Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03540-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03540-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03540-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
4 de agosto de 2022
Demandante: Carlos Andrés Vergara
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03540-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03540-00
Demandante: CARLOS ANDRÉS VERGARA
Demandados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo – Mora en trámite administrativo - Ampara.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Carlos Andrés
Vergara, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021 y, en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito presentado el 30 de junio de 2022, el señor Carlos Andrés Vergara,
en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Presidente de la República, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Procuraduría General de la
Nación y la empresa CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (Air-e S.A.S.
E.S.P.), con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición,
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas por la omisión de
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en resolver el recurso de
apelación promovido por el actor dentro del trámite administrativo de solicitud de
“rompimiento de la solidaridad” adelantado ante CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S.
E.S.P. (Air-e S.A.S. E.S.P.), respecto de la deuda existente por concepto del servicio
de energía sobre un inmueble de su propiedad.
Por su parte, solicitó que la Procuraduría General de la Nación “investigue las faltas
que cometieron la superintendente de servicios públicos domiciliarios, el representante legal
y el jefe de jurídica de la empresa”. Además, requirió que se ordene “al presidente (…)
que en ejercicio de sus funciones emita una orden para que el superintendente cumpla con
las órdenes impartidas por los jueces y no incurra en más violaciones de los derechos
fundamentales”.
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Demandante: Carlos Andrés Vergara
Demandados: Presidente de la República y otros
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1.2. Pretensiones
Las pretensiones de la solicitud de amparo son las siguientes:
“PRIMERO: Que el juez constitucional ampare los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, DERECHO
DE PETICION.
SEGUNDO: Que el juez constitucional ordene a la superservicios a cumplir con la ley
y dar respuesta a mi recurso de apelación.
TERCERO: Que el honorable magistrado sancione conforme al decreto-ley 2591 de
1991 al superintendente por incumplimiento de una orden judicial.
CUARTO: Remitir copia a la procuraduría general de la nación para que investigue
las faltas que cometieron la superintendente de servicios públicos domiciliarios, el
representante legal y el jefe de jurídica de la empresa.
QUINTO: Que el honorable magistrado ordene al presidente a que en ejercicio de sus
funciones emita una orden para que el superintendente cumpla con las órdenes
impartidas por los jueces y no incurra en más violaciones de los derechos
fundamentales.” (Negritas del texto original y sic a toda la cita)
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
Se constató que el 30 de enero de 2021 el tutelante inició un trámite ante
CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (Air-e S.A.S. E.S.P.) con el fin de solicitar
la modificación de la estratificación para el cobro del servicio de energía de estrato
3 a 2 y para que se devolviera el mayor valor cobrado en cumplimiento de “los
artículos 104, 130, 140, 154, 155 de la ley 142 de 1994 y el PARÁGRAFO 1o DEL ART.10
DE LA LEY 505 DE 1999”.
El 16 de febrero de 2021 dicha petición fue resuelta de forma positiva frente al
cambio de estratificación, pero de manera desfavorable respecto al requerimiento
de devolución de los saldos. Decisión fue objeto de recurso de reposición y
apelación.
El 16 de marzo de 2021 la empresa dispuso no reponer y concedió la alzada.
El 4 de julio de 2021 se radicó el trámite administrativo ante la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, sin que a la fecha de la presentación de la tutela
se hubiera recibido respuesta.
1.4. Fundamentos de la solicitud
El tutelante consideró que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
vulneró sus derechos fundamentales porque “(…) la empresa envió el expediente a la
superservicios para que esta resolviera el recurso de apelación y han transcurrido más de
7 meses y la superservicios aún no resuelve el recurso de apelación en donde la ley 1437/11
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y 1755/15 establecen que el tiempo máximo para dar respuesta no puede ser mayor a 60
días, ósea 2 meses y en mi caso del primer proceso lleva 449 días sin respuesta alguna”.
