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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02829-01

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02829-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia de 19 de junio de 2025, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar, se dispone: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los señores ROSA ANGÉLICA, JOIS JOHANNA, GLADYS, JOSÉ OTONIEL, JAQUELINE, ROBINSÓN y MARTÍN EMILIO SALAZAR BETANCOURT, JEHISON ANDRÉS y ANA MARÍA VALENCIA SALAZAR, MAURO DE JESÚS SALAZAR, LUDIVIA BETANCUR DE SALAZAR, MARÍA ZULMA BETANCUR PRADO, ARNOLD PEREA BETANCUR, BERENICE y MARLENY SALAZAR Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 41 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02829-01 Actores: ROSA ANGÉLICA SALAZAR BETANCOURT Y OTROS BETANCUR, JOSÉ MANUEL AGUDELO SALAZAR, LUZ ESTELA SALAZAR BETANCUR, LINA MARCELA SALAZAR, VERÓNICA SALAZAR, CINDY ALEXANDRA PATIÑO SALAZAR, OLIVA, ÓSCAR, MARLENY y AURORA DE JESÚS VALENCIA GALLEGO, ADRIANA MARCELA OCAMPO VALENCIA, YURY ALEXANDRA y SANDRA MILENA VALENCIA GÓMEZ, ARLEY FERNANDO ZULUAGA VALENCIA, LEONOR GALLEGO DE GALVIS, LUZ MERY, GILDARDO DE JESÚS, MARÍA OFELIA, MARTHA GILMA y HERNÁN DARÍO GALLEGO ZULUAGA, BERTA OLIVA GALLEGO DE GALVIS, LUZ GABRIELA, MARTHA NELLY y BLANCA NUBIA GALVIS GALLEGO, SULEIMA YULIETH y OSMAN ARLEY GALLEGO HINCAPIÉ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR sin efecto la sentencia de 9 de diciembre de 2024, proferida por la SALA PRIMERA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número 2019-00300-01 y, en su lugar, se dispone: ORDENAR a dicha autoridad judicial proferir una nueva decisión, en la que aplique en debida forma la tesis dispuesta por la Sección Tercera del Consejo de Estado y la Corte Constitucional Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 42 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02829-01 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02829-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

2 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02829-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORES: ROSA ANGÉLICA SALAZAR BETANCOURT Y OTROS

TESIS: SE ACCEDE AL AMPARO DEPRECADO. LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA INCURRIÓ EN DEFECTO FÁCTICO Y DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE POR DEJAR DE APLICAR LA JURISPRUDENCIA PROFERIDA POR
LA SECCIÓN TERCERA DE LA CORPORACIÓN Y LA CORTE CONSTITUCIONAL EN
LO RELACIONADO CON LA FLEXIBILIZACIÓN PROBATORIA EN ASUNTOS DE
GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y OMITIR VALORAR EN
CONJUNTO LAS PRUEBAS OBRANTES EN EL PROCESO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: VERDAD, DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD Y DIGNIDAD HUMANA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por los actores contra la

sentencia de 19 de junio de 2025, mediante la cual la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1
En adelante Sección Tercera.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02829-01
Actores: ROSA ANGÉLICA SALAZAR BETANCOURT Y OTROS

I.1.- La Solicitud

Los señores ROSA ANGÉLICA, JOIS JOHANNA, GLADYS, JOSÉ

OTONIEL, JAQUELINE, ROBINSÓN y MARTÍN EMILIO

SALAZAR BETANCOURT, JEHISON ANDRÉS y ANA MARÍA

VALENCIA SALAZAR, MAURO DE JESÚS SALAZAR, LUDIVIA

BETANCUR DE SALAZAR, MARÍA ZULMA BETANCUR PRADO,

ARNOLD PEREA BETANCUR, BERENICE y MARLENY SALAZAR

BETANCUR, JOSÉ MANUEL AGUDELO SALAZAR, LUZ ESTELA

SALAZAR BETANCUR, LINA MARCELA SALAZAR, VERÓNICA

SALAZAR, CINDY ALEXANDRA PATIÑO SALAZAR, OLIVA,

ÓSCAR, MARLENY y AURORA DE JESÚS VALENCIA GALLEGO,

ADRIANA MARCELA OCAMPO VALENCIA, YURY ALEXANDRA y

SANDRA MILENA VALENCIA GÓMEZ, ARLEY FERNANDO

ZULUAGA VALENCIA, LEONOR GALLEGO DE GALVIS, LUZ

MERY, GILDARDO DE JESÚS, MARÍA OFELIA, MARTHA GILMA

y HERNÁN DARÍO GALLEGO ZULUAGA, BERTA OLIVA GALLEGO

DE GALVIS, LUZ GABRIELA, MARTHA NELLY y BLANCA NUBIA

GALVIS GALLEGO, SULEIMA YULIETH y OSMAN ARLEY

GALLEGO HINCAPIÉ, actuando a través de apoderada judicial2, en

ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

2
María José Otero Martínez.

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Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos

fundamentales a la verdad, al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, a la igualdad, a la dignidad y a los

principios de equidad y de prevalencia del derecho sustancial sobre

el formal, los cuales estiman vulnerados por la SALA PRIMERA DE

DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA3,

al haber proferido la providencia de 9 de diciembre de 2024 dentro

del medio de control de reparación directa identificado con el número

único de radicación 2019-00300-014.

I.2.- Hechos

Señalaron que con ocasión de la muerte de su compañero y padre,

RUBÉN DARÍO VALENCIA GALLEGO (q.e.p.d.), con la

participación de miembros de la Policía Nacional promovieron

demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa

contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -

POLICÍA NACIONAL5, con el fin de que se les declarara

responsables de los daños derivados del fallecimiento del señor

VALENCIA GALLEGO (q.e.p.d.) y el desplazamiento padecido por

3
En adelante TRIBUNAL.
4
En adelante 2019-00300-01.
5
En adelante POLICÍA.

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la ciudadana ROSA ANGÉLICA SALAZAR BETANCOURT y sus

hijos.

