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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06909-00

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martinez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06909-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Ampáranse los derechos fundamentales invocados por los actores, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) En consecuencia, déjase sin efecto la sentencia del 10 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso de reparación directa con radicación no. 05001-33-33-036-2016-00117-03 y ordénase a dicha autoridad que, en el término de diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, profiera una decisión en reemplazo en la cual se tengan en cuenta las consideraciones expuestas. 3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06909-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez

7 de febrero de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-06909-00
Demandante: GILDARDO DE JESÚS JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. PRIVACIÓN
INJUSTAD DE LA LIBERTAD.

Síntesis del caso: el actor cuestionó la providencia de segunda instancia que revocó la decisión
de acceder a las pretensiones encaminadas a obtener la reparación de los perjuicios por la
privación de la libertad que padeció con ocasión de una medida preventiva de aseguramiento en
centro de reclusión. Se ampararán los derechos invocados, tras verificarse que se desconoció el
precedente vinculante en esa materia.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por el señor Gildardo de Jesús Jiménez
Jiménez, por intermedio de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo de
Antioquia para la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso y acceso a la administración de justicia consagrados en los artículos 13, 29 y
229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia
del 10 de julio de 2024.

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1) El señor Gildardo de Jesús Jiménez Jiménez, campesino y cultivador de café en Urrao
(Antioquia), fue capturado en flagrancia por el Gaula del Ejército Nacional mientras recibía
$2.000.000, dinero producto de una extorsión.

1
Mediante escrito radicado el 16 de diciembre de 2024.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2024-06909-00
Actor: Gildardo de Jesús Jiménez Jiménez
Acción de tutela

2) Relató que cuando llegó al establecimiento de comercio El Cafeterito, se le acercó un
ciudadano desconocido, quien recitó un código suministrado a manera de clave por una
persona que realizaba las llamadas extorsivas e inmediatamente después se identificó
como miembro del Ejército Nacional de Colombia, quien procedió a su captura inmediata
por el delito de extorsión.

3) La Fiscalía 48 Especializada de Medellín solicitó la legalización de la captura y la
imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario, a
pesar de que desde ese mismo momento indicó que él también había sido víctima de
amenazas y fue constreñido a recibir ese dinero con instrucciones precisas.

4) A través de proveído del 1 º de mayo de 2013, el Juzgado Tercero Penal Municipal de
Control de Garantías de Medellín ordenó la detención preventiva en establecimiento
carcelario.

5) Mediante la sentencia del 26 de noviembre de 2013, el Juzgado Promiscuo Municipal
de Urrao Antioquia lo absolvió del cargo, tras encontrar que se encontraban reunidos los
requisitos para estructurar la causal de ausencia de responsabilidad penal denominada
miedo insuperable, debido a que se demostró que decidió recibir el dinero producto de la
extorsión porque así́ se lo había ordenado una persona que se encontró cuando se
desplazaba desde la zona veredal a la zona céntrica del Municipio de Urrao ese mismo
30 de abril de 2013, orden que para él resultó ineludible.

6) En ejercicio del medio de control de reparación directa el actor y sus familiares
presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Fiscalía General de la Nación por
considerar que su detención fue injusta, debido a que actuó bajo amenazas de un grupo
ilegal, que lo obligó a recibir el dinero y que el Estado incumplió su deber de protegerlo
de esos grupos ilegales.

7) A través de providencia del 15 de noviembre de 2018, el Juzgado 36 Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín accedió a las pretensiones de la demanda en cuanto
declaró la responsabilidad patrimonial y extracontractual de la Nación - Rama Judicial -
Consejo Superior de la Judicatura, pero excluyó de responsabilidad a la Fiscalía y a la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06909-00
Actor: Gildardo de Jesús Jiménez Jiménez
Acción de tutela

8) La parte demandante apeló para cuestionar la declaratoria de falta de legitimación en
la causa por activa respecto de los señores Luz Eneyda Jiménez Jiménez, Diego
Fernando Jiménez Jiménez, Yan Carlos Jiménez Jiménez (sobrinos), Aura Rosa Jiménez
Espinosa (tía), Alba Doly Sepulveda Jiménez (suegra) y solicitar el reconocimiento del
daño a la vida de relación, la salud, el reconocimiento de daños a bienes convencional y
constitucionalmente amparados, así como la reliquidación del lucro cesante por un tiempo
mayor al reconocido en la sentencia.

