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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03212-00

De desacato: procedencia excepcional

Fecha
29 de julio de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03212-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-03212-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

29 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 110010315000202203212 00

Accionante: LUIS ALBERTO OLMOS MIER

Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES DICTADAS EN INCIDENTE
DE DESACATO – Procedencia excepcional / INMEDIATEZ - No se presentó la
demanda en un término razonable; además, los recursos improcedentes, como los
presentados en este caso en contra de los autos proferidos con ocasión de un
incidente de desacato, no prolongan o amplían la inmediatez de la acción.

La Sala se pronuncia, en primera instancia, en relación con la demanda de tutela
instaurada por el señor Luis Alberto Olmos Mier, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

Por escrito presentado el 13 de abril de 2022, Luis Alberto Olmos Mier instauró
demanda de tutela en contra del magistrado Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz,
integrante del Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

1

Radicación: 110010315000202203212 00
Actor: Luis Alberto Olmos Mier
Demandado: Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

2. Hechos

El actor presentó demanda reparación directa en contra del municipio de Girón y la
Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), para que se
declararan administrativamente responsables por los perjuicios derivados de la
modificación en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), respecto al uso
industrial del suelo del predio de su propiedad que pasó de ser industrial a ser
residencial y forestal, causando la depreciación del inmueble.

El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia el 25 de julio de 2013 en
la que declaró probada la caducidad de la acción.

La sentencia fue apelada por el actor y la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado, el 26 de agosto de 2019, la confirmó.

El 10 de junio de 2020, el actor presentó demanda de tutela en contra de la
sentencia proferida el 26 de agosto de 2019 por la Sección Tercera, Subsección C
de esta Corporación, la cual profirió sentencia el 3 de julio de 2020, por medio de
la cual amparó los derechos fundamentales del señor Olmos Mier y ordenó a la
autoridad judicial accionada que profiriera una decisión de reemplazo que se
ajustara a lo dispuesto en la parte motiva del fallo de tutela.

La sentencia fue impugnada por la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB y la Sección Cuarta de esta
Corporación, el 10 de septiembre de 2020 profirió fallo de segunda instancia y
confirmó la sentencia de primera instancia.

La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, en cumplimiento del fallo
de tutela, luego de decretar algunas pruebas de oficio, profirió un nuevo fallo el 18
de diciembre de 2020.

El 1 de junio de 2021, el actor presentó incidente de desacato en el que señaló que
la autoridad judicial accionada no cumplió con lo ordenado en el fallo de tutela del
3 de julio de 2020.

2

Radicación: 110010315000202203212 00
Actor: Luis Alberto Olmos Mier
Demandado: Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

Mediante auto del 3 de agosto de 2020 (que aquí se cuestiona), el magistrado
Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz se abstuvo de abrir el incidente de desacato, auto
en contra del cual el actor interpuso recurso de apelación que fue concedido por el
magistrado ponente el 24 de agosto de 2021.

Si bien el actor no indicó el trámite que se le dio al recurso, al consultar el proceso
en Samai, se pudo establecer que, mediante auto del 1º de octubre de 2021, la
Sección Cuarta de esta Corporación, con ponencia del magistrado Milton Chaves
García, declaró improcedente el recurso interpuesto por el accionante en contra del
auto del 3 de agosto de 2021 por el cual se abstuvo de abrir el incidente de
desacato.

El actor presentó una nueva solicitud de apertura de desacato, esta vez ante el
despacho del magistrado Milton Chaves García, quien, mediante auto del 29 de
noviembre de 2021, la remitió por competencia al despacho del magistrado Martín
Gonzalo Bermúdez Muñoz.

3. Fundamentos de la demanda de tutela

La parte actora indicó que la decisión que le negó la posibilidad de abrir incidente
de desacato vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia; como fundamento de la solicitud de amparo, señaló lo
siguiente (transcripción literal):

El auto que cuestionamos en nuestra acción de tutela es el AUTO QUE NIEGA
RECURSO del 15 de diciembre de 2021.

