Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-09687-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-09687-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-09687-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
25 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-09687-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: MUNICIPIO DE PEREIRA
TESIS: CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA. ES
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE CARECE
DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, EL ACTOR
PRETENDE DEBATIR EN ESTA INSTANCIA CONSTITUCIONAL
ASPECTOS QUE YA FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN SEDE
ORDINARIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la impugnación presentada por el actor
contra la sentencia de 17 de enero de 2022, mediante el cual la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE
ESTADO1, declaró improcedente el amparo solicitado.
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En adelante la Sección Tercera.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-09687-01
Actor: MUNICIPIO DE PEREIRA
I – ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El MUNICIPIO DE PEREIRA, actuando por intermedio de
apoderada especial, instauró acción de tutela con el fin de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia, los cuales
consideró vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
RISARALDA2, al haber proferido la sentencia de 30 de septiembre
de 2021, dentro del medio de control de constitucionalidad y
legalidad de acuerdos municipales identificado con el número único
de radicación 66001-2333-000-2021-00240-00, tramitado en única
instancia, y mediante el cual se declaró con efectos retroactivos la
invalidez del artículo 17 del Acuerdo Municipal núm. 014 de 6 de julio
de 2021, proferido por el CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA.
I.2.- Hechos
Manifestó que mediante el Acuerdo Municipal núm. 14 de 6 de julio
de 2021, el Concejo municipal de Pereira, adoptó medidas de
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En adelante el TRIBUNAL.
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reactivación económica y dictó otras disposiciones.
Indicó que el artículo décimo séptimo de dicho acto administrativo,
fijó unas condiciones especiales de pago de las obligaciones
tributarias para los períodos gravables 2020 y anteriores,
concediendo una reducción de los intereses moratorios por el pago
total de la obligación o sanción tributaria.
Señaló que inconforme con lo anterior, en virtud de lo establecido en
el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución, el Gobernador del
Departamento de Risaralda remitió a control de constitucionalidad y
legalidad el Acuerdo Municipal núm. 14 de 6 de julio de 2021 del
Concejo municipal de Pereira, por considerarlo violatorio de los
artículos 6, 121 y 287 de la Constitución Política y el artículo 18 de
la ley 1551 de 2012.
Sostuvo que dicho medio de control fue identificado con el número
único de radicación 66001-2333-000-2021-00240-00 y le fue
asignado por reparto al TRIBUNAL que, mediante sentencia de única
instancia de 30 de septiembre de 2021, declaró con efectos
retroactivos la invalidez del artículo 17 del Acuerdo Municipal núm. 14
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de 6 de julio de 2021.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Arguyó que la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo,
por indebida interpretación de los artículos 287-3, 297, 313-4, 338 y
363 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 5º de la Ley
489 de 1998.
Manifestó que la autoridad judicial accionada, erró al considerar que
la disposición anulada trasgredió el principio de reserva legal, en
tanto el acto no creó impuestos contrarios a la ley, sino que concedió
una reducción o descuento de los intereses moratorios sobre los
tributos en el Municipio de Pereira, esto es, el impuesto predial
unificado, el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros,
sobretasa bomberil y sanciones para las vigencias causadas antes de
la entrada del Estatuto Tributario Municipal actual.
Señaló que la providencia objetada desconoció e ignoró el principio
de autonomía territorial, por cuanto en virtud del artículo 287-3
superior a las entidades territoriales les fue otorgada la facultad de
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gestionar sus propios recursos y, en ese sentido, la intención del
Acuerdo Municipal núm. 14 de 6 de julio de 2021, fue la de
implementar diversas estrategias para apuntar a la reactivación
económica de la ciudad, aliviando la carga tributaria de los
contribuyentes.
Manifestó que la autoridad judicial también incurrió en defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial
respecto a la procedencia de las amnistías tributarias.
Resaltó las decisiones proferidas por la Corte Constitucional, entre
otras, la sentencia C-448 de 2020, en la que se declaró la
inexequibildiad del artículo 7º del Decreto Legislativo 678 de 2020,
el cual contenía una amnistía tributaria.
Indicó que si bien las amnistías tributarias no constituyen un
mecanismo idóneo para incentivar el recaudo de la cartera morosa,
la Corte Constitucional ha habilitado la implementación de dicho
mecanismo de manera excepcional con el propósito de solventar las
crisis económicas.
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Por último, mencionó que la autoridad judicial accionada no elaboró
un estudio de los requisitos de procedencia de la amnistía tributaria
formulada en el acuerdo municipal, pese a que en la exposición de
motivos se detalló ampliamente la situación de la ciudad de Pereira,
el impacto negativo en las finanzas de diferentes sectores y la
disminución en el recaudo del impuesto.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó en el escrito de tutela el amparo de los derechos
fundamentales deprecados y, en consecuencia:
“[…] SEGUNDA: Que deje sin efectos las partes motivas
correspondientes y la parte resolutiva de dicha providencia
judicial, en donde se declaró inválido el artículo 17 del
Acuerdo 014 de 2021 y se le dio efectos RETROACTIVOS a
dicho pronunciamiento.
TERCERA: Que, como consecuencia de la prosperidad de las
pretensiones anteriores, ordene al Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de Risaralda declarar válido el Acuerdo 14 de
2021, en todos sus apartes incluido el artículo 17 de dicho
acto administrativo, por encontrarse de acuerdo con el
ordenamiento jurídico. […]”.
I.5. Defensa
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I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó denegar el amparo solicitado e indicó
que en la providencia cuestionada se manifestaron plenamente las
consideraciones que motivaron la invalidez del artículo 17 del
Acuerdo Municipal núm. 014 de 2021, cumpliendo la carga
argumentativa que le impone la jurisprudencia a las decisiones
judiciales.
Señaló que de la lectura del artículo 17 del citado acuerdo municipal,
se desprende que la reducción del 100% y 50% de los intereses
moratorios y sanciones aplicada a obligaciones tributarias, constituyó
una amnistía que solo otorga el legislador en razón de la reserva legal
prevista en el artículo 294 de la Constitución Política y, resaltó que
aun cuando la motivación del acuerdo demandado recae en la
situación excepcional de emergencia sanitaria por la Covid-19, de
acuerdo a los postulados de la Corte Constitucional las amnistías
tributarias efectuadas por las entidades territoriales no podrían
proyectarse sobre las obligaciones fiscales causadas con anterioridad
a la declaratoria de emergencia.
Arguyó que los efectos retroactivos en los que se otorgó la
declaratoria de invalidez, quedó ampliamente desarrollada en la
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sentencia cuestionada y reiteró que los hechos que sirvieron de
fundamento para la expedición del acuerdo municipal fueron
adquiridos bajo un fundamento inconstitucional declarado por la
Corte Constitucional en sentencia C- 448 de 2020.
Finalmente, sostuvo que a la entidad territorial accionante no se le
vulneraron los derechos fundamentales invocados, por cuanto la
decisión fue fundamentada bajo los criterios legales y
jurisprudenciales para el caso concreto.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- La ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIUDADES
CAPITALES – ASOCAPITALES -, allegó escrito coadyuvando en su
totalidad las pretensiones de la acción de tutela, petición que fue
aceptada por el a quo en el fallo objeto de impugnación.
Efectuó una serie de consideraciones jurídicas relacionadas con el
presunto desconocimiento de normas de rango constitucional y el
precedente jurisprudencial decantado respecto de las amnistías
tributarias.
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Concluyó que en el caso del acuerdo municipal núm. 14 de 2021 las
exigencias de la Corte fueron satisfechas, por cuanto según su
consideración los beneficios adoptados constituyeron una expresión
del principio de favorabilidad y del principio de equidad tributaria.
