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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03571-00

Fecha
29 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03571-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso invocado por los señores Yolaida Tuberquia Torres, Elizabeth Torres Tuberquia, Daniel de Jesús Torres Tuberquia, Leidy Daniela Torres Tuberquia, Jesús Doraime Torres Sepúlveda, Jesús Alcides Torres Sepúlveda, Roberto Emilio Torres Sepúlveda, Ana Edilma Torres Sepúlveda, Ana Rubiela Torres Sepúlveda, Ana Geogina Torres Sepúlveda, Luz Marina Torres Sepúlveda y José Ramiro Torres Sepúlveda, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. 2. Por lo anterior, dejar sin efectos la sentencia del 13 de octubre de 2020, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el marco del proceso de reparación directa con radicación nro. 05001-23- 31-000-2009-01136-01(52158). 3. En consecuencia, ordenar a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia y el precedente judicial aplicable al caso concreto que fue precisado en la parte motiva de este fallo de tutela. 4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 6. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-03571-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

29 de septiembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03571-00
Demandante: Yolaida Tuberquia Torres y Otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-03571-00
Demandante YOLAIDA TUBERQUIA TORRES Y OTROS
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico.
Desconocimiento del precedente judicial. Principio de unidad
de la prueba. Flexibilización probatoria para casos de graves
violaciones a los derechos humanos. Medio de control de
reparación directa.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por Yolaida Tuberquia Torres y Otros, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 1 de julio de 20221, Yolaida Tubequia Torres, Elizabeth Torres Tuberquia,
Daniel de Jesús Torres Tuberquia, Leidy Daniela Torres Tuberquia, Jesús
Doraime Torres Sepúlveda, Jesús Alcides Torres Sepúlveda, Roberto Emilio
Torres Sepúlveda, Ana Edilma Torres Sepúlveda, Ana Rubiela Torres Sepúlveda,
Ana Geogina Torres Sepúlveda, Luz Marina Torres Sepúlveda y José Ramiro
Torres Sepúlveda interpusieron acción de tutela contra la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado por estimar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a al acceso a la administración de justicia, a la
tutela judicial efectiva, a la integridad personal, a la vida, a la reparación integral y
el principio de prevalencia del derechos sustancial. También relacionó
desconocidos los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial,
consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones2:
“1. Amparar los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia (Artículo
228 C.N.); al debido proceso (art. 29 C.N.)22; al principio de la justicia material y la
prevalencia del derecho sustancial, que tiene por fundamento el derecho a una tutela
judicial efectiva, en aplicación del artículo 229 constitucional; al derecho de igualdad de
la víctima (art. 13 C.N.); a la reparación integral de las víctimas; Derecho a las garantías
judiciales y la protección judicial (Artículos 8 y 25 de la Convención Americana en
relación con el artículo 1 y 2 del mismo Tratado, de las siguientes personas: YOLAIDA
TUBERQUIA TORRES quien obra en nombre propio y en representación legal de sus
hijos menores LEIDY DANIELA TORRES TUBERQUIA, ELIZABETH TORRES
TUBERQUIA y DANIEL DE JESÚS TORRES TUBERQUIA; además de SARA

1 La acción de tutela se radicó a través correo electrónico remitido al buzón de notificaciones de la
Secretaría General de la Corporación. Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de
Estado: SAMAI (índice 2).
2 Páginas 30 y 31de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03571-00
Demandante: Yolaida Tuberquia Torres y Otros

SEPÚLVEDA DE TORRES, FRANCISCO ANTONIO TORRES LÓPEZ , LUZ MARINA
TORRES SEPÚLVEDA, JOSÉ RAMIRO TORRES SEPÚLVEDA, JESÚS DORAIME
TORRES SEPÚLVEDA, JESÚS ALCIDES TORRES SEPÚLVEDA, ROBERTO EMILIO
TORRES SEPÚLVEDA, ANA EDILMA TORRES SEPÚLVEDA, ANA RUBIELA
TORRES SEPÚLVEDA y ANA GEORGINA TORRES SEPÚLVEDA, vulnerados por la
NACIÓN COLOMBIANA (Consejo Superior de la Judicatura-Rama Judicial) H.
CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCIÓN
TERCERA SUBSECCIÓN C.
2. En consecuencia, se le solicita al H. Juez Constitucional, dejar sin efecto la sentencia
proferida el veinte (20) de noviembre de 2018 por el H. CONSEJO DE ESTADO-SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C
dentro del proceso Rad. 05001-23-31-000-2009-01136-01(52158).
3. Ordenar al H. CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO-SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C. que en el término que
determine esta instancia constitucional, profiera una nueva sentencia en el proceso de
reparación directa, teniendo en cuenta los derechos fundamentales constitucionales
invocados, bajo el corpu iuris de derechos humanos y la normatividad internacional de
derechos humanos suscrita y ratificada por Colombia, bajo bloque de constitucionalidad
ordenando la reparación integral del daño a las víctimas”

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ubica en el municipio de
Apartadó (Antioquia) y fue reconocida como comunidad desde el 23 de
marzo de 1997. En su declaración, los firmantes, en su mayoría víctimas de
desplazamiento forzado, decidieron situarse al margen del conflicto armado
que se desataba en ese momento entre grupos de guerrilla, paramilitares y el
Estado3.

Debido a los graves actos de violencia y de hostigamiento de los que estaba
siendo víctima los miembros de la Comunidad de Paz por parte de grupos
paramilitares, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en adelante
CORIDH- dictó medida provisional en su beneficio. Esta determinación se
adoptó a través de la Resolución del 24 de noviembre de 2000, reiterada
posteriormente en varias oportunidades.

2.2. El 13 de julio de 2007, el señor Dairo de Jesús Torres Sepúlveda fue
asesinado con arma de fuego. La víctima viajaba en un vehículo de
transporte público en la vía que del municipio de Apartadó conduce al
corregimiento de San José de Apartadó, sector denominado “Tierra Amarilla”.
Hombres armados lo hicieron bajar del vehículo y lo asesinaron.

2.3. Con ocasión de estos hechos, los familiares del señor Dairo de Jesús Torres
Sepúlveda interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación- Presidencia de la República y
Vicepresidencia, Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Defensa,
Ejército y Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y el Municipio de
Apartadó. La finalidad de la demanda era que se declarara la responsabilidad
administrativa y patrimonial de las entidades demandadas y se las condenara
a la indemnización de los perjuicios sufridos por las víctimas indirectas con
ocasión del homicidio del señor Dairo de Jesús Torres Sepúlveda.

El proceso fue identificado con la radicación nro. 05001-23-31-000-2009-
01136-01.

2.4. El 23 de abril de 2014, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de
descongestión, emitió sentencia en la que decidió: (i) declarar probada la

3 Cfr. https://cdpsanjose.org/

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falta de legitimación en causa por activa de la señora Yolaida Tuberquia
Torres; (ii) declarar la falta de legitimación en causa por pasiva de la
Presidencia y la Vicepresidencia de la República, de la Fiscalía General de la
Nación, de la Unidad Nacional de Protección, y del Municipio de Apartadó;
(iii) declarar no probada la eximente de responsabilidad del hecho de un
tercero; (iv) que la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército y Policía Nacional
eran responsables por el daño antijurídico que padecieron los demandantes
legitimados en la causa; y (v) emitir condena por concepto de perjuicios
morales, daño a la salud y medidas simbólicas.

Como fundamento de esta determinación en concreto, el Tribunal indicó que,
las entidades condenadas son responsables del daño antijurídico que
sufrieron los demandantes, que por demás se concretó en una vulneración
del derecho a la paz y a la vida. Destacó que se acreditó la omisión en la que
ocurrieron los agentes del Estado frente a las obligaciones constitucionales
que les imponía proteger de manera efectiva a los pobladores de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, incluida la ruta que conduce
del municipio de Apartadó al corregimiento de San José de Apartadó. Estimó
que “era perfectamente previsible que sería objeto del ataque de los violentos y, de contera,
o raba en discusión la prevalencia de sus derechos fundamentales.”

Al respecto, en la sentencia se indicó que, “(…) se justifica sin ambages que, ante la
“falla” en el cometidos institucional de prevalencia de los derechos superiores de los
afectados y sus familias (…), por la evidente posición de garantía que emergió a su favor y la
inocultable falencia en torno al cumplimiento de ese deber legal, que se justifica, dentro de
este juicio contencioso, la imputación de la responsabilidad endilgada a título de falla a
cargos de la Nación Ministerio de Defensa- Ejército y Policía Nacional.”

2.5. La parte demandante, la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, y la
Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, interpusieron recursos de
apelación.

La parte actora alegó que sí se demostró la calidad de compañera
permanente de Yolaida Tuberquia y la actividad económica de Dairo de
Jesús Torres Sepúlveda con los testimonios practicados en el proceso.

Las entidades demandadas insistieron en que la víctima directa no estaba
registrada dentro de los beneficiarios de las medidas cautelares de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y tampoco solicitó medidas especiales
de protección. Agregaron que el deber de protección es una obligación de
medio y no de resultado.

2.6. En sentencia del 13 de octubre de 2020, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia para,
en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de su decisión dijo que los demandantes no acreditaron
que el señor Dairo de Jesús Torres Sepúlveda fuera miembro de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó en el momento en que fue
asesinado. Luego, no se probó que estuviera cobijado por las medidas
provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exigió
del Estado especial protección a los miembros de esta Comunidad.

Adicional a lo anterior, tampoco se acreditó que la víctima directa hubiera
solicitado medidas de protección de las autoridades. En consecuencia, los
agentes del Estado no podían prever que iba a ser objeto de un atentado por
parte de grupos armados al margen de la Ley.

Finalmente, manifestó que las pruebas del proceso no evidencian que la
población del municipio estuviera sin protección.