2. Este auto, el AUTO QUE NIEGA RECURSO del 15 de diciembre de 2021 se
fundamenta en el Auto del 3 de agosto de 2021.

3. Sobre este Auto del 3 de agosto de 2021 se nos concedió la IMPUGNACIÓN
del mismo como consta en el Auto del 24 de agosto de 2021.

4. Por el contenido del anterior numeral 3, carece de validez jurídica alguna el
AUTO QUE NIEGA RECURSO del 15 de diciembre de 2021, dado que, este
se fundamenta en el Auto del 3 de agosto de 2021. Siendo que, se nos concedió
la IMPUGNACIÓN del mismo como consta en el Auto del 24 de agosto de 2021.

3

Radicación: 110010315000202203212 00
Actor: Luis Alberto Olmos Mier
Demandado: Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

Es por ello que, su pronunciamiento del AUTO QUE NIEGA RECURSO del 15
de diciembre de 2021 en la parte de RESUELVE, tal cual su contenido de texto:
ESTÉSE A LO RESUELTO en el auto del 3 de agosto de 2021, CARECE DE
VALIDEZ JURÍDICA ALGUNA, al igual que, carece de validez jurídica el Auto
del 3 de agosto de 2021 como nos quedó anterior y claramente demostrado.

Ponemos en su conocimiento lo manifestado por el M.P. Martin Bermúdez en
el contenido de su Auto del 3 de agosto de 2021, el cual es el siguiente:

• No existió INCIDENTE DE DESACATO

• La acción de trámite de la demanda debió ser la de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho y no la de Reparación Directa.

Concluye también el M.P. Bermúdez en su AUTO QUE NIEGA RECURSO del
15 de diciembre de 2021, diciendo que, las dos anotaciones anteriores, las de
que:

• No existió INCIDENTE DE DESACATO

• La acción de trámite de la demanda debió ser la de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho y no la de Reparación Directa.
Hicieron tránsito a COSA JUZGADA. Por lo que, NOS NEGÓ en su aludido
auto del 15 de diciembre de 2021 el derecho que nos otorga la ley de interponer
RECURSO DE REPOSICION en contra de su AUTO QUE NIEGA RECURSO
DEL 15 de diciembre de 2021. Como consecuencia de lo anterior, su
pronunciamiento acerca de que, es COSA JUZGADA el pronunciamiento
contenido en su Auto del 3 de agosto de 2021 CARECE DE VALIDEZ
JURIDICA ALGUNA.

Nos queda demostrado que el pronunciamiento contenido en su Auto del 3 de
agosto de 2021 es COSA JUZGADA FRAUDULENTA.

Con base en lo anterior, la parte actora insistió en que sí se presentó el desacato,
de conformidad con el siguiente razonamiento (se transcribe de manera literal, con
posibles errores incluidos):

En lo referente al INCIDENTE DE DESACATO vamos a demostrar que:

1. Si ocurrió el INCIDENTE DE DESACATO, por lo que, haremos la
demostración que así lo confirma.

2. Es tan CIERTO Y VERAZ que, si ocurrió el INCIDENTE DE DESACATO,
que, el M.P. MILTON CHAVES GARCÍA así lo confirma en su AUTO DE
REMITE POR COMPETENCIA del 29 de noviembre de 2021 (Ver anexo: 3.
AUTO DE REMITE POR COMPETENCIA del 29 de noviembre de 2021).

Análisis acerca de la ocurrencia del INCIDENTE DE DESACATO
Veamos porque afirmamos que:

4

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Actor: Luis Alberto Olmos Mier
Demandado: Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

