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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03060-01

Fecha
22 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03060-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1º) Confirmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora, por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-03060-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

22 de septiembre de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03060-01
Demandante: SUSANA IMELDA JIMÉNEZ CASTILLO
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE
ACCEDIÓ PARCIALMENTE AL RECONOCIMIENTO Y
PAGO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN. RÉGIMEN
APLICABLE A LOS DOCENTES. APORTES PRIVADOS AL
ENTONCES ISS O A UNA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL,
COMO LO REQUIERE EXPRESAMENTE LA LEY 71 DE
1988. DEFECTO SUSTANTIVO Y DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE HORIZONTAL. SE CONFIRMA EL FALLO
QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA
POR EL INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la demandante consideró que las autoridades judiciales demandadas
vulneraron sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, seguridad social,
mínimo vital e igualdad con ocasión de los fallos del 27 de abril de 2021 y 3 de marzo de 2022
que accedieron parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, por cuanto reconocieron la pensión de jubilación pero conforme al régimen contenido
en la Ley 33 de 1985 y no en la Ley 71 de 1988.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 22 de julio de 2022 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada
por Susana Imelda Jiménez Castillo, en contra de la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, por los motivos expuestos en las
consideraciones de esta providencia.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03060-01
Demandante: Susana Imelda Jiménez Castillo
Acción de tutela – Impugnación fallo

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas y mayúsculas del original).

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 6 de junio de 2022 la señora Susana Imelda Jiménez Castillo presentó proceso de
acción de tutela en contra de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y de la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca con el fin de que se protegieran sus derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, seguridad social, mínimo vital e igualdad y, por tanto,
se accediera a las siguientes súplicas:

“PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la
prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS la
sentencia emitida por el CONSEJO DE ESTADO - SECCION SEGUNDA-
SUBSECCION -A- de fecha 03 de Marzo del 2022, mediante la cual se
confirmó parcialmente la sentencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA
SUBSECCION “F” el 27 de Abril del 2021. Sentencias que desconoce lo
establecido en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al
Honorable Consejo de Estado se ORDENE al CONSEJO DE ESTADO -
SECCION SEGUNDA- SUBSECCION -A- a proferir sentencia de fondo
ordenando al FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a
RECONOCER LA PENSIÓN DE JUBILACION POR APORTES a la señora
SUSANA IMELDA JIMENEZ CASTILLO, identificada con la Cédula de
Ciudadanía N° 20.589.901 expedida en Bogotá, con la inclusión de todos las
cotizaciones efectuadas al sistema pensional de conformidad a la ley 71 de
1988 y Ley 91 de 1989.

TERCERO: Solicito cordialmente a su distinguida Sala oficiar al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA
SUBSECCION “F” para que allegue en su integralidad
25000234200020190050801 como quiera que el expediente ya ha sido devuelto
del Tribunal al despacho de origen.”. (archivo disponible en medio magnético a
través del aplicativo SAMAI- mayúsculas y negrillas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03060-01
Demandante: Susana Imelda Jiménez Castillo
Acción de tutela – Impugnación fallo

1) Nació el 30 de noviembre de 1955 y prestó sus servicios como docente al servicio del
Estado por más de 20 años, durante los cuales cotizó a seguridad social en pensiones
en la Secretaría de Educación de Cundinamarca, Colpensiones, Protección y en la
Secretaría de Educación de Bogotá.

2) El 22 de agosto de 2018 solicitó ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio el reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes, conforme a lo
dispuesto en las Leyes 71 de 1988 y 91 de 1989, petición que fue resuelta de manera
desfavorable mediante la Resolución no. 10498 del 12 de octubre del mismo año, por
cuanto la docente no cumplía con los requisitos previstos en las Leyes 797 de 2003 y 100
de 1993 que le eran aplicables en la medida en que fue vinculada, como tal, después de
la vigencia de la Ley 812 de 2003, decisión que fue confirmada mediante la Resolución
298 del 18 de enero de 2019.

3) Presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del FOMAG con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos antes referidos y se ordenara el reconocimiento de la pensión de
jubilación con la inclusión de los factores salariales devengados en el año anterior,
conforme a lo establecido en la Ley 71 de 1988.

4) El proceso correspondió a la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, quien mediante sentencia del 27 de abril de 2021
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda1.

5) Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación en el
que solicitó que la pensión de jubilación se reconociera con fundamento en la Ley 71 de

1 Consideró que el derecho prestacional de la demandante no se rige por las Leyes 100 de 1993 y 797 de

2003, y por consiguiente es acreedora de la pensión de conformidad con el régimen anterior previsto para
los servidores públicos del orden nacional como lo consagra el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, es decir
la Ley 33 de 1985, más aún en el entendido de que aquella acumuló más de 20 años de servicio público
oficial al 22 de agosto de 2018 cuando radicó la petición de reconocimiento; además, dispuso que el
requisito de tiempo de servicio solo se cumplió el 13 de febrero de 2018, por lo que es desde allí que deberá
ser efectiva la pensión por ser compatible con el salario percibido por la docente al haberse vinculado en
vigencia de la Ley 91 de 1989 que permite esa coexistencia de emolumentos.
Así pues, el tribunal consideró que la accionante tenía derecho a que la pensión fuera reconocida con
aplicación de la Ley 33 de 1985 de conformidad con la Ley 91 de 1989, edad de 55 años y 20 años de
servicios públicos y la tasa de reemplazo equivalente al 75% de los factores cotizados en el año anterior a
la adquisición de estatus, efectiva a partir del 14 de febrero de 2018 con los reajustes anuales de ley.

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Demandante: Susana Imelda Jiménez Castillo
Acción de tutela – Impugnación fallo

1988 y no bajo el amparo de la Ley 33 de 1985, como lo determinó el tribunal de origen,
e indicó que como se vinculó al magisterio con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, no podía pertenecer al régimen de prima media con prestación
definida como lo contempla el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, no era
apropiado que no se computaran los tiempos laborados en el sector privado, sino solo
los derivados de vínculos oficiales, pues con ello se desconocía el retroactivo pensional
al que tiene derecho desde el 11 de diciembre de 2013.

6) El recurso fue desatado por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en providencia del 3 de marzo de 20222, en la cual confirmó la decisión de primera
instancia, pues consideró que el derecho prestacional no debe reconocerse con
efectividad desde el 11 de diciembre de 2013, pues a la demandante no le era aplicable
la figura de la pensión por aportes contenida en la Ley 71 de 1988, habida cuenta que, si
bien acreditó la acumulación de sendas cotizaciones derivadas de un contrato de trabajo
con un empleador particular, estas se abonaron a una AFP privada del régimen de ahorro
individual con solidaridad en la que aún se encuentra activa, y no al entonces ISS, como
debió haberlo hecho por exigencia expresa de las normas.

7) En esa medida, concluyó que como la demandante no efectuó aportes privados al
entonces ISS o a una caja de previsión social, como lo requiere expresamente la Ley 71
de 1988, dicha normativa no podría gobernar su situación sino la Ley 33 de 1985, pues
era beneficiaria del régimen excepcional de los maestros oficiales al haber sido vinculada
bajo esa calidad antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

3. El fundamento de la vulneración

La demandante señaló que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus
derechos constitucionales fundamentales antes referidos con ocasión de las providencias
proferidas el 27 de abril de 2021 y el 3 de marzo de 2022, por cuanto, a su juicio,
incurrieron en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

Frente al defecto sustantivo señaló que las autoridades demandadas desconocieron que
la señora Jiménez Castillo cumplió con los requisitos legales para ser beneficiada de la

2 Decisión que se notificó el 31 de marzo de 2022.

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Demandante: Susana Imelda Jiménez Castillo
Acción de tutela – Impugnación fallo

pensión de jubilación regida por pertenecer a un régimen prestacional especial como lo
es el de los docentes y estar vinculada al FOMAG con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, por lo que se le debe aplicar la Ley 91 de 1989 que, para el caso
en concreto, remite a la Ley 71 de 1988 que desarrolla la pensión de jubilación por
aportes.