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La notificación de la providencia se surtió en edicto electrónico el 24 de enero
de 2022.

2.7. La providencia registró salvamento de voto del magistrado Jaime Enrique
Rodríguez Navas quien advirtió que los criterios de valoración probatoria en
casos de vulneración de derechos humanos deben ser flexibles. Contrario al
juicio de valoración que se expuso en la providencia, el cual calificó como
“desproporcional y rígido”.

3. Fundamentos de la acción

Los accionantes consideran que la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado incurrió en defecto fáctico, exceso ritual manifiesto y en
desconocimiento del precedente judicial al proferir la sentencia del 13 de octubre
de 2020.

Relativo al juicio de valoración probatoria destacó que en la solicitud de medida
provisional que se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
la Comunidad evidenció la omisión de las autoridades de proteger a sus miembros
en el tramo conocido como “tierra amarilla” en la vía que conduce del municipio de
Apartadó al Corregimiento de San José de Apartadó. A pesar de lo anterior, la
accionada desconoció las pruebas que acreditaban que el homicidio ocurrió en el
tramo de la ruta respecto del cual la CORIDH requirió al Estado protección.

De otro lado, la autoridad judicial de segunda instancia omitió aplicar la tesis de
flexibilidad probatoria desarrollada en la jurisprudencia del Consejo de Estado para
casos de graves violaciones a los derechos humanos. En su lugar, desplegó una
un razonamiento probatorio excesivamente rígido, perpetuando así la impunidad
en el caso concreto. Al respecto citó la ratio de la sentencia de tutela del 30 de
junio de 2017, con ponencia del magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés 4 y la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, con ponencia del magistrado
Ramiro Pazos Guerrero5.

Agregaron que en el curso del proceso se aportaron las pruebas que acreditan la
responsabilidad del Estado por la muerte del señor Dairo Torres Sepúlveda. En
sus palabras:
“(…) se presentan pruebas como las declaraciones de los testigos llamados por el
demandante, y los distintos pronunciamientos públicos hechos por la Corte Interamericana,
voceros de la comunidad de paz y acompañantes internacionales, en los cuales se
establecen claramente los dos aspectos necesarios para definir la responsabilidad del
Estado en la muerte del señor TORRES SEPULVEDA: Su carácter de miembro de la
Comunidad de Paz, y las omisiones del Estado en materia de seguridad contra esta
Comunidad y la zona donde reiteradamente ocurrían los atentados por parte de
paramilitares”

Los accionantes destacaron que no era dable poner en duda la calidad de líder
social de la víctima directa, porque esta condición le fue atribuida, incluso, por
quienes ejercían la vocería a nivel nacional e internacional de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó. Tampoco es aceptable que se negara la
previsibilidad del ataque, cuando meses antes la CORIDH solicitó al Estado
protección específica en la zona en la que posteriormente fue asesinado el señor
Torres Sepúlveda y que “esto no sea indicio o prueba suficiente acerca de la previsibilidad del
hecho criminal para el Estado.”

4 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Proceso nro. 11001-
03-15-000-2017 00836-00(AC) Actor: Jacob Reyes Arias.
5 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Plena Sección Tercera. Radicación
número: 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988) Actor: FELIX Antonio Zapata González.

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4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 6 de julio de 2022, el despacho del magistrado Milton Chaves
García admitió la acción de tutela interpuesta por Yolaida Tuberquia Torres,
Elizabeth Torres Tuberquia, Daniel de Jesús Torres Tuberquia, Leidy Daniela
Torres Tuberquia, Jesús Doraime Torres Sepúlveda, Jesús Alcides Torres
Sepúlveda, Roberto Emilio Torres Sepúlveda, Ana Edilma Torres Sepúlveda,
Ana Rubiela Torres Sepúlveda, Ana Geogina Torres Sepúlveda, Luz Marina
Torres Sepúlveda y José Ramiro Torres Sepúlveda contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C.

Además, vinculó, en calidad de terceros con interés a al Tribunal
Administrativo de Antioquia, a la Nación –Presidencia de la República-, -
Vicepresidencia de la República-, -Ministerio del Interior-, -Ministerio de
Justicia y del Derecho-, -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-, -Policía
Nacional-, - Fiscalía General de la Nación- y al Municipio de Apartadó, todos
estos sujetos procesales que actuaron en el proceso de reparación directa
Nro. 05001-23-31-000-2009-01136-00.

Finalmente requirió al Tribunal Administrativo de Antioquia la remisión del
expediente ordinario en copia digitalizada y dispuso la notificación de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo
610 del Código General del Proceso

4.2. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de profesional especializada
de la Dirección de Asuntos Jurídicos, solicitó que se declare la improcedencia
de la acción de tutela debido al incumplimiento de los requisitos de
subsidiariedad, de relevancia constitucional y de carga argumentativa
suficiente frente a las causales específicas de procedibilidad de mecanismo
constitucional.

Respecto del defecto fáctico destacó que la autoridad judicial accionada
valoró los medios de prueba en aplicación de las reglas de la sana crítica y
en ejercicio razonable de los principios de autonomía e independencia.

Frente al defecto sustantivo dijo que no se acredita su configuración, en tanto
que en la sentencia acusada se aplicó el marco jurídico apropiado y vigente
para decidir el caso particular. En la misma línea, indicó que no se advierte
en la sentencia acusada argumentación fáctica o jurídica que pueda
calificarse como excesivamente rigurosa.

Finalmente destacó que, la real pretensión de la parte actora es retrotraer, a
través de la acción de tutela, las etapas procesales que ya surtieron su
trámite para procurar una decisión favorable.

4.3. El Municipio de Apartadó (Antioquia), por conducto de apoderado judicial,
solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, debido a que
es necesario conservar la seguridad jurídica de las providencias y la
independencia y autonomía de las autoridades judiciales.

En su consideración la sentencia del 13 de octubre de 2020 no materializa
defecto alguno, por lo que debe permanecer incólume. En esa misma línea,
expuso que le asistió razón a la accionada al exponer que en el análisis de
responsabilidad del Estado omisión debe considerarse que la capacidad de
las autoridades no es ilimitada para combatir la acción de los grupos ilegales.
Advirtió que los agentes e instituciones del Estado no están obligados a lo
imposible.

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4.4. El Ministerio de Justicia y del Derecho, por conducto del director jurídico,
manifestó que no ha intervenido en los hechos y situaciones que
fundamentan la solicitud de amparo constitucional. Aclaró que las
pretensiones de la demanda involucran de manera específica a la Rama
Judicial debido a que el marco jurídico le asignó la función de desarrollo y
ejecución de los procesos.

En consecuencia, pidió que se declare su falta de legitimación en causa por
pasiva en atención a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

4.5. La Policía Nacional, a través del jefe del Área Jurídica, manifestó que el
juicio de valoración expuesto por la accionada en la sentencia del 13 de
octubre de 2020 atiende a un análisis coherente y congruente frente a la no
acreditación del nexo causal en el caso individual.

Destacó que, aunque el daño antijurídico se probó, no así su imputación al
Estado, debido a que la víctima directa no ostentaba la calidad de miembro
de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

En relación con las declaraciones con las que se pretendió probar la
vinculación de la víctima directa a la Comunidad, destacaron que no tenían
suficiente peso probatorio porque eran demasiado generales. De otra parte,
la confesión de la que fue su compañera permanente si resultó contundente
en cuanto a que el señor Torres Sepúlveda se había separado de la
Comunidad años atrás.

4.6. La Presidencia de la República, por conducto de apoderado judicial, solicitó
que se le desvincule del trámite constitucional debido a que sus
competencias y funciones no guardan relación alguna con los hechos y
pretensiones de la acción de tutela.

Como argumento subsidiario, solicitó que se declare la improcedencia de la
acción debido a que esa entidad no ha incurrido en vulneración de los
derechos fundamentales invocados por los accionantes.

4.7. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través
del ponente de la decisión, manifestó que la motivación de la sentencia del
13 de octubre de 2020 es suficiente para explicar la improcedencia del
amparo constitucional.

4.8. Inicialmente, la acción de tutela correspondió por reparto al conocimiento del
magistrado Milton Chaves García, pero al no obtener las mayorías
necesarias el proyecto fue derrotado. En consecuencia, el proceso fue
asignado al conocimiento del despacho ponente e ingresó para fallo el 31 de
agosto de la presente anualidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,

6 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.

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ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas
Corporaciones

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales7 y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional9 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen
de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para
no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de
legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al
debido proceso.

Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos
debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes
en el proceso.

Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial
proferida por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la
procedencia de la acción de amparo es más restrictiva debido a que estas
Corporaciones son las encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas
jurisdicciones, por lo que los principios de autonomía e independencia judicial
adquieren mayor relevancia. Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que,
como presupuesto adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la
providencia judicial atacada debe contener un error ostensible, manifiesto y
flagrante que riña de manera directa con la Constitución Política y que justifique la
intervención del juez constitucional.

Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias
causales especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la
providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la
Constitución Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

7 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de
sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término
prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de
una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia
atacada.
8 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y
viii) defecto por violación directa de la Constitución.
9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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3. Planteamiento del problema jurídico

La parte actora considera que, el juicio de valoración probatoria expuesto por la
accionada en la sentencia del 13 de octubre de 2020, incurrió en defecto fáctico y
en desconocimiento del precedente judicial. El primer cargo lo fundamenta en la
indebida valoración de los medios de prueba, en particular, de la declaración
jurada de la señora Yolaida Tuberquia Torres y de las pruebas que acreditaban la
relación del señor Dairo de Jesús Torres Sepúlveda con la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó. Relativo al desconocimiento del precedente judicial,
destacó que la accionada omitió la aplicación de la tesis de flexibilización
probatoria para casos de graves violaciones a los derechos humanos.