1. Si ocurrió el INCIDENTE DE DESACATO. Siendo así, haremos a
continuación la demostración que lo confirma.

Ahora bien, si su Señoria considera necesario tener más información acerca
del INCIDENTE DE DESACATO. Ver anexo: 4. INCIDENTE DESACATO 17-
11-2021, para así tener exactamente la misma información que tuvo en su
momento el M.P. Milton Chaves García acerca del INCIDENTE DE DESACATO
y conocer el porqué de su solicitud al M.P. Martin Bermúdez Muñoz en su AUTO
DE REMITE POR COMPETENCIA del 29 de noviembre de 2021, solicitándole
que se PRONUNCIE acerca del INCIDENTE DE DESACATO por ser ello solo
competencia del M.P. Bermúdez, el cual se abstuvo de acoger la solicitud del
M.P. Milton Chaves García, tal cual su pronunciamiento CONTRARIO al del
M.P. Milton Chaves García manifestando que no existió INCIDENTE DE
DESACATO, como figura contenido en su AUTO QUE NIEGA RECURSO del
15 de diciembre de 2021.

(…).

Es tan CIERTO Y VERAZ que, si ocurrió el INCIDENTE DE DESACATO, que,
el M.P. MILTON CHAVES GARCÍA así lo confirma en su AUTO DE REMITE
POR COMPETENCIA del 29 de noviembre de 2021.

La posición asumida por el M.P. Milton Chaves García en lo referente al
INCIDENTE DE DESACATO Por ser el M.P. Martin Bermúdez Muñoz, a quien
le corresponde en su calidad de juez de tutela de primera instancia, el M.P.
Milton Chaves García en su Auto de REMITE POR COMPETENCIA del 29 de
noviembre de 2021 le solicita que declare la APERTURA al INCIDENTE DE
DESACATO en que incurrió el M.P. Guillermo Sánchez Luque, tal cual el
contenido de texto del aludido AUTO:

“El 17 de noviembre de 2021, el señor Luis Alberto Olmos Mier envío memorial
dirigido a la Sala Plena del Consejo de Estado, en el que solicitó se inicie un
nuevo incidente de desacato dentro del expediente radicado número 11001-03-
15-000-2020-02360-01.

En consecuencia y, conforme con lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto
2591 de 19912, se remitirá por competencia la presente solicitud al despacho
del doctor Martín Bermúdez Muñoz, quien conoció en primera instancia la
acción de tutela, para que resuelva lo pertinente”.

(…).
Obsérvese, que, en el anterior párrafo, las Negrillas hacen parte del texto, en
el resaltado del párrafo anterior, en la frase:
La sanción será impuesta por el mismo juez El M.P. Milton Chaves García le
aclara al M.P. Martin Bermúdez Muñoz, que es a él, por ser el juez de tutela de
primera instancia, a quien le corresponde declarar la apertura del incidente de
desacato al M.P. Guillermo Sánchez Luque y sus colegas de Sala.

Podemos observar, el proceder acorde con la ley y con el DEBIDO PROCESO
del M.P. Milton Chaves García, quien consciente de la existencia del
INCIDENTE DE DESACATO en que incurrió el M.P. Guillermo Sánchez Luque
y sus colegas de Sala, le hace la aclaración pertinente al M.P. Martin Bermúdez
Muñoz en obediencia al DEBIDO PROCESO que la ley señala en este caso,
que le corresponde a él, en su calidad de juez de tutela de primera instancia,

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Actor: Luis Alberto Olmos Mier
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Subsección B
Referencia: Acción de tutela

de imponerle al M.P. Guillermo Sánchez Luque, la sanción pertinente acorde
con lo que la ley señala, tal cual, lo manifiesta en su contenido de texto:

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será
consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días
siguientes si debe revocarse la sanción. La consulta se hará en el efecto
devolutivo

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó (se transcribe de forma literal, con
posibles errores incluidos):

PRIMERA. - Se me ampare el derecho fundamental al debido proceso, y el
acceso a la administración de justicia.
SEGUNDA. - Que se declare la APERTURA al INCIDENTE DE DESACATO,
tal cual, lo ha solicitado el M.P. Milton Chaves García en su AUTO DE
REMITE POR COMPETENCIA del 29 de noviembre de 2021.
TERCERA. – Que, se le dé continuidad al DEBIDO PROCESO. Y se dicte
sentencia de fondo como lo ordena la ley en sentencia T-713/13, tal cual su
contenido de texto:
1. EL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA-Está facultado para proferir decisión
de fondo en fallo inhibitorio del a quo.
2. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO brinda la facultad a los jueces de segunda
instancia de proferir sentencias de mérito en caso de que lo encuentren
necesario luego de desestimar la inhibición del a quo (negrillas de la Sala).