En ese orden, citó un antecedente de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Proceso de tutela que se identificó con el radicado 11001-03-15-000-2021-05822-
01, dentro del cual, mediante sentencia de 31 de marzo de 2021 se ordenó a la
Superintendencia resolver el recurso de apelación en un término de 48 horas
contados a partir del día siguiente a la notificación de la providencia, y se exhortó a
la referida entidad para que, en lo sucesivo, no incurriera en demoras
administrativas injustificadas.
Además, y de conformidad con las pretensiones de la acción constitucional, advirtió
una presunta omisión en las funciones del presidente de la República y la
Procuraduría General de la Nación, en su deber de emitir “las sanciones a que haya
lugar”.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 5 de julio de 2022, el magistrado ponente admitió la acción de
tutela y ordenó notificar al tutelante, y como accionadas al presidente de la
República, a la Procuraduría General de la Nación, a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y a la empresa CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S.
E.S.P. (Air-e S.A.S. E.S.P.).
Asimismo, dispuso requerir a la parte actora “con el fin de que aporte, al presente
expediente de tutela, copia digital de las actuaciones que realizó ante la Presidencia de la
República y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de establecer el eventual
incumplimiento de esas dependencias en lo referente a sus funciones”.
El 15 de julio de 2022 el despacho sustanciador resolvió remitir este expediente a
la Subsección “B” de la Sección Segunda de esta Corporación, con el fin de que
decidiera si asumía el conocimiento del asunto de la referencia1, lo cual fue negado
con auto de 21 de julio de 20222.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1 En atención a que el mecanismo adelantado por el señor Carlos Andrés Vergara, (radicado 2022-
03540-00), que se encontraba para resolver de fondo, guardaba similitud fáctica y jurídica con la
admitida por la Magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez integrante de la Subsección “B” de la Sección
Segunda de esta Corporación (radicado 2021-05822-00).
2 Ello, tras considerar que si bien la vulneración alegada es respecto del trámite administrativo
denominado ruptura de solidaridad, “son peticiones de amparo con contenido fáctico y probatorio
distinta”.
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1.6.1. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por intermedio
de apoderada, indicó que la solicitud de amparo debía declararse improcedente, en
atención a que la dependencia ha dado el correcto impulso a la diligencia
administrativa iniciada por el actor.
Al respecto, expuso que el 4 de septiembre de 2021 la entidad que representa
dispuso suspender el trámite del recurso de apelación al evidenciar “la posible
configuración de un Silencio Administrativo Positivo en relación a la petición y/o recurso
presentados (…)”.
Por lo anterior, ordenó “remitir el expediente a la Superintendencia Delegada para la
Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, para que avoque el conocimiento de la
investigación por el presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley 142
de 1994 subrogado por el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995”.
Finalmente expuso que, en todo caso, el mecanismo constitucional sería
improcedente, comoquiera que la acción constitucional “no fue establecida en el
ordenamiento jurídico para afectar los términos de los procedimientos administrativos
sancionatorios”.
1.6.2. El apoderado del “Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y/o del señor Presidente de la República”, pidió declarar
improcedente este asunto, porque las dependencias que él representa carecen de
legitimación en la causa por pasiva frente a los hechos que fundan la acción de
tutela.
Además, advirtió que “la entidad en ningún momento vulnero el el articulo 23 de la
Constitución Politica, toda vez que como se evidencia a continuación la entidad bajo número
de certificación CERT22- 001752 / IDM., del 7 de julio de 2022, da constancia que la aquí
accionante la señora CARLOS ANDRÉS VERGARA, NO ha interpuesto derecho de petición
ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.” (sic a toda la cita).
1.6.3. La empresa CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (Air-e S.A.S. E.S.P.),
a través de apoderado, pidió negar las pretensiones de la demanda, ya que el
accionante puede hacer uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para controvertir lo decido por su poderdante.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Carlos Andrés Vergara, de conformidad con lo establecido
en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo
080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.
En ese orden, la Sección advierte que esta Corporación sí es la autoridad judicial
que debe conocer el mecanismo constitucional de la referencia, puesto que la tutela,
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además de dirigirse en contra de una autoridad de orden nacional, también se hizo
frente al presidente de la República3. Luego, en aplicación de los numerales 114 y
12 del artículo primero del decreto ídem, que establece las reglas de reparto de la
acción de tutela, el Consejo de Estado es competente para conocer de este
mecanismo en primera instancia.