También acusan la indebida valoración de las Resoluciones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que dictó medidas provisionales a favor de
la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de las personas que tuvieran
vínculo de servicio con ésta y de un tramo vial que se estimó de especial riesgo
para la integridad de las personas que lo transitaban.

Así pues, el problema jurídico en el caso individual se concentra en establecer si la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en defecto
fáctico y desconocimiento del precedente judicial al proferir la sentencia del 13 de
octubre de 2020.

La Sala abordará el problema jurídico a partir de la siguiente estructura
argumentativa: (i) la Comunidad de Paz de San José de Apartadó su historia y las
dinámicas de violencia que la han afectado; (ii) Las medidas provisionales de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en procura de la protección de la
Comunidad de Paz; (iii) los pronunciamientos de la Corte Constitucional en
relación con la integridad de los miembros de la Comunidad y del cumplimiento
efectivo de las medidas provisionales; (iv) La tesis de flexibilización probatoria en
casos de graves violaciones de los derechos humanos en la jurisprudencia de la
Sección Tercera de esta Corporación; y (v) análisis sobre la configuración del
defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial en el caso individual.

4. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó: su historia, dinámicas
de violencia que la afectan y los pronunciamientos de la Corte
Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó se conformó el 23 de marzo de
1997, con la finalidad de constituirse como territorio neutral frente al conflicto
armado interno y la delincuencia común que proliferaba desde esa época y hasta
la actualidad en la zona del Urabá antioqueño. En su declaración, los miembros de
la Comunidad exigen a los actores violentos y al Estado que los dejen al margen
del conflicto y les permitan vivir y trabajar en paz10.

A pesar de su deseo de neutralidad frente al conflicto armado, en varias
providencias judiciales11 y Resoluciones de organismos regionales de protección

10 Cfr. https://cdpsanjose.org/la-historia-vivida/
11 Corte Constitucional. Sentencias T-327 de 2004 y T-1025 de 2007.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del
1° de abril de 2016. Proceso nro. 05001-23-31-000-2010-00292-02 (55079). M.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa. Caso de ejecución extrajudicial de miembros de la Comunidad de Paz de San José
de Apartadó; Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 14 de septiembre de 2017. Proceso nro.
05001-23-31-000-2002-00334-01(48588) B. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Masacre del 19 de
febrero de 2000 en los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso nro. SP1039-2018. Radicación 40098. M.P.
Eugenio Fernández Carlier. Esta sentencia guarda relación con los hechos en que fueron asesinados
algunos miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Se destaca el siguiente aparte de la
sentencia:
“Ellos, y los demás que estuvieron en el terreno, como GORDILLO SÁNCHEZ, cumplieron las
instrucciones y desarrollaron las operaciones siguiendo órdenes impartidas por los mandos militares a

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de derechos humanos, se ha registrado que los miembros de La Comunidad e
incluso las personas que les prestan servicios han sido objeto de afectaciones a
su seguridad, integridad personal y vida.

Con ocasión a la situación de violencia que ha afectado a los miembros de la
Comunidad de Paz, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio
de las facultades establecidas en el artículo 63.2 del Pacto de San José de Costa
Rica12, profirió medidas provisionales de protección. Inicialmente, estas
medidas fueron dictadas por el entonces Presidente de la Corporación en la
Resolución del 18 de junio de 2002 y, posteriormente, fueron ratificadas por la
Corporación en pleno en la Resolución del 24 de noviembre del 2000. Las
medidas provisionales han sido ratificadas por la CORIDH a través del tiempo. La
última que reporta en la página web de la Corte relativa a la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó es la del 5 de febrero de 201813.

Para el análisis del caso que nos ocupa, es importante destacar que la Corte
Interamericana, en la Resolución del 24 de noviembre del 2000, consideró que
debían ratificarse las medidas de protección que inicialmente habían sido
reconocidas frente a personas individualizadas en la Resolución del 18 de junio
del 2000, pero agregó que debían ampliarse a todos los miembros de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Esta determinación obedeció al
hecho de que varios miembros de la Comunidad no quisieron ser identificados por
temor a represalias. En consecuencia, al considerar diáfano que todos los
miembros corrían peligro en su integridad y vida por el hecho de pertenecer a la
Comunidad, estimó pertinente “(…) dictar medidas provisionales de protección en favor de
las personas ya protegidas por las medidas urgentes ordenadas por la Resolución del Presidente
de 9 de octubre de 2000, como también, por las razones expuestas en la audiencia pública
celebrada el 16 de noviembre de 2000, ampliarlas de tal manera que cubran a todos los miembros
de la referida Comunidad.”14

Posteriormente, en la Resolución del 18 de junio de 200215 la CORIDH ratificó las
medidas provisionales consistentes en que el Estado adelante medidas en procura
de garantizar la integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de
Paz y, agrega, de “todas las personas que prestan servicios a la misma” 16. En los
numerales octavo, noveno y décimo de la Resolución, la Corte explicó que las
personas que prestan servicios a la Comunidad, aunque no pertenezcan a ella,
han sido victimizados por esa labor, por lo que están en la misma situación de
riesgo. Como ejemplo, relacionó las personas que prestan el servicio de transporte
y destacó que “la mayoría de los actos de violencia recientes en contra de personas vinculadas
con la Comunidad de Paz se han presentado en “la carretera que conduce de Apartadó a San José

cargo, esto es, ORLANDO ESPINOSA BELTRÁN y JOSÉ FERNANDO CASTAÑO LÓPEZ, comandante y
Jefe de Operaciones del Batallón Militar, respectivamente. Esa conducta, en ejercicio de la función militar,
los llevó a unirse con un grupo ilegal, permitiendo con ese proceder la intervención de los paramilitares en
la ejecución de los actos delictivos que realizaron, así facilitaron los resultados delictivos en ese tránsito
por una zona en la que se utilizó el armamento bélico portado como efectivamente ocurrió respecto de los
homicidios, delitos que tienen relación directa y que se derivan de la finalidad y la acción ejecutada con
base en la alianza para el patrullaje, ese actuar de los militares regulares se convirtió en un apoyo y una
ayuda ilegal, eficaz y sustancial en el plan y la distribución de tareas asumidas entre ellos. Con esta
conducta, dejaron de ser autoridades legales instituidas para proteger la vida de los colombianos y se
convirtieron en un medio sustancial y coautores no solo para fomentar los fines de los paramilitares, sino
también para asumir como suyos los reatos contra la vida consumados efectivamente en varias personas.”
12 “2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las
personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que
considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá
actuar a solicitud de la Comisión.”
13 Las Resoluciones de las Medidas Provisionales dictadas en este caso se pueden consultar en el siguiente
enlace: https://www.corteidh.or.cr/medidas_provisionales.cfm
14 Cfr. https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/apartado_se_02.pdf
15 Cfr. https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/apartado_se_03.pdf
16 En el numeral de la parte Resolutiva del documento, al respecto, se lee: “2.Requerir al Estado que adopte
las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de todas las personas que
prestan servicios a los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en los términos de
los considerandos octavo, noveno y décimo primero de la presente Resolución.”

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de Apartadó, en la terminal de transporte de Apartadó y en el sitio Tierra Amarilla”, donde ha
estado operando un retén”17 (Subraya la Sala). A juicio de la Corte, aunque estas
personas no están determinadas, si pueden ser individualizadas e identificadas en
razón al “vínculo de servicio que tienen con dicha Comunidad”, por lo que estimaron que
debían ser protegidas por el Estado.

En razón a lo anterior, en el numeral quinto de la Resolución en comento también
se requirió al Estado para que garantizara las condiciones de seguridad en
determinadas rutas del municipio de Apartadó, así:
“Requerir al Estado que garantice las condiciones de seguridad necesarias en la ruta entre
San José de Apartadó y Apartadó, en la terminal de transporte de Apartadó y en el sitio
conocido como Tierra Amarilla, tanto para que los transportes públicos de personas no sean
objeto de nuevos actos de violencia, tales como los descritos en la presente Resolución
(supra Visto 6 y 13 ), así como para asegurar que los miembros de la Comunidad de Paz
reciban y puedan transportar de manera efectiva y permanente productos, provisiones y
alimentos.”

Las medidas de protección antes reseñadas fueron reiteradas en la Resolución del
15 de marzo de 200518.

Los actos de violencia a los que se ha visto sometida la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó también han sido estudiados en la jurisdicción interna del
Estado. En la sentencia T-327 de 200419, la Corte Constitucional indicó que en
ese expediente no se acreditó que el Ejército Nacional hubiera implementado
medidas especiales de protección en favor de la Comunidad de Paz, situación que
exigía del juez constitucional la adopción de decisiones para proteger los derechos
humanos de sus miembros y colaboradores.

Como consecuencia de ello, encontró necesario, de manera transitoria mientras
concluía el procedimiento de medidas provisionales a nivel nacional, impartir
órdenes regionales encaminadas a aminorar el temor de los habitantes de San
José de Apartadó y de quienes tienen vínculos de servicio con la Comunidad de
Paz. Se destacan los siguientes extractos de la parte resolutiva de la sentencia:
Primero : Revocar la sentencia del Tribunal Superior de Antioquia, Sala de decisión penal,
de fecha 10 de julio de 2003, en la acción de tutela presentada por Javier Giraldo Moreno,
S.J, coadyuvada por la Defensoría del Pueblo, contra el General Pauxelino Latorre Gamboa,
Comandante de la XVII Brigada del Ejército Nacional, con sede en Carepa, Antioquia, y en
su lugar,
1. Cumplir, en el ámbito territorial de competencia de la Brigada, los requerimientos
impuestos al Estado colombiano por la Resolución de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 18 de junio de 2002, sobre “Medidas Provisionales solicitadas
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de Colombia – Caso
de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”, en beneficio de las personas que
fueron objeto de medidas cautelares por la mencionada Corte, es decir, los miembros
de la Comunidad de Paz y las personas que tengan un vínculo de servicio con esta
Comunidad (…)
5. El Comandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional, o quien haga sus veces,
asume bajo su responsabilidad, la garantía y protección de los derechos fundamentales
que adelante se indican, de los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó y de las personas que tienen vínculos con ella. Para tal efecto, debe adoptar
las decisiones que sean necesarias para garantizar su seguridad personal. Bajo su
responsabilidad tiene la protección de los derechos a la vida, integridad personal,
seguridad personal, libertad de locomoción, a la privacidad del domicilio y a la intimidad
de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de quienes tienen
vínculos de servicio con la Comunidad, dándole cumplimiento, en todo caso, a las
órdenes judiciales.”

