Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01037-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-01037-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-01037-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
31 de agosto de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-01037-01
Demandante: Yolanda Arias de Valencia y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-01037-01
Demandante YOLANDA ARIAS DE VALENCIA Y OTROS
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico.
Desconocimiento del precedente judicial. Flexibilización probatoria
para casos de graves violaciones a los derechos humanos-
ejecuciones extrajudiciales. Medio de control de reparación directa.
Falla en el servicio.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el magistrado Guillermo Sánchez
Luque contra la sentencia del 20 de abril de 2023, proferida por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, que resolvió:
«Primero: Amparar los derechos fundamentales de los señores Yolanda Arias de Valencia,
José Never Galeano Ortiz, Diana Carolina Villada Arias, Luz Alejandra Galeano Arias y
Rosalba Valencia Arias, conforme a los argumentos expuestos en las consideraciones que
anteceden.
Segundo: Dejar sin efectos la providencia proferida el 30 de marzo de 2022 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, dentro del medio de control de reparación directa
con radicado número 63001-23-31-000-2009-00285-03.
Tercero: Ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que, en el término
de veinte días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a dictar una
nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto en las consideraciones que
anteceden.»1
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 27 de febrero de 20232, Diana Carolina Villada Arias, Yolanda Arias de Valencia,
José Neber Galeano Ortiz, Luz Alexandra Galeano Arias y Yolanda Arias de
valencia, actuando por conducto de apoderado judicial, interpusieron acción de
tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, procurando la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, que estimó vulnerados con la sentencia
del 30 de marzo de 2022, a través de la cual, la autoridad accionada negó sus
pretensiones resarcitorias en el proceso de reparación directa con radicado nro.
63001-23-31-000-2009-00285-03 (48891).
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones3:
«5.1. Tutelar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia YOLANDA ARIAS DE VALENCIA, JOSE NEVER GALEANO ORTIZ,
ROSALBA VALENCIA ARIAS, LUZ ALEJANDRA GALEANO ARIAS y DIANA CAROLINA
1 Página 3 de la sentencia de tutela de primera instancia. Expediente digital en Samai, índice 13.
2 Sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: SAMAI (índice 1).
3 Páginas 55 y 56 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01037-01
Demandante: Yolanda Arias de Valencia y otros
VILLADA ARIAS, vulnerados con la sentencia de fecha 30 de marzo de 2022 proferida en
segunda instancia por la SECCIÓN TERCERA (Subsección C) del CONSEJO DE ESTADO
dentro del proceso de reparación directa radicado bajo el No. 63001-23-31-000-2009- 00285
adelantado en contra de la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL
por la muerte de HUGO ALEXANDER ARIAS CALDERON.
5.2. Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto y/o revocar la sentencia de fecha 30
de marzo de 2022 proferida en segunda instancia por la SECCIÓN TERCERA (Subsección C)
del CONSEJO DE ESTADO en el proceso indicado, por adolecer de un defecto fáctico por
omisión e indebida valoración probatoria y de un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente jurisprudencial horizontal y constitucional.
5.3. Ordenar a la SUBSECCIÓN “C” SECCIÓN TERCERA del CONSEJO DE ESTADO,
profiera una nueva decisión que desate el recurso de apelación formulado en contra de la
sentencia de primera instancia, en la que [se analicen todas las pruebas del proceso en el
marco de la sana crítica y en atención al principio de unidad de la prueba y se aplique la
jurisprudencia constitucional y contenciosa que establece reglas para analizar casos de graves
violaciones a los derechos humanos].»
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El joven Hugo Alexander Arias Calderón fue abatido por miembros del Ejército
Nacional. Los hechos ocurrieron en la vereda La Carmelita, jurisdicción del
municipio de Quimbaya (Quindío), en el marco de la misión táctica nro. 25
Fénix 2, ejecutada por miembros del Batallón Ingenieros nro. 8 Francisco
Javier Cisneros. El supuesto combate ocurrió el 4 de febrero de 2008,
aproximadamente, a las 8 p.m. y los funcionarios del CTI llegaron a la escena
del crimen el 5 de febrero de ese año a las 5:00 a.m.
Hugo Alexander Arias Calderón fue presentado como integrante de una banda
criminal dado de baja en combate, a pesar de que, según se indica en el escrito
de tutela, en la misión táctica y en el anexo de inteligencia no se identificaron
los nombres y apellidos de las personas que pertenecían a esa estructura
armada ilegal. Tampoco había una orden de captura en su contra, ni se le
encontraron los elementos necesarios para perpetrar acciones de hurto,
secuestro y extorsión.
En el escrito de tutela también se destacó que la víctima directa tenía 18 años
cuando fue dado de baja, que trabajaba en labores de construcción y estudiaba
en el colegio, todo esto en la zona rural de Calarcá (Quindío). Asimismo, se
indicó que días antes de que fuera identificado por su madre en la morgue,
había viajado a visitar a su abuela a Tuluá (Valle del Cauca), por lo que no se
explican que su cuerpo apareciera como baja en combate en la zona rural del
municipio de Quimbaya (Quindío).
2.2. Con ocasión de estos hechos, la señora Yolanda Arias de Valencia y otros
interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa
contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional para que se
declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial y se le condenara al
pago de los perjuicios sufridos por las víctimas indirectas, en razón a la
alegada ejecución extrajudicial del joven Hugo Alexander Arias Calderón.
2.3. El proceso fue identificado con la radicación nro. 63001-2331-000-2009-00285-
00 y su conocimiento le correspondió, en primera instancia, al Tribunal
Administrativo del Quindío, Sala Primera de Decisión.
En sentencia del 14 de septiembre de 2017, la referida autoridad judicial
declaró la responsabilidad extracontractual y administrativa de la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y la condenó al pago de perjuicios
morales y materiales a favor de los demandantes.
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Adicionalmente, el Tribunal ordenó: (i) como medida de rehabilitación, que el
Ejército Nacional prestara el servicio integral de salud en psicología y
psiquiatría a las víctimas indirectas; (ii) como medidas de satisfacción, que el
batallón responsable de los hechos organizara un acto público en donde el
comandante reprochara los hechos que fueron objeto de análisis y ofreciera
perdón a las víctimas. Además, instó a la Fiscalía General de la Nación para
que de manera célere investigue, condene y sancione a los responsables de
los hechos investigados y compulsó copias a la Procuraduría General de la
Nación; (iii) como garantías de no repetición, que la demandada imparta un
curso a todos los integrantes del batallón responsable, sobre derechos
humanos y derecho internacional humanitario.
Como fundamento de la decisión de condena, el Tribunal indicó que el daño
antijurídico era atribuible al Ejército Nacional, porque es la entidad que tiene a
su cargo el uso legítimo de la fuerza pública y es, en consecuencia,
responsable por su uso irregular e irracional.
Relativo al juicio probatorio, expuso la siguiente valoración de los medios de
convicción:
«En primer lugar, es importante resaltar que conforme a la declaración rendida por el
primer respondiente de la escena del crimen (el Subteniente Umaña Camacho) este
dice haber resguardado la zona, acordonarla y haber asegurado su integridad.
Igualmente, informa que el cadáver quedó boca abajo. Los documentos que soportan
el combate dan cuenta de un total de 62 municiones gastadas por parte de los 4
hombres que aceptan haber disparado (numeral iv literal B). Los anteriores aspectos no
concuerdan con lo hallado por el CTI al recibir la escena del crimen.
