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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03204-00

Fecha
14 de julio de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03204-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por la señora Hilda Graciela Gómez de Cantillo contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por las razones expuestas en precedencia. SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03204-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

14 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03204-00
Accionante: HILDA GRACIELA GÓMEZ DE CANTILLO
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Tema: derecho fundamental al debido proceso administrativo

Acción de tutela - sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela formulada por la señora Hilda Graciela
Gómez de Cantillo contra la Presidencia de la República, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Procuraduría
General de la Nación y la empresa Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P.,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

La señora Hilda Graciela Gómez de Cantillo, actuando en nombre
propio, interpone acción de tutela contra la Presidencia de la República,
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Procuraduría
General de la Nación y la Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P., por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales de petición,
debido proceso y acceso a la administración de justicia, con fundamento
en los siguientes:

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1. HECHOS

La accionante formuló petición ante la empresa Caribemar de la Costa
S.A.S E.S.P. con el fin de que decretara la ruptura de solidaridad
respecto del servicio de energía eléctrica prestado en el periodo
contractual comprendido entre el 18 de diciembre del 2019 (fecha del
contrato) y el 14 de enero del 2021 (fecha de abandono del inmueble),
toda vez que el inmueble en cuestión había sido arrendado, sin que el
arrendatario cumpliera la obligación. Dicha’ solicitud fue negada a
través de oficio con radicado n.º 202170042344 del 12 de febrero del
2021.

Inconforme con ello, interpuso los recursos de reposición y en subsidio
de apelación, el primero de ellos resuelto de manera negativa a través
de oficio Consecutivo No. 202170152586 del 10 de junio de 2021.

Señala que pese a que el recurso de apelación fue remitido a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y que han
transcurrido más de los 60 días previstos en las leyes 1427 de 2011 y
1755 de 2015 para darle alcance este no ha sido resuelto, lo que le ha
generado un grave perjuicio en tanto el servicio le ha sido suspendido
en razón de dicha deuda.

2. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicita:

«PRIMERO: Que el juez constitucional ampare los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, DERECHO DE PETICION.

SEGUNDO: Que el juez constitucional ordene a la superservicios a cumplir con la ley y dar
respuesta a mi recurso de apelación.

TERCERO: Que el honorable magistrado sancione conforme al decreto-ley 2591 de 1991 al
superintendente por incumplimiento de una orden judicial.

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CUARTO: Remitir copia a la procuraduría general de la nación para que investigue las faltas
que cometieron la superintendente de servicios públicos domiciliarios, el representante legal y
el jefe de jurídica de la empresa.

QUINTO: Que el honorable magistrado ordene al presidente a que en ejercicio de sus funciones
emita una orden para que el superintendente cumpla con las órdenes impartidas por los jueces y
no incurra en más violaciones de los derechos fundamentales».

3. INTERVENCIONES

Mediante auto del 15 de junio de 2022 se admitió la acción de tutela de
la referencia y se ordenó notificar a la Presidencia de la República y a
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como
accionados.

3.1. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
explicó que bajo el radicado n.º 20218201807672 del 15 de julio de
2021, dicha entidad recibió el expediente del recurso de apelación
referido por la accionante y que con oficio n.º 20218200164066 del 5
de agosto de 2021 profirió auto mediante el cual suspendió el trámite
del recurso por encontrarse presuntamente ante un silencio
administrativo positivo, decisión que le fue notificada a la señora
Gómez de Cantillo mediante oficio n.º 20218203174301 del 6 de agosto
de 2021 y a la empresa mediante oficio n.º 20218203215641 del 10 de
agosto de 2021.

Asimismo, precisó que la solicitud de investigación por presunto silencio
administrativo positivo no está sometida a los términos establecidos en
los artículos 14 y 20 de la Ley 1755 de 2015, como tampoco por lo
establecido en el artículo 111 de la ley 142 de 1994, sino que, siendo
una actuación administrativa sancionatoria, debe surtir el trámite
previsto en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011.

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Por lo anterior, sostuvo que dicha entidad no ha quebrantado o
amenazado los derechos fundamentales de la accionante, toda vez que
actualmente se encuentra tramitando el recurso de apelación formulado
por la señora Gómez de Cantillo.

3.2. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República señaló que dicha entidad carece de legitimación en la causa
por pasiva, en tanto la presunta vulneración de derechos se atribuye a
otras entidades.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:

• ¿La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
quebrantó el derecho fundamental al debido proceso
administrativo de la accionante al no resolver el recurso de
apelación radicado en dicha entidad desde el 15 de julio de 2021?

2. Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 2591 de
1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de

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cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala
este decreto”.

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

La acción, sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales
que permitan proteger los derechos fundamentales del tutelante, salvo
que se interponga como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable.