Aseguraron que el proceso fue identificado con el número único de

radicación 2019-00300-00 y le correspondió por reparto al

JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

DE MEDELLÍN6 que, mediante sentencia de 26 de noviembre de

2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el

sentido de declarar administrativa y extracontractualmente

responsable a la parte demandada por los perjuicios causados con

ocasión del fallecimiento del señor VALENCIA GALLEGO (q.e.p.d.),

y denegó las súplicas relacionadas con el desplazamiento padecido

por la señora ROSA ANGÉLICA SALAZAR BETANCOURT y sus

hijos, por cuanto no se acreditó el daño y condenó en costas a los

demandantes.

Advirtieron que, inconformes con lo anterior, las dos partes

interpusieron recurso de apelación, siendo desatado por el

TRIBUNAL mediante sentencia de 19 de diciembre de 2024 que

revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones

6
En adelante JUZGADO.

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de la demanda al estimar que si bien estaba acreditado el daño, en

relación con el homicidio del señor VALENCIA GALLEGO (q.e.p.d.),

no ocurría lo mismo frente a la participación de la POLICÍA en dicho

hecho; y respecto al desplazamiento forzado de la señora ROSA

ANGÉLICA SALAZAR BETANCOURT y sus hijos no obraban

elementos demostrativos que permitieran imputar ese daño a la

parte demandada, toda vez que no se acreditó que hubiera

colaborado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Adicionalmente, condenó en costas a la parte demandante en ambas

instancias.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de los actores, la autoridad judicial accionada desconoció sus

derechos fundamentales a la verdad, al debido proceso, al acceso a

la administración de justicia, a la igualdad, a la dignidad y a los

principios de equidad y de prevalencia del derecho sustancial sobre

el formal, puesto que incurrió en los defectos de desconocimiento

del precedente, fáctico, violación directa de la Constitución,

sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto.

Frente el defecto de desconocimiento del precedente indicaron

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que el TRIBUNAL no tuvo en cuenta que el homicidio del señor

RUBÉN DARÍO VALENCIA GALLEGO (q.e.p.d.), ocurrido con la

participación de miembros de la POLICÍA, corresponde a una

ejecución extrajudicial, asunto respecto del cual las sentencias de 18

de mayo de 20177, SU-035 de 20188 y T-018 de 20219, proferidas

por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, respectivamente,

acudieron a la flexibilización de los estándares probatorios en casos

de graves violaciones a derechos humanos.

Señalaron que exigirles que acreditaran la coordinación entre la

POLICÍA y los paramilitares, a pesar de la existencia de abundante

material probatorio obrante en el expediente ordinario, constituye

una carga excesiva.

Agregaron que el TRIBUNAL desconoció el precedente horizontal

establecido en la sentencia de 2 de diciembre de 2024, proferida en

el expediente núm. 2018-00020-01, en la que se accedió a las

pretensiones de la demanda frente a hechos ocurridos el 17 de

octubre de 1997 en el municipio de El Carmen de Viboral, en los que

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia
de 18 de mayo de 2017, C.P. Danilo Rojas Betancourt, expediente núm. 05001-23-31-000-1999-
02764-01 (48407).
8
Corte Constitucional, sentencia SU-035 de 3 de mayo de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
9
Corte Constitucional, sentencia T-018 de 25 de enero de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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7

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se encontraban comprometidos el sargento WILLIAM MORA LÓPEZ

y el paramilitar RICARDO LÓPEZ LORA, pronunciamiento en el que

se dio valor probatorio a la providencia de 9 de enero de 2003,

emanada del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de

Antioquia, en la que se condenó a los referidos sujetos por el delito

de concierto para delinquir, y además dio trato de grave violación a

los derechos humanos, postura que, a su juicio, se reiteró en los

fallos de 28 de febrero10 y 16 de agosto de 201911, 10 de agosto12 y

12 de septiembre de 202213 y 13 de marzo de 202514.

En cuanto al defecto fáctico señalaron que el TRIBUNAL omitió

valorar: i) el testimonio del señor ÁLVARO DE JESÚS RÍOS

OSORIO quien relató los vínculos y alianzas existentes entre

paramilitares y miembros de la POLICÍA en el municipio de Guerne

(Antioquia); ii) los oficios núms. S-2018- 111414 / SUBCO –

GUTAH – 29.25 y S- 2018- 112452 / SUBCO – GUTAH – 29.25

de 21 y 23 de noviembre de 2018, respectivamente, en los que

presuntamente constaba que el sargento WILLIAM MORA LÓPEZ

era miembro activo de la POLICÍA para la época de los hechos

10
Expediente 05001-33-33-022-2013-01189-01.
11
Expediente 05001-33-33-028-2014-00503-02.
12
Expediente 05001-33-33-022-2014-00452-02.
13
Expediente 05001-33-33-012-2013-00229-01.
14
Expediente 05001-33-33-020-2015-01237-02.

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objeto de reparación; iii) las declaraciones del ex paramilitar

RICARDO LÓPEZ LORA y otros testimonios rendidos ante

diferentes juzgados administrativos del municipio de Medellín,

aportadas en DVD, con las que se demostraba el contexto histórico

del conflicto armando en el oriente antioqueño y sobre la forma en

que el referido oficial de la POLICÍA colaboraba con miembros del

grupo paramilitar; iv) la respuesta al derecho de petición que formuló

el patrullero ÓSCAR ÚSUGA LEAL el 4 de agosto de 2018, al

personero del municipio de Rionegro, en la cual se solicitaba

información sobre el homicidio del señor LEONARDO LIVE HENAO

GIRALDO en los hechos ocurridos en ese ente territorial el 12 de

septiembre de 1997; v) las sentencias proferidas en primera y

segunda instancia por los juzgados penales del circuito especializado

de Antioquia y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,

en las que se condenó a los agentes de la POLICÍA WILLIAM

LÓPEZ MORA, JUAN CARLOS VALENCIA ARBELÁEZ y CARLOS

MARIO TEJADA GALLEGO, por el delito de concierto para delinquir

con el referido ex paramilitar; vi) el exhorto remitido por el fiscal 20

delegado de justicia transicional; vii) las pruebas relacionadas en los

literales c, b, j y k del numeral “Quince” de la demanda ordinaria; y

viii) las sentencias proferidas en primera y segunda instancia dentro

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del proceso núm. 1999-02764-0115, mediante las cuales se condenó

a la POLICÍA y al EJÉRCITO por hechos ocurridos el 14 de agosto

de 1997, en el sector La Herradura del municipio de El Retiro, por “la

connivencia que existía ente los paramilitares con los miembros de

la fuerza pública. Es de advertir que ese grupo paramilitar era el

mismo que comandaba el señor Ricardo López Lora”.

