuicio de lo anotado, se echa de menos que el accionante haya
invocado la presunta incompetencia de las mencionadas autoridades,
amén de que, en todo caso, de haberse así percatado, omitió reportarlo a
la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de que esta
continuara con la investigación promovida en su contra, como lo prevé el
artículo 69 del CDU.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03189-00
Demandante: Gerardo Olaya
Acción de tutela

Asimismo, no resulta cierta la afirmación del demandante, según la cual
la accionada omitió informar a la Procuraduría General de la Nación del
inicio de la investigación en su contra (f. 949 vuelto), puesto que el 31 de
mayo de 2012, cuando se dictó tal decisión, dispuso notificar a la oficina
de registro y control de la accionada, de conformidad con el artículo 155
del CDU (f. 207), lo que efectuó el 28 de junio siguiente, mediante oficio
OCDI 41391 (f. 213); pese a ello, este no hizo uso del poder disciplinario
preferente, de lo que se colige que entendió que su conocimiento no era
una atribución privativa, sino que el Ministerio de Relaciones Exteriores la
podía adelantar a través de la correspondiente oficina.

Por consiguiente, la inconformidad en este sentido no prospera.”.

En relación con el desconocimiento del precedente (carga mínima)

4.1) En cuanto al desconocimiento del precedente, el actor manifestó que se
desatendió la sentencia de unificación del 9 de agosto de 2016 proferida por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación con ponencia del
magistrado William Hernández Gómez en el proceso con radicación 11001-03-25-
000-2011-00316-00, sin embargo, no expuso un mínimo de argumentos que
permitieran entender por qué ese precedente también era aplicable a su caso en
razón de los fundamentos jurisprudenciales y normativos allí trazados, pues se limitó
a indicar los datos de la sentencia sin confrontar dicha providencia con su caso en
concreto, con lo cual incumplió la carga mínima argumentativa que le asistía.

4.2) En consecuencia, se declarará improcedente la tutela en cuanto a ese defecto
por falta de relevancia constitucional por ausencia de carga mínima, pues no se
cuenta con elementos de juicio para analizar cuáles fueron las reglas
jurisprudenciales que presuntamente se desconocieron.

En relación con el defecto fáctico

5.1) Ahora bien, este reparo se analizará de fondo pues se advierte que cumple los
requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la jurisprudencia
constitucional, por cuanto: (i) se agotaron todos los medios de defensa judicial
disponibles al alcance de las personas afectadas ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo; (ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se
tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación de la providencia atacada9; (iii) el presente caso no se trata de una

9 La notificación se efectuó el 10 de diciembre de 2021 y la tutela se presentó el 10 de junio de 2022.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03189-00
Demandante: Gerardo Olaya
Acción de tutela

irregularidad procesal que deba ser tenida como un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora;
(iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos que se transgredieron, (v) no se ataca una
sentencia de tutela; (vi) finalmente, la cuestión que se discute es
constitucionalmente relevante puesto que de alegó una presunta omisión por parte
de la autoridad demandada en la valoración de una prueba que presuntamente
podría tener incidencia en la decisión que puso fin al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Por consiguiente, la Sala procederá a estudiarlo a fin
de verificar si se configura o no.

5.2) En relación con el presunto defecto fáctico el demandante señaló que la
accionada no valoró el concepto pericial que daba cuenta que a la empleada
consular no se le debían hacer descuentos por concepto de impuesto de renta ni de
seguridad social, el primero porque el valor mensual del salario era inferior a
R$1.566,61 y el segundo porque en Tabatinga no existía ningún tipo de convenio ni
plan de salud, por lo tanto, en atención a ese concepto emitido por una empresa de
contadores era posible el reintegro de esos dineros directamente a la señora Maritza
de Lima Zambrano.

5.3) Sobre ese reparo se advierte que dicha prueba no tenía la entidad suficiente
para cambiar el sentido de la decisión pues el actor no podía desconocer sus
deberes con fundamento en conceptos ajenos al ejercicio del servicio público y en
desconocimiento de los procedimientos legalmente establecidos sobre un asunto
tan importante como lo era afiliación de los empleados al sistema de seguridad
social, bajo pretexto de que la empresa de contadores ALC CONTABILIDAD emitió
un concepto en el cual consideró viable el reintegro de los dineros que no fueron
consignados al sistema de seguridad social brasileño directamente a la señora
Maritza de Lima Zambrano, con el compromiso de que no iniciaría reclamación ante
el aludido Ministerio.

Conclusión

6.1) En conclusión, se declarará improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional y subsidiariedad en
relación con el defecto sustantivo, al tiempo que se declarará improcedente por falta

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03189-00
Demandante: Gerardo Olaya
Acción de tutela

de relevancia constitucional lo relativo al desconocimiento del precedente judicial
por ausencia de carga mínima y, por último, se negará el amparo en lo referido al
defecto fáctico, por las razones hasta aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA

1°) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Gerardo
Olaya en cuanto a los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2) Niegánse las pretensiones de la acción de tutela en lo relacionado con el defecto
fáctico, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

4°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Salva voto parcialmente

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por el magistrado
ponente en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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