Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-03257-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-03257-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-03257-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
7 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 7 de octubre de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-01
Demandante: Luis Alberto Mosquera Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Violación directa de la
Constitución / Defecto sustantivo / Defecto fáctico / Desconocimiento del precedente
jurisprudencial.
Síntesis del caso: La parte actora enjuició las sentencias de primera y segunda instancia
de un proceso en el que se resolvió la demanda de reparación directa por la privación
injusta de su libertad. En las providencias se negaron las pretensiones de la demanda,
porque se encontró probada la culpa exclusiva de la víctima.
De acuerdo con la competencia asignada1, la Sala resolverá la
impugnación presentada por la parte actora en contra de la Sentencia de
19 de julio de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
en la cual se declaró improcedente la acción de tutela respecto de los
defectos sustantivo, fáctico y de violación directa de la Constitución, y se
negó el amparo frente al desconocimiento del precedente jurisprudencial.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera Instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 15 de junio de 2022, Luis Alberto Mosquera Gómez presentó acción
de tutela en contra del Juzgado 12 Administrativo de Cartagena y el
Tribunal Administrativo de Bolívar, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia, igualdad y presunción de inocencia, al considerar que, en las
Sentencias de 19 de diciembre de 2017 y 12 de febrero de 2021, proferidas
en el proceso de reparación directa con Rad. 13001-33-33-012-2015-00457-
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017, 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-01
Demandante: Luis Alberto Mosquera Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Accede
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00/01, se incurrió en los defectos de violación directa de la Constitución,
sustantivo, fáctico y de desconocimiento del precedente jurisprudencial.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“1.- Que se ordene la protección de los derechos fundamentales de mi
poderdante LUIS ALBERTO MOSQUERA GÓMEZ a la igualdad, el debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, conculcados por el
JUZGADO 012 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGENA y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, con la expedición de las sentencias de primera
y segunda instancia, dictadas respectivamente el 19 de diciembre de 2017 y
el 12 de febrero de 2021, dentro del proceso de reparación directa
13001333301220150045700, que aquel promovió junto a su núcleo familiar en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra la NACIÓN –
RAMA JUDICIAL y NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, mediante las
cuales se denegaron las pretensiones de la demanda.
2.- Como consecuencia de lo anterior, sírvase dejar sin efectos jurídicos la
sentencia 004/21 del 12 de febrero de 2021, proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, y en su lugar, ordenar a dicho despacho judicial
para que profiera una nueva sentencia de segunda instancia ajustada al
ordenamiento jurídico y a los estándares constitucionales y convencionales
esgrimidos en el presente escrito.”
3. Como hechos relevantes se destacan los siguientes:
4. 1) El 20 de julio de 2011, una ciudadana presentó denuncia ante la
policía, en la que informó que había recibido una llamada en la que se le
exigió el pago de una suma de dinero a cambio de no atentar contra su
vida ni la de su familia. Los victimarios le indicaron que debía dirigirse al
centro comercial “Caribe Plaza”, a las 4.00 p.m., lugar y hora en que uno
de ellos la esperaría para recibir el dinero.
5. 2) En virtud de la denuncia, el Grupo Gaula de la Policía de Bolívar
planeó un operativo para acompañar a la ciudadana en la entrega del
dinero y capturar a los responsables de la conducta ilícita. En el operativo
fue capturado Luis Alberto Mosquera Gómez por tratarse de la persona a
quien la denunciante entregó el dinero.
6. 3) Ese mismo día, en la audiencia preliminar, el Juzgado 8 Penal
Municipal de Cartagena con funciones de control de garantías legalizó la
captura e impuso medida de aseguramiento consistente en detención
preventiva en contra del sindicado, por la presunta comisión del delito de
extorsión.
7. 4) El 8 de enero de 2013, el Juzgado 14 penal Municipal de
Cartagena con funciones de conocimiento dictó sentencia absolutoria en
favor del procesado.
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8. 5) Por esos hechos, el 14 de abril de 2014, Luis Alberto Mosquera
Gómez y su grupo familiar presentaron demanda de reparación directa en
contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, con el
fin de que se le repararan los perjuicios causados como consecuencia de
la privación de la libertad a la que fue sometido el mencionado, desde el
22 de julio de 2011 hasta el 29 de marzo de 2012, en el proceso penal que
finalizó con sentencia absolutoria a su favor.