Conforme a lo documentado en la inspección técnica al cadáver (literal C Numeral iii) y
el levantamiento fotográfico que lo soporta (literal C numeral iv) el mismo se encuentra
boca arriba, y así se documenta en las fotos. Por ello, acá se encuentra una clara
manipulación de la escena del crimen.
Igualmente, analizado el informe ejecutivo de noticia criminal (literal C numeral i), el
levantamiento topográfico (literal C numeral v) y el acta N° 0458 del 5 de febrero de
2008 sobre munición gastada (literal B numeral iv) solo se encuentran 5 vainas de fusil,
cuando se dice haber gastado un total de 62, y el cadáver presenta 7 lesiones por arma
de fuego conforme al informe de necropsia (numeral vii literal C) y el análisis de
trayectorias (literal E numeral ii).
Así las cosas, claramente la escena del crimen fue manipulada (…)»
2.4. La decisión fue apelada por las partes. El conocimiento del recurso
correspondió a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
que, en sentencia del 30 de marzo de 2022, revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de su decisión, dijo que las pruebas del proceso acreditan
que el joven Hugo Alexander Arias Calderón murió durante un enfrentamiento
con el Ejército Nacional por heridas de arma de fuego. Además, destacó que
no se demostró que su muerte hubiera ocurrido en estado de indefensión.
En palabras de la autoridad judicial:
«De acuerdo con las pruebas de este proceso, no se acreditó que la muerte de Hugo
Alexander Arias Villada ocurrió en estado de indefensión o por fuera de un
enfrentamiento armado con el Ejército Nacional. Tampoco se probó una manipulación
de la escena o del cuerpo, pues los miembros de la policía judicial y la Fiscalía llegaron
al lugar de los hechos y constataron el estado de las cosas, esto es, víctima, ubicación,
elementos de guerra usados (…) recaudaron los elementos probatorios y evidencias
físicas; las embalaron, rotularon, registraron en el formato de cadena de custodia y las
entregaron a la autoridad competente.
(…) Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de
fundamento a las pretensiones. En concordancia, el artículo 177 CPC, (…). Como la
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demandante no cumplió con la carga de la prueba, pues no acreditó la falla en el servicio
que alegó, la Sala revocará la sentencia de primera instancia (…)»
De otra parte, en la sentencia también se declaró fundado el impedimento que
presentó el magistrado Nicolás Yepes Corrales, quien fue separado del
conocimiento del caso particular.
2.5. La notificación de la providencia se surtió en edicto electrónico del 14 de
octubre de 2022.
3. Fundamentos de la acción
En relación con los requisitos generales de procedibilidad de relevancia
constitucional y la incidencia del defecto alegado en el sentido de la decisión, los
accionantes indicaron que se discute la afectación de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia con
ocasión a la emisión de la sentencia de segunda instancia que negó las
pretensiones de la demanda de reparación directa en un caso relacionado con
graves violaciones a los derechos humanos. En esa vía, advirtieron que la
providencia judicial adolece de errores en sus fundamentos jurídicos y fácticos que
tienen relevante incidencia en el sentido de la decisión.
Respecto de los defectos en particular, los accionantes consideran que la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al proferir la sentencia
del 30 de marzo de 2022, incurrió en desconocimiento del precedente constitucional
y contencioso administrativo, en lo que respecta a los estándares de valoración de
las pruebas en casos de ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, estima que la
sentencia comporta defecto fáctico por omisión en la valoración de todas las
pruebas del proceso y por la indebida valoración de los medios de convicción a partir
de los cuales era posible erigir serios indicios sobre la ocurrencia de una ejecución
extrajudicial atribuible a los agentes del Ejército Nacional.
3.1. Defecto por desconocimiento del precedente
Los accionantes estiman que la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en la sentencia objetada, omitió aplicar la tesis de
flexibilización probatoria desarrollada por la jurisprudencia de las altas
Corporaciones en eventos relacionados con ejecuciones extrajudiciales. En
consecuencia, exige que se acuda al análisis conjunto y crítico de los medios
de convicción e incluso a la construcción de la prueba indiciaria que dé luz
sobre lo acontecido.
En esa vía, recordó que el precedente está formado, entre otras, por las
siguientes providencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional:
(i) Sentencia del 26 de octubre de 2011, emitida dentro del proceso nro.
05001233100019930188601 (18850), con ponencia de la magistrada Stella
Conto Díaz del Castillo.
(ii) Sentencia del 5 de abril de 2013, dictada en el proceso nro.
19001233100019990021701 (29484), con ponencia de la Dra. Stella Conto
Díaz del Castillo. Destacó la similitud fáctica entre este caso y el que en la
actualidad se analiza.
(iii) Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, proferida en el proceso nro.
050012325000199901063-01 (32988), con ponencia del magistrado Ramiro
Pazos Guerrero.
(iv) Sentencia SU035 de 2018, en la que la Corte Constitucional indicó que en casos
de ejecuciones extrajudiciales es difícil obtener prueba directa por las
circunstancias que rodean los hechos, por lo que la prueba indiciaria adquiere
especial importancia y utilidad.
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(v) Sentencia SU060 de 2021, en la que el Tribunal Constitucional retomó la tesis
de flexibilización de los estándares probatorios en casos de posibles
ejecuciones judiciales y destacó la prevalencia la prueba indiciaria en casos que
presentan especial dificultad probatoria para los demandantes.
Establecido lo anterior, la parte actora consideró que la autoridad judicial
contravino el precedente pacífico del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional sobre la flexibilización de los estándares probatorios en casos
de graves violaciones a los derechos humanos, máxime cuando se trata de un
evento en el que es razonable «sospechar» que el hecho dañoso tuvo origen
en las denominadas ejecuciones extrajudiciales.
3.2. Defecto fáctico por omisión e indebida valoración del material probatorio
3.2.1. Omisión en la valoración de pruebas relevantes
En la acción de tutela se acusa que el juez de segunda instancia en el proceso
de reparación directa sub examine dejó de valorar los siguientes medios de
convicción:
(i) Radiograma nro. 0161 (Fl. 259 del cuaderno de pruebas). A partir de esta
prueba se puede concluir que la escena del crimen y el cuerpo de la víctima
fueron manipulados por los agentes del Ejército, antes de que llegara el cuerpo
de policía judicial.
La valoración de este medio de prueba, de haber sido considerada por la
accionada, habría dejado sin sustento la conclusión probatoria en la sentencia
relativa a que no se probó la manipulación de la escena del crimen.
Además, destacaron que uno de los agentes informó haberse dirigido al lugar
de los hechos y haber observado el cadáver tan pronto concluyó el combate y
aseguró que estaba boca abajo, pero en el acta de levantamiento la policía
judicial registró que estaba boca arriba. Esto, sugiere la manipulación del
cuerpo.
Esta irregularidad, fue tenida en consideración por el Consejo Superior de la
Judicatura para retirar al asunto del conocimiento de la justicia militar y
asignarlo a la justicia ordinaria, dada la posibilidad de que se tratara de un
delito de lesa humanidad.
