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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06333-00

Fecha
15 de febrero de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06333-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los señores Luz Marina Ortega Luna, Martín Alejandro Sanguino Ortega, Daniela Alejandra Sanguino Ortega, Angélica María Vergel Ortega, Martín Sanguino Rincón y Cecilia Luna de Ortega, quienes actúan por conducto de apoderado judicial. En consecuencia, Segundo.- DÉJASE sin efectos la sentencia de 5 de diciembre de 2022, proferida por la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, en el marco del medio de control de reparación directa con radicado No. 54001233100020100031402. Tercero.- ORDÉNASE a la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, que en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión en la que tenga en cuenta el precedente judicial sobre flexibilización probatoria para casos relativos a graves violaciones a los derechos humanos, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia. Cuarto.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-06333-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

15 de febrero de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-06333-00
Actora: Luz Marina Ortega Luna y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06333-00
Demandantes: LUZ MARINA ORTEGA LUNA, MARTÍN ALEJANDRO
SANGUINO ORTEGA, DANIELA ALEJANDRA SANGUINO
ORTEGA, ANGÉLICA MARÍA VERGEL ORTEGA, MARTÍN
SANGUINO RINCÓN Y CECILIA LUNA DE ORTEGA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
“C”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico y desconocimiento
del precedente judicial. Flexibilización probatoria para casos de
graves violaciones a los derechos humanos- ejecuciones
extrajudiciales-. Medio de control de reparación directa por falla en el
servicio

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Luz Marina Ortega Luna, Martín Alejandro Sanguino
Ortega, Daniela Alejandra Sanguino Ortega, Angélica María Vergel Ortega, Martín
Sanguino Rincón y Cecilia Luna de Ortega, quienes actúan por conducto de
apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”,
en la que piden el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia. A juicio de la parte actora, la
vulneración alegada se concretó en la sentencia de 5 de diciembre de 20221,
mediante la cual se resolvió modificar la de 30 de mayo de 2014, dictada por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en el sentido de declarar la falta de
legitimación en la causa por activa del señor Martín Sanguino Rincón y confirmar
la determinación de negar las pretensiones de la demanda, proferida en el medio
de control de reparación directa promovido con el fin de acceder al reconocimiento
de la indemnización de perjuicios derivada de la muerte del señor Jhony Alexander
Vergel Ortega causada con armas de fuego pertenecientes a miembros del
Comando de Caballería MAZA No. 5 de la 30 Brigada del Ejército Nacional el 4 de
agosto de 2008, en la zona del municipio de Durania, Norte de Santander
(radicado No. 54001233100020100031402).

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

En ejercicio del medio de control de reparación directa los señores Luz Marina
Ortega Luna, actuando en nombre propio y en representación de Daniela
Alejandra y Martín Alejandro Sanguino Ortega; Angélica María Vergel Ortega,
Martín Sanguino Rincón y Carmen Cecilia Luna, mediante apoderado judicial,

1
Notificada por edicto electrónico desfijado el 18 de abril de 2023. Índice 33 del Sistema para la Gestión Judicial SAMAI,
proceso con radicado No. 54001233100020100031402.

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demandaron al Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, para que se
declarara administrativa y patrimonialmente responsables por la muerte del señor
Jhony Alexis Vergel Ortega por las lesiones causadas con armas de fuego
pertenecientes a miembros del Comando de Caballería “MAZA” No. 5 de la 30
Brigada del Ejército Nacional en hechos acaecidos el 4 de agosto de 2008 en el
municipio de Durania, Norte de Santander, al considerar que su muerte se produjo
debido a una acción excesiva y desproporcionada de la fuerza pública, de lo que
da cuenta la cantidad de heridas y la desproporción entre el número de víctimas
mortales. Agregaron que el señor Vergel Ortega fue presentado como N.N. y
miembro de organizaciones al margen de la ley muerto en combate, lo que
después se demostró que no era cierto, en tanto quedó probado que no
pertenecía a esos grupos y tampoco tenía antecedentes penales.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander por
sentencia de 30 de mayo de 2014, negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que no existía prueba de que los uniformados del Ejército Nacional
excedieron el uso de la fuerza cuando accionaron sus armas de dotación oficial
en contra de la humanidad de la víctima directa, por lo que estimó que la muerte
se ocasionó debido a su actuar ilegítimo por lo que declaró probada la excepción
de culpa exclusiva de la víctima.

Inconforme con esa decisión, la parte actora presentó recurso de apelación en el
que reclamó la indebida valoración de elementos probatorios que obraban en el
expediente tales como: (i) protocolos de necropsia que establecen que el señor
Jhony Alexis Vergel Ortega recibió seis impactos de proyectil de arma de fuego,
uno de ellos postero-anterior, en un supuesto enfrentamiento que duró 7 minutos
y se habrían disparado 78 proyectiles de las armas oficiales que portaban los
militares, lo que, expresaron lo recurrentes, evidenciaba el desproporcionado uso
de la fuerza por parte de los militares; (ii) informe de materialización de
trayectorias que concluyó que los disparos fueron hechos a una distancia menor
de dos metros; (iii) informe ejecutivo que acreditó que las armas encontradas
junto a la víctima fueron disparadas, pero que no se había logrado acreditar
cuándo y que no era posible presumir que fue el día de los hechos y (iv) informe
topográfico que hacía referencia a dos armas encontradas junto a los cadáveres,
pero además se estableció la inexistencia de vainillas provenientes de los fusiles
oficiales en la ubicación en donde según el relato de los militares accionaron sus
armas para defenderse de un supuesto ataque sorpresivo perpetrado por la
víctima.

De igual modo, indicó que no resultaba válido otorgar valor probatorio a las
declaraciones rendidas por los militares porque no se realizaron bajo la gravedad
del juramento y al corroborarlas con la prueba técnica se desvirtuaba la veracidad
de lo relatado. Finalmente, en el recurso de apelación, la parte actora aseveró que
“no oculta” el comportamiento de la víctima revelado por una testigo, esposa de la
otra persona fallecida en el mismo ataque, en torno a que ellos iban a ejecutar un
hurto, sin embargo, no está demostrado y agregó que aun cuando eso fuera cierto
es una circunstancia que no puede legitimar “el atroz comportamiento de las
fuerzas militares”.

Por sentencia de 5 de diciembre de 2022, la Sección Tercera, Subsección “C” del
Consejo de Estado modificó la sentencia de primera instancia en el sentido de
declarar la falta de legitimación en la causa por activa del señor Martín Sanguino
Rincón y la confirmó en lo demás, esto es, en la negativa de acceder a las
pretensiones dirigidas a que se declarara la responsabilidad del Ejército Nacional
por la muerte del señor Vergel Ortega producto de una ejecución extrajudicial.

Para efectos de argumentar esa decisión expresó que la muerte del señor Jhony
Alexander Vergel Ortega se produjo por el comportamiento de la propia víctima

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que accionó en repetidas ocasiones su arma de fuego contra la humanidad de
soldados del Ejército Nacional y, con ocasión a ello, ante el inminente peligro que
revestía, los uniformados accionaron sus armas de dotación oficial ocasionándole
la muerte.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela en defensa de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los
cuales considera vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “C”, con la sentencia de 5 de diciembre de 2022, que modificó la de 30
de mayo de 2014 dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
proferida en el proceso de reparación directa promovido contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el fin de acceder al
reconocimiento de la indemnización de perjuicios derivada de la muerte del señor
Jhony Alexander Vergel Ortega en medio de un ataque perpetrado por miembros
del Comando de Caballería MAZA No. 5 de la 30 Brigada del Ejército Nacional el 4
de agosto de 2008, en la zona del municipio de Durania, Norte de Santander.

Comenzó por referirse al cumplimiento de los presupuestos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en ese sentido,
aseveró que es un asunto que tiene relevancia constitucional toda vez que
involucra un caso de graves violaciones de derechos humanos como lo es la
muerte de una persona producto de una ejecución extrajudicial. Al respecto, la
parte actora afirmó que persigue la reparación integral de los perjuicios derivados
de la muerte del señor Jhony Alexis Vergel Ortega que fue perpetrada por militares
que lo reportaron como NN muerto en un supuesto combate con organizaciones al
margen de la ley.

En este punto, señaló que la autoridad judicial accionada desconoció el debido
proceso al valorar de forma indebida las pruebas que obraban en el expediente
tales como, el protocolo de necropsia, el informe de residuos de disparo que
contienen información relevante sobre las características de los disparos en torno
al ángulo, la cantidad de proyectiles, trayectorias de los mismos, así como la
posible alteración de la escena, y que permitían acreditar que el fallecimiento de la
víctima directa se produjo en el marco de una ejecución extrajudicial. Sin embargo,
aseveró que en la sentencia cuestionada se hizo referencia a los mismos sin
realizar un análisis sobre el valor probatorio que se otorgaba a cada uno.