Sobre los defectos de violación directa de la Constitución y

sustantivo, insistieron en que la autoridad accionada inaplicó el

precedente relacionado con la flexibilización probatoria en casos de

graves violaciones de derechos humanos.

Finalmente, respecto del defecto procedimental por exceso

ritual manifiesto indicaron que el TRIBUNAL desconoció el

principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, toda

vez que pasó por alto y distorsionó el material probatorio relacionado

con la existencia de los vínculos entre la fuerza pública y el grupo

paramilitar que delinquía en el oriente antioqueño.

I.4.- Pretensiones

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia
de 18 de mayo de 2017, C.P. Danilo Rojas Betancurth, expediente núm. 05001-23-31-000-1999-
02764-01 (48407).

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Los actores solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERA: tutelar los derechos fundamentales a AL DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EN
ARMONIA CON EL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO
SUSTANCIAL, A LA VERDAD, A LA IGUALDAD JURÍDICA, A LA
DIGNIDAD HUMANA y EL PRINCIPIO DE EQUIDAD, los cuales
están siendo vulnerados por la entidad judicial accionada.

SEGUNDA: como consecuencia del pronunciamiento anterior,
solicito se ordene REVOCAR Y/O DEJAR SIN EFECTOS la
providencia judicial proferida el nueve (9) de diciembre de dos mil
veinticuatro (2024) por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia.

TERCERA: Como consecuencia de la declaración anterior, se
ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de
Decisión, a que dentro de un término razonable proceda a emitir
una nueva sentencia, accediendo a todas y cada una de las
pretensiones solicitadas en la demanda y a lo que oficiosamente
haya lugar, de conformidad con los parámetros que trace el
Honorable Consejo de Estado.

CUARTA: Que en la nueva sentencia que se profiera, se ordene a
la parte accionada que en lo sucesivo se abstenga de vulnerar la
DIGNIDAD HUMANA de los demandantes, toda vez que se les
condenó al pago de costas, lo cual conlleva a una revictimización,
teniendo presente que son personas víctimas del conflicto armado
interno, mayor aun tratándose de personas desplazadas a raíz del
mismo conflicto armado interno y que por tanto deben merecer
una especial consideración y protección del Estado […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL indicó que la decisión controvertida se basó en

la valoración conjunta y completa del material probatorio allegado al

proceso ordinario, sin que obraran en él elementos suficientes para

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acreditar la participación de la POLICÍA en los hechos relacionados

con el homicidio del señor VALENCIA GALLEGO (q.e.p.d.) y el

desplazamiento de su compañera sentimental e hijos.

Agregó que no vulneró ninguno de los derechos fundamentales

invocados como violados ni incurrió en alguno de defectos anotados,

que hagan procedente el amparo constitucional. Por el contrario,

consideró que la tutela es improcedente por incumplir los requisitos

generales de subsidiariedad y de relevancia constitucional.

I.5.2.- La POLICÍA manifestó que el TRIBUNAL revocó la decisión

de primera instancia con fundamento en el material probatorio

obrante en el expediente ordinario, respecto del cual no se acreditó

la colaboración de esa institución con grupos paramilitares.

I.5.3.- El JUZGADO respondió que la decisión de condenar

administrativa y extracontractualmente a la autoridad accionada es

acorde al ordenamiento jurídico, toda vez que se encontraron

elementos que configuraban la responsabilidad invocada, razón por

la cual coadyuvó la solicitud de los accionantes.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

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La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 19 de junio de 2025,

aceptó la solicitud de coadyuvancia a la parte actora formulada por

el JUZGADO y declaró improcedente la solicitud de amparo al

considerar que el presente asunto no cumple con el requisito general

de relevancia constitucional, por cuanto los tutelantes no justificaron

en debida forma los argumentos y buscan revivir el análisis jurídico

efectuado por el juez natural.

Al respecto, aseguró que el TRIBUNAL, del análisis del acervo

probatorio, concluyó que respecto del homicidio del señor

VALENCIA GALLEGO (q.e.p.d.) no existía prueba suficiente para

imputar responsabilidad a la POLICÍA, toda vez que si bien el ex

jefe paramilitar RICARDO LÓPEZ LORA reconoció la autoría del

hecho e hizo referencia a una presunta coordinación con el sargento

WILLIAM MORA LÓPEZ, no obraban otros elementos probatorios

que respaldaran la afirmación hecha del primero que permitiera

concluir que sí existió una actuación conjunta entre este y la fuerza

pública.

Agregó que la autoridad accionada también explicó en debida forma

que la existencia de unas providencias sobre la condena penal e

investigación disciplinaria contra el referido sargento no acreditaba

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las circunstancias concretas del caso en estudio ni la participación de

la POLICÍA en dichos hechos, por lo que no se contaba con

elementos demostrativos ni suficientes que permitieran deducir una

imputación por vía indirecta.

Frente al desplazamiento forzado, sostuvo que no se acreditó la

colaboración de la POLICÍA con grupos armados ilegales.

Concluyó que los actores pretenden utilizar este mecanismo

constitucional como una instancia adicional en lo que tiene que ver

con los aspectos relacionados con la imputabilidad y nexo causal

entre el actuar de los miembros de la POLICÍA y los daños

reclamados, asunto ampliamente analizado por el juez ordinario.

En lo que tiene que ver con el precedente sobre la flexibilización del

estándar probatorio y el exceso ritual manifiesto, adujo que los

actores no identificaron una subregla concreta que hubiese sido

omitida por la autoridad accionada, sino que, por el contrario,

plantearon una solicitud genérica de mitigación de la carga

probatoria.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

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Los actores impugnaron la decisión proferida en primera instancia e

insistieron en dejar sin efectos la providencia proferida por el

TRIBUNAL.