Relacionó el siguiente aparte de la providencia que definió el conflicto de
competencias:
«(…) Ya para puntualizar en la solución del problema jurídico planteado, existen en el presente
caso serias circunstancias que generan duda, como el hecho que por un lado existe la versión
del uniformado que participó en los hechos, S.T KILIAN ROLANDO UMAÑA CAMACHO, quien
indicó haber encontrado al occiso "boca abajo", cuando la Fiscalía General de la Nación en
diligencia de " INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER - FPJ8 - ", dejó consignado dentro del
acápite " III. EXAMEN EXTERNO DEL CUERPO ", que el señor HUGO ALEXANDER ARIAS
CALDERON, fue encontrado en posición natural y en colocación de cúbito " Dorsal " (esto es
boca arriba), siendo entonces la imprecisión en la que incurre el declarante, Oficial de las
Fuerzas Militares, no trae certeza sobre el modo en que pudieron ocurrir los hechos materia
de investigación penal, si no por el contrario es generadora de duda, pues su profesión le
exige un gran compromiso de atención, cuestión esta que en el presente caso al parecer no
se tuvo» (Subraya la Sala)
(ii) Plano nro. 01/2007 del 7 de febrero de 2008, elaborado por el CTI (Fl. 76
cuaderno de pruebas). Para la parte actora, resulta relevante a efectos de
evidenciar las irregularidades en relación con la versión sobre los hechos que
entregó el Ejército. Esto, considerando que el arma incautada fue encontrada
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cerca de la mano izquierda de la víctima, pero el resultado de residuos de
disparo se encontró en la mano derecha y éste era diestro.
De esa manera, a juicio de los actores, resulta extraño que el arma fuera
encontrada cerca de la mano izquierda del cadáver.
También destaca como sospechosa la ubicación de la vainilla que
supuestamente fue disparada desde el arma incautada, pues estaba muy lejos
de donde fue encontrado el cadáver y cuestiona cómo pudo desplazarse tanta
distancia cuando fue impactado por siete disparos y de esos 4 fueron por la
espalda.
Adicional a lo anterior, indicó que la autoridad accionada desconoció las
siguientes realidades probatorias que dan cuenta de inconsistencias en el
presunto operativo:
(iii) «Los servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones registraron la toma de muestras para
residuos de disparo arrojando como resultado: positivo para mano derecha y negativo para
mano izquierda, advirtiéndose que no se contaba con información “si el occiso tenía las manos
debidamente embaladas al momento de la toma de la muestra”.
Sesenta y dos (62) cartuchos fueron disparados por los militares que aceptaron haber
accionado sus armas, sin embargo, solo cinco (5) vainillas calibre 5.56 provenientes de fusil
Galil fueron encontradas por la policía durante el registro e inspección al lugar de los hechos.»
3.2.2. Indebida valoración de los medios de prueba aportados al proceso
Los accionantes acusaron que las siguientes pruebas, aunque fueron
mencionadas en la sentencia, no se valoraron en debida forma ni se les asignó
el peso de convicción que realmente desprendía de ellos.
(i) De las documentales relacionadas con la ejecución de la operación
militar: Misión Táctica Fénix “2”, Insitop (Informe de Situación de Tropas),
Informe de Patrullaje, Oficio 0503 del 5 de febrero de 2008, Informe Ejecutivo
CTI del 5 de febrero de 2008 y declaraciones de Kiliam Rolando Umaña,
Hernán Alonso Ángel Hernández, Cesar Augusto González Villa, Luis
Fernando Cardona y Hernando Antonio Ospina Zuluaga
Indicó que de estas documentales aparece clara la incertidumbre sobre el
número de agentes que llevaron a cabo la misión. En cada una de ellas se
relaciona un número diferente de agentes, así: 17 (Misión Táctica). 33
(Insitop), 13 (Informe patrullaje), 8 (Oficio 503), 12 (Informe Ejecutivo).
Reprocha que esta situación no fue advertida por el juez de la causa, a pesar
de ser revelada en la demanda y alegatos, y aunque era relevante a efectos
de construir un indicio con potestad de refutar la tesis de combate defendida
por el Ejército Nacional.
Adicional a lo anterior, advierten que la información que deriva de estos medios
de prueba tiene la aptitud de refutar las afirmaciones de la sentencia relativa a
que la autenticidad de los documentos públicos no fue refutada por otros
medios de prueba y que el dicho de los agentes en relación con las
circunstancias en que ocurrieron los hechos no adolece de contradicción.
(ii) Del informe pericial de necropsia y el de materialización de trayectorias.
Argumentan que, aunque fueron relacionados en la sentencia no se valoró con
detenimiento la información que de ellos deriva ni se la comparó con otros
medios de prueba.
Destacó que de estos medios de prueba deriva que: (a) la víctima recibió la
mayoría de los impactos por la espalda y , es decir, en estado de indefensión;
(b) refuta el dicho de los agentes del Ejército según el cual en todo momento
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estuvieron de frente al supuesto agresor y que los disparos que recibieron
provenían desde un lugar más alto que en el que se encontraban; y (c) el
informe de necropsia reportó ocho heridas en el cuerpo del difunto
(quemaduras y escoriaciones) que no son compatibles con enfrentamiento
armado. Situación que permite descartar la ocurrencia de un enfrentamiento.
Al respecto solicitó considerar la sentencia del 6 de marzo de 2015 (Exp.
37310).
(iii) Del informe pericial de laboratorio de residuos de disparo. Los
accionantes recuerdan que el propio medio de prueba contenía una
advertencia relativa a la calidad de su contenido. Establecía que el experto no
pudo determinar si el occiso tenía debidamente embaladas las manos al
momento en que se tomó la muestra, por lo que sus conclusiones no
constituyen única prueba, sino deben considerarse como indicios y valorarse
con los demás medios de convicción.
A ese respecto, la parte actora destacó que una de las heridas que reportó el
cuerpo por impacto de arma de fuego fue en su índice derecho, lo cual pudo
explicar que se hallaran residuos de disparo en esa mano. Esto se refuerza en
el hecho probado de que no se encontraron huellas dactilares del occiso en el
arma incautada.
(iv) De la Misión Táctica Fénix 2. En el escrito de tutela se discuten las
manifestaciones en la sentencia sobre este medio de convicción, en concreto,
que su contenido se presume auténtico porque el documento no fue objeto de
tacha y su contenido no fue desvirtuado por otras pruebas del proceso.
Sobre esto último se indicó que tal afirmación deriva de una valoración parcial
y aislada del medio de convicción, porque al compararlo con la información de
otras pruebas aparece claro que su contenido si fue refutado por información
debidamente incorporada al proceso.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 7 de marzo de 2023, el despacho sustanciador de primera
instancia admitió la acción de tutela interpuesta, por conducto de apoderado
judicial, por lo señores Diana Carolina Villada Arias, Yolanda Arias de
Valencia, José Neber Galeano Ortiz, Luz Alexandra Galeano Arias y Yolanda
Arias de valencia contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C.
Además, vinculó, en calidad de tercero con interés, a la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional, dada su calidad de sujeto procesal en el medio de
control de reparación directa nro. 63001-23-31-000-2009-00285-03 (48891).
4.2. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través
del ponente de la decisión, manifestó que la motivación de la sentencia del 30
de marzo de 2022 es suficiente para explicar la improcedencia del amparo
constitucional.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 20 de abril de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales invocados por los
accionantes y dejó sin efectos la sentencia del 30 de marzo de 2022.
Como fundamento de su determinación expuso que, la autoridad accionada
desconoció el precedente constitucional y contencioso relativo a la flexibilización
probatoria en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
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Demandante: Yolanda Arias de Valencia y otros
Asimismo, encontró que algunas pruebas del proceso, con incidencia en la decisión,
fueron indebidamente valoradas.
