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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-01410-01

Fecha
9 de junio de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-01410-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela proferida el 7 de abril de 2022 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio del cual accedió a las pretensiones del amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 25 Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01410-01 Actor: Municipio de Dosquebradas CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-01410-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

9 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01410-01
Actor: Municipio de Dosquebradas
Demandado: Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda contra la sentencia de tutela de 7 de abril de
2022 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio del cual
accedió a las pretensiones del amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES
La solicitud

1. El actor, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 20 de enero de 2022, dentro del medio de control de
constitucionalidad y legalidad de acuerdos municipales identificado con el número

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01410-01
Actor: Municipio de Dosquebradas

único de radicación 66001-23-33-000-2021-00417-00, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Adujo que el Gobernador del Departamento de Risaralda, en uso de sus
facultades constitucionales establecidas en el numeral 10 del artículo 305 de la
Constitución Política de 1991, remitió al Tribunal Administrativo de Risaralda el
Acuerdo núm. 027 del 1 de diciembre de 2020 “[…] por el cual se dictan medidas
para la recuperación de cartera, generar mayor liquidez a la entidad y aliviar la
situación económica de los deudores y los contribuyentes producto de la pandemia
covid-19 que adeudan los impuestos de predial y/o industria y comercio de las
vigencias 2019 y anteriores en el municipio de dosquebradas – risaralda y se dictan
otras disposiciones […]”, expedido por el Concejo Municipal de Dosquebradas, por
considerarlo violatorio de normas de rango legal y constitucional.

Sentencia proferida el 20 de enero de 2022 por la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda dentro del proceso de constitucionalidad
y legalidad de acuerdos municipales identificado con el número único de
radicación 66001-23-33-000-2021-00417-00

4. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda resolvió lo
siguiente:

“[…] 1. DECLÁRASE CON EFECTOS RETROACTIVOS LA INVALIDEZ del
Acuerdo No. 027 del 1º de diciembre de 2020 «POR EL CUAL SE DICTAN
MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA, GENERAR MAYOR
LIQUIDEZ A LA ENTIDAD Y ALIVIAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS
DEUDORES Y LOS CONTRIBUYENTES PRODUCTO DE LA PANDEMIA COVID-
19 QUE ADEUDAN LOS IMPUESTOS DE PREDIAL Y/O INDUSTRIA Y
COMERCIO DE LAS VIGENCIAS 2019 Y ANTERIORES EN EL MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS – RISARALDA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES»,

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Actor: Municipio de Dosquebradas

emanado del Concejo Municipal de Dosquebradas, por las razones señaladas en la
parte motiva de este proveído.

2. Comuníquese la presente providencia al señor Gobernador del Departamento de
Risaralda, al señor Alcalde Municipal de Dosquebradas, Risaralda, al Presidente del
Concejo Municipal de dicha localidad, y al Agente del Ministerio Público.

3. Expídanse copias de la presente decisión a costa de los interesados […]”.

5. Consideró que:

“[…] Examinado el acto demandado, encuentra la Sala que le asiste razón al señor
Gobernador del departamento de Risaralda cuando manifiesta que la aprobación del
Acuerdo número 027 del 1 de diciembre de 2020, emanado del Concejo Municipal
de Dosquebradas, Risaralda, lleva consigo la vulneración de las disposiciones
constitucionales invocadas, toda vez que el otorgamiento de la reducción del 100%
del cobro sobre los intereses y sanciones de los impuestos, predial unificado e
industria y comercio pendientes de pago a la entrada en vigencia del referido
acuerdo, sí desconoce los lineamientos trazados por la Corte Constitucional
respecto a la prohibición de consagrar amnistías o saneamientos tributarios sin los
presupuestos necesarios para su creación, acarreando como consecuencia un
desconocimiento de los principios de igualdad y equidad tributaria en que se funda
el sistema tributario colombiano para cualquier tipo de obligación tributaria, en este
caso por parte del Concejo Municipal de Dosquebradas, Risaralda, situación que se
constituye en una causal de invalidez del acto […]”.

[…]

“[…] A juicio de la Sala acorde con la literalidad del artículo primero del Acuerdo
acusado, la reducción del 100% del cobro de los intereses moratorios y sanciones
de los impuestos predial unificado e industria y comercio, se aplica a obligaciones
por tributos adeudados. En consecuencia, si se acordó por el concejo condonar el
pago de los intereses sobre impuestos con vigencias que ya se encontraban
causadas y consolidadas, se está haciendo referencia a una amnistía tributaria,
como quedó visto.

