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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-05419-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05419-00

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05419-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero.- AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los señores María Docelia Obando de Henao, Luis Carlos Henao Obando, Doralba Henao Obando, María Alicia Henao Obando, María Dolly Henao Obando, María Rosa Elena Henao Obando, Amparo Henao Obando, Nicolás de Jesús Henao Obando, María Rubiela Henao Obando y Leidy Johana Henao, quienes actúan mediante apoderado judicial. En consecuencia, Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 22 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, en el marco del medio de control de reparación directa adelantado por los señores María Docelia Obando de Henao, Luis Carlos Henao Obando, Doralba Henao Obando, María Alicia Henao Obando, María Dolly Henao Obando, María Rosa Elena Henao Obando, Amparo Henao Obando, Nicolás de Jesús Henao Obando, María Rubiela Henao Obando y Leidy Johana Henao contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional (exp. No. 05001-33-33-012-2013-01295-01). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Radicado: 11001-03-15-000-2024-05419-00 Actor: María Docelia Obando de Henao y Otros Tercero.- ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo en el proceso de reparación directa radicado con el No. 05001-33-33-012-2013-01295-01, de conformidad con las consideraciones precisadas en esta providencia. Cuarto.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05419-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

13 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05419-00
Actor: María Docelia Obando de Henao y Otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05419-00
Demandantes: MARÍA DOCELIA OBANDO DE HENAO, LUIS CARLOS
HENAO OBANDO, DORALBA HENAO OBANDO, MARÍA
ALICIA HENAO OBANDO, MARÍA DOLLY HENAO OBANDO,
MARÍA ROSA ELENA HENAO OBANDO, AMPARO HENAO
OBANDO, NICOLÁS DE JESÚS HENAO OBANDO, MARÍA
RUBIELA HENAO OBANDO Y LEIDY JOHANA HENAO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
SÉPTIMA DE ORALIDAD

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa por los daños derivados de la muerte de un civil por parte de
las autodefensas en connivencia con agentes del Estado. Defectos
fáctico, desconocimiento del precedente judicial, sustantivo, violación
directa de la Constitución y procedimental por exceso ritual manifiesto

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores María Docelia Obando de Henao, Luis Carlos Henao
Obando, Doralba Henao Obando, María Alicia Henao Obando, María Dolly Henao
Obando, María Rosa Elena Henao Obando, Amparo Henao Obando, Nicolás de
Jesús Henao Obando, María Rubiela Henao Obando y Leidy Johana Henao,
quienes actúan por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 7 de octubre de 2024, los señores María Docelia Obando de Henao, Luis
Carlos Henao Obando, Doralba Henao Obando, María Alicia Henao Obando,
María Dolly Henao Obando, María Rosa Elena Henao Obando, Amparo Henao
Obando, Nicolás de Jesús Henao Obando, María Rubiela Henao Obando y Leidy
Johana Henao, por intermedio de apoderado judicial, instauraron acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la verdad, al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, así como el
principio de prevalencia del derecho sustancial.

En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: tutelar los derechos fundamentales a LA VERDAD, AL DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EN ARMONIA CON EL

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PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, y A LA IGUALDAD, los
cuales están siendo vulnerados por la entidad judicial accionada.

SEGUNDA: como consecuencia del pronunciamiento anterior, solicito se ordene
REVOCAR Y/O DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial proferida el veintidós (22)
de mayo de dos mil veinticuatro por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia.

TERCERA: Como consecuencia de la declaración anterior, se ordene al Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad, a que dentro de un término
razonable proceda a emitir una nueva sentencia, accediendo a todas y cada una de las
pretensiones solicitadas en la demanda y a lo que oficiosamente haya lugar, de
conformidad con los parámetros que trace el Honorable Consejo de Estado”.

2. Hechos

Los accionantes relatan que el 6 de enero de 1997, el señor César Orlando
Henao Obando fue asesinado por miembros de las autodefensas unidas de
Colombia cuando compartía con unos amigos en un bar del municipio de La
Unión, Antioquia.

Afirman que, en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron
demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con
el fin de que se declarara la responsabilidad del Estado por la muerte del señor
César Orlando Henao Obando1, toda vez que en una audiencia de versión libre un
ex comandante de las autodefensas -postulado para justicia y paz-, señaló que en
el acto delictivo participó el cabo Oswaldo Alfonso Beltrán León, en su condición
de comandante de la estación de policía del municipio de La Unión.

Indican que el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Medellín en fallo del
10 de noviembre de 2016, accedió a las pretensiones de la demanda, al
considerar que se desconoció el deber de garante que ostenta el Estado respecto
de sus ciudadanos.

Finalmente, expresan que contra la anterior decisión las partes interpusieron
recurso de apelación. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Oralidad, mediante sentencia del 22 de mayo de 2024 la revocó y negó las
pretensiones, bajo el argumento de que al analizar las pruebas en conjunto no se
pudo establecer la responsabilidad del Estado, pues si bien el ex comandante de
las autodefensas manifestó que el cabo Beltrán participó en los hechos, dicha
declaración no ofrecía suficiente grado de convicción. Por consiguiente, descartó
la participación de agentes estatales en el acto delictivo en el que falleció el
familiar de los demandantes.

3. Fundamentos de la acción

Los demandantes, por conducto de apoderado judicial, acudieron a la acción de
tutela con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales,
supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima de Oralidad con la sentencia del 22 de mayo de 2024, por medio de la
cual se revocó la decisión favorable de primera instancia para, en su lugar, negar
las pretensiones del medio de control de reparación directa que adelantaron por la
muerte de un familiar a manos de las autodefensas unidas de Colombia.

1
Lo cual fundamentaron en el hecho de que la muerte del familiar de los demandantes constituye una grave
violación a los derechos humanos y una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario por ser una
persona protegida.

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Resaltan que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de
procedencia, en tanto el debate que se propone tiene relevancia constitucional
porque “se trata de hechos sucedidos en medio del conflicto armado interno, en
donde se encuentran involucrados grupos ilegales y agentes del Estado en una
ejecución extrajudicial”, se cometieron irregularidades procesales por parte de la
autoridad judicial accionada, se presentó dentro de un término razonable, se
agotaron todos los medios de defensa a su alcance y no se reprocha una decisión
dictada en el curso de otra acción de tutela.