3. Del derecho fundamental al debido proceso administrativo

La Corte Constitucional ha señalado que el debido proceso
administrativo es un derecho fundamental que se traduce en una
garantía para todas las personas de que la administración estará
sometida a los límites que este supone, de tal suerte que comprende
los principios de legalidad, de razonabilidad y proporcionalidad e
incorpora la obligación de las autoridades públicas del ámbito
administrativo, de ceñirse a los principios que rigen la función pública.
Al respecto, ha explicado:

[…]
“4.1.1. El debido proceso administrativo se ha entendido como la regulación jurídica que
tiene por fin limitar en forma previa los poderes estatales así “que ninguna de las
actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se
encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley” 1. Desde la

1
Corte Constitucional. Sentencia T-917 de 2008. En aquella ocasión le correspondió a la sala de Revisión
determinar si en el caso sub judice la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Tunja, al
abstenerse de levantar las medidas cautelares que recaían sobre bienes y derechos sucesorales del
peticionario “pese a existir proceso contencioso administrativo atacando el mandamiento de pago y la

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perspectiva antes señalada, este derecho no es más que una derivación del principio de
legalidad con arreglo al cual “toda competencia ejercida por las autoridades públicas
debe estar previamente señalada en la ley, como también las funciones que les
corresponden y los trámites a seguir antes de adoptar una determinada decisión”
(artículos 4º y 122 C. N.)2. De este modo, las autoridades sólo podrán actuar en el marco
establecido por el sistema normativo y, en tal sentido, todas las personas que se vean
eventualmente afectadas conocerán de antemano los medios con que cuentan para
controvertir las decisiones adoptadas y estarán informadas respecto del momento en que
deben presentar sus alegaciones y ante cuál autoridad.

Ha subrayado la Corte Constitucional3 que la garantía del debido proceso en asuntos
administrativos supone que el Estado se ajuste a las reglas previstas en el ordenamiento
jurídico y ello no sólo cuando se trata de adelantar trámites a partir de los cuales sea
factible deducir responsabilidades de orden disciplinario o los atinentes al control y
vigilancia. Esta garantía debe hacerse efectiva del mismo modo en los trámites que
las personas inician con el objeto de ejercer sus derechos ante la administración o
con el fin de cumplir con una obligación y abarca el estricto cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias. El propósito consiste, pues, en evitar que la
suerte de las personas quede al albur de una decisión arbitraria o de una ausencia
de decisión por dilación injustificada.”4 (negrillas fuera del texto) […].

4. Caso concreto

En el presente asunto, la accionante alega la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso administrativo, toda vez que la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no ha resuelto el
recurso de apelación formulado contra los oficios mediante los cuales
la empresa Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. le negó la ruptura de

decisión negativa a las excepciones” había desconocido los derechos constitucionales fundamentales del
actor y se procedía conferir la tutela como mecanismo transitorio para resolver un perjuicio irremediable.
La Corte efectuó un conjunto de consideraciones muy importantes respecto de la importancia de respetar el
debido proceso en las actuaciones administrativas y resolvió conceder el amparo invocado.
2
Ibíd. Consultar asimismo Corte Constitucional. Sentencia T-982 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
3
Corte Constitucional. Sentencia T-1308 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil. En aquella ocasión el
correspondió a la sala de Revisión determinar si el Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca,
al haberse abstenido de proclamar el resultado de las votaciones efectuadas para designar al rector, había
desconocido los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la participación
ciudadana, a elegir y ser elegido, al trabajo y a ejercer profesión u oficio de la persona que obtuvo las
mayorías requeridas para ser elegida rector de la Universidad accionada. Llegó a la conclusión la Corte que
en el caso bajo análisis se había acreditado de manera plena la mayoría exigida en las normas reglamentarias
de la Universidad “para proceder a la designación del rector de dicho centro educativo, y que, por ello, al
negarse el Consejo Superior a declarar el resultado electoral a favor del accionante vulneró su derecho
fundamental al debido proceso administrativo, en cuanto a la obligación de acatar las formas propias de
cada juicio.
4
T-909 de 2009 M.P Mauricio González Cuervo.

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solidaridad respecto del servicio de energía eléctrica prestado en el
periodo contractual comprendido entre el 18 de diciembre del 2019
(fecha del contrato) y el 14 de enero del 2021 (fecha de abandono del
inmueble).

Al respecto, en relación con el procedimiento para las peticiones, quejas
o reclamos relacionados con la prestación de servicios públicos
domiciliarios, el capítulo VII «DEFENSA DE LOS USUARIOS EN SEDE DE
LA EMPRESA» de la Ley 142 de 19945, señala:

«ARTÍCULO 152. DERECHO DE PETICIÓN Y DE RECURSO. Es de la esencia
del contrato de servicios públicos que el suscriptor o usuario pueda presentar a la
empresa peticiones, quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos.

Las normas sobre presentación, trámite y decisión de recursos se interpretarán y
aplicarán teniendo en cuenta las costumbres de las empresas comerciales en el trato
con su clientela, de modo que, en cuanto la ley no disponga otra cosa, se proceda de
acuerdo con tales costumbres.