En concreto, manifestó que la accionada omitió valorar el Acta de Inspección
Técnica a Cadáver núm. 039 y la declaración rendida por el subteniente Kiliam
Rolando Umaña Camacho.
Destacó que de esos medios de prueba deriva contradicción en relación con la
posición en que quedó el cadáver después de la contienda. Dijo que esta
información era relevante a efectos de erigir la conclusión probatoria sobre la
manipulación de la escena del crimen.
Adicional a lo anterior, en la sentencia de tutela de primera instancia se descartó la
prosperidad del cargo por omisión e indebida valoración probatoria de los demás
medios de convicción relacionados en el escrito de tutela, debido a que no tenían
incidencia en la decisión y porque la información que de ellos derivaba no soportaba
los enunciados probatorios que los accionantes defendían.
6. Impugnación
El magistrado Guillermo Sánchez Luque impugnó la sentencia de tutela de primera
instancia.
En primer lugar, indicó que la omisión en la aplicación de la tesis de «flexibilización
probatoria» no materializa un defecto en las sentencias, porque las reglas
probatorias desarrolladas en el ordenamiento interno son normas adjetivas de orden
público. Esto quiere decir que son de obligatorio cumplimiento y no pueden ser
sustituidas o modificadas por funcionarios o particulares.
En segundo lugar, precisó que el a quo alegó desconocido el precedente contenido
en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 (32988), pero lo cierto es
que, en esa oportunidad, la Sección Tercera unificó el criterio en materia de
perjuicios y no frente a la aplicación de una tesis de flexibilización probatoria.
En tercer lugar, dijo que el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 que soportó las
exigencias de la flexibilización probatoria con fundamento en el principio de equidad,
no contiene ninguna regulación frente a la valoración de la prueba.
Finalmente, indicó que la alegada contradicción entre la información que arrojaron
dos medios de prueba en relación con la posición del cadáver no tiene la aptitud de
cambiar el sentido de la decisión, pues las demás conclusiones probatorias
expuestas en la sentencia apoyan la tesis fáctica de la ocurrencia del enfrentamiento
que fue defendida por el Ejército Nacional.
Con fundamento en lo anterior, concluyó la parte demandante: «no acreditó la falla del
servicio alegada en la demanda: el estado de indefensión de la víctima, que murió por exceso en el
uso de la fuerza por parte de los integrantes del Ejército Nacional o por fuera de un enfrentamiento
armado con los militares. Por ello, era forzoso negar las pretensiones.»
7. Actuación en segunda instancia
Inicialmente, la acción de tutela correspondió al conocimiento del magistrado Milton
Chaves García, pero al no obtener las mayorías necesarias para su aprobación, el
proyecto fue derrotado.
Como consecuencia de lo anterior, la acción de tutela fue asignada al conocimiento
del despacho que le sigue en turno, a quien le correspondió elaborar una nueva
ponencia que refleje la postura de la posición mayoritaria de la Sala de Sección.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas Corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional7 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por ello, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida
por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las
encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que
los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia.
Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional
para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada
debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa
con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela
4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales
especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia
judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución
Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
Dados los antecedentes, corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al a
quo al declarar que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria y por desconocimiento
del precedente judicial. Esto con fundamento en que, a su juicio, al proferir la
sentencia del 30 de marzo de 2022, en el proceso de reparación directa con
radicado 63001-23-31-000-2009-00285-03 (60490), la accionada omitió aplicar la tesis
de flexibilización probatoria y apreciar la información que deriva de los medios de
prueba a la luz de este criterio.
La Sala abordará el problema jurídico a partir de la siguiente estructura
argumentativa: (i) el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos
en el contexto del conflicto armado colombiano; (ii) La tesis de flexibilización
probatoria en casos de graves violaciones de los derechos humanos en la
jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación y de la Corte
Constitucional; y (iii) análisis sobre la configuración del defecto fáctico y
desconocimiento del precedente judicial en el caso individual.
4. El fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales de civiles o «falsos
positivos» en el contexto del conflicto armado colombiano
La Corte Constitucional ha señalado que las ejecuciones extrajudiciales de civiles
por agentes de la fuerza pública hacen parte de la dinámica del conflicto armado en
Colombia, cuya frecuencia aumentó desde el año 20048. Estos eventos se
identifican porque los civiles son presentados como guerrilleros o delincuentes
reportados como dados de baja en enfrentamientos armados, hipótesis que se
fundamenta en escenas del crimen alteradas y manipuladas por miembros de la
fuerza pública.
Al respecto, en la Sentencia SU-167 de 2023 la Corte Constitucional citó el Informe
del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en
Colombia (marzo de 2010), para indicar que estas dinámicas se explican en la
exigencia que se hizo a las unidades militares para que demostraran la eficiencia
de la lucha contra los grupos armados al margen de la ley a partir del número de
bajas de las tropas enemigas, así como en la existencia de un sistema de incentivos
dirigidos a los civiles y soldados para apoyar y ejecutar la captura o deceso de los
delincuentes. Sistema éste que careció de supervisión y control en las etapas de
ejecución y en los procesos disciplinarios y penales8.
Se estima pertinente indicar en este punto que, la dificultad probatoria a la que
terminan expuestas las víctimas, deriva del escenario privilegiado de los agentes de
la fuerza pública que desarrollaron, en algunos casos, un alto grado de sofisticación
en los planes para hacer pasar a los civiles como miembros de organizaciones
criminales. Así lo registró la Comisión de la Verdad en el informe de Hallazgos y
Recomendaciones9.
Se ha concluido que, la manipulación de las escenas del crimen por parte de
agentes de la Fuerza Pública ubica en una situación de dificultad probatoria a las
víctimas indirectas del hecho dañoso de homicidio en persona protegida,
comúnmente denominado como falsos positivos. En razón a ello, la jurisprudencia
8 Información extractada de la sentencia SU035 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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constitucional y contenciosa administrativa ha admitido la posibilidad de flexibilizar
los estándares probatorios en estos eventos, tal como pasará a explicarse.
5. La tesis de flexibilización probatoria en casos de graves violaciones de
derechos humanos: jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional.
En el Consejo de Estado existe una línea jurisprudencial sobre la necesidad de
acudir a la flexibilización de los estándares probatorios cuando se trata de resolver
casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario. Así, en la sentencia del 27 de septiembre de 2013 9, el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, expuso lo siguiente:
«Puestas las cosas en los términos anteriormente señalados y tratándose, como en el
presente caso, del deber de reparar integralmente a víctimas de graves vulneraciones de
derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario, sean directas o indirectas,
resulta indispensable aplicar el principio de equidad y, en consecuencia, flexibilizar el estándar
probatorio. Es que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, en un caso como
el presente –en el que, además, como lo revelan los hechos y lo reconoce la sentencia de
primera instancia, las autoridades en lugar de facilitar la búsqueda del desaparecido
entorpecieron las labores de su madre y hermanos–, ocupan el lado más débil de la balanza
así que, de conformidad con lo ordenado por el artículo 13 superior, requieren mayor soporte
y protección. Se reitera en este lugar lo ya afirmado arriba y es que en estos casos los
principios de verdad, de justicia y de reparación integral han sido catalogados como derechos
fundamentales que rigen en virtud del ius cogens, por lo que no cabe alegar obstáculos de
orden normativo interno para efectos de dificultar su realización».