Afirman que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto por
desconocimiento del precedente judicial, en tanto no tuvo en cuenta las
sentencias del 18 de mayo de 2017 de la Sección Tercera, Subsección “B” del
Consejo de Estado y la SU-035 de 2018 de la Corte Constitucional, en la que se
desarrolló la importancia de la flexibilización probatoria en los casos de graves
violaciones a los derechos humanos, estándares que no se aplicaron en la
sentencia objetada.

Aseveran que de las declaraciones y la prueba documental omitidas, junto con las
sentencias penales se desprenden muchos elementos que se deben valorar a
partir del estándar de flexibilización probatoria, además que con los mencionados
elementos de convicción se estructuraban indicios que permitían establecer la
responsabilidad del cabo Beltrán, a pesar de que contra este no existía proceso
penal o disciplinario en su contra.

Señalan que en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, la Sección
Tercera del Consejo de Estado recordó la importancia de flexibilizar los estándares
probatorios en casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos
e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Agregan que se desconoció el propio precedente de la autoridad judicial
accionada, contenido en las sentencias del 28 de febrero de 2019 y 10 de agosto
de 2022 emanadas de la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia, los fallos del 12 de septiembre de 2022 de la Sala Segunda de Oralidad
de la misma corporación judicial y del 16 de agosto de 2019 de Sala Tercera de
Oralidad, en las que se aplicó el criterio de flexibilización probatorio.

Aducen que el tribunal accionado incurrió en defecto fáctico, toda vez que omitió
valorar las declaraciones rendidas por los señores Iván Darío Ramírez Gutiérrez,
María Dolores Álzate de Otálvaro, Blanca Margarita Franco Martínez y Reinaldo
de Jesús Osorio Castro, así como el libro de minuta de vigilancia de la Estación de
Policía del municipio de La Unión, de los que se podía concluir que para el 5 y 6
de enero de 1997 el comandante de policía era el cabo primero Oswaldo Alfonso
Beltrán León.

Agregan que “se incurrió en el mismo defecto porque al afirmarse que lo dicho por
el señor Ricardo López Lora eran meras conclusiones y que con las sentencias
penales aportadas, estas se referían a investigaciones en contra de los miembros
de la Policía Nacional y del Ejército Nacional Carlos Mario Escudero Cano, Jesús
María Clavijo y William Mora López por el delito de concierto para delinquir, pero
que en esas sentencias no se mencionaba el homicidio del señor César Orlando
Henao Obando, al afirmarse esto, se hizo una valoración defectuosa e irrazonable
del acervo probatorio”.

Resaltan que de haberse realizado la valoración de la prueba testimonial y de la
copia del acta del libro de la minuta de vigilancia, el sentido de la decisión hubiera
sido diferente, máxime que con ello se probaba que no solamente se contaba con

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la declaración y con la versión libre del señor Ricardo López Lora (ex comandante
de las autodefensas), a lo que agregó que con la copia de la mencionada minuta
se evidenció lo afirmado por el señor López Lora sobre los vínculos del cabo
Beltrán con miembros de la Policía Nacional, o que esa prueba coincidía
plenamente con lo afirmado por el señor López Lora.

Expresan que las pruebas dejadas de valorar eran lo suficientemente
determinantes, porque permitían arribar al convencimiento de que miembros de la
Policía Nacional estaban involucrados en los hechos.

Sostienen que en la sentencia objetada se incurrió en violación directa de la
Constitución, porque se vulneraron los derechos fundamentales invocados en el
escrito de tutela, toda vez que no se tuvo en cuenta la aplicación del precedente
constitucional sobre la flexibilización probatoria en materia de graves violaciones a
los derechos humanos.

Expresan que el tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo, el cual
sustentó en que además de no aplicar el criterio de flexibilización de los
estándares probatorios, no tuvo en cuenta los principios pro homine y de equidad
de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

Finalmente, mencionan que se incurrió en defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, toda vez que se desconoció el principio de la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas, por cuanto la autoridad judicial accionada
distorsionó las pruebas recaudadas, lo que conllevó que se les impusiera un
obstáculo “para la eficacia del derecho sustancial, porque a pesar de que la
prueba directa obrante en el proceso era contundente para dictar una sentencia
condenatoria, lo que hizo la accionada fue echar al piso cada una de las pruebas
aportadas, e incluso, a pesar de que existían numerosos indicios para condenar,
hizo de estos un obstáculo, hasta tal punto que dejó de aplicar la flexibilización de
los estándares probatorios, por ejemplo que en el proceso se hubiera demostrado
la connivencia entre integrantes de los paramilitares con miembros de la Policía
Nacional, que se hubiera echado al piso la prueba que existía sobre los vínculos
entre el grupo paramilitar que delinquía en el oriente antioqueño con integrantes
de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, obrante en las sentencias penales
aportadas, que se hubiera argumentado que en esas sentencias no se encontraba
los agentes involucrados (refiriéndose al cabo Beltrán)”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico del 18 de octubre de 2024, el Juzgado Doce Administrativo
del Circuito de Medellín remitió el link de acceso al expediente digital No. 05001-
33-33-012-2013-01295-01 correspondiente al medio de control de reparación
directa que adelantaron los accionantes contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional.

5. Trámite procesal

5.1. Por auto del 15 de octubre de 2024, el despacho sustanciador admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como
al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Medellín y a la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional, Policía Nacional, como terceros con interés. Igualmente, que
se notificara a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 277240 a 277245
del 17 de octubre de 2024, con el fin de notificar a las partes.

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5.2. El despacho del magistrado ponente encargado registró proyecto de fallo que
se discutió en Sala del 5 de diciembre de 20242, sin alcanzar la mayoría requerida,
por lo que se dictó auto de la misma fecha en el que se dispuso el sorteo de dos
conjueces.

Efectuado el sorteo el mismo día y conforme con el acta, fueron designados los
doctores Lucy Cruz de Quiñones y Julio Roberto Piza Rodríguez, a quienes se les
comunicó la decisión el 11 de diciembre de 2024.