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

4.1. Mediante auto del 17 de junio de 2022, se admitió la demanda de tutela, se
ordenó notificar a la autoridad accionada y se le comunicó a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.

4.2. El magistrado Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz indicó que se abstendría de
participar de la presente demanda de tutela como parte o como tercero y que
acataría lo que aquí se decida.

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Actor: Luis Alberto Olmos Mier
Demandado: Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

II.- C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales1.

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional
contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y
excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el
artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características 2.

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son 3:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado
que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

1
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,
exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de
febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas otras
providencias.

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Radicación: 110010315000202203212 00
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Subsección B
Referencia: Acción de tutela

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

• Que no se trate de sentencias de tutela.

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

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• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por
el interesado4.

Conviene mencionar que, cuando se controvierten providencias dictadas por las
altas cortes, como ocurre en el caso bajo estudio, la Corte Constitucional ha
establecido que, además de verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
los especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
se debe evidenciar “la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional”. Puntualmente, en sentencia SU–
573 de 2017, se indicó:

Además de los anteriores requisitos, cuando se trate de acciones de tutela
contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado, se ha determinado un criterio adicional, en atención a que ‘dichos
organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Radicación: 110010315000202203212 00
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Referencia: Acción de tutela

sus respectivas jurisdicciones’. En este sentido, la sentencia SU-917 de 2010,
reiterada en la SU-050 de 2017, determinó que:

‘La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más
restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites
de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los
principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición
de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar
las interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el juez de tutela
pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra
conclusión’.

Así las cosas, para determinar la procedencia de la acción de tutela contra una
providencia judicial proferida por una Alta Corporación, la jurisprudencia
constitucional ha delimitado tres requisitos: (i) el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales de
procedencia; y (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional.

Finalmente, en cuanto a la procedencia de la acción de tutela cuando se cuestionen
decisiones proferidas en un incidente de desacato, la Corte Constitucional, en la
sentencia SU-627 de 2015, precisó:

[S]i se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría
sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional5.

Posteriormente, en la sentencia SU-034 de 2018, la Corte Constitucional ahondó
sobre las condiciones de procedencia de la tutela contra el incidente de desacato.
Reiteró que debían cumplirse los requisitos generales de procedencia de la tutela
contra providencia judicial y exigió que la parte actora alegara, por lo menos, la
configuración de uno de los defectos especiales.

Asimismo, enfatizó en que los argumentos planteados en la tutela deben ser
consistentes con lo alegado en el trámite del incidente de desacato. Por ende,
indicó que no se pueden invocar nuevos argumentos, no expuestos en el trámite

5
Corte Constitucional. Sentencia SU – 627 de 2015.

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incidental y que tampoco procede la solicitud de nuevas pruebas, no solicitadas en
el curso del desacato.

En lo que respecta al estudio de fondo, precisó que el análisis del juez de tutela
está restringido a si en el curso del desacato la autoridad judicial vulneró el derecho
al debido proceso.

2. Caso concreto

En el presente asunto, la parte actora en sus pretensiones solicitó (se trascribe de
forma literal, incluidos posibles errores):

(…) que se declare la APERTURA al INCIDENTE DE DESACATO tal cual, lo
ha solicitado el M.P. Milton Chaves García en su AUTO DE REMITE POR
COMPETENCIA del 29 de noviembre de 2021.

TERCERA. – Que, se le dé continuidad al DEBIDO PROCESO. Y se dicte
sentencia de fondo como lo ordena la ley en sentencia T-713/13, tal cual su
contenido de texto (…) (negrillas de la Sala).