Posteriormente, en sentencia del 28 de agosto de 2014 (32988), la Sección Tercera
unificó el criterio respecto de la estimación de indemnizaciones por perjuicios
inmateriales. En esta decisión, también se puso de presente que, en Colombia, la
mayoría de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario han sido desarrolladas «en zonas alejadas de los grandes
centros urbanos y en contextos de impunidad», circunstancias que hace que las víctimas se
encuentren en una situación de debilidad manifiesta que, en muchos casos,
trasciende al ámbito procesal, por la dificultad de acreditar cómo ocurrieron los
hechos. Por tal motivo, la Corporación se refirió a la posibilidad de flexibilizar las
reglas de apreciación y de valoración probatoria en los eventos de responsabilidad
del Estado por graves violaciones de los derechos humanos.
En este punto conviene precisar que, aunque las reglas de decisión unificadas en
esta providencia refieren a la determinación y tasación del perjuicio moral en caso
de muerte; se trae esta decisión a colación por el carácter de antecedente relevante
frente a la valoración probatoria en relación con casos de graves violaciones a los
derechos humanos, y porque esta tesis fue, posteriormente, acogida por la mayoría
de la Sección Tercera del Consejo de Estado10.
Así entonces, la jurisprudencia contenciosa admite que las víctimas indirectas de
ejecuciones extrajudiciales de civiles en Colombia están expuestas a un escenario
de especial dificultad probatoria, comoquiera que los hechos que originan el daño
generalmente ocurren en zonas apartadas de los cascos urbanos y en
circunstancias donde las víctimas están en situaciones de indefensión, lo que
permite a los agentes del Estado la manipulación de las escenas del crimen. Esta
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 27 de septiembre de 2013. Proceso nro.
05001-23-26-000-1990-05197-01 (19939). M.P. Stella Conto Díaz del Castillo
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del
14 de septiembre de 2016. Proceso nro. Expediente 25000-23-26-000-2001-01825-02 (34349). M.P. Hernán
Andrade Rincón; Subsección B. sentencia del 31 de agosto de 2017. Proceso nro. Expediente 13001-23-
31-000-2001-01492-01 (41187). M.P. Ramiro Pasos Guerrero; Subsección A. Sentencia del 5 de marzo de
2021. Proceso nro. 05001-23-31-000-2007-00013-01(47555). M.P. Marta Nubia Velásquez Rico;
Subsección A, sentencia del 23 de mayo de 2023. Proceso nro. 05001-23-31-000-2010-00032-01 (50115).
M.P. María Adriana Marín.
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situación incrementa el desequilibrio en la oportunidad para adquirir las pruebas que
permitan descubrir la verdad material de los hechos.
Para procurar descifrar lo ocurrido, se ha aceptado, por ejemplo, que las pruebas
trasladadas de los procesos penales o disciplinarios se analicen con menor
rigurosidad11, siempre y cuando los elementos de la responsabilidad se estructuren
al amparo de las reglas de la sana crítica. Y que se dé relevancia especial a la
prueba por indicios a efectos de determinar la responsabilidad extracontractual del
Estado. En palabras textuales de la Sección especializada12:
«7.4.1. Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa inexorable realidad, deberá
acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias
lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica
de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación
de las personas afectadas.
7.4.2 Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones de derechos
humamos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se rompe el principio de la
dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes acceden al proceso en igualdad
de condiciones y armas, pues en estos eventos las víctimas quedan en una relación
diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños
la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares
probatorios».(Destaca la Sala)
También resulta relevante, para determinar el alcance de la tesis de flexibilidad
probatoria, considerar la sentencia del 23 de marzo de 201713, en la que la Sección
Tercera de esta Corporación se refirió la importancia de la prueba indiciaria para
decidir los casos de graves violaciones de derechos humanos.
De la sentencia en comento se extracta:
«2.4. La prueba indiciaria en casos de violaciones graves de derechos humanos14.
No resulta extraño, en modo alguno, que los jueces puedan llegar a encontrar acreditados los
supuestos de hecho de una demanda por vía de medios probatorios indirectos, siempre y
cuando se cumpla con los requisitos que en esos casos se hace preciso. Sobre tal proceso de
inferencia lógica la Corte Suprema de Justicia ha precisado que,
“El indicio es un medio de prueba crítico, lógico e indirecto, estructurado por el juzgador a partir
de encontrar acreditado por otros medios autorizados por la ley, un hecho del cual
razonadamente, y según las reglas de la experiencia, se infiera la existencia de otro hasta
ahora desconocido que interesa al objeto del proceso, el cual puede recaer sobre los hechos,
o sobre su agente, o sobre la manera como se realizaron, cuya importancia deviene de su
conexión con otros acaecimientos fácticos que, estando debidamente demostrados y dentro
de determinadas circunstancias, permite establecer, de modo más o menos probable, la
realidad de lo acontecido”»15.(subraya la Sala)
Recientemente, en sentencia del 17 de junio de 2022 (exp. 66.603), la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado estudió un caso que involucró la
comisión de «los delitos de violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5
de marzo de 2021. Proceso nro. 05001-23-31-000-2007-00013-01(47555). M.P. Marta Nubia Velásquez
Rico. Sobre este asunto en la sentencia, se indicó: «Sin embargo, dichas pruebas pueden ser consideradas
en este proceso en la medida en que, si bien la Sección se ha pronunciado en repetidas oportunidades
respecto de que no serán de recibo aquellas que no cumplen con la previsión contenida en el artículo 185
del C.P.C., existen criterios que permiten morigerar el rigor de la exigencia procesal, en el sentido de que la
prueba tuvo que haber sido conocida en el proceso primigenio del cual se traslada, por quien la resiste o en
contra de quien se opone en el nuevo proceso, además, fue solicitada por ambas partes; y, por tratarse de
una posible violación de derechos humanos, motivo por el cual la valoración probatoria debe ser más
flexible.»
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del
28 de agosto de 2014. Proceso nro. 05001-23-25-000-1999-01063-01 (32.988). M.P. Ramiro Pazos
Guerrero.
13 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 23 de marzo de 2017. Radicación: 05001-
23-31-000-2006-03647-01 (50941). C.P. Hernán Andrade Rincón.
14 En similares términos consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de
septiembre de 2016, Exp. 34.349 y la proferida el 2 de abril de 2013, Exp. 27.067, entre otras.
15 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 26 de octubre de 2000, Exp. 15610.
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transmisores o receptores, concierto para delinquir agravado, amenazas, abuso de autoridad por
acto arbitrario e injusto (…) y tortura sicológica y persecución como delitos de derecho internacional»
y reiteró que en los casos que involucran graves violaciones de derechos humanos,
«la valoración probatoria debe ser más flexible, dadas las circunstancias de indefensión en que se
encuentran las víctimas» y la renuencia de las autoridades involucradas para facilitar
medios de prueba.
Entonces, la jurisprudencia de la parte mayoritaria de la Sección Tercera del
Consejo de Estado ha construido una tesis de flexibilización probatoria aplicable a
casos de graves violaciones de derechos humanos que exige al juez de lo
contencioso administrativo, atendiendo a la situación de conflicto armado del país y
a las características de cada caso, despojar la valoración probatoria de la excesiva
rigurosidad y formalismo e, incluso, privilegiar la valoración de medios de prueba
indirectos o inferencias lógicas en aplicación de las máximas de la experiencia16. En
estos eventos, el juez de la causa puede determinar la responsabilidad estatal a
partir de inferencias que se soportan en hechos debidamente probados que
permitan dar por acreditados otros supuestos de hecho a partir de la aplicación de
máximas de la experiencia y a los patrones delictivos propios de las ejecuciones
extrajudiciales.