Sin embargo, con la posesión del magistrado Luis Antonio Rodríguez Montaño el 4
de febrero de 2025, como consejero de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
la Sala adquiere una nueva conformación, razón por la cual los conjueces
designados serán desplazados.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Oralidad

Por medio de escrito del 21 de octubre de 2024, el magistrado ponente de la
decisión objetada pidió que se desestimaran las pretensiones, por resultar
improcedentes al no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.

Afirmó que las pruebas fueron valoradas en su integralidad, dentro del marco
legal, con fundamento en la lógica y la sana crítica, de ahí entonces que la
decisión objetada sea expresión de la legalidad y el principio de autonomía judicial
consagrado en el artículo 230 de la Constitución Política.
.
Indicó que los argumentos expuestos en el fallo reprochado por los demandantes,
se deduce que tanto la jurisprudencia aplicable al caso como las pruebas fueron
valoradas en su conjunto y ello conllevó a que la decisión en segunda instancia
fuera negativa de las pretensiones de la demanda.

Para terminar, sostuvo que se siguieron los lineamientos jurisprudenciales del
Consejo de Estado, en materia de delitos de lesa humanidad, y frente a la cual se
acogieron los precedentes jurisprudenciales emanados frente al tema.

6.2. Respuesta de la Policía Nacional

En oficio del 23 de otubre de 2024, la asesora del Grupo de Asuntos Legales pidió
que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, por no evidenciarse la
vulneración de los derechos fundamentales alegados por los demandantes.

Afirmó que no se incurrieron en los defectos fáctico ni procedimental, pues se
observaron las pruebas obrantes en el plenario las cuales al ser valoradas y
controvertidas no conllevaron a endilgar una responsabilidad a la institución
policial al no ser conducentes, pertinentes y útiles.

Sostuvo que la parte actora omitió su deber en la carga de la prueba de allegar
elementos de juicio que conllevaran determinar una responsabilidad patrimonial
del Estado, en cabeza de los agentes de la Policía Nacional, en su participación
de los hechos producto del deceso del señor César Orlando Henao Obando,
siendo supuestamente partícipes del homicidio del mismo.

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Wilson Ramos Girón (E).

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Finalmente, manifestó que los accionante no demostraron la ocurrencia de un
perjuicio irremediable que permita la procedencia de la solicitud de amparo como
mecanismo transitorio.

6.3. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Medellín, aun cuando se
le notificó en debida forma el auto admisorio y allegó un correo con link para
ingresar el expediente ordinario, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

2.1. Los accionantes en el escrito de tutela invocan el defecto por violación directa
de la Constitución, para lo cual exponen alegatos similares a los expuestos en el
defecto por desconocimiento del precedente judicial, por consiguiente, estos se
abordarán en conjunto, pero bajo la caracterización de la causal especial
relacionada con la aplicación del precedente. Asimismo, en lo relacionado con los
argumentos del sustantivo y procedimental, también se observa una similitud
frente a lo alegado en el fáctico, razón por la cual se abordarán a partir de la
caracterización de este último. De esta manera, el análisis se circunscribirá a los
defectos por desconocimiento del precedente judicial y fáctico.

2.2. Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Oralidad, con el fallo del 22 de mayo de 2024, que revocó la
decisión favorable de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones del
medio de control de reparación directa tendiente al resarcimiento de los perjuicios
causados por la muerte del señor César Orlando Henao Obando, vulneró los
derechos fundamentales a la verdad, al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, así como el principio de la prevalencia
del derecho sustancial, al supuestamente incurrir en los siguientes defectos:

i) desconocimiento del precedente judicial, pues no tuvo en cuenta las
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, del 18 de mayo de 2017 de la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado y la SU-035 de 2018 de la Corte
Constitucional, en la que se desarrolló la importancia de la flexibilización
probatoria en los casos de graves violaciones de los derechos humanos,
criterios que, a juicio de los demandantes, el mismo tribunal había aplicado
en casos anteriores,

ii) fáctico, en tanto omitió valorar las declaraciones rendidas por los señores
Iván Darío Ramírez Gutiérrez, María Dolores Álzate de Otálvaro, Blanca
Margarita Franco Martínez y Reinaldo de Jesús Osorio Castro, así como el
libro de minuta de vigilancia de la Estación de Policía del municipio de La
Unión.

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3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20125, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20146, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin

3
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
4
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
5
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
6
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
8
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
9
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
10
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
11
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

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7

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Actor: María Docelia Obando de Henao y Otros

motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la
15
Constitución .

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo16 y de la Corte
Constitucional17.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. El criterio de la flexibilización probatoria en casos de graves violaciones a
los derechos humanos

Un principio general del derecho consiste en que a quien afirma un hecho le
incumbe probarlo “affirmanti incumbit probatio” y quien incumpla esta carga en un
proceso judicial obtendrá una negativa a las pretensiones de la demanda. Así,
cuando se persigue la reparación integral de un daño antijurídico este deberá
probarse junto a los demás elementos de la responsabilidad de Estado -
imputación y nexo de causalidad-.

En los asuntos relativos a ejecuciones extrajudiciales, la Corte Constitucional ha
reconocido que existen dificultades probatorias en los casos que involucran civiles
que son presentados como bajas legítimas en supuestos enfrentamientos
armados, principalmente, para las víctimas que no pueden cumplir con la carga
probatoria que impone el ordenamiento jurídico procesal, por lo que el remedio
que han establecido tanto esa Corporación como la Sección Tercera del Consejo
de Estado es la flexibilización probatoria.