9) Por su parte, la parte demandada trajo a colación la sentencia SU-072 de 2018, para
señalar que la responsabilidad del Estado en materia de privaciones de la libertad no se
define a partir de un único título, sino que esta también obedece a las particularidades
del caso, en el cual el actor fue capturado en situación de flagrancia, razón suficiente para
tener por acreditado en ese momento que pudo participar en el delito.

10) Mediante fallo del 10 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó
la decisión y, en su lugar, negó las súplicas por considerar que la medida de
aseguramiento de detención preventiva cumplió con los lineamientos normativos para su
adopción, no fue desproporcionada ni irrazonable y consultó los fines consagrados en la
norma para su procedencia, que no era otro que garantizar la protección a la comunidad,
además, la parte demandante no acreditó haber sufrido un daño anormal o especial que
rompiera el equilibrio frente a las cargas públicas.

Fundamentos de la vulneración

A juicio del actor se desconocieron los criterios establecidos en las sentencias SU-072
de 2018 y SU-363 de 2021 de la Corte Constitucional, las cuales determinan que para
evaluar la responsabilidad del Estado en casos de privación injusta de la libertad no basta
con verificar la legalidad de la captura, sino que se debe analizar la necesidad,
proporcionalidad y razonabilidad de la medida, sin embargo, el tribunal se centró
únicamente en la legalidad de la detención, sin analizar si esta fue arbitraria o
desproporcionada.

En segundo lugar, hubo una deficiente valoración de las pruebas que demostraban que
actuó bajo coacción de un grupo ilegal, pues, en el proceso penal se acreditó que él fue
obligado a recibir el dinero bajo amenazas de muerte, con lo cual el tribunal omitió
considerar que, conforme a la jurisprudencia, una persona sometida a este tipo de

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06909-00
Actor: Gildardo de Jesús Jiménez Jiménez
Acción de tutela

coerción no puede ser considerada responsable ni obligada a soportar la privación de su
libertad.

Se aplicó erróneamente el criterio de culpa exclusiva de la víctima establecido en la SU-
363 de 2021, según el cual la culpa de la víctima debe analizarse con base en la conducta
durante el proceso penal, no en los hechos que dieron lugar a la investigación.

Únicamente se analizó si la detención cumplía los requisitos formales, sin evaluar si la
medida era justa en el caso concreto, además, tampoco se tuvo en cuenta que fue
obligado a participar en la extorsión por amenazas de un grupo ilegal, lo cual hacía
injustificada su detención.

Se debió analizar la responsabilidad del Estado con fundamento en el título de imputación
de daño especial o riesgo excepcional y no solo por falla del servicio pues, se estableció
que la privación de su libertad no fue consecuencia de su voluntad, sino de una situación
de coacción generada por grupos ilegales.

El tribunal tampoco tuvo en cuenta que es un campesino analfabeto y su defensa técnica
no dependió de él, y el hecho de que no apelara la medida no podía usarse en su contra.
Tampoco se valoró el contexto del conflicto armado en Urrao (Antioquia) ni los testimonios
y pruebas que demostraban que vivía en una zona donde los grupos ilegales imponían
su ley a la población civil.

Por el contrario, la autoridad demandada obvió todos esos elementos y trató el caso como
si se hubiera dado en un contexto normal, cuando en realidad fue víctima de violencia y
coacción.

A su juicio, ello evidencia una violación a su derecho a la igualdad, pues no se le aplicó
el mismo tratamiento que en otros casos donde se ha reconocido la responsabilidad del
Estado en privaciones injustas de la libertad dentro del conflicto armado.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

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Actor: Gildardo de Jesús Jiménez Jiménez
Acción de tutela

“Solicito se tutelen los Derechos Fundamentales al a la igualdad y al debido
proceso de los accionantes y en consecuencia se revoque la sentencia del 10,
notificada mediante correo electrónico el 12 de julio de 2024, proferida por la
Subsección C del Consejo de Estado, con ponencia del Consejero Jaime
Enrique Rodríguez Navas.