Se vinculó como docente al magisterio y cotizó al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio desde el 28 de julio de 1975, es decir, con anterioridad a la
vigencia de la Ley 812 de 2003, razón por la cual de conformidad con lo establecido en
el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se le debe reconocer y liquidar la pensión de jubilación
equivalente al 75% del promedio mensual de los factores salariales del último año de
servicio o del cumplimiento del estatus pensional.

El artículo 7 de la Ley 71 de 1988 dispone que la pensión de jubilación por acumulación
de aportes resulta de la sumatoria de tiempos cotizados en el sector público y privado,
por lo que la Ley 91 de 1989 fue indebidamente aplicada al caso concreto por no disponer
la liquidación pensional por acumulación de aportes.

Por otra parte, indicó que no se observó lo dispuesto en i) la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E del 21 de febrero de
2020, radicación 11001-33-35-007-2016-00325-01, MP Patricia Victoria Manjarrez Bravo;
ii) la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F del 6 de agosto de 2020, radicación 2500023420000160450000, MP Luis
Alfredo Zamora Acosta y iii) el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E del 15 de mayo de 2020, radicación 2500-23-42-000-2017-
02460-00, MP Jaime Alberto Galeno Garzón, en los cuales se puede evidenciar el
precedente judicial existente sobre la materia.

4. Actuación de primer grado

Mediante providencia de 8 de junio de 2022 la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados
integrantes de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a los
magistrados de la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de

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Cundinamarca y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio con el fin de que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Sentencia de primera instancia

La Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación en sentencia de 22 de julio
de 2022 declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

Sostuvo que la demandante realizó cuestionamientos que, lejos de indicar los yerros
presentes en relación con las normas y las reglas jurisprudenciales aplicadas en el
estudio fáctico y jurídico realizado por el Consejo de Estado, en realidad contenía
consideraciones personales sobre la forma de estudiar el asunto y las conclusiones que
debían tenerse en cuenta para efectuar la reliquidación de la prestación que reclamó.

La pretensión de la demandante va encaminada a que el juez de amparo haga una nueva
revisión del asunto, a partir de sus propias consideraciones, como si se tratara de una
instancia adicional, lo cual resulta ajeno al objeto de la tutela.

6. Impugnación

La parte demandante presentó impugnación al fallo de primera instancia, que fue
concedida en auto de 1 de septiembre de 2022.

Reiteró que la señora Jiménez Castillo se vinculó al servicio del Estado desde el año
1975 y, por tanto, se rige bajo las prerrogativas de la Ley 91 de 1989 por ser vinculada al
magisterio con anterioridad a la entrada en vigencia la Ley 812 de 2003 y, adicional, es
excluida de la aplicación de la Ley 100 de 1993 conforme a su artículo 279.

Contrario a lo manifestado por el Consejo de estado, sí se realizaron cotizaciones al ISS
(hoy Colpensiones) desde el 1 de febrero de 1997 hasta el 6 de junio de 1999, como lo
requiere expresamente la Ley 71 de 1988.

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Demandante: Susana Imelda Jiménez Castillo
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La autoridad judicial demandada debe reconocer la pensión de jubilación por aportes que
reclama la demandante, con la inclusión de todas las cotizaciones efectuadas al sistema
pensional, de conformidad con la Ley 71 de 1988 y la Ley 91 de 1989.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y a la Subsección F de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de que se
protejan los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, seguridad
social, mínimo vital e igualdad presuntamente vulnerados con ocasión de las providencias

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proferidas el 27 de abril de 2021 y el 3 de marzo de 2022, por cuanto, a su juicio,
incurrieron en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

En la sentencia de primera instancia la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

En el escrito de impugnación la parte demandante reiteró que la autoridad judicial
demandada debe reconocer la pensión de jubilación por aportes con la inclusión de todas
las cotizaciones efectuadas al sistema pensional, de conformidad con la Ley 71 de 1988
y la Ley 91 de 1989.

