Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02829-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02829-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02829-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
2 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02829-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORES: ROSA ANGÉLICA SALAZAR BETANCOURT Y OTROS
TESIS: SE ACCEDE AL AMPARO DEPRECADO. LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA INCURRIÓ EN DEFECTO FÁCTICO Y DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE POR DEJAR DE APLICAR LA JURISPRUDENCIA PROFERIDA POR
LA SECCIÓN TERCERA DE LA CORPORACIÓN Y LA CORTE CONSTITUCIONAL EN
LO RELACIONADO CON LA FLEXIBILIZACIÓN PROBATORIA EN ASUNTOS DE
GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y OMITIR VALORAR EN
CONJUNTO LAS PRUEBAS OBRANTES EN EL PROCESO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: VERDAD, DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD Y DIGNIDAD HUMANA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por los actores contra la
sentencia de 19 de junio de 2025, mediante la cual la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1
En adelante Sección Tercera.
2
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Actores: ROSA ANGÉLICA SALAZAR BETANCOURT Y OTROS
I.1.- La Solicitud
Los señores ROSA ANGÉLICA, JOIS JOHANNA, GLADYS, JOSÉ
OTONIEL, JAQUELINE, ROBINSÓN y MARTÍN EMILIO
SALAZAR BETANCOURT, JEHISON ANDRÉS y ANA MARÍA
VALENCIA SALAZAR, MAURO DE JESÚS SALAZAR, LUDIVIA
BETANCUR DE SALAZAR, MARÍA ZULMA BETANCUR PRADO,
ARNOLD PEREA BETANCUR, BERENICE y MARLENY SALAZAR
BETANCUR, JOSÉ MANUEL AGUDELO SALAZAR, LUZ ESTELA
SALAZAR BETANCUR, LINA MARCELA SALAZAR, VERÓNICA
SALAZAR, CINDY ALEXANDRA PATIÑO SALAZAR, OLIVA,
ÓSCAR, MARLENY y AURORA DE JESÚS VALENCIA GALLEGO,
ADRIANA MARCELA OCAMPO VALENCIA, YURY ALEXANDRA y
SANDRA MILENA VALENCIA GÓMEZ, ARLEY FERNANDO
ZULUAGA VALENCIA, LEONOR GALLEGO DE GALVIS, LUZ
MERY, GILDARDO DE JESÚS, MARÍA OFELIA, MARTHA GILMA
y HERNÁN DARÍO GALLEGO ZULUAGA, BERTA OLIVA GALLEGO
DE GALVIS, LUZ GABRIELA, MARTHA NELLY y BLANCA NUBIA
GALVIS GALLEGO, SULEIMA YULIETH y OSMAN ARLEY
GALLEGO HINCAPIÉ, actuando a través de apoderada judicial2, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
2
María José Otero Martínez.
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Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos
fundamentales a la verdad, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a la dignidad y a los
principios de equidad y de prevalencia del derecho sustancial sobre
el formal, los cuales estiman vulnerados por la SALA PRIMERA DE
DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA3,
al haber proferido la providencia de 9 de diciembre de 2024 dentro
del medio de control de reparación directa identificado con el número
único de radicación 2019-00300-014.
I.2.- Hechos
Señalaron que con ocasión de la muerte de su compañero y padre,
RUBÉN DARÍO VALENCIA GALLEGO (q.e.p.d.), con la
participación de miembros de la Policía Nacional promovieron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa
contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
POLICÍA NACIONAL5, con el fin de que se les declarara
responsables de los daños derivados del fallecimiento del señor
VALENCIA GALLEGO (q.e.p.d.) y el desplazamiento padecido por
3
En adelante TRIBUNAL.
4
En adelante 2019-00300-01.
5
En adelante POLICÍA.
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la ciudadana ROSA ANGÉLICA SALAZAR BETANCOURT y sus
hijos.
Aseguraron que el proceso fue identificado con el número único de
radicación 2019-00300-00 y le correspondió por reparto al
JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
DE MEDELLÍN6 que, mediante sentencia de 26 de noviembre de
2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el
sentido de declarar administrativa y extracontractualmente
responsable a la parte demandada por los perjuicios causados con
ocasión del fallecimiento del señor VALENCIA GALLEGO (q.e.p.d.),
y denegó las súplicas relacionadas con el desplazamiento padecido
por la señora ROSA ANGÉLICA SALAZAR BETANCOURT y sus
hijos, por cuanto no se acreditó el daño y condenó en costas a los
demandantes.
Advirtieron que, inconformes con lo anterior, las dos partes
interpusieron recurso de apelación, siendo desatado por el
TRIBUNAL mediante sentencia de 19 de diciembre de 2024 que
revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones
6
En adelante JUZGADO.
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de la demanda al estimar que si bien estaba acreditado el daño, en
relación con el homicidio del señor VALENCIA GALLEGO (q.e.p.d.),
no ocurría lo mismo frente a la participación de la POLICÍA en dicho
hecho; y respecto al desplazamiento forzado de la señora ROSA
ANGÉLICA SALAZAR BETANCOURT y sus hijos no obraban
elementos demostrativos que permitieran imputar ese daño a la
parte demandada, toda vez que no se acreditó que hubiera
colaborado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Adicionalmente, condenó en costas a la parte demandante en ambas
instancias.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de los actores, la autoridad judicial accionada desconoció sus
derechos fundamentales a la verdad, al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia, a la igualdad, a la dignidad y a los
principios de equidad y de prevalencia del derecho sustancial sobre
el formal, puesto que incurrió en los defectos de desconocimiento
del precedente, fáctico, violación directa de la Constitución,
sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto.