Consideran que el caso en estudio sí es relevante debido a que las

circunstancias que rodearon el homicidio del señor VALENCIA

GALLEGO y el desplazamiento de su compañera e hijos, obedecen

al conflicto armado entre grupos paramilitares en la región del

oriente antioqueño, situación que fue analizada por el Consejo de

Estado en otros casos con supuestos fácticos y jurídicos similares.

Al respecto, destacaron que esta Corporación ha proferido las

sentencias de tutela de 13 de febrero16, 1717 y 2418 de julio de 2025,

mediante las cuales se concluyó que la autoridad aquí accionada

incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente en

torno a la flexibilización probatoria en casos de lesa humanidad,

habida cuenta que omitió valorar en conjunto la declaración del ex

comandante paramilitar RICARDO LÓPEZ LORA, la sentencia

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencias de 13 de
febrero de 2025, C.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño, expedientes núms.: i) 11001-03-15-000-2024-
05419-00, decisión confirmada por la Sección Tercera, Subsección “A”, el 4 de abril de 2025, C.P.
Fernando Alexei Pardo Flórez; y ii) 11001-03-15-000-2024-06047-00, confirmada por la Sección
Segunda, Subsección “A”, el 10 de abril de 2025, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 17 de julio
de 2025, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02827-00.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 24 de julio
de 2025, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-2891-00.

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condenatoria del sargento WILLIAM MORA LÓPEZ y las demás

pruebas obrantes en los expedientes ordinarios, análisis que podría

incidir en la resolución de los casos en estudio.

Finalmente, mencionaron que en el expediente ordinario existen

suficientes medios de prueba que no fueron valorados por la

autoridad judicial accionada, que respaldan las afirmaciones del ex

paramilitar RICARDO LÓPEZ LORA y que permiten concluir con

certeza que entre los grupos paramilitares que operaban en la región

del oriente antioqueño y la POLICÍA existía una posible

colaboración, entre otros, para llevar a cabo el asesinato del señor

RUBÉN DARÍO VALENCIA GALLEGO (q.e.p.d.).

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

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distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

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Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las

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decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que los actores pretenden que

se deje sin efecto la providencia de 9 de diciembre de 2024, proferida

por el TRIBUNAL, dentro del proceso de reparación directa

identificado con el número único de radicación núm. 2019-00300-01.

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El disenso de la parte actora radica en el hecho de que, en su sentir,

la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales a la

verdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,

a la igualdad, a la dignidad y a los principios de equidad y de

prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, al no valorar en

debida forma la totalidad de las pruebas allegadas al proceso de

conformidad con la jurisprudencia sobre la flexibilización probatoria

en casos de violación de derechos humanos.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 19 de junio de

2025, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que

el presente asunto no cumple con el requisito general de relevancia

constitucional.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia bajo el argumento de que la autoridad

judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales invocados,

puesto que desconoció el criterio de jurisprudencial sobre la

flexibilización probatoria en materia de graves violaciones de

derechos humanos, toda vez que omitió valorar en conjunto la

declaración del ex comandante paramilitar RICARDO LÓPEZ LORA,

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la sentencia condenatoria del sargento MORA LORA y las demás

pruebas obrantes en el expediente ordinario, criterio aplicado por las

Secciones Tercera, Cuarta y Quinta del Consejo de Estado en los

procesos de tutela identificados con los núms. 2024-05419-00/01,

2025-02827-00 y 2025-02891-00.

Añadieron, que el Tribunal accionado omitió valorar la totalidad de

los medios de prueba obrantes en el expediente, los cuales, en su

criterio, respaldan las afirmaciones del ex paramilitar RICARDO

LÓPEZ LORA y permiten concluir con certeza una colaboración entre

los grupos paramilitares que operaban en la región del oriente

antioqueño y la POLICÍA, para llevar a cabo, entre otros, el

asesinato del señor VALENCIA GALLEGO (q.e.p.d.).

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

deprecados e incurrió en los defectos alegados.

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En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación.

La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto la parte actora plantea con

suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su

criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico

y desconocimiento del precedente endilgados y vulneró sus derechos

fundamentales; la acción de tutela se instauró en un plazo

razonable19 y la solicitud identifica los hechos y derechos que se

estiman lesionados.

Por último, se advierte que contra la decisión cuestionada no

proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los

recursos extraordinarios de revisión (artículo 48 y siguientes del

CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y siguientes

idem).

19
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).

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Verificado lo anterior, a la Sala le corresponde determinar si el

TRIBUNAL incurrió en los defectos de desconocimiento del

precedente, fáctico, violación directa de la Constitución,

sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto, al

proferir la providencia de 9 de diciembre de 2024 dentro del medio

de control de reparación directa identificado con el número único de

radicación 2019-00300-01.

Del defecto de desconocimiento del precedente

En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo

con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución

Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces

en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta

regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que

encuentra sus límites en la realización de otros valores

constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia

constitucional.

En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional

puntualizó:

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“[…] Es así como, en materia de decisiones judiciales, se
destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de
la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino
también de trato por parte de las autoridades y concretamente
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por las
autoridades judiciales, garantizándose de esta forma la
seguridad jurídica y con ella la certeza de la comunidad
respecto a la forma en la que se van a decidir los casos iguales.
Como resultado de lo anterior, surge como límite a la
autonomía e independencia de los Jueces el respeto por el
precedente […]”.

De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte

Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente

constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando

la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En

especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa

Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está

vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la

igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que

su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos

fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial20.

No obstante, lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha

admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio

precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y

20
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.

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cuando se sustenten debidamente las razones de su posición

(principio de razón suficiente)21.

Del defecto fáctico

En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en

sentencia T-362 de 201322, explicó lo siguiente:

“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.

Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que
el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía
e independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las
reglas de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación
ha identificado que “el yerro en la apreciación del material
probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante,
protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se
desconozca “la realidad probatoria del proceso […]”.

En esa medida, a juicio de la referida Corte:

“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente

21
Ver sentencia T-292 de 2006.
22
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia, porque ello sería contrario al principio de que la
tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de
que se invadiría la órbita de la competencia y la
autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones
[…]”. (Negrillas del original).