La Sala considera preciso aclarar que, si bien la acción de tutela se dirigió indistintamente
contra los fallos del 27 de abril de 2021 y del 3 de marzo de 2022, proferidos en el trámite
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que en este caso el
análisis se limitará a este último por cuanto fue el que definió la situación jurídica
particular.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará el fallo de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, por las razones que procederán a exponerse:

1. Análisis del defecto sustantivo

1.1 Para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición de la acción
de tutela en cuanto a este cargo se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos
que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del recurso de
apelación, con miras a que se declarara que se debía tener en cuenta el tiempo de
servicio privado acumulado en la AFP Protección para computarlo con el cotizado en el
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a fin de que le fuera reconocida la
pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 con efectividad desde el
11 de diciembre de 2013.

1.2 Ahora bien, en el recurso de apelación presentado contra la providencia de primera
instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda la parte

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demandante indicó, en los mismos términos que ahora plantea, que la pensión de
jubilación se debía reconocer con fundamento en la Ley 71 de 1988 y no bajo el amparo
de la Ley 33 de 1985, al tiempo que señaló que como se vinculó al magisterio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 no podía pertenecer al
régimen de prima media con prestación definida como lo contempla el artículo 279 de la
Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, no era apropiado que no se computaran los tiempos
laborados en el sector privado, pues con ello se desconocía el retroactivo pensional al
que tenía derecho desde el 11 de diciembre de 2013, así:

“En virtud de lo anterior y como quiera que el demandante se vinculó al
Magisterio con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
no pertenece al Régimen (sic) de Prima Media con prestación definida,
contrario a lo que señala el Honorable Tribunal administrativo de Cundinamarca.

En el mismo sentido el articulo (sic) 279 de la Ley 100 de 1993, señala que los
docentes que se vinculen con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, estan (sic) exceptuados de la apliación (sic) del Regimen
(sic) de Prima Media contenido en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, por
tanto la apreciación del fallador no esta (sic) acorde con la normatividad
aplicable al caso.

Como consecuencia de lo anterior el Honorable Tribunal Administrativo de
Cundinamarca señala que no es posible tener los mencionados tiempos, si no
solo los cotizados al servicio público y en ese sentido desconoce el retroactivo
pensional solicitado desde el 11 de diciembre de 2013.

Como se puede observar todo el análisis que realiza el despacho respecto de
los tiempos que se encuentran en el Regimen (sic) de Ahorro Individual es con
base en el Regimen (sic) de Prima Media que, efectivamente es excluyente con
el Regimen (sic) de Ahorro individual pues aquí en este escenario solo es
posible devengar una prestación a cargo del ultimo (sic) fondo de pensiones
que se encuentre la afiliación siempre y cuando haya permanecido un mínimo
de 6 años, y en este sentido es o el Regimen (sic) de Prima Media o el Régimen
(sic) de Ahorro individual quien acumula todos los tiempos cotizados por la
persona para efectuar el reconocimiento pensional ( situación que no es
aplicable al presente caso)

Ahora bien, lo que tiene que ver con el reconocimiento de una pensión con
base en la Ley 71 de 1988, el objetivo de esta fue que las personas que no
lograran consolidar solo tiempos públicos para que les fuera reconocida
una pensión de Jubilación con base en la Ley 33 de 1985, pudiera
acumular los privados para consolidar el derecho, quedando, así como
una normativa aplicable en virtud del regimen (sic) de transición
establecido en la Ley 100 de 1993.

(…).

En tal sentido es la misma entidad que viene reconociendo pensiones bajo
la Ley 71 de 1988 apegado al regimen (sic) exceptuado del magisterio a
aquellos docentes que se vincularon con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003 ( 26 de junio de 2003), pues en la mayoría de

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los casos, la controversia se presenta es si se deben o no tener en cuenta las
vinculaciones en calidad de interinos antes de la entrada en vigencia de la
anterior normatividad, todo para efectos de reconocer el régimen (sic)
exceptuado del magisterio contenido en la Ley 91 de 1988, Decreto 2277 de
1979 y para este caso Ley 71 de 1988, situación que fue analizada
correctamente por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de
la cual no hay discusión, no siendo dela (sic) misma forma la procedencia de la
acumulación de los tiempos cotizados en el RAI.”. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI- negrillas del original).