Lo anterior, con el propósito de hacer prevalecer los derechos a la verdad y a la
reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, dado el
escenario de inequidad probatoria al que suelen estar expuestas con ocasión de la
asimetría del poder que caracteriza estos eventos17.
Por su parte, la Corte Constitucional también acogió la tesis de flexibilización
probatoria para casos de graves violaciones a los derechos humanos. En la
sentencia SU035 de 2018, el Tribunal Constitucional determinó, apoyado en la
jurisprudencia contencioso-administrativa, que en eventos de ejecuciones
extrajudiciales de civiles «la prueba directa es muy difícil de obtener por las circunstancias en
las que ocurren, de modo que la indiciaria se erige como elemento probatorio prevalente para
determinar la responsabilidad estatal, en un ejercicio de flexibilización de los estándares
probatorios.».
Esta postura ha sido sostenida por la Corte Constitucional en las siguientes
sentencias: T-926 de 2014, T-535 de 2015, T-237 de 2017, SU 035 de 2018, T-375
de 2019, T-214 de 2020, SU 060 de 2021 y T-117 de 2022.
6. La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado incurrió en
defecto fáctico y en desconocimiento del precedente judicial al proferir
la sentencia del 30 de marzo de 2022
Esta Sala considera que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico y
en desconocimiento del precedente judicial, porque valoró el acervo probatorio con
excesiva rigurosidad, en claro desconocimiento de la tesis de flexibilización
16 En similar sentido, la sentencia de tutela del 30 de junio de 2017, proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado dentro del proceso nro. 11001-03-15-000-2017-00836-00(AC). M.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Auto del 11 de
mayo de 2017. Proceso nro. 76001-23-31-000-2011-01274-01(54613)E. M.P. Hernán Andrade Rincón. En
la sentencia, se indicó lo siguiente en relación con la flexibilización de los estándares probatorios, dada la
asimetría de posibilidades probatorias entre las partes: se dará aplicación a lo dispuesto por esta
Corporación respecto de la flexibilización de la prueba cuando se ve comprometida la responsabilidad del
Estado como consecuencia de alguna violación a los derechos humanos, pronunciamiento que a la letra
dice: «se dará aplicación a lo dispuesto por esta Corporación respecto de la flexibilización de la prueba
cuando se ve comprometida la responsabilidad del Estado como consecuencia de alguna violación a los
derechos humanos, pronunciamiento que a la letra dice: “(…) en graves violaciones de derechos humamos
e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se rompe el principio de la dogmática jurídico procesal
tradicional según el cual las partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos
eventos las víctimas quedan en una relación diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas
circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar
los estándares probatorios (…)”»
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probatoria desarrollada por la jurisprudencia antes relacionada, y porque
desconoció el valor probatorio que en casos como el que se analiza debe dársele a
la prueba indiciaria e indirecta.
Previo a exponer los argumentos que sustentan esta afirmación, se estima
necesario hacer referencia a la ratio de la sentencia acusada con miras identificar
el juicio probatorio que fundamentó la determinación de revocar la sentencia
condenatoria de primera instancia para, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda.
6.1. La sentencia del 30 de marzo de 2022: fundamentos probatorios
A continuación, se relacionan algunos de los medios de prueba y los argumentos
que respaldaron la decisión relativa a su poder de convicción:
Medio de prueba Conclusiones probatorias
«9.1. El 5 de febrero de 2008, a las 5:00 a.m., miembros de la policía judicial
llegaron a la vereda «La carmelita», municipio de Quimbaya, porque
miembros del Ejército informaron de un enfrentamiento armado que dejó una
persona muerta. La escena estaba protegida, acordonada y recibieron la
actuación del sargento Kiliam Umaña Camacho -primer respondiente-. En
una vía pública pavimentada, encontraron el cuerpo de una persona, una
pistola 9 mm, una vainilla calibre 7.65 mm y cinco vainillas calibre 5.56 mm.
La pistola tenía cinco cartuchos: cuatro en el proveedor y uno en la recámara
(…)». (Negrita de la Sala)
«14. El sargento Kiliam Rolando Umaña Camacho –comandante del grupo
Copia auténtica informe ejecutivo de la especial «Atila 1»– declaró que […] el 4 de febrero, aproximadamente a las
Fiscalía General de la Nación, noticia 8:40 p.m., escuchó la voz del cabo Mina que lanzó la proclama del ejército.
criminal nro. 6300169000033200800302. De inmediato, escuchó unos disparos, reaccionó, buscó protección en un
Folios: 50 a 56 C.3 cafetal, junto al personal bajo su mando. Cuando todo quedó en silencio, se
dirigieron al lugar, hicieron el registro y encontraron un cuerpo y una guadua
atravesada en la vía. Informó al batallón, ordenó acordonar el área y esperar
al CTI. El grupo iba dividido en dos equipos, uno al mando del cabo Mina
Rodríguez y otro bajo su mando. Los soldados Gómez, Ruiz y Vélez iban con
Mina Rodríguez y los soldados Ospina, Cardona, Celis, Ángel, González y
otros de los que no recordó el nombre, iban con el declarante. No disparó,
pero el cabo Mina y los soldados Gómez, Ruiz y Vélez sí dispararon. La
visibilidad era oscura y el intercambio de disparos duró uno o dos minutos. El
cuerpo tenía ropa oscura, estaba boca abajo y al lado había un arma corta
(…)» (Negrita de la Sala).
«9.2. El cuerpo era de sexo masculino, de una edad de entre 25 y 30 años,
estaba en posición de cúbito dorsal [boca arriba] y vestido. Funcionarios
Formato de inspección técnica a de la Fiscalía General de la Nación tomaron pruebas de residuos de disparo
cadáver de la FGN. Folios: 58 a 66 del en manos y encontraron varios documentos, con distintos nombres y
C. 3. apellidos, según da cuenta la copia auténtica del acta n°. 039 de inspección
técnica al cadáver, del 5 de febrero de 2008 (f. 58 a 66 y 186 a 194 C.3)»
(Negrita de la Sala)
«9.3. El cadáver tenía siete heridas por proyectil de arma de fuego en tórax,
cuello, abdomen, espalda y miembros superiores, cinco con orificio de salida.
De las siete heridas, cuatro tuvieron trayectoria posterio- anterior y tres
Copia del informe pericial de
antero-posterior. En ninguna hubo residuos de disparo. La causa de muerte
necropsia. Folios 85 a 90 C. 3.
fue anemia aguda por proyectil de arma de fuego y los orificios de las prendas
coincidían con las heridas, según da cuenta copia auténtica del informe
pericial de necropsia n°. 2008010163594000004 del 5 de febrero de 2008»
Copia del acta de reconocimiento y del «9.4. El 10 de febrero de 2008, Yolanda Arias de Valencia reconoció el cuerpo
registro civil de defunción. Folios 83 y encontrado el 5 de febrero de 2008, en la vereda «La Carmelita», como el de
84 C.3 y 132 C.6 su hijo Hugo Alexander Arias Villada, que murió el 4 de febrero de 2008 (…).»
Providencia del Consejo Superior de la «9.5. El 8 de febrero de 2012, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Judicatura que resolvió el conflicto de Superior de la Judicatura decidió el conflicto de jurisdicciones entre el
jurisdicción para el conocimiento del Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías de Armenia y el
ilícito de homicidio. Folios: 201 a 231 Juzgado Décimo de Instancia de Brigada de Yopal. Asignó la investigación
C.2 de estos hechos a la Fiscalía Quinta Especializada de la Unidad de DDH y
Derecho Internacional Humanitario de Armenia (…)»
Copia de los registros civiles de «9.6. Higo Alexander Arias Villada era hijo de Yolanda Arias Calderón y
nacimiento. Folios:34 a 37 C.1. hermano de Luz Alejandra Galeano Arias, Diana Carolina Villada Arias y
Rosalba Valencia Arias (…).»