9. 6) El 19 de noviembre de 2017, el Juzgado 12 Administrativo de
Cartagena profirió Sentencia de primera instancia, en la que declaró
probada la culpa exclusiva de la víctima. El juzgado consideró que el
demandante, con su actuar, influyó en la producción del daño, esto es, su
propia detención, ya que no informó a las autoridades que también fue
víctima de extorsión y que recibió amenazas por parte de terceros que le
obligaron a acudir al centro comercial a recibir un dinero.
10. 7) El 29 de enero de 2018, la parte demandante presentó recurso de
apelación en contra de la anterior providencia, en el que alegó que no se
configuró ninguna causal de exoneración de responsabilidad, pues el
demandante no denunció porque se encontraba bajo un miedo
insuperable, ya que él también fue coaccionado por los victimarios para
acudir al lugar en el que ocurrió el ilícito. Además, insistió en que la
absolución en el proceso penal se fundamentó en el principio in dubio pro-
reo, por lo que, según la jurisprudencia vigente para la época, se debía
ordenar la reparación del daño con base en un régimen objetivo.
11. 8) El 12 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo de Bolívar
profirió Sentencia de segunda instancia, en la que confirmó la decisión del
juzgado. El tribunal consideró que, de acuerdo con la Sentencia de
unificación del 15 de agosto del 2018, proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado, (se trascribe): “debe abandonarse el criterio objetivo
de responsabilidad del Estado en escenarios de privación injusta de la
libertad e indagar esencialmente por la falta de cumplimiento de los
deberes y exigencias convencionales, constitucionales y legales que
corresponden al Estado por privar provisionalmente de la libertad a una
persona, así como sobre la participación o incidencia de la conducta del
demandante en la generación del daño”. De manera que en el caso
concreto era forzoso declarar la configuración de la culpa exclusiva de la
víctima, por las mismas razones expuestas por el juzgado.
12. 9) El 26 de marzo de 2021, el tribunal envió correo electrónico para la
notificación de la referida decisión, no obstante, no adjuntó el archivo que
contenía la providencia. El 2 de agosto de 2021, el tribunal devolvió el
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expediente al juzgado. El 4 de marzo de 2022, el juzgado profirió auto en el
que obedeció y ordenó cumplir lo resuelto en la sentencia. El 4 de abril de
2022, la parte demandante solicitó se le remitiera el expediente digital con
el fin de conocer el contenido de la providencia. Ese mismo día, el juzgado
remitió la sentencia a la parte actora.
13. Como fundamento de la vulneración la parte accionante señaló
que las sentencias enjuiciadas, al declarar la culpa exclusiva de la víctima
y exonerar a las entidades demandadas de responsabilidad, vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia, igualdad y presunción de inocencia, ya que configuró:
14. Una violación directa de la Constitución, toda vez que se
desconoció el principio de presunción de inocencia del demandante, el
cual (se trascribe): “exige un esfuerzo de imparcialidad del Juez de la
responsabilidad (...) y le impone la prohibición de dudar de la inocencia de
la víctima de la privación de la libertad que ha sido exonerada en una
sentencia proferida por el juez penal”. Lo anterior teniendo en cuenta que,
según jurisprudencia del Consejo de Estado, (se trascribe): “el estudio de la
culpa de la víctima debe versar sobre las conductas realizadas por la
persona privada de la libertad vinculadas al proceso penal, lo que excluye
el estudio de aquellas pre procesales que ya fueron objeto de estudio por
parte del juez penal”.
15. Un defecto sustantivo por indebida interpretación de una norma
jurídica, ya que se realizó una interpretación irrazonable del artículo 70 de
la Ley 270 de 1996 que prevé la figura de la culpa exclusiva de la víctima
como causal de exoneración de responsabilidad, pues se ignoró que, para
que se configure dicha figura, debe estar acreditada: la relación de
causalidad en la que se evidencia que el actuar de la víctima fue la causa
eficiente del daño que se reclama, que esa conducta sea culposa o
dolosa, que implique la desatención de deberes u obligaciones y, en los
casos de privación injusta de la libertad, que no se fundamente en la
conducta pre procesal de la víctima.