1.3 Por su parte, en la providencia del 3 de marzo de 2022 la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia, por cuanto el
derecho prestacional no debía reconocerse desde el 11 de diciembre de 2013, pues a la
demandante no le era aplicable la figura de la pensión por aportes contenida en la Ley
71 de 1988, habida cuenta que, si bien acreditó la acumulación de sendas cotizaciones
derivadas de un contrato de trabajo con un empleador particular, estas se abonaron a
una AFP privada del régimen de ahorro individual con solidaridad en la que aún se
encuentra activa, y no al entonces ISS, como debió haberlo hecho por exigencia expresa
de la norma, como lo indicó la providencia en los siguientes términos:

“En conclusión: el derecho prestacional debatido a favor de la señora
Susana Imelda Jiménez Castillo, no debe reconocerse con efectividad
desde el 11 de diciembre de 2013, según los preceptos de la Ley 71 de
1988, es decir, bajo el régimen pensional por aportes con el cómputo de
las cotizaciones efectuadas a la AFP Protección en virtud de su
vinculación en el sector privado en el RAIS, toda vez que estas se
encuentran abonadas y reportadas a una administradora del régimen de
ahorro individual con solidaridad y no al extinto ISS (hoy Colpensiones)
conforme lo exigido tanto en la referida norma como en el Decreto
Reglamentario 2709 de 1994 para poder consolidar dicha prerrogativa.

Debe tenerse en cuenta que el presente caso no consiste en una multiafiliación
de la demandante entre el RAIS y el RPMPD que permita el traslado entre
regímenes ni la expedición de bonos o transferencia de aportes entre actores
del sistema, sino que se trata de una coexistencia entre el primero y el régimen
exceptuado de los docentes oficiales administrado por una entidad pública de
previsión social como lo es el Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

Por esta razón, en virtud de la autonomía de ambos marcos jurídicos
pensionales, resulta necesario tener en cuenta los efectos prestacionales de
cada uno de manera independiente, sin que rijan las previsiones de la Ley 100
de 1993. De este modo, luego de evidenciarse que la libelista no efectuó
aportes privados al entonces ISS o a una caja de previsión social, como lo
requiere expresamente la Ley 71 de 1988, dicha normativa no podría
gobernar su situación, sino la Ley 33 de 1985 conforme lo determinó el a
quo al hallar que aquella era beneficiaria del régimen excepcional de los
maestros oficiales al haber sido vinculada bajo esa calidad antes de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

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Demandante: Susana Imelda Jiménez Castillo
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En suma, efectivamente se requería demostrar la acumulación de 20 años
de servicio exclusivamente público, los cuales acreditó hasta el 13 de
febrero de 2018, tal como se determinó en el fallo apelado.”. (archivo disponible
en medio magnético en el aplicativo SAMAI – negrillas de la Sala).

1.4 En esa medida, esta Corporación denota que los argumentos relacionados con el
marco normativo aplicable para el reconocimiento de la pensión de jubilación (Ley 33 de
1985 o Ley 71 de 1988) y la fecha a partir de la cual debía causarse dicha prestación (11
de diciembre de 2013 o 14 de febrero de 2018), fueron debidamente analizados y
resueltos en la providencia del 3 de marzo de 2022, en la que se dispuso que como la
demandante no efectuó aportes privados al entonces ISS o a una caja de previsión social,
como lo requiere expresamente la Ley 71 de 1988, dicha normativa no podía gobernar
su situación sino la Ley 33 de 1985, pues era beneficiaria del régimen excepcional de los
maestros oficiales al haber sido vinculada bajo esa calidad antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que la pensión debía reconocerse desde el 11 de
diciembre de 2013.