17 Óp. Cit nro. 15.
18 Cfr. https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/apartado_se_05.pdf
19 Sala Segunda de Revisión. Con ponencia del magistrado Alfredo Beltrán Sierra.

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Más adelante, en la sentencia T-1025 de 200720, se indicó que, en la acción de
tutela presentada por la Comunidad, la parte actora informó sobre la ocurrencia de
al menos 588 agresiones de las que habían sido víctima en el periodo
comprendido entre 1997 y 2005. Dadas estas cifras y la información que la
soportó, la Corte Constitucional declaró que existían claros indicios que
respaldaban la necesidad de protección que se cernía sobre la Comunidad y de
asegurar que la investigación y condena de los responsables no quedara en la
impunidad. Destacó la Corte que los responsables de estos delitos debían ser
sancionados y se debía asegurar la garantía de los derechos a la reparación
integral de las víctimas.

Sobre las afectaciones que han sufrido los miembros y colaboradores de la
Comunidad y sobre la efectividad de las medidas provisionales de la CORIDH, en
la parte motiva de la providencia se indicó:
“23. La lectura del acápite de pruebas de esta sentencia permite llegar a la conclusión de
que, a pesar de los importantes esfuerzos e inversiones realizados en el corregimiento, no
se ha logrado cumplir con el propósito de las medidas cautelares decretadas en distintas
ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos […]
El objetivo fundamental de las medidas provisionales es que se “prote[ja ] eficazmente la
vida e integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó.” Los reportes sobre asesinatos que constan en el expediente dan constancia clara
de que ese resultado no se ha obtenido. Así lo demuestran diversos hechos sucedidos
desde el año 2005, entre los cuales se encuentran: el 21 y 22 de febrero de 2005 ocurrió la
masacre en la que fue asesinado el líder de la Comunidad Luis Eduardo Guerra, junto con
otras 7 personas, 3 de ellos niños; el 17 de noviembre de 2005 fue asesinado Arlén Rodrigo
Salas David y herido Hernán Góez; el 26 de diciembre de 2005 fueron asesinados seis
jóvenes en la vereda La Cristalina; el 12 de enero de 2006 fue asesinado Edilberto Vásquez
Cardona; el 15 de marzo de 2006 fue encontrado el cuerpo de Nelly Johanna Durango,
quien había desaparecido días antes. Y en el año de 2007 han sido asesinados Francisco
Puerta (el 14 de mayo), Dairo Torres (el 13 de julio) y Héctor Jaime Orozco (el 18 de
septiembre), los dos primeros líderes de la Comunidad de Paz, según ésta misma afirma.
[…]
25. Los datos atrás mencionados permiten concluir, sin duda alguna, que el Estado
colombiano no ha cumplido con su deber de sancionar los delitos de que han sido víctimas
los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. A pesar de la gravedad de
los crímenes cometidos contra la Comunidad de Paz y de que muchos de ellos sucedieron
hace ya un buen número de años, según la información remitida por la misma Fiscalía,
todavía no existen condenas por esos delitos. 21” (Subraya la Sala)

En esta providencia la Corte concluyó que el Estado de Colombia desconoció los
derechos al acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad de la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó en lo relativo a la investigación y sanción de los
graves hechos de los que han sido víctimas durante varios años. Al respecto,
destacó que en la Fiscalía General de la Nación cursan investigaciones por más
de 100 homicidios contra los miembros de esta Comunidad. Esto, en
consideración de la Corte, da cuenta de que “el Estado no ha hecho lo suficiente para
impedir que la Comunidad haya sido víctima de tantos crímenes.”

También se registró la manifestación del accionante en el sentido de que los
miembros de la Comunidad han perdido la confianza en las autoridades del
Estado, porque sus declaraciones “sólo han servido para que muchos de los declarantes

20 Sala Segunda de Revisión. Con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa.
21 Además, en el cuadro aportado por la Fiscalía solamente se encuentra un proceso en el que se dictó
resolución de acusación por un delito diferente al de rebelión. Sin embargo, no escapa a la Sala de
Revisión que, en enero de 2007, la Fiscalía dictó una resolución de acusación contra varios miembros de
la Fuerza Pública por el asesinato de Edilberto Vásquez, ocurrido en enero de 2006. También conoce la
Sala de Revisión que, en febrero de 2007, la Fiscalía llamó a indagatoria a 69 militares dentro de la
investigación del asesinato del líder de la Comunidad de Paz Luis Eduardo Guerra Guerra y otras siete
personas más, ocurrido en febrero de 2005. Igualmente, en los últimos días, se ha hecho pública la noticia
sobre la medida de aseguramiento dictada contra un capitán del ejército, con ocasión de la misma
investigación.

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sean asesinados, perseguidos, amenazados o desplazados, pero jamás para que los culpables
sean sancionados ni las víctimas reparadas” . Establecido esto, la Corte consideró que
aunque la Comunidad tiene motivos para desconfiar de las instituciones debido a
que los crímenes de los que han sido víctimas han quedado en la impunidad,
llamó la atención en la necesidad de obtener su ayuda para el esclarecimiento de
los hechos. No obstante, destacó que esta colaboración debe ser “voluntaria,
amparada por una protección efectiva, no generar retaliaciones y obedecer a un nuevo clima de
confianza, algo que esta Sala de Revisión sabe que es difícil de construir.”

En esta sentencia se ampararon los derechos de acceso a la información que
reposa en el Estado, como por violación del derecho de acceso a la justicia, a la
verdad y a la reparación de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó. Como consecuencia de lo anterior, se dictaron órdenes tendientes a
garantizar la vida e integridad personal de los miembros de la Comunidad y de las
personas que les prestan servicios, así como para propender por la garantía de
sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.

5. La tesis de flexibilización probatoria en casos de graves violaciones de
derechos humanos en la jurisprudencia de la Sección Tercera

La Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2014 (32988), estableció la posibilidad de flexibilizar las reglas de
apreciación y de valoración probatoria en los eventos de responsabilidad del
Estado por graves violaciones de los derechos humanos. En esta oportunidad se
destacó que las víctimas de la violencia suelen quedar en desventaja en lo relativo
a la carga de la prueba y corresponde al juez ordinario, en aplicación del principio
de equidad, adoptar las medidas necesarias con miras a garantizar el equilibrio
probatorio. Esta desventaja también se refuerza en la impunidad en la que
terminan las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación.

En palabras textuales de la Sección especializada:
“7.4.1. Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa inexorable realidad, deberá
acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e
inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la
verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad,
justicia y reparación de las personas afectadas.

7.4.2 Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones de derechos
humamos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se rompe el principio de la
dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes acceden al proceso en
igualdad de condiciones y armas, pues en estos eventos las víctimas quedan en una relación
diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen al juez de
daños la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares
probatorios”

En la providencia en comento y otras que ratifican la tesis de flexibilidad
probatoria22, también se recordó que, el sistema de libertad probatoria que se
aplica en el ordenamiento jurídico colombiano, salvo contadas excepciones,
implica que los hechos objeto de litigio se pueden probar a través de cualquiera de
los medios de prueba que resulten útiles para procurar el convencimiento de la
autoridad judicial (art. 175 CPC). Es decir, que desecha los sistemas de tarifa legal
o la rigurosidad probatoria.

También resulta relevante, a efectos de determinar el alcance de la tesis de
flexibilidad probatoria, considerar la sentencia del 23 de marzo de 201723 en la que

22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del
31 de agosto de 2017. Proceso nro. 13001-23-31-000-2001-01492-01(41187). M.P. Ramiro Pazos
Guerrero.
23 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 23 de marzo de 2017. Radicación:
05001-23-31-000-2006-03647-01 (50941). C.P. Hernán Andrade Rincón.

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la Sección Tercera de esta Corporación se refirió a la importancia de la prueba
indiciaria para decidir los casos de graves violaciones de derechos humanos.

De la sentencia en comento se extracta:
“2.4. La prueba indiciaria en casos de violaciones graves de derechos humanos 24.
No resulta extraño, en modo alguno, que los jueces puedan llegar a encontrar acreditados
los supuestos de hecho de una demanda por vía de medios probatorios indirectos, siempre y
cuando se cumpla con los requisitos que en esos casos se hace preciso. Sobre tal proceso
de inferencia lógica la Corte Suprema de Justicia ha precisado que,
<<El indicio es un medio de prueba crítico, lógico e indirecto, estructurado por el
juzgador a partir de encontrar acreditado por otros medios autorizados por la ley, un
hecho del cual razonadamente, y según las reglas de la experiencia, se infiera la
existencia de otro hasta ahora desconocido que interesa al objeto del proceso, el cual
puede recaer sobre los hechos, o sobre su agente, o sobre la manera como se
realizaron, cuya importancia deviene de su conexión con otros acaecimientos fácticos
que, estando debidamente demostrados y dentro de determinadas circunstancias,
permite establecer, de modo más o menos probable, la realidad de lo
acontecido>>25.(subraya la Sala)

Entonces, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha
construido una tesis de flexibilización probatoria aplicable a casos de graves
violaciones de derechos humanos que exige al juez administrativo, atendiendo a la
situación de conflicto armado del país y a las características de cada caso,
despojar la valoración probatoria de la excesiva rigurosidad y formalismo e,
incluso, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos o inferencias
lógicas en aplicación de las máximas de la experiencia26. Lo anterior, con el
propósito de hacer prevalecer los derechos a la verdad y a la reparación de las
víctimas de graves violaciones de derechos humanos, dado el escenario de
inequidad probatoria al que suelen estar expuestas.