En la sentencia T-237 de 201718, la Corte consideró que flexibilizar los criterios
probatorios en favor de víctimas de graves violaciones de derechos humanos
responde al deber de garantizar el principio de equidad, por lo que recordó los
deberes de los jueces de ejercer las potestades conferidas con el fin de garantizar
la justicia material, como “las inferencias judiciales razonables, la aplicación de las
reglas de la experiencia y la inversión de la carga probatoria”.
En esa misma línea, en la sentencia SU-035 de 201819 desarrolló la flexibilización
de los estándares probatorios en casos de ejecuciones extrajudiciales y la
13
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
14
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
15
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-114 de 2023 y SU-061 de 2023,
M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
16
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7
de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de
2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
17
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
18
M.P. (E) Iván Humberto Escrucería Mayolo.
19
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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Actor: María Docelia Obando de Henao y Otros

importancia de la valoración de la prueba indiciaria para superar las dificultades
que se presentan en estos casos para probar las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en los que se presentan estos hechos. En ese sentido, a partir del desarrollo
de la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional aseveró que constituye un deber el aplicar de manera flexible los
estándares probatorios, así como las facultades oficiosas.

De igual modo, en esta sentencia de unificación se resaltó la necesidad de incluir
en el análisis el contexto histórico en que se presentan los hechos y la existencia
de ciertos elementos, conductas o actuaciones pueden ser indicios de la
responsabilidad del Estado.

Igualmente, en la sentencia SU-060 de 202120, la Corte Constitucional consideró
que la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado incurrió en un
defecto fáctico por indebida valoración de los informes de necropsia, informe
ejecutivo de actos urgentes de la Fiscalía General de la Nación, el estudio de
balística, las declaraciones de los militares y el informe ejecutivo del Fiscal 57 de
Unidad de Derechos Humanos, en tanto, “no fueron valorados en conjunto, bajo
un racero lógico, coherente y concatenado”.

Además, consideró que se configuró un defecto sustantivo, por error en la
interpretación de los principios pro homine y de equidad, por la falta de aplicación
de la flexibilización de los estándares probatorios y la utilización de medios de
pruebas indirectos (indicios o morigerar la carga probatoria). Igualmente,
consideró que los mencionados estándares debieron aplicarse en razón de que
trataba de un presunto caso de ejecución extrajudicial21.

Igualmente, la Corte Constitucional ha acudido a la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para señalar que en casos que involucran
graves violaciones a los derechos humanos en el sistema interamericano se ha
considerado la importancia de apreciar las pruebas bajo las reglas de la sana
crítica reduciendo el rigor procesal. En ese sentido, en la sentencia SU-060 de
202122 desarrolló la sentencia 29 de julio de 1988 del caso Velásquez Rodríguez
vs. Honduras23, y destacó de este pronunciamiento el análisis sobre la relevancia
que en estos casos lo jueces deben dar a las pruebas circunstanciales, indicios y
presunciones24.

En sentencia de 11 de septiembre de 201325, la Sección Tercera del Consejo de
Estado estableció que en casos de ejecución extrajudicial se presentan
dificultades probatorias para las víctimas desde el aspecto probatorio, pues “en la
mayoría de los casos, están en manos de las autoridades de quienes se predica la
responsabilidad, o han sido ocultadas para evitar el esclarecimiento de la verdad
sobre los hechos”. En este punto, recordó que, aunque las normas procesales
aseguran bienes jurídicos de mayor valía en casos que involucran graves

20
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de octubre del 2014, Rad. 20411. Reiterada en la
sentencia SU-035 de 2018.
22
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
23
En igual sentido los casos González Medina y Familiares Vs. República Dominicana, sentencia de 27 de
febrero de 2012, párrs 131 y 132; Godínez Cruz Vs. Honduras, sentencia de 20 de enero de 1989, párrs. 134
a 137; Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras, sentencia de 15 de marzo de 1989, párrs. 131 a 134; y
Blake Vs. Guatemala, sentencia de 24 de enero de 1998, párrs. 133 a 137.
24
Se remite a los siguientes pronunciamientos jurisprudenciales: sentencia del 6 de julio del 2009, caso
Escher y otros vs. Brasil, párr. 127; sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs.
Honduras, párr. 135; sentencia del 28 de enero del 2009, caso Ríos y otros vs. Venezuela, párr. 98; sentencia
del 3 de abril del 2009, caso Kawas Fernández vs. Honduras, párr. 95.
25
M.P. Danilo Rojas Betancourth. Expediente 41001-23-31-000-1994-07654-01.

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Actor: María Docelia Obando de Henao y Otros

violaciones a los derechos humanos debe flexibilizarse la ritualidad procesal en la
actividad probatoria para asegurar una decisión que se fundamente en “versiones
de los hechos que sean lo más fieles posible a la verdad real”.

En esa ocasión declaró la responsabilidad del Estado en los daños derivados de la
muerte de una persona como consecuencia de una ejecución extrajudicial, lo que
evidenció a partir de pruebas indiciarias que consideró suficientes para concluir
con “total certeza sobre la ocurrencia de una falla del servicio por parte de los
militares participantes en la operación”.

De igual modo, en la sentencia de 23 de marzo de 201726, la Sección Tercera del
Consejo de Estado se refirió al Cuarto Informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia y sobre las ejecuciones extrajudiciales presentado por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que expresó el modo en
que se desarrollaban estos actos27 y, en ese orden, desarrolló la importancia de la
prueba indiciaria en casos de graves violaciones a los derechos humanos bajo la
flexibilización de criterios probatorios, para determinar la responsabilidad del
Estado por la ejecución extrajudicial de persona protegida.

Bajo la misma línea, la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado en
sentencia de 4 de diciembre de 202328 se refirió a las dificultades probatorias en
casos de ejecuciones extrajudiciales y detalló las características en que se
presentan, que, en lo general, concurren con la alteración, supresión, creación o
implantación de pruebas por parte de las autoridades, con el fin de realizar una
mise en scene y, así, enmascarar la verdad de lo sucedido.

Frente a ello, señaló que el juez debe verificar las circunstancias propias de cada
caso, en un escenario en el que se presenta, “de una parte, la versión oficial de los
agentes del Estado y, de la otra, el relato opuesto de las víctimas”, por lo que debe
establecer la verdad material a partir de los postulados de la sana crítica,
autonomía judicial y de la “probabilidad e inferencias lógicas”.