Indicó que los derechos fundamentales de la entidad territorial se
vieron vulnerados por la interpretación errónea de los precedentes
jurisprudenciales determinados en las sentencias C-060 de 2020 y
C-883 de 2013, en los que se planteó que las amnistías deben tener
una justificación en la que se evidencie la idoneidad y necesidad de
la medida.
Para el caso particular, señaló que el TRIBUNAL se limitó a negar la
posibilidad de conceder amnistías tributarias y no verificó el
cumplimiento de los criterios definidos en la constitución que permite
concede de manera excepcional tales amnistías tributarias.
I.6.2.-El DEPARTAMENTO DE RISARALDA manifestó oposición a
los fundamentos de vulneración presentados por la entidad
accionante, al considerar que la invalidez con efectos retroactivos
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obedeció al precedente vertical y constitucional que existe frente a
los alivios tributarios y el derecho a la igualdad que les asiste a los
ciudadanos.
I.6.3.- El CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA y el ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE VIRGINIA, pese a ser notificados en debida forma,
guardaron silencio.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 17 de enero de 2022, la SECCIÓN TERCERA
declaró improcedente el amparo solicitado, por considerar que el
asunto carece de relevancia constitucional.
Sostuvo que los argumentos expuestos por la parte actora no
cumplían con el requisito de la relevancia constitucional, habida
cuenta que fueron los mismos que fueron debatidos, analizados y
resueltos por el Tribunal dentro del proceso de control de
constitucionalidad y legalidad del acuerdo municipal núm. 14 de
2021.
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Indicó que los fundamentos planteados en la acción de tutela se
dirigieron de manera exclusiva a reiterar los argumentos planteados
en sede ordinaria y lo que pretende la parte actora es obtener un
nuevo pronunciamiento frente a la discusión resuelta por el juez
natural de la causa.
Señaló que el TRIBUNAL recalcó que la competencia privativa de los
municipios para fijar beneficios a los impuestos locales no se pueden
trasladar al ámbito de las amnistías tributarias, por cuanto la
Constitución Política no le otorgó esas facultades, en tanto le
corresponde al legislador determinar la situación excepcional para la
adopción de la amnistía, además de ilustrar los elementos de
idoneidad y necesidad de la medida.
Manifestó que de la exposición de motivos que fundaron la expedición
del acto acusado, se logró extraer que su propósito fue atender la
crisis económica generada por el Covid -19, no obstante el
TRIBUNAL al analizar la postura de la Corte en el análisis de
constitucionalidad del Decreto Legislativo 678 de 2020, concluyó que
las amnistías tributarias pueden ser otorgadas sobre obligaciones
fiscales cuya declaratoria se hubiere materializado con posterioridad
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a la declaratoria de emergencia sanitaria, situación que no se observó
en el acuerdo cuestionado.
Manifestó que no es posible afirmar que la relevancia constitucional
para el caso particular se deriva del análisis en el rol que deben
cumplir las asambleas y concejos municipales de cara a las
circunstancias especiales ocasionadas por la pandemia, pues dicho
argumento fue materia de análisis por el TRIBUNAL en la sentencia
cuestionada.
Finalmente, consideró que en la solicitud de amparo constitucional
no se evidenció un planteamiento adicional a los ventilados ante el
juez natural de la causa y, por el contrario, los argumentos
presentados constituyen una insistencia a las razones de defensa
expuestas en el proceso ordinario los cuales fueron debatidos y
resueltos por la autoridad judicial demandada.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
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III.1. La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia y
solicitó que se revoque en su integridad la decisión.
Señaló que la solicitud de tutela cumplía con el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, a su juicio, el proceso de revisión de
validez del acto administrativo, no corresponde a una acción
contencioso administrativa sino a un proceso especial de única
instancia y, por lo tanto, la acción de tutela es el único medio
disponible para controvertir la vulneración de los derechos
fundamentales y las presuntas arbitrariedades cometidas por el
TRIBUNAL.
Indicó que la autoridad judicial interpreto indebidamente la norma
superior, restringiendo y limitando el principio de autonomía
territorial, desconociendo así el precedente jurisprudencial de la
Corte Constitucional.
Advirtió que el juez natural de la causa no resolvió todo lo promovido
en sede de tutela, por cuanto no efectuó el análisis de los requisitos
en los que de manera excepcional han sido admitidas las amnistías.
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Asimismo, consideró que en sede de tutela se formularon
planteamientos respecto al defecto sustantivos en el que incurrió la
autoridad judicial al proferir la decisión de única instancia, que no
fueron resueltos en la controversia de validez del acuerdo, situación
que evidencia la falta de análisis por parte del juez de tutela.
Manifestó que el a quo no efectuó pronunciamiento frente a la
violación del debido proceso por aplicar la sentencia de validez con
efectos retroactivos, en razón a que se afectaron situaciones jurídicas
consolidadas como la reapertura de procesos de cobro coactivo
terminados y archivados por pago de las obligaciones tributarias de
los contribuyentes que de buena fe pagaron haciendo uso del
descuento del interés moratorio adaptado en el artículo 14 del
Acuerdo Municipal núm. 14 de 2021.
Resaltó que lo que se pretende con la acción de tutela es proteger el
derecho económico de más de 28.000 contribuyentes que pagaron
sus obligaciones tributarias de buena fe con el descuento de los
intereses moratorios, por lo que el mecanismo de tutela tiene como
fin proteger un interés general.
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III.2. Por su parte, la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIUDADES
CAPITALES -ASOCAPITALES-, en su calidad de coadyuvante de la
parte accionante, presentó escrito de impugnación3, en los siguientes
términos:
Indicó que goza de legitimidad para impugnar la decisión judicial, por
cuanto las consecuencias del fallo afectan directamente los intereses
de los asociados de la organización.
Elaboró un recuento de la procedibilidad de la acción de tutela y el
cumplimiento de los requisitos generales y especiales de procedencia
lo cuales según su consideración se encuentran satisfechos en el caso
concreto.
Reiteró que en la acción de tutela se argumentó el defecto sustantivo
por indebida interpretación de la Constitución Política y el
desconocimiento del precedente judicial, considerando de manera
3
De acuerdo con la información que reposa en el aplicativo SAMAI, la parte coadyuvante allegó en
tiempo escrito de impugnación el 9 de febrero de 2021,
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/downloader.aspx?guid=AB2D5F15
D7EE4DAE%206FA71D3EF64D82C6%20D592BF62A9FBBD05%20EA1D5FA325AF2B5A%2011001031
5000202109687001100103.
No obstante, al verificar el contenido del auto de 16 de febrero de 2022, la Sala observa que la Sección
Tercera, concedió el escrito de impugnación presentado por la parte demandante y no hizo
pronunciamiento respecto del escrito de impugnación allegado por la parte coadyuvante.
Al respecto, la Sala en aras de otorgar celeridad al trámite constitucional y en vista de que el escrito
de impugnación allegado por la parte coadyuvante fue presentando dentro del término legal, procederá
a estudiar de manera conjunta las impugnaciones presentadas.
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errada que los municipios deben ajustarse de manera irrestricta a la
Ley, lo que implica que las entidades territoriales se verían
despojadas de la autonomía fiscal que les otorgó la Constitución.
Además, indicó que la autoridad judicial accionada no demostró la
argumentación jurídica suficiente para apartarse del precedente
jurisprudencial en los que se reitera los requisitos que deben cumplir
las amnistías tributarias.