2.2. Cuestión previa –legitimación en la causa por pasiva del “Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y/o del señor Presidente de
la República”
Se recuerda que en este asunto se pidió desvincular a “la Presidencia de la República
y del señor Presidente de la República”, al considerar que carecen de legitimación en
la causa por pasiva para actuar, sin embargo, este requerimiento será negado frente
al presidente de la República, dado que el demandante, con la solicitud de amparo,
elevó una pretensión en concreto frente a dicho mandatario. En consecuencia, será
con el estudio del caso concreto, y ante la acreditación de que se acudió ante tal
autoridad, que se determine si existió o no una omisión en sus funciones.
Ahora, referente al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
esta Colegiatura se abstendrá de emitir un pronunciamiento, comoquiera que contra
tal dependencia no se dirigen las pretensiones de la acción constitucional y por lo
mismo en el auto admisorio no se incluyó, ello en atención a que, según el artículo
3 del referido Decreto 1784 de 20195, la mencionada no tiene ninguna función que
sea acorde a la problema jurídico aquí planteado.
2.3. Problema jurídico
A esta Colegiatura le resulta pertinente precisar que con el mecanismo
constitucional de la referencia no se pretende controvertir un acto administrativo,
dado que su fundamento principal es una presunta mora administrativa para
resolver de fondo el recurso impetrado al interior de un trámite por una deuda de
servicios públicos domiciliarios.
Por ello, en esta providencia no se hará alusión a la legalidad de ninguna resolución,
ya que no es el objeto de la acción de la referencia, sumado a que, para que ello
3 Decreto 333 de 2021: Artículo primero: (…) 12. Las acciones de tutela dirigidas contra las
actuaciones del Presidente de la República, (…), serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, al Consejo de Estado. (…).
4 “11. Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y estas sean de diferente
nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el
presente artículo”.
5 “Artículo 4. Funciones generales. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, tendrá las siguientes funciones generales: (…)
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ocurra en sede de tutela, se deben acreditar ciertos requisitos constitucionales6 y
jurisprudenciales7.
Precisado lo anterior, como problema jurídico le corresponde a la Sala determinar
si en el caso concreto se presenta una vulneración a los derechos fundamentales
advertidos por el accionante, por la presunta mora administrativa con ocasión a la
falta de resolución del recurso de apelación impetrado en el trámite relacionado con
una deuda de servicios públicos domiciliarios, adelantado en segunda instancia por
parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Para el efecto se estudiará: (i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii); el derecho al
debido proceso, (iii) los términos procesales para que la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios resuelva recursos de apelación en sede
administrativa; y (iv) el análisis del caso concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable8.
2.5. Derecho al debido proceso
La Constitución Nacional consagra el derecho al debido proceso, en el artículo 29 y
prescribe que esta garantía “aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas”.
Por su parte, la Corte Constitucional en su reiterada jurisprudencia ha desarrollado
6 El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad como
presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el
numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
7 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución
y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior
de cada una de las jurisdicciones.”
8 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
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el debido proceso como derecho fundamental, de la siguiente manera9:
“El debido proceso constituye un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento
para las actuaciones tanto judiciales como administrativas, para la defensa de los
derechos de los ciudadanos, razón por la cual deben ser respetadas las formas
propias del respectivo proceso. Lo anterior garantiza la transparencia de las
actuaciones de las autoridades públicas y el agotamiento de las etapas previamente
determinadas por el ordenamiento jurídico. Por ello los ciudadanos sin distinción
alguna, deben gozar del máximo de garantías jurídicas en relación con las
actuaciones administrativas y judiciales encaminadas a la observancia del debido
proceso.” (Sentencia T- 078 de 1998).