Así las cosas, resaltó la importancia de la prueba indiciaria que, “en su labor
valorativa y mediante la inferencia lógica, construye el juez partiendo de la
existencia de unos hechos debidamente conocidos y acreditados mediante prueba
directa para, por medio de la aplicación de la sana crítica, la lógica y las reglas de
la experiencia, establecer aquellos supuestos fácticos que no están directamente
demostrados y son desconocidos en el plenario”.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que los requisitos generales de procedencia están cumplidos
en el asunto bajo estudio, por cuanto (i) goza de relevancia constitucional, en tanto
se debe determinar si el fallo de segunda instancia en el que se revocó el fallo
26
M.P. Hernán Andrade Rincón. Expediente No 05001233100020060364701.
27
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cuarto Informe sobre la situación de los Derechos
Humanos en Colombia, Verdad, Justicia y reparación, OEA/Serv. L/V/II, Doc. nº 49, 2013, p. 79. Al respecto
se puede revisar: http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/Justicia-Verdad-Reparacion-es.pdf (consultado el 27
de agosto del 2014). “i) ejecución de miembros de la guerrilla fuera de combate; ii) ejecución de líderes
comunitarios acusados de ser colaboradores; iii) transferencia de cuerpos de grupos paramilitares a unidades
del Ejército; iv) ejecución de informantes y miembros desmovilizados para encubrir crímenes anteriores, negar
vinculaciones y destruir evidencia; v) ejecución de personas que mantienen lazos con organizaciones
criminales como resultado de alianzas y corrupciones; vi) ejecución de personas que fueron intencionalmente
reclutadas o detenidas (personas vulnerables, personas con discapacidad, adictos, personas en situación de
calle y con antecedentes criminales); y vii) ‘errores militares”’ encubiertos por la simulación de un combate”.
28
M.P. Nicolás Yepes Corrales. Expediente No 70001233100020100002701.

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favorable del a quo y, en su lugar, se negaron las pretensiones de la demanda de
reparación directa de los accionantes tendiente al resarcimiento de los perjuicios
causados por la muerte de un familiar, limita el contenido, alcance y goce de los
derechos fundamentales a la verdad, al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, así como el principio de la prevalencia
del derecho sustancial, por lo que no se observa que la solicitud de amparo se
promueva como una instancia adicional o se plantee un asunto de mera legalidad,
aunado al hecho con que cuenta con la carga argumentativa mínima, pues
exponen con claridad las razones por las que consideran que la autoridad judicial
accionada incurrió en los defectos fáctico, por desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución.

Igualmente, (ii) la última providencia objetada fue dictada en el marco de un
recurso de apelación, por lo que los demandantes no cuentan con otro mecanismo
de defensa judicial; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6)
meses29 establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la
Corte Constitucional30; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de
manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.

5.2. La autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del
precedente judicial

5.2.1. La Sala accederá a las pretensiones de la acción de tutela, porque la
providencia objetada vulneró los derechos fundamentales alegados por los
accionantes, en tanto incurrió en desconocimiento del precedente judicial relativo
al criterio de flexibilización probatoria en casos de graves violaciones a los
derechos humanos, conforme lo ha precisado la jurisprudencia del Consejo de
Estado y la Corte Constitucional.

Los accionantes presentaron demanda de reparación directa contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el fin de que se declarara la
responsabilidad del Estado por la muerte del señor César Orlando Henao
Obando, con sustento en que un ex comandante de las autodefensas, en una
audiencia de versión libre, señaló que en el acto delictivo en que falleció el familiar
de los demandantes participó el cabo Beltrán de la Estación de Policía del
municipio de la Unión, Antioquia.

Lo anterior con sustento en que “el homicidio del César Orlando Henao Obando,
constituyó una grave violación a los Derechos Humanos y una clara infracción al
Derecho Internacional Humanitario, por tratarse de una persona de la población
civil, de conformidad con el artículo 13 del Protocolo II de los Convenios de
Ginebra que consagra el principio de inmunidad jurídica de la población, e
igualmente se trató de un homicidio en persona protegida consagrado en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000 (Código Penal)”.

Indicaron que, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Medellín en fallo del
10 de noviembre de 2016, declaró administrativamente responsable a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, pues consideró que se
desconoció el deber de garante que ostenta el Estado respecto a sus ciudadanos,
pues de las declaraciones rendidas por el ex comandante de las autodefensas se

29
La última providencia objetada se profirió el 22 de mayo de 2024, cuya notificación se surtió el 27 de mayo
de 2024 y la acción de tutela se instauró el 7 de octubre de 2024, es decir, dentro del plazo razonable de los
seis (6) meses.
30
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de
2019, Corte Constitucional, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo.

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observa que el cabo Beltrán era el encargado de retirar las patrullas para que se
pudiera realizar el acto ilícito.

Los demandantes interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión,
con el fin de que se reconocieran los perjuicios morales y perjuicios materiales en
la modalidad de lucro cesante a cada uno de los accionantes. Por su parte, la
Policía Nacional también interpuso el recurso de apelación, en el que indicó que la
muerte del familiar de los demandantes no se la pueden atribuir a la entidad,
aunado al hecho de que este solicitó protección ni presentó denuncias por
amenazas en contra de su vida.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, en sentencia
del 22 de mayo de 2024, revocó la decisión del a quo, para lo cual, en primer
lugar, enlistó las pruebas que conforman el expediente, entre esas se resaltan: i)
el acta de la audiencia de pruebas del 6 de abril de 2016 en la que se recibieron
los testimonios de los señores Reinaldo de Jesús Osorio Castro, Iván Darío
Ramírez Gutiérrez, María Dolores Álzate de Otálvaro y Blanca Margarita Franco
Martínez, ii) unos folios correspondientes a la minuta de vigilancia del 6 de enero
de 1997 y iii) el acta de la audiencia de pruebas del 13 de abril de 2016, en la que
se recibió el testimonio del señor Ricardo López Lora (ex comandante de las
autodefensas) y en la que dijo lo siguiente:

“En ese año en enero del 97 estaba un grupo de autodefensas bajo la responsabilidad
mía, y sí la muerte del señor César Orlando Henao fue orden de Vicente Castaño,
donde él me ordenó a mí, venía en la lista, porque a nosotros nos entregaban listas
para asesinar las personas que había que asesinar, las personas que estuvieran
vinculadas con la guerrilla del ELN y la guerrilla de las FARC y como en esa zona de la
Unión existían personas que trabajaban directamente con la guerrilla del ELN, entonces
ese señor Vicente Castaño fue quien ordenó la muerte de ese señor Orlando Henao.