Sostuvo que la parte accionante no pretendió habilitar una segunda
instancia, sino que realizó un juicio de validez respecto a la sentencia
proferida por el TRIBUNAL, cumpliendo con la carga argumentativa
exigida para las acciones de tutela contra providencia judicial.
Finalmente, concluyó que la aplicación del fallo proferido en la
instancia ordinaria desconoció el principio de irretroactividad en
materia tributaria, ubicando a los contribuyentes en una situación
gravosa, por lo que solicitó que se revise este aspecto al considerar
que eso implica una trasgresión a la seguridad jurídica de los
ciudadanos.
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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre
de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
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expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
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y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
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servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 30 de septiembre de 2021, proferida por el
TRIBUNAL, por medio de la cual se declaró con efectos retroactivos
la invalidez del artículo 17 del Acuerdo Municipal núm. 014 de 6 de
julio de 2021, proferido por el Concejo Municipal De Pereira, dentro
de la demanda promovida en ejercicio del control de
constitucionalidad y legalidad de acuerdos municipales identificado
con el numero único de radicación 66001-23-33-000-2021-00240-
00.
A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a la administración de justicia, habida cuenta que, a su juicio, la
autoridad judicial accionada incurrió en el defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente jurisprudencial.
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Los disensos de la parte actora radican en que, a su juicio, la
autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por
indebida interpretación de los artículos 287-3, 297, 313-4, 338 y 363
de la Constitución Política de Colombia y el artículo 5º de la Ley 489
de 1998, al considerar que la disposición anulada trasgredió el
principio de reserva legal. Además, indicó que la disposición
invalidada no creó impuestos contrarios a la ley, sino que concedió
una reducción o descuento de los intereses moratorios sobre los
tributos en el Municipio de Pereira.
Así mismo, manifestó que la autoridad judicial accionada también
incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
jurisprudencial respecto a la procedencia de las amnistías tributarias
y recalcó que pese a que en la exposición de motivos del acuerdo
municipal se detalló ampliamente la situación de la ciudad de Pereira,
el impacto negativo en las finanzas de diferentes sectores y la
disminución en el recaudo del impuesto, la autoridad judicial no
elaboró un estudio de los requisitos de procedencia de la amnistía
tributaria formulada en el acuerdo municipal.
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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que, declaró improcedente el amparo
solicitado, por considerar que el asunto carece de relevancia
constitucional, toda vez que los argumentos expuestos en el escrito
de tutela fueron los mismos debatidos, analizados y resueltos por el
Tribunal dentro del proceso de control de constitucionalidad y
legalidad de acuerdos municipales identificado con el núm. único de
radicación 66001-23-33-000-2021-00240-00.
La impugnación del actor está estructurada sobre una reiteración de
los argumentos principales que sostuvieron su posición jurídica inicial
y, adicionalmente, señaló que la solicitud de tutela cumplía con el
requisito de relevancia constitucional, la acción de tutela es el único
medio disponible para controvertir la vulneración de los derechos
fundamentales y las presuntas arbitrariedades cometidas por el
TRIBUNAL, las cuales fueron señaladas en el escrito de tutela y
replicadas en el escrito de impugnación.
Por otra parte, la Asociación Colombiana De Ciudades Capitales
– Asocapitales-, en calidad de coadyuvante de la parte accionante,
presentó escrito de impugnación, en el que manifestó que en la
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acción de tutela se argumentó el defecto sustantivo por indebida
interpretación de la Constitución Política y desconocimiento del
precedente judicial. Igualmente, sostuvo que la parte accionante no
pretendió habilitar una segunda instancia, sino que realizó un juicio
de validez respecto a la sentencia proferida por el TRIBUNAL,
cumpliendo con la carga argumentativa exigida para las acciones de
tutela contra providencia judicial.
Por lo anterior, la Sala circunscribirá su estudio a los argumentos
expuestos en las impugnaciones y, en primer lugar, debe determinar
si el caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL
vulneró los derechos fundamentales deprecados e incurrió en los
defectos alegados al haber proferido la sentencia de 30 de
septiembre de 2021 aludida.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial el requisito de la relevancia constitucional.
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De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».5
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
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En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que los argumentos
que se invocan en la presente acción de tutela como fundamento de
la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la parte
actora, son los mismos que fueron puestos a consideración del
Tribunal en el escrito de oposición a la solicitud de invalidez
del contenido del artículo décimo séptimo del Acuerdo
Municipal núm. 14 de 2021, dentro del proceso de única
instancia de control de constitucionalidad y legalidad de
acuerdos municipales.
Así se desprende de la lectura del escrito de oposición presentado
por la parte actora en el trámite del proceso constitucionalidad y
legalidad de acuerdos municipales y su comparación con la demanda
de tutela, como se explica a continuación:
Argumentos del escrito de Argumentos de la demanda
oposición presentado en la de tutela15
tramite de legalidad del
acuerdo municipal 14
[…] 1) VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS […]6.1.6. CARGO PRIMERO: DEFECTO
287, 313-4 DE LA CONSTITUCIÓN SUSTANTIVO POR INDEBIDA
POLITICA DE COLOMBIA, ARTÍCULO 5 DE INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 313-4
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE
https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/downloader.aspx?guid=0B85A976948A
14
1F65%20024042EAFE6D6370%20EB881F1E863FA340%2055B78F67868D2E39%2066001233300020
2100240006600123
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001031500
15
0202109687011100103 Archivo zip tamaño 14067 kg, índice No. 2 Anexos escrito de tutela- pestaña
gestión de documentos – otras instancias.
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Actor: MUNICIPIO DE PEREIRA
LA LEY 489 DE 1999. POTESTAD COLOMBIA Y EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY
TRIBUTARIA DE LOS CONCEJOS 489 DE 1998. PRINCIPIO DE RESERVA
LEGAL […]
Tanto la sentencia del 30 de septiembre
Sobre el particular, sea lo primero de 2021 proferida por el Tribunal de
manifestar que en la solicitud de Revisión Risaralda objeto de tutela (al igual que la
de Validez radicado ante el Tribunal solicitud de invalidez del artículo 17 del
Administrativo de Risaralda por el señor Acuerdo Municipal de Pereira Nº 014 de
Gobernador de Risaralda, se evidencia una 2021 presentada por el Gobernador de
confusión y errada interpretación de la Risaralda) se fundamentan en el principio
norma Constitucional, toda vez que de legalidad aplicable a los tributos en
argumenta que “(…) la facultad impositiva Colombia. No obstante, la Corte
en materia tributaria otorgada a los entes Constitucional reiteradamente se ha
territoriales por el Constituyente de 1991 expresado frente al principio de reserva
debe ser ejercida con estricta sujeción a la legal que solo la ley puede crear tributos,
ley, pues es al Congreso de manera y en consecuencia, los entes territoriales
privativa a quien se le ha encomendado sólo tendrán la facultad de adoptarlos o
esa labor, y pese a que a los entes no en su jurisdicción, quedándoles
territoriales le fueron concedidas ciertas prohibido crear o imponer tributos que no
prerrogativas en esta materia y con miras hubiesen sido establecidos previamente
al fortalecimiento de figuras como la por la ley.