Así las cosas, los municipios tienen la facultad de otorgar beneficios tributarios a
impuestos municipales por un plazo limitado, máximo de 10 años (artículo 38 de la
Ley 14 de 1983 y 258 de la Ley 1333 de 1986). Adicional, le está vedado a la ley
conceder alivios sobre tributos de propiedad de las entidades territoriales (artículos
294 y 317 de la CP). Sin embargo, la competencia privativa de los municipios para
fijar los beneficios a los impuestos locales no se traslada al ámbito de las amnistías
tributarias, ya que el mismo artículo 294 Superior no le otorgó esas facultades y, en
consonancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado,
el legislador es quien debe determinar la situación excepcional que amerite la
adopción de la amnistía e ilustrar los elementos de idoneidad y necesidad de la
medida […]”.
[…]

“[…] Ante lo anterior, se hace necesario que a través de esta providencia se declare
la invalidez del articulado demandado con efectos retroactivos, toda vez que la

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Actor: Municipio de Dosquebradas

sentencia de inexequibilidad con efectos ex nunc, fue proferida el 15 de octubre de
2020 y a partir de ese momento dicha norma no debía ser reproducida como
fundamento para la expedición de ningún acuerdo, como en este caso, pues como
bien se dejó planteado en precedencia la misma tiene efectos erga omnes, es decir,
tiene el carácter vinculante y obligatorio para todos los ciudadanos, razón por la cual
el Concejo Municipal de Dosquebradas no podría fundamentar el multicitado
Acuerdo en una norma inexequible, pues el mismo fue aprobado solo hasta el 1 de
diciembre de 2020, por lo que corresponde advertir que la presente providencia
tendrá efectos retroactivos, considerando que la retroactividad se configura cuando
una norma se aplica a las situaciones que se consolidaron con anterioridad, pues
los hechos o consecuencias jurídicas que se formaron con fundamento en el
Acuerdo que hoy es objeto de estudio, fueron adquiridos bajo un fundamento
inconstitucional, razón de más para sostener que ante dicha circunstancia no se
estarían quebrantando los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y
derechos adquiridos, pues la norma creada por el Concejo Municipal es claramente
inconstitucional por haber sido creada con fundamento en una norma inexequible ya
declarada con anterioridad por la Corte Constitucional […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Con base a lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente al(a) Señor(a)
Consejero(a), lo siguiente:

PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, consagrados en los artículos 29 y 229,
respectivamente, de la Constitución Política de Colombia.

SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior, se MODIFIQUE la sentencia proferida
por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA –
SALA TERCERA DE DECISION, y en su lugar declarar sus efectos a partir de la
providencia respecto a la invalidez del Acuerdo No. 027 de 2020 […]”.

7. El actor en su escrito de tutela señaló que la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial y en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable de
normas jurídicas.

Actuación

8. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por auto de 4 de marzo de 2022; i)
admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Tercera

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Actor: Municipio de Dosquebradas

de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, y iii) vinculó a la Gobernación
de Risaralda, al Concejo Municipal de Dosquebradas, a la Alcaldía de
Dosquebradas, al Ministerio Público y a “[…] todos aquellos sujetos que hayan
hecho parte del proceso en mención […]”, en calidad de terceros con interés
legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre
el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9. El Tribunal Administrativo de Risaralda señaló que:

“[…] Con fundamento en lo expuesto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
de Risaralda solicita respetuosamente que sea rechazada la presente acción de
tutela, o en su defecto denegado el amparo de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al estimar que ha quedado acreditado con
suficiencia, que en la sentencia proferida por este Tribunal el 20 de enero de 2022,
no adolece de vicio alguno que la haga susceptible de ataque por vía del amparo
constitucional y que haga necesario dejar sin efectos la misma […]”.

10. La Gobernación de Risaralda adujo que:

“[…] El Departamento de Risaralda no comparte la postura del accionante frente a
la decisión del H. Tribunal de Risaralda sustentada en vulneración de los derechos
que no son fundamentales, como la seguridad jurídica, la confianza legítima y la
irretroactividad de la ley tributaria, considerándola improcedente, toda vez que la
invalidez con retroactivo ordenada por la Corporación, obedeció al precedente
vertical y constitucional que existe frente a los alivios tributarios y el derecho de
igualdad que le asiste a los ciudadanos que pagan sus impuestos dentro de los
términos de Ley.