16. Un defecto fáctico, dado que el tribunal declaró la culpa exclusiva
de la víctima sin que existieran pruebas que permitieran acreditar el nexo
causal entre la conducta del demandante (la omisión en la denuncia de
las amenazas) y el hecho que generó el daño (la decisión mediante la
cual se le impuso medida de aseguramiento).
17. Un desconocimiento del precedente jurisprudencial referente a la
irretroactividad del precedente, pues la sentencia enjuiciada se basó en
una sentencia de unificación que se expidió mucho después del momento
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en que acontecieron los hechos que fundamentaron la demanda. Según
el criterio de la parte actora, en este caso, debió observarse la Sentencia
de unificación de 17 de octubre de 2013 de la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, Rad. 52001-23-31-000-1996-07459-01 (23354),
en la que se estableció que los casos de privación injusta de la libertad
debían analizarse bajo un régimen objetivo de responsabilidad.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación.
18. En Sentencia de 19 de julio de 2022, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción respecto de los defectos de
violación directa de la Constitución, sustantivo y fáctico, asimismo negó las
pretensiones relacionadas con el desconocimiento del precedente
jurisprudencial.
19. Adujo que la parte accionante no indicó cuáles medios de prueba
fueron omitidos o valorados erróneamente, tampoco señaló porqué dichos
medios probatorios eran relevantes para cambiar el sentido de la decisión;
ni demostró la configuración de una actuación grosera, arbitraria e
irrazonable que tuviera como consecuencia la afectación de derechos
fundamentales, de manera que no se cumplió con la carga mínima de
argumentación respecto al defecto fáctico.
20. Expuso que no se señalaron las normas jurídicas que fueron
interpretadas de manera arbitraria o irrazonable; y tampoco se argumentó
porqué esas normas eran relevantes para resolver el caso concreto, de
manera que no se contaban con suficientes argumentos para realizar un
estudio de fondo respecto al alegado defecto sustantivo. Con todo,
advirtió que (se trascribe): “si bien es cierto el actor hizo mención del
artículo 70 de la Ley 270 de 1996, lo cierto es que al revisarse las
consideraciones jurídicas expuestas por la autoridad judicial accionada en
la sentencia, dicha norma jurídica no fue tenida en cuenta por el Tribunal,
ni mucho menos fue objeto de interpretación para justificar la tesis que
adoptó”.
21. Refirió que no se precisaron las razones por las que se consideraba
que la interpretación de las normas fue contraria a la Constitución o que
en el estudio del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal
de conformidad con el precedente constitucional, de modo que tampoco
se cumplió con la carga mínima de argumentación para sustentar una
violación de la Constitución.
22. Finalmente, respecto del desconocimiento del precedente
jurisprudencial, consideró que la Sentencia de 15 de agosto de 2018, Rad.
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66001-23-31-000-2010-00235-01 (46947), proferida por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, fue dejada sin efectos por la
Sentencia de tutela de 15 de noviembre de 2019, Rad. 11001-03-15-000-
2019-00169-01, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, sin embargo, la parte accionada no incurrió en un
defecto por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que su
decisión se sustento en las reglas jurisprudenciales contenidas en la
Sentencia SU-72 de 2018, la cual es el precedente judicial vigente en
materia de privación injusta de la libertad y es obligatorio para el juez
administrativo, de manera que el tribunal no podía ignorar su contenido
para aplicar una jurisprudencia anterior como lo sugirió la parte
accionante.
23. La parte demandante presentó impugnación, en la que solicitó se
revocara la decisión de primera instancia y se accediera al amparo
solicitado.
24. Por una parte, indicó que la acción era procedente respecto de
todos los defectos alegados, pues, según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la relevancia constitucional requiere únicamente que (se
trascribe): “el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no
meramente legal o económico”, además, en el escrito los cargos fueron
ampliamente sustentados, para demostrarlo reiteró con detalle los
argumentos expuestos respecto a cada defecto en el escrito de tutela.