Lo anterior porque, a su juicio, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado vulneró sus derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia y al debido proceso; sin embargo, la Sala advierte que en este caso no se
cumple con el requisito general de procedibilidad de inmediatez.

Para llegar a esta conclusión, la Sala procede a realizar las siguientes precisiones
con el fin de esclarecer los hechos expuestos en la demanda, dado que algunas de
las afirmaciones realizadas por el actor no se encuentran ajustadas al contenido de
las providencias proferidas durante el trámite de desacato iniciado por el señor
Olmos Mier.

Además, en relación con la solicitud realizada por el actor, el 28 de junio del año en
curso, se pudo constatar que no se hacía necesaria la vinculación del magistrado
Milton Chaves García; lo anterior, por cuanto las decisiones atacadas fueron
proferidas por el magistrado Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz y porque se cuenta
con la información necesaria para proferir este fallo.

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Radicación: 110010315000202203212 00
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Subsección B
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Asimismo, respecto de la supuesta discrepancia indicada por el actor referente a la
apertura del incidente de desacato, entre los magistrados Martín Gonzalo
Bermúdez Muñoz y Milton Chaves García, la Sala debe precisar que no es cierto
que este último, en su providencia del 21 de noviembre de 2021, le hubiere
“ordenado” al primero la apertura del incidente; por el contrario, en ese auto, lo
único que hizo el magistrado fue remitir, por competencia, el escrito que presentó
el actor el 17 de noviembre de ese mismo año, solicitando nuevamente la apertura
del incidente, sin que con la mención de la norma que lo faculta para esto sea una
solicitud de apertura del incidente, tal y como se observa a continuación:

El 17 de noviembre de 20216 , el señor Luis Alberto Olmos Mier envío memorial
dirigido a la Sala Plena del Consejo de Estado, en el que solicitó se inicie un
nuevo incidente de desacato dentro del expediente radicado número 11001-03-
15-000-2020-02360-01.

En consecuencia y, conforme con lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto
2591 de 19917, se remitirá por competencia la presente solicitud al despacho
del doctor Martín Bermúdez Muñoz, quien conoció en primera instancia la
acción de tutela, para que resuelva lo pertinente.

RESUELVE

1. Por secretaría general, remitir el memorial de 17 de noviembre de 2021,
registrado en el índice SAMAI número 20, al despacho del doctor Martín
Bermúdez Muñoz, para que resuelva lo pertinente.

2. Notificar esta providencia a los interesados.

Notifíquese y cúmplase,
(Con firma electrónica)
MILTON CHAVES GARCÍA

Adicionalmente, destaca la Sala que, contrario a lo afirmado por el actor, el auto
proferido el 15 de diciembre de 2021, por parte del magistrado Martín Gonzalo

6
Cita original del texto: “1 SAMAI, índice 20”.
7
Cita original del texto incluidas negrillas: “ARTICULO 52.- Desacato. La persona que incumpliere
una orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable
con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este
decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones
penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al
superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción. La
consulta se hará en el efecto devolutivo”.

12

Radicación: 110010315000202203212 00
Actor: Luis Alberto Olmos Mier
Demandado: Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

Bermúdez Muñoz, no tuvo como objeto negar el recurso de apelación interpuesto
en contra del auto de 3 de agosto de 2021.

En efecto, al verificar el contenido del auto y las providencias proferidas en el trámite
del incidente de desacato aludido por el actor, la Sala pudo constatar que, en el
auto del 15 de diciembre de 2021, el magistrado sustanciador solo resolvió la nueva
solicitud de apertura de incidente de desacato que el señor Olmos Mier presentó el
17 de noviembre de 2021, ante la Sala Plena de esta Corporación y que, mediante
auto del 29 de junio de 2021, el magistrado Milton Chaves García le remitió por ser
de su competencia, con base en los siguientes argumentos:

4.- El Despacho ordenará estarse a lo resuelto en el auto del 3 de agosto de
2021, dado que en esa ocasión se estudió el alcance de las órdenes proferidas
en el fallo de tutela y se advirtió que estas ya fueron acatadas por parte de la
autoridad judicial accionada, con lo cual quedó zanjada la discusión. En efecto,
en el auto del 3 de agosto de 2021 se advirtió que las consideraciones y
órdenes proferidas en el fallo de tutela se limitaron a dejar sin efectos la
providencia objeto de reproche, únicamente en lo concerniente al defecto
fáctico relacionado con la falta de pruebas para declarar la caducidad en el
proceso ordinario.