Frente el defecto de desconocimiento del precedente indicaron
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que el TRIBUNAL no tuvo en cuenta que el homicidio del señor
RUBÉN DARÍO VALENCIA GALLEGO (q.e.p.d.), ocurrido con la
participación de miembros de la POLICÍA, corresponde a una
ejecución extrajudicial, asunto respecto del cual las sentencias de 18
de mayo de 20177, SU-035 de 20188 y T-018 de 20219, proferidas
por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, respectivamente,
acudieron a la flexibilización de los estándares probatorios en casos
de graves violaciones a derechos humanos.
Señalaron que exigirles que acreditaran la coordinación entre la
POLICÍA y los paramilitares, a pesar de la existencia de abundante
material probatorio obrante en el expediente ordinario, constituye
una carga excesiva.
Agregaron que el TRIBUNAL desconoció el precedente horizontal
establecido en la sentencia de 2 de diciembre de 2024, proferida en
el expediente núm. 2018-00020-01, en la que se accedió a las
pretensiones de la demanda frente a hechos ocurridos el 17 de
octubre de 1997 en el municipio de El Carmen de Viboral, en los que
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia
de 18 de mayo de 2017, C.P. Danilo Rojas Betancourt, expediente núm. 05001-23-31-000-1999-
02764-01 (48407).
8
Corte Constitucional, sentencia SU-035 de 3 de mayo de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
9
Corte Constitucional, sentencia T-018 de 25 de enero de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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se encontraban comprometidos el sargento WILLIAM MORA LÓPEZ
y el paramilitar RICARDO LÓPEZ LORA, pronunciamiento en el que
se dio valor probatorio a la providencia de 9 de enero de 2003,
emanada del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Antioquia, en la que se condenó a los referidos sujetos por el delito
de concierto para delinquir, y además dio trato de grave violación a
los derechos humanos, postura que, a su juicio, se reiteró en los
fallos de 28 de febrero10 y 16 de agosto de 201911, 10 de agosto12 y
12 de septiembre de 202213 y 13 de marzo de 202514.
En cuanto al defecto fáctico señalaron que el TRIBUNAL omitió
valorar: i) el testimonio del señor ÁLVARO DE JESÚS RÍOS
OSORIO quien relató los vínculos y alianzas existentes entre
paramilitares y miembros de la POLICÍA en el municipio de Guerne
(Antioquia); ii) los oficios núms. S-2018- 111414 / SUBCO –
GUTAH – 29.25 y S- 2018- 112452 / SUBCO – GUTAH – 29.25
de 21 y 23 de noviembre de 2018, respectivamente, en los que
presuntamente constaba que el sargento WILLIAM MORA LÓPEZ
era miembro activo de la POLICÍA para la época de los hechos
10
Expediente 05001-33-33-022-2013-01189-01.
11
Expediente 05001-33-33-028-2014-00503-02.
12
Expediente 05001-33-33-022-2014-00452-02.
13
Expediente 05001-33-33-012-2013-00229-01.
14
Expediente 05001-33-33-020-2015-01237-02.
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objeto de reparación; iii) las declaraciones del ex paramilitar
RICARDO LÓPEZ LORA y otros testimonios rendidos ante
diferentes juzgados administrativos del municipio de Medellín,
aportadas en DVD, con las que se demostraba el contexto histórico
del conflicto armando en el oriente antioqueño y sobre la forma en
que el referido oficial de la POLICÍA colaboraba con miembros del
grupo paramilitar; iv) la respuesta al derecho de petición que formuló
el patrullero ÓSCAR ÚSUGA LEAL el 4 de agosto de 2018, al
personero del municipio de Rionegro, en la cual se solicitaba
información sobre el homicidio del señor LEONARDO LIVE HENAO
GIRALDO en los hechos ocurridos en ese ente territorial el 12 de
septiembre de 1997; v) las sentencias proferidas en primera y
segunda instancia por los juzgados penales del circuito especializado
de Antioquia y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,
en las que se condenó a los agentes de la POLICÍA WILLIAM
LÓPEZ MORA, JUAN CARLOS VALENCIA ARBELÁEZ y CARLOS
MARIO TEJADA GALLEGO, por el delito de concierto para delinquir
con el referido ex paramilitar; vi) el exhorto remitido por el fiscal 20
delegado de justicia transicional; vii) las pruebas relacionadas en los
literales c, b, j y k del numeral “Quince” de la demanda ordinaria; y
viii) las sentencias proferidas en primera y segunda instancia dentro
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del proceso núm. 1999-02764-0115, mediante las cuales se condenó
a la POLICÍA y al EJÉRCITO por hechos ocurridos el 14 de agosto
de 1997, en el sector La Herradura del municipio de El Retiro, por “la
connivencia que existía ente los paramilitares con los miembros de
la fuerza pública. Es de advertir que ese grupo paramilitar era el
mismo que comandaba el señor Ricardo López Lora”.
Sobre los defectos de violación directa de la Constitución y
sustantivo, insistieron en que la autoridad accionada inaplicó el
precedente relacionado con la flexibilización probatoria en casos de
graves violaciones de derechos humanos.
Finalmente, respecto del defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto indicaron que el TRIBUNAL desconoció el
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, toda
vez que pasó por alto y distorsionó el material probatorio relacionado
con la existencia de los vínculos entre la fuerza pública y el grupo
paramilitar que delinquía en el oriente antioqueño.
I.4.- Pretensiones
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia
de 18 de mayo de 2017, C.P. Danilo Rojas Betancurth, expediente núm. 05001-23-31-000-1999-
02764-01 (48407).
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Los actores solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] PRIMERA: tutelar los derechos fundamentales a AL DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EN
ARMONIA CON EL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO
SUSTANCIAL, A LA VERDAD, A LA IGUALDAD JURÍDICA, A LA
DIGNIDAD HUMANA y EL PRINCIPIO DE EQUIDAD, los cuales
están siendo vulnerados por la entidad judicial accionada.