25. Por otra parte, refirió que la Sala erró en su pronunciamiento respecto
al precedente jurisprudencial desconocido, ya que en el escrito de tutela
se reprochó la inobservancia de la jurisprudencia sobre irretroactividad del
precedente, para lo cual se citó la Sentencia de 4 de septiembre de 2017,
Rad. 68001- 23-31-000-2009-00295-01(57279) proferida por la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de manera que, contrario a
lo afirmado en la sentencia impugnada, en las providencias enjuiciadas no
se debió acudir a los criterios establecidos por Corte Constitucional y el
Consejo de Estado en 2018, sino que se debía acudir al criterio vigente
para la época de los hechos, esto es, la Sentencia de unificación del 17 de
octubre de 2013 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, Rad. 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354).
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Fijación de la
controversia. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4.
Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos fundamentales. 2.5.
Conclusión.
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2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio
26. La Sala se centrará en analizar los reparos invocados respecto de la
Sentencia de segunda instancia de 12 de febrero de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, puesto que, pese a que también se
enjuició la Sentencia de primera instancia de 19 de diciembre de 2017
proferida por el Juzgado 12 Administrativo de Cartagena, lo cierto es que,
con ocasión del recurso de apelación, la decisión del tribunal fue la que
resolvió el litigio. Asimismo, no puede pasarse por alto que, ante una
eventual decisión favorable a las súplicas de amparo, será la autoridad
que resolvió la controversia en segunda instancia, la encargada de dar
cumplimiento a lo que se ordene. Por esta razón, la Sala se sustrae del
estudio de la primera decisión.
2.2. Fijación de la controversia
27. Se deberá establecer, luego de verificados los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela, si el Tribunal Administrativo de
Bolívar, en la providencia enjuiciada, vulneró/desconoció la presunción de
inocencia del accionante y, con ello, incurrió en una violación directa de
la Constitución. Asimismo, se deberá determinar si la decisión desconoció
los elementos probatorios que obraban en el expediente y las normas
aplicables al caso concreto. Por último, deberá revisarse si le asiste razón a
la parte actora al reclamar un desconocimiento del precedente
jurisprudencial sobre “irretroactividad del precedente”.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial2
28. La Sala advierte que en este caso se cumplieron los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe
recurso idóneo y eficaz que permitiera al demandante alegar los reparos
planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho presuntamente
vulnerado. Hubo un plazo razonable entre la fecha en que la parte
accionante conoció la decisión que resolvió la controversia (4/4/2022)3 y la
de interposición de la presente acción de tutela (15/6/2022)4. No se
enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se relacionó con una
Sentencia de segunda instancia dictada en el marco de un proceso de
2 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-66 de 2019.
3 Para efectos de determinar la inmediatez se cuenta el término razonable desde la última providencia, esto es,
la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso de reparación directa. De acuerdo con lo explicado
por la parte actora en el escrito de tutela, pese a que el 26 de marzo de 2021 el tribunal envió correo electrónico
para la notificación de la providencia no adjuntó el respectivo archivo, por lo que la parte demandante solo
conoció su contenido el 4 de abril de 2022, cuando se le permitió el acceso al expediente digital. En la copia del
correo de notificación se puede verificar que el archivo que contenía la providencia no fue enviado, en todo
caso, el tribunal nada alegó sobre este asunto.
4 Según acta Individual de reparto.
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reparación directa. Se identificaron de manera clara, detallada y
comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos.
29. Por último, se advierte que, contrario a lo que consideró el juez de
tutela de primera instancia, la controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación de los derechos
fundamentales del demandante, en el marco de un proceso de
reparación directa por privación injusta de la libertad, respecto del cual se
alegó una violación del principio de presunción de inocencia, una errónea
interpretación de la figura de culpa exclusiva de la víctima, una indebida
valoración probatoria y un desconocimiento del precedente
jurisprudencial. Aunado a ello, los reparos sí cuentan con la carga
argumentativa que justifique la intervención del juez de tutela5.