Con respeto, y frente a las consideraciones jurídicas y fácticas del accionante, y
atendiendo las leyes y la jurisprudencia citada, es importante resaltar que la
retroactividad ordenada por el Tribunal está acompasada con la misma invalidez, ya
que sin esta, el incentivo tributario fuera de la ley, se convertiría en un mecanismo
de recaudo que tendría validez hasta que la autoridad judicial se pronuncie sobre su
irregularidad, dando lugar a un tratamiento tributario diferenciado de manera
injustificada, de cara al ciudadano que paga los tributos cumplidamente
transgrediendo el principio de igualdad y equidad tributaria, y con el detrimento
patrimonial que conlleva para el ente territorial […]”.

11. El Concejo Municipal de Dosquebradas, la Alcaldía de Dosquebradas y el
Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

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Actor: Municipio de Dosquebradas

La sentencia impugnada

12. La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia de 7 de abril
de 2022, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR la acción de tutela con respecto a los cargos de defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente en relación con el fundamento del acto
administrativo y los efectos retroactivos de la declaratoria de nulidad.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales del municipio de
Dosquebradas, Risaralda al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia que la Sala encontró vulnerados por la autoridad judicial accionada por
aplicar los efectos retroactivos del fallo a las situaciones jurídicas consolidadas
durante la vigencia del acto administrativo, con lo cual incurrió en defecto por
desconocimiento del precedente.

TERCERO: ORDENAR que la providencia del 20 de enero de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Tercera de Decisión, no se aplique ni
afecte situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia del Acuerdo 027 de
2020, expedido por el Concejo Municipal de Dosquebradas […]”.

13. Consideró que:

“[…] 71. Con respecto a estas consideraciones, lo primero que argumenta la parte
accionante bajo el título de defecto sustantivo es que no fundamentó las normas
contenidas en los numerales 6º y 7º del Decreto Legislativo 678 de 2020, sino que
hizo referencia a ellas y que el tribunal se equivocó al considerar que su decisión
tuvo sustento en las disposiciones de la emergencia sanitaria.

72. Al revisar el acuerdo municipal la Sala evidencia que en el título se hizo
referencia a que las medidas se adoptaron para aliviar la situación económica de los
deudores y los contribuyentes producto de la pandemia COVID-19 y, en el acápite
de exposición de motivos se señaló expresamente el Decreto Legislativo 678 de
2020 “Por el cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y
presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia
Económica, Social y Ecológica, declara mediante el Decreto 637 de 2020”.

73. A continuación en el acuerdo se transcribieron los artículos 6º y 7º y se señaló
que, si bien es cierto los mismos fueron declarados inexequibles por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-448 de 2020, en la misma se había señalado que
estas potestades estaban consagradas en el ordenamiento ordinario y que dichas
disposiciones pertenecen al fuero interno de las entidades territoriales. Esta última
consideración quedó plasmada en el siguiente texto: […]”.

[…]

“[…] 73. Sin embargo, lo que no tuvo en cuenta la corporación territorial y que sí fue
ampliamente destacado por el Tribunal Administrativo de Risaralda es que, en la

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misma sentencia de inexequibilidad a la que se refiere en el acto administrativo
censurado, la Corte señaló que las amnistías tributarias encaminadas a proteger a
los ciudadanos y las finanzas públicas, como la que contempla el artículo 7º del
Decreto Legislativo, cuyo juicio de necesidad jurídica no se superó, “solo podían
operar sobre los impuestos, tasas, contribuciones y multas cuya exigibilidad
tributaria hubiera comenzado a partir de la vigencia de la emergencia sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud con ocasión de la pandemia del COVID-19, y
no sobre aquellos tributos y sanciones cuya exigibilidad hubiera ocurrido antes de
dicha declaratoria.”

74. Lo anterior, en consideración que “aunque, por regla general las amnistías
tributarias generan problemas de igualdad equidad y justicia fiscal, existen casos en
que, como el que se deriva de la pandemia del COVID-19, se justifica su
existencia”29, sin embargo, en el acuerdo se extendieron a vigencias fiscales de
2019 y anteriores.

75. En consecuencia, no le asiste razón al accionante cuando señaló que el tribunal
accionado incurrió en defecto sustantivo al considerar que el acuerdo se expidió
contrariando las reglas de la sentencia de constitucionalidad referida y que en ese
orden la disposición es contraria a la Carta y por ello moduló los efectos para que
se fueran retroactivos.