SEGUNDA: como consecuencia del pronunciamiento anterior,
solicito se ordene REVOCAR Y/O DEJAR SIN EFECTOS la
providencia judicial proferida el nueve (9) de diciembre de dos mil
veinticuatro (2024) por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia.
TERCERA: Como consecuencia de la declaración anterior, se
ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de
Decisión, a que dentro de un término razonable proceda a emitir
una nueva sentencia, accediendo a todas y cada una de las
pretensiones solicitadas en la demanda y a lo que oficiosamente
haya lugar, de conformidad con los parámetros que trace el
Honorable Consejo de Estado.
CUARTA: Que en la nueva sentencia que se profiera, se ordene a
la parte accionada que en lo sucesivo se abstenga de vulnerar la
DIGNIDAD HUMANA de los demandantes, toda vez que se les
condenó al pago de costas, lo cual conlleva a una revictimización,
teniendo presente que son personas víctimas del conflicto armado
interno, mayor aun tratándose de personas desplazadas a raíz del
mismo conflicto armado interno y que por tanto deben merecer
una especial consideración y protección del Estado […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL indicó que la decisión controvertida se basó en
la valoración conjunta y completa del material probatorio allegado al
proceso ordinario, sin que obraran en él elementos suficientes para
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acreditar la participación de la POLICÍA en los hechos relacionados
con el homicidio del señor VALENCIA GALLEGO (q.e.p.d.) y el
desplazamiento de su compañera sentimental e hijos.
Agregó que no vulneró ninguno de los derechos fundamentales
invocados como violados ni incurrió en alguno de defectos anotados,
que hagan procedente el amparo constitucional. Por el contrario,
consideró que la tutela es improcedente por incumplir los requisitos
generales de subsidiariedad y de relevancia constitucional.
I.5.2.- La POLICÍA manifestó que el TRIBUNAL revocó la decisión
de primera instancia con fundamento en el material probatorio
obrante en el expediente ordinario, respecto del cual no se acreditó
la colaboración de esa institución con grupos paramilitares.
I.5.3.- El JUZGADO respondió que la decisión de condenar
administrativa y extracontractualmente a la autoridad accionada es
acorde al ordenamiento jurídico, toda vez que se encontraron
elementos que configuraban la responsabilidad invocada, razón por
la cual coadyuvó la solicitud de los accionantes.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
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La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 19 de junio de 2025,
aceptó la solicitud de coadyuvancia a la parte actora formulada por
el JUZGADO y declaró improcedente la solicitud de amparo al
considerar que el presente asunto no cumple con el requisito general
de relevancia constitucional, por cuanto los tutelantes no justificaron
en debida forma los argumentos y buscan revivir el análisis jurídico
efectuado por el juez natural.
Al respecto, aseguró que el TRIBUNAL, del análisis del acervo
probatorio, concluyó que respecto del homicidio del señor
VALENCIA GALLEGO (q.e.p.d.) no existía prueba suficiente para
imputar responsabilidad a la POLICÍA, toda vez que si bien el ex
jefe paramilitar RICARDO LÓPEZ LORA reconoció la autoría del
hecho e hizo referencia a una presunta coordinación con el sargento
WILLIAM MORA LÓPEZ, no obraban otros elementos probatorios
que respaldaran la afirmación hecha del primero que permitiera
concluir que sí existió una actuación conjunta entre este y la fuerza
pública.
Agregó que la autoridad accionada también explicó en debida forma
que la existencia de unas providencias sobre la condena penal e
investigación disciplinaria contra el referido sargento no acreditaba
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las circunstancias concretas del caso en estudio ni la participación de
la POLICÍA en dichos hechos, por lo que no se contaba con
elementos demostrativos ni suficientes que permitieran deducir una
imputación por vía indirecta.
Frente al desplazamiento forzado, sostuvo que no se acreditó la
colaboración de la POLICÍA con grupos armados ilegales.
Concluyó que los actores pretenden utilizar este mecanismo
constitucional como una instancia adicional en lo que tiene que ver
con los aspectos relacionados con la imputabilidad y nexo causal
entre el actuar de los miembros de la POLICÍA y los daños
reclamados, asunto ampliamente analizado por el juez ordinario.
En lo que tiene que ver con el precedente sobre la flexibilización del
estándar probatorio y el exceso ritual manifiesto, adujo que los
actores no identificaron una subregla concreta que hubiese sido
omitida por la autoridad accionada, sino que, por el contrario,
plantearon una solicitud genérica de mitigación de la carga
probatoria.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
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Los actores impugnaron la decisión proferida en primera instancia e
insistieron en dejar sin efectos la providencia proferida por el
TRIBUNAL.
Consideran que el caso en estudio sí es relevante debido a que las
circunstancias que rodearon el homicidio del señor VALENCIA
GALLEGO y el desplazamiento de su compañera e hijos, obedecen
al conflicto armado entre grupos paramilitares en la región del
oriente antioqueño, situación que fue analizada por el Consejo de
Estado en otros casos con supuestos fácticos y jurídicos similares.
Al respecto, destacaron que esta Corporación ha proferido las
sentencias de tutela de 13 de febrero16, 1717 y 2418 de julio de 2025,
mediante las cuales se concluyó que la autoridad aquí accionada
incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente en
torno a la flexibilización probatoria en casos de lesa humanidad,
habida cuenta que omitió valorar en conjunto la declaración del ex
comandante paramilitar RICARDO LÓPEZ LORA, la sentencia
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencias de 13 de
febrero de 2025, C.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño, expedientes núms.: i) 11001-03-15-000-2024-
05419-00, decisión confirmada por la Sección Tercera, Subsección “A”, el 4 de abril de 2025, C.P.
Fernando Alexei Pardo Flórez; y ii) 11001-03-15-000-2024-06047-00, confirmada por la Sección
Segunda, Subsección “A”, el 10 de abril de 2025, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 17 de julio
de 2025, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02827-00.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 24 de julio
de 2025, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-2891-00.