descentralización administrativa y la
autonomía territorial…”, y al efecto Al respecto, se advierte una evidente
transcribe apartes de la sentencia C-517 confusión al considerar que el artículo 17
del 11 de julio de del Acuerdo 14 de 2021 transgrede el
2007 proferida por la Corte Constitucional principio de reserva legal de los tributos,
[…] al referir que los municipios no tienen
autonomía para la creación de impuestos,
La solicitud de invalidez del artículo sin que se realice un análisis somero
diecisiete del Acuerdo Municipal de Pereira respecto de qué manera el referido
Nº014 de 2021 presentada por el artículo contradijo la norma superior,
Gobernador de Risaralda, se fundamenta pues es claro a todas luces que el artículo
en el principio de legalidad aplicable a los retirado del ordenamiento jurídico
tributos en Colombia y para ello cita el municipal de ninguna manera creó un
numeral 6 del Artículo 32 de la Ley 136 de tributo, ni tampoco determinó o varió los
1994, sentencia proferida por la Corte elementos de tributo alguno (bases
Constitucional C-517 de 2007. Al respecto, gravables, sujeto activo, sujeto pasivo,
se advierte una evidente confusión por tarifas). De tal manera que, no podía el
quien solicita la invalidez parcial del Tribunal establecer que los descuentos de
Acuerdo Municipal, toda vez que el intereses moratorios y sanciones
principio de legalidad, tal y como lo ha contenidos en el artículo en mención
venido reiterando la Corte Constitucional, contrarían el artículo 313 constitucional.
se refiere a que solo la ley puede crear
tributos, y en consecuencia, los entes De ahí que, el artículo 17 del Acuerdo 14-
territoriales sólo tendrán la facultad de 2021 se encuentra ajustado a nuestra
adoptarlos o no en su jurisdicción, carta política, pues claramente allí no se
quedándoles prohibido crear o imponer votaron impuestos ni gastos locales
tributos que no hubiesen sido establecidos contrarios a la ley sino que por el
previamente por la ley. […] contrario, se concedieron descuentos de
intereses moratorios del impuesto predial
Para el caso que nos ocupa, el artículo unificado, impuesto de industria y
diecisiete del Acuerdo Municipal de Pereira comercio, avisos y tableros, sobretasa
Nº 14 de 2021, de ninguna manera bomberil y sanciones relativas al
modificó el sujeto pasivo, sujeto activo, impuesto de industria y comercio,
hecho generador, base gravable o tributos que ya han sido adoptados en el
destinación de los impuestos predial, municipio de Pereira desde antes de la
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industria y comercio y sobretasa bomberil entrada en vigencia del Acuerdo 29 de
[…]”. 2015, actual Estatuto Tributario
Municipal.
2) VIOLACION DE LOS ARTÍCULOS 6 Y 121 […] CARGO SEGUNDO: DEFECTO
DE LA CONSTITUCION POLÍTICA2.1. SUSTANTIVO POR INDEBIDA
INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS
Violación Artículo 121 y 150-12 de la 287-3 Y 338 DE LA CONSTITUCIÓN
Constitución Política de Colombia. […] POLÍTICA. AUTONOMÍA TERRITORIAL.
POTESTAD TRIBUTARIA DE LOS
Así las cosas, de las normas antes CONCEJOS. […]
transcritas se colige que tanto el Alcalde de Tal y como se expuso en el cargo primero
Pereira tiene la facultad de presentar acerca de la errada interpretación y
proyectos de acuerdo que permitan aplicación del artículo 313 C.P. citado en
impulsar el crecimiento económico, así la sentencia proferida por el Tribunal de
como también el Concejo de Pereira posee Risaralda, también se advierte la
la atribución de aprobar acuerdos que evidente confusión en la interpretación
adopten medidas que contribuyan al de los artículos 287-3 y 338 de la norma
beneficio de los administrados, en especial Constitucional, toda vez que el Tribunal
de los contribuyentes de los tributos a colige que la constitución y la ley sólo
favor del Municipio de Pereira. autorizan la adopción de los tributos
creados por la ley en los términos y
Argumenta el Gobernador que los condiciones que allí se establezcan, y
Concejos Municipales se encuentran reiteradamente transcribe apartes de
sujetos a la Constitución Política y a la ley sentencias emanadas de la Corte
y toda actuación por fuera de estos límites Constitucional sobre la reserva legal,
es una extralimitación, sin embargo, a la como si concluyera que la Constitución no
par menciona que todo funcionario está ha conferido autorización a los entes
investido de un poder legal, el cual no territoriales para otorgar beneficios
puede ir más allá de las necesidades y fines tributarios y amnistías. En consecuencia,
del servicio público, argumentos que en la sentencia el Tribunal considera que
constituyen precisamente la base la facultad de los municipios se encuentra
primigenia del artículo diecisiete del limitada al simple cumplimiento de la
Acuerdo 14, toda vez que con el descuento Constitución y la ley respecto de la
de intereses moratorios se apunta a adopción del tributo y la fijación de sus
atender la necesidad de aliviar las cargas elementos.
tributarias de los ciudadanos que se han
visto afectados con la actual crisis De ahí que, se hace imperioso resaltar
económica generados por la pandemia. que la autonomía fiscal territorial no solo
implica la potestad de adoptar un tributo
En suma, frente a los cargos de autorizado por la Ley y determinar los
extralimitación funcional por parte del elementos de la obligación tributaria,
Concejo Municipal al adoptar condiciones pues más allá de esta prerrogativa, el
especiales de pago consistentes en la numeral 3 del artículo 287 determina que
reducción de intereses moratorios de los las entidades territoriales cuentan con la
impuestos predial, industria y comercio, facultad de administrar sus recursos lo
sobretasa bomberil y sanciones tributarias, que a su vez implica que “el poder
se responde que los mismos no están tributario local de las entidades
llamados a prosperar, a razón de (i) La territoriales comprende, por un lado, la
Constitución Política de Colombia y la ley potestad para establecer los tributos y,
vigente atribuyen al corporativo municipal por el otro, la de gestionarlos”.21 De
la función de administrar y crear los modo que, según la jurisprudencia
tributos acorde a las necesidades locales constitucional, la potestad impositiva
dentro del marco de certeza y legalidad consiste en la facultad que se les otorga
tributaria, previa autorización legal por a las entidades territoriales para adoptar
parte del Congreso de la República, en sus jurisdicciones los tributos
situación que no se ha vulnerado toda vez necesarios para el cumplimiento de sus
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que, el Acuerdo 14 de 2021 no creó funciones, previa creación mediante ley
tributos, ni modificó los elementos de y, posteriormente, determinar los
tributos ya adoptados en el municipio de elementos del tributo sin contrariar los
Pereira ; (ii) La autonomía territorial en la elementos definidos por el legislador.
administración de sus propios recursos Mientras que la potestad para la gestión
derivados de un tributo de carácter de los recursos comprende actividades
municipal, atribución que tiene sustento en tales como: 1) administrar, manejar y
la propia redacción del artículo 338 de la utilizar los tributos recaudados; 2)
Constitución Política al manifestar la determinar la obligación tributaria, y 3)
concurrencia entre legislador y los liquidar y cobrar el tributo.
concejos municipales en el establecimiento
de los elementos del tributo, previa Así las cosas, el Tribunal de Risaralda
autorización del congreso, (iii) la potestad desconoció e ignoró que en virtud del
de las entidades territoriales de hacer principio de autonomía territorial
efectivos o no, los tributos municipales, (artículo 287-3 C.P.) a los municipios les
prerrogativa manifestada en la posibilidad fue otorgada la facultad de gestionar sus
de establecer o suprimir los tributos propios recursos, y en este sentido fue
autorizados en la ley, de donde se avizora que el Concejo Municipal de Pereira
la facultad de crear exenciones que se estableció en Acuerdo Municipal No. 014
estimen convenientes de acuerdo a la del 06 de julio de 2021 diversas
política económica, social y política.[…] estrategias que apuntan a la reactivación
económica de la ciudad, la mayoría de
ellas aliviando o aminorando la carga
tributaria para los contribuyentes. […]
En este orden de ideas, conforme las
normas antes transcritas es menester
concluir que los municipios como entes
territoriales tienen la facultad para
establecer beneficios tributarios, otorgar
descuentos o amnistías, en virtud de la
administración y gestión propia de sus
recursos (fuente endógena), y no como
erradamente y de manera imitada lo
expuso el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de Risaralda en la
sentencia del 30 de septiembre de 2021.