“El derecho al debido proceso es el conjunto de garantías que buscan asegurar
a los interesados que han acudido a la administración pública o ante los jueces,
una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las
normas legales que rigen cada proceso administrativo o judicial genera una violación
y un desconocimiento del mismo.” (Sentencia C- 339 de 1996)”.
De conformidad con lo anterior, el debido proceso constituye un derecho
fundamental de obligatorio cumplimiento en el sentido de que tanto las autoridades
judiciales como administrativas deben ceñirse a un procedimiento preestablecido,
con el fin de limitar los poderes del Estado, salvaguardar el principio de legalidad y
garantizar la transparencia de las actuaciones de las autoridades del orden público.
Además, esta garantía también se materializa en la obligación de tramitar los
mecanismos y recursos dispuestos para que los ciudadanos controviertan la
legalidad de los actos administrativos que consideren repercuten en la garantía de
sus derechos; actuaciones que en todo caso deben ajustarse a la observancia plena
de las disposiciones, términos y etapas consagradas en la normatividad legal.
2.6. Términos procesales para que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios resuelva recursos de apelación en sede administrativa
Si bien la Ley 142 de 1994 o la Ley 1437 de 2011 no establecen un término para
que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resuelva el recurso de
apelación en mención, por remisión expresa de los artículos 13 y 14 de la Ley 1437
de 2011, se tiene que, salvo disposición legal especial en contrario, las autoridades
competentes tienen un plazo general y expreso de 15 días hábiles para resolver los
recursos administrativos promovidos.
Asimismo, si no fuere posible resolverlos en dicho término, por concurrir de manera
excepcional las condiciones fácticas y jurídicas descritas en el parágrafo del artículo
14, deberán resolverse en un plazo que no exceda los 30 días desde su oportuna
interposición10.
9 Ver al respecto, entre otras, las sentencias unificación SU-1219 de 2001 y SU-159 de 2002 de la
Corte Constitucional.
10 Ver al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, fallo de 3 de marzo de
2022, expediente 11001-03-15-000-2021-05822-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Criterio que a la postre se encuentra acorde con el concepto de la Sala de Consulta
Civil de esta Corporación11, en el cual se precisó que el plazo que contempla el
artículo 86 de la Ley 1437 de 2011, del silencio administrativo negativo 12, -dos (2)
meses-, no se puede considerar, “en modo alguno como el término máximo con el que
se cuenta para decidir tales recursos”, dado que tal lapso atiende a la posibilidad que
tiene el usuario para acudir a la administración de justicia, donde cabe destacar que
“la ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la autoridad de
responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se hubiere notificado auto admisorio
de la demanda cuando el interesado haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo”.
2.7. Caso concreto
Como viene de explicarse, el accionante consideró que se le vulneraron sus
derechos fundamentales por la presunta mora administrativa en resolver de fondo
el recurso impetrado al interior de un trámite relacionado con una deuda de servicios
públicos domiciliarios, con el fin de que se determinaran unos saldos a favor.
Asimismo, se tiene que el demandante solicitó que se ordene a la Procuraduría
General de la Nación y al presidente de la República proferir “las sanciones a que
haya lugar”, pretensiones que ocasionaron que el Despacho sustanciador de este
fallo requiriera al señor Carlos Andrés Vergara, con el fin de que:
“(…) aporte, al presente expediente de tutela, copia digital de las actuaciones que
realizó ante la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación,
con el fin de establecer el eventual incumplimiento de esas dependencias en lo
referente a sus funciones.”
2.6.1. Aclarado lo anterior, y debido a que el tutelante no atendió el requerimiento
en mención, esta Colegiatura considera que no cuenta con los elementos suficientes
para estudiar la presunta omisión en la que incurrieron la Procuraduría General de
la Nación y el presidente de la República, comoquiera que no se conoce el
fundamento normativo o las causales por las que la demandante acudió a tales
dependencias, o si en efecto lo hizo. Por tal razón, la Sala negará la solicitud de
amparo constitucional en lo referente a ordenar que se gestionen sanciones, en lo
que respecta a las entidades en mención, ya que no se puede analizar un eventual
incumplimiento de funciones cuando no se conocen las razones que la
fundamentan.