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condenatoria del sargento WILLIAM MORA LÓPEZ y las demás
pruebas obrantes en los expedientes ordinarios, análisis que podría
incidir en la resolución de los casos en estudio.
Finalmente, mencionaron que en el expediente ordinario existen
suficientes medios de prueba que no fueron valorados por la
autoridad judicial accionada, que respaldan las afirmaciones del ex
paramilitar RICARDO LÓPEZ LORA y que permiten concluir con
certeza que entre los grupos paramilitares que operaban en la región
del oriente antioqueño y la POLICÍA existía una posible
colaboración, entre otros, para llevar a cabo el asesinato del señor
RUBÉN DARÍO VALENCIA GALLEGO (q.e.p.d.).
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
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distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
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Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
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decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que los actores pretenden que
se deje sin efecto la providencia de 9 de diciembre de 2024, proferida
por el TRIBUNAL, dentro del proceso de reparación directa
identificado con el número único de radicación núm. 2019-00300-01.
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El disenso de la parte actora radica en el hecho de que, en su sentir,
la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales a la
verdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
a la igualdad, a la dignidad y a los principios de equidad y de
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, al no valorar en
debida forma la totalidad de las pruebas allegadas al proceso de
conformidad con la jurisprudencia sobre la flexibilización probatoria
en casos de violación de derechos humanos.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 19 de junio de
2025, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que
el presente asunto no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia bajo el argumento de que la autoridad
judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales invocados,
puesto que desconoció el criterio de jurisprudencial sobre la
flexibilización probatoria en materia de graves violaciones de
derechos humanos, toda vez que omitió valorar en conjunto la
declaración del ex comandante paramilitar RICARDO LÓPEZ LORA,
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la sentencia condenatoria del sargento MORA LORA y las demás
pruebas obrantes en el expediente ordinario, criterio aplicado por las
Secciones Tercera, Cuarta y Quinta del Consejo de Estado en los
procesos de tutela identificados con los núms. 2024-05419-00/01,
2025-02827-00 y 2025-02891-00.
Añadieron, que el Tribunal accionado omitió valorar la totalidad de
los medios de prueba obrantes en el expediente, los cuales, en su
criterio, respaldan las afirmaciones del ex paramilitar RICARDO
LÓPEZ LORA y permiten concluir con certeza una colaboración entre
los grupos paramilitares que operaban en la región del oriente
antioqueño y la POLICÍA, para llevar a cabo, entre otros, el
asesinato del señor VALENCIA GALLEGO (q.e.p.d.).
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se
establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
deprecados e incurrió en los defectos alegados.
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En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación.
La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto la parte actora plantea con
suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su
criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico
y desconocimiento del precedente endilgados y vulneró sus derechos
fundamentales; la acción de tutela se instauró en un plazo
razonable19 y la solicitud identifica los hechos y derechos que se
estiman lesionados.
Por último, se advierte que contra la decisión cuestionada no
proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los
recursos extraordinarios de revisión (artículo 48 y siguientes del
CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y siguientes
idem).
19
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
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Verificado lo anterior, a la Sala le corresponde determinar si el
TRIBUNAL incurrió en los defectos de desconocimiento del
precedente, fáctico, violación directa de la Constitución,
sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto, al
proferir la providencia de 9 de diciembre de 2024 dentro del medio
de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 2019-00300-01.
Del defecto de desconocimiento del precedente
En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo
con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución
Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces
en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta
regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que
encuentra sus límites en la realización de otros valores
constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia
constitucional.
En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional
puntualizó:
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“[…] Es así como, en materia de decisiones judiciales, se
destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de
la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino
también de trato por parte de las autoridades y concretamente
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por las
autoridades judiciales, garantizándose de esta forma la
seguridad jurídica y con ella la certeza de la comunidad
respecto a la forma en la que se van a decidir los casos iguales.
Como resultado de lo anterior, surge como límite a la
autonomía e independencia de los Jueces el respeto por el
precedente […]”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando
la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En
especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa
Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está
vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la
igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que
su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos
fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial20.
No obstante, lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha
admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y
20
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
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cuando se sustenten debidamente las razones de su posición
(principio de razón suficiente)21.
Del defecto fáctico
En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en
sentencia T-362 de 201322, explicó lo siguiente:
“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.
Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que
el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía
e independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las
reglas de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación
ha identificado que “el yerro en la apreciación del material
probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante,
protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se
desconozca “la realidad probatoria del proceso […]”.
En esa medida, a juicio de la referida Corte:
“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
21
Ver sentencia T-292 de 2006.
22
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia, porque ello sería contrario al principio de que la
tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de
que se invadiría la órbita de la competencia y la
autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones
[…]”. (Negrillas del original).
De las consideraciones trascritas la Sala advierte que el defecto
fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en
el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además
con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia.
Caso concreto
La Sala encuentra que la inconformidad planteada por la parte actora
radica en que la autoridad judicial accionada, al conocer del medio
de control de reparación directa identificado con el número 2019-
00300-01, trasgredió sus derechos fundamentales al revocar la
decisión del JUZGADO que había encontrado demostrado, de las
pruebas existentes, que el señor RICARDO LÓPEZ, alias “Marrano”,
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miembro de las AUC, sí recibió colaboración por parte de miembros
de la POLICÍA en los hechos en los que resultó muerto el señor
RUBÉN DARÍO VALENCIA GALLEGO (q.e.p.d.) y, en su lugar,
denegar las pretensiones de la demanda al omitir el análisis de la
totalidad de las pruebas allegadas, las cuales, en su criterio, de
haberse estudiado en conjunto, bajo la tesis de la flexibilización
probatoria en casos de lesa humanidad, se tendría por acreditada la
responsabilidad de la entidad demandada en dicho suceso.