[…]
[…]2.3. Beneficios Tributarios […] CARGO TERCERO: DEFECTO
SUSTANTIVO POR INDEBIDA
Corte Constitucional: INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 294 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y
2.3.1. Sentencia C-260 de 1993, mediante DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
la cual la Corte Constitucional define el JURISPRUDENCIAL RESPECTO DE
concepto de amnistía tributaria y prevé AMNISTÍAS TRIBUTARIAS.
como necesaria su adopción en situaciones
o circunstancias convenientes a la realidad Indebida interpretación del artículo 294
socio-económica, tal y como se transcribe C.P.
textualmente a continuación […]
Erradamente entiende el tribunal que el
2.3.2. Posteriormente, en Sentencia C-511 artículo 294 le prohíbe al ente territorial
de 1996 la Corte Constitucional deja conceder exenciones y tratamientos
abierta la posibilidad de adoptar medidas preferenciales en relación con los tributos
que puedan reducir la carga tributaria de propiedad de las entidades
cuando se configuran situaciones territoriales, cuando lo que refiere el
excepcionales, como por ejemplo crisis artículo es todo lo contrario, pues es al
legislador (Congreso) a quien la
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económicas. Sobre el particular se trae a constitución le prohibió conceder
cita textual los apartes pertinentes […] exenciones o beneficios respecto de los
tributos territoriales, lo anterior en virtud
2.3.3. Sentencia C-328 de 1999, a través del principio de autonomía territorial,
de la cual la Corte Constitucional analizó la pues el Congreso sólo podría establecer
exequibilidad de las medidas exenciones respecto de los tributos del
implementadas como consecuencia de la orden nacional, y en ese sentido, son los
emergencia económica, social y ecológica concejos municipales quienes sí tienen la
causada por el terremoto ocurrido el 25 de potestad de conceder exenciones y
enero de 1999 en el eje cafetero y la tratamientos preferenciales respecto de
situación de grave calamidad pública sus propios tributos.
declarada mediante el Decreto 195 de De igual forma, interpreta el Tribunal que
1999. En la referida sentencia la Corte el artículo 294 superior no le otorgó la
manifestó respecto de las disposiciones o facultad a los municipios de establecer
beneficios tributarios otorgados, lo amnistías, conclusión errada por cuanto
siguiente: […] dicho artículo no otorga facultades sino
que establece una prohibición al
2.3.4. Sentencia C-833 de 2013, “En legislador.
definitiva, a partir de esta sentencia la
Corte dejó en claro que la libertad de Así mismo, tampoco se explica de qué
configuración del legislador para forma o en cuál norma se encuentra
establecer amnistías y saneamientos previsto que “el legislador es quien debe
tributarios es limitada, debido a que con determinar la situación excepcional que
ellas puede llegar a alterarse el reparto amerite la adopción de la amnistía e
equitativo de la carga impositiva que ilustrar los elementos de idoneidad y
deben soportar los ciudadanos. En necesidad de la medida” conforme lo
consecuencia, para adoptar tales medidas asevera el tribunal en la sentencia
es preciso acreditar, tanto en la exposición tutelada. […]
de motivos como en los debates
parlamentarios, la existencia de Precedente Jurisprudencial de las
circunstancias especiales que justifiquen amnistías tributarias Clarificado lo
su expedición, al igual que la idoneidad, anterior, resulta necesario efectuar el
necesidad y proporcionalidad en sentido recuento jurisprudencial mediante el cual
estricto de las medidas adoptadas. la Corte Constitucional ha reglado la
procedencia de las amnistías en materia
2.3.5. Sentencia C-743 de 2015, la Corte tributarias:
reitera la posición jurisprudencial entorno
a la adopción de amnistías tributarias y i. Sentencia C-260 de 1993, mediante la
recordó que: “(vi) Por el contrario, ha cual la Corte Constitucional define el
encontrado ajustadas a la Constitución concepto de amnistía tributaria y prevé
aquellas medidas que: a. responden a una como necesaria su adopción en
coyuntura específica a través de estímulos situaciones o circunstancias convenientes
tributarios para quienes se dedican a una a la realidad socio-económica, tal y como
actividad económica en situación de crisis se transcribe textualmente a
(C-260 de 1993); b. alivian la situación de continuación: […]
los deudores morosos sin que ello implique
un tratamiento fiscal más beneficioso del ii. Posteriormente, en Sentencia C-511
que se otorga a los contribuyentes de 1996 la Corte Constitucional deja
cumplidos (C-823 de 2004); c. facilitan la abierta la posibilidad de adoptar medidas
inclusión de activos omitidos o pasivos que puedan reducir la carga tributaria
inexistentes, pero sometiéndolos a un cuando se configuran situaciones
régimen más gravoso del que habría excepcionales, como por ejemplo crisis
correspondido en caso de haber sido económicas. Sobre el particular se trae a
declarados oportunamente y sin renunciar cita textual los apartes pertinentes: […]
a la aplicación de sanciones (C-910 de
2004).” iii. Sentencia C-328 de 1999, a través de
la cual la Corte Constitucional analizó la
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2.3.6. Sentencia C-060 de 2018, el alto exequibilidad de las medidas
tribunal reitera las situaciones en que es implementadas como consecuencia de la
dable establecer amnistías, tal y como se emergencia económica, social y ecológica
transcribe a continuación: “20.4. La causada por el terremoto ocurrido el 25
validez constitucional de la amnistía, en de enero de 1999 en el eje cafetero y la
ese orden de ideas, no puede estar situación de grave calamidad pública
fundamentada en el logro de mayores declarada mediante el Decreto 195 de
ingresos fiscales o en el aumento de la 1999. En la referida sentencia la Corte
eficiencia y eficacia del recaudo, sino en manifestó respecto de las disposiciones o
una justificación que supere las beneficios tributarios otorgados, lo
condiciones de un juicio estricto de siguiente: […]
proporcionalidad. Por lo tanto,
“[c]orresponde al legislador acreditar la iv. Sentencia C-833 de 2013, “En
existencia de una situación excepcional definitiva, a partir de esta sentencia la
que amerite la adopción de este Corte dejó en claro que la libertad de
instrumento de política fiscal, como configuración del legislador para
también aportar elementos que evidencien establecer amnistías y saneamientos
la idoneidad y necesidad, e igualmente que tributarios es limitada, debido a que con
la afectación que de ella pueda derivarse ellas puede llegar a alterarse el reparto
para los principios de igualdad, equidad y equitativo de la carga impositiva que
justicia tributaria se vea compensada por deben soportar los ciudadanos. En
su contribución para superar la situación consecuencia, para adoptar tales
excepcional que se busca afrontar a través medidas es preciso acreditar, tanto en la
de la amnistía tributaria. Allí donde el exposición de motivos como en los
legislador no aporte tal justificación, en debates parlamentarios, la existencia de
todo caso corresponde a la Corte examinar circunstancias especiales que justifiquen
la constitucionalidad de la medida, para lo su expedición, al igual que la idoneidad,
cual ha empleado el test de razonabilidad necesidad y proporcionalidad en sentido
o principio de proporcionalidad. […] estricto de las medidas adoptadas.