De las consideraciones trascritas la Sala advierte que el defecto

fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en

el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además

con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el juez de

tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad

de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un

asunto, según las reglas generales de competencia.

Caso concreto

La Sala encuentra que la inconformidad planteada por la parte actora

radica en que la autoridad judicial accionada, al conocer del medio

de control de reparación directa identificado con el número 2019-

00300-01, trasgredió sus derechos fundamentales al revocar la

decisión del JUZGADO que había encontrado demostrado, de las

pruebas existentes, que el señor RICARDO LÓPEZ, alias “Marrano”,

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miembro de las AUC, sí recibió colaboración por parte de miembros

de la POLICÍA en los hechos en los que resultó muerto el señor

RUBÉN DARÍO VALENCIA GALLEGO (q.e.p.d.) y, en su lugar,

denegar las pretensiones de la demanda al omitir el análisis de la

totalidad de las pruebas allegadas, las cuales, en su criterio, de

haberse estudiado en conjunto, bajo la tesis de la flexibilización

probatoria en casos de lesa humanidad, se tendría por acreditada la

responsabilidad de la entidad demandada en dicho suceso.

En ese orden, con el fin de determinar si le asiste razón a la parte

actora, la Sala considera necesario traer a colación lo dispuesto por

el TRIBUNAL para revocar la decisión del a quo:

“[…] Para determinar la responsabilidad del Estado es
imperante probar, los siguientes presupuestos: i) que el daño
sufrido por la víctima fue causado por la entidad demandada,
ii) que le es imputable a dicha entidad, y iii) el carácter
antijurídico, los que finalmente se resumen en la imputabilidad
y el daño antijurídico.

Así, de conformidad con lo establecido por el artículo 90 de la
Constitución Política6, la interpretación que se ha dado es que
el régimen de responsabilidad extracontractual del Estado es
predominantemente objetivo, en cuyo evento al demandante
le corresponde probar el daño y la relación causal, y el
demandado podrá exonerarse al demostrar causa extraña, el
hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima.

Es menester resaltar en este punto, conforme lo reseñó el A
quo en la sentencia, en el presente evento se está en presencia
de dos hechos diferenciados, el primero, referido al homicidio
del señor Rubén Darío Valencia Gallego y, el segundo, el

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desplazamiento forzado padecido por la señora Rosa Angelica
Salazar Betancur, por lo que se hace necesario analizarlos de
forma diferenciada.

En lo que concierne al primero hecho, referido al homicidio
del señor Rubén Darío Valencia Gallego:

En el caso concreto, el daño se encuentra acreditado, de
conformidad con el registro civil de defunción, el señor Rubén
Darío Valencia Gallego murió el 30 de agosto de 1997, como
consecuencia natural y directa del choque traumático
resultante de lesión de cerebro e hígado producidas por arma
de fuego y de carga múltiple.

[…]

De conformidad con las pruebas que se acaban de reseñar, está
demostrado que el señor Rubén Darío Valencia Gallego, fue
asesinado el 29 de agosto de 1997 en zona rural del municipio
de Guarne (Antioquia), por los grupos paramilitares que
operaban en la región.

La parte actora aduce en la demanda, que la Policía Nacional
participó a través de varios de sus miembros, en los hechos en
los que tuvo lugar la muerte del señor Valencia Gallego. No
obstante, contrario a lo decidido por el A Quo, se estima en el
proceso no obra prueba suficiente de esa aseveración, por las
razones que se explican a continuación.

Para soportar sus afirmaciones, la parte demandante se basa
principalmente en la versión libre que rindió el señor Ricardo
López Lora el 3 de agosto de 2012 en el proceso adelantado
por Justicia y Paz. En esa oportunidad, el señor López Lora
reconoció ser el autor “por cadena de mando”, del homicidio de
Rubén Darío Valencia Gallego y mencionó al “Sargento Mora”,
quien, según su versión, estuvo “coordinando con la policía de
ese municipio de Guarne”.

No obstante, lo anterior, no existe ningún otro medio de prueba
que respalde las afirmaciones del señor López Lora y permita
concluir con certeza que los grupos paramilitares que operaban
en la región y la Policía, obraron de manera mancomunada para
llevar a cabo el asesinato del señor Rubén Darío Valencia
Gallego.

En atención a las declaraciones Ricardo López Lora, solamente
existe en el expediente prueba que la Fiscalía compulsó copias

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a la Justicia Ordinaria para que investigara la presunta
participación del Sargento William Mora López en la muerte de
Rubén Darío Valencia Gallego, pero se desconoce la suerte de
dicha investigación.

En este punto, resulta pertinente advertir que la decisión de
compulsar copias per se no constituye prueba de la
participación del Sargento Mora, como tampoco que existiera
una actuación coordinada entre la Policía del Departamento de
Antioquia y las estructuras criminales que se encontraban en la
región para provocar la muerte del señor Rubén Darío.

Por otra parte, si bien el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Antioquia profirió sentencia condenatoria en
contra del sargento William Mora López por los hechos que
cometió en coparticipación con grupos paramilitares, durante
los años 1996 y 1997, de la lectura del referido fallo no es
posible establecer una colaboración por parte Policía Nacional
para dar muerte al señor Rubén Darío Valencia Gallego.

En el mismo sentido, el Auto proferido16 el 7 de mayo de 2003
por la Comisión Especial Disciplinaria, por el cual se declaró
prescrita la acción disciplinaria adelantada, entre otros, contra
el Sargento William Mora López solo permite inferir que se
adelantó una investigación en su contra por hechos cometidos
en el oriente antioqueño entre 1996 y 1997. No obstante, al
proceso no se aportó copia completa de la citada investigación
disciplinaria.

Si bien, en la parte motiva del citado auto se hace mención de
unas presuntas llamadas entre el Mayor del Ejército Nacional
Jesús María Clavijo y Ricardo López Lora, alias “La Marrana”,
esa sola circunstancia no permite inferir que la Policía Nacional
actuó de manera mancomunada con los grupos paramilitares
de la región, para perpetrar el asesinato del señor Rubén Darío
Valencia Gallego.