En ese orden, con el fin de determinar si le asiste razón a la parte
actora, la Sala considera necesario traer a colación lo dispuesto por
el TRIBUNAL para revocar la decisión del a quo:
“[…] Para determinar la responsabilidad del Estado es
imperante probar, los siguientes presupuestos: i) que el daño
sufrido por la víctima fue causado por la entidad demandada,
ii) que le es imputable a dicha entidad, y iii) el carácter
antijurídico, los que finalmente se resumen en la imputabilidad
y el daño antijurídico.
Así, de conformidad con lo establecido por el artículo 90 de la
Constitución Política6, la interpretación que se ha dado es que
el régimen de responsabilidad extracontractual del Estado es
predominantemente objetivo, en cuyo evento al demandante
le corresponde probar el daño y la relación causal, y el
demandado podrá exonerarse al demostrar causa extraña, el
hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima.
Es menester resaltar en este punto, conforme lo reseñó el A
quo en la sentencia, en el presente evento se está en presencia
de dos hechos diferenciados, el primero, referido al homicidio
del señor Rubén Darío Valencia Gallego y, el segundo, el
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desplazamiento forzado padecido por la señora Rosa Angelica
Salazar Betancur, por lo que se hace necesario analizarlos de
forma diferenciada.
En lo que concierne al primero hecho, referido al homicidio
del señor Rubén Darío Valencia Gallego:
En el caso concreto, el daño se encuentra acreditado, de
conformidad con el registro civil de defunción, el señor Rubén
Darío Valencia Gallego murió el 30 de agosto de 1997, como
consecuencia natural y directa del choque traumático
resultante de lesión de cerebro e hígado producidas por arma
de fuego y de carga múltiple.
[…]
De conformidad con las pruebas que se acaban de reseñar, está
demostrado que el señor Rubén Darío Valencia Gallego, fue
asesinado el 29 de agosto de 1997 en zona rural del municipio
de Guarne (Antioquia), por los grupos paramilitares que
operaban en la región.
La parte actora aduce en la demanda, que la Policía Nacional
participó a través de varios de sus miembros, en los hechos en
los que tuvo lugar la muerte del señor Valencia Gallego. No
obstante, contrario a lo decidido por el A Quo, se estima en el
proceso no obra prueba suficiente de esa aseveración, por las
razones que se explican a continuación.
Para soportar sus afirmaciones, la parte demandante se basa
principalmente en la versión libre que rindió el señor Ricardo
López Lora el 3 de agosto de 2012 en el proceso adelantado
por Justicia y Paz. En esa oportunidad, el señor López Lora
reconoció ser el autor “por cadena de mando”, del homicidio de
Rubén Darío Valencia Gallego y mencionó al “Sargento Mora”,
quien, según su versión, estuvo “coordinando con la policía de
ese municipio de Guarne”.
No obstante, lo anterior, no existe ningún otro medio de prueba
que respalde las afirmaciones del señor López Lora y permita
concluir con certeza que los grupos paramilitares que operaban
en la región y la Policía, obraron de manera mancomunada para
llevar a cabo el asesinato del señor Rubén Darío Valencia
Gallego.
En atención a las declaraciones Ricardo López Lora, solamente
existe en el expediente prueba que la Fiscalía compulsó copias
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a la Justicia Ordinaria para que investigara la presunta
participación del Sargento William Mora López en la muerte de
Rubén Darío Valencia Gallego, pero se desconoce la suerte de
dicha investigación.
En este punto, resulta pertinente advertir que la decisión de
compulsar copias per se no constituye prueba de la
participación del Sargento Mora, como tampoco que existiera
una actuación coordinada entre la Policía del Departamento de
Antioquia y las estructuras criminales que se encontraban en la
región para provocar la muerte del señor Rubén Darío.
Por otra parte, si bien el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Antioquia profirió sentencia condenatoria en
contra del sargento William Mora López por los hechos que
cometió en coparticipación con grupos paramilitares, durante
los años 1996 y 1997, de la lectura del referido fallo no es
posible establecer una colaboración por parte Policía Nacional
para dar muerte al señor Rubén Darío Valencia Gallego.
En el mismo sentido, el Auto proferido16 el 7 de mayo de 2003
por la Comisión Especial Disciplinaria, por el cual se declaró
prescrita la acción disciplinaria adelantada, entre otros, contra
el Sargento William Mora López solo permite inferir que se
adelantó una investigación en su contra por hechos cometidos
en el oriente antioqueño entre 1996 y 1997. No obstante, al
proceso no se aportó copia completa de la citada investigación
disciplinaria.
Si bien, en la parte motiva del citado auto se hace mención de
unas presuntas llamadas entre el Mayor del Ejército Nacional
Jesús María Clavijo y Ricardo López Lora, alias “La Marrana”,
esa sola circunstancia no permite inferir que la Policía Nacional
actuó de manera mancomunada con los grupos paramilitares
de la región, para perpetrar el asesinato del señor Rubén Darío
Valencia Gallego.
El escaso material probatorio que obra en el plenario no es
suficiente para construir, siquiera de manera indiciaria, un
juicio de imputación que permita atribuir el daño a la entidad
demandada.
Ahora bien, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo
de Estado ha señalado en reiteradas oportunidades que, en
casos como el sub judice, es procedente acudir a la prueba
indiciaria para demostrar la imputación, cuando los indicios
sean lo suficientemente fuertes para acreditar tal elemento.
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Empero, en el caso sub judice no puede inferirse a partir del
contexto, que los grupos paramilitares que operaban en la
región del oriente antioqueño para la fecha en que ocurrieron
los hechos, contaron con la colaboración de la Policía Nacional
para dar muerte al señor Rubén Darío Valencia Gallego.
En consecuencia, en consideración de lo expuesto, se revocará
la sentencia de primera instancia en este aspecto […]”.