2.3.7. Sentencia C-448 de 2020 la Corte v. Sentencia C-743 de 2015, la Corte
Constitucional estudió y falló la reitera la posición jurisprudencial entorno
constitucionalidad de la amnistía tributaria a la adopción de amnistías tributarias y
establecida en el artículo 7 del Decreto recordó que: “(vi) Por el contrario, ha
Legislativo 678 de 2020. Al respecto, es encontrado ajustadas a la Constitución
importante resaltar que el Decreto aquellas medidas que: a. responden a
Legislativo 678 de 2020 expedido por el una coyuntura específica a través de
Presidente de la República fue declarado estímulos tributarios para quienes se
inexequible en atención que el legislador dedican a una actividad económica en
(Presidente de la República) invadió la situación de crisis (C-260 de 1993); b.
autonomía de las entidades territoriales al alivian la situación de los deudores
establecer el descuento total de los morosos sin que ello implique un
intereses moratorios y un porcentaje del tratamiento fiscal más beneficioso del
capital de los impuestos, tasas, que se otorga a los contribuyentes
contribuciones y multas de propiedad de cumplidos (C-823 de 2004); c. facilitan la
las entidades territoriales, situación inclusión de activos omitidos o pasivos
incompatible con el principio constitucional inexistentes, pero sometiéndolos a un
de autonomía territorial. […] régimen más gravoso del que habría
correspondido en caso de haber sido
No obstante, a pesar que la Corte declaró declarados oportunamente y sin
la inexequibilidad del referido artículo 7º, renunciar a la aplicación de sanciones (C-
el cual contenía la amnistía o beneficio 910 de 2004).”
tributario, también es cierto que en dicha
sentencia menciona la posibilidad de vi. Sentencia C-060 de 2018, el alto
otorgar amnistías cuando existan tribunal reitera las situaciones en que es
situaciones excepcionales que requieran dable establecer amnistías, tal y como se
transcribe a continuación: “20.4. La
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dichas medidas. Sobre el particular se validez constitucional de la amnistía, en
citan textualmente lo siguiente: […] ese orden de ideas, no puede estar
fundamentada en el logro de mayores
Se hace referencia entonces a ingresos fiscales o en el aumento de la
circunstancias medidas urgentes para eficiencia y eficacia del recaudo, sino en
estimular la recuperación económica, la una justificación que supere las
idea de presentar y eventualmente condiciones de un juicio estricto de
sancionar este Acuerdo No. 14 de 2021 y proporcionalidad. Por lo tanto,
generar condiciones favorables a aquellos “[c]orresponde al legislador acreditar la
administrados que se pongan al día con la existencia de una situación excepcional
cartera morosa. En este caso, la pandemia que amerite la adopción de este
del orden global trajo como consecuencia instrumento de política fiscal, como
una crisis económica sin precedentes, no también aportar elementos que
solo a nivel mundial, sino nacional y evidencien la idoneidad y necesidad, e
municipal. Así las cosas, en el entendido igualmente que la afectación que de ella
que el Municipio considera que en una pueda derivarse para los principios de
época de crisis económica y social como la igualdad, equidad y justicia tributaria se
presente, se hace necesario encontrar vea compensada por su contribución para
salidas y sobre todo condiciones favorables superar la situación excepcional que se
para los Pereiranos como medida urgente busca afrontar a través de la amnistía
para sostener o estimular la economía, tributaria. Allí donde el legislador no
tales como reducción de tarifas, intereses aporte tal justificación, en todo caso
moratorios, sanciones, exenciones, y corresponde a la Corte examinar la
simplificación de trámites. […] constitucionalidad de la medida, para lo
cual ha empleado el test de razonabilidad
Es entonces el alcalde municipal el llamado o principio de proporcionalidad. […]
a, de acuerdo con las circunstancias
excepcionales tanto de incumplimiento en vii. Sentencia C-448 de 2020 la Corte
los hechos notorios de la pandemia, a Constitucional estudió y falló la
echar mano de este instrumento de política constitucionalidad de la amnistía
fiscal, promover el pago, generar tributaria establecida en el artículo 7 del
beneficios a los administrados y en general Decreto Legislativo 678 de 2020.
Al
propender por la reactivación económica respecto, es importante resaltar que el
de la ciudad. éste Decreto Legislativo expedido por el
Presidente de la República fue declarado
Luego de citado y transcrito los anteriores inexequible en atención que el legislador
pronunciamientos de la Corte (Presidente de la República) invadió la
Constitucional, es notorio que si bien las autonomía de las entidades territoriales
amnistías tributarias no son el mecanismo al establecer el descuento total de los
idóneo para incentivar el recaudo de la intereses moratorios y un porcentaje del
cartera morosa, lo cierto es que la misma capital de los impuestos, tasas,
Corte Constitucional ha habilitado dicho contribuciones y multas de propiedad de
instrumento en situaciones excepcionales, las entidades territoriales, situación
con el propósito de solventar las crisis incompatible con el principio
económicas. constitucional de autonomía territorial.
[…]
Es importante destacar que ante la actual
crisis económica en todo el país, el A pesar que la Corte declaró la
Gobierno Nacional recientemente expidió inexequibilidad del artículo 7º del Decreto
el Decreto 939 del 19 de agosto de 2021 a Legislativo 678 de 2020, el cual contenía
través de la cual se establecieron una serie una amnistía tributaria, lo cierto es que
de medidas económicas y tributarias entre la razón de la inexequibilidad se debió a
ellas se adoptaron rebajas de capital, que Presidente otorgó descuentos sobre
intereses, sanciones o multas de créditos a la totalidad de los intereses moratorios y
favor de la Dirección de Impuestos y un porcentaje de los tributos territoriales,
Aduanas Nacionales - DIAN y demás contrariando la prerrogativa
entidades del Estado. Así mismo, también constitucional de autonomía fiscal de los
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se consagraron beneficios sobre créditos a entes territoriales. No obstante lo
favor de entidades públicas para facilitar la anterior, también es importante resaltar
recuperación de negocios del deudor en que en dicha sentencia la Corte refiere la
insolvencia a partir de la vigencia del posibilidad de otorgar amnistías cuando
Decreto Legislativo 560 de 2020. existan situaciones excepcionales que
requieran dichas medidas.
Lo anterior se trae a colación con el fin de
develar que tanto el gobierno nacional Así las cosas, conforme la tesis descrita,
como el municipal se encuentran en reiterada en los múltiples
consonancia, esto es, a través de la pronunciamientos de la Corte
creación de medidas económicas y Constitucional antes transcritos, es claro
tributarias necesarias para permitir a los que si bien las amnistías tributarias no
contribuyentes la reactivación económica, son el mecanismo idóneo para incentivar
lo que a la postre conlleva consecuencias el recaudo de la cartera morosa ni
favorables para la economía colombiana. deberían ser la regla usual o estrategia
[…] de normal aplicación en el ordenamiento
jurídico territorial como incentivo del
Por lo expuesto, al encontrar el acuerdo recaudo, lo cierto es que la misma Corte
014 de 2021 acorde a los lineamientos Constitucional ha habilitado dicho
constitucionales y legales que amparan la instrumento en situaciones
autonomía del ente territorial en la excepcionales, con el propósito de
administración de los recursos propios, de solventar las crisis económicas. De tal
crear y hacer efectivos o no, los tributos forma que, las amnistías tributarias sí
creados por la ley, tal como lo expone y proceden pero cumpliendo criterios tales
faculta el artículo 338 de la Carta Política; como: 1) Que se otorgue con ocasión a
se solicita al despacho negar la solicitud de una situación excepcional, coyuntura
invalidez formulada por el Gobernador del específica o crisis económica, 2) Que sea
Departamento de Risaralda, y en su lugar, un mecanismo idóneo para enfrentar la
señalar que el mismo se encuentra calamidad pública o crisis económica, y
ajustado a derecho al tener de los cargos 3) Que los efectos de la amnistía
formulados. tributaria resulten neutros, es decir que
no se beneficie más al contribuyente
moroso que al contribuyente incumplido
[…]”.