6. La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado incurrió en
defecto fáctico y en desconocimiento del precedente judicial en la
sentencia del 13 de octubre de 2020

Esta Sala considera que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico
y en desconocimiento del precedente judicial, porque valoró el acervo probatorio
con excesiva rigurosidad, en claro desconocimiento de la tesis de flexibilización
probatoria, desarrollado por la jurisprudencia antes relacionada, y porque
desconoció el valor probatorio que en casos como el que se analiza debe dársele
a la prueba indiciaria e indirecta.

Previo a exponer los argumentos que sustentan esta afirmación, se estima
necesario hacer referencia a la ratio de la sentencia acusada con miras identificar
el juicio probatorio que fundamentó la determinación de revocar la sentencia
condenatoria de primera instancia para, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda.

6.1. La sentencia del 13 de octubre de 2020: fundamentos probatorios

En el acápite de hechos probados la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado descartó la valoración de varios medios de convicción por
considerar que no superaban los requisitos legales para poder respaldar los
supuestos de hecho en discusión.

24 En similares términos consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de
septiembre de 2016, Exp. 34.349 y la proferida el 2 de abril de 2013, Exp. 27.067, entre otras.
25 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 26 de octubre de 2000, Exp. 15610.
26 En similar sentido, la sentencia de tutela del 30 de junio de 2017, proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado dentro del proceso nro. 11001-03-15-000-2017-00836-00(AC). M.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés.

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A continuación, se relacionan algunos de los medios de prueba y los argumentos
que respaldaron la decisión relativa a su poder de convicción o posibilidad de
apreciación. Veamos:

Medio de prueba Juicio de valoración
La autoridad judicial decidió no valorarlos. Dijo que las
impresiones de los mensajes de datos desconocen la
Impresiones de páginas web y exigencia de conservación y no permiten establecer la
1 correos electrónicos confiabilidad de la información.
Numeral 7 de la sentencia Como fundamento de lo anterior, señaló los principios
de confiabilidad, rastreabilidad e integridad
consagrados en la Ley 527 de 1999.

Sobre la prueba, dijo: “no es posible trasladarlas a este
proceso, en los términos del artículo 185 CPC.”
Como fundamento de lo anterior, señaló que el artículo 374
Expediente penal de la
del CPP, exige que la prueba, para serlo, debe ser solicitada
investigación por homicidio de o presentada en audiencia preparatoria para ser practicada
2 Dairo de Jesús Torres Sepúlveda en juicio oral. “Como el expediente penal, anexo en este
Numeral 8 de la sentencia proceso, contiene solo la etapa de investigación, en él no
existen pruebas debidamente practicadas a la luz de la
legislación procesal penal.” (Destaca la Sala).

Declaraciones contenidas en las La autoridad accionada decidió no valorarla, porque no
3 versiones libres e indagatorias cumplía con el requisito del 277 del CPC, dado que no
fue recibida bajo la gravedad del juramento.
Numeral 9 de la sentencia

La autoridad judicial decidió valorar el medio de
prueba porque “se recibió bajo la gravedad del
juramento (art. 208 CPC)”
La declaración hace parte de la “investigación
adelantada por la Fiscalía seccional noventa y siete en
desarrollo del programa metodológico adelantado en el
marco de la investigación por el homicidio de Dairo de Jesús
Torres Sepúlveda.”
En la sentencia acusada se indicó que la declaración
que rindió la señora Tuberquia Torres corresponde a
una confesión extrajudicial de acuerdo con el
artículo 194 del CPC.
Expuso que la declaración versó sobre los hechos que
producen efectos adversos en la confesante y relató
hechos de los que tenía conocimiento.
Asimismo, que se trató de una declaración “expresa,
Declaración rendida por Yolaida
consciente y libre y se encuentra debidamente probada,
Tuberquia Torres – compañera pues fue trasladada del proceso penal adelantado por la
4 permanente de la víctima directa muerte de Dairo de Jesús Torres Sepúlveda [núm. 10 y
Numerales 11 y 19.2 de la 11].” (Destaca la Sala)
sentencia Relativo al contenido de la declaración, en la sentencia
se indicó:
“Yolaida Tuberquia Torres -compañera permanente de
Torres Sepúlveda- narró que (…) Torres Sepúlveda
trabajaba en la “agricultura”, había comprado una finca en la
vereda Altobonito -que no hacía parte de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó- y sembraba frijol, maíz y
yuca, pero “no era líder de ninguna comunidad, trabajó con
ellos un tiempo y después se mandó a borrar, porque la
Comunidad de Paz hace grupos y los pone a trabajar y como
no salen con nada la gente se aburre”. Precisó que Torres
Sepúlveda se había retirado aproximadamente en abril de
2006 de la Comunidad de Paz, que él no lideraba un grupo y
sobre los miembros de la Comunidad de Paz narró que iban
a ayudarles a arreglar el camino “pero era muy pantanoso” y
“fueron una vez, pero no fueron más”. Al final afirmó que
todo el tiempo que convivió con Torres Sepúlveda, él
trabajaba en agricultura y no recibió amenazas”

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Medio de prueba Juicio de valoración
Los documentos extendidos en
idioma extranjero La autoridad judicial decidió no valorarlos porque no
5 están traducidos, conforme lo exige el artículo 260 del
Numeral 13 de la sentencia CPC.
acusada

Indicó que, en la parte considerativa de la Resolución
del 17 de diciembre de 2007, la CORIDH hizo
referencia a la intervención en la que el representante
de los beneficiarios de las medidas de protección
afirmó que Dairo de Jesús Torres Sepúlveda era
integrante de la Comunidad de Paz y que fue
presuntamente asesinado por un grupo paramilitar.
También señaló que en el documento la CORIDH hizo
Resoluciones de la CORIDH del 9
énfasis en la necesidad de informar el número de
de octubre del 2000, del 18 de
personas que conforman la Comunidad de Paz para la
junio de 2002 y del 17 de
6 correcta implementación de las medidas.
diciembre de 2007
A pesar de lo anterior, precisó que “La información
Numerales 14 y 17 de la proporcionada por el representante de la Comunidad de Paz
sentencia acusada ante la Corte Interamericana es un alegato de la parte en
ese trámite y no una decisión de la Corte. Ese alegato no
acredita que Dairo de Jesús Torres Sepúlveda, fuera
miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó,
pues la Corte Interamericana precisamente consideró
necesario realizar una audiencia para obtener información
actualizada sobre el número de personas que integraban
esta comunidad, con el fin de implementar correctamente las
medidas de protección ordenadas.”

Documentos de diferentes En estos documentos se indica que el señor Dairo
organizaciones no Torres Sepúlveda hacía parte de la Comunidad de Paz
gubernamentales-ONG y de San José de Apartadó y que fue asesinado el 13 de
personas naturales que hacen junio de 2007, por grupos ilegales. Sobre su poder
parte de los procesos suasorio, la accionada indicó en la sentencia:
disciplinarios adelantados por la “Estos documentos, provenientes de terceros y de contenido
Procuraduría General de la declarativo, incluyen una relación de hechos sobre la muerte
de Dairo de Jesús Torres Sepúlveda y su pertenencia a la
7 Nación. Estos solicitaron que se
Comunidad de Paz de San José de Apartadó. No adjuntan
investigara el homicidio de Dairo soportes que permitan acreditar las circunstancias allí
de Jesús Torres Sepúlveda y narradas, no señalan cual es el fundamento de sus
afirmaron que era miembro de la afirmaciones sobre la forma en que murió Dairo de Jesús
Comunidad de Paz de San José Torres Sepúlveda o la supuesta participación del ejército, ni
de Apartadó. su pertenencia o el vínculo de servicio con la Comunidad de
Numeral 18 de la sentencia Paz de San José de Apartadó. (…) Las afirmaciones allí
contenidas corresponden a apreciaciones subjetivas y
acusada suposiciones sin fundamento probatorio.

La autoridad accionada no hizo referencia a su poder
de convicción, sino que se restringió a mencionar su
contenido en las siguientes palabras:
Petición presentada por Javier
“Conforme al documento, el 13 de julio de ese año Dairo de
Giraldo Moreno, líder de la
Jesús Torres Sepúlveda se transportaba en un vehículo de
Comunidad, el 1° de octubre de servicio público en la carretera hacia San José cuando fue
2007. interceptado por dos paramilitares que lo asesinaron; y la
Esta petición fue aportada por la “fuerza pública aseguró” que Dairo de Jesús Torres
8 Unidad Nacional de Protección en Sepúlveda no era miembro de la Comunidad de Paz de San
cumplimiento del exhortó del José de Apartadó con fundamento en “dudosas
declaraciones de una hermana del él que no vivía con su
Tribunal que conoció el proceso
familia”. Según la petición, Torres Sepúlveda era
en primera instancia coordinador de la zona humanitaria de Alto Bonito (ubicada a
Numeral 19.1 de la sentencia cuatro horas de San Josecito), era líder de la comunidad -a
acusada la cual estaba integrado desde 2004- y participaba
activamente en las asambleas y reuniones. Javier Giraldo
Moreno solicitó adoptar medidas y correctivos frente a los
hechos ocurridos en la Comunidad de Paz.”