2. Como consecuencia de lo anterior ruego que:
a. Ordene dejar sin efectos la decisión de segunda instancia proferida por
Consejo de Estado dentro del proceso radicado número
05001333303620160011703.
b. Declare respecto de la demanda promovida por GILDARDO JIMENEZ Y
OTROS, no fueron considerada sustancial y a plenitud, la jurisprudencia de
unificación vigente y aplicable al caso.
c. Se ordene la aplicación de los criterios sentados en la jurisprudencia de
unificación enunciada en este escrito para estudiar la responsabilidad de las
demandadas y como consecuencia se condene a la demandada”.

Actuación procesal

Mediante auto de 13 de enero de 2025, se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Sala Octava de Decisión
del Tribunal Administrativo de Antioquia y, como terceros con interés, a los señores al
titular del Juzgado Treinta y Seis del Circuito Judicial de Medellín, al titular del Ejercito
Nacional, al Fiscal General de la Nación y a los señores Luis Alberto Jiménez Seguro,
María Jorgelina Jiménez Espinosa, Yency Katerine Sepúlveda Jiménez, Yeferson
Jiménez Sepúlveda, Frank, Fernando Jiménez Sepulveda, Medardo Jiménez Jiménez,
Luz Dari Jiménez Jiménez, Rosa Emilia Jiménez Jiménez, Judid Amparo Jiménez
Jiménez, León Argiro Jiménez Jiménez, Javier de Jesús Jiménez Jiménez, León Darío
Jiménez Jiménez, Luz Eneyda Jiménez Jiménez, Humberto Jiménez Jiménez, Norali
Jiménez, Hernando Antonio García Quiceno, con el fin de que allegaran un informe sobre
los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Adicionalmente, se negó la medida cautelar solicitada en lo relacionado con suspender
los efectos de la sentencia de segunda instancia del 12 de diciembre de 2024, hasta tanto
se resuelva de fondo la acción de tutela de la referencia.

Intervenciones de las autoridades demandadas

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Antioquia argumentó que no se
desconoció precedente judicial, pues en la sentencia cuestionada se aplicaron las reglas
establecidas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre privación injusta de la
libertad.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06909-00
Actor: Gildardo de Jesús Jiménez Jiménez
Acción de tutela

La medida de aseguramiento cumplió con los requisitos de legalidad y proporcionalidad,
además, el accionante no interpuso los recursos ordinarios disponibles contra la medida
de aseguramiento, lo que impedía alegar la responsabilidad estatal y, en todo caso, la
acción de tutela se utilizó como una tercera instancia judicial, por lo tanto, debía
declararse su improcedencia.

El el Juzgado 36 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín remitió el expediente
correspondiente al proceso de reparación directa con radicación 05001-33-33-036-2016
00117-03.

La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declare improcedente el mecanismo, toda
vez que no es constitucionalmente relevante porque se empleó para proponer reparos
subjetivos de la parte actora y, en todo, caso no se configuraron los defectos alegados
en el escrito.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

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Actor: Gildardo de Jesús Jiménez Jiménez
Acción de tutela

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Antioquia con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales al trabajo, igualdad y debido proceso, presuntamente vulnerados por la
sentencia del 10 de julio de 2024, que negó las pretensiones encaminadas a obtener la
reparación por los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad que padeció
el actor.

2.1 Análisis de los requisitos generales de procedencia

Al respecto, para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de
procedibilidad, por cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judiciales
disponibles al alcance de la persona afectada, sin que sea procedente algún otro de
conformidad; ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez2; iii) no se atacó una
sentencia de tutela y, iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos que estimó transgredidos.

Asimismo, para la Sala v) la cuestión que se discute es constitucionalmente relevante, en
tanto lo que se reprocha es que el tribunal demandado en segunda instancia desconoció
dos precedentes de esta Corporación vinculantes al caso, lo cual conllevó acuna
valoración incorrecta de las pruebas que daban cuenta que actuó bajo coacción de un
grupo ilegal, y que, por tanto, la privación fue injusta.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala accederá al amparo
invocado por las siguientes razones:

2.2 Análisis del desconocimiento del precedente judicial y los demás reparos
relacionados

11) En suma, la parte actora alegó que se desconocieron y aplicaron de manera errónea
los criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado respecto
a la privación injusta de la libertad, específicamente de las sentencias de unificación SU-

2
La providencia se notificó el 12 de julio de 2024, mientras que la tutela se presentó el 16 de diciembre
siguiente, es decir, dentro de los seis meses que la jurisprudencia ha considerado como razonables.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06909-00
Actor: Gildardo de Jesús Jiménez Jiménez
Acción de tutela

072 de 2018 y SU-363 de 2021, las cuales, si bien fueron citadas de manera superficial,
lo cierto es que no se aplicaron para la resolución del caso.