2.4. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales
30. La Sala revocará la decisión y, en su lugar, amparará los derechos
fundamentales de la parte accionante, porque encuentra demostrado
que en la Sentencia de 12 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar se incurrió en violación directa del artículo 29 de
la Constitución Política, el cual prevé la garantía de la presunción de la
inocencia como una de las manifestaciones del derecho al debido
proceso. En efecto, en dicha providencia se negaron las pretensiones de la
demanda porque se consideró que se configuró la causal de exoneración
de culpa exclusiva de la víctima, la cual se fundamentó en el reproche por
las actuaciones desplegadas por el demandante antes del inicio del
proceso penal, sin considerar que ese asunto fue el objeto de estudio del
juez penal, quien absolvió al procesado de toda responsabilidad por los
hechos investigados.
31. En la Sentencia de 12 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo
de Bolívar afirmó (se trascribe):
“[B]ajo el alero de la nueva reconfiguración dogmática, la participación o
incidencia de la conducta del demandante en la generación del daño
alegado resulta preponderante, y en ese entendimiento, se hace
necesario -se itera- que el juez verifique ab initio (incluso de oficio), si quien
fue privado de la libertad actuó, desde el punto de vista civil, con culpa
grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la
imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.
(…)
Sin ambages debe concluirse que los razones del fallo se acomodan
precisamente o lo que en la sentencia de unificación aludida se reclamó
por el Consejo de Estado y es por ello que para la sala es menester
confirmar la sentencia apelada, sin entrar o indagar si las pruebas
5 Ver párrafos 14 a 17 de esta providencia.
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confirman o no la eximente de responsabilidad declarado en primera
instancia, dado que ello no fue objeto de cuestionamiento alguno.”
32. El tribunal, para fundamentar su decisión, invocó los argumentos
expuestos en la Sentencia de 19 de diciembre de 2017, en la cual el
Juzgado12 Administrativo de Cartagena declaró la configuración de la
culpa exclusiva de la víctima. En dicha providencia se refirió (se trascribe):
Revisado el material probatorio aportado al expediente, se tiene que de
acuerdo con la sentencia de fecha 8 de enero de 2013 proferida por el
Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena, en el aparte destinado a
"Resumen de los hechos", se relata que los hechos ocurrieron en la ciudad
de Cartagena el día 20 de julio de 2011, día en que se hizo presente en las
instalaciones del GAULA de la Policía de Bolívar la señora María Mercedes
Bustamante Martínez manifestando estar siendo víctima de extorsión
mediante llamadas donde unas personas le exigían la suma de $
3.000.000.oo a cambio de no atentar contra su vida o algún integrante de
su familia. En momentos en que presentaba la denuncia, la víctima recibió
una llamada donde le daban instrucciones de llegar hasta el Centro
Comercial Caribe Plaza, donde la estaría esperando una persona de
apellido Mosquera y número de celular XXXX, del cual se comunicaría
para acordar el sitio de la entrega.
(…)
Señala esta misma sentencia que el señor Luis Alberto Mosquera Gómez
en su declaración manifestó que el 20 de julio de 2011 lo llaman a eso de
la 1:30 de la tarde, una persona que se identificó como "Ricardo", sicario
de los Rastrojos y le exigió $ 4.000.000.oo, le amenazó y accedió a
negociar con ellos. De esa negociación el señor Mosquera ofreció $
3.000.000.oo a lo que aceptaron inicialmente. Posteriormente lo llamaron
pues tenía que aportar $ 500.000.oo. El señor lo llamó y le dijo que
necesitaba que buscara un dinero de una abogada, llamó a la doctora y
se identificó, le dijo que iba a estar en el Caribe Plaza. Se fue a pie por la
Avenida del Lago, entró en Calzacosta, le pregunta a la víctima que
ocurre, si a usted le está pasando lo que le está pasando a mi, pensó que
era una trampa. Cuando están hablando lo llaman y les dice que está
con la señora, les dijo que está llorando, le da el teléfono y hablan con
ella, entran a "Carrefour" y ella insiste en que reciba el paquete, él no
quiere recibirle el sobre y pone el sobre en la estantería, dejó el sobre
tirado, el declarante dice que compró un artículo, dejó el sobre tirado ni
siquiera oculto, salió del almacén y al llegar a la Avenida del Lago lo
capturan.