ARTÍCULO 153. DE LA OFICINA DE PETICIONES Y RECURSOS. Todas las personas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios constituirán una "Oficina de Peticiones,
Quejas y Recursos", la cual tiene la obligación de recibir, atender, tramitar y responder las
peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que presenten los usuarios, los
suscriptores o los suscriptores potenciales en relación con el servicio o los servicios que
presta dicha empresa.

Estas "Oficinas" llevarán una detallada relación de las peticiones y recursos presentados y
del trámite y las respuestas que dieron.

Las peticiones y recursos serán tramitados de conformidad con las normas vigentes sobre
el derecho de petición.

ARTÍCULO 154. DE LOS RECURSOS. El recurso es un acto del suscriptor o usuario para
obligar a la empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o la
ejecución del contrato. Contra los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación,
corte y facturación que realice la empresa proceden el recurso de reposición, y el de
apelación en los casos en que expresamente lo consagre la ley.

5
Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

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No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación y corte, si con
ellos se pretende discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso oportuno.
El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones por facturación
debe interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de conocimiento de la
decisión. En ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco
(5) meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos.

De los recursos de reposición y apelación contra los demás actos de la empresa que enumera
el inciso primero de este artículo debe hacerse uso dentro de los cinco días siguientes a
aquel en que la empresa ponga el acto en conocimiento del suscriptor o usuario, en la forma
prevista en las condiciones uniformes del contrato.

Estos recursos no requieren presentación personal ni intervención de abogado aunque se
emplee un mandatario. Las empresas deberán disponer de formularios para facilitar la
presentación de los recursos a los suscriptores o usuarios que deseen emplearlos. La
apelación se presentará ante la superintendencia».

Asimismo, dicha norma dispone, en su artículo 158, que «las peticiones
y recursos serán tramitados de conformidad con las normas vigentes
sobre el derecho de petición» previstas en la Ley 1437 de 2011 que, en
sus artículos 79 y 80, dispone:

«ARTÍCULO 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán
en el efecto suspensivo.

Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que
al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que
ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio.

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que
interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de
cinco (5) días.

Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin
que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días.
En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el
término probatorio.

ARTÍCULO 80. Decisión de los recursos. Vencido el período probatorio, si a ello
hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión
motivada que resuelva el recurso.

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La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas
y las que surjan con motivo del recurso»

Ahora bien, en el presente asunto se tiene que el recurso que
interpusiera la señora Hilda Graciela Gómez de Cantillo contra el oficio
n.º 202170042344 del 12 de febrero del 2021 mediante el cual se le
negó la solicitud de ruptura de solidaridad del periodo contra actual del
18 de diciembre del 2019 (fecha del contrato) hasta el 14 de enero del
2021 (fecha de abandono del inmueble) se radicó en la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 15 de julio de
2021, el cual, actualmente, se encuentra en trámite desde hace 362
días, de acuerdo con la información que arroja la página web de la
entidad consultada el 12 de julio del presente año a las 5:08 p.m.6:

Así las cosas, tal como ha señalado esta corporación en asuntos
similares7, los recursos deben ser resueltos de plano, sin que se
contemple un plazo específico para hacerlo, por lo que debe acudirse al
inciso primero del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 que dispone el
término de 15 días y, excepcionalmente, 30 días, en los eventos en que

6
https://orfeoii.superservicios.gov.co/orfeo/consultaWeb/principal.php?fechah=120722_&PHPSESSID=1
88frnfnkfp51f2h0g41s7f15m&ard=usWeb&pasar=no&verdatos=no&idRadicado=20218201807672&esta
dosTot=64d7328d8425d4efae8403ffbe8c990a
7
Acción de tutela radicada con el n.º 11001-03-15-000-2021-05822-01.

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se requiera la práctica de pruebas; criterio que, vale decir, ha sido
acogido por esta corporación en asuntos similares.

No obstante, de los anexos aportados en los informes rendidos, se
advierte que mediante oficio Radicado n.º 20218203174301 del 6 de
agosto de 2021, la superintendencia le informó a la señora Gómez de
Cantillo que “(…) esta Dirección Territorial mediante auto de suspensión
No. 20218200164066 de 05/08/2021, suspendió recurso de apelación
para dar inicio a investigación por silencio administrativo en contra de
la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.”.

Así pues, se tiene que la entidad accionada le dio trámite al recurso de
apelación formulado por la accionante, pues aunque no lo resolvió de
fondo, adoptó la decisión que en su criterio correspondía de
suspenderlo mientras adelanta la investigación por la posible
configuración del silencio administrativo positivo, por lo que no se
encuentra configurada la vulneración del derecho fundamental al
debido proceso invocado por la accionante.

Así las cosas, se negará el amparo solicitado por la señora Hilda
Graciela Gómez de Cantillo en tanto, como quedó visto, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios suspendió la
resolución del recurso de apelación interpuesto para dar trámite al
procedimiento por la posible configuración del silencio administrativo
positivo, y de dicha decisión notificó a la interesada.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

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administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por la señora
Hilda Graciela Gómez de Cantillo contra la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por
las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

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