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De acuerdo con las anteriores premisas fácticas, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado expuso la siguiente valoración conjunta de los
medios de prueba:
«El daño está demostrado porque Hugo Alexander Arias Calderón falleció el 4 de febrero de 2008 en la
vereda «La Carmelita», municipio de Quimbaya [hecho probado 9.4.], por el impacto de siete proyectiles
de arma de fuego que causaron una anemia aguda [hecho 9.3].
(…)
18. Conforme a las pruebas, el 4 de febrero de 2008, en la vereda «La Carmelita», municipio de
Quimbaya, el grupo especial «Atila 1», el Batallón de Ingenieros n°.8 Cisneros, ejecutó la misión táctica
n° 025 Fénix 2. La operación se planeó porque la comunidad denunció que un grupo de entre cuatro a
seis personas atracaban personas, hurtaban fincas y extorsionaban. Ese día, entre las 8:20 y 8:40 p.m.,
la tropa se desplazó en dos grupos. Cuando regresaban de hacer un registro, los soldados del primer
grupo escucharon ruidos y vieron a cuatro o cinco personas al lado de la vía. Un soldado lanzó la
proclama del Ejército, los sujetos respondieron con disparos y los soldados del primer grupo se
defendieron disparando. Los sodados del segundo grupo iban detrás, no dispararon, pero escucharon la
proclama y los disparos adelante.
Después del enfrentamiento, los militares informaron a las autoridades competentes y funcionarios de la
policía nacional acudieron a la escena, que estaba acordonada y protegida. Encontraron a Hugo
Alexander Arias Villada muerto, a su lado una pistola calibre 9 mm, una vainilla de ese calibre y otras de
calibres 7.65 y 5.56 mm. Las distintas autoridades a cargo de la investigación hicieron pruebas, estudios
y rindieron informes. Se acreditó, según las pruebas, que Arias Villada era diestro, tenía residuos de
disparo en la mano derecha, el arma que encontraron a su lado estaba en buen estado de
funcionamiento, tenía cinco cartuchos aptos para disparar y repercutió la vainilla calibre 9 mm
recolectada en la escena. El cuerpo tenía varios impactos de arma de fuego, que fueron realizados a
más de 1.30 metros y hasta doce metros de distancia, desde varias posiciones. Las heridas no tenían
residuos de disparo y coincidían con los orificios de las prendas.
De acuerdo con las pruebas de este proceso, no se acreditó que la muerte de Hugo Alexander Arias
ocurrió en estado de indefensión o por fuera de un enfrentamiento armado con el Ejército Nacional.
Tampoco se probó una manipulación de la escena o del cuerpo, pues los miembros de la policía judicial
y la Fiscalía llegaron al lugar de los hechos y constataron el estado de las cosas, esto es, víctima,
ubicación, elementos de guerra usados (…); recaudaron los elementos probatorios y evidencias físicas;
las embalaron, rotularon, registraron en el formato de cadena de custodia y las entregaron a la autoridad
competente.
(…) Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las
pretensiones. En concordancia, el artículo 177 CPC (…), prevé que las partes deben probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Como la demandante no cumplió
con la carga de la prueba, pues no acreditó la falla del servicio que alegó, la Sala revocará la sentencia
de primera instancia y negará las pretensiones.» (Subraya la Sala)
6.2. Consideraciones de la Sala frente al juicio probatorio de la sentencia del
30 de marzo de 2022 a la luz del precedente sobre la flexibilización de los
estándares probatorios en casos de ejecuciones extrajudiciales
6.2.1. En el escrito de impugnación, el magistrado ponente de la providencia acusada
manifestó que (i) la omisión en la aplicación del criterio de «flexibilización
probatoria» no materializa un defecto, porque las reglas probatorias
desarrolladas en el ordenamiento interno son normas de orden público y, por
tanto, de obligatorio cumplimiento; y (ii) que, en todo caso, la contradicción en
la información de los medios de prueba advertida por el a quo no tiene la
potestad de afectar el sentido de la decisión.
6.2.2. Para esta Sala, la sentencia acusada sí incurrió en defecto fáctico y en
desconocimiento del precedente judicial, porque omitió valorar los medios de
convicción conforme al desarrollo jurisprudencial que exige la flexibilización de
los estándares probatorios en casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles
(Supra 5). Además, porque en ese contexto, las contradicciones entre la
información que emana de los medios de prueba en relación con las
circunstancias en que ocurrieron los hechos, sí puede resultar relevante, para
construir inferencias en relación con la real materialización de un combate.
Ahora bien, se tiene que este caso, desde el escrito de demanda fue expuesto
como un posible evento de homicidio de un civil para presentarlo como
miembro de grupos armados ilegales. Además, los demandantes procuraron
demostrar dicha situación a partir de indicios creados con fundamento en
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diferentes medios de convicción; a pesar de ello, como antes se demostró, la
sentencia de segunda instancia en el proceso de reparación directa objeto de
análisis, carece de mención alguna al marco jurisprudencial que deben
considerar los jueces de lo contencioso administrativo cuando analizan casos
relacionados con graves violaciones de los derechos humanos.
6.2.3. Como antes se indicó, la posición mayoritaria de la Sala18 acepta la existencia
de un precedente judicial vigente y aplicable al caso concreto, relativo a la
flexibilización de los estándares probatorios en casos de graves violaciones a
los derechos humanos, como lo son las ejecuciones extrajudiciales.
Precedente desarrollado por la Corte Constitucional y acogido por varios
despachos de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
Lo anterior implica que se disminuya el nivel de rigurosidad con el que se exige
probar los hechos que sustentan la posible ocurrencia de un caso de «falsos
positivos» y es cuando cobra importancia la prueba indirecta o la creación de
indicios con apoyo en hechos probados que pueden llevar a respaldar otros
hechos en discusión. Esta labor requiere del juez de la causa agudeza para
identificar, a partir de patrones ya documentados y con apoyo en las reglas de
la experiencia- que hacen parte de la sana crítica-, si hay lugar a declarar la
responsabilidad del Estado por una falla en el servicio atribuida a la fuerza
pública con ocasión al homicidio de persona protegida.
6.2.4. En esa vía, el alegato de la impugnante, según el cual, el criterio de
flexibilización probatoria contraría el ordenamiento procesal probatorio interno,
no tiene vocación de prosperidad. De una parte, porque, precisamente,
corresponde a los órganos de cierre de cada jurisdicción dar alcance a las
normas que generen controversia en su aplicación y, de otra, debido a que el
criterio de flexibilización probatoria no contraría las disposiciones procesales
probatorias del ordenamiento jurídico colombiano.
