Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03426-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03426-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03426-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
15 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-003426-00
Demandante: RAFAEL MAZO ROLDÁN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Rafael Mazo Roldán
contra el Tribunal Administrativo de Risaralda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 24 de junio de la presente anualidad 1 , el señor Rafael Mazo Roldán, por
intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Risaralda, por considerar vulnerado su derecho fundamental al
debido proceso2, con ocasión de la sentencia de única instancia proferida dentro
del proceso de revisión de acuerdos con radicado 66001-23-33-000-2021-00240-
00. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben textualmente):
PRIMERA: TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales del señor
RAFAEL MAZO ROLDÁN que le están siendo vulnerados por la sentencia de
la SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE PEREIRA, bajo el
radicado 2021-0240, al declarar la invalidez con efectos retroactivos del
artículo 17 del Acuerdo 14 de 2021 del Consejo Municipal de Pereira.
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARÍA DE HACIENDA de Pereira, a
realizar el correspondiente reajuste del Estado de Cuenta para la liquidación
del impuesto predial del año 2022, de acuerdo con los Paz y Salvo expedidos
1
Se advierte que, el 8 de julio de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2
El demandante también alega que se desconoció el principio de seguridad jurídica.
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03426-00
Demandante: Rafael Mazo Roldán
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Sentencia de tutela de primera instancia
de los siguientes bienes inmuebles de propiedad de RAFAEL MAZO
ROLDÁN:
• Finca Altamira ubicado en el km 15 vía Armenia vereda Laguneta,
identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-34746
• Finca La Cristalina ubicado en vía Armenia- Manzano Líbano,
identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-130955
1.2. Hechos
De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
El Concejo Municipal de Pereira expidió el Acuerdo 14 del 6 de julio de 2021, por
medio del cual se adoptan medidas de reactivación económica en el municipio de
Pereira. Concretamente, el artículo 17 del Acuerdo establece:
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO. CONDICIÓN ESPECIAL DE PAGO. Los
contribuyentes que se encuentren en mora por obligaciones correspondientes
a impuesto predial, impuesto de industria y comercio, avisos y tableros,
sobretasa bomberil, sanciones tributarias relativas al impuesto de industria y
comercio incluidas las relacionadas con la omisión de deberes formales, por
los períodos gravables o años 2020 y anteriores, tendrán derecho a solicitar la
siguiente condición especial de pago:
1. Si se produce el pago total del 100% de la obligación principal
correspondiente a impuesto predial, impuesto de industria y comercio, avisos
y tableros y sobretasa bomberil hasta el 31 de diciembre de 2021, los
intereses se reducirán en un cien por ciento (100%). 2
2. . Si se produce el pago del cincuenta por ciento (50%) de la sanción
tributaria, establecida en el Titulo III capítulo I Sanciones del Acuerdo 29 de
2015, incluidas las relacionadas con la omisión en el envío de información y
omisión en el cumplimiento de deberes formales, hasta el 31 de diciembre de
2021, se reducirá el cincuenta por ciento (50%) restante.
PARÁGRAFO 1. Para acceder a la reducción de los intereses moratorios y las
sanciones tributarias establecida en el presente artículo, el contribuyente
deberá efectuar el pago total de la obligación en un único pago.
PARÁGRAFO 2. La condición especial de pago establecida en el presente
artículo se extiende a aquellas obligaciones por concepto de impuesto predial,
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, sobretasa bomberil y
sanciones tributarias por los períodos gravables o años 2020 y anteriores, que
se encuentren en discusión en sede administrativa y judicial, y su aplicación
dará́ lugar a la terminación de los respectivos procesos.
El aquí demandante, Rafael Mazo Roldán, decidió acogerse a dicha norma y
realizó el pago del impuesto predial de los inmuebles con matrícula inmobiliaria
290-34746 y 290-130955, por lo que se le otorgó el beneficio de reducción de los
2
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Demandante: Rafael Mazo Roldán
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Sentencia de tutela de primera instancia
intereses. Consecuente con ello, la Secretaría de Hacienda de Pereira expidió los
respectivos certificados de paz y salvo.