El escaso material probatorio que obra en el plenario no es
suficiente para construir, siquiera de manera indiciaria, un
juicio de imputación que permita atribuir el daño a la entidad
demandada.

Ahora bien, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo
de Estado ha señalado en reiteradas oportunidades que, en
casos como el sub judice, es procedente acudir a la prueba
indiciaria para demostrar la imputación, cuando los indicios
sean lo suficientemente fuertes para acreditar tal elemento.

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Empero, en el caso sub judice no puede inferirse a partir del
contexto, que los grupos paramilitares que operaban en la
región del oriente antioqueño para la fecha en que ocurrieron
los hechos, contaron con la colaboración de la Policía Nacional
para dar muerte al señor Rubén Darío Valencia Gallego.

En consecuencia, en consideración de lo expuesto, se revocará
la sentencia de primera instancia en este aspecto […]”.

Conforme a lo anterior, la Sala observa que el TRIBUNAL

fundamentó la decisión de revocar la sentencia de primera instancia

en que no era posible probar la responsabilidad de la entidad

demandada habida cuenta que no se aportaron medios de prueba

que acreditaran que ésta obró “de manera mancomunada para llegar

a cabo el asesinato del señor Rubén Darío Valencia Gallego”.

En tratándose de la flexibilización probatoria ante graves violaciones

de derechos humanos, esta Corporación, en sentencia de 28 de

agosto de 201423, unificó que cuando se está frente a casos que dan

cuenta de graves violaciones de derechos humanos, el análisis

probatorio debe flexibilizarse considerablemente, haciéndose más

elástico y favorable para la víctima.

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2014, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, expediente núm. 05001-
23-25-000-1999-01063-01 (32988). Tesis reiterada, entre otras, en las sentencias de: i) 1o. de junio
de 2017, C-P- Ramiro Pazos Guerrero, expediente núm. 73001-23-31-000-2010-00447-01; ii) 13 de
julio de 2017, C.P. Danilo Rojas Betancourth, expediente núm. 68001-23-31-000-2004-01607-01; iii)
12 de octubre de 2017, C.P. Danilo Rojas Betancourth, expediente núm. 05001-23-31-000-2010-
01922-01; iv) 22 de agosto de 2019, C.P. Alberto Montaña Plata, expediente 11001-03-15-000-2019-
02387-01.

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Al respecto, sostuvo:

“[…] Flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios
probatorios frente a graves violaciones de derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En la gran
mayoría de casos, las graves violaciones de derechos humanos
e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en
Colombia, cometidas en el marco del conflicto armado interno,
han acaecido en zonas alejadas de los grandes centros urbanos
y en contextos de impunidad. Lo anterior ha producido que las
víctimas, como sujetos de debilidad manifiesta, queden en
muchos casos en la imposibilidad fáctica de acreditar estas
afrentas a su dignidad humana. Más aun, cuando no se ha
llevado una investigación seria por parte de las autoridades
competentes, como en este caso, lo cual se traduce en una
expresa denegación de justicia.

Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa
inexorable realidad, deberá acudir a criterios flexibles,
privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e
inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia,
a efectos de reconstruir la verdad histórica de los hechos y
lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad,
justicia y reparación de las personas afectadas.

Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en graves
violaciones de derechos humamos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, se rompe el principio de la
dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes
acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues
en estos eventos las víctimas quedan en una relación
diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas
circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de
ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los
estándares probatorios […].

A su vez, la Corte Constitucional en las sentencias SU-035 de 2018,

SU-062 de 2018 y SU-060 de 2021, sostuvo:

“[…] Jurisprudencia constitucional en relación con la
flexibilización de los estándares de valoración

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probatoria en materia de graves violaciones a los
derechos humanos

76. Inicialmente, en sentencia T-926 de 2014, este Tribunal
advirtió que por tratarse de casos en los cuales se analizan
graves violaciones a los derechos humanos, la valoración
probatoria que realiza el juez debe flexibilizarse, admitiendo la
posibilidad de acudir a los indicios como pruebas determinantes
de la responsabilidad estatal. […].

79. Con posterioridad, la sentencia SU-035 de 2018
concluyó que, con ocasión del principio de equidad,
procede la flexibilización de la valoración probatoria en
los casos que comprometen violaciones a los derechos
humanos, puesto que en ellos se presenta “una ruptura
deliberada e injusta de la correlación entre la prueba del
daño y la prueba del perjuicio”. Lo anterior, debido a
manifestaciones de poder irregular, desequilibrios de
fuerzas o estructuras de delincuencia institucional y
organizada.

La Corte unificó su jurisprudencia y enfatizó la necesidad
de que los jueces aligeren o dinamicen la carga
probatoria en casos en los que se discute la reparación
integral a las víctimas de los daños materiales causados
en forma antijurídica por el Estado colombiano, para lo
cual se ha admitido, por ejemplo, demostrar el perjuicio
mediante medios de prueba alternos o también a través
de indicios.

80. Aunado a lo expuesto, la sentencia SU-062 de 2018
reiteró la jurisprudencia unificada en la materia, según
la cual “existe un imperativo de flexibilizar los
estándares probatorios y de fortalecer el deber de los jueces
de ejercer las potestades que les han sido conferidas en aras
de garantizar la justicia material con pleno respeto de los
derechos fundamentales de todas las partes involucradas. Lo
anterior trae como consecuencia, entre otras cosas, el uso de
las inferencias judiciales razonables”. […]:

[…]

De tal forma, la Corte coligió que los jueces deben reconocer la
relevancia especial de la prueba indiciaria al momento de
valorar la totalidad del acervo probatorio en los asuntos donde
se juzgan graves infracciones a los derechos humanos.

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[…]

117. En ese contexto, para la Corte en el asunto bajo estudio,
el Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo
por un error en la interpretación de los principios pro
homine y de equidad, al no haber aplicado la ya
mencionada flexibilización de los estándares probatorios
a efecto de privilegiar la justicia material, utilizando
medios de prueba indirectos como los indicios o
morigerando la carga de la prueba para demostrar el
perjuicio material objeto de la reclamación. Por el
contrario, al denegar las pretensiones de la demanda
indicó que la parte actora no cumplió con la carga de la
prueba que le impone la ley.