Que yo me acuerde para ese hecho mandé a dos muchachos de las autodefensas para
esa época que asesinaran ese señor, los nombres de ellos o los alias hay uno que le
dicen CULECO y otro que se llama BALLENA, esos dos se dirigieron al municipio de la
Unión porque allá estaba un Comandante de la Policía que se llama el Cabo Beltrán
para esa fecha, ese comandante de la Policía era el que nos colaboraba a nosotros,
para que yo pudiera mandar la gente a asesinar o hacer los asesinatos en ese
municipio. Esa muerte fue coordinada con el comandante de Policía de la Unión para
esa época que era el Cabo Beltrán, ese era el que nos colaboraba en ese municipio;
los dos muchachos que mandé se dirigieron a ese municipio en una moto DT color
blanca
de las AUC.

(…)

El Cabo Beltrán se reunió para ese homicidio del señor Orlando Henao se reunió
conmigo porque yo era el comandante de ese grupo de autodefensas y yo era el que le
repartía órdenes a los muchachos de las autodefensas para esa época y el Cabo
Beltrán se entendía directamente conmigo para ese homicidio. El Cabo Beltrán tenía
pleno conocimiento de que yo era comandante de las autodefensas para esa época”.

Luego, al estudiar los elementos de la responsabilidad, el tribunal reconoció que a
los demandantes se les ocasionó un daño con la muerte de su familiar, sin
embargo, al verificar si este se le puede endilgar al Estado, consideró lo siguiente:
“Ahora bien, aduce la parte demandante que el señor Ricardo López Lora, alias el
“marrano”, antiguo integrante de las antes denominadas autodefensas, confesó el
homicidio del señor Cesar Orlando Henao Obando, perpetrado en el sector el edén del
Municipio de La Unión – Antioquia el 6 de enero de 1997, y que ello se encuentra
plenamente acreditado con el testimonio del señor López Lora, sin embargo, endilga el
extremo accionante responsabilidad a la parte demandada manifestando que ese
luctuoso hecho contó con la participación del Cabo Beltrán de la Policía Nacional, lo
que para esta Sala no se encuentra demostrado plenamente dentro del proceso, pues

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si bien es cierto el señor Ricardo López Lora rindió testimonio manifestando haber
contado con la participación del Cabo Beltrán y de miembros del comando de la policía
para perpetrar este hecho, dicho testimonio no ofrece el suficiente grado de convicción
para determinar con certeza o al menos en un alto grado de probabilidad de que las
cosas sucedieron tal y como las relato el antes mencionado en su declaración.

Está claro entonces que el homicidio antes mencionado fue cometido por grupos al
margen de la Ley, empero, no se encuentra suficientemente demostrado que en ese
preciso hecho hayan participado agentes estatales, pues como se dijo, la declaración
del testigo deviene de un proceder delictivo general con fundamento en el cual
concluye o se auto atribuye este caso en especial.

Así mismo, vincula el señor Ricardo López Lora en su declaración al cabo Beltrán de la
Policía Nacional, sin embargo, no obra en el expediente proceso penal o disciplinario
en contra de aquel que establezca de manera fehaciente que el ya mencionado
hubiese participado de alguna manera en el homicidio del señor Cesar Orlando, pues si
bien es cierto, se incorporó al proceso variada prueba documental, como sentencias
emanadas de la Justicia Penal Especializada y del Tribunal Superior de Antioquia,
éstas giran en torno a investigaciones llevadas a cabo en contra de los señores Carlos
Mario Escudero Cano, Jesús María Clavijo y William Mora López por el delito de
concierto para delinquir, sin que mención alguna se haga al homicidio por el cual
actualmente se cita en responsabilidad al Estado.

Por lo anterior, para esta Sala, la sola manifestación del señor Ricardo López Lora, no
resulta suficiente para imputar la responsabilidad al Estado, pues la apreciación en
conjunto de los medios probatorios no llevan al convencimiento de la participación de
los agentes del Estado en el daño irrogado por los grupos al margen de la Ley, pues
fuera de las conclusiones a las que llega el señor Ricardo López Lora, no se vislumbra
medio alguno que conduzca a encartar responsabilidad estatal en el presente asunto, y
muy por el contrario, los medios demostrativos recaudados dan cuenta de la
inexistencia de investigaciones o denuncias en contra de los agentes estatales a los
que aquel les endilga la participación en los referidos hechos.

Es así, como una vez apreciados en su conjunto los medios probatorios mencionados
junto con la prueba documental allegada, como lo es el protocolo de necropsia, acta del
levantamiento del cadáver, investigación por parte de la Fiscalía, entre otros, los
mismos no resultan conclusivos de una participación de agentes del Estado en la
muerte del señor Cesar Orlando, salvo, como ya se dijo, las conclusiones a que llega el
postulado Ricardo López Lora.

Se recuerda que para declarar responsabilidad estatal por falla en el servicio, es
menester que el daño ocasionado resulte atribuible a la administración, no siendo este
el caso, pues si bien es cierto las investigaciones penales adelantadas dan cuenta de la
existencia de un hecho delictivo, en la misma, no se avizora que dentro de tal conducta
punible se encuentre inmerso en calidad de autor un agente estatal, no pudiendo
sobrepasar la Sala dicha valoración, pues lo contrario, sería sostener que todos los
crímenes y atrocidades cometidas en Colombia durante el conflicto, y en especial las
provenientes de paramilitares, contaban con la participación de agentes estatales sin
fehaciente soporte probatorio, lo que no es jurídicamente dable, pues a efectos de
declarar administrativamente responsable al Estado se requiere de un análisis juicioso
de cada evento en particular, que conlleve a determinar con certeza o al menos con un
alto grado de probabilidad que la lesión infringida contó con la conducta activa u
omisiva de agentes estatales, lo cual no se vislumbra en el presente caso.