Posteriormente, el gobernador del departamento de Risaralda solicitó la revisión
del Acuerdo 14 de 2021 y, el 30 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo
de Risaralda declaró su invalidez, con efectos retroactivos.
En acatamiento a la sentencia del Tribunal, la Secretaría de Hacienda realizó la
liquidación del impuesto predial de los bienes inmuebles del demandante e incluyó
los intereses por los años 2016 a 2022, Por tal razón, el señor Mazó Roldán radicó
dos peticiones el 7 de junio de 2022, con el propósito de que se tuvieran en cuenta
los certificados de paz y salvo expedidos en 2021.
Dichas peticiones fueron atendidas el 11 y 17 de junio de la presente anualidad,
indicándole que los valores fueron determinados de conformidad con la sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que le fijó efectos retroactivos
a la invalidez del beneficio tributario.
1.3. Argumentos de la tutela
La parte actora expuso que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Risaralda vulneró su derecho al debido proceso y el principio de seguridad
jurídica, al desconocer sus derechos adquiridos, dado que ya había efectuado el
pago del año 2021; derechos que, además, fueron conculcados por los efectos
retroactivos que la autoridad judicial demandada le otorgó a la declaratoria de
invalidez del acuerdo municipal.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1 Mediante auto del 29 de junio de 2022, se admitió la presente acción de tutela
y se ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Primera de Decisión, en calidad de parte demandada, y al
gobernador del departamento Risaralda, al alcalde del municipio de Pereira y al
presidente del Concejo Municipal de Pereira, como terceros con interés.
Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
3
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Demandante: Rafael Mazo Roldán
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Sentencia de tutela de primera instancia
2.2. El Departamento de Risaralda defendió la decisión cuestionada, basado en
que esta obedeció al precedente jurisprudencial existente en materia de alivios
tributarios y el derecho a la igualdad de los ciudadanos que pagan los impuestos
dentro del término legal.
Agregó que, en sentencia del 15 de marzo de 2022 (exp. 11001-03-15-000-2021-
09687-01), mediante la cual se decidió una acción de tutela similar a la del señor
Rafael Mazo Roldán, la Sección Primera del Consejo de Estado concluyó que era
improcedente por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
En igual sentido, se pronunció la misma sección sobre la tutela con radicado
11001-03-15-000-2022-01410-01, en la que revocó un fallo de primera instancia
proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su lugar, declaró
improcedente la tutela por falta de relevancia constitucional.
Finalmente, solicitó ser desvinculado y exonerado de las pretensiones.
2.3. El Municipio de Pereira informó que interpuso una tutela con similares
cuestionamientos a los propuestos por el demandante, con radicado 11001-03-15-
000-2021-09687-01, la cual se encuentra en etapa de selección ante la Corte
Constitucional.
Señaló que la demanda cumple los requisitos generales y especiales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y, por tanto, deben atenderse
favorablemente las pretensiones del demandante.
2.4. Los demás sujetos vinculados guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.
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La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para
proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir,
concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para
conferir la tutela.
En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de
tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del
año 20123, aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún derecho
fundamental.
Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones que allí se adoptan y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.
Entonces, para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
el juez debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos que
fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.
Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiere utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiere
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida
en sede de tutela.
En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
3
Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth
García González.
5
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contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.
El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por
ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros
que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece
cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.
Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución.
6
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Demandante: Rafael Mazo Roldán
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Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia
cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional.
Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.
Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos 4 , la Corte
Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de
tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los
requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes
mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los
denominados órganos de cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional».
2. Problema Jurídico
En primer lugar, la Sala determinará si el señor Rafael Mazo Roldán está
legitimado para discutir la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, dentro del proceso de revisión de acuerdos.