1.5 Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional la demandante expuso similares planteamientos a los analizados en el
trámite del recurso de apelación dirigidos de manera exclusiva a revivir la discusión
relacionada con el régimen aplicable a los docentes vinculados con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y el reconocimiento de la pensión de jubilación
por aportes contemplada en la Ley 71 de 1988 por haber efectuado aportes derivados de
labores prestadas tanto en el sector público como en el privado. En el escrito de tutela
dispuso:

“SEPTIMO: Teniendo en cuenta lo anterior considero que la interpretación
brindada por el Honorable Magistrado es errónea dado que es procedente
recordar que mi representada, al pertenecer a un régimen prestacional
especial como lo es el de los docentes y estar vinculada al FOMAG con
anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003 se le debe
aplicar la Ley 91 de 1989 que remite a La Ley 71 de 1988 la cual se desarrolla
de la siguiente forma: (…)

OCTAVO: Mi representada, es beneficiaria de la Ley 91 de 1989 por ser
vinculada al Magisterio Oficial Colombiano con anterioridad a la entrada
en vigencia la Ley 812 de 2003, y adicional es excluida de la aplicación de la
Ley 100 de 1993 que en su artículo 279 señala:

Por lo anterior los beneficiarios del régimen exceptuado del magisterio oficial
colombiano están exceptuados de la aplicación de la Ley 100 de 1993, en
consecuencia, no es de recibo la argumentación del TRIBUNAL
ADMINSITRATIVO DE CUNDINAMARCA cuando estudia esta prestación a luz
del REGIMEN GENERAL DE PENSIONES.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03060-01
Demandante: Susana Imelda Jiménez Castillo
Acción de tutela – Impugnación fallo

NOVENO: La pensión por aportes. El artículo 7o de la Ley 71 de 1988 establece
el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes en los siguientes
términos:

(…).

DECIMO: Al pertenecer a un régimen prestacional especial como lo es el
de los docentes y estar vinculado al FOMAG con anterioridad a la entrada
en vigencia de la ley 812 de 2003 se le debe aplicar la Ley 91 de 1989 que
para el caso en concreto remite a la Ley 71 de 1988 que desarrolla la pensión
de jubilación por aportes.

(…).

Tal como quedó demostrado en el proceso, mi representada(o) fue vinculado
como docente al Magisterio Oficial colombiano y está cotizando al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, desde el 28 de julio de
1975, es decir, con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, razón
por la cual de conformidad con lo establecido en el artículo 15 numeral
primero Ley 91 de 1989, se le debe reconocer y liquidar la pensión de
jubilación equivalente al 75% del promedio mensual de los factores
salariales del último año de servicio o del cumplimiento del status
pensional.

(…).

Defecto material o sustantivo: Porque al proferirse las sentencias en cuestión,
estas se decidieron con base en la inapropiada puesto que mi poderdante
cumplió con los requisitos legales para ser beneficiada de la pensión
jubilación regida por pertenecer a un régimen prestacional especial como
lo es el de los docentes y estar vinculado al FOMAG con anterioridad a la
entrada en vigencia de la ley 812 de 2003 se le debe aplicar la Ley 91 de
1989 que para el caso en concreto remite a la Ley 71 de 1988 que desarrolla
la pensión de jubilación por aportes, en, es por lo que este derecho se encuentra
tutelado legalmente, pretermitiéndose por lo tanto lo establecido el artículo 58
de nuestra Carta Magna, que garantiza los derechos adquiridos con justo título.
Igualmente, los Actos Administrativos demandados, adolecen de vicios legales
al haber violado normas de carácter superior, habiéndose incurrido en errores
de derecho en sus distintas modalidades como quedo plasmado en los
razonamientos expuestos, que considero suficientes, para que se declare la
NULIDAD TOTAL de los Actos Administrativos enunciados y se
RESTABLEZCA EL DERECHO de mi poderdante.”. (archivo disponible en
medio magnético en el aplicativo SAMAI- negrillas de la Sala).

1.6 Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a
dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la
acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el
recurso de apelación, los cuales fueron resueltos en el fallo del 3 de marzo de 2022 y se
dirigieron de manera exclusiva a que se declarara que el régimen aplicable para el
reconocimiento de la pensión de jubilación era el contemplado en la Ley 71 de 1988, por

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03060-01
Demandante: Susana Imelda Jiménez Castillo
Acción de tutela – Impugnación fallo

lo cual se debían tener en cuenta los aportes derivados de las labores prestadas tanto en
el sector público como en el privado.