En suma, si bien en el presente asunto se encuentra establecida la existencia de un
daño derivado de la muerte del señor Cesar Orlando, el mismo no resulta atribuible a la
entidad demandada, puesto que no se cumplen los requisitos jurisprudencialmente
previstos para su atribución. Ello, no solo porque la lesión corporal infringida al occiso
provino de un tercero, sino además, por cuanto no se vislumbra que el hecho haya
contado con la participación directa o indirecta de agentes estatales”.

De lo antes expuesto, se observa que la autoridad judicial accionada, con
sustento en las pruebas allegadas evidenció que, a pesar de que el ex
comandante de las autodefensas reconoció su responsabilidad en la muerte del
familiar de los accionantes y que esta fue con la cooperación del cabo Beltrán, lo
cierto es que de las demás pruebas no se puede concluir que en efecto se

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presentó una participación del uniformado y, en consecuencia, no se le podía
endilgar la responsabilidad del Estado.

5.2.2. En torno con el desconocimiento del precedente judicial, es necesario
precisar que la Corte Constitucional ha dicho que su aplicación implica que31 «un
caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el (los) caso (s)
del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo
son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si
la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la
pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada
o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto
de hecho para su aplicación»

El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas32:
1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer las
razones por las que estima que se desconoció15.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado de aplicar.
Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre el
precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del precedente
judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos
sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez expone las razones para
apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la decisión
(ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez hace de las
normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto 33.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho a la
igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la confianza legítima.

Por otra parte, la violación directa de la Constitución se configura cuando el juez
en la decisión desconoce la Carta Política. Ello puede ocurrir, primero, porque no
se aplica una norma fundamental al caso en estudio, lo cual se presenta porque:
(a) al resolver el asunto se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional; (b) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron
derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación
conforme a la Constitución.

En segundo lugar, porque se aplica la ley al margen de los preceptos consagrados
en la Constitución. En este evento, se ha señalado que los jueces, en sus fallos,
deben tener en cuenta la excepción de inconstitucionalidad contenida en el
artículo 4º Superior, en tanto la Carta es norma de normas, y cuando existe

31
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
32
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
33
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de
que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al
caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta
indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien
alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la
solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de
análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).

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incompatibilidad con las disposiciones legales, debe aplicarse de preferencia las
constitucionales 34.

5.2.3. Descendiendo al asunto bajo examen, los demandantes consideran que la
autoridad judicial accionada incurrió en defecto por desconocimiento del
precedente judicial, por no tener en cuenta las sentencias de unificación del 28 de
agosto de 2014 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, del 18 de mayo de
2017 de la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado y la SU-035
de 2018 de la Corte Constitucional, en las que se desarrolló la importancia de la
flexibilización probatoria en los casos de graves violaciones de los derechos
humanos, criterios que, a juicio de los demandantes, el mismo tribunal había
aplicado en casos anteriores.

Ahora bien, los demandantes consideran que estas decisiones desarrollaron unas
reglas relacionadas con la flexibilidad de los estándares probatorios en casos de
graves violaciones de los derechos humanos, las cuales no fueron aplicadas por
el tribunal accionado porque no se evidenció la participación de agentes del
Estado en la muerte del señor César Orlando Henao Obando.

Al respecto, la Sala recuerda que las reglas referentes a la flexibilidad probatoria35,
están encaminadas a que el juez de la causa debe resolver el caso sometido a su
examen bajo una perspectiva de derechos humanos, que lo habilita para aplicar
con menor rigor los presupuestos procesales que, en materia probatoria, el
ordenamiento jurídico consagra en defensa del derecho fundamental al debido
proceso, con el fin de superar las dificultades probatorias que se presentan en
estos casos y que enfrentan principalmente las víctimas en materia de acceso a la
prueba o en la demostración propia de los hechos que rodearon la producción del
daño por las condiciones en que se presenta tales como zonas alejadas, los
únicos testigos son los agentes del Estado que participaron en el ataque, las
posiciones asimétricas de poder entre la población civil y los integrantes de la
fuerza pública, entre otras. De esta manera, los jueces pueden asegurar una
decisión que se edifica en la constatación real de los hechos del proceso que le
permiten definir si el daño es o no atribuible al Estado.

En otros términos, la aplicación del principio de flexibilización probatoria no
conlleva per se acceder a la declaratoria de responsabilidad del Estado, sino que
supone hacer una valoración probatoria alejado del rigor procesal de cualquier otro
proceso, lo que se justifica en que el debate está relacionado con una presunta
comisión de un delito de lesa humanidad.

En efecto, se observa que en la demanda de reparación directa la parte actora
relató unos hechos y señaló unas pruebas, con el fin de que se declarara la
responsabilidad del Estado por la muerte del señor César Orlando Henao Obando,
como consecuencia del actuar de integrantes de las autodefensas en connivencia
con agentes de la Policía Nacional.

La Sala encuentra que en la sentencia objetada desarrolló el análisis probatorio,
sin hacer mención alguna a las reglas de flexibilización probatoria y cómo estas se
34
Sentencia SU-069 de 2018, M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
35
En reciente sentencia SU-287 de 2024, M.P.: Diana Fajardo Rivera, la Corte Constitucional señaló, en un
caso de ejecución sumaria en el que se negaron las pretensiones del medio de control de reparación directa,
que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial relacionado con “la flexibilización probatoria frente
a graves violaciones a los derechos humanos que ha desarrollado la jurisprudencia del Consejo de Estado y
de la Corte Constitucional, a la cual se ha integrado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Y al hacerlo, no cumplió con las cargas de transparencia y argumentación, sino que omitió
pronunciarse sobre estas líneas jurisprudenciales”. En esa decisión, la Sala Plena de la Corte Constitucional
confirmó el amparo concedido, en primera instancia por esta Sala, el cual había sido revocado. En el mismo
sentido, véase la sentencia SU-484 de 2024.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05419-00
Actor: María Docelia Obando de Henao y Otros

aplicaban al caso concreto de los accionantes o, en su defecto, expusiera los
argumentos para apartarse del precedente judicial en cumplieron de las cargas de
transparencia y suficiencia.