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Medio de prueba Juicio de valoración
Documento del 9 de febrero de La accionada destaca que, en la denuncia, se informó
2009 suscrito por José Ramiro que Dairo de Jesús era coordinador de la zona
Torres Sepúlveda -hermano de humanitaria de Alto Bonito desde el año 2004, que
Dairo de Jesús Torres Sepúlveda- trabajaba para la comunidad y que fue “artífice” del
en el que denuncia que las proceso de la Comunidad de Paz de San José de
omisiones de la fuerza pública Apartadó.
fueron determinantes en la muerte La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
9 del señor Dairo. de Estado restó poder de convicción a este medio de
Este documento hace parte del prueba porque “no se aportaron soportes de las
proceso disciplinario que se afirmaciones allí contenidas sobre la pertenencia de Torres
adelantó ante la Procuraduría Sepúlveda a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
General de la Nación o su participación en el proceso de conformación y
desarrollo de la misma.”
Numeral 19.1 de la sentencia
acusada
La accionada expuso el siguiente juicio frente a los
testimonios:
“Luz Marina Graciano, Miryam Tuberquia Valderrama, María
Johanna Largo Tuberquia, María Johanna Largo Tuberquia y
Rubén Darío Díaz Lotero -vecinos y conocidos de la víctima-
declararon que Dairo de Jesús Torres Sepúlveda trabajaba,
además de agricultor, como líder comunitario y comerciante
de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y era
coordinador de la zona humanitaria de Alto Bonito (f. 176-
180 c. 4). En su declaración, Gloria Emilse López David no
Los testimonios de Luz Marina se refirió a trabajos con la Comunidad de Paz de San José
de Apartadó (f. 179 c. 4). Rafael Antonio Guerra Rodríguez -
Graciano, María Johanna Lago también vecino de Dairo de Jesús Torres Sepúlveda indicó
Tuberquia, Miryam Tuberquia que este trabajó un tiempo con la Comunidad de Paz de San
Valderrama, Rafael Antonio José de Apartadó y que “a él lo pusieron” como coordinador
Guerra Rodríguez, Gloria Emilse de una zona humanitaria de Alto Bonito (f. 178 c. 4).
López David, Ramón Emilio Aunque los declarantes coinciden en asegurar que Dairo de
10
Guerra Carvajal y Rubén Darío Jesús Torres Sepúlveda era un campesino, se aprecian
Díaz Lotero Esta prueba se inconsistencias frente a su pertenencia a la Comunidad de
practicó a través de un despacho Paz de San José de Apartadó. El dicho de los declarantes es
comisorio vago e impreciso, pues no relataron las circunstancias de
Numeral 19.1 de la sentencia modo, tiempo y lugar en que conocieron las actividades de
acusada Torres Sepúlveda como miembro de la Comunidad de Paz.
No describieron las actividades que realizaba ni cuándo o
durante qué época las realizó. Tampoco precisaron el motivo
por el cual conocieron esas actividades, pues ninguno
precisó si hacían parte de la Comunidad de Paz, si
recibieron apoyo de la misma o si Dairo de Jesús Torres
Sepúlveda como “líder de la zona” les prestó colaboración o
apoyo, a pesar de que todos manifestaron que eran sus
vecinos. De ahí que estas declaraciones no permiten
concluir que Torres Sepúlveda pertenecía a la Comunidad
de Paz.”

De acuerdo con el juicio de valoración antes reseñado, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó que en el proceso se acreditó
que el señor Dairo de Jesús Torres Sepúlveda fue asesinado con arma de fuego
en la carretera que conduce del municipio de Apartadó al corregimiento de San
José de Apartadó. No obstante, destaca que no se acreditó que la víctima directa
fuera miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en el momento
en que ocurrieron los hechos y, por lo tanto, que estuviera amparado por las
medidas provisionales de la CORIDH. Asimismo, dijo que no se acreditó que
hubiera solicitado protección a las autoridades competentes ni que pesara alguna
amenaza en contra de su integridad.

Finalmente, manifestó que no se probó que el municipio hubiera estado sin
protección el día de los hechos.

En la sentencia, en consecuencia, se aseveró:

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“Según el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 CCA,
quien alega un daño debe demostrar su ocurrencia para que se produzca el efecto
pretendido, ya que la sola afirmación de la demandante no es suficiente para acreditarlo.
Como según las pruebas aquí practicadas no se probó omisión por parte de la demandada
en el deber de protección de la vida de Dairo de Jesús Torres Sepúlveda, no se configuró
una falla del servicio. Por ello, la Sala revocará la decisión de primera instancia.”

6.2. Consideraciones de la Sala frente al juicio de valoración probatoria de
la sentencia del 13 de octubre de 2020

6.2.1. Del razonamiento probatorio expuesto en la sentencia acusada deriva que, el
principal medio de convicción que fundamentó la decisión de declarar no
probada la vinculación del señor Dairo Torres Sepúlveda con la Comunidad
de Paz, es la declaración jurada de la señora Yolaida Tuberquia, con quien la
víctima sostuvo una relación hasta meses antes de su deceso.

Es pertinente precisar que esta declaración jurada hace parte del expediente
de la investigación penal que pretendió ser trasladado al proceso de
reparación directa, pero que fue descartado como prueba debido a que no
cumplía con los requisitos del artículo 18527 del CPC (Supra cuadro numeral
4). En la sentencia se indicó que el expediente solo contenía la etapa de
investigación, por lo que en él no existían pruebas debidamente practicadas
a la luz de la legislación penal que pudieran trasladarse. Esto conforme lo
indica el artículo 37428 del Código Procesal Penal.

A pesar de que la accionada expuso en la sentencia del 13 de octubre de
2020, la imposibilidad de trasladar el expediente penal, más adelante en la
providencia, indicó que tendría como prueba la declaración jurada que rindió
Yolanda Tuberquia, precisamente, en la etapa de investigación e indagación
del proceso penal. Como fundamentación para traerla al proceso, dijo que se
trata de una declaración rendida bajo juramento.

Existe, entonces, una contradicción respecto de la declaración jurada, pues,
de una parte, se indica que al tratarse de elemento material probatorio que
no fue anunciado ni introducido en juicio oral no puede ser trasladado al
proceso de reparación directa. Pero, posteriormente, la accionada decide
tenerla como prueba, porque fue rendida bajo juramento.

La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia se han pronunciado
sobre el alcance de la declaración jurada rendida en la etapa de indagación e
investigación ante funcionario de la policía judicial o ante fiscal. En la
sentencia C-673 de 200529, el Tribunal Constitucional precisó que la
declaración de testigo o informante, “(…) no por el hecho de rendirse bajo juramento
se convierte en una prueba, puesto que de acuerdo con el nuevo sistema procesal penal,
salvo las excepcionales pruebas anticipadas, prueba es únicamente aquella producida
directamente en el curso de un juicio oral, público, concentrado y con todas las garantías.”
Destacó que estas garantías, son las que marcan la diferencia entre medio
de prueba propiamente dicho y los materiales probatorios y evidencia física
que se recolectan en el curso de los actos de investigación.

En similar sentido, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia manifestó
que la declaración jurada no es una prueba en sí misma porque es
practicada fuera de juicio. En sus palabras textuales:

27 Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en
copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren
practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella. (Subraya la Sala)
28 Oportunidad de pruebas. Toda prueba deberá ser solicitada o presentada en la audiencia preparatoria,
salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 357, y se practicará en el momento correspondiente del
juicio oral y público.
29 Con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas Hernández.

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“De tal forma que los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas
recaudadas en las anteriores etapas del proceso -indagación e investigación-, si bien
sirven de soporte para imponer medidas de aseguramiento o medidas cautelares, o
para restringir otros derechos fundamentales, no tienen efecto por sí mismos en el
juzgamiento, es decir, no sirven para fundamentar una sentencia, pues ésta, se
reitera, ha de estar soportada en las pruebas aducidas durante el juicio oral, de
acuerdo con el principio de inmediación inserto en el artículo 379 del Código de
Procedimiento Penal de 2004, que señala que el “juez deberá tener en cuenta como
pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia.
La admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional
[…] sin embargo cuando son recogidas y aseguradas por cualquier medio pueden
servir en el juicio para dos fines específicos: a) para refrescar la memoria del testigo
(artículo 392-d) y b) para impugnar la credibilidad del mismo ante la evidencia de
contradicciones contenidas en el testimonio (artículos 347, 393-b y 403) […]
Pero esa exclusión de valor probatorio, no es absoluta, y deja de tener efectos
negativos, en la medida que aquellos se incorporen al juicio oral con respeto a los
procedimientos de la cadena de custodia, a los postulados de oportunidad,
inmediación, publicidad y contradicción, principios que de igual deben cumplir las
declaraciones dadas en la investigación por el imputado o el testigo o en la propia
audiencia del juicio oral”30

Entonces, estando claro que la declaración que se recolecta en etapa de
indagación no cumple con los requisitos para considerarse prueba en sí
misma ni, aunque se haya rendido bajo juramento, es claro para la Sala que
este medio de prueba estaba cobijado bajo la regla de exclusión que expuso
la accionada en el numeral octavo de la sentencia. Es decir, que no era
posible su traslado al proceso contencioso porque no cumplía con los
requisitos del artículo 185 del CPC.

Adicional a lo anterior, aun asumiendo que el medio de prueba podía ser
traído al proceso a pesar de la regla de exclusión que expuso la misma
autoridad, esta Sala considera que fue valorada de manera indebida.