De acuerdo con lo expuesto en la parte general de esta
providencia ante presuntas violaciones graves a los
derechos humanos, a los jueces valorar les corresponde
los elementos probatorios con un tamiz flexible, a la luz
de los principios de equidad y pro homine, por tratarse
de asuntos que encierran una asimetría de poder y, por
tal razón, gran dificultad probatoria. Además, de
encontrarse de por medio los intereses de las víctimas,
quienes generalmente son población vulnerable, por lo
que una exigencia rigurosa en la dinámica probatoria no
solo resulta excesiva sino revictimizante [Énfasis de la
Sala] […]”.

Revisada la línea jurisprudencial emitida tanto por el Consejo de

Estado como por la Corte Constitucional, la Sala observa que se ha

venido sosteniendo una tesis pacífica y reiterada en la cual se ha

considerado que al juez contencioso administrativo, en los casos que

comprometen violaciones a los derechos humanos, al momento de

estudiar los elementos de responsabilidad del Estado, le corresponde

flexibilizar los estándares probatorios a efectos de privilegiar la

justicia material, utilizando todos los medios de prueba a su alcance,

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ya sean indicios o morigerando la carga de la prueba para demostrar

los daños padecidos por las víctimas.

Así las cosas, para la Sala considera que el TRIBUNAL sí desconoció

el criterio definido por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional

frente a la flexibilización probatoria en casos de violaciones de

derechos humanos pues además de no analizar a los medios

probatorios relacionados por la parte actora en sede de tutela, esto

es, testimonios, oficios, declaraciones, peticiones y sentencias

penales condenatoria de primera y segunda instancia, prefirió aplicar

un criterio riguroso frente a la acreditación del nexo entre el daño

antijurídico y el presunto actuar de la administración.

En efecto, el TRIBUNAL en la providencia cuestionada, en lo

relacionado con la posible participación del Sargento WILLIAM

MORA LÓPEZ, miembro activo de la POLICÍA, en los hechos que

rodearon la muerte del señor RUBÉN DARÍO VALENCIA GALLEGO

(q.e.p.d.), señaló que tal circunstancia no se encontraba acreditada

porque no se aportó el resultado de la investigación disciplinaria que

se adelantó contra éste ni tampoco una sentencia penal

condenatoria; no obstante, la Sala considera que dicho fundamento

no era razonable, desde una perspectiva de la flexibilización de los

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estándares probatorios, pues además de ser rigurosa condicionó el

estudio de responsabilidad del Estado al pronunciamiento de otras

autoridades, sin tener en cuenta los medios de pruebas obrantes en

el expediente ordinario.

Pues bien, revisado el expediente ordinario, la Sala observa que el

TRIBUNAL fundamentó la providencia controvertida, en las

siguientes pruebas:

“[…] En atención a la imputación, en el plenario obran los
siguientes medios de prueba relevantes:

• Mediante oficio No. 201 del 02 de abril de 2018, la Fiscalía
120 Especializada informó sobre el trámite adelantado ante la
Dirección de Justicia Transicional, por el homicidio de Rubén
Darío Valencia Gallego, reportado por la señora Rosa Angelica
Salazar Betancur bajo radicado No. SIJYP 71509.

Información ratificada por medio de oficio No. 647 FGN-
DFNEJT-F20 del 22 de noviembre de 2018.

• En Oficio No. 177 FGN-DFNEJT-F20, el Fiscal 20 Delegado
informó que, mediante oficio del 03 de febrero de 2009 el
Ministerio del Interior y de Justicia incluyó como postulado de
la Ley 975 de 2005 a Ricardo López Lora alias “El Marrano”.
Así mismo, en dicho oficio se indicó que Ricardo López Lora,
delinquió y operó en el oriente antioqueño entre el 22 de junio
de 1996 al 23 de marzo de 1998.
En versiones libres rendidas el 13 de diciembre de 2011, 29 de
octubre de 2013, 6 de diciembre de 2012 y 27 de febrero de
2012, López Lora manifestó que durante el tiempo que su
grupo armado estuvo delinquiendo en el oriente antioqueño,
recibió colaboración de miembros de la Policía Nacional,
específicamente del Cabo Oswaldo Alfonso Beltrán León,
Sargento William Mora López y del mayor Jesús María Clavijo.

• El Sargento William Mora López fue procesado y hallado
responsable del delito de concierto para delinquir por el

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Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia,
en calidad de autor “en la modalidad de organizar, fomentar o
promover grupos de justicia privada según los hechos
registrados en el Departamento de Antioquia en los años 1996
y 1997”, decisión confirmada por el Tribunal Superior de
Antioquia – Sala de Decisión Penal.

• En versión libre14 rendida por RICARDO LÓPEZ LORA, el día
3 de agosto de 2012, éste reconoció y aceptó la responsabilidad
del homicidio de RUBÉN DARÍO VALENCIA GALLEGO, el 29 de
agosto de 1997; en la misma manifestó la participación en el
hecho delictivo de varias personas, entre ellas de quien se
refiere como el “Sargento Mora” […]”.

Lo anterior, permite a la Sala considerar que, como bien lo indicaron

los accionantes, el TRIBUNAL omitió valorar en conjunto los otros

medios de prueba aportados al proceso ordinario, tales como: i) el

testimonio del señor ÁLVARO DE JESÚS RÍOS OSORIO; ii) el audio

de la versión libre rendida el 3 de agosto de 2012 por el ex paramilitar

RICARDO LÓPEZ LORA ante la Fiscalía 45 de Justicia y Paz de

Medellín; iii) el audio de la audiencia de formulación de imputación e

imposición de medida de aseguramiento del referido ex paramilitar;

iv) los oficios núms. S-2018-111414/SUBCO-SUTAH-29.25 y S-

2018-112452/SUBCO-SUTAH-29.25 de 21 y 23 de noviembre de

2018, respectivamente, expedidos por la autoridad accionada; v) la

respuesta dada por el personero del municipio de Rionegro; vi) las

sentencias penales de primera y segunda instancia proferidas por el

Juzgado Primero y Segundo Penal del Circuito Especializado de

Antioquia y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de

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Medellín, mediante las cuales se condena, entre otros oficiales, al