Ahora bien, la Sala al estudiar el contenido de la providencia
cuestionada, observa que la autoridad judicial accionada abordó el
problema jurídico planteado de la siguiente manera:
“[…] 5.3.4. Caso concreto.
Examinado el acto demandado parcialmente, encuentra la Sala que
le asiste razón al señor Gobernador del Departamento de Risaralda
y al señor Agente del Ministerio Público, cuando manifiestan que la
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aprobación del Acuerdo número 014 del 06 de julio de 2021,
emanado del Concejo Municipal de Pereira lleva consigo la
vulneración de las disposiciones constitucionales invocadas, toda
vez que el otorgamiento del 100% y 50% sobre los intereses y
sanciones de los impuestos, tasas, contribuciones y multas
pendientes de pago a la entrada en vigencia del referido acuerdo,
sí desconoce los lineamientos trazados por la Corte Constitucional
respecto a la prohibición de consagrar amnistías o saneamientos
tributarios sin los presupuestos necesarios para su creación,
acarreando como consecuencia un desconocimiento de los
principios de igualdad y equidad tributaria en que se funda el
sistema tributario Colombiano para cualquier tipo de obligación
tributaria, en este caso por parte del Concejo Municipal de Pereira,
situación que se constituye en una causal de invalidez del acto. […]
A juicio de la Sala acorde con la literalidad del artículo décimo
séptimo del Acuerdo acusado, la reducción del 100% y 50% del
cobro de los intereses moratorios y sanciones de los impuestos,
tasas, contribuciones y multas pendientes de pago, se aplica a
obligaciones por tributos adeudados. En consecuencia, si se acordó
por el concejo condonar el pago de los intereses sobre impuestos
con vigencias que ya se encontraban causadas y consolidadas, con
lo cual se está haciendo referencia a una amnistía tributaria, como
quedó visto.
Así las cosas, los municipios tienen la facultad de otorgar beneficios
tributarios a impuestos municipales por un plazo limitado, máximo
de 10 años (artículo 38 de la ley 14 de 1983 y 258 de la ley 1333
de 1986). Adicional, le está vedado a la ley conceder alivios sobre
tributos de propiedad de las entidades territoriales (artículos 294 y
317 de la CP). Sin embargo, la competencia privativa de los
municipios para fijar los beneficios a los impuestos locales no se
traslada al ámbito de las amnistías tributarias, ya que el mismo
artículo 294 Superior no le otorgó esas facultades y, en
consonancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado, el legislador es quien debe determinar la
situación excepcional que amerite la adopción de la amnistía e
ilustrar los elementos de idoneidad y necesidad de la medida.
Ahora bien, en lo tocante al elemento excepcional que configura la
procedencia de las amnistías tributarias, específicamente teniendo
como sustento la ocurrencia de la pandemia del COVID-19, la Corte
Constitucional se refirió a la misma, al efectuar la revisión de
constitucionalidad del Decreto Legislativo 678 del veinte (20) de
mayo de 2020, “por medio del cual se establecen medidas para la
gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades
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territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y
Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2000”, en especial
de los artículo 6 y 7 del mencionado acto, determinando mediante
sentencia C-448 de 2020, lo siguiente […]
En ese contexto, estima el Tribunal que de la lectura del artículo
17 del Acuerdo número 014 del 6 de julio de 2021, se desprende
que la reducción del 100% y 50% de los intereses moratorios y
sanciones, aplicada a obligaciones por impuestos en general
adeudados, por lo cual traduce en una amnistía tributaria que solo
puede otorgarse por el legislador, y no a la entidad territorial, en
atención a la reserva del multicitado artículo 294 CN, pues se trata
de la condonación del pago de intereses moratorios y sanciones
sobre impuestos de vigencias que ya se encuentran causadas y
consolidadas, y si bien se explica dentro de la exposición de
motivos del Acuerdo demandado, que su fundamento recae en la
situación excepcional de la pandemia COVID-19, la misma Corte
Constitucional en el pronunciamiento reseñado, indicó con claridad
que cualquier amnistía tributaria que las entidades territoriales
resolvieran acoger con base en dicha circunstancia, no podría
proyectarse sobre obligaciones fiscales cuya exigibilidad se hubiere
cristalizado antes de la emergencia sanitaria que declaró el
Ministerio de Salud.
Es decir, antes de que el COVID-19 afectara las finanzas de los
contribuyentes territoriales, criterio que no cumple el artículo 17
del Acuerdo enjuiciado, ya que esta ampara todos los impuestos
pendientes de pago y los intereses- sanciones por los periodos
gravables o años 2020 y anteriores.
Asimismo, encuentra la Sala que adicional al hecho que en el
articulado mencionado tiene como base la consagración de una
amnistía tributaria de competencia privativa del legislador, que no
puede configurarse como una exención a los impuestos locales, en
estos no se especifica a qué clase de tributo se aplica, es decir, si
efectivamente se trata de un recurso endógeno, pues como quedó
dilucidado a lo largo de esta providencia, las entidades territoriales,
en este caso el Concejo Municipal de Pereira, solo tiene autonomía
en conceder beneficios y estrategias de pago sin autorización
legislativa, conforme al principio de autonomía territorial, cuando
el impuesto revista de dicho carácter, lo cual no quedó determinado
en las aludidas disposiciones.
Colofón de lo anterior, este Tribunal accederá la solicitud de
declaratoria parcial de invalidez del Acuerdo número 014 del 6 de
julio de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS DE
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REACTIVACIÓN ECÓNOMICA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, expedido por el Concejo
Municipal de Pereira, al advertirse los vicios en que se encuentra
incurso el acto objeto de análisis.
5.3.5. Efectos de la sentencia.
El Decreto Legislativo 678 de 2020, a través de los artículos 6 y 7,
creó facultades tributarias a nivel territorial, así: […]
De conformidad con los artículos anteriores, se facultó a los
gobernadores y alcaldes a diferir hasta en 12 cuotas mensuales, y
sin intereses, durante el término de la Emergencia Económica,
Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional mediante
Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, el pago de los tributos de
propiedad de sus entidades territoriales, teniendo como última
cuota la correspondiente al mes de junio de 2021. […]
Ahora, la Corte Constitucional a través de sentencia C-448/2020
decidió declarar inexequibles los artículos 6 y 7 del Decreto
Legislativo 678 del 20 de mayo de 2020 bajo los siguientes
argumentos: […]
De acuerdo con la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia,
las sentencias de la Corte Constitucional tienen efectos hacia el
futuro, salvo que la Corporación defina efectos temporales
retroactivos o diferidos.
Dado que en la sentencia no se indica que la Corte le haya dado un
efecto temporal a la sentencia, se entiende que son a futuro. Así,
los contribuyentes no podrán acceder en el futuro a los alivios
dispuestos en el artículo 7, para los cuales había plazo de acogerse
inicialmente hasta el 31 de mayo de 2021.