La Sala estima que tomar la declaración jurada, que no tiene aptitud de
prueba en el proceso penal, con efectos de confesión para el proceso de
reparación directa resulta desproporcionado. Considérese, por ejemplo, que
la declaración de parte con fines de confesión que se hace a instancias del
proceso está rituada por las formalidades y garantías propias del
interrogatorio, en el que, por demás el declarante está acompañado por su
apoderado y la diligencia instruida por el juez de la causa. Escenario
diferente al del medio de prueba bajo análisis.

Claro, no se desconoce que la confesión puede ser judicial o extrajudicial,
conforme lo establece el artículo 194 del CPC, pero esta Sala estima que, en
el segundo evento debe considerarse la declaración en conjunto con el
escenario, contexto y tiempo en el que se rindió, así como la razones que la
motivaron. De este análisis en contexto de la alegada confesión extrajudicial
dependerá que se consideren cumplidos los requisitos de que la
manifestación sea expresa, consciente y libre.

En relación con el valor probatorio de la confesión extrajudicial, el Consejo de
Estado31 expuso:
“Conforme a la doctrina, la fuerza probatoria de la confesión extrajudicial depende en
gran parte, no del hecho de la confesión en sí, sino de la naturaleza y circunstancias
que la rodean en el momento de hacerlas; y fundamentalmente del ánimo confitendi y

30 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Providencia de 9 de noviembre de 2006. Rad. 25.738.
M.P. Sigifredo Espinoza Pérez. Providencia del 24 de marzo de 2010. Rad. 32.730 M.P. Yesid Ramírez
Bastidas.
31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 19 de enero
de 1993. Radicación nro. 0813. M.P. Miguel Viana Patiño.

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la finalidad que la motivó. El reconocimiento de los hechos que la constituyen debe
derivarse de un acto consciente y libre realizado en la convicción de estar
suministrando una prueba cuyo alcance produce, o puede producir, un real
menoscabo del patrimonio jurídico, material o moral del confesante.”

En línea con lo anterior, considera la Sala que la valoración de esta
declaración debió hacerse en conjunto con los demás medios de prueba a
efectos de determinar su poder de convicción frente el supuesto de hecho en
discusión, esto es: la vinculación de la víctima directa con la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó.

Para determinar el poder de convicción de este medio de prueba era
importante considerar las dinámicas de violencia por las que atravesaba los
pobladores del municipio de Apartadó y los miembros de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó, conforme los medios de prueba aportados al
proceso y las providencias y resoluciones de las autoridades y órganos que
los registraron.

Así pues, en la valoración del medio de prueba era importante tener en
consideración el temor y desconfianza que habían expresado los pobladores
del municipio y miembros de la Comunidad de Paz de reconocer su
vinculación con ésta, debido a que habían sido objeto de represalias y
persecuciones en razón a esa pertenencia. Además, también se registró la
falta de confianza en los fiscales y jueces penales derivados de la impunidad
que ha caracterizado las investigaciones por los delitos en su contra.

Así quedó registrado en la Resolución del 15 de marzo de 2005, previo al
asesinato de la víctima directa, proferida por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en los siguientes términos:
“15. Los alegatos expuestos por los representantes en la referida audiencia pública, en
los cuales señalaron, inter alia, que:
c) la población de la zona que se somete a la Comunidad de Paz en busca de
protección no se atreve a formalizar su afiliación por el temor a la persecución del
Estado, dado que sus miembros y líderes han sufrido numerosos ultrajes, y han
sido objeto de numerosos crímenes. Es preciso que se comprendan los principios
en que se basa la existencia de la Comunidad. El 12 de noviembre de 2002 los
representantes presentaron una denuncia por los 301 crímenes de lesa
humanidad cometidos contra los miembros de la Comunidad de Paz ante el
Fiscal General de la Nación, sin que la denuncia haya tenido seguimiento;
d) desde finales de 1996, cuando se comenzó a conformar esta Comunidad de Paz
y hacer la declaratoria de no participación en el conflicto armado, han sido
registradas más de 500 agresiones criminales, las cuales fueron puestas en
conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas del Estado, y aún
permanecen en la impunidad.
[…]

f) es inadmisible que personas que han cometido crímenes contra la Comunidad se
desplacen permanentemente con las patrullas del ejército sin que los fiscales
investiguen su status de vinculación ilegal al ejército, y que los funcionarios
judiciales se apoyen exclusivamente en testimonios de las víctimas durante las
investigaciones sin recurrir a pruebas técnicas ni a observaciones in situ, ya que
varios miembros de la Comunidad que han rendido testimonio han sido
asesinados, sin que esto inquiete o lleve a las autoridades judiciales a tomar
medidas al respecto […]”

El temor de los miembros e, incluso, de los colaboradores de la Comunidad
ha reconocer su vinculación y la desconfianza hacia las autoridades también
fue registrada por la Corte Constitucional en las sentencia T-1025 de 2007 y
T-327 de 2004 (Supra 5).

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Adicional a lo anterior, debe considerarse que al indagarse a la señora
Yolaida Tuberquia sobre las razones por las que rindió la declaración, ésta
señaló lo siguiente: “Yo vine acá por que me dijeron que estaban dando una ayuda en
Acción Social para las mujeres que quedan viuda y con hijos y me dijeron que viniera acá a
reclamar el certificado de Dairo de Jesús Torres, para llevarlo allá para que me dieran esas
ayudas para poner a los niños a estudiar”32. Esta manifestación resulta importante a
efectos de analizar si lo que la accionada entendió como confesión
extrajudicial en realidad cumple con los presupuestos de ser una declaración
expresa, consciente y libre.

De acuerdo con las razones expuestas, se tiene que la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en defecto fáctico en la
apreciación y valoración de la declaración jurada rendida por la señora
Yolaida Tuberquia Torrres. Esta afirmación tiene fundamento en que (i)
existe una contradicción respecto de la posibilidad de valorarla como prueba
trasladada, ya que en la misma sentencia se indicó que los elementos
materiales probatorios y evidencia física recolectada en etapa de indagación
no tiene la aptitud de prueba debidamente practicada; (ii) aun teniéndola
como prueba puede resultar desproporcionado darle la categoría de
confesión extrajudicial al considerarla en el contexto del momento y el
escenario en la que fue rendida, las garantías de las que estaba precedida la
diligencia, así como las dinámicas de violencia a la que estaban sometidos
los pobladores de la región; y (iii) el deber de valorar la prueba no solo de
manera individual en tanto su real peso de convicción, sino de manera
conjunta con las demás evidencias de proceso.

6.2.2. Esta Sala también estima que la información contenida en los documentos
impresos derivados de páginas web y correos electrónicos, fue descartada
por la accionada a partir de una argumentación en exceso rigurosa.

En la sentencia acusada se indicó que los mensajes de datos tienen la
misma eficacia probatoria que los documentos en papel, siempre que
cumplan con los requisitos de autenticidad, integridad y rastreabilidad, según
lo dispone la Ley 527 de 1999. Así pues, la accionada consideró que esta
información por el hecho de haberse aportado como impresiones desconoce
las exigencias de la normativa en comento, por lo que no serían valoradas
como mensajes de datos, sin exponer consideración adicional relativa a su
poder de convicción.

Al respecto, es menester precisar que el artículo 10 de la Ley 527 de 1999 33,
indica que no es dable negar la fuerza probatoria de un mensaje de datos
solo porque no se haya presentado en su forma original. Partiendo de esta
premisa, se debe resolver cuál es el valor probatorio que debe darse a las
copias impresas de los mensajes de datos y la respuesta se encuentra en la
jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa.

La Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 13 de diciembre
de 201734, expuso que la aplicación de la regla de autenticidad no debe

32 Folio 503 del Cuaderno1 del expediente digitalizado del medio de control de reparación directa nro. 05001-
23-31-000-2009-01136-01. Samai, índice 18
33 ARTICULO 10. ADMISIBILIDAD Y FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS. Los

mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las
disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de
Procedimiento Civil.
En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a
todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate de un mensaje
de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original.
34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del

13 de diciembre de 2017. Proceso nro. 25000-23-26-000-2000-00082-01(36321). M.P. Stella Conto Díaz
del Castillo.

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llegar a desconocer información relevante válidamente allegada al proceso,
como lo es el caso de las reproducciones en papel de los mensajes de datos.
Destacó que el juez debe trascender al ámbito de la justicia material y
propender por la eficacia de los derechos y libertades y bajo este derrotero
procurar acudir a distintas fuentes de información para formar su convicción
sobre la verdad de los hechos en litigio.

Se estima ilustrativo para resolver la inquietud planteada sobre el valor
probatorio de estos documentos, relacionar los siguientes apartes de la
providencia en comento:
“De este modo, se erige como regla general que las normas procesales deben ser
aplicadas con criterios racionales y flexibles de cara a la utilización de cualquier medio
probatorio, en tanto encaminado a la verdad de los hechos en que deben fundarse las
decisiones y la eficacia material de los derechos, sin restricciones más allá de las que
expresamente prevé el ordenamiento, con fundamento en las garantías del debido
proceso y la defensa.
[…]
En estas condiciones, la Sala considera que las copias impresas de correos
electrónicos, no tachadas de falsas por la persona a quien se oponen, cuando
permitan una mínima individualización, esto es cuando ofrezcan certeza sobre quien
los ha elaborado, a quien se ha dirigido y cuándo, pueden ser valoradas, en tanto la
individualización da lugar a asociar el contenido, lo que implica, a la luz del principio
de buena fe, aceptar su autenticidad. Eso sí, de ello no se sigue que el medio de
prueba resulte per se idóneo para la demostración que se pretende, pues su
valoración estará sujeto a valoración conjunta y en especial de las reglas de la sana
crítica.
Lo anterior, sin perjuicio de que la parte que allegue los correos electrónicos, de
entrada, solicite su reconocimiento o el juez de manera oficiosa para los casos en que
estos resulten controvertidos por la contraparte haga uso del reconocimiento del
documento en los términos del artículo 272 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, debe señalarse que la Sala no podría ir en una dirección contraria, pues
es hacía allá a donde apuntan las normas procesales vigentes.”