Téngase en cuenta que, el fenómeno de la carga de la prueba no atiende a
parámetros rígidos, sino que, incluso desde la vigencia del Código de
Procedimiento Civil, se aceptó que el juez distribuyera esta carga y sus efectos
conforme a las situaciones específicas de cada caso, considerando, por
ejemplo, el estado de indefensión de los demandantes. Ahora, en casos de
ejecuciones extrajudiciales, la Corte Constitucional ha morigerado los efectos
de la carga de la prueba dada la situación de dificultad probatoria en la que,
por regla general, se encuentran los demandantes.
En tal virtud, flexibilizó los estándares probatorios y dio prevalencia a la prueba
indiciaria (enlistada en art. 175 del CPC) para que los demandantes pudieran
acreditar los supuestos de hecho que sustentan la tesis fáctica que defienden.
En esa medida, la línea creada en la jurisprudencia constitucional, y por gran
parte del Consejo de Estado, no es contraria al ordenamiento jurídico procesal
interno, sino que establece su alcance en un escenario determinado,
procurando la garantía del derecho al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a la administración de justicia de las víctimas indirectas de estos hechos.
6.2.5. Establecido lo anterior, pasa la Sala al análisis sobre la valoración probatoria
que adelantó la autoridad judicial accionada en el caso particular. Es claro que
el a quo identificó una contradicción, debidamente acreditada en el expediente,
y que, analizada al amparo de las reglas de flexibilización de los estándares
probatorios en casos de graves violaciones a los derechos humanos, podría
18 Consejo de Estado. Sección Cuarta: (i) Sentencia del 29 de septiembre de 2022. Proceso nro. 11001-03-
15-000-2022-03571-00. M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; (ii) Sentencia de tutela del 13 de julio de
2023. Proceso nro. 11001-03-15-000-2023-02742-00. M.P. Wilson Ramos Girón; (iii) Sentencia de tutela del
19 de julio de 2023. Proceso nro. 11001-03-15-000-2023-01579-00. M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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influir en la decisión en torno a la responsabilidad extracontractual de la entidad
demandada por el homicidio de Hugo Alexander Arias Calderón. Esto
comoquiera, que una de las premisas fácticas por las que se descartó la falla
en el servicio fue que no se probó la manipulación de la escena del crimen.
La contradicción entre el Acta de Inspección Técnica a Cadáver nro. 039 y la
declaración rendida por el subteniente Kiliam Rolando Umaña Camacho19 se
concentra en la posición en la que se encontraba el cuerpo de la víctima de
homicidio. Esto, comoquiera que, en su declaración el agente del Ejército
Nacional, y primer respondiente, manifestó que el cuerpo estaba boca abajo20,
mientras que en el acta de inspección técnica a cadáver se consignó que la
posición del cuerpo era de cúbito dorsal21 [boca arriba]. En consideración, de
los accionantes esta situación respalda la tesis de que la escena del crimen
fue alterada por los agentes del Ejército y de la simulación de un combate para
presentar a la víctima como baja de un grupo al margen de la Ley.
Adicional a lo anterior, se estima relevante considerar una situación expuesta
en la acción de tutela que no fue analizada por el juez de tutela de la primera
instancia y es la munición que se reportó como gastada en el alegado combate
en comparación con la cantidad de vainillas que fueron encontradas por el CTI.
Este enunciado fáctico, además, constituyó uno de los fundamentos que tomó
el Tribunal Administrativo de Quindío para sustentar la decisión de condena,
por lo que su valoración era relevante también en la segunda instancia.
Así pues, se tiene que en el Acta nro. 0459 del 5 de febrero de 200822, se
reportó que, en la Operación Magneto, Misión Táctica nro. 025 Fénix nro.2 se
gastaron 62 municiones calibre 5.56 mm. A pesar de lo anterior, el Cuerpo
Técnico de la Fiscalía General de la Nación solo encontró cinco vainillas calibre
5.56 mm en la diligencia de registro e inspección al lugar de los hechos, este
último hecho se declaró probado en la sentencia acusada [numeral 9.1.]. Esta
situación, resulta extraña frente a la hipótesis de la ocurrencia de un combate
y el juez debe estudiarla en conjunto con la contradicción que se identificó en
relación con la posición del cuerpo y demás pruebas del proceso, para
establecer su suficiencia o insuficiencia para refutar la tesis defendida por la
parte demandada.
6.2.6. La Sala observa que era relevante que la información que deriva de los medios
de prueba antes relacionados se examinara al amparo del precedente de
flexibilización de los estándares probatorios en casos de graves violaciones a
los derechos humanos. Tal omisión afecta los derechos al debido proceso, a
la igualdad y al acceso a la administración de justicia de los accionantes.
Sin ánimo de usurpar las competencias del juez natural de la causa, era
importante que esta información se analizara en armonía con la
preponderancia que se le ha otorgado a la prueba indiciaria en casos de
ejecuciones extrajudiciales de civiles y en aplicación de los principios de
equidad y pro homine.
6.2.7. Conforme a los argumentos expuestos, se estima que la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado desconoció el precedente judicial
fijado por la Corte Constitucional y por la mayoría de la Sección Tercera del
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21 Página 72 (folio 63). Cuaderno nro. 3. Expediente digitalizado del medio de control de reparación directa
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22 Página 315 (folio 257). Cuaderno nro. 3. Expediente digitalizado del medio de control de reparación directa
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Consejo de Estado (Supra 5) relativo a la exigencia de flexibilizar el estándar
probatorio en casos de ejecuciones extrajudiciales, dada la dificultad
probatoria de las víctimas indirectas ante la posición dominante y privilegiada
de los agentes de las Fuerzas Militares.
También se concreta, en consecuencia, el defecto fáctico debido a que la
valoración de las pruebas del proceso debió guiarse por las reglas de decisión
desarrolladas en precedente, esto implica dar prevalencia a la prueba indiciaria
e identificar patrones que pueda sugerir la ocurrencia de una ejecución
extrajudicial con apoyo en las reglas de la experiencia como presupuesto de
la sana crítica.
Contrario a lo anterior, lo que se observa en la sentencia acusada es que la
autoridad judicial accionada aplicó de manera estricta y rigurosa el fenómeno
de la carga de la prueba establecida en el artículo 177 del C.P.C. - aplicable a
este caso- y desconoció el escenario de dificultad probatoria en el que se
encuentran las víctimas indirectas y, de otro lado, el dominio de la escena del
homicidio en que se encontraban los agentes del Ejército Nacional.
6.2.8. Finalmente, conviene indicar que no se encuentran acreditados en el caso
concreto los presupuestos del apartamiento del precedente judicial:
transparencia y suficiencia, pues como se indicó, la accionada no hizo
referencia alguna al precedente judicial aplicable a su caso ni menos aún
expuso de manera razonada y motivada los argumentos que fundamentaran
su apartamiento23. Es más, contrariando el precedente judicial procedió a
aplicar con rigurosidad las consecuencias del fenómeno de la carga de la
prueba.
7. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala concluye que la sentencia del 30 de marzo de
2022, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
incurrió en defecto fáctico y en desconocimiento del precedente judicial. Esto,
porque la valoración probatoria en virtud de la cual se negaron las pretensiones de
la demanda no atendió al criterio de flexibilidad desarrollado por la jurisprudencia
contencioso-administrativa.
Por lo anterior, se confirmará la sentencia del 20 de abril de 2023, en la que la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado amparó los derechos
de los accionantes al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración
de justicia, atendiendo a los argumentos expuestos en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 20 de abril de 2023, por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
23 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU149 de 2021. M.P. Gloria Stella Ortiz delgado.
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4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
Salvó el voto
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