Concretamente, alegó la configuración de los siguientes defectos:

2.1. Defecto fáctico, que se habría configurado por la indebida valoración de las
pruebas que obraban en el expediente, en tanto no tuvo en cuenta lo consagrado
en el artículo 176 del Código General del Proceso que, a su juicio, obliga al juez a
realizar una apreciación “individual y luego conjunta” de las mismas y a flexibilizar
estándares de criterios probatorios en casos de ejecuciones extrajudiciales.

Específicamente reprochó la actividad probatoria respecto de los siguientes
elementos probatorios:

• Informe pericial de necropsia No. 2008010154001000554 expedido por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual indica que
la víctima recibió disparos de fusil, tres de ellos “postero-anteriores” y otros
desde diferentes ángulos, las posiciones de las trayectorias de los seis
proyectiles que impactaron el cuerpo de la víctima directa y que, afirmó,
evidencian que estaba rodeado por militares en tanto recibió impactos por
varios lados de su cuerpo, incluso por la espalda.

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Explicó que, en la sentencia cuestionada, sobre ese documento, se limitó a
describir lo informado sobre la causa de la muerte sin detenerse a analizar,
bajo una perspectiva de derechos humanos, lo manifestado en torno al
hecho de que hubiera recibido varios disparos por la espalda y desde
distintos ángulos.

• Informe técnico de materialización de trayectorias en el que los técnicos en
balística en cumplimiento de la orden de trabajo No. 4306-09 determinaron
que hubo disparos realizados desde una distancia menor de dos metros y
que había evidencia de restos de pólvora y que de acuerdo con la ubicación
de los orificios de entrada y materialización de trayectorias la víctima recibió
cuatro disparos “por la parte posterior del cuerpo con trayectoria postero-
anterior”.

• Informe de operaciones, ejecutivo y topográfico de la Fiscalía General de la
Nación, el cual da cuenta de que la munición utilizada por los uniformados
fue de 78 cartuchos calibre 5,56. Además, se indica que no hubo hallazgos
de vainillas en el lugar de los hechos lo que, afirmó, debió llamar la atención
de la autoridad judicial accionada, en tanto estas deben quedar en el lugar
de los disparos varios de ellos a menos dos metros de distancia lo que
desvirtúa el relato en torno a que las mismas no pudieron ser encontradas.

Asimismo, puso de presente que se pasó por alto lo manifestado en dicho
informe en torno a que la zona no fue acordonada.

En este punto, aseveró que “si una de las víctimas fue ejecutada a una
distancia superior a los dos metros y la otra a una distancia inferior a dos
metros tal circunstancia no puede pasar desapercibida por el Juzgador toda
vez que permite concluir: que las víctimas fueron ejecutadas desde
diferentes ángulos y posiciones; (ii) que los disparos que impactaron a una
de las víctimas se produjeron a una distancia superior a los dos metros (sin
residuos de pólvora); (iii) que ambas víctimas específicamente el señor
Jhony Alexis Vergel Ortega, fue impactada en dos oportunidades por la
espalda, a una distancia inferior a dos metros; (v) la presencia de muchos
victimarios”, con lo cual resultaba imposible concluir que la muerte se
produjo en combate y que hubo intercambio de disparos.

• Estudio técnico de las armas de fuego y residuos de disparo en las manos
de la víctima, sobre el cual adujo que el hecho de que el resultado hubiese
sido positivo para partículas de residuos de disparo en la mano derecha,
ello no es suficiente para acreditar que accionó el arma el día de los hechos
y contra los militares. Agregó que esa prueba debe valorarse en conjunto
con otros elementos suasorios.

Al respecto, se refirió a las sentencias de 23 de mayo 2, de 12 de
septiembre3 y de 3 de octubre de 20124, proferidas por la Sección Tercera
del Consejo de Estado que establecen que la prueba de absorción atómica
“no resulta indicativa per se, de que hubiera accionado un arma y mucho
menos de que tuvo una participación directa y efectiva en los hechos” y
que, por lo tanto, es necesario analizarla en conjunto con otros medios de
prueba.

2
M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
3
M.P. Hernán Andrade Rincón. Expediente 2000-02567-02.
4
M.P. Hernán Andrade Rincón. Expediente 2000-04259-02. En este mismo sentido, hizo referencia a las sentencias de 13
de noviembre de 2013, expediente 2001-01988-01, de 24 de julio de 2013, expediente 2001-00235-01 y 9 de mayo de
2014, expediente 2000-00017-01.

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En esa línea, mencionó la sentencia de 23 de julio de 2017 dictada por la
Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado que estableció que
la prueba de absorción atómica no tiene validez cuando se viola la cadena
de custodia.

Así mismo, aseveró que la autoridad judicial accionada no podía apoyarse
en este medio probatorio para concluir que la muerte de la víctima se
produjo en combate y que, por lo tanto, se habría configurado el eximente
de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima.

• Declaraciones rendidas por los militares que participaron en el ataque
donde murió el señor Jhony Alexis Vergel Ortega, quienes manifestaron
que fueron atacados por él y que en su defensa tuvieron que accionar las
armas. La parte actora afirmó que esta prueba debe ser valorada teniendo
en cuenta que no se acreditó el intercambio de disparos y que la cuadrilla
estaba integrada por 1 oficial, 2 suboficiales y 16 soldados, y utilizaron 78
municiones contra dos personas, lo que descarta una legítima defensa
frente a dos supuestos atacantes.

• Prueba indiciaria: en este punto se refirió al desconocimiento de los
siguientes indicadores visibles en las pruebas valoradas que permitían a la
autoridad judicial accionada concluir que la muerte del señor Vergel Ortega
se produjo en una ejecución extrajudicial.

➢ La víctima no era de esa zona.
➢ No tenían antecedentes penales.
➢ No existen informes de inteligencia por parte del Ejército Nacional en los
que se hubiera identificado a la víctima como miembro de algún grupo al
margen de la ley.
➢ Los militares dispararon 78 cartuchos y no se encontraron las vainillas.
➢ En el operativo no resultó herido un solo militar.
➢ Las armas encontradas junto a los cuerpos fueron disparadas en tres
oportunidades
➢ Cuando recibió los impactos de proyectil se encontraban rodeados por
militares.
➢ Los disparos fueron hechos a menos de dos metros de distancia.
➢ Las versiones de los militares que se encontraban en el momento de los
hechos, no coinciden con los informes técnicos.

• Afirmó que en la sentencia cuestionada se concluyó que el daño tuvo origen
en el comportamiento de la víctima, sin embargo, no se acreditó con
suficiencia, pues a su juicio, el hecho de que se hubieran encontrado armas
junto al cuerpo no demuestra que aquél les hubiera disparado y menos
cuando la escena la tuvieron bajo control los militares.

Explicó que esas evidencias tenían que valorarse en conjunto con los otros
medios de prueba que permitan advertir los disparos a corta distancia y por
la espalda informados en la necropsia y en el informe de materialización de
trayectorias.

Finalmente, sostuvo que la indebida valoración probatoria tuvo incidencia en la
decisión cuestionada, en tanto de haberse tenido en cuenta los precitados
elementos probatorios, la autoridad judicial accionada hubiese advertido que se
trató de un caso de ejecución extrajudicial y, en consecuencia, declarado
responsables a las entidades demandadas de los perjuicios derivados de la
muerte del señor Jhony Alexis Vergel Ortega. En este punto, la parte actora
expresó lo siguiente:

“si las pruebas hubieran sido valoradas en conjunto, el operador jurídico habría
concluido que se encontraba ante un crimen de lesa humanidad por atentar contra la

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dignidad y la condición humana, pues las víctimas fueron reducidas y luego
asesinadas, violando el principio de distinción.

No hubo un ataque, fue una simple simulación contra las víctimas, resultando aplicable
el precedente internacional, determinado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en los casos de violaciones sistemáticas, graves y flagrantes sobre todo
cuando estos casos han sido planificados y tolerados por las autoridades estatales”.

2.2. Defecto sustantivo que, en términos de la parte actora, se configuró “por
desconocimiento de la doctrina probable en el tema de ejecuciones extrajudiciales
mal llamados falsos positivos que han determinado la viabilidad de acudir a la
prueba indiciaria que ordinariamente demuestra (i) que la inactividad probatoria de
la parte demandada constituye un indicio de responsabilidad debiendo
flexibilizarse; (ii) los testimonios y las indagatorias del proceso penal pueden ser
valorados como indicios, especialmente aquellos que establecen circunstancias de
modo, tiempo y lugar; (iii) que este tipo de proceder ha obedecido a patrones
generalizados así: una ficticia operación militar, ofertas de trabajo, la ejecución se
produce en lugares alejados, alteración de la escena, los ejecutados no disparan
armas de fuego, a las son colocadas armas de fuego en sus manos, las
trayectorias de los disparos muestran el asesinato por la espalda y desde un sitio
distante donde se encontraba la tropa; (iv) las víctimas aparecen como NN sin
documentos; (v) las víctimas son conducidas al lugar de la ejecución mediante
señuelo -ofertas laborales, ejecución de actividades criminales entre otras”.