12) El tribunal únicamente analizó si la detención cumplía los requisitos formales, sin
evaluar si la medida era justa en el caso concreto, además, no tampoco tuvo en cuenta
que fue obligado a participar en la extorsión por amenazas de un grupo ilegal, lo qcual
hacía injustificada su detención.

13) No se aplicó el criterio correcto sobre el hecho exclusivo de la víctima establecido en
la SU-363 de 2021, según el cual la culpa de la víctima solo puede analizarse dentro del
proceso penal, no en los hechos que dieron origen a la investigación, los cuales en este
caso se dieron porque fue forzado para ello.

14) Además, se debió analizar la responsabilidad del Estado bajo el título de imputación
de daño especial o riesgo excepcional y no solo bajo la falla del servicio, ya que en el
proceso penal quedó demostrado que la privación de su libertad no fue consecuencia de
su voluntad, sino de una situación de coacción generada por grupos ilegales.

15) El tribunal tampoco tuvo en cuenta que es un campesino analfabeto y su defensa
técnica no dependió de él y el hecho de que no apelara la medida no podía usarse en su
contra.

16) Tampoco se valoró el contexto del conflicto armado en Urrao (Antioquia) ni los
testimonios y pruebas que demostraban que vivía en una zona donde los grupos ilegales
imponían su ley a la población civil, por el contrario, la autoridad demandada obvió todos
esos elementos y trató el caso como si se hubiera dado en un contexto normal, cuando
en realidad fue víctima de violencia y coacción.

17) A su juicio, ello evidencia una violación a su derecho a la igualdad, pues no se le
aplicó el mismo tratamiento que en otros casos donde se ha reconocido la
responsabilidad del Estado en privaciones injustas de la libertad dentro del conflicto
armado.

18) Sobre el particular, la Sala estima que el tribunal demandado incurrió en un error por
aplicar de manera incorrecta la causal de exoneración de responsabilidad conocida como
“hecho de la víctima”, en cuanto valoró la conducta del actor únicamente con base en los

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Actor: Gildardo de Jesús Jiménez Jiménez
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hechos que dieron origen a la investigación y no dentro del proceso penal, como lo exige
la sentencia de unificación SU-363 de 2021 de la Corte Constitucional.

19) Sobre el hecho exclusivo y determinante de la víctima, el Alto Tribunal reiteró que
debe ser analizado únicamente en el marco del proceso penal y no con base en los
hechos que motivaron la apertura de la investigación. El hecho del procesado -mal
llamado culpa de la víctima- solo puede considerarse si se prueba que su conducta
dentro del proceso penal y no antes, fue negligente, temeraria o contribuyó de manera
determinante a su propia privación de la libertad.

20) En consonancia, esta Corporación en su jurisprudencia reiterada ha establecido que
el análisis de la responsabilidad del Estado en casos de privación injusta de la libertad no
puede fundarse en hechos externos o anteriores al proceso penal, sino en el
comportamiento del procesado en el marco de la investigación.

21) En el caso del señor Gildardo de Jesús Jiménez Jiménez, el tribunal consideró que
su captura en flagrancia y su presencia en el lugar de los hechos justificaban la privación
de su libertad y, por lo tanto, no configuraban una detención injusta.

22) No obstante, la Sala debe discernir de esa posición por cuanto la presencia del
accionante en el lugar de los hechos fue consecuencia de una coacción ejercida por un
grupo armado ilegal, lo cual impidió que actuara con autonomía pues su voluntad fue
doblegada por un grupo armado y ello fue manifestado por la víctima desde el mismo
momento de su captura, de ahí que no existió una acción dolosa o culposa de su parte,
como ya lo sostuvo esta misma Sala de Decisión en un asunto con similares contarnos
fácticos al de la referencia y en el que también se ampararon los derechos de la víctima
que fue obligada a cobrar una extorsión3.