2.6.2. Por su parte, esta Sección amparará los cargos dirigidos contra la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por las razones que se pasan
a exponer.
11 Ver Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, concepto con radicado No. 2123,
expediente 11001-03-06-000-2012-00084-00, del 29 de octubre de 2012, M.P. Luis Fernando
Álvarez Jaramillo.
12 “Artículo 86. Silencio administrativo en recursos. Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este
Código, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la interposición de los recursos
de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que
la decisión es negativa.”
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En primer lugar, del material probatorio se pudo constatar que el señor Carlos
Andrés Vergara el 30 de enero de 2021 inició un trámite ante CARIBESOL DE LA
COSTA S.A.S. E.S.P. (Air-e S.A.S. E.S.P.) con el fin de solicitar la modificación de
la estratificación para el cobro del servicio de energía de estrato 3 a 2 y para que se
devuelva el mayor valor cobrado en cumplimiento de “ los artículos 104,
130,140,154,155 de la ley 142 de 1994 y el PARÁGRAFO 1o DEL ART.10 DE LA LEY 505
DE 1999”, y esta sociedad de servicios públicos domiciliarios el 16 de febrero de
2021 resolvió de forma positiva respecto al cambio de estratificación, pero de
manera desfavorable frente al requerimiento de devoción de los saldos que el
tutelante considera a favor.
Inconforme con la decisión, el accionante presentó recurso de apelación, que fue
concedido ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Enseguida se evidencia que la Superintendencia en mención recibió el expediente
el 4 de julio de 2021 y el 4 de septiembre siguiente resolvió suspender el trámite el
recurso de apelación al evidenciar “la posible configuración de un Silencio Administrativo
Positivo en relación a la petición y/o recurso presentados (…)”, mediante auto No. SSPD
– 20218200051036.
Por lo anterior ordenó “remitir el expediente a la Superintendencia Delegada para la
Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, para que avoque el conocimiento de la
investigación por el presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley 142
de 1994 subrogado por el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995”.
Ahora, con el fin de acreditar el trámite de la notificación personal de la
providencia en mención, la Superintendencia aportó un oficio (20218200944771),
en donde se advierte que “comunica” la suspensión decretada.
No obstante, al expediente de tutela no se allegó constancia de que tal
requerimiento fuese efectivamente enviado, máxime si se tiene en cuenta que el
oficio data del 4 de septiembre de 2021 y el presente mecanismo fue presentado
el 30 de junio de 2022, de lo cual es posible inferir que el demandante no tiene
conocimiento de tal determinación.
De todo lo anterior, es posible concluir que el órgano de la rama ejecutiva en
mención vulneró los derechos fundamentales del tutelante, ya que si bien el 4 de
septiembre de 2021 expidió el proveído ya enunciado, que impulsó el trámite
relacionado con la solicitud de saldo a favor respecto a la deuda de servicios
públicos domiciliarios, este auto fue proferido por fuera de los términos procesales
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que contemplan los artículos 1313 y 1414 de la Ley 1437 de 2011, esto es los 15 o
30 días, ello, si se parte del hecho de que el expediente para la resolución de la
segunda instancia fue radicado ante esa dependencia el 4 de julio de 2021.
Ahora bien, dicha circunstancia implicaría que en este caso se podría declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado15, sin embargo, se tiene que la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no acreditó que se haya
notificado la multicitada providencia, luego a la fecha el accionante aún no conoce
la decisión que suspendió su trámite administrativo, conocimiento que se considera
esencial para que este pueda adelantar, si lo considera pertinente, los mecanismos
de defensa judicial que tiene a su alcance.
Adicionalmente, la Sala debe precisar que dicha omisión no se suple con la
actuación surtida en el trámite de tutela, es decir que, no basta con que la autoridad
accionada informe al juez constitucional sobre la existencia de la respuesta, sino
que debe ser puesta en conocimiento del peticionario a través de los canales
digítales o físicos establecidos para tal efecto.