76. Circunstancia que cobra mayor relevancia cuando el acto administrativo en
cuestión no fue remitido para que sobre el mismo se ejerciera el control inmediato
de legalidad y tampoco se remitió en forma oportuna a la gobernación del
departamento, en los términos del artículo 82 de la Ley 136 de 1994, con lo que el
autor del acto invalidado permitió que el mismo estuviera vigente en el ordenamiento
no obstante su contrariedad con la Carta.

77. El segundo argumento tiene que ver con el desconocimiento del precedente que
hace referencia a la irretroactividad de las normas tributarias, a los derechos
adquiridos, a las situaciones jurídicas consolidadas, destacando la afectación de los
derechos de terceros quienes se acogieron a la norma jurídica durante su vigencia
y se les entregaron “paz y salvos” por concepto de los impuestos que pagaron
acogiéndose a la amnistía.

78. Sobre este aspecto, la Sala destaca que por la sola circunstancia de haberse
dado efectos retroactivos al fallo no se desconoció la jurisprudencia reiterada de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que ha permitido no solo que el juez
module los efectos de sus decisiones30, sino que les confiera efectos retroactivos a
los fallos dictados en sede de nulidad de actos administrativos de carácter general,
impersonal y abstracto31, inclusive cuando estos sean de naturaleza tributaria.

79. Así se precisa inclusive en una de las sentencias citadas como desconocidas
por la parte actora que es la dictada el 21 de mayo de 2009 con ponencia del
Magistrado Rafael E. Ostau de Lafont Pianet, en la que precisó la diferencia entre
los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de la ley con los de nulidad de los
actos administrativos, señalando que esta puede tener efectos ex tunc, es decir,
retrotraer los efectos al pasado, pero siempre y cuando garantice las situaciones
consolidadas, lo cual consignó en los siguientes términos:

(…) allí radica la diferencia de la inexequibilidad de la ley con la nulidad de los actos
administrativos, pues ésta, por regla general, sí tiene efectos ex tunc, es decir,

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retrotrae la situación jurídica a la anterior a la expedición del acto anulado,
debiéndose tener como si éste no hubiera existido, pero dejando a salvo de ese
efecto retroactivo las situaciones consolidadas.”

80. En consecuencia, el problema de la providencia no deviene de haberse conferido
efectos retroactivos a la decisión de nulidad, la cual es respetuosa de los
precedentes y de la posición reiterada de la Corte y del Consejo de Estado, sino de
haber extendido esos efectos a las situaciones jurídicas consolidadas.

81. Lo anterior, por cuanto en la providencia se concluyó, en forma contraria a la
posición reiterada expuesta por las referidas corporaciones, que “la retroactividad
se configura cuando una norma se aplica a las situaciones que se
consolidaron con anterioridad, pues los hechos o consecuencias jurídicas que
se formaron con fundamento en el Acuerdo que hoy es objeto de estudio,
fueron adquiridos bajo un fundamento inconstitucional”.

82. Aplicar los efectos del fallo a situaciones jurídicas consolidadas es lo que en el
caso concreto vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia de la parte actora, por incurrir en defecto por
desconocimiento del precedente, por cuanto, aun cuando sea absolutamente válido
conferir efectos ex tunc a la decisión de anular el acto administrativo, tales efectos
en ningún caso pueden afectar las mismas, entendidas estas como aquellas que
han quedado en firme y que no son susceptibles de ser debatidas judicialmente.

83. De lo expuesto se concluye que la afectación de los derechos de la parte actora
se configuró en el caso concreto por desconocimiento del precedente, en forma
concreta de la regla según la cual los efectos retroactivos de las sentencias no
pueden afectar situaciones jurídicas consolidadas bajo el imperio de la disposición
anulada.

84. En este caso no hay lugar a examinar el desconocimiento del precedente
contenido en fallos de constitucionalidad señalados por la entidad pública
accionante -C-594 de 1993 y C-785 de 2012-, por cuanto las mismas se refieren a
la irretroactividad de la ley tributaria y no de las decisiones que, en sede judicial,
declaran la nulidad de los actos administrativos de carácter general, impersonal y
abstracto, por lo que no contienen la regla que el tribunal omitió acatar […]”.

La impugnación

14. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda impugnó
la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En ese orden
de ideas, expresó lo siguiente:

“[…] Pues bien, sobre el requisito de relevancia constitucional consideró el Consejo
de Estado en la sentencia de tutela que se impugna que el mismo se encuentra
superado, por cuanto en el presente caso se alega la vulneración del derecho al
debido proceso, desde la perspectiva constitucional consagrada en el artículo 29 de
la Constitución Política, lo que implica que la misma trascienda el ámbito meramente
legal, en tanto no se trata de analizar la afectación de los derechos de contenido

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patrimonial de los deudores de los tributos sobre los cuales recayó la amnistía
tributaria dispuesta.