23) Aunado a lo expuesto, en este caso tampoco se analizó con la suficiente claridad y
rigor si la medida de aseguramiento era absolutamente necesaria y pertinente, por cuanto
no se justificó ni explicó con base en las pruebas por qué razón la víctima podía
obstaculizar la justicia o constituía un peligro para la sociedad, pues, más allá de la
afirmación según la cual la medida impuesta al señor Jiménez Jiménez “no fue
desproporcionada, ni irrazonable y consultó los fines consagrados en la norma para su

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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 7 de octubre de 2022, radicación no.
11001-03-15-000-2022-03257-01 (AC), MP Alberto Montaña Plata.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06909-00
Actor: Gildardo de Jesús Jiménez Jiménez
Acción de tutela

procedencia, que no era otro que garantizar la protección a la comunidad” el tribunal ni
siquiera justificó esa afirmación y tampoco valoró en qué medida un campesino que
estaba siendo víctima de grupos armados que lo constriñeron y amenazaron para recibir
un dinero podía ser un supuesto “peligro para la comunidad”.

24) A pesar de que la providencia cuestionada expuso la posición actual en casos de
privación de la libertad, como se expondrá seguidamente, se limitó a manifestar que la
medida fue legal, proporcional y necesaria en razón de la conducta delictiva en flagrancia,
sin un estudio de fondo y afincado en las pruebas sobre cómo sucedieron los hechos, lo
cual cobraba relevancia en la resolución del caso:

“En la actualidad, el régimen de responsabilidad aplicable en los casos de
privación injusta de la libertad, debe analizarse teniendo en cuenta lo
manifestado por la Corte Constitucional en la SU-072 de 2018, donde ratificó
que no se privilegia un régimen de imputación, sino que lo que debe analizarse
es si la decisión privativa de la libertad correspondió a criterios de necesidad,
proporcionalidad y razonabilidad. Y además agregó que en aquellos casos en
los cuales –el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica- es
posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta
irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un
título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño
antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.

En conclusión, el estudio de la responsabilidad del Estado por privación injusta
de la libertad, debe hacerse de la siguiente manera: (i) se identifica la
existencia del daño, esto es, debe estar probada la privación de la libertad
del demandante; (ii) se analiza la legalidad de la medida de privación de la
libertad bajo una óptica subjetiva, esto es, se estudia si esta se ajustó o
no a los parámetros dados por el ordenamiento constitucional y legal para
decretar la restricción de la libertad, tanto en sus motivos de derecho
como de hecho; (iii) se analiza la falla; (iv) en el caso de no probarse la
existencia de una falla en el servicio, se analiza si es procedente aplicar
un régimen objetivo (daño especial); (v) en todos los casos, debe
realizarse el análisis de la culpa de la víctima durante el proceso penal
como causal excluyente de responsabilidad; (vi) en el caso de que se
considere que hay lugar a declarar la responsabilidad estatal, ya fuere bajo
un régimen de falla o uno objetivo, se procede a verificar a qué entidad
debe imputarse el daño antijurídico; y (vii) por último, se procede a liquidar
los perjuicios .

(…).

“De acuerdo con lo expuesto, el Juzgado de Control de Garantías el 1° de mayo
de 2013, consideró que los medios de convicción arrimados por la delegada de
la Fiscalía permitían inferir la presunta participación del señor Gildardo de Jesús
Jiménez Jiménez en la comisión del delito de extorsión conclusión a la llegó
luego de examinar el informe de la policía de vigilancia en casos de captura en
flagrancia.

Para decretar la medida de aseguramiento el Juzgado de Control de Garantías
también tuvo en consideración la entrevista rendida por el señor William
Alejandro Zapata Arenas funcionario del Gaula Militar Antioquia, quien se hizo

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Actor: Gildardo de Jesús Jiménez Jiménez
Acción de tutela

pasar como trabajador de la víctima para proceder a la entrega de manera
personal del pago de la suma de dinero producto de la extorsión.

De conformidad con lo anterior, durante la imposición de la medida de
aseguramiento el Juzgado Tercero (3°) Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Medellín, esbozó en qué consistió la inferencia
razonable para concluir, de forma preliminar, que Gildardo de Jesús podía ser
autor o participe del delito de extorsión.