1.7 Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial accionada en
la providencia objeto de tutela concluyó que la pensión de jubilación no debía reconocerse
con efectividad desde el 11 de diciembre de 2013, según lo dispuesto en la Ley 71 de
1988, por cuanto las cotizaciones efectuadas en el sector privado se encontraban
abonadas y reportadas a una administradora del régimen de ahorro individual con
solidaridad y no al extinto ISS (hoy Colpensiones), por lo que era procedente que su
reconocimiento se hiciera bajo el amparo de la Ley 33 de 1985, por consiguiente se
advierte que se trata de un planteamiento que fue analizado y resuelto en la providencia
de instancia, sin que le sea dado al juez de tutela inmiscuirse en asuntos que no son de
su resorte con el único fin de imponer su criterio frente al del juez natural de la causa
pues ello desconocería la finalidad de esta herramienta constitucional, así como los
principios de independencia y autonomía judicial.

1.8 Lo anterior recobra mayor sentido si se tiene en cuenta que la providencia atacada
fue expedida por una Alta Corte, eventos en los cuales el análisis de procedibilidad debe
ser mucho más riguroso en orden a establecer si se incurrió en una actuación a todas
luces arbitraria e ilegítima, así:

[L]la tutela en contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte,
exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a
la independencia de los jueces ordinarios.3”.

1.9 En esa medida, única y exclusivamente cuando se advierta prima facie que la
providencia proferida por un tribunal de cierre contiene una decisión abiertamente
incompatible con la Constitución la tutela será procedente, sin que en ningún caso la mera
diferencia de criterios constituya una razón válida para justificar la intervención del juez
constitucional, por cuanto:

“La tutela contra providencias judiciales de las altas Cortes es más
restrictiva, en tanto: ‘sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con

3 Corte Constitucional, sentencia SU - 573 de 2019, CP Carlos Bernal Pulido.

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Demandante: Susana Imelda Jiménez Castillo
Acción de tutela – Impugnación fallo

la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y
límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal
entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los
demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y
especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus
respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
valoraciones probatorias aún cuando el juez de tutela pudiera tener una
percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.4”.

1.10 En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia en lo relacionado con tal defecto no reviste relevancia constitucional porque el
objeto de la demanda es reabrir un debate jurídico procesal que era propio del trámite del
proceso ordinario y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que
desbordan su competencia.

2. Análisis del desconocimiento del precedente judicial

En cuanto a este cargo la demandante manifestó que el juez de segunda instancia
desconoció el precedente judicial contenido en i) la sentencia del Tribunal Administrativo
De Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E del 21 de febrero de 2020, radicación
11001-33-35-007-2016-00325-01, MP Patricia Victoria Manjarrez Bravo; ii) la sentencia
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F del 6 de
agosto de 2020, radicación 2500023420000160450000, MP Luis Alfredo Zamora Acosta
y iii) el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E del 15 de mayo de 2020, radicación 2500-23-42-000-2017-02460-00, MP Jaime Alberto
Galeno Garzón.

2.1 No obstante, la Sala considera que no se cumplió con la carga mínima que
correspondía para que se realizara el análisis frente a esas decisiones, pues el
demandante no explicó de manera clara y suficiente las razones por las que consideró
que la autoridad judicial demandada desconoció el precedente judicial en la materia, pues
ni siquiera precisó los motivos por los que era vinculante para el caso concreto o la regla
jurisprudencial de derecho contenida en determinado asunto que se omitió, lo cual torna
improcedente este mecanismo constitucional, por el contrario, se limitó a señalar
únicamente lo siguiente:

4 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, CP José Fernando Reyes Cuartas.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03060-01
Demandante: Susana Imelda Jiménez Castillo
Acción de tutela – Impugnación fallo

“Del precedente judicial: Se incurre en esta causal en la providencia impugnada
mediante esta acción, al desconocer el precedente judicial existente sobre
esta materia, tal como se expresa a lo largo de esta acción, con lo cual además
se defrauda el principio de confianza legítima en las decisiones judiciales.