Bajo este contexto y siguiendo las pautas expuestas por la Corte Constitucional en
materia de relevancia constitucional como requisito de procedencia para la acción
de tutela contra providencias judiciales, se observa muy respetuosamente, que
contrario a lo considerado en la sentencia que se impugna, tal como lo ha
considerado el Consejo de Estado en asunto de idénticas características al que hoy
se estudia1 los argumentos expuestos en el escrito de tutela fueron los mismos
debatidos, analizados y resueltos por el Tribunal dentro del proceso del proceso de
Validez de Acuerdo, radicado bajo el número 66001-23-33-000-2021-00417-00 […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, debe indicar esta Corporación que los desacuerdos planteados
por el municipio de Dosquebradas en la acción de tutela coincidieron con los
supuestos fácticos y jurídicos que ya fueron analizados por este Tribunal en sede
ordinaria, en la que se discutió el alcance y aplicación de todas las normas de orden
constitucional que ahora la parte actora invoca como erróneamente interpretadas lo
que demuestra su interés en obtener un nuevo pronunciamiento consideraciones ya
efectuadas en única instancia, buscando entonces con la acción de tutela un nuevo
pronunciamiento favorable a sus intereses […]”.

14.1. Expresó que en el caso sub examine no se incurrió en un defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente contenido “[…] en el fallo del 21 de mayo de
2009 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, Exp. 2003-00119 […]”, toda vez que dicha providencia “[…] presenta
disanalogía fáctica con el asunto objeto de controversia, pues dicha providencia
refiere a los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de la ley con los de nulidad
de los actos administrativos, señalando que esta puede tener efectos ex tunc, es
decir, retrotraer los efectos al pasado, pero siempre y cuando garantice las
situaciones consolidadas; no obstante no refiere a situaciones consolidadas que
tengan como supuesto fáctico un caso de de amnistía tributaria, como es el caso
que nos ocupa […]”.

1
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Bogotá,
D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022), CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA
GARZÓN, Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-09687-01, Referencia: Acción de tutela, Actor:
MUNICIPIO DE PEREIRA.

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Actor: Municipio de Dosquebradas

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y
en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y con el artículo 13
del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento
de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

17. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito de la relevancia constitucional.

18. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)

2 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”

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Actor: Municipio de Dosquebradas

requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, procediendo
posteriormente a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

19.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena , en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
4

acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

20. Esta Sección adoptó5 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005 , proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
6

los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

21. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
6 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Actor: Municipio de Dosquebradas

la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

22. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”7 que encaje en dichos parámetros.

23. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

24. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 . 8

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

25. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida

7 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge

Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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Actor: Municipio de Dosquebradas

por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional.

Acerca del requisito de la relevancia constitucional

26. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
2014 , al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:
9

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[11].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [ ]. 12

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para

9 Ut supra página 6.

[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01410-01
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que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional[ ]. 13

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [ ]. Si 14

bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [ ]. 15

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [ ]; el derecho a 16

presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el

[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).

27. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado : 17

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”18

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la

17 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
18Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”19

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

28. En ese orden de ideas, el requisito de la relevancia constitucional se acredita
cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se involucra la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, y esa presunta afectación no
tiene su origen en un debate estrictamente probatorio y económico, ii) cuando el
actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima
de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales; y iii) cuando se demuestra que el amparo
presentado no se utiliza como una instancia procesal adicional.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

29. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

19 Ibidem.

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Actor: Municipio de Dosquebradas

30. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
20

proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

31.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

32.Atendiendo a que, la Corte Constitucional21 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida

20 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
21 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

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Actor: Municipio de Dosquebradas

protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Análisis del caso concreto

33. La Sala estudia si en el presente caso se cumple con el requisito de relevancia
constitucional.

34. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

35. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados por el actor y por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Risaralda.

Acervo y análisis probatorios

36. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

36.1. Copia de la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda dentro del medio de control de constitucionalidad y
legalidad de acuerdos municipales identificado con el número único de radicación
66001-23-33-000-2021-00417-00.