Para este Despacho resulta claro, a partir de lo descrito en la sentencia
penal absolutoria y que ha sido relatado en punto anterior, que el actor
incurrió en un comportamiento que finalmente se constituyó como causa
eficiente en la producción del resultado o daño, es decir, que la
detención preventiva provino de su actuar imprudente o culposo, al no
haber dado parte a las autoridades competentes sobre las presuntas
amenazas a las que estaba siendo sometido y que le obligaron a asistir a
una cita con una persona que estaba siendo víctima del delito de
extorsión, dicho en otras palabras, no acudió a denunciar los hechos, sino
que por el contrario siguió las instrucciones de personas que le
contactaban vía telefónica, circunstancia que comprometió en grave
forma su actuación frente a la conducta que se le endilgaba al ser
capturado en momentos en que mantenía comunicación con la víctima,
la cual le hacía una entrega de dinero producto de llamadas extorsivas y
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que a la postre fue el origen de la investigación penal a la que fue
sometido, dentro de la cual se decretó la medida de aseguramiento que
limitó su libertad personal, por lo que se puede afirmar que en el caso de
marras nos encontramos frente a una causal de exoneración de la
responsabilidad estatal.
33. En definitiva, en la sentencia enjuiciada se afirmó que la detención
del demandante se originó en su propia conducta, ya que acudió a
reclamar un dinero producto de una extorsión, porque así se lo exigió un
grupo delincuencial del cual también él era víctima, no obstante, no
informó dicha situación a las autoridades con el fin de que se investigaran
los hechos y, en su lugar, decidió seguir las instrucciones dadas por los
victimarios. Por lo anterior, se determinó que su conducta indujo en error a
las autoridades y permitió inferir que estaba involucrado en el hecho ilícito,
lo cual ocasionó la apertura de la investigación y determinó la imposición
de la medida de aseguramiento.
34. El Tribunal Administrativo de Bolívar6 realizó el análisis del caso bajo
los criterios establecidos en la Sentencia de unificación de 15 de agosto de
20187, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, no obstante,
no tuvo en cuenta que dicha providencia fue dejada sin efectos por la
Sentencia de tutela de 19 de noviembre de 20198, proferida por esta Sala
de Subsección y, además, ignoró que las conductas con base en las
cuales argumentó la existencia de la culpa de la víctima fueron aquellas
analizadas en el proceso penal y respecto de las cuales el juez penal
profirió sentencia absolutoria a favor del procesado.
6 “Para resolver comiéncese aclarando que (como bien se dejado sentado supra), dicho paradigma cambia a
partir de la sentencia de unificación del 15 de agosto del 2018, proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por la cual se consideró el apartamiento del aludido régimen objetivo, pues se tuvo en cuenta que no
sólo se venían produciendo condenas cuando el hecho no existió, o no constituyó delito, o la persona privada
de la libertad no lo cometió, sino también en todos los demás eventos en los que se dispuso la detención
preventiva, pero el proceso penal no culminaba con una condena.// Las razones del cambio jurisprudencial se
debieron a que se encontró fundamento, en el entendido que bajo la línea anterior (la prohijada en la alzada),
bastaba con la privación de la libertad, y que el proceso penal no culminara con condena, cualquiera que
fuera la razón, para que quien la padeciera se hiciera merecedor de recibir una indemnización, así la medida de
aseguramiento de la que fue objeto se hubiese ajustado a derecho y a pesar, incluso, de las previsiones de los
artículos 90 de la Constitución Política, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 68 de la Ley
270 de 1996, esto es, sin importar que el daño producto de la privación fuera o no antijurídico, es decir, partiendo
de que la misma per se es antijurídica y I casi que sin reparar si fue la conducta del investigado la que llevó a su
imposición.// Ciertamente, bajo el alero de la nueva reconfiguración dogmática, la participación o incidencia
de la conducta del demandante en la generación del daño alegado resulta preponderante, y en ese
entendimiento, se hace necesario-se itera - que el juez verifique ab initio (incluso de oficio), si quien fue privado
de la libertad actuó, desde el punto de vista civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del
proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.// Así pues, debe
abandonarse el criterio objetivo de responsabilidad del Estado en escenarios de privación injusta de la libertad e
indagar esencialmente por la falta de cumplimiento de los deberes y exigencias convencionales,
constitucionales y legales que corresponden al Estado para privar provisionalmente de la libertad a una persona,
así como sobre la participación o incidencia de la conducta del demandante en la generación del daño,// Sin
ambages debe concluirse que las razones del fallo se acomodan precisamente a lo que en la sentencia de
unificación aludida se reclama por el Consejo de Estado y es por ello que para la Sala es menester confirmar la
sentencia apelada, sin entrar a indagar si las pruebas confirman o no la eximente de responsabilidad declarada
en primera instancia, dado que ello no fue objeto de cuestionamiento alguno.”