Conforme a lo anterior, la Sala observa que el TRIBUNAL
fundamentó la decisión de revocar la sentencia de primera instancia
en que no era posible probar la responsabilidad de la entidad
demandada habida cuenta que no se aportaron medios de prueba
que acreditaran que ésta obró “de manera mancomunada para llegar
a cabo el asesinato del señor Rubén Darío Valencia Gallego”.
En tratándose de la flexibilización probatoria ante graves violaciones
de derechos humanos, esta Corporación, en sentencia de 28 de
agosto de 201423, unificó que cuando se está frente a casos que dan
cuenta de graves violaciones de derechos humanos, el análisis
probatorio debe flexibilizarse considerablemente, haciéndose más
elástico y favorable para la víctima.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2014, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, expediente núm. 05001-
23-25-000-1999-01063-01 (32988). Tesis reiterada, entre otras, en las sentencias de: i) 1o. de junio
de 2017, C-P- Ramiro Pazos Guerrero, expediente núm. 73001-23-31-000-2010-00447-01; ii) 13 de
julio de 2017, C.P. Danilo Rojas Betancourth, expediente núm. 68001-23-31-000-2004-01607-01; iii)
12 de octubre de 2017, C.P. Danilo Rojas Betancourth, expediente núm. 05001-23-31-000-2010-
01922-01; iv) 22 de agosto de 2019, C.P. Alberto Montaña Plata, expediente 11001-03-15-000-2019-
02387-01.
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Al respecto, sostuvo:
“[…] Flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios
probatorios frente a graves violaciones de derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En la gran
mayoría de casos, las graves violaciones de derechos humanos
e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en
Colombia, cometidas en el marco del conflicto armado interno,
han acaecido en zonas alejadas de los grandes centros urbanos
y en contextos de impunidad. Lo anterior ha producido que las
víctimas, como sujetos de debilidad manifiesta, queden en
muchos casos en la imposibilidad fáctica de acreditar estas
afrentas a su dignidad humana. Más aun, cuando no se ha
llevado una investigación seria por parte de las autoridades
competentes, como en este caso, lo cual se traduce en una
expresa denegación de justicia.
Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa
inexorable realidad, deberá acudir a criterios flexibles,
privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e
inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia,
a efectos de reconstruir la verdad histórica de los hechos y
lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad,
justicia y reparación de las personas afectadas.
Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en graves
violaciones de derechos humamos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, se rompe el principio de la
dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes
acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues
en estos eventos las víctimas quedan en una relación
diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas
circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de
ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los
estándares probatorios […].
A su vez, la Corte Constitucional en las sentencias SU-035 de 2018,
SU-062 de 2018 y SU-060 de 2021, sostuvo:
“[…] Jurisprudencia constitucional en relación con la
flexibilización de los estándares de valoración
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probatoria en materia de graves violaciones a los
derechos humanos
76. Inicialmente, en sentencia T-926 de 2014, este Tribunal
advirtió que por tratarse de casos en los cuales se analizan
graves violaciones a los derechos humanos, la valoración
probatoria que realiza el juez debe flexibilizarse, admitiendo la
posibilidad de acudir a los indicios como pruebas determinantes
de la responsabilidad estatal. […].
79. Con posterioridad, la sentencia SU-035 de 2018
concluyó que, con ocasión del principio de equidad,
procede la flexibilización de la valoración probatoria en
los casos que comprometen violaciones a los derechos
humanos, puesto que en ellos se presenta “una ruptura
deliberada e injusta de la correlación entre la prueba del
daño y la prueba del perjuicio”. Lo anterior, debido a
manifestaciones de poder irregular, desequilibrios de
fuerzas o estructuras de delincuencia institucional y
organizada.
La Corte unificó su jurisprudencia y enfatizó la necesidad
de que los jueces aligeren o dinamicen la carga
probatoria en casos en los que se discute la reparación
integral a las víctimas de los daños materiales causados
en forma antijurídica por el Estado colombiano, para lo
cual se ha admitido, por ejemplo, demostrar el perjuicio
mediante medios de prueba alternos o también a través
de indicios.
80. Aunado a lo expuesto, la sentencia SU-062 de 2018
reiteró la jurisprudencia unificada en la materia, según
la cual “existe un imperativo de flexibilizar los
estándares probatorios y de fortalecer el deber de los jueces
de ejercer las potestades que les han sido conferidas en aras
de garantizar la justicia material con pleno respeto de los
derechos fundamentales de todas las partes involucradas. Lo
anterior trae como consecuencia, entre otras cosas, el uso de
las inferencias judiciales razonables”. […]:
[…]
De tal forma, la Corte coligió que los jueces deben reconocer la
relevancia especial de la prueba indiciaria al momento de
valorar la totalidad del acervo probatorio en los asuntos donde
se juzgan graves infracciones a los derechos humanos.
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[…]
117. En ese contexto, para la Corte en el asunto bajo estudio,
el Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo
por un error en la interpretación de los principios pro
homine y de equidad, al no haber aplicado la ya
mencionada flexibilización de los estándares probatorios
a efecto de privilegiar la justicia material, utilizando
medios de prueba indirectos como los indicios o
morigerando la carga de la prueba para demostrar el
perjuicio material objeto de la reclamación. Por el
contrario, al denegar las pretensiones de la demanda
indicó que la parte actora no cumplió con la carga de la
prueba que le impone la ley.
De acuerdo con lo expuesto en la parte general de esta
providencia ante presuntas violaciones graves a los
derechos humanos, a los jueces valorar les corresponde
los elementos probatorios con un tamiz flexible, a la luz
de los principios de equidad y pro homine, por tratarse
de asuntos que encierran una asimetría de poder y, por
tal razón, gran dificultad probatoria. Además, de
encontrarse de por medio los intereses de las víctimas,
quienes generalmente son población vulnerable, por lo
que una exigencia rigurosa en la dinámica probatoria no
solo resulta excesiva sino revictimizante [Énfasis de la
Sala] […]”.