2.3. Desconocimiento del precedente judicial, al considerar que se inaplicó la
doctrina probable sobre el deber de acudir a la prueba indiciaria en los casos de
ejecuciones extrajudiciales. En ese sentido, enunció en una nota al pie de página
sentencias emanadas del Consejo de Estado de 5 de marzo de 20155, 7 de
septiembre de 20156 y 28 de abril de 20217, que han identificado los escenarios
que han rodeado esa clase de sucesos, tales como una ficticia operación militar,
uso de señuelos como ofertas de trabajo o para la ejecución de actividades
delictivas, la muerte se produce en lugares apartados, las víctimas siempre tienen
a su lado armas de fuego, trayectorias de disparos por la espalda y a cortas
distancias y se reportan como NN.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló la siguiente:

“Se ruega al Juez de amparo constitucional dejar sin efectos la sentencia proferida por
la Subsección C de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado del 5 de diciembre de
2022 en el radicado 54001-23-31-000-2010-00314-02 (52.496) y en su lugar expedir
una nueva decisión conforme a lo que determine el Juez de Amparo Constitucional y
dada la gravísima violación de los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y debido proceso”.

4. Pruebas relevantes

Obran en el expediente los siguientes documentos:

• Copia de la sentencia de 5 de diciembre de 2022, proferida por la Sección
Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado.

• Copia de la sentencia de 30 de mayo de 2014, dictada por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.

5
M.P. Ramiro de Jesús Pasos Guerrero. Expediente 2004-03617-01.
6
M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Expediente 2010-00178-01.
7
M.P. Ramiro de Jesús Pasos Guerrero. Expediente 2011-00080-01.

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Actora: Luz Marina Ortega Luna y otros

De igual modo, obra copia digitalizada del expediente No. 54001-23-31-000-2010-
00314-02, correspondiente al medio de control de reparación directa promovido
por la señora Luz Marina Ortega y otros.

5. Trámite procesal

Por auto de 26 de octubre de 2023, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada,
así como al Tribunal Administrativo de Norte de Santander y al Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional, como terceros interesados en el resultado del
proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 124620 a 124626
de 31 de octubre de 20238, con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”

El magistrado ponente de la sentencia cuestionada pidió que se declare
improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumple el presupuesto
de la relevancia constitucional, en tanto el actor pretende dar continuidad al debate
superado en el proceso ordinario o, en su defecto, que se nieguen las
pretensiones de la demanda toda vez que no se vulneraron los derechos
fundamentales invocados.

Al respecto, indicó que aunque la parte actora invoca la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, lo cierto es que la acción de tutela está motivada en el desacuerdo con la
decisión adoptada y la emplea como una instancia adicional, pretendiendo que el
juez constitucional efectúe un nuevo análisis a las pruebas que ya fueron
valoradas por el juez natural.

Asimismo, adujo que no se configuró el defecto fáctico alegado porque el análisis
realizado en la sentencia del 5 de diciembre de 2022 se efectuó adecuadamente,
conforme a los medios de convicción decretados y practicados en el proceso de
reparación directa. En ese sentido, transcribió in extenso apartes de la sentencia
en donde se efectúa el análisis del daño antijurídico y la imputación y, en ese
marco, concluyó que se valoraron las pruebas obrantes en el expediente que
permitieron constatar que la muerte del señor Jhony Alexander Vergel Ortega “se
ocasionó por el comportamiento voluntario y negligente de la propia víctima, el
cual fue decisivo y determinante en la producción del hecho lesivo, puesto que, sin
mediar razones, accionó en repetidas ocasiones su arma de fuego contra la
humanidad de soldados del Ejército Nacional y con ocasión de ello, ante el
inminente peligro que ello revestía, los uniformados accionaron sus armas de
dotación oficial ocasionándole la muerte, de modo que se acreditó la culpa de la
víctima como causal eximente de responsabilidad con plenos efectos liberatorios,
dado que la conducta del propio perjudicado resultó determinante para que
sufriese el menoscabo en su humanidad”.

8
La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: digitadorasobh@gmail.com, notifjrodriguez@consejodeestado.gov.co;
sjaimesv@consejodeestado.gov.co; ktorresb@consejodeestado.gov.co; notifgsanchez@consejodeestado.gov.co;
jhernandezca@consejodeestado.gov.co; notifnyepes@consejodeestado.gov.co; ncardenasa@consejodeestado.gov.co,
ces3secr@consejodeestado.gov.co, atencionciudadanoejc@ejercito.mil.co, ceoju@buzonejercito.mil.co,
notificacionesjuridi@ejercito.mil.co, peticiones@pqr.mil.co, notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co;
Notificaciones.Bogota@mindefensa.gov.co; notificaciones.judiciales@mindefensa.gov.co,
sgtadminnstd@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminnstd@notificacionesrj.gov.co;
stectadminnstecd@cendoj.ramajudicial.gov.co .

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Actora: Luz Marina Ortega Luna y otros

Sobre el deber de acudir a la prueba indiciaria en los casos de ejecuciones
extrajudiciales referido por la parte actora, señaló que las providencias a las que
hacen referencia los tutelantes sobre esa temática -sentencias del 5 de marzo de
2015, 7 de septiembre de 2015 y 28 de abril de 2021-, de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, no reúnen las características para ser consideradas como un
precedente judicial obligatorio, principalmente, porque en el caso analizado no hay
“orfandad” probatoria, además la ratio decidendi del fallo que se evalúa como
precedente no presenta una regla judicial relacionada con el presente caso, a lo
que agregó que “si bien los hechos del caso juzgado en el proveído son
semejantes con el precedente que se alega como desconocido, no plantean un
punto de derecho similar al caso objeto de reproche”.

Finalmente, indicó que en virtud de lo consagrado en los artículos 228 y 230 de la
Constitución Política, prima la autonomía e independencia judicial en aras de
garantizar un correcto funcionamiento de la administración de justicia, por lo que
los jueces gozan de discrecionalidad en la valoración probatoria y la aplicación del
ordenamiento jurídico para resolver un caso concreto, lo que no puede ser
reprochable menos cuando existen distintas formas de solución que son
admisibles y compatibles con la normatividad aplicable.

6.2. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander remitió el link habilitado para
la consulta del expediente, empero, no efectuó algún pronunciamiento sobre los
hechos y las pretensiones de la demanda. De igual modo, las autoridades
vinculadas como terceras con interés guardaron silencio a pesar de que se les
notificó en debida forma el auto admisorio de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la Sección Tercera, Subsección “C” del
Consejo de Estado con la sentencia de 5 de diciembre de 2022, que modificó la de
30 de mayo de 2014, dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
en el sentido de declarar la falta de legitimación en la causa por activa del señor
Martín Sanguino Rincón y confirmarla en relación con la negativa de acceder a las
pretensiones de la demanda, proferida en el medio de control de reparación
directa promovido con el fin de acceder al reconocimiento de la indemnización de
perjuicios derivada de la muerte del señor Jhony Alexander Vergel Ortega por
heridas causadas con arma de fuego pertenecientes a miembros del Comando de
Caballería MAZA No. 5 de la 30 Brigada del Ejército Nacional el 4 de agosto de
2008 en la zona del municipio de Durania, Norte de Santander, vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, al supuestamente incurrir en los defectos (i) fáctico, por la indebida
valoración de la prueba técnica y los indicios que acreditaban que la muerte de su
familiar correspondía a una ejecución extrajudicial (ii) sustantivo, al no aplicar la
flexibilización de los estándares probatorios en materia de graves violaciones a los
derechos humanos y (iii) desconocimiento del precedente judicial, relativo a la
flexibilidad probatoria en casos de graves violaciones a derechos humanos,

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establecido en las sentencias del Consejo de Estado de 5 de marzo de 20159, 7 de
septiembre de 201510 y 28 de abril de 202111.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos12 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos13, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en
virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 201214, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
201415, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200516.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico17; (ii) Defecto procedimental absoluto18; (iii)
Defecto fáctico19; (iv) Defecto material o sustantivo20; (v) Error inducido21; (vi)

9
M.P. Ramiro de Jesús Pasos Guerrero. Expediente 2004-03617-01.
10
M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Expediente 2010-00178-01.
11
M.P. Ramiro de Jesús Pasos Guerrero. Expediente 2011-00080-01.
12
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
13
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
14
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
15
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
17
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
18
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
19
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.

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Decisión sin motivación22; (vii) Desconocimiento del precedente23 y (viii) Violación
24
directa de la Constitución .

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo25 y de la Corte
Constitucional26.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. El criterio de la flexibilización probatoria en casos de graves violaciones a
los derechos humanos

Un principio general del derecho consiste en que a quien afirma un hecho le
incumbe probarlo “affirmanti incumbit probatio” y quien incumpla esta carga en un
proceso judicial obtendrá una negativa a las pretensiones de la demanda. Así,
cuando se persigue la reparación integral de un daño este deberá probarse junto a
los demás elementos de la responsabilidad de Estado -imputación y relación de
causalidad-.