7 Rad. 66001-23-31-000-2011-00235-01 (46.947).
8 Rad. 11001-03-15-000-2019-00169-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-01
Demandante: Luis Alberto Mosquera Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Accede
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35. En Sentencia de 19 de noviembre de 2019, la Sala Mayoritaria de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que,
en los casos de reparación directa por privación injusta de la libertad, la
culpa exclusiva de la víctima fundamentada en la conducta que fue el
objeto de la investigación viola la presunción de inocencia de quien fue
procesado, por cuanto pone en duda su inocencia e ignora la sentencia
proferida por el juez competente que lo absolvió de responsabilidad penal
porque su conducta no constituyó un hecho ilícito, además, porque
adopta como fundamento de la decisión la apreciación equivocada que
pudo tener la fiscalía al iniciar la investigación penal y que fue desvirtuada
al finalizar el proceso, es decir, “traslada a un particular inocente la
responsabilidad por el ejercicio indebido del ius puniendi del Estado”.
36. Lo anterior, con el agravante de que ignora que el hecho generador
del daño es la decisión mediante la cual se restringió la libertad y no la
conducta que motivó la investigación. Asimismo, desconoce que la
presunción de inocencia implica “la obligación de tratar como inocente a
quien no haya sido condenado penalmente por un delito” y que, en un
proceso por reparación, “esa regla se desconoce al tratar como
sospechosa a la demandante, y por tal razón negarle el derecho a la
reparación del daño sufrido con su privación de la libertad”.
37. En este caso, el juez penal declaró inocente al demandante en
aplicación del principio de in dubio pro reo, no obstante, el tribunal afirmó
que el demandante, con esa misma conducta, generó su detención. El
juez de la reparación reprochó la conducta desplegada por el procesado
que fue investigada en el proceso penal, porque consideró que se trató de
una conducta sospechosa que dio lugar a que la fiscalía y el juez de
control de garantías infirieran que él había participado en el hecho
delictivo. Es decir, acogió la teoría del caso según la cual el procesado
acudió al lugar de los hechos para reclamar un dinero producto de una
extorsión, pese a que dicho supuesto fue desvirtuado en el proceso penal.
38. De manera que, la Sala observa que el tribunal violó el derecho de
presunción de inocencia del demandante, pues puso en duda su
inocencia, a pesar de que el juez competente había declarado que esa
conducta no comprometía su responsabilidad penal. Por lo anterior, la Sala
considera que se configuró el alegado defecto por violación de la
Constitución y, en virtud de ello, accederá al amparo solicitado por la
parte accionante.
39. La Sala no se pronunciará respecto de los defectos sustantivo y
fáctico alegados, ya que los argumentos que sustentaron esos cargos se
encuentran subsumidos en el defecto por violación del derecho a la
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-01
Demandante: Luis Alberto Mosquera Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Accede
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presunción de inocencia. En efecto, la parte accionante alegó un defecto
sustantivo por indebida interpretación del artículo del artículo 70 de la Ley
270 de 1996 que prevé la figura de culpa exclusiva de la víctima, asimismo,
alegó un defecto fáctico por inexistencia de pruebas que sustentaran la
decisión que declaró probada dicha causal de exoneración. En definitiva,
la parte accionante alegó su inconformidad con el fundamento de la
decisión que desconoció su derecho de presunción de inocencia, el cual
será amparado por las razones expuestas en los párrafos anteriores.