4 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
7
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Solo en el evento de dar una respuesta positiva al anterior aspecto, se estudiará si
la solicitud de amparo reúne los requisitos generales exigidos por la jurisprudencia
para su procedencia y, en caso de que se cumpla, se descenderá al análisis de
fondo, con el fin de establecer si se configuraron o no los defectos atribuidos a la
sentencia dictada del 30 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda.
3. Análisis del caso
3.1. De la legitimación en la causa en materia de acción de tutela
La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política5 fue
reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece que
«toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».
Dicha regla impone de antemano que quien presenta la solicitud de amparo debe
estar legitimado en la causa por activa, en la medida en que solo podrá ejercer
esta acción constitucional ante la vulneración de sus propios derechos
5
ARTÍCULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o
se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el
juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados
de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
8
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fundamentales, sin perjuicio de la agencia oficiosa de derechos, como lo dispone
el artículo 10 del Decreto 2591 de 19916.
En este sentido, la Corte Constitucional ha reiterado que, a pesar del carácter
informal de la acción de tutela, no debe obviarse el cumplimiento de unas
condiciones mínimas de procedibilidad, requisitos entre los que se encuentra el de
la legitimación en la causa por activa. Así lo ha expuesto:
Este es el primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que exige
que quien solicita el amparo constitucional se encuentre “legitimado en la
causa” para presentar la solicitud de protección de sus derechos
fundamentales. Dicha legitimación puede ser ‘por activa’ o ‘por pasiva’. Por la
primera exige que el derecho cuya protección se invoca sea un derecho
fundamental propio y no, en principio, de otra persona 7 . La segunda se
entiende satisfecha con la correcta identificación de las autoridades
responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados 8 , destacando a la vez que su adecuada integración persigue
garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía,
permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los
hechos que son materia de la controversia constitucional.
Desde antaño, la Corte ha precisado que el interés subjetivo de quien
demanda en causa propia la protección de derechos fundamentales debe
estar debidamente acreditado, pues de lo contrario carece de legitimidad para
instaurar la acción de tutela (…) (se destaca)9.
Como se sabe, la acción de tutela busca la protección de derechos
fundamentales, es decir, aquellos contenidos en la Constitución, en algunos
tratados internacionales o que, sin estar en un cuerpo normativo específico, «se
relacionen con la dignidad humana y sean traducibles a un derecho subjetivo»10.
6 Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud.
7
Cita del original: «Sentencia T–1191 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)».
8
Cita del original: «En el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 se dispone: Artículo 13. La acción
se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental (…)».
9
Corte Constitucional, sentencia T-382 del 19 de julio de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa.
10
Así lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia T-227 de 2003, en la que se habló del
carácter autónomo de ciertos derechos, en virtud de su relación con la dignidad humana, aun
cuando no estuvieran expresamente definidos como fundamentales en la Constitución:
La Corte Constitucional no ha dado una respuesta inequívoca sobre el concepto de derechos
fundamentales. Su postura ha oscilado entre la idea de que se trata de derechos subjetivos de
aplicación inmediata 10 y la esencialidad e inalienalibilidad del derecho para la persona 10 . Entre
estos dos extremos se han presentado varias posturas teóricas:
…
9
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Por su parte, un derecho es subjetivo en la medida en que esté asignado a una
persona y tenga un contenido que sea exigible al Estado o a los demás, es decir,
cuentan con un titular, un obligado y una prestación o contenido11.
El carácter subjetivo del derecho es útil no solo para determinar su calidad de
fundamental, sino para derivar la legitimación por activa de quien persigue su
protección.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que la legitimación en la causa,
«es, entonces, una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. “Por tanto, cuando una de las partes
carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de
mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de
fondo”12»13.