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Actor: Municipio de Dosquebradas

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional

37. Analizado el material probatorio obrante en el expediente, la Sala considera que
el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de aquellos que la
jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia constitucional,
toda vez que, tanto en la i) solicitud de la acción de tutela, como en el ii) respectivo
escrito de oposición presentado al interior del proceso de constitucionalidad y
legalidad de acuerdos municipales identificado con el identificado con número único
de radicación 66001-23-33-000-2021-00417-00, el actor reiteró los argumentos
jurídicos, utilizando el amparo como una tercera instancia, tal como se observa
en la siguiente tabla:

ACCIÓN DE TUTELA ARGUMENTOS DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN
PRESENTADO EN LA TRAMITE DE LEGALIDAD
DEL ACUERDO MUNICIPAL

“[…] QUINTO: El TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO “Dentro del término de fijación en lista, el Municipio
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA – SALA de Dosquebradas a través de apoderado judicial
TERCERA DE DECISION incurrió en una vía de señaló que aun cuando los artículos 150-12 y 338 de
hecho por defecto sustantivo toda vez que es la Constitución Política indican que el Congreso de
manifiestamente irrazonable el haber concluido que la República, las Asambleas y los Concejos pueden
el Acuerdo No. 027 de 2020 se fundamentó en una crear impuestos, tratándose de las entidades
disposición que fue expulsada del ordenamiento territoriales, y atendiendo al carácter unitario y
jurídico (Decreto 678 de 2020), sin tener presente descentralizado que fue establecido en la Carta, en
que en la exposición de motivos del mismo Acuerdo reiteradas ocasiones bien expuso la jurisprudencia
únicamente se hizo referencia a los artículos 6 y 7 del constitucional que los departamentos, los distritos y
Decreto, en el entendido de establecer que las los municipios no son titulares de la soberanía fiscal
entidades territoriales tienen la potestad facultativa o que solo corresponde a la Nación. Sin embargo,
discrecional para diferir el pago de los impuestos de debe entenderse que el artículo 338 de la
fuente endógena y de establecer incentivos para el Constitución Política solo es relevante en el
pronto pago de dichas obligaciones […]”. escenario prescrito cuando determina “(...) En
tiempos de paz, solamente el Congreso, las
[…] asambleas departamentales y los concejos
distritales y municipales podrán imponer
“[…] El Tribunal Administrativo de Risaralda declaró contribuciones fiscales o parafiscales”, toda vez que
con efectos retroactivos el Acuerdo Municipal 027 de si esta facultad de determinar los elementos
2020 sin tener en cuenta lo considerado por la Corte tributarios departamentales, distritales y
Constitucional y el Consejo de Estado municipales, estuviese vedada al Congreso,
correspondiente a los efectos de la sentencia que carecería de valor la segunda expresión del artículo,
decreta la nulidad de una norma de carácter según la cual “(...) la ley, las ordenanzas y los
tributario, de la siguiente manera: El Consejo de acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, activos y pasivos, los hechos y las bases gravables,
Sección Cuarta, en sentencia S-6665, 1984 afirmó: y las tarifas de los impuestos”
“Debe considerarse que, si bien en principio toda
nulidad que se decrete por el Contencioso
Administrativo tiene efectos retroactivos, en este
evento, tratándose especialmente de asuntos
tributarios, deberá tenerse en cuenta que las normas
impositivas tienen aplicación dentro de determinados

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01410-01
Actor: Municipio de Dosquebradas

períodos fiscales y por ello, así hayan sido Sostiene que no se debe desconocer que el artículo
derogadas, la nulidad que se ordene no puede 215 de la Constitución Política le otorga la facultad
afectarles en cuanto al lapso en que tuvieron excepcional al Presidente de la República de expedir
vigencia. O sea que debe ser una nulidad con efectos Decretos con fuerza de Ley, cuando se haya
hacia el futuro. Por ello procede la decisión de mérito declarado un Estado de Emergencia Económica,
y no la inhibitoria, porque no hay sustracción de Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, para
materia. Y no habiéndola, hay competencia para establecer nuevos tributos o modificar los
decidir de fondo […]”. existentes; trae a colación la sentencia C-169 de
2020 sobre la constitucionalidad del Decreto 461 de
[…] 2020, para concluir que al tener de presente el
acaecimiento de ciertas circunstancias vinculadas a
“[…] De conformidad con lo anterior, no es crisis económicas, sociales o naturales que afecten
procedente que el Tribunal Administrativo de de forma directa al fisco, a la población, o a un sector
Risaralda no brinde seguridad jurídica a los de la producción, es claro que irremediablemente
ciudadanos que se acogieron a los beneficios podría hablarse de una exoneración o condonación
estipulados por el Acuerdo Municipal, en el entendido total o parcial de deudas tributarias a nivel territorial,
de permitirle al destinatario de la Ley tener un siempre que la medida sea en sí misma razonable,
conocimiento previo de la norma tributaria que le proporcionada y equitativa, en virtud del principio de
podría afectar siendo esto a su vez una manera de autonomía de las entidades territoriales.
proteger el principio de legalidad.