El Juzgado consideró que la presencia del capturado a las afueras del
Establecimiento de Comercio denominado el Cafeterito; el hecho de que
hubiese proporcionado la clave a la persona que le entregó parte del dinero
convenido y haberlo comenzado a contar de manera inmediata, permitía inferir
razonablemente que el señor Gildardo de Jesús Jiménez Jiménez había tenido
comunicación directa con alias Víctor y conocía lo que estaba haciendo en ese
lugar.

Así mismo, en plena consonancia con la exigencia normativa prevista en el
artículo 310 de la Ley 906 de 2004, la Juez de Control de Garantías realizó un
análisis de la modalidad y de la gravedad de la conducta punible; al respecto,
estimó que la base de la extorsión de la que fue víctima el señor Jorge Darío
Garrido Escobar lo constituyeron las amenazas de las que fue objeto, las cuales
representaron violencia psicológica y moral durante un largo periodo de tiempo
y que fueron tan efectivas que lograron doblegar su voluntad, desprenderse de
su dinero y acceder a la entrega del mismo.

También se detalló que el frente 36 de las Farc viene flagelando la región de
Urrao, a los ciudadanos y explicó como el delito de extorsión afecta el bien
jurídicamente tutelado del patrimonio.

Con base en los medios de prueba que reposan en el expediente digital se
advierte que impuesta la medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento carcelario dicha decisión no fue objeto de recurso de apelación
por el apoderado judicial del señor Gildardo de Jesús.

Ahora bien, mediante la sentencia 07729 del 26 de noviembre de 2013, el
Juzgado Promiscuo Municipal de Urrao Antioquia, absolvió del cargo imputado
al señor Jiménez Jiménez al apreciar que se encontraban reunidos los
requisitos para estructurar la causal de ausencia de responsabilidad penal
denominada miedo insuperable debido a que el investigado se acercó a recibir
el dinero producto de la extorsión porque así se había ordenado una persona
que se encontró cuando se desplazaba desde la zona veredal a la zona céntrica
del Municipio de Urrao ese mismo 30 de abril de 2013, orden que para él resultó
ineludible.

Tal como lo ha sostenido de manera reiterada el Consejo de Estado, la
terminación del proceso penal por absolución no es indicativa o resulta
suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, ya que,
resulta necesario e indispensable comprobar si la medida restrictiva se tornó en
ilegal o injusta y, como tal, generadora de un daño antijurídico imputable a la
administración.

Para la Sala resulta claro que la medida de aseguramiento de detención
preventiva en establecimiento carcelario impuesta en contra del señor
Gildardo de Jesús Jiménez Jiménez cumplió con los requisitos
establecidos en el numeral 2° del artículo 308 de la Ley 906 de 2004, toda
vez que existía una inferencia razonable para concluir, de forma
preliminar, que el capturado podía ser autor o participe de la conducta
punible de extorsión.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06909-00
Actor: Gildardo de Jesús Jiménez Jiménez
Acción de tutela

La Corte Constitucional en la sentencia C-106 de 1994, atendiendo a lo
determinado en los artículos 28 y 29 de la Carta Magna, al igual que acatando
los diferentes instrumentos internacionales que forman parte del bloque de
constitucionalidad, reveló que las medidas de aseguramiento, entre ellas las
privativas de la libertad, se amoldan o ajustan a la Constitución, si son
decretadas por el juez competente, cumpliendo las formalidades contenidas en
la ley y cuando los motivos estén previamente establecidos en la misma, tal
como sucedió dentro del asunto de la referencia.

En razón de lo anterior se predica que, el bien jurídico de la libertad no tiene el
carácter de absoluto y, que, por tanto, la imposición de medidas que lo limita
resulta legítima, siempre y cuando, se den todos los presupuestos legales que
así lo permitan o lo exijan, como ocurrió en este asunto.

De otro lado, advierte esta Corporación que el periodo de tiempo durante el cual
se extendió la definición de la situación judicial del señor Gildardo de Jesús no
resultó desproporcionado como quiera que la restricción de su libertad tuvo
lugar desde el 30 de abril30 hasta el 26 de noviembre de 201331, esto es 6
meses y 28 días.