Revisada la línea jurisprudencial emitida tanto por el Consejo de
Estado como por la Corte Constitucional, la Sala observa que se ha
venido sosteniendo una tesis pacífica y reiterada en la cual se ha
considerado que al juez contencioso administrativo, en los casos que
comprometen violaciones a los derechos humanos, al momento de
estudiar los elementos de responsabilidad del Estado, le corresponde
flexibilizar los estándares probatorios a efectos de privilegiar la
justicia material, utilizando todos los medios de prueba a su alcance,
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ya sean indicios o morigerando la carga de la prueba para demostrar
los daños padecidos por las víctimas.
Así las cosas, para la Sala considera que el TRIBUNAL sí desconoció
el criterio definido por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional
frente a la flexibilización probatoria en casos de violaciones de
derechos humanos pues además de no analizar a los medios
probatorios relacionados por la parte actora en sede de tutela, esto
es, testimonios, oficios, declaraciones, peticiones y sentencias
penales condenatoria de primera y segunda instancia, prefirió aplicar
un criterio riguroso frente a la acreditación del nexo entre el daño
antijurídico y el presunto actuar de la administración.
En efecto, el TRIBUNAL en la providencia cuestionada, en lo
relacionado con la posible participación del Sargento WILLIAM
MORA LÓPEZ, miembro activo de la POLICÍA, en los hechos que
rodearon la muerte del señor RUBÉN DARÍO VALENCIA GALLEGO
(q.e.p.d.), señaló que tal circunstancia no se encontraba acreditada
porque no se aportó el resultado de la investigación disciplinaria que
se adelantó contra éste ni tampoco una sentencia penal
condenatoria; no obstante, la Sala considera que dicho fundamento
no era razonable, desde una perspectiva de la flexibilización de los
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estándares probatorios, pues además de ser rigurosa condicionó el
estudio de responsabilidad del Estado al pronunciamiento de otras
autoridades, sin tener en cuenta los medios de pruebas obrantes en
el expediente ordinario.
Pues bien, revisado el expediente ordinario, la Sala observa que el
TRIBUNAL fundamentó la providencia controvertida, en las
siguientes pruebas:
“[…] En atención a la imputación, en el plenario obran los
siguientes medios de prueba relevantes:
• Mediante oficio No. 201 del 02 de abril de 2018, la Fiscalía
120 Especializada informó sobre el trámite adelantado ante la
Dirección de Justicia Transicional, por el homicidio de Rubén
Darío Valencia Gallego, reportado por la señora Rosa Angelica
Salazar Betancur bajo radicado No. SIJYP 71509.
Información ratificada por medio de oficio No. 647 FGN-
DFNEJT-F20 del 22 de noviembre de 2018.
• En Oficio No. 177 FGN-DFNEJT-F20, el Fiscal 20 Delegado
informó que, mediante oficio del 03 de febrero de 2009 el
Ministerio del Interior y de Justicia incluyó como postulado de
la Ley 975 de 2005 a Ricardo López Lora alias “El Marrano”.
Así mismo, en dicho oficio se indicó que Ricardo López Lora,
delinquió y operó en el oriente antioqueño entre el 22 de junio
de 1996 al 23 de marzo de 1998.
En versiones libres rendidas el 13 de diciembre de 2011, 29 de
octubre de 2013, 6 de diciembre de 2012 y 27 de febrero de
2012, López Lora manifestó que durante el tiempo que su
grupo armado estuvo delinquiendo en el oriente antioqueño,
recibió colaboración de miembros de la Policía Nacional,
específicamente del Cabo Oswaldo Alfonso Beltrán León,
Sargento William Mora López y del mayor Jesús María Clavijo.
• El Sargento William Mora López fue procesado y hallado
responsable del delito de concierto para delinquir por el
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Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia,
en calidad de autor “en la modalidad de organizar, fomentar o
promover grupos de justicia privada según los hechos
registrados en el Departamento de Antioquia en los años 1996
y 1997”, decisión confirmada por el Tribunal Superior de
Antioquia – Sala de Decisión Penal.
• En versión libre14 rendida por RICARDO LÓPEZ LORA, el día
3 de agosto de 2012, éste reconoció y aceptó la responsabilidad
del homicidio de RUBÉN DARÍO VALENCIA GALLEGO, el 29 de
agosto de 1997; en la misma manifestó la participación en el
hecho delictivo de varias personas, entre ellas de quien se
refiere como el “Sargento Mora” […]”.
Lo anterior, permite a la Sala considerar que, como bien lo indicaron
los accionantes, el TRIBUNAL omitió valorar en conjunto los otros
medios de prueba aportados al proceso ordinario, tales como: i) el
testimonio del señor ÁLVARO DE JESÚS RÍOS OSORIO; ii) el audio
de la versión libre rendida el 3 de agosto de 2012 por el ex paramilitar
RICARDO LÓPEZ LORA ante la Fiscalía 45 de Justicia y Paz de
Medellín; iii) el audio de la audiencia de formulación de imputación e
imposición de medida de aseguramiento del referido ex paramilitar;
iv) los oficios núms. S-2018-111414/SUBCO-SUTAH-29.25 y S-
2018-112452/SUBCO-SUTAH-29.25 de 21 y 23 de noviembre de
2018, respectivamente, expedidos por la autoridad accionada; v) la
respuesta dada por el personero del municipio de Rionegro; vi) las
sentencias penales de primera y segunda instancia proferidas por el
Juzgado Primero y Segundo Penal del Circuito Especializado de
Antioquia y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
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Medellín, mediante las cuales se condena, entre otros oficiales, al
Sargento WILLIAM MORA LÓPEZ por los delitos de concierto para
delinquir en las modalidades de “organizar, fomentar o promover
grupos de justicia privada en el oriente antioqueño durante los años
1996 y 1997” y “promotores de grupos paramilitares en el oriente
antioqueño desde el año 1996”; vii) la respuesta al exhorto remitido
por el fiscal 20 delegado ante la Dirección de Justicia Transicional, en
el que se manifiesta que en el listado de víctimas de homicidios y
desapariciones forzadas presentadas pertenecían a la población civil
afectada por el grupo paramilitar al mando del ex paramilitar LÓPEZ
LORA y la colaboración de miembros de la POLICÍA, entre otros, el
Sargento WILLIAM MORA LÓPEZ, se encontraban los señores
DARÍO VALENCIA GALLEGO y su compañera ROSA ANGÉLICA
SALAZAR BETANCUR, viii) las respuestas de los comandantes de la
Policía Departamental y de la Cuarta Brigada de Medellín, sobre
captura presentadas y enfrentamientos acaecidos en los municipios
del oriente antioqueño en los años 1996 a 1998, que de analizarse
en conjunto se hubiese podido llegar a otra conclusión.