Por tanto, quien acude a la acción de tutela debe ser el titular del derecho afectado
o amenazado, un tercero que cumpla las condiciones para agenciar los derechos
de otro o las autoridades expresamente autorizadas para ello en el ordenamiento
jurídico14. De no cumplirse, la tutela se torna improcedente por la ausencia de un
presupuesto para estudiar el fondo del asunto.
• Análisis de la legitimación en el caso concreto
El señor Rafael Mazo Roldán alega que el Tribunal Administrativo de Risaralda
vulneró su derecho al debido proceso y el principio de seguridad jurídica al
A partir de dicho análisis es posible recoger la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el
concepto de derechos fundamentales, teniendo como eje central la dignidad humana, en tanto que
valor central del sistema y principio de principios.
…
En este orden de ideas, será fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente esté
dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo. Es decir, en la
medida en que resulte necesario para lograr la libertad de elección de un plan de vida concreto y la
posibilidad de funcionar en sociedad y desarrollar un papel activo en ella. Tal necesidad no está
determinada de manera apriorística, sino que se define a partir de los consensos (dogmática del
derecho constitucional) existentes sobre la naturaleza funcionalmente necesaria de cierta
prestación o abstención (traducibilidad en derecho subjetivo), así como de las circunstancias
particulares de cada caso (tópica).
11
Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
12
Cita original de la providencia: T-799 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-416 de 1997,
M. P. José Gregorio Hernández.
13
Corte Constitucional, sentencia T-411 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
14
De los artículos 46 a 51 del Decreto 2591 de 1991 se desprende que el Defensor del Pueblo y
los personeros municipales o distritales, por expresa delegación de aquel, están legitimados para
interponer la acción de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o que esté en
situación de desamparo e indefensión.
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Demandante: Rafael Mazo Roldán
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Sentencia de tutela de primera instancia
declarar con efectos retroactivos la invalidez del Acuerdo 14 de 2021, expedido
por el Concejo Municipal de Pereira.
La Sala advierte que, de conformidad con lo previsto en el artículo 117 del Código
de Régimen Municipal (Decreto-Ley 1333 de 1986), todos los acuerdos
municipales sancionados por un alcalde deben enviarse al gobernador del
departamento para que realice su revisión jurídica. Si de ese examen, considera
que se configura una afrenta a la Constitución, la ley o una ordenanza, el
gobernador se encuentra habilitado, en los términos del artículo 119 del citado
decreto-ley, para solicitar al tribunal administrativo con competencia en su
jurisdicción para que se pronuncie sobre su validez de ese acuerdo. Dicha
potestad se encuentra reiterada en el artículo 305.10 de la Constitución y la
competencia del tribunal en el numeral 2 del artículo 151 de la Ley 1437 de 2011.
De este modo, tenemos que la revisión de acuerdos municipales, por iniciativa del
respectivo gobernador, es un medio de control con trámite especial adoptado en el
Código de Régimen Municipal, actuación que tiene una oportunidad para que
cualquier persona intervenga en la defensa o ataque de la juridicidad del acuerdo
(artículo 121).
En este caso, se observa que, en efecto, el gobernador del Departamento de
Risaralda sometió a control del Tribunal Administrativo de Risaralda, la validez
parcial del Acuerdo 14 de 2021, expedido por el Concejo Municipal de Pereira y
sancionado por el respectivo alcalde. La autoridad judicial accionada, mediante
auto del 9 de agosto de 2021, ordenó fijar el proceso en lista para que cualquier
otra persona interviniera en defensa o en contra de la validez del acuerdo
demandado.
Durante el término de fijación en lista, la única intervención ciudadana se presentó
por parte del señor Dilber Leandro Vargas Díaz, quien defendió la validez del
artículo 17 del Acuerdo 14 de 2021.
Posteriormente, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales
manifestó que coadyuvaba la posición del Municipio de Pereira.