5.- Ahora bien, en la sentencia de reemplazo se subsanó el defecto fáctico
señalado y se concluyó que no se encontraba acreditada la caducidad, por lo
que se procedió a evaluar los otros presupuestos procesales de procedibilidad
y que no fueron objeto de reproche mediante la acción de tutela. En concreto,
en la sentencia de reemplazo se señaló que, dado que los perjuicios
demandados en el proceso ordinario a través del medio de control de
reparación directa fueron causados por el cambio del uso del suelo del
municipio de Girón; el accionante debió agotar previamente el proceso
administrativo especial en los términos de la Ley 388 de 1997 y el Decreto 151
de 1998, pues ese proceso fue previsto como el mecanismo de compensación
por los daños causados con la expedición de los planes de ordenamiento
territorial.

6.- En ese sentido, en caso de que el accionante mantuviera su inconformidad,
una vez agotado el proceso administrativo especial, lo procedente era acudir al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir los
actos administrativos proferidos en el mencionado proceso administrativo. Lo
anterior llevó a que en la sentencia de reemplazo la autoridad judicial accionada
declarara la ineptitud sustantiva de la demanda y en consecuencia se declarara
inhibida para conocer el asunto. Como se observa, la sentencia de reemplazo
no reiteró el defecto fáctico relacionado con la caducidad, sino que se fundó en
otros presupuestos procesales que no fueron discutidos en sede de tutela. En
esos términos este Despacho consideró que se dio cumplimiento al fallo de
tutela.

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Radicación: 110010315000202203212 00
Actor: Luis Alberto Olmos Mier
Demandado: Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

7.- Así las cosas, el Despacho considera que cabe desestimar la presentación
de esta y nuevas solicitudes de apertura de incidentes de desacato, pues el
debate en materia constitucional ya fue debidamente agotado, y los nuevos
reproches que pueda presentar el accionante superan el alcance de lo discutido
durante el proceso de tutela, por lo que su estudio iría en detrimento del debido
proceso, derecho a la defensa y la cosa juzgada.

La Sala también pudo advertir, con la consulta en SAMAI del proceso de tutela con
radicado 11001-03-15-000-2020-02360-03 que, mediante auto del 1º de octubre de
2021, la Sección Cuarta de esta Corporación, con ponencia del magistrado Milton
Chaves García, declaró improcedente el recurso interpuesto por el accionante en
contra del auto del 3 de agosto de 2021 por el cual se abstuvo de abril el incidente
de desacato, debido a que no todas las instituciones procesales previstas en el
CGP son aplicables a los trámites de tutela, pues ello atentaría contra su naturaleza
simplificada y sumaria.

Con base en las anteriores precisiones, para la Sala es claro que lo pretendido por
el actor no es controvertir la providencia del 15 de diciembre de 2021 como
argumentó, sino la decisión proferida el 3 de agosto de ese mismo año, a través de
la cual el magistrado Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz se abstuvo de abrir el
incidente de desacato, al punto que una de las peticiones en esta nueva tutela
consiste en que se declare la APERTURA al INCIDENTE DE DESACATO tal cual,
lo ha solicitado el M.P. Milton Chaves García en su AUTO DE REMITE POR
COMPETENCIA del 29 de noviembre de 2021 y, con ello, se ordena a la
Subsección C de esta Corporación que profiera una nueva sentencia, por cuanto él
considera que el medio de control procedente sí es la reparación directa.

Por tanto, será la providencia proferida el 3 de agosto de 2021 la que debe tenerse
en cuenta para efectos de verificar la inmediatez de la acción de tutela interpuesta,
la cual no se cumple en el presente caso, como pasa a explicarse a continuación.