2.6.3. Por su parte, cabe destacar que en este asunto también se acreditó que el 8
de julio de 2022 la Superintendente Delegada (e) para la Protección al Usuario y la
Gestión en Territorio de la Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios
emitió el proveído SSPD – 20228000182466 dispuso “Decretar el inicio de una
actuación administrativa tendiente a establecer si procede o no el reconocimiento de los
efectos del silencio administrativo positivo como una forma de hacer efectiva la
ejecutoriedad del acto administrativo presunto, dentro del trámite de la petición elevada a
la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P” respecto a la solicitud del aquí accionante, sin
embargo también ocurre lo mismo que se advirtió frente al auto No. SSPD –
20218200051036, en el sentido de que si bien se evidencia un oficio de
comunicación, no hay constancia de su efectivo envío.
2.6.4. Finalmente, esta la Sala negará la pretensión dirigida a que se sancione a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por el incumplimiento del fallo
13 “Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene
derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este
Código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución. (…)”.
14 Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días siguientes a su recepción.
(…)
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del
término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder
del doble del inicialmente previsto”.
15 El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991, atinente
a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando en el trámite de una acción
de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para
eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Carlos Andrés Vergara
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03540-00
de tutela de 3 de marzo del 2022 con radicado N. 11001-03-15-000-2021-05822-01
proferido por esta Sección porque: (i) las sanciones al interior de la acción
constitucional se encuentran reguladas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991,
para lo cual se deberá adelantar un trámite incidental que garantice los derechos
constitucionales de ambas partes, (i) la legitimación en la causa por activa para
iniciar este trámite corresponde a la persona natural o jurídica a la cual se le
ampararon sus garantías fundamentales, dados los efectos inter partes de la
sentencia en mención, y (iii) sumado a que la determinación de la Sala en esa
oportunidad se categorizó en un “exhorto” y no en una orden de cumplimiento
categórica, ya que cada caso cuenta con supuestos fácticos particulares que deben
ser objeto de estudio por parte del funcionario competente.
2.7. Conclusión
En consecuencia, esta Colegiatura amparará los derechos fundamentales de
petición y al debido proceso del accionante, por la mora administrativa que se
materializa a la fecha en la omisión de notificación del auto que suspendió el trámite
administrativo que fue radicado ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios el 4 de julio de 2021, y que si bien fue proferido el 4 de septiembre de
2021, aún no hay constancia de que se hubiese notificado.
Por lo tanto, se ordenará a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
que, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia,
proceda a gestionar la notificación del auto No. SSPD – 20218200051036 en lo que
respecta al señor Carlos Andrés Vergara.
Además, y según lo ya expuesto, también se dispondrá, con el fin de garantizar el
derecho al debido proceso y aunque no sea una pretensión expresa de este
mecanismo constitucional, que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios verifique el trámite de comunicación efectuado respecto a la
providencia No. SSPD – 20228000182466 y en el evento de que no se hubiere
realizado en debida forma, proceda a requerir a la Superintendencia Delegada para
la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio respectiva para que proceda de
conformidad
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: ABSTENERSE de resolver el requerimiento de desvinculación frente al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo en contra de la Procuraduría General
de la Nación y del presidente de la República.
TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales de petición y al debido proceso
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Demandante: Carlos Andrés Vergara
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03540-00
del accionante, por la mora administrativa que se materializa a la fecha en la omisión
de comunicación del auto No. SSPD – 20218200051036 que suspendió el trámite
del recurso de apelación que fue radicado ante la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios el 4 de julio de 2021, y que si bien fue proferido el 21 de
septiembre de 2021, no ha sido comunicado.
CUARTO: ORDENAR que, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación
de esta providencia, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
proceda a gestionar la comunicación del auto No. SSPD – 20218200051036 en lo
que respecta al señor Carlos Andrés Vergara y verifique el trámite de la
comunicación efectuada respecto a la providencia No. SSPD – 20228000182466, y
en el evento de que no se hubiere realizado en debida forma, proceda a requerir a
la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en
Territorio respectiva para que proceda de conformidad.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SEXTA: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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