En ese sentido, el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011 consagra que “quien acuda
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber
constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración
de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y
probatorias previstas en este Código”. Así mismo, el artículo 167 del Código
General del Proceso prescribe que “incumbe a las partes probar el supuesto de
27

hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

En los casos de ejecuciones extrajudiciales, la Corte Constitucional ha reconocido
que existen dificultades probatorias en los casos que involucran civiles que son
presentados como bajas legítimas en supuestos enfrentamientos armados,
principalmente, para las víctimas que no pueden cumplir con la carga probatoria
que impone el ordenamiento jurídico procesal, por lo que el remedio que han
establecido tanto esa Corporación como la Sección Tercera del Consejo de
Estado es la flexibilización probatoria.
20
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
21
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
22
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
23
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
24
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de 2023 y SU-061
de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
25
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7
de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de
2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
26
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
27
El artículo 211 de la Ley 1437 de 2011 dispone que “[e]n los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria
las normas del Código de Procedimiento Civil”

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En la sentencia T-237 de 201728, la Corte consideró que flexibilizar los criterios
probatorios en favor de víctimas de graves violaciones de derechos humanos
responde al deber de garantizar el principio de equidad, por lo que señaló,
constituye “un deber de los jueces ejercer las potestades que les han sido
conferidas en aras de garantizar la justicia material con pleno respeto de los
derechos fundamentales de todas las partes involucradas”, a través de distintas
formas tales como “las inferencias judiciales razonables, la aplicación de las reglas
de la experiencia y la inversión de la carga probatoria”.

En esa misma línea, en la sentencia SU-035 de 201829 desarrolló la flexibilización
de los estándares probatorios en casos de ejecuciones extrajudiciales y la
importancia de la valoración de la prueba indiciaria para superar las dificultades
que se presentan en estos casos para probar las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en los que ocurren los hechos. En ese sentido, a partir del desarrollo de la
jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional aseveró que constituye “un deber aplicar de manera flexible los
estándares probatorios y es deber de los jueces el ejercer las facultades oficiosas
a fin de garantizar la justicia material, respetando los derechos fundamentales de
las partes.”

De igual modo, en esta sentencia de unificación se resaltó la necesidad de incluir
en el análisis el contexto histórico en que se presentan los hechos y la existencia
de ciertos elementos, conductas o actuaciones pueden ser indicios de la
responsabilidad del Estado, “por ejemplo, las declaraciones efectuadas por los
uniformados involucrados o la ausencia de antecedentes penales de la víctima,
entre otros”.

En el caso concreto analizado en esa oportunidad, advirtió que la autoridad judicial
accionada incurrió en un yerro al no tener en cuenta “los hechos indicadores
despertaban por lo menos una duda acerca de la ocurrencia de los hechos. Pues
a la luz de los principios de la equidad y pro homine no es admisible que (i) una
muerte calificada como “violenta y atroz”30, (ii) de una persona identificada como
jornalera de la región, (iii) sin antecedentes penales, (iv) que se encontraba en
estado de “indefensión” por la posición en que fue encontrado el cadáver y la
trayectoria de los disparos, (v) cuyo deceso ocurrió por el accionar de los
miembros del Ejército Nacional; y (vi) sin que estuviese probado un combate;
derive en que no logró probarse ninguna de las tesis propuestas por las partes y,
por tanto, no configurado el daño antijurídico imputable a los agentes del Estado”.

De igual modo, en la sentencia SU-060 de 202131 estudió la acción de tutela
presentada contra una sentencia proferida por la Sección Tercera, Subsección “A”
del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la demanda de reparación
directa contra el Ejército Nacional presentada por los familiares de dos personas
presentadas como bajas en combate durante enfrentamientos presuntamente
sostenidos en la ciudad de Pereira el 8 de septiembre de 2007.

En esa providencia, la Corte Constitucional consideró que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración de los informes de
necropsia, informe ejecutivo de actos urgentes de la Fiscalía General de la Nación,
el estudio de balística, las declaraciones de los militares y el informe ejecutivo del
Fiscal 57 de Unidad de Derechos Humanos, en tanto “no fueron valorados en
conjunto, bajo un racero lógico, coherente y concatenado”.

28
M.P. (E) Iván Humberto Escrucería Mayolo.
29
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
30
Calificada así por el Consejo de Estado, cfr. Sentencia censurada folio 91.
31
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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Además, consideró que se configuró un defecto sustantivo “por un error en la
interpretación de los principios pro homine y de equidad, al no haber aplicado la ya
mencionada flexibilización de los estándares probatorios a efecto de privilegiar la
justicia material, utilizando medios de prueba indirectos como los indicios o
morigerando la carga de la prueba para demostrar el perjuicio material objeto de la
reclamación. Por el contrario, al denegar las pretensiones de la demanda indicó
que la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que le impone la ley”.

Esa corporación judicial consideró que se debió “flexibilizar los estándares
probatorios, por tratarse de un presunto caso de ejecución extrajudicial, el cual, de
acuerdo con la jurisprudencia de ese Tribunal, constituye una grave violación a los
derechos humanos y, por tanto, exige que se aplique el rasero probatorio menos
riguroso -al de cualquier otro tipo de casos-, de manera que ante la duda debía
“privilegiar racionalmente aquellas que acrediten un grado superior de probabilidad
lógica o de probabilidad prevaleciente, resultado que se obtiene aplicando las
reglas de la experiencia que incluyen conocimientos técnicos, leyes científicas o
generalizaciones del sentido común”32.

Igualmente, la Corte Constitucional ha acudido a la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para señalar que en casos que involucran
graves violaciones a los derechos humanos en el sistema interamericano se ha
considerado la importancia de apreciar las pruebas bajo las reglas de la sana
crítica reduciendo el rigor procesal. En ese sentido, en la sentencia SU-060 de
202133 desarrolló la sentencia 29 de julio de 1988 del caso Velásquez Rodríguez
vs. Honduras34, y destacó de este pronunciamiento el análisis sobre la relevancia
que en estos casos lo jueces deben dar a las pruebas circunstanciales, indicios y
presunciones. Al respecto, sostuvo:

“73. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de 29 de julio de
1988 del caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras 35, señaló que los criterios de
valoración probatoria son menos formales por la gravedad de las conductas que
encierran, de ahí que lo correspondiente sea aceptar que la prueba directa -documental
o testimonios- “no es la única que puede legítimamente considerarse para fundar la
sentencia”. De tal forma, la Corte consideró que “[l]a prueba circunstancial, los indicios
y las presunciones, pueden utilizarse, siempre que de ellos puedan inferirse
conclusiones consistentes sobre los hechos”, de ahí que, “[l]a prueba indiciaria o
presuntiva resulta de especial importancia cuando se trata de denuncias sobre la
desaparición, ya que esta forma de represión se caracteriza por procurar la supresión
de todo elemento que permita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las
víctimas”.

Bajo tal contexto, indicó que “a diferencia del derecho penal interno en los procesos
sobre violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar
sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado quien
tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio”36.

En sentencia de 11 de septiembre de 201337, la Sección Tercera del Consejo de
Estado estableció la siguiente definición de ejecución extrajudicial: “se trata de la
acción consiente y voluntaria desplegada por un agente estatal, o realizada por un
32
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de octubre del 2014, rad. 20411. Reiterada en la sentencia SU-035 de
2018.
33
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
34
En igual sentido los casos González Medina y Familiares Vs. República Dominicana, sentencia de 27 de febrero de 2012,
párrs 131 y 132; Godínez Cruz Vs. Honduras, sentencia de 20 de enero de 1989, párrs. 134 a 137; Fairén Garbi y Solís
Corrales Vs. Honduras, sentencia de 15 de marzo de 1989, párrs. 131 a 134; y Blake Vs. Guatemala, sentencia de 24 de
enero de 1998, párrs. 133 a 137.
35
En igual sentido los casos González Medina y Familiares Vs. República Dominicana, sentencia de 27 de febrero de 2012,
párrs 131 y 132; Godínez Cruz Vs. Honduras, sentencia de 20 de enero de 1989, párrs. 134 a 137; Fairén Garbi y Solís
Corrales Vs. Honduras, sentencia de 15 de marzo de 1989, párrs. 131 a 134; y Blake Vs. Guatemala, sentencia de 24 de
enero de 1998, párrs. 133 a 137.
36
Se remite a los siguientes pronunciamientos jurisprudenciales: sentencia del 6 de julio del 2009, caso Escher y otros vs.
Brasil, párr. 127; sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135; sentencia del 28 de
enero del 2009, caso Ríos y otros vs. Venezuela, párr. 98; sentencia del 3 de abril del 2009, caso Kawas Fernández vs.
Honduras, párr. 95.
37
M.P. Danilo Rojas Betancourth. Expediente 41001-23-31-000-1994-07654-01.

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particular con anuencia de aquél, por medio de la cual, en forma sumaria y
arbitraria, se le quita la vida a una persona que por su condición de indefensión
está protegida por el derecho internacional. En el caso de los combatientes, su
asesinato puede ser considerado una ejecución extrajudicial cuando han depuesto
las armas”.

