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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06047-00

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06047-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero.- AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora Marta Elena Ruiz de Valencia, quien a su vez actúa en representación de su hija Sandra Cristina Valencia Ruiz, quienes actúan por intermedio de apoderado judicial. En consecuencia, Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 29 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, en el marco del medio de control de reparación directa adelantado por la señora Marta Elena Ruiz de Valencia, quien a su vez actúa en representación de su hija Sandra Cristina Valencia Ruiz, contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional (exp. No. 05001-33-33-029-2014-00036-02). Tercero.- ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo en el proceso de reparación directa radicado con el No. 05001-33-33-029-2014-00036-02, de conformidad con las consideraciones expuestas. Cuarto.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06047-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

13 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06047-00
Actor: Marta Elena Ruiz de Valencia y otra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06047-00
Demandantes: MARTA ELENA RUIZ DE VALENCIA, QUIEN A SU VEZ
ACTUA EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJA SANDRA
CRISTINA VALENCIA RUIZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
SÉPTIMA DE ORALIDAD

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa por los daños derivados de una supuesta omisión del deber de
protección y vigilancia. Defectos fáctico, desconocimiento del
precedente judicial, sustantivo, violación directa de la Constitución y
procedimental por exceso ritual manifiesto

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Marta Elena Ruiz de Valencia, quien a su vez actúa en
representación de su hija Sandra Cristina Valencia Ruiz, mediante apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 7 de noviembre de 2024, la señora Marta Elena Ruiz de Valencia, quien a su
vez actúa en representación de su hija Sandra Cristina Valencia Ruiz, por
conducto de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales a la verdad, al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, así como los principios de prevalencia
del derecho sustancial y equidad.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: tutelar los derechos fundamentales a LA VERDAD, AL DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EN ARMONIA CON EL PRINCIPIO DE
PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL, A LA IGUALDAD y EL PRINCIPIO DE
EQUIDAD, los cuales están siendo vulnerados por la entidad judicial accionada.

SEGUNDA: como consecuencia del pronunciamiento anterior, solicito se ordene REVOCAR Y/O
DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial proferida el veintinueve (29) de julio de dos mil
veinticuatro (2024) por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia.

TERCERA: Como consecuencia de la declaración anterior, se ordene al Tribunal Administrativo
de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad, a que dentro de un término razonable proceda a emitir
una nueva sentencia, accediendo a todas y cada una de las pretensiones solicitadas en la
demanda y a lo que oficiosamente haya lugar, de conformidad con los parámetros que trace el
Honorable Consejo de Estado”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06047-00
Actor: Marta Elena Ruiz de Valencia y otra

2. Hechos

Las accionantes relatan que el 31 de diciembre de 1997, el señor Hernando de
Jesús Valencia Valencia fue asesinado por miembros de las autodefensas unidas
de Colombia cuando desarrollaba sus labores de mayordomo en una finca
ubicada en la vereda La Clara del municipio de Guarne, Antioquia.

Afirman que, en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron
demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con
el fin de que se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial del
Estado por la muerte del señor Hernando de Jesús Valencia Valencia, toda vez
que en una audiencia de versión libre un ex comandante de las autodefensas -
postulado para justicia y paz-, señaló que en el acto delictivo participó el sargento
William de Jesús Mora López, en su condición de comandante de la estación de
policía del municipio de Cocorná.

Indican que el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín en fallo
del 12 de marzo de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda, al
considerar que se desconoció el deber de garante que ostenta el Estado respecto
de sus ciudadanos.

Por último, manifiesta que contra la anterior decisión las partes interpusieron
recurso de apelación. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Oralidad, mediante sentencia del 29 de julio de 2024 la revocó y negó las
pretensiones, bajo el argumento de que al analizar las pruebas en conjunto no se
pudo establecer la responsabilidad del Estado, pues si bien el ex comandante de
las autodefensas manifestó que el sargento William de Jesús Mora López
participó en los hechos, dicha declaración no ofrecía suficiente grado de
convicción, más aún cuando este pertenecía a la estación de policía de otro
municipio. Por consiguiente, descartó la participación de agentes estatales en el
acto delictivo en el que falleció el familiar de las demandantes 1.