En este sentido, también se pudo establecer que, al momento de la resolución
de la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía General de la Nación,
el Juez de control de garantías no contaba con ningún elemento probatorio que
permitiera inferir que el actuar del investigado estaba precedido de amenazas
de cualquier connotación por parte de grupos al margen de la ley o de terceros,
tal como se puede colegir del audio contentivo de las audiencias preliminares.

Por consiguiente, de la detención sufrida por el hoy demandante, no
puede predicarse antijuridicidad, dado que, la misma emanó del
cumplimiento de los deberes constitucionales y legales que le asistían a
las entidades demandadas, así como de la estructuración de las
disposiciones procedimentales contempladas para casos como el que
ocupa la atención de la Sala, máxime cuando al interior del proceso no
quedó en duda su participación en el hecho relacionado con el cobro de
un dinero producto de una extorsión.

De otra parte, la Sala echa de menos que, por parte del extremo procesal
accionante, se demostrara el haber sufrido un daño de magnitud “anormal o
especial”, que rompiera el equilibrio de las cargas públicas y, que, en
consecuencia, hiciera procedente estudiar el caso bajo la óptica del daño
especial.

El análisis de la sentencia del 26 de noviembre de 201332, mediante la cual el
Juzgado Promiscuo Municipal de Urrao, Antioquia, absolvió al demandante del
delito imputado permite evidenciar que la conducta típica y antijurídica si existió
y que la libertad del inculpado se presentó porque en desarrollo del trámite del
proceso penal se demostró que se configuró una causal de ausencia de
responsabilidad en los términos prescritos en el artículo 32 de la Ley 599 de
2000.

Ahora bien, para la Sala resulta de gran relevancia precisar, tal como fue
manifestado por la Rama Judicial dentro del recurso de apelación, que la
decisión de primera instancia se fundamentó en la sentencia del Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera (Sala Plena),
C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera, proferida el 15 de agosto de 2018, con
radicado 66001-23-31-000-2010-00235 01(46947), con la cual el Juez procedió
a verificar, si la persona privada de la libertad actuó, exclusivamente bajo la
óptica del derecho civil, esto es, con culpa grave o dolo, y si con ello, dio lugar

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06909-00
Actor: Gildardo de Jesús Jiménez Jiménez
Acción de tutela

a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de
aseguramiento de detención preventiva.

No obstante, tal como fue plasmado en el marco jurisprudencial relacionado en
líneas anteriores, dicha providencia fue dejada sin efectos mediante fallo de
tutela dictado el 18 de noviembre de 2019, por la Subsección B de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, exp: 2019-00169-01.

Bajo este panorama jurisprudencial conviene aclarar que en múltiples fallos de
tutela el Consejo de Estado ha puntualizado que los operadores judiciales
deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de desatar los
asuntos sometidos a consideración, tesis a partir de la cual ha sido descartada
la vulneración de derechos fundamentales dentro de aquellas controversias en
las que se alega el desconocimiento del precedente que impera al momento de
la presentación de la demanda o al momento de proferir la sentencia de primera
instancia.

De conformidad con lo anterior, la postura que actualmente se encuentra
vigente para resolver los asuntos sometidos a consideración en virtud de
una privación injusta de la libertad, conlleva a determinar inicialmente si
la medida de aseguramiento se ajustó o no a los parámetros dados por el
ordenamiento constitucional y legal para decretar la restricción de la
libertad, tanto en sus motivos de derecho como de hecho, tal como fue
señalado por la apoderada judicial de la Rama Judicial dentro del recurso
de apelación, razón por la cual la Sala se aparta de las consideraciones
esbozadas por el Juzgado de primera instancia quien centró el estudio de
la responsabilidad en la culpa grave o el dolo que pudo desprenderse de
la actuación del encartado penal y si con ello dio lugar a la apertura del
proceso porque dicha posición fue dejada sin efectos vía tutela por parte
del Consejo de Estado como se señaló precedentemente.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia proferida el 15 de noviembre de
2018, por el Juzgado Treinta y seis (36) Administrativo del Circuito de Medellín,
por considerar que la medida de aseguramiento de detención preventiva de la
que fue objeto el señor Gildardo de Jesús Jiménez Jiménez cumplió con los
lineamientos normativos para su adopción, no fue desproporcionada, ni
irrazonable y consultó los fines consagrados en la norma para su procedencia,
que no era otro que garantizar la protección a la comunidad. Igualmente, la parte
demandante no acreditó haber sufrido un daño anormal o especial que rompiera
el equilibrio frente a las cargas públicas”. (resaltado de la Sala)

25) No basta con afirmar que la medida cumplía con los requisitos legales, sino que es
necesario analizar si se analizaron los requisitos para la imposición de la medida y si esta
era absolutamente proporcional y razonable.