De igual modo, consideró que las dificultades probatorias que se presenta para las
víctimas se originan en que las pruebas, “en la mayoría de los casos, están en
manos de las autoridades de quienes se predica la responsabilidad, o han sido
ocultadas para evitar el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos”. En este
punto, recordó que, aunque las normas procesales aseguran bienes jurídicos de
mayor valía en casos que involucran graves violaciones a los derechos humanos
debe flexibilizarse la ritualidad procesal en la actividad probatoria para asegurar
una decisión que se fundamente en “versiones de los hechos que sean lo más
fieles posible a la verdad real”. Al respecto, expresó lo siguiente:

“2.2.3.6. Lo que implica que, bajo la óptica de la guarda y protección de las garantías
humanas y fundamentales, el derecho de acceso a la administración de justicia podría
verse conculcado cuando se realiza una aplicación excesivamente rigurosa de los
requisitos meramente formales, conduciendo a que el juez se abstenga de la
apreciación de aquellas pruebas que reposan en el expediente y que son relevantes
para la solución del caso concreto. En esa eventualidad, se estaría prefiriendo la
vigencia del formalismo ritual por sobre la aplicación de las normas sustanciales, en
contravía de uno de los objetivos básicos del proceso judicial, como lo es la
consecución de una verdad real que permita la solución del caso concreto con base en
los hechos sometidos al juzgamiento, objetivo éste que cobra especial relevancia
cuando se trata de juzgar casos que, por su especial afectación de los derechos
humanos, serían justiciables ante la jurisdicción internacional para la tutela de tales
garantías”.

En esa ocasión, declaró la responsabilidad del Estado por los daños derivados de
la muerte de una persona como consecuencia de una ejecución extrajudicial, lo
que evidenció a partir de pruebas indiciarias que consideró suficientes para
concluir con “total certeza sobre la ocurrencia de una falla del servicio por parte de
los militares participantes en la operación”.

En ese sentido, como indicador de la ejecución extrajudicial se tuvo en cuenta los
disparos a corta distancia de acuerdo con la información del acta de necropsia al
cadáver, pues consideró que ello desvirtuaba el relato de los uniformados sobre
un enfrentamiento.

De igual modo, en la sentencia de 23 de marzo de 201738, la Sección Tercera del
Consejo de Estado se refirió al Cuarto Informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia, y sobre las ejecuciones extrajudiciales presentado por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que expresó39:

“La información disponible revela que los casos de ejecuciones extrajudiciales abarcan
una serie de supuestos tales como: i) ejecución de miembros de la guerrilla fuera de
combate; ii) ejecución de líderes comunitarios acusados de ser colaboradores; iii)
transferencia de cuerpos de grupos paramilitares a unidades del Ejército; iv) ejecución
de informantes y miembros desmovilizados para encubrir crímenes anteriores, negar
vinculaciones y destruir evidencia; v) ejecución de personas que mantienen lazos con
organizaciones criminales como resultado de alianzas y corrupciones; vi) ejecución de
personas que fueron intencionalmente reclutadas o detenidas (personas vulnerables,
personas con discapacidad, adictos, personas en situación de calle y con antecedentes
criminales); y vii) ‘errores militares”’ encubiertos por la simulación de un combate”.

38
M.P. Hernán Andrade Rincón. Expediente No 05001233100020060364701.
39
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cuarto Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en
Colombia, Verdad, Justicia y reparación, OEA/Serv. L/V/II, Doc. nº 49, 2013, p. 79. Al respecto se puede revisar:
http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/Justicia-Verdad-Reparacion-es.pdf (consultado el 27 de agosto del 2014)

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En ese orden, desarrolló la importancia de la prueba indiciaria en casos de graves
violaciones a los derechos humanos bajo la flexibilización de criterios probatorios,
para determinar la responsabilidad del Estado por la ejecución extrajudicial de
persona protegida.

Bajo la misma línea, la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado en
sentencia de 4 de diciembre de 202340 se refirió a las dificultades probatorias en
casos de ejecuciones extrajudiciales y detalló las características en que se
presentan en los siguientes términos:

“Entonces, este tipo de situaciones se caracterizan porque en torno a ellas se realiza
una verdadera mise en scene encaminada a aparentar que la muerte de una persona
ajena al conflicto armado se produjo porque esta representaba una amenaza contra la
sociedad o contra la vida e integridad de la población o de los integrantes de las
fuerzas del orden, cuando en realidad su deceso ocurrió por actuaciones de agentes
públicos que configuran una falla en el servicio por resultar arbitrarias, injustificadas o
desproporcionadas y contrarias al mandato constitucional de protección de la vida, la
seguridad e integridad de las personas.

En estos eventos, prevalidas de su control sobre la escena donde ocurrieron los
hechos, las autoridades alteran las pruebas, las suprimen, crean o implantan unas
nuevas para enmascarar la verdad de lo sucedido y figurar que la víctima era un actor
armado ilegítimo que estaba atentando contra la población o contra los agentes
públicos, o que representaba una amenaza grave contra la vida e integridad de estos.
Así, entre las múltiples maneras de alterar la verdad, la víctima es presentada, muchas
veces, con armas o con uniformes de uso exclusivo de las fuerzas armadas,
aparentando que su muerte ocurrió en combate”.

Frente a ello, señaló que el juez debe verificar las circunstancias propias de cada
caso, en un escenario en el que se presenta, de una parte, la versión oficial de los
agentes del Estado y, de la otra, el relato opuesto de las víctimas, por lo que debe
establecer la verdad material a partir de los postulados de la sana crítica,
autonomía judicial y de la “probabilidad e inferencias lógicas”.

En ese sentido, resaltó la importancia de la prueba indiciaria que, “en su labor
valorativa y mediante la inferencia lógica, construye el juez partiendo de la
existencia de unos hechos debidamente conocidos y acreditados mediante prueba
directa para, por medio de la aplicación de la sana crítica, la lógica y las reglas de
la experiencia, establecer aquellos supuestos fácticos que no están directamente
demostrados y son desconocidos en el plenario”.

Con todo, existe una consolidada línea jurisprudencial de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre el criterio de flexibilización
probatoria en casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, cuyo propósito
es garantizar la reparación integral a las víctimas de graves violaciones de los
derechos humanos, cuyo fundamento principal en la garantía del principio de
equidad.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que están cumplidos en el asunto bajo estudio, por cuanto (i)
goza de relevancia constitucional, en tanto se invoca la protección constitucional
de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia porque la autoridad judicial accionada incumplió el deber de flexibilizar
criterios probatorios en casos de ejecuciones extrajudiciales, valoró de manera
indebida circunstancias que permitían conformar la prueba indiciaria que, a juicio
de la parte actora, conducían a concluir que la muerte del señor Jhony Alexander

40
M.P. Nicolás Yepes Corrales. Expediente No 70001233100020100002701.

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Vergel Ortega el 4 de agosto de 2008 se produjo en el marco de una ejecución
extrajudicial y no como lo planteó el Ejército Nacional, en un combate con
miembros de grupos al margen de la ley al que perteneciera la víctima.

Adicionalmente, resulta necesario señalar que, aunque en ambas instancias se
negaron las pretensiones de la demanda, bajo los mismos fundamentos, en este
caso se habilita el estudio de fondo porque los accionantes emplean la acción de
tutela en condición de víctimas del conflicto armado interno, y porque se propone
un genuino debate constitucional en torno a la flexibilidad probatoria en casos de
graves violaciones a derechos humanos y la indebida valoración probatoria que, a
su juicio, les impidió acceder por vía judicial a la reparación de los daños
derivados de la muerte de su familiar producto de una ejecución extrajudicial.

Igualmente, (ii) la providencia objetada se dictó en el marco del recurso de
apelación, por lo que la parte accionante no cuenta con otro mecanismo de
defensa judicial; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6)
meses41 establecidos como plazo razonable e indicativo precisado por esta
Corporación y la Corte Constitucional42; (iv) los hechos y las pretensiones fueron
desarrollados de manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma
naturaleza.

5.2. La autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico y
desconocimiento del precedente judicial

5.2.1. La parte actora promovió acción de tutela contra la Sección Tercera,
Subsección “C” del Consejo de Estado con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los
cuales considera vulnerados con la sentencia de 5 de diciembre de 2022, que
modificó la de 30 de mayo de 2014, dictada por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, que declaró la falta de legitimación en la causa por activa del señor
Martín Sanguino Rincón y la confirmó la decisión de negar las pretensiones de la
demanda, dictada en el medio de control de reparación directa promovido para
acceder al reconocimiento de la indemnización de perjuicios derivada de la muerte
del señor Jhon Alexander Vergel Ortega el 4 de agosto de 2008, con armas de
fuego pertenecientes a miembros del Comando de Caballería MAZA No. 5 de la
30 Brigada del Ejército Nacional en la zona del municipio de Durania, Norte de
Santander.

Concretamente, alegó la configuración de los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial, bajo argumentos similares. En ese
sentido reprochó la valoración que la autoridad judicial accionada realizó a la
prueba técnica por no flexibilizar estándares probatorios y otorgar valor probatorio
a la prueba indiciaria, las cuales, a su juicio, permitían concluir que la víctima
directa fue rodeada por los militares que dispararon a menos de dos metros de
distancia y que después lo presentaron como NN y miembro de un grupo armado
ilegal.