3. Fundamentos de la acción

Las accionantes, quienes actúan por conducto de apoderado judicial, presentan
acción de tutela con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales,
supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima de Oralidad con la sentencia del 29 de julio de 2024, por medio de la cual
se revocó la decisión favorable de primera instancia para, en su lugar, negar las
pretensiones del medio de control de reparación directa que adelantaron por la
muerte de un familiar a manos de las autodefensas unidas de Colombia.

Resaltan que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de
procedencia, en tanto el debate que se propone tiene relevancia constitucional
porque “se trata de hechos sucedidos en medio del conflicto armado interno, en
donde se encuentran involucrados grupos ilegales y agentes del Estado en una
ejecución extrajudicial”, se cometieron irregularidades procesales por parte de la
autoridad judicial accionada, se presentó dentro de un término razonable, se
agotaron todos los medios de defensa a su alcance y no se reprocha una decisión
dictada en el curso de otra acción de tutela.

1
Una magistrada presentó salvamento de voto, en el que indicó que del material probatorio se podía determinar que la
producción del daño estuvo presente agentes estatales, además que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han
indicado que en temas de graves violaciones a derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, se debe aminorar
o flexibilizar a carga probatoria frente a las víctimas, por la gran dificultad que representa demostrar de manera directa la
responsabilidad de la fuerza pública.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06047-00
Actor: Marta Elena Ruiz de Valencia y otra

Afirman que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto por
desconocimiento del precedente judicial, en tanto no tuvo en cuenta las
sentencias del 18 de mayo de 2017 de la Sección Tercera, Subsección “B” del
Consejo de Estado y la SU-035 de 2018 de la Corte Constitucional, en las que se
precisa la importancia de aplicar la flexibilización de los estándares probatorios en
casos de graves violaciones a los derechos humanos, los cuales no se aplicaron
en la sentencia objetada.

Insisten en que de las declaraciones y la prueba documental omitida (minuta de la
estación de policía), junto con las sentencias penales se desprenden muchos
elementos que se deben valorar a partir del estándar de flexibilización probatoria,
así como “las circunstancias del contexto”, además que con los mencionados
elementos de convicción se estructuraban indicios que permitían establecer la
responsabilidad del sargento William de Jesús Mora López.

Señalan que en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, la Sección
Tercera del Consejo de Estado recordó la importancia de flexibilizar los estándares
probatorios en casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos
e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Agregan que se desconoció el propio precedente de la autoridad judicial
accionada, contenido en las sentencias del 28 de febrero de 20192 y 10 de agosto
de 20223 emanadas de la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia, del 12 de septiembre de 20224 de la Sala Segunda de Oralidad y del 16
de agosto de 20195 de Sala Tercera de Oralidad, en las que se aplicó el criterio de
flexibilización probatoria.

Sostienen que en la sentencia objetada se incurrió en violación directa de la
Constitución, toda vez que se vulneraron los derechos fundamentales invocados
en el escrito de tutela, pues no se tuvo en cuenta la aplicación del precedente
constitucional sobre la flexibilización probatoria en materia de graves violaciones a
los derechos humanos.

Mencionan que el tribunal accionado incurrió en defecto fáctico, en tanto omitió
valorar el libro de minuta de vigilancia de la Estación de Policía del municipio de
Guarne, de el que se podía concluir que para el “31 de diciembre de 1997, no se
registró ninguna anotación, e incluso para días posteriores, lo cual evidenciaba un
manto de dudas sobre el proceder de los miembros de la Policía Nacional
pertenecientes a esa estación”.

Agregan que al referirse sobre las sentencias penales proferidas por el Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia y del Tribunal Superior de
Antioquia, Sala de Decisión Penal, en las que se condenó a los señores Carlos
Mario Escudero Cano, Jesús María Clavijo Clavijo, al sargento William de Jesús
Mora López, junto con el ex comandante de las autodefensas Ricardo López Lora
por el delito de concierto para delinquir y que en estas no se mencionó la muerte
del señor Hernando de Jesús Valencia Valencia, “se incurrió en el mencionado
defecto fáctico, ya que se hizo una valoración desproporcionada y caprichosa de
la prueba, ya que el delito de concierto para delinquir abarca una dimensión muy
amplia, pudiéndose cometer incluso en diferentes lugares, hasta tal punto que ha
sido calificado por la Corte Suprema de Justicia como delito de lesa humanidad
dentro del proceso de Justicia y Paz por estar en conexidad con actos cometidos
2
Radicado No.: 05001-33-33-022-2013-01189-01.
3
Radicado No.: 05001-33-33-022-2014-00452-02.
4
Radicado No.: 05001-33-33-012-2013-00229-01.
5
Radicado No.: 05001-33-33-028-2014-00503-02.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06047-00
Actor: Marta Elena Ruiz de Valencia y otra

como parte de un ataque generalizado, incurriendo con ello el Tribunal
Administrativo en violación al debido proceso, al principio de equidad, el derecho a
saber la verdad, a la igualdad jurídica y al acceso a la administración de justicia”.