Debido a la crisis generada por el COVID-19, todos
Pues de esta manera, los contribuyentes tienen los sectores de la economía nacional se han visto
conocimiento de la existencia de los tributos frente a impactados de manera negativa; disminuyendo
los cuales deben realizar el pago y las consecuencias significativamente los ingresos y la capacidad de
económicas que conlleva […]”. pago de las obligaciones tributarias, haciendo
necesario por defecto, la creación de políticas que
[…] alivien los impactos y les permita a los ciudadanos
cumplir con sus obligaciones, así como perseguir los
“[…] El Tribunal Administrativo de Risaralda declaró fines de sostenimiento económico estatal.
los efectos retroactivos del Acuerdo Municipal 027 al
Precisamente la disminución de la capacidad
dar por sentado que el acuerdo fue fundamentado en
económica generada por la crisis es lo que justifica
una norma previamente declarada inexequible
la facultad otorgada a gobernadores y alcaldes en el
cuando, realmente se anunció con fines
Decreto 461 de 2020 para reducir las tarifas, lo que
estrictamente ilustrativos.
a su turno facilita el cumplimiento de una obligación
que puede ser forzada y que enfrenta problemas
“Por todo lo expuesto, si bien se logra extraer de la
asociados a la pandemia por razón del COVID-19.
posición constitucional una salvedad en relación con
los beneficios a partir de la declaratoria del estado de
emergencia, no se observa que la misma haya sido
acogida por el ente territorial en esos términos, Agrega que el acto acusado no fue expedido con
además de considerar que la disposición que lo creó fundamento en el Decreto 678 de 2020,
fue expulsada del ordenamiento jurídico, y si bien no simplemente se anunció con fines estrictamente
se modifican situaciones jurídicas ni derechos ilustrativos.
adquiridos antes de dicha declaratoria, al considerar
los efectos de la sentencia, a partir del 16 de octubre
de 2020, no podrían los entes territoriales expedir
Acuerdos basados en una norma que ya fue Indica que el Gobernador de Risaralda solicitó que
declarada inexequible, como ocurrió en el presente se declarara la invalidez del acuerdo con efectos
caso, pues el Concejo Municipal de Dosquebradas retroactivos, sin embargo, no tuvo en cuenta los
aprobó el Acuerdo objeto de estudio, el 1 de pronunciamientos de las Altas Cortes respecto a los
diciembre de 2020, cuando el máximo órgano efectos de una sentencia que decreta la nulidad de
constitucional ya había sentado su posición una norma de carácter tributario, refiriéndose a los
advirtiendo la vulneración en estos aspectos frente a derechos adquiridos por parte de los contribuyentes
la carta constitucional, declarando beneficios y que se acogieron a los beneficios tributarios del acto
amnistías de intereses sobre impuestos generados demandado”22.
en vigencias anteriores a la emergencia sanitaria.”

La sutil pero profunda diferencia entre “referencia” o
“fundamentar” es la causante de la interpretación a

22
El resumen de las consideraciones jurídicas expuestas por el Municipio de Dosquebradas en su escrito de
oposición, fueron tomadas de la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Risaralda, el 20 de enero de 2022.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01410-01
Actor: Municipio de Dosquebradas

nuestro juicio equivocada del Tribunal, por cuanto en
ningún aparte del Acuerdo se dice que con
fundamento en el Decreto 678 de 2020 se expidió el
Acuerdo 027 de 2020 como lo podrá corroborar el
Juez de Tutela con la simple lectura del acto
demandado […]”.

[…]

“[…] De conformidad con lo anterior, se concluye que
la decisión del Tribunal es manifiestamente
irrazonable al determinar que el Acuerdo No. 027 de
2020 se expidió con fundamento en una normatividad
que previamente había sido declarada inexequible y
por consiguiente ya estaba por fuera del
ordenamiento jurídico, sin tener presente que en la
exposición de motivos solo se hizo referencia al
Decreto 678 de 2020, para efectos de ratificar la
facultad en cabeza de los entes territoriales sobre la
autonomía para el recaudo de sus tributos de
naturaleza endógena. […]”.