5.2.2. En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se
configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al
proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya
desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos
casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal

41
La providencia objeto de tutela se profirió el 5 de diciembre de 2022, se notificó por edicto electrónico desfijado el 18 de
abril de 2023. Índice 33 del Sistema para la Gestión Judicial SAMAI proceso radicado No. 54001233100020100031402. La
acción de tutela se instauró el 13 de octubre de 2023, es decir, dentro de los seis (6) meses establecidos como plazo
razonable.
42
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.

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trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos
supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, de manera que cuando los mismos no
satisfagan estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de
situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.

Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse el
defecto fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que
de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta
generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de
lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador
desconoce la Constitución43, o cuando se dan por establecidas circunstancias sin
que exista material probatorio que respalde su decisión44.

Es decir que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el
debate probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para
resolver el caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores
manifiestos del fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.

5.2.3. El defecto sustantivo se materializa cuando la decisión que adopta el juez
desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconoce, lo cual, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional puede darse en los
siguientes casos:

“(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión
se sustenta en una norma inexistente, derogada, o que ha sido declarada
inconstitucional. (ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es
aplicable por no ser pertinente. A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, su aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio
como, por ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el
legislador (iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una
sentencia con efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido
contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el
ordenamiento jurídico. (v) La disposición aplicada se muestra injustificadamente
regresiva o claramente contraria a la Constitución. (vi) Cuando un poder concedido al
juez se utiliza para un fin no previsto en la disposición. (vii) La decisión se funda en una
interpretación no sistemática del derecho, omitiendo el análisis de otras disposiciones
aplicables al caso. (viii) El servidor judicial da una insuficiente sustentación o
justificación de una actuación que afecta derechos fundamentales. (ix) Se desconoce el
precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación. (x) Cuando el
juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución. Se trata de la aplicación de normas abiertamente
inconstitucionales, evento en el cual si bien el contenido normativo no ha sido
declarado inexequible, este es contrario a la constitución, o al ser aplicada al caso
concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente
inaplicada. (xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos
jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no
corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia”45.

5.2.4. En torno al defecto por desconocimiento del precedente judicial, es
necesario precisar que la Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del
precedente judicial implica que46: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado

43
Sentencia T-781 de 2011, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
44
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
45
Corte Constitucional, sentencia SU-574 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
46
Sentencia T-158 de 2006.

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de conformidad con el (los) caso (s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes
que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho
que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los
supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la
regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación»

El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas47:

1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció15.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado
de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre
el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del
precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente
judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente
si el juez expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la
decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el
juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso
concreto48.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del
derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la
confianza legítima.

5.2.5. Previo al estudio de los defectos alegados por la demandante, la Sala
realizará una breve reseña de las actuaciones relevantes en el curso del proceso
de reparación directa, en el que se dictó la providencia objeto de reproche
constitucional.

Las señoras Luz Marina Ortega Luna, en nombre propio y en representación de
Daniela Alejandra y Martín Alejandro Sanguino Ortega; Angélica María Vergel
Ortega, Carmen Cecilia Luna y el señor Martín Sanguino Rincón, presentaron
demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Ejército Nacional, para que se les declarará administrativa y patrimonialmente
responsables por la muerte del señor Jhony Alexis Vergel Ortega, que
consideraron era atribuible al Ejército Nacional por falla en el servicio, en tanto
miembros de esa institución perpetraron un desproporcionado ataque contra la
víctima directa y otra persona, en un aparente enfrentamiento con grupos
armados al margen de la ley en hechos ocurridos el 4 de agosto de 2008 en el
municipio de Durania, Norte de Santander.

En primera instancia, por sentencia de 30 de mayo de 2014, el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones de la demanda al
encontrar probado que la muerte del señor Vergel Ortega se produjo en un
enfrentamiento por lo que se configuró la culpa exclusiva de la víctima, a lo que
agregó que “igualmente, dada la forma como ocurrieron los hechos, se concluye

47
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
48
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se
demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de
juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se
refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el
caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).

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que el uso de las armas por parte de los miembros del Ejército fue proporcional,
necesario y adecuado”.

Frente a esa decisión, la parte actora presentó recurso de apelación en el que
alegó la deficiente motivación y la configuración de un defecto fáctico porque no
se habría realizado “un examen exhaustivo de las pruebas recogidas tanto en el
proceso penal militar como durante la controversia contenciosa administrativa”,
tales como el dictamen de trayectorias, la necropsia, los informes topográfico y
fotográfico que evidencia un “ajustamiento por la espalda”, pues la prueba técnica
da cuenta de que recibió seis impactos en su cuerpo desde diferentes ángulos y a
menos de dos metros de distancia, a lo que agregó que la zona no estaba
acordonada y en la ubicación en la que según el relato de los militares habrían
disparado no se encontraron las respectivas vainillas, lo que, afirmó, resultaba
extraño cuando se evidenció que utilizaron 78 cartuchos en ese supuesto
enfrentamiento.

De igual modo, puso de presente que no se otorgó valor probatorio a hechos
indicadores de la ocurrencia de una ejecución extrajudicial, tales como: (i) la
víctima no eran de esa zona, (ii) no tenía antecedentes, (iii) no existen informes
de inteligencia que hubiesen reportado que perteneciera a grupos armados o
bandas criminales, (iv) los habitantes del sector no habían presentado denuncias
en su contra por hechos delictivos como extorsiones o hurtos, (v) el ataque duró
10 minutos, según el relato de los militares, (vi) se dispararon 78 cartuchos y no
se encontraron las respectivas vainillas, (vii) no resultó lesionado algún
uniformado y (viii) las armas que encontraron con los cuerpos fueron disparadas
tres veces.

Por sentencia de 5 de diciembre de 2022, la Sección Tercera, Subsección “C” del
Consejo de Estado confirmó la decisión recurrida, al encontrar que se configuró el
eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima. Para tal efecto,
realizó el siguiente análisis probatorio:

• Del informe de operaciones No. 2371 de 4 de agosto de 2008, suscrito por
el ST. Alejandro Cifuentes Álzate, se encontró acreditado que el Comando de
Caballería “MAZA” No. 5 de la 30 Brigada del Ejército Nacional se encontraba
en desarrollo de la operación “Fénix” en el municipio de Durania, Norte de
Santander, cuyo objeto era combatir grupos al margen de la ley que hacían
presencia en la zona.

• Del precitado informe, encontró probado que se produjo un intercambio de
disparos “entre uniformados del Ejército Nacional y un grupo insurgente que se
encontraban en la zona y que producto de ello falleció Jhony Alexander Vergel
Ortega”.

• Del informe ejecutivo presentado el 5 de agosto de 2008 por la Fiscalía 1 de
la Unidad de Reacción Inmediata de Cúcuta ante la Unidad Seccional de
Fiscalías, se acreditó que en las pertenencias personales de los fallecidos se
encontraron los documentos de identidad “pero por no contar con certeza sobre
su identidad y no haberse presentado en el desarrollo de la inspección técnica a
cadáver familiares o personas que pudieran identificarlos, se registraron como
N.N.”.

Adujo que en ese documento se afirmó que “en el lugar donde ocurrieron los
hechos, fueron encontradas tres (3) armas de fuego, a saber: i) un revolver
Smith & Wesson, CAL. 38, número de serie C805500 con seis (6) cartuchos
dentro de los alveolos con dos (2) de ellos percutidos”, ii) “una pistola seta y
gérmica número 951664 con un proveedor y cinco cartuchos” y iii) “un revolver

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indumil LLAMA, modelo Cassidy 38 ESPECIAL, número interno 075, seis (6)
cartuchos dentro de los alveolos, tres (3) de ellos percutidos”.

• Indicó que a partir del informe de necropsia No. 20080101540010000 de 5
de agosto de 2008, se probó que un médico forense del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses conceptuó que el señor Jhony Alexis
Vergel Ortega recibió seis (6) impactos de arma de fuego “uno de los cuales
penetró la cavidad torácica produciendo severo daño del pulmón derecho con
gran Hemotorax y otro proyectil que produjo una fractura de la 3, 4 y 5 vertebra
con sección medular conllevándole a su deceso”.

• Afirmó que de acuerdo con el Informe No. MT 2812-08 de 11 de agosto de
2008, se observó que un perito experto en balística del Cuerpo Técnico de
Investigación certificó que el revolver “Llama Cassidy 38 Special (sic)” con
número IM0184P en la base de la empuñadora y número interno 075 en el
giratorio del tambor dio “[…] prueba positiva para residuos de pólvora tanto en
el cañón como en la contra recamara”.

• Refirió que por Resolución de 6 de agosto de 2008, la Oficina de Control
Interno del Grupo de Caballería Mecanizado No. 5 del Ejército Nacional dio
apertura a una indagación preliminar disciplinaria en contra de los uniformados
Robinson Cañaveral Barrios, Serafín Camargo Camperos, Eulises Bonilla
Cárdenas, Carmen Ángel Pérez Ascanio y Jaime Ferrer Contreras, por los
hechos ocurridos el 4 de agosto de 2008 en el municipio de Durania.