De hecho, se evidencia que las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial
surgen de una valoración de pruebas directas, entre las que se destaca la
declaración rendida del ex comandante de las autodefensas en el curso del
proceso de reparación directa, y en las pruebas documentales como i) el oficio por
parte de la Policía Nacional en el que se adjunta copia del acta de apertura del
libro de minuta de vigilancia de la estación de policía de La Unión para el año 1997
y de los folios firmados por el señor cabo primero Beltrán León Oswaldo Alfonso,
comandante de dicha estación entre el 5 y 6 de enero de 1997 y ii) el oficio por
parte del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito
Especializado de Antioquia, en el que se allega copia auténtica de la sentencia de
primera y segunda instancia proferidas dentro del proceso penal con radicado No.
05000-31-07-001-2001-00060, que se adelantó contra de los señores Carlos Mario
Escudero Cano, Jesús María Clavijo y William Mora López por el delito de
concierto para delinquir.

Aunado a lo anterior, se evidencia que el estudio que desarrolló la autoridad
judicial accionada concluyó que lo afirmado por el ex comandante de las
autodefensas, en el que señaló al cabo Beltrán participó en la muerte del familiar
de los demandantes no resulta suficiente para imputar la responsabilidad al
Estado, pues la apreciación en conjunto de los medios probatorios no le generaron
el convencimiento de la participación de los agentes del Estado.

Sin embargo, lo que se evidencia es que la autoridad judicial accionada no
mencionó la flexibilización probatoria a pesar de que la parte actora puso de
presente hechos indicadores de una posible ejecución extrajudicial, junto con el
precedente constitucional y la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado que han identificado patrones típicos en esa clase de sucesos.

En ese marco, con apoyo de las reglas de la experiencia que materializan la sana
crítica y dentro de un contexto histórico inexorable, es que la autoridad judicial
accionada debió determinar si había o no lugar a declarar la responsabilidad del
Estado por falla en el servicio atribuida a los miembros de la fuerza pública que
produjo la muerte de una persona protegida.

En ese orden de ideas, para la Sala36, es clara la existencia de un precedente
judicial vigente y aplicable al caso concreto, como se indicó en las consideraciones
jurídicas de esta decisión, desarrollado por la Corte Constitucional y la Sección
Tercera del Consejo de Estado, relativo a la flexibilización de los estándares
probatorios en casos de ejecuciones extrajudiciales que obliga al juez disminuir el
rigor procesal en el cumplimiento de las cargas probatorias de las víctimas y, para
ello, es necesario que identifique algunos escenarios que ya se han precisado
como hechos indicadores o demostrativos de que se está frente a un caso de
ejecución sumaria, y bajo las reglas de la sana crítica determine si existió o no
responsabilidad del Estado por el daño derivado de la muerte de un civil en estos
hechos.

36
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 25 de julio de 2024, radicado No. 11001-03-15-000-2023-
06905-01, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto, sentencia de 15 de febrero de 2024, radicado No.: 11001-03-
15-000-2023-06333-00, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto, sentencia de 31 de agosto de 2023, radicado
No.: 11001-03-15-000-2023-01037-01, C.P.: Myriam Stella Gutiérrez Argüello y sentencia de 13 de julio de
2023, radicado No.: 11001-03-15-000-2023-02742-00. C.P.: Wilson Ramos Girón.

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Actor: María Docelia Obando de Henao y Otros

Por consiguiente, la Sala considera que las circunstancias señaladas por la parte
actora en la demanda de reparación directa relacionadas con un homicidio en
persona protegida que fue llevado a cabo por integrantes de las autodefensas y
con la participación de integrantes de la estación de policía de La Unión, pudieron
ser objeto de pronunciamiento por parte de la autoridad judicial accionada, a partir
del criterio de flexibilización probatoria que se ha desarrollado en el marco de
ejecuciones sumarias. Por consiguiente, será la autoridad judicial accionada, quien
a partir de esos criterios de flexibilización y en ejercicio de su autonomía e
independencia judicial, determine si dichos alegatos pueden llegar a configurar
una ejecución extrajudicial.

Así las cosas, se encuentra configurado el defecto por desconocimiento del
precedente judicial, por lo que se relevará de abordar lo relativo al defecto fáctico,
porque será el juez natural y especializado quien realice la valoración probatoria, a
lo que se debe agregar que el alcance de la protección constitucional otorgada se
limita a que se realice un nuevo análisis probatorio en los términos expuestos y se
profiera la decisión que bajo las reglas de la sana crítica y la autonomía judicial
disponga la autoridad judicial demandada.

De esta manera, amparará los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, dejará sin efectos la sentencia del 22 de
mayo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima
de Decisión, y ordenará que en el término de veinte (20) días contados a partir de
la notificación de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo, en la que
tenga en cuenta el precedente judicial sobre la flexibilización probatoria para casos
relativos a graves violaciones a los derechos humanos y demás consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

FALLA

Primero.- AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia de los señores María Docelia Obando de Henao,
Luis Carlos Henao Obando, Doralba Henao Obando, María Alicia Henao Obando,
María Dolly Henao Obando, María Rosa Elena Henao Obando, Amparo Henao
Obando, Nicolás de Jesús Henao Obando, María Rubiela Henao Obando y Leidy
Johana Henao, quienes actúan mediante apoderado judicial. En consecuencia,

Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 22 de mayo de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, en el marco
del medio de control de reparación directa adelantado por los señores María
Docelia Obando de Henao, Luis Carlos Henao Obando, Doralba Henao Obando,
María Alicia Henao Obando, María Dolly Henao Obando, María Rosa Elena
Henao Obando, Amparo Henao Obando, Nicolás de Jesús Henao Obando, María
Rubiela Henao Obando y Leidy Johana Henao contra la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional (exp. No. 05001-33-33-012-2013-01295-01).

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05419-00
Actor: María Docelia Obando de Henao y Otros

Tercero.- ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Decisión que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera una decisión de reemplazo en el proceso de reparación
directa radicado con el No. 05001-33-33-012-2013-01295-01, de conformidad con
las consideraciones precisadas en esta providencia.

Cuarto.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente SALVA VOTO

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

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