38. En ese orden de ideas, para la Sala en el caso sub examine, no se acredita el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, toda vez que el actor tanto
en su escrito de tutela, como en su escrito de oposición presentado al interior del
proceso de constitucionalidad y legalidad de acuerdos municipales identificado con
el número único de radicación 66001-23-33-000-2021-00417-00, reiteró los
argumentos jurídicos, utilizando el amparo como una tercera instancia.

39. La Sala evidencia que tanto en la i) solicitud de la acción de tutela, como en
el ii) respectivo escrito de oposición presentado al interior del proceso de
constitucionalidad y legalidad de acuerdos municipales identificado con el
identificado con número único de radicación 66001-23-33-000-2021-00417-00, el
actor planteó los mismos argumentos jurídicos, consistentes en el i)
desconocimiento de precedentes judiciales fijados por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado referentes a los efectos de la sentencia que decreta la nulidad
de una norma en materia tributaria, y en que ii) el Acuerdo núm. 027 del 1º de
diciembre de 2020 no fue expedido con fundamento en el Decreto 678 de 2020, sino
que simplemente se utilizó con fines exclusivamente ilustrativos.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01410-01
Actor: Municipio de Dosquebradas

40. Además, la Sala debe hacer énfasis, que dichos argumentos jurídicos se
tuvieron en cuenta en la respectiva providencia proferida por la Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, el 22 de enero de 2022, por lo
que la acción de tutela no puede convertirse en una tercera instancia para reabrir
controversias jurídicas que fueron debidamente estudiadas y debatidas al interior
del proceso ordinario.

41. Por último, esta Sección debe señalar que en pronunciamiento reciente, al
resolver un caso análogo como el presente, consideró lo siguiente23:

“[…] El MUNICIPIO DE PEREIRA, actuando por intermedio de apoderada especial,
instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de
justicia, los cuales consideró vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
RISARALDA24, al haber proferido la sentencia de 30 de septiembre de 2021, dentro
del medio de control de constitucionalidad y legalidad de acuerdos municipales
identificado con el número único de radicación 66001-2333-000-2021-00240-00,
tramitado en única instancia, y mediante el cual se declaró con efectos retroactivos
la invalidez del artículo 17 del Acuerdo Municipal núm. 014 de 6 de julio de 2021,
proferido por el CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA […]”.

[…]

“[…] Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que los argumentos que se
invocan en la presente acción de tutela como fundamento de la presunta vulneración
de los derechos fundamentales de la parte actora, son los mismos que fueron
puestos a consideración del Tribunal en el escrito de oposición a la solicitud
de invalidez del contenido del artículo décimo séptimo del Acuerdo Municipal
núm. 14 de 2021, dentro del proceso de única instancia de control de
constitucionalidad y legalidad de acuerdos municipales.

Así se desprende de la lectura del escrito de oposición presentado por la parte actora
en el trámite del proceso constitucionalidad y legalidad de acuerdos municipales y
su comparación con la demanda de tutela […]”.

“[…]

“[…] Realizadas las anteriores observaciones, la Sala constata que lo planteado en
la presente acción de tutela no se refiere a un asunto de relevancia constitucional, -
en los términos señalados en la jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que
haga imperiosa la intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible
vulneración de los derechos fundamentales invocados.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de marzo de 2022, número

único de radicación 11001-03-15-000-2021-09687-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
24 En adelante el TRIBUNAL.

25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01410-01
Actor: Municipio de Dosquebradas

Por el contrario, se destaca que todos los argumentos de la parte accionante, -que
son de mera legalidad-, fueron analizados y resueltos por el TRIBUNAL en esa
instancia y, en esa medida, solo se procura su discusión en sede de tutela para
buscar la oportunidad de debatir, en una instancia adicional la posición del
accionante, lo cual resulta improcedente […]”.

Conclusiones de la Sala

42. En suma, para la Sala en el caso sub examine, no se acreditó el cumplimiento
del requisito general de relevancia constitucional, toda vez que se evidenció que el
actor utilizó el amparo como una tercera instancia.

43. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala i) revocará la sentencia de primera instancia proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado el 7 de abril de 2022, y en su lugar, ii)
declarará improcedente el amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela proferida el 7 de abril de 2022 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio del cual accedió a las
pretensiones del amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01410-01
Actor: Municipio de Dosquebradas

CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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