Así mismo, el 14 de agosto de 2008 el Juzgado Treinta y Seis de Instrucción
Penal Militar dio apertura de una investigación contra los precitados militares
por el delito de homicidio.

• Acreditó que de acuerdo con el informe de investigación criminal No.
416401 de 19 de septiembre de 2008, el Investigador Criminalístico VII adscrito
a la Unidad de Química Aplicada y Sustancias Controladas del Cuerpo Técnico
de Investigación certificó que las muestras de residuos de disparo en mano
tomadas a Jhony Alexis Vergel Ortega resultaron positivas para “bario,
antimonio, plomo y antimonio/bario en dorso derecho, palma derecha y dorso
izquierdo”.

• De igual forma, se refirió a las declaraciones que rindieron los militares que
participaron en la misión Fénix en el trámite de las investigaciones penales y
disciplinarias, que indicaron que fueron atacados por un grupo de seis personas
de manera sorpresiva, lo que los obligó a accionar sus armas de fuego,
enfrentamiento que duró 10 minutos, en el que se reportó el deceso de dos
hombres y las otras personas habrían huido.

Del análisis de los anteriores elementos probatorios, la autoridad judicial
accionada concluyó que no había lugar a imputar el daño antijurídico, -muerte del
señor Jhony Alexis Vergel Ortega-, al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, en virtud del siguiente análisis:

“se evidencia que las pruebas que reposan en el expediente permiten concluir que
Jhony Alexis Vergel Ortega era parte de un grupo de personas que se encontró con los
uniformados del Ejército Nacional el 4 de agosto de 2008 y que accionó su arma de
fuego en contra del Comando de Caballería “MAZA” No. 5 de la 30 Brigada del Ejército
Nacional, al momento en que los uniformados transitaban por una zona del municipio
de Durania (Norte de Santander).

Corolario de lo anterior, se tiene, entonces, que los uniformados del Ejército Nacional
emplearon el uso de sus armas de dotación en contra del señor Vergel Ortega para
defender su vida de una violencia actual, inminente e injusta.

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Es pertinente resaltar que para acreditar que el daño es imputable a la entidad pública,
en el caso de autos por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, debe resultar
plenamente demostrado que el Estado falló en la prestación del servicio, en la
ejecución de sus actuaciones y funciones, o se extralimitó en el ejercicio de las
mismas.

Así, a pesar de que se alega en la demanda que el daño es imputable a la entidad
accionada por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, pues “fueron utilizadas
armas de dotación oficial y por el número de heridas… [se evidencia] la forma
inmisericorde del ajusticiamiento, además, por la notable desproporción entre el
número de miembros del Ejército y las víctimas”, lo cierto es que el pelotón desconocía
el número de subversivos al que le hacía frente, así como la magnitud de la refriega; de
manera que la reacción militar tuvo lugar ante la inminencia del ataque enemigo, en
defensa de los bienes jurídicos de la propia tropa, sin posibilidad de prever o resistir los
resultados del enfrentamiento que se suscitó, pues las condiciones inéditas del ataque
demandaban un repliegue militar que cubría los diferentes frentes y puntos vulnerables.

En este orden de ideas, se observa que no se acreditó que la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional hubiese incurrido en una falla del servicio por cuanto no se
probó que el Estado falló en la prestación del servicio, en la ejecución de sus
actuaciones y funciones, o se extralimitó en el ejercicio de las mismas”.

De igual modo, hizo énfasis en que los resultados fueron positivos para “bario,
antimonio, plomo y antimonio/bario en dorso derecho, palma derecha y dorso
izquierdo” lo que, aseveró la autoridad judicial accionada, evidenciaba que la
víctima directa atacó a los militares, y calificó esto como un hecho “que por demás
resultó externo, imprevisible e irresistible para la entidad demandada”. Agregó que
no se demostró que se hubiere tratado de un ajusticiamiento por parte de las
fuerzas militares, “pues no existe evidencia que así lo indique, dado que los
disparos que recibió fueron a larga distancia”.

En suma, concluyó que la conducta del señor Jhony Alexander Vergel Ortega “fue
(i) irresistible49 en tanto su actuación voluntaria y deliberada puso en peligro
inminente su vida y la de los soldados, pues ante la gravedad de la agresión los
uniformados tuvieron que accionar sus armas de dotación oficial en defensa de
los bienes jurídicos de la propia tropa; (ii) imprevisible50 porque no era posible
contemplar el hecho con anterioridad a su ocurrencia, pues el señor Vergel
Ortega repentinamente accionó su arma de fuego contra la humanidad de los
soldados; y (iii) exterior respecto de la entidad accionada51 por cuanto esa
actuación deliberada de la víctima fue ajena a la actividad de la parte demandante
propiamente dicha y, en efecto, extraña al deber jurídico de los uniformados”. En
ese marco, aseguró que se configuró la culpa exclusiva de la víctima como causal
eximente de responsabilidad del Estado.

5.2.6. En este punto, la Sala encuentra necesario advertir que la parte actora
alegó la configuración de los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial bajo argumentos que se encuentran íntimamente
relacionados, en tanto se reprocha la actividad probatoria desplegada por la

49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 26 de marzo de 2008, Rad.:
16530, y Sentencia del 26 de mayo de 2010, Rad.: 18800: Se entiende la irresistibilidad como la “imposibilidad del obligado
a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe resultar
inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable
deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo pues el demandado podría, en determinadas circunstancias,
llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto
o de un huracán (artículo 64 del Código Civil) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas
condiciones, podrían ser evitados.”
50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 26 de marzo de 2008, Rad.:
16530: “resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con
anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas
maneras, acaeció, con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia”.
51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 26 de mayo de 2010, Rad.:
18800: la exterioridad respecto del demandado “se concreta en que el acontecimiento y circunstancia que (se) invoca como
causa extraña debe resultarle ajeno jurídicamente, pues más allá de sostener que la causa extraña no debe poder
imputarse a la culpa del agente (…) la exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada
extraña a la entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o
acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada”.

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autoridad judicial accionada en el proceso de reparación directa a partir del
desconocimiento de las reglas fijadas en el precedente judicial sobre el deber de
flexibilizar criterios probatorios en asuntos que involucra graves violaciones a
derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales, por lo tanto, se efectuará
un análisis de manera conjunta.
Precisado lo anterior, se anticipa que la autoridad judicial accionada incurrió en
los defectos alegados por desconocer las reglas jurisprudenciales establecidas en
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sección Tercera del Consejo
de Estado frente a la flexibilización de estándares probatorios para la solución de
casos que involucran ejecuciones extrajudiciales de civiles, en virtud de las cuales
el juez debe resolver el caso sometido a su examen bajo una perspectiva de
derechos humanos, que lo habilita para aplicar con menor rigor los presupuestos
procesales que, en materia probatoria, el ordenamiento jurídico consagra en
defensa del derecho fundamental del debido proceso, con el fin de superar las
dificultades probatorias que se presentan en estos casos y que enfrentan
principalmente las víctimas en materia de acceso a la prueba o en la
demostración propia de los hechos que rodearon la producción del daño por las
condiciones en que se presenta tales como zonas alejadas, los únicos testigos
son los militares que participaron en el ataque, las posiciones asimétricas de
poder entre la población civil y los uniformados, entre otras. De esta manera, los
jueces pueden asegurar una decisión que se edifica en la constatación real de los
hechos del proceso que le permiten definir si el daño es o no atribuible al Estado
(supra 4).

En efecto, se observa que en la demanda de reparación directa la parte actora
puso de presente hechos indicadores de una posible ejecución extrajudicial a los
cuales debió otorgarse valor como prueba indiciaria, teniendo en cuenta el
precedente constitucional y la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo
de Estado que han identificado patrones típicos en esa clase de sucesos. En ese
marco, con apoyo de las reglas de la experiencia que materializan la sana crítica y
dentro de un contexto histórico inexorable, es que la autoridad judicial accionada
debió determinar si había o no lugar a declarar la responsabilidad del Estado por
falla en el servicio atribuida a los miembros de la fuerza pública que produjo la
muerte de una persona protegida.

La Sala encuentra que en la sentencia cuestionada el análisis probatorio se
concentró en las declaraciones de los militares que hicieron parte de la tropa que
participó en el enfrentamiento en el que resultó muerto el señor Jhony Alexander
Vergel Ortega y en las pruebas documentales que evidenciaban que las armas
que encontraron con el cadáver habían sido disparadas y que las muestras de
disparo en la mano de él resultaron positivas para “bario, antimonio, plomo y
antimonio/bario en dorso derecho, palma derecha y dorso izquierdo”. De ese
estudio, la autoridad judicial accionada concluyó que se configuró la culpa
exclusiva de la víctima porque habría atacado a los militares que se encontraban
en la misión Fénix, por lo que los uniformados se vieron obligados a accionar sus
armas de uso oficial para defenderse y en ese enfrentamiento se produjo su
muerte.