40. Por último, respecto a la inconformidad de la parte accionante sobre
la observancia de una jurisprudencia posterior a la ocurrencia de los
hechos, esto es, la Sentencia SU-72 de 2018, proferida por la Corte
Constitucional, debe advertirse que, por una parte, dicha providencia se
sustentó en los criterios previamente adoptados en la Sentencia C-37 de
1996 y, por otra parte, se trató de la sentencia de una unificación vigente
al momento de resolver el asunto, proferida por el órgano autorizado para
interpretar la Constitución, por lo que resultaba imperativo acatar su
contenido.
41. En efecto, por lo general, los cambios en las posturas
jurisprudenciales son aplicables a los casos a resolver desde el momento en
que aquellos se profieran, ya que resultaría contrario a los fines del derecho
que los jueces no pudieran modificar su postura y estuvieran forzados a
adoptar un enfoque estático de la actividad judicial. Además, en este
caso, no se observa que la aplicación de la postura adoptada por la Corte
Constitucional, en la Sentencia SU-72 de 2018, vulnerara los derechos del
accionante9, pues, tal como teóricamente se estableció en la sentencia
enjuiciada, en el análisis de responsabilidad del Estado en casos de
privación injusta de la libertad es necesario estudiar la conducta de la
víctima con el fin de establecer si se configuró o no un causal de
exoneración.
42. En resumen, con relación a la observancia de la Sentencia de 15 de
agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado10, la Sala observa que dicha providencia fue dejada sin
efectos por lo que no podrá constituir el fundamento de la providencia de
reemplazo que se profiera en el proceso de reparación directa en
cumplimiento de la presente decisión.
9 Esta Sala de Subsección, en Sentencia de 20 de abril de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-04068-01(AC), precisó
que existen algunos asuntos respecto a los cuales los efectos de los cambios jurisprudenciales resultan
materialmente restrictivos porque impiden un real y efectivo acceso a la administración de justicia, por ejemplo,
los cambios de postura respecto a los presupuestos procesales de la acción, de manera que, en esos casos, la
nueva postura jurisprudencial no puede observarse en los asuntos que se encuentran pendiente de decisión,
sino, exclusivamente, a los nuevos procesos. Pero, en aquellos casos en los que no se impide al ciudadano
acceder a la administración de justicia, se debe optar por observar la jurisprudencia vigente.
10 Rad. 66001-23-31-000-2010-00235-01 (46.947).
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-01
Demandante: Luis Alberto Mosquera Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Accede
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2.5. Conclusiones
43. Para la Sala, una vez revisados los argumentos planteados en la
acción de tutela, considera que le asiste razón a la parte accionante, por
lo que revocará la Sentencia de 19 de julio de 2022 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente algunos
cargos y negó el amparo respecto a los restantes. En su lugar, amparará los
derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a
la presunción de inocencia de la parte actora, dejará sin efectos la
providencia enjuiciada y ordenará al Tribunal Administrativo de Bolívar que
profiera una sentencia de reemplazo en la que se valore la culpa de la
víctima sin violar la presunción de inocencia de Luis Alberto Mosquera
Gómez y conforme a los criterios jurisprudenciales vigentes y los hechos
efectivamente probados en el proceso, sin que ello implique la concesión
automática de sus pretensiones en el juicio de responsabilidad ante el juez
de lo contencioso administrativo.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 19 de julio de 2022, por medio del
cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente
(violación directa de la Constitución, sustantivo y fáctico) y negó la
solicitud de amparo (desconocimiento del precedente). En su lugar,
dispone AMPARAR los derechos derechos al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y presunción de inocencia de Luis Alberto
Mosquera Gómez, por las razones expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de
segunda instancia de 12 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, en el proceso de reparación directa No. Rad.
13001-33-33-012-2015-00457-00 y ORDENAR a aquella autoridad judicial que,
dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte
la providencia que en derecho corresponda de conformidad con la parte
motiva de esta Sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-01
Demandante: Luis Alberto Mosquera Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Accede
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solicitud deberán dirigirla al correo electrónico dispuesto por la Secretaría
General para tal fin11.
CUARTO: Por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
11 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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