Sargento WILLIAM MORA LÓPEZ por los delitos de concierto para

delinquir en las modalidades de “organizar, fomentar o promover

grupos de justicia privada en el oriente antioqueño durante los años

1996 y 1997” y “promotores de grupos paramilitares en el oriente

antioqueño desde el año 1996”; vii) la respuesta al exhorto remitido

por el fiscal 20 delegado ante la Dirección de Justicia Transicional, en

el que se manifiesta que en el listado de víctimas de homicidios y

desapariciones forzadas presentadas pertenecían a la población civil

afectada por el grupo paramilitar al mando del ex paramilitar LÓPEZ

LORA y la colaboración de miembros de la POLICÍA, entre otros, el

Sargento WILLIAM MORA LÓPEZ, se encontraban los señores

DARÍO VALENCIA GALLEGO y su compañera ROSA ANGÉLICA

SALAZAR BETANCUR, viii) las respuestas de los comandantes de la

Policía Departamental y de la Cuarta Brigada de Medellín, sobre

captura presentadas y enfrentamientos acaecidos en los municipios

del oriente antioqueño en los años 1996 a 1998, que de analizarse

en conjunto se hubiese podido llegar a otra conclusión.

De lo hasta aquí expuesto, la Sala encuentra que el TRIBUNAL

incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del

precedente sobre la flexibilización probatoria en casos de graves

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violaciones de derechos humanos al dejar de aplicar la jurisprudencia

reiterada y uniforme por el Consejo de Estado y la Corte

constitucional frente al deber de tener en cuenta los demás medios

probatorios, tales como indicios o mitigar la carga probatoria.

Es de resaltar que esta Corporación en acciones de tutela con

situación fáctica similar a la presente, ha accedido al amparo de los

derechos fundamentales invocados al considerar que se omitió

flexibilizar los estándares probatorios en casos de graves violaciones

de derechos humanos, tal es el caso de las providencias de 30 de

junio de 201724, 9 de septiembre de 202125, 13 de febrero26, 10 de

abril27, 1728 y 24 de julio de 202529.

Finalmente, la Sala se relevará del estudio de los defectos violación

directa de la Constitución, sustantivo y procedimental por

exceso ritual manifiesto, comoquiera que el análisis referente a

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de junio
de 2017, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente núm. 2017-00836-00.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente núm. 2021-02944-01.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 13 de febrero
de 2025, C.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-05419-00.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, el 10
de abril de 2025, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-06047-01.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 17 de julio
de 2025, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02827-00.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 24 de julio
de 2025, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-2891-00.

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los defectos fáctico y desconocimiento del precedente resulta

suficiente para acceder al amparo deprecado.

Por las condiciones anotadas, la Sala revocará el numeral segundo

de la sentencia impugnada y, en su lugar, amparará los derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia de la parte actora y, en consecuencia, dejará sin efectos la

sentencia de 9 de diciembre de 2024, proferida por el TRIBUNAL

dentro del medio de control de reparación directa identificado con el

número 2019-00300-01, por lo que se ordenará a la autoridad

judicial accionada proferir una nueva decisión en la que aplique en

debida forma la tesis dispuesta por la Sección Tercera del

Consejo de Estado y la Corte Constitucional frente al deber de

flexibilizar los estándares probatorios en casos de graves

violaciones de derechos humanos, para lo cual se concederá un

término de cuarenta (40) días, siguientes a la notificación de esta

providencia.

Cabe precisar que el amparo concedido no implica que la decisión de

reemplazo deba ser favorable a los demandantes, habida cuenta que

corresponde al juez ordinario, en ejercicio de la autonomía e

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independencia judicial, adoptar la decisión pertinente, debidamente

motivada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia de 19 de

junio de 2025, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA -

SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO declaró

improcedente la solicitud de amparo de la referencia, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar, se

dispone: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y

al acceso a la administración de justicia de los señores ROSA

ANGÉLICA, JOIS JOHANNA, GLADYS, JOSÉ OTONIEL,

JAQUELINE, ROBINSÓN y MARTÍN EMILIO SALAZAR

BETANCOURT, JEHISON ANDRÉS y ANA MARÍA VALENCIA

SALAZAR, MAURO DE JESÚS SALAZAR, LUDIVIA BETANCUR

DE SALAZAR, MARÍA ZULMA BETANCUR PRADO, ARNOLD

PEREA BETANCUR, BERENICE y MARLENY SALAZAR

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BETANCUR, JOSÉ MANUEL AGUDELO SALAZAR, LUZ ESTELA

SALAZAR BETANCUR, LINA MARCELA SALAZAR, VERÓNICA

SALAZAR, CINDY ALEXANDRA PATIÑO SALAZAR, OLIVA,

ÓSCAR, MARLENY y AURORA DE JESÚS VALENCIA GALLEGO,

ADRIANA MARCELA OCAMPO VALENCIA, YURY ALEXANDRA y

SANDRA MILENA VALENCIA GÓMEZ, ARLEY FERNANDO

ZULUAGA VALENCIA, LEONOR GALLEGO DE GALVIS, LUZ

MERY, GILDARDO DE JESÚS, MARÍA OFELIA, MARTHA GILMA

y HERNÁN DARÍO GALLEGO ZULUAGA, BERTA OLIVA GALLEGO

DE GALVIS, LUZ GABRIELA, MARTHA NELLY y BLANCA NUBIA

GALVIS GALLEGO, SULEIMA YULIETH y OSMAN ARLEY

GALLEGO HINCAPIÉ, por las razones expuestas en la parte motiva

de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR sin efecto la

sentencia de 9 de diciembre de 2024, proferida por la SALA

PRIMERA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

ANTIOQUIA, dentro del medio de control de reparación directa

identificado con el número 2019-00300-01 y, en su lugar, se

dispone: ORDENAR a dicha autoridad judicial proferir una nueva

decisión, en la que aplique en debida forma la tesis dispuesta por la

Sección Tercera del Consejo de Estado y la Corte Constitucional

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frente al deber de flexibilizar los estándares probatorios en casos de

graves violaciones de derechos humanos, para lo cual se concederá

un término de cuarenta (40) días, siguientes a la notificación de esta

providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de octubre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Salva voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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