No obstante, en el caso bajo examen se evidencia que existen varias
circunstancias que también eran visibles en las pruebas documentales analizadas
y constituyen indicios serios sobre la ocurrencia de una posible ejecución
extrajudicial, las cuales debieron ser consideradas para la solución del caso
concreto, tales como:

(i) Protocolo de necropsia No. 200801015001000554 de 5 de agosto de
2008, en el que se describen las lesiones producto de los seis disparos que
recibió la víctima directa y las trayectorias.

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(ii) Informe técnico de materialización de trayectorias No. 2812 de 31 de
agosto de 2009, expedido por el Cuerpo Técnico de Investigación Balística
Forense C.T.I. Cúcuta, en el que se determinó, contrario a lo señalado en la
sentencia cuestionada, que “los disparos fueron hechos a una distancia menos
a 2 mts (hay evidencia de restos de pólvora) y de acuerdo a la ubicación a la
ubicación de los orificios de entrada y materialización de trayectorias indica que
la víctima recibió cuatro (04) disparos por la parte anterior del cuerpo con
trayectoria antero-posterior y dos disparos por la parte posterior del cuerpo con
trayectoria postero anterior, dependiendo de la posición del occiso al momento
de recibir los disparos”.

En este punto, resulta oportuno señalar que el Consejo de Estado ha
considerado que un hecho indicativo de una ejecución extrajudicial son los
disparos a corta distancia. En este sentido, en la sentencia de 5 de septiembre
de 2017 la Sección Tercera, Subsección “C” de esta Corporación52, expresó lo
siguiente:

“169.- Con fundamento en los argumentos y motivaciones iniciales anteriores, la Sala
determina que las muertes violentas de (…) se produjeron como consecuencia de
“falsas e ilegales acciones so pretexto del cumplimiento de mandatos constitucionales”,
por parte de los miembros del pelotón Bolívar del Batallón de Infantería No.18 “Jaime
Rooke” del Ejército Nacional, realizadas con base en órdenes que excedían o no
estaban incorporadas a la orden de operaciones fragmentaria “FIRMEZA”, y que llevó a
que dicha unidad militar se desplegara dos días antes de los hechos ocurridos el 28 de
febrero de 2008 en la finca “Los Mangos” ubicada en la vereda Potreritos del municipio
de Ibagué y realizarán las acciones militares que culminaron en la violenta muerte de
las víctimas, lo que hace atribuible tales daños antijurídicos a las entidades públicas
demandadas bajo su encuadramiento en el fundamento de la falla en el servicio,
sustentada en las pruebas directas e indirectas que ha sido sometidas a
valoración por la Sala y de la que se desprenden los siguientes hechos
demostrativos:

(…)

(vi) La escena de los hechos estuvo sin control, acordonamiento y protección del
recaudo de las pruebas durante más de dos (2) horas, lo que razonable y
ponderadamente pudo afectar la preservación de las mismas, en especial cuando de
la experticia técnica del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
se concluyó que las víctimas recibieron impactos de proyectiles a distancias
entre un metro cincuenta centímetros (1.50 m) y dos metros y cincuenta
centímetros (2.50)”. (negrilla por fuera del texto original)

(iii) El oficio de 11 de noviembre de 2008 suscrito por el Enlace Grupo de
Caballería Mecanizado No. 5 Maza, Trigésima Brigada del Ejército Nacional,
que da cuenta que en el supuesto combate de 4 de agosto de 2008 se
gastaron 78 cartuchos. Al respecto, en la sentencia referida en el inciso
anterior, también se consideró como un indicio serio el uso desproporcionado
de la munición en tanto en ese caso se acreditó que emplearon más de cien
cartuchos, en ese sentido expresó lo siguiente:

“(ii) (..) que un ejercicio de legítima defensa como se quiso hacer ver por los soldados;
(b) no todos los miembros del pelotón Bolívar pudo ver a las personas que pretendían
realizar un ilícito no demostrado al ingresar a la finca citada; (c) si bien se encontraron
seis (6) armas, no todas estaban habilitadas para accionarse, y de dos de las víctimas
no hay prueba que hayan portado o accionado un arma, en tanto que todos los
miembros del pelotón iban provistos de fusiles 5.56 como armas de dotación oficial,
que fueron accionados por la mayoría de los componentes de aquel; (d) los miembros
del pelotón emplearon más de cien (100) cartuchos del calibre de sus armas de
dotación oficial, habiendo impactado el cuerpo de una de las víctimas en ocho
ocasiones y las otras dos en tres ocasiones, por lo que bastaron catorce
proyectiles para segar la vida de las mismas, pese a haberse empleado una
mayor cantidad de munición, y en clara desproporción en el uso del material
bélico entre los militares y las víctimas, dos de las cuales no hay prueba alguna

52
M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Expediente 73001-23-31-000-2008-00561-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06333-00
Actora: Luz Marina Ortega Luna y otros

de haber accionado arma alguna”. (Negrilla fuera del texto original)

(iv) Informe ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación correspondiente a la
noticia criminal No. 540016001134200800732 de 5 de agosto de 2008, en el
que al describir las tareas realizadas una vez se recibió la denuncia de la
muerte del señor se advierte que (i) “se procedió a recibir la escena del delito la
cual no estaba debidamente acordonada”, (ii) “entre las pertenecías de los hoy
occisos se encontraron los documentos de identidad pero por no contar con la
certeza de su identidad y no haberse presentado en el desarrollo de la
inspección técnica a cadáver personas que pudieran identificarlos se
registraron como NN y con el nombre y cédula encontradas a cada uno en sus
pertenencias” y (iii) en la escena se encontraron tres armas de fuego con dos y
tres cartuchos percutidos, respectivamente.

Para la Sala53, es clara la existencia de un precedente judicial vigente y aplicable
al caso concreto, desarrollado por la Corte Constitucional y acogido por la
mayoritaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado, relativo a la
flexibilización de los estándares probatorios en casos de ejecuciones
extrajudiciales que obliga al juez disminuir el rigor procesal en el cumplimiento de
las cargas probatorias de las víctimas y, para ello, es necesario que identifique
algunos escenarios que ya se han precisado como hechos indicadores o
demostrativos de que se está frente a un caso de ejecución extrajudicial, y bajo
las reglas de la sana crítica determine si existió o no responsabilidad del Estado
por el daño derivado de la muerte de un civil en estos hechos.

De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra que las circunstancias señaladas
por la parte actora, debieron ser objeto de pronunciamiento por parte de la
autoridad judicial accionada teniendo en cuenta que en la demanda de reparación
directa se pone de presente un caso de homicidio de un civil que fue reportado
como NN y muerto en combate como miembro de organizaciones al margen de la
ley, que presenta disparos a corta distancia y desde distintos ángulos, los
militares reportaron el uso de 78 cartuchos y no se encontraron las vainillas
correspondientes, toda vez que las mismas hacen parte, al parecer, de esos
escenarios que se han identificado como sugerentes de una ejecución
extrajudicial.

De esta manera, la Sala encuentran configurados los defectos alegados, por lo
que amparará los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. En consecuencia, dejará sin efectos la sentencia de 5
de diciembre de 2022, emanada de la Sección Tercera, Subsección “C” del
Consejo de Estado en el proceso de reparación directa con radicado No.
54001233100020100031402 y ordenará que en el término de veinte (20) días
contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva
decisión, en la que tenga en cuenta el precedente judicial sobre flexibilización
probatoria para casos relativos a graves violaciones de los derechos humanos y
las demás consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En todo caso, resulta necesario advertirlo, el alcance de la protección
constitucional otorgado se limita a que se realice un nuevo análisis probatorio en
los términos expuestos y de conformidad a los resultados del mismo, se profiera la
decisión que bajo las reglas de la sana crítica disponga la autoridad judicial
demandada, es decir, la Sala no establece que se profiera la sentencia en un
sentido determinado.

53
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 31 de agosto de 2023. Proceso
11001-03-15-000-2023-01037-01. M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; sentencia de tutela del 13 de julio de 2023.
Proceso nro. 11001-03-15-000-2023-02742-00. M.P. Wilson Ramos Girón.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06333-00
Actora: Luz Marina Ortega Luna y otros

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de los señores Luz Marina Ortega Luna,
Martín Alejandro Sanguino Ortega, Daniela Alejandra Sanguino Ortega, Angélica
María Vergel Ortega, Martín Sanguino Rincón y Cecilia Luna de Ortega, quienes
actúan por conducto de apoderado judicial. En consecuencia,

Segundo.- DÉJASE sin efectos la sentencia de 5 de diciembre de 2022, proferida
por la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, en el marco del
medio de control de reparación directa con radicado No.
54001233100020100031402.

Tercero.- ORDÉNASE a la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de
Estado, que en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación
de esta providencia, profiera una nueva decisión en la que tenga en cuenta el
precedente judicial sobre flexibilización probatoria para casos relativos a graves
violaciones a los derechos humanos, de conformidad con las consideraciones
expuestas en esta providencia.

Cuarto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta SALVA EL VOTO

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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