26) La proporcionalidad de una medida restrictiva de la libertad exige evaluar si esta es
idónea, pertinente y proporcional en sentido estricto; en este caso, aunque inicialmente
existía una inferencia razonable sobre la participación del accionante en el delito, desde
el principio la víctima indicó que actuó bajo miedo insuperable y ello fue corroborado por
las autoridades penales, de modo que su imposición conllevó a que la privación de la
libertad del actor haya adoptado un carácter injusto, en tanto, se reitera, no solo se le
siguió reprochando haber recibido un dinero producto de una extorsión, conducta por la

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06909-00
Actor: Gildardo de Jesús Jiménez Jiménez
Acción de tutela

que la jurisdicción penal ya lo había absuelto y que no podía valorarse nuevamente sin
desconocer su presunción de inocencia, como lo ha expuesto la jurisprudencia de esta
Corporación, sino que ni siquiera se analizó con la debida suficiencia en qué medida
podía ser un peligro para su comunidad.

27) Lo anterior significa que la privación de la libertad del accionante derivó en una
afectación injustificada de sus derechos fundamentales y desconoció el precedente de
esta Corporación4 que, pese a haberlo citado de manera formal, se pasó por alto sin un
estudio riguroso, lo cual desconoció la presunción de inocencia del actor que nunca fue
desvirtuada.

28) Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado en
jurisprudencia reciente que los Estados tienen la obligación de diferenciar entre
verdaderos responsables de hechos ilícitos y aquellas personas que actúan bajo
presiones externas que eliminan su autonomía de decisión. La omisión de esta
diferenciación por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia demuestra una falta de
alineación con los estándares internacionales en materia de acceso a la justicia y
protección de víctimas.

29) El accionante fue obligado a participar en una extorsión bajo amenaza de muerte, lo
cual excluye su responsabilidad penal, pese a ello, su detención no fue revisada en
términos de equidad y justicia, sino únicamente bajo una óptica formalista y meramente
procedimental, sin atender las pruebas que demostraban que su conducta estuvo
determinada por un miedo insuperable, omisión que generó una carga desproporcionada
para el actor y desconoció su derecho a una decisión acorde con su realidad.

30) El Estado es responsable por la privación de la libertad de una persona cuando esta
no estaba en la obligación de soportarla. En el presente caso, la absolución del
accionante con fundamento en el miedo insuperable denota que la detención fue injusta,
ya que el accionante fue forzado a participar en el hecho bajo amenazas de muerte.

31) Se itera, la SU-363 de 2021 establece que el hecho exclusivo de la víctima debe
analizarse dentro del proceso penal y no con base en los hechos que dieron origen a la
investigación, de ahí que el tribunal valoró incorrectamente este criterio, por no considerar

4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2019, radicación
no. 2019-00169-01 (AC), MP Martín Bermúdez Muñoz.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06909-00
Actor: Gildardo de Jesús Jiménez Jiménez
Acción de tutela

que el actor fue obligado a cometer el delito y que como ello ya había sido motivo de
análisis y pronunciamiento por la jurisdicción penal, no podía valorarse nuevamente para
estimar que por esa razón la medida fue legal, proporcional y razonable.

32) En consecuencia, se ampararán los derechos fundamentales por la parte actora, se
dejará sin efectos la sentencia del 10 de julio de 2024 y se dispondrá que la Sala Octava
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia profiera una nueva decisión de
reemplazo en la que atienda las consideraciones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°) Ampáranse los derechos fundamentales invocados por los actores, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) En consecuencia, déjase sin efecto la sentencia del 10 de julio de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso de reparación directa con radicación
no. 05001-33-33-036-2016-00117-03 y ordénase a dicha autoridad que, en el término de
diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, profiera
una decisión en reemplazo en la cual se tengan en cuenta las consideraciones expuestas.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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