De lo hasta aquí expuesto, la Sala encuentra que el TRIBUNAL
incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente sobre la flexibilización probatoria en casos de graves
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violaciones de derechos humanos al dejar de aplicar la jurisprudencia
reiterada y uniforme por el Consejo de Estado y la Corte
constitucional frente al deber de tener en cuenta los demás medios
probatorios, tales como indicios o mitigar la carga probatoria.
Es de resaltar que esta Corporación en acciones de tutela con
situación fáctica similar a la presente, ha accedido al amparo de los
derechos fundamentales invocados al considerar que se omitió
flexibilizar los estándares probatorios en casos de graves violaciones
de derechos humanos, tal es el caso de las providencias de 30 de
junio de 201724, 9 de septiembre de 202125, 13 de febrero26, 10 de
abril27, 1728 y 24 de julio de 202529.
Finalmente, la Sala se relevará del estudio de los defectos violación
directa de la Constitución, sustantivo y procedimental por
exceso ritual manifiesto, comoquiera que el análisis referente a
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de junio
de 2017, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente núm. 2017-00836-00.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente núm. 2021-02944-01.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 13 de febrero
de 2025, C.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-05419-00.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, el 10
de abril de 2025, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-06047-01.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 17 de julio
de 2025, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-02827-00.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 24 de julio
de 2025, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-2891-00.
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los defectos fáctico y desconocimiento del precedente resulta
suficiente para acceder al amparo deprecado.
Por las condiciones anotadas, la Sala revocará el numeral segundo
de la sentencia impugnada y, en su lugar, amparará los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de la parte actora y, en consecuencia, dejará sin efectos la
sentencia de 9 de diciembre de 2024, proferida por el TRIBUNAL
dentro del medio de control de reparación directa identificado con el
número 2019-00300-01, por lo que se ordenará a la autoridad
judicial accionada proferir una nueva decisión en la que aplique en
debida forma la tesis dispuesta por la Sección Tercera del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional frente al deber de
flexibilizar los estándares probatorios en casos de graves
violaciones de derechos humanos, para lo cual se concederá un
término de cuarenta (40) días, siguientes a la notificación de esta
providencia.
Cabe precisar que el amparo concedido no implica que la decisión de
reemplazo deba ser favorable a los demandantes, habida cuenta que
corresponde al juez ordinario, en ejercicio de la autonomía e
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independencia judicial, adoptar la decisión pertinente, debidamente
motivada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia de 19 de
junio de 2025, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO declaró
improcedente la solicitud de amparo de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar, se
dispone: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia de los señores ROSA
ANGÉLICA, JOIS JOHANNA, GLADYS, JOSÉ OTONIEL,
JAQUELINE, ROBINSÓN y MARTÍN EMILIO SALAZAR
BETANCOURT, JEHISON ANDRÉS y ANA MARÍA VALENCIA
SALAZAR, MAURO DE JESÚS SALAZAR, LUDIVIA BETANCUR
DE SALAZAR, MARÍA ZULMA BETANCUR PRADO, ARNOLD
PEREA BETANCUR, BERENICE y MARLENY SALAZAR
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BETANCUR, JOSÉ MANUEL AGUDELO SALAZAR, LUZ ESTELA
SALAZAR BETANCUR, LINA MARCELA SALAZAR, VERÓNICA
SALAZAR, CINDY ALEXANDRA PATIÑO SALAZAR, OLIVA,
ÓSCAR, MARLENY y AURORA DE JESÚS VALENCIA GALLEGO,
ADRIANA MARCELA OCAMPO VALENCIA, YURY ALEXANDRA y
SANDRA MILENA VALENCIA GÓMEZ, ARLEY FERNANDO
ZULUAGA VALENCIA, LEONOR GALLEGO DE GALVIS, LUZ
MERY, GILDARDO DE JESÚS, MARÍA OFELIA, MARTHA GILMA
y HERNÁN DARÍO GALLEGO ZULUAGA, BERTA OLIVA GALLEGO
DE GALVIS, LUZ GABRIELA, MARTHA NELLY y BLANCA NUBIA
GALVIS GALLEGO, SULEIMA YULIETH y OSMAN ARLEY
GALLEGO HINCAPIÉ, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR sin efecto la
sentencia de 9 de diciembre de 2024, proferida por la SALA
PRIMERA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número 2019-00300-01 y, en su lugar, se
dispone: ORDENAR a dicha autoridad judicial proferir una nueva
decisión, en la que aplique en debida forma la tesis dispuesta por la
Sección Tercera del Consejo de Estado y la Corte Constitucional
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frente al deber de flexibilizar los estándares probatorios en casos de
graves violaciones de derechos humanos, para lo cual se concederá
un término de cuarenta (40) días, siguientes a la notificación de esta
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de octubre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Salva voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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