Así se sostuvo por parte de la Corte en sentencia T-832 de 2003,
donde precisó que las sentencias de constitucionalidad producían
efecto a partir del día siguiente a la fecha en que se tomó la
decisión, pues no tendría sentido que una norma contraria al
ordenamiento permaneciera vigente hasta la ejecutoria. Así, la
sentencia C-448 produciría efectos, en principio, desde el día
siguiente a su adopción, es decir desde el 16 de octubre de 2020.
No obstante, debe advertirse que en la sentencia C-448 la Corte
consideró que el artículo siete no superaría el juicio de necesidad y
de no contradicción con la Constitución, pero precisó que las
amnistías tributarias como la que contempla el artículo 7 del
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decreto 678 solo podrían operar sobre los impuestos, tasas,
contribuciones y multas cuya exigibilidad tributaria hubiera
comenzado a partir de la vigencia de la emergencia sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud con ocasión de la pandemia
del COVID-19, y no sobre aquellos tributos y sanciones cuya
exigibilidad hubiera ocurrido antes de dicha declaratoria. Esto
último, habida cuenta de que aunque, por regla general las
amnistías tributarias generan problemas de igualdad equidad y
justicia fiscal, existen casos en que, como el que se deriva de la
pandemia del COVID-19, se justifica su existencia. Justamente, la
Corte ha manifestado que, excepcionalmente, se puede admitir la
procedencia de una amnistía tributaria cuando el legislador acredite
“la existencia de una situación excepcional que amerite la adopción
de este instrumento de política fiscal, como también aportar
elementos que evidencien la idoneidad y necesidad, e igualmente
que la afectación que de ella pueda derivarse para los principios de
igualdad, equidad y justicia tributaria se vea compensada por su
contribución para superar la situación excepcional que se busca
afrontar a través de la amnistía tributaria”..
En otras palabras, para la Corte cualquier amnistía tributaria que
las entidades territoriales resolvieran acoger con fundamento en
las graves consecuencias que ha tenido el COVID-19 sobre las
finanzas del fisco y sus contribuyentes, no podrá proyectarse sobre
obligaciones fiscales cuya exigibilidad se hubiere cristalizado antes
de la emergencia sanitaria que declaró el Ministerio de Salud con
la Resolución 385 del doce (12) de marzo de 2020; esto es, antes
de que el COVID-19 hiciera mella en las finanzas de los
contribuyentes territoriales, lo que permite entre ver que pueden
existir amnistías tributarias por parte de los entidades territoriales
únicamente en relación con las obligaciones generadas a partir de
la emergencia sanitaria (12 de marzo de 2020), situación que no
ocurrió con el artículo 17 del Acuerdo objeto de estudio en esta
oportunidad, pues el mismo generó una condición de pago especial
para los contribuyentes que se encuentren en mora por
obligaciones correspondientes a impuesto predial, impuesto de
industria y comercio, avisos y tableros, sobretasa bomberil,
sanciones tributarias relativas al impuesto de industria y comercio
incluidas las relacionadas con la omisión de deberes formales, por
los períodos gravables o años 2020 y anteriores, dando como
beneficio la reducción de intereses con la cancelación de la
obligación principal hasta el 31 de diciembre de 2021. […]
Por todo lo expuesto, si bien se logra extraer de la posición
Constitucional una salvedad en relación con los beneficios a partir
de la declaratoria del estado de emergencia, no se observa que la
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misma haya sido acogida por el ente territorial en esos términos,
además de considerar que la disposición que lo creo fue expulsada
del ordenamiento jurídico, y si bien no se modifican situaciones
jurídicas ni derechos adquiridos antes de dicha declaratoria, al
considerar los efectos de la sentencia, a partir del 16 de octubre de
2020, no podrían los entes territoriales expedir Acuerdos basados
en una norma que ya fue declarada inexequible, como ocurrió en
el presente caso, pues el Concejo Municipal de Pereira, aprobó el
Acuerdo objeto de estudio, el 6 de julio de 2021, cuando el máximo
órgano Constitucional ya había sentado su posición advirtiendo la
vulneración en estos aspectos frente a la carta constitucional,
declarando beneficios y amnistías de intereses sobre impuestos
generados en vigencias anteriores a la emergencia sanitaria. […]
Así las cosas, la sentencia que declaró inconstitucional la norma
relacionada con las amnistías tributarias en cabeza de los Concejos
Municipales, fue proferida el 15 de octubre de 2020 y a partir de
ese momento dicha condición desaparece del ordenamiento
jurídico, razón por la cual no podrían los entes territoriales expedir
Acuerdos basados en una norma que ya fue declarada inexequible,
como ocurrió en el presente caso, pues el Concejo Municipal de
Pereira, aprobó el Acuerdo objeto de estudio, el 6 de julio de 2021,
cuando el máximo órgano Constitucional ya había sentado su
posición advirtiendo la vulneración en estos aspectos frente a la
carta constitucional. […]
Ante lo anterior, se hace necesario que a través de esta providencia
se declare la invalidez del articulado demandado con efectos
retroactivos, toda vez que la sentencia de inexequibilidad con
efectos ex nunc, fue proferida el 15 de octubre de 2020 y a partir
de ese momento dicha norma no debía ser reproducida como
fundamento para la expedición de ningún acuerdo, como en este
caso, pues como bien se dejó planteado en precedencia la misma
tiene efectos erga omnes, es decir, tiene el carácter vinculante y
obligatorio para todos los ciudadanos, razón por la cual el Concejo
Municipal de Pereira, no podría fundamentar el multicitado Acuerdo
en una norma inexequible, pues el mismo fue aprobado sólo hasta
el 6 de julio de 2021, por lo que corresponde advertir que la
presente providencia tendrá efectos retroactivos, considerando que
la retroactividad se configura cuando una norma se aplica a las
situaciones que se consolidaron con anterioridad, pues los hechos
o consecuencias jurídicas que se formaron con fundamento en el
Acuerdo que hoy es objeto de estudio, fueron adquiridos bajo un
fundamento inconstitucional, razón de más para sostener que ante
dicha circunstancia no se estarían quebrantando los principios de
seguridad jurídica, confianza legítima y derechos adquiridos, pues
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la norma creada por el Concejo Municipal es claramente
inconstitucional por haber sido creada con fundamento en una
norma inexequible ya declarada con anterioridad por la Corte
Constitucional […]”
Realizadas las anteriores observaciones, la Sala constata que lo
planteado en la presente acción de tutela no se refiere a un asunto
de relevancia constitucional, -en los términos señalados en la
jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la
intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Por el contrario, se destaca que todos los argumentos de la parte
accionante, -que son de mera legalidad-, fueron analizados y
resueltos por el TRIBUNAL en esa instancia y, en esa medida, solo
se procura su discusión en sede de tutela para buscar la oportunidad
de debatir, en una instancia adicional la posición del accionante, lo
cual resulta improcedente.
Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha
rechazado acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta
ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se centra
en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue el caso
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de la providencia de 29 de agosto de 201816, en la que se sostuvo:
“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).
Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201717, se indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
16
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
17
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,
sino la reiteración de planteamientos que ya fueron estudiados por
el juez natural y que obedecen a un debate de mera legalidad, en el
cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la
acción de tutela el carácter de un recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Asimismo, en el caso bajo estudio, la Sala no advierte la existencia
de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
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de la referencia como mecanismo transitorio, dado que de los
elementos de juicio obrantes en el expediente no es posible
establecer dicha circunstancia.
Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión de primera
instancia que declaró improcedente el amparo deprecado, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
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eventual revisión.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de marzo de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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