En un sentido similar se pronunció, recientemente, la Corte Constitucional en
sentencia T-043 de 202035. Indicó que las capturas de pantalla sobre
conversaciones en aplicaciones de mensajería instantánea tienen valor de
indicio y debe ser considerado de manera conjunta con las demás pruebas
del proceso.

A lo anterior, agréguese que el artículo 175 del CPC establece que la
convicción del juez frente a los hechos en litigio puede procurarse a través de
cualquier medio de prueba que sea útil para ese propósito.

Conforme los argumentos expuesto, la Sala considera que no había lugar a
descartar el valor de los documentos impresos de mensajes y correos
electrónicos, sino que había lugar a apreciar la información que de ellos
deriva en atención a las reglas que ha establecido la jurisprudencia antes
citada. Así pues, se reitera: la motivación de la sentencia, en relación con
estos medios de convicción, fue en exceso rigurosa.

En similar sentido: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera
Subsección A. Sentencia del 15 de noviembre de 2018. Proceso nro. 25000-23-36-000-2013-01082-
01(57082). M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Se destaca el siguiente aparte: “La anterior jurisprudencia
se acoge en tanto se encuentra ajustada a la legislación vigente para este proceso y, por ello, la Sala
entrará a analizar los correos electrónicos, teniendo en cuenta que fueron aportados por el demandado y
que la entidad pública demandante no presentó reparo alguno sobre su autenticidad o contenido (…)
Como conclusión de este acápite, se reafirma que los correos electrónicos que se allegaron en medio
impreso por una de las partes y no fueron materia de cuestionamiento en cuanto a su autenticidad, pueden
ser valorados como prueba.”
35 Sala octava de revisión. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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6.2.3. Ahora bien, hechas estas precisiones sobre algunos medios de convicción en
particular, debe considerarse que en el proceso obran varias pruebas que
soportan la hipótesis de que la víctima directa sí pertenecía a la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó. Algunas de ellas destacan por su
relevancia en tanto se trata de declaraciones de personas que o bien tenían
autoridad para acreditar la pertenencia de la víctima a la Comunidad o
porque en atención a su cercanía con aquella debía considerarse su dicho ya
que refutaba la hipótesis defendida en la sentencia.

Así, se observa que, en la Resolución del 17 de diciembre de 2007, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos registró la manifestación del líder y
vocero de la Comunidad de Paz de que el señor Dairo de Jesús Sepúlveda
hacía parte de ese grupo. La Corte Constitucional en sentencia T-1025 de
2005, cuya acción de tutela fue interpuesta por Javier Giraldo Moreno en
representación de la Comunidad de Paz, también consignó el asesinato de
Dairo Torres de quien se aseguró era miembro del grupo que debía ser
protegido.

Adicional a lo anterior, hace parte del acervo probatorio la petición que
presentó el señor Javier Giraldo Moreno ante el Ministro del Interior y de
Justicia el 1° de octubre de 2007 en el que solicitó la protección de la
Comunidad de Paz, dado que estaba siendo víctima de numerosos actos de
violencia. Entre estos ataques se pronunció sobre el asesinato de Dairo
Torres Sepúlveda. Destacó que agentes del Estado quisieron desinformar a
la opinión pública al manifestar que no era miembro de la Comunidad.
Desmintió tal afirmación y expuso que era coordinador de la Zona
Humanitaria de Alto Bonito y que ingresó a esta desde el año 2004. Este
medio de prueba, aunque fue relacionado, no fue valorado en la sentencia.

Esta información coincide con la expuesta por José Ramiro Torres Sepúlveda
el 9 de febrero de 2004, en el escrito en el que denunció ante la Procuraduría
General de la Nación una presunta omisión de la fuerza pública en relación
con el homicidio de su hermano Dairo Torres Sepúlveda. La autoridad judicial
restó valor a esta manifestación porque no se acompañó de soportes que
dieran crédito a esas afirmaciones.

Llama la atención que en relación con la declaración de la señora Yolaida
Tuberquia Torres no se requirieron soportes para tener por ciertas sus
afirmaciones, pero que esa situación si fuera relevante para restar valor
probatorio a la declaración del hermano de la víctima directa.

También obran en el plenario los testimonios rendidos ante autoridad judicial
de personas cercanas a la víctima directa, cuyo valor probatorio fue
disminuido en razón a que el dicho de los testigos se consideró general e
impreciso.

La valoración de estos medios de prueba se estima en exceso rigurosa y se
considera que evidencian una apreciación aislada de cada medio de
convicción, pero deja de lado el principio de unidad de la prueba que exige
que el acervo sea analizado en su conjunto. En palabras de Devis
Echandía36: “Significa este principio que el conjunto probatorio del juicio forma una unidad,
y que, como tal, debe ser examinado y apreciado por el juez, para confrontar las diversas
pruebas, puntualizar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que
de ellas globalmente se forme.”

36 Echandía, Devis. Teoría General de la Prueba. Tomo I. Biblioteca Jurídica Dike. Primera Edición. Página
117.

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Demandante: Yolaida Tuberquia Torres y Otros

Para finalizar este acápite, se destaca que la prueba debe ser apreciada en
su conjunto y que, en casos relacionados con graves violaciones a los
derechos humanos, conforme lo ha indicado la jurisprudencia contenciosa,
deben apreciarse de manera flexible las pruebas del proceso y dársele una
especial importancia a la valoración de los indicios y pruebas indirectas.

6.3. Desconocimiento del precedente judicial relativo a la regla de
flexibilización probatoria en casos de graves violaciones a los derechos
humanos

Para abordar este defecto es menester retomar las reglas de decisión que
fueron expuestas en el numeral quinto de esta sentencia. La Sección
Tercera, incluso en providencia de unificación, señaló que en los casos de
responsabilidad del Estado que involucran la ocurrencia de graves
violaciones a los derechos humanos exige aplicar de manera flexible las
reglas de valoración, en consideración a la desigualdad a la que, por regla
general, se ven expuestas las víctimas en relación con la consecución y
aportación de medios de prueba. Esta situación exige que se otorgue
especial valor a la prueba por indicios y que se despoje el juicio de valoración
de extremo rigor.

En el caso que nos ocupa, se evidencia un juicio probatorio rígido y exigente,
que incluso, se torna desproporcionado, por ejemplo, en la valoración de la
declaración jurada de la señora Yolaida Tuberquia con efectos de confesión,
en tanto desconoció el contexto y la etapa del proceso penal en el que fue
rendida. Asimismo, se observa exceso de rigor en la valoración de las copias
impresas de los mensajes de datos, de las providencias y resoluciones de la
Corte Constitucional y de la CORIDH que registraron que la víctima directa
hacía parte de la Comunidad de Paz.

De otra parte, se insiste, se echa de menos el análisis en conjunto de los
medios de prueba y, en especial, el juicio tendiente ha refutar la hipótesis de
vinculación de la víctima directa con la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó y de los medios de prueba que lo respaldan, pues solo algunos de
ellos fueron refutados en la sentencia.

Como se observa en el caso concreto, la autoridad judicial accionada no
aplicó la reglas de flexibilización probatoria para decidir el caso particular que
involucra la grave violación de derechos humanos que permite que, en
aplicación del principio de equidad, se despoje el caso concreto de extremo
ritual o rigurosidad en la admisión apreciación y valoración probatoria.

7. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala concluye que la sentencia del 13 de octubre de
2020, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
incurrió en defecto fáctico y en desconocimiento del precedente judicial. Esto,
porque la valoración probatoria que respaldó la decisión de declarar no acreditada
la vinculación del señor Torres Sepúlveda a la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó no atendió al criterio de flexibilidad desarrollado por la jurisprudencia
contenciosa administrativa.

Adicional a lo anterior, se observó exceso rigor en la valoración de las impresiones
de los mensajes de datos y omisión de la aplicación del principio de unidad de la
prueba.

Por lo anterior, se amparará el derecho de los accionantes al debido proceso y se
dejará sin efectos la sentencia del 13 de octubre de 2020, proferida por la

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Demandante: Yolaida Tuberquia Torres y Otros

Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de
reparación directa nro. 05001-23-31-000-2009-01136-01(52158).

En consecuencia, se ordenará a esa autoridad judicial que, en el término de veinte
(20) días contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una
nueva decisión en la que tenga en cuenta los argumentos expuestos en este fallo
sobre la valoración de las pruebas del proceso y la aplicación del criterio de
flexibilización probatoria para casos relativos a graves violaciones de los derechos
humanos.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso invocado por los señores
Yolaida Tuberquia Torres, Elizabeth Torres Tuberquia, Daniel de Jesús
Torres Tuberquia, Leidy Daniela Torres Tuberquia, Jesús Doraime Torres
Sepúlveda, Jesús Alcides Torres Sepúlveda, Roberto Emilio Torres
Sepúlveda, Ana Edilma Torres Sepúlveda, Ana Rubiela Torres Sepúlveda,
Ana Geogina Torres Sepúlveda, Luz Marina Torres Sepúlveda y José Ramiro
Torres Sepúlveda, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia.

2. Por lo anterior, dejar sin efectos la sentencia del 13 de octubre de 2020,
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
en el marco del proceso de reparación directa con radicación nro. 05001-23-
31-000-2009-01136-01(52158).

3. En consecuencia, ordenar a la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que, en el término de veinte (20) días contados a partir de
la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión teniendo en
cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia y el precedente
judicial aplicable al caso concreto que fue precisado en la parte motiva de
este fallo de tutela.

4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

6. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sala

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Salva voto

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