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Demandante: Rafael Mazo Roldán
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Sentencia de tutela de primera instancia
Surtido el trámite de ley, mediante sentencia del 30 de septiembre de 2021, el
Tribunal Administrativo de Risaralda declaró, con efectos retroactivos, la invalidez
del artículo 17 del Acuerdo 14 de 2021 y negó la coadyuvancia de Asocapitales.
Quiere decir lo anterior que en el trámite especial de revisión de validez de
acuerdos los sujetos procesales fueron el gobernador de Risaralda y el Municipio
de Pereira, este último en la medida en que el Concejo y el alcalde participaron en
la expedición del acuerdo cuestionado. En la sentencia se consideró la
intervención ciudadana y se rechazó la coadyuvancia de Asocapitales, pero, bajo
ninguna consideración hubo participación del aquí demandante, Rafael Mazo
Roldán, razón por la cual no tiene legitimación para discutir las decisiones
proferidas en dicho proceso.
Recuérdese: la tutela persigue la protección de derechos subjetivos. Ello significa
que quien alega la afectación debe ser su titular o es posible que otra persona los
defienda en su nombre, con las limitaciones establecidas en la ley y la
jurisprudencia. La calidad de sujeto activo del derecho para cuestionar una
providencia judicial se determina por haber sido parte, tercero o sujeto procesal
vinculado, o porque se solicitó la vinculación al proceso y esta fue negada y se
discute ese hecho. Pero los efectos generales de la providencia judicial o, incluso,
el carácter de tal que se predica de ciertos actos administrativos o de un
reglamento, no habilita que cualquier persona pueda reprochar la decisión judicial
sobre su legalidad, si no se hizo parte en el proceso y en las oportunidades
consagradas en el ordenamiento jurídico.
Se insiste, aun cuando existe un sistema de acceso y coadyuvancia popular sobre
el acto demandado, en la medida en que cualquier persona puede hacerse parte
en ese trámite, ese elemento no extiende a la discusión de la providencia judicial
allí proferida, si quien la provoca no estuvo vinculado en el respectivo proceso.
Esta Corporación se ha pronunciado15 en sentido similar, al concluir que quienes
ejercen la acción de tutela para cuestionar providencias judiciales, sin haber
15
Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias: (i) del 6 de diciembre de 2016,
Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-02683-01(AC), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, y (ii) sentencia del 16 de diciembre de 2019, Sección Tercera, Subsección B, radicado
11001-03-15-000-2019-00282-01 (AC), M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03426-00
Demandante: Rafael Mazo Roldán
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Sentencia de tutela de primera instancia
participado en el proceso en que estas se dictaron, carecen de legitimación en la
causa por activa.
Por consiguiente, ante la falta de legitimación en la causa por activa del
demandante, habrá de declararse improcedente la solicitud de amparo.
Con todo, la Sala advierte que tampoco se cumple el requisito de inmediatez, dado
que la sentencia cuestionada se notificó el 1º de octubre de 2021, mientras que la
solicitud de amparo se radicó el pasado 24 de junio, lo cual indica que se superó
ampliamente el término razonable de 6 meses que ha establecido la jurisprudencia
de esta Corporación para atacar providencias judiciales por vía de acción de
tutela.
Finalmente, si de lo que se duele el demandante es de que, al contestar las
peticiones radicadas el 7 de junio de 2022, la Secretaría de Hacienda del
municipio de Pereira no hubiera tenido en cuenta los certificados de paz y salvo
expedidos en el año 2021, la tutela también deviene improcedente para cuestionar
el contenido de los estados de cuentas, las liquidaciones y le negativa a
reconsiderar los intereses ya pagados, porque estaríamos ante actos
administrativos cuya legalidad debe cuestionarse a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437
de 2011.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor
Rafael Mazo Roldán, de acuerdo con las consideraciones expuestas.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. De no ser impugnada la presente providencia, envíese a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03426-00
Demandante: Rafael Mazo Roldán
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Sentencia de tutela de primera instancia
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
14
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