Tan es así que en reiterados fallos como, por ejemplo; FALLO DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA
SUBSECCION “E” DEL 21 DE FEBRERO DE 2020 PROCESO:11001-33-35-
007-2016-00325-01 MP: DRA. PATRICIA VICTORIA MANJARRES BRAVO,
FALLO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION
SEGUNDA SUBSECCION “F” DEL 06 DE AGOSTO DE 2020 PROCESO:
2500023420000160450000 MP: LUIS ALFREDO ZAMORA ACOSTA, FALLO
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINARMACA SECCION
SEGUNDA SUBSECCION “E” DEL 15 DE MAYO DE 2020 PROCESO: 2500-
23-42-000-2017-02460-00 MP: JAIME ALBERTO GALENO GARZON, en
donde claramente se puede evidenciar el precedente judicial existente
sobre la materia que si bien no son sentencias emitidas por el concejo
(sic) de estado si son sentencias de la misma corporación objeto de la
tutela con lo cual se evidencia una clara violación a derechos
fundamentales como igualdad, debido proceso entre otros.”. (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI – negrillas de la Sala).

2.2 Como puede verse, la demandante no explicó las razones por las cuales
presuntamente la autoridad judicial demandada no observó el precedente contenido en
los fallos proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mucho menos el
motivo por el cual tales decisiones constituían un precedente de imperioso cumplimiento
para la autoridad judicial accionada, la similitud de tales asuntos con su caso concreto o
cuando menos las reglas de derecho que se previeron en tales fallos y que servían para
solucionar su situación por tratarse de similares problemas jurídicos, pero que se
desconocieron5.

2.3 Por consiguiente, lo afirmado por la parte actora no basta para considerar que se
cumple el primer elemento del requisito de la relevancia constitucional –carga
argumentativa mínima–, pues no explicó, con la suficiencia exigida por la jurisprudencia
constitucional, las razones por las que considera que las autoridades judiciales pudieron
incurrir en el desconocimiento del precedente judicial.

2.4 Así pues, como en este caso el actor no justificó la alegada vulneración de derechos
fundamentales ni cumplió con la carga de explicar con claridad y suficiencia las razones

5 Como lo ha señalado esta Corporación en diferentes oportunidades, entre ellas, en la sentencia del 9 de

septiembre de 2022, radicación 11001-03-15-000-2022-04590-00; sentencia del 25 de julio de 2022,
radicación No. 11001-03-15-000-2022-03189-00; sentencia del 10 de junio de 2021, radicación no. 11001-
03-15-000-2021-00817-01; sentencia 13 de mayo 2021, radicación No. 11001-03-15-000-2021-01587-00.

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Demandante: Susana Imelda Jiménez Castillo
Acción de tutela – Impugnación fallo

por las cuales tales providencias adolecen de un defecto, la Sala declarará improcedente
la acción de tutela en atención a que no cumple con el requisito de relevancia
constitucional.

2.5 Por último, la Sala pone de presente que, aún si se encontrara cumplido dicho
requisito, lo cierto es que, tal como lo ha señalado esta Corporación en anteriores
oportunidades6, solo es obligatorio y vinculante el precedente vertical del órgano de cierre
para los jueces de inferior jerarquía, toda vez que dos jueces de igual jerarquía pueden
tener criterios diferentes.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1º) Confirmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela presentada por la parte actora, por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

6Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de marzo de
2018, número único de radicación 11001 03 15 000 2017 02894 00, M.P. Hernando Sánchez Sánchez,
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 1 de diciembre
de 2016; C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación número: 110010315000201601285-01; Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de 2018; C.P.
Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 110010315000201801525-00; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 27 de junio de 2019, C.P Carlos Enrique
Moreno Rubio, radicación número: 110010315000201901850-00; Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 23 de agosto de 2019, C.P. Rocío Araujo Oñate, radicación número: 11001-03-15-000-2019-
03288-00(AC).

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Demandante: Susana Imelda Jiménez Castillo
Acción de tutela – Impugnación fallo

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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