En relación con la inmediatez para la interposición de demandas de tutela contra
providencias judiciales, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación ha considerado:

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Radicación: 110010315000202203212 00
Actor: Luis Alberto Olmos Mier
Demandado: Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección
de las garantías constitucionales y el respeto a la seguridad jurídica y los
derechos de terceros afectados.

(…).

De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la situación que vulnera o
amenaza vulnerar un derecho fundamental sea un elemento consustancial
para la protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas las acciones de tutela,
es más estricto cuando se interpone contra providencias judiciales, por lo que,
como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, ‘resulta claramente
desproporcionado el control constitucional de una providencia judicial por la vía
de tutela’8’9.

Por tal razón, debe mediar un término razonable entre la ejecutoria de la
decisión judicial que se aduce como violatoria de los derechos fundamentales
del accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su
amparo10.

Tal aseveración es razonable toda vez que, ‘de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos’11.

(…).

Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada,
al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza material, que
la hace definitiva e inmutable.

8
Original de la cita: “En la sentencia se cita la providencia SU-961 de 1999”.
9
Original de la cita: “Sentencia T-189 de 2009”.
10
Original de la cita: “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal c) del fundamento jurídico 24 de la
sentencia C-590 de 2005”.
11
Original de la cita: “Ibíd”.

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Radicación: 110010315000202203212 00
Actor: Luis Alberto Olmos Mier
Demandado: Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

Anótase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto12.

Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso,
para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente (negrillas y subrayado del original).

Por su parte, la Corte Constitucional ha definido los siguientes criterios orientadores
con el propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: i) la situación personal del peticionario; ii) el momento en el que se
produce la vulneración; iii) la naturaleza de la misma; iv) la actuación contra la que
se dirige la tutela y v) los efectos de la tutela13.

Pues bien, la Sala analizará el requisito de procedibilidad de inmediatez a partir del
auto del 3 de agosto de 2021, dado que fue mediante esta decisión que se negó la
solicitud de apertura del incidente de desacato, toda vez que los proveídos del 1°
de octubre, 21 de noviembre y 15 de diciembre de 2021, no tienen la virtualidad de
extender el término que la jurisprudencia ha fijado con el propósito de determinar el
ejercicio oportuno de la acción constitucional, lo anterior por cuanto la autoridad
judicial accionada en dichas providencias no tomó una decisión de fondo14, y en
todas se indicó que la solicitud del actor fue resuelta en el auto del 3 de agosto de
2021, al punto que se indicó estarse a lo resuelto en dicho proveído.

Así las cosas, dado que el auto proferido por el magistrado ponente de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 3 de agosto de 2021
fue notificado al actor el 19 de agosto de ese mismo año15, el término de seis meses
para acudir a la solicitud de amparo debe contabilizarse a partir del 20 de agosto

12
Original de la cita: “La Sección Primera en algunas ocasiones ha tomado un término equivalente
al previsto para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, de cuatro meses
y, en otras, ha manifestado que es de seis meses. La Sección Segunda ha sostenido que el término
razonable para interponer la acción de tutela contra providencias judiciales no puede exceder de un
año. Por su parte, las Secciones Cuarta y Quinta han fijado como razonable para su interposición
un plazo de seis meses”.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
14
Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 24 de
septiembre de 2020, radicación número: 11001-03-15-000-2020-00551-00, entre muchas otras
decisiones.
15
De conformidad con la constancia obrante en Samai, índice 31.

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Radicación: 110010315000202203212 00
Actor: Luis Alberto Olmos Mier
Demandado: Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

siguiente y culminaba el 20 de febrero de 2022; sin embargo, la demanda de tutela
se presentó el 13 de abril de este año.

En ese sentido y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, la Sala
considera que en el presente asunto no se cumplió con el requisito de inmediatez,
razón por la cual se declarará improcedente el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AUSENTE CON PERMISO
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

VF

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