Resaltan que el tribunal accionado mencionó que el ex comandante de las
autodefensas no había sido claro en indicar las circunstancias de tiempo, modo y
lugar sobre la forma en que tuvo participación el sargento Mora López en la
muerte del señor Hernando de Jesús Valencia Valencia, frente a lo cual también
se incurrió en el defecto fáctico por valoración defectuosa de la prueba, pues “el
postulado LÓPEZ LORA sí fue claro en indicar tales circunstancias de tiempo
modo y lugar y la forma en que el Sargento Mora participó en ese homicidio, la
cual era la de coordinar con los diferentes comandos de policía para que se
retiraran las patrullas en donde se fuera a cometer un homicidio, y eso fue lo que
hizo el sargento Mora en relación con el homicidio del señor Hernando de Jesús
Valencia, que se trasladó desde el municipio de Cocorná hasta el municipio de la
Ceja para hablar con LÓPEZ LORA y de allí se desplazó hasta la Estación de
Policía del municipio de Guarne para cumplir su misión de que retiraran las
patrullas”.

Aseveran que de haberse realizado una valoración objetiva de la prueba
testimonial y de las sentencias de los procesos penales, el sentido de la decisión
hubiera sido diferente, máxime que con ello se probaba la connivencia
permanente que existía entre integrantes de grupos de autodefensa con miembros
de la Policía Nacional, aunado al hecho de la violencia generalizada que se vivía
en la zona.

Resaltan que el tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo, pues además
de no aplicar el criterio de flexibilización de los estándares probatorios, no tuvo en
cuenta los principios pro homine y de equidad de acuerdo con lo establecido en el
artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

Aseguran que la autoridad judicial accionada realizó una valoración defectuosa e
irracional de las pruebas, toda vez que el juez a quo ofició a la entidad demandada
para que remitiera información sobre el sargento Mora López relacionada con
procesos disciplinarios adelantado en su contra, requerimiento respecto del cual
guardó silencio, por consiguiente, no se podía argumentar la falta de proceso
penal o disciplinario en el expediente ordinario.

Finalmente, mencionan que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, porque se desconoció el principio
de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, por cuanto la autoridad
judicial accionada distorsionó las pruebas recaudadas, lo que conllevó que se les
impusiera un obstáculo “hasta tal punto que dejó de aplicar la flexibilización de los
estándares probatorios, por ejemplo que en el proceso se hubiera demostrado la
connivencia permanente entre integrantes de los paramilitares con miembros de la
Policía Nacional, que se hubiera echado al piso la prueba que existía sobre los
vínculos entre el grupo paramilitar que delinquía en el oriente antioqueño con
integrantes de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, obrante en las
sentencias penales aportadas, que se hubiera argumentado que en esas
sentencias no se encontraba el homicidio del señor HERNANDO DE JESÚS
VALENCIA, a sabiendas de que dicha sentencia fue por el delito de concierto para
delinquir y no por otra clase de delitos, y que el Sargento Mora aparecía
condenado por ese delito”.

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4. Pruebas relevantes

En correo electrónico del 20 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Antioquia remitió el link de acceso al expediente digital No. 05001-33-33-029-
2014-00036-02, correspondiente al medio de control de reparación directa que
adelantaron las accionantes contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional.

5. Trámite procesal

Por auto del 15 de noviembre de 2024, el magistrado sustanciador encargado
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada,
así como al Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín y a la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, como terceros con
interés. Igualmente, que se notificara a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 293696 a 293701
del 20 de noviembre de 2024, con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Oralidad

Por medio de escrito del 20 de noviembre de 2024, el magistrado ponente de la
decisión objetada pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela,
pues no se evidencia el desconocimiento de alguna norma, además que se
valoraron adecuadamente las pruebas, para lo cual se refirió a las actuaciones
desarrolladas en el proceso y transcribió apartes de la sentencia objetada.

Sostuvo que el fallo reprochado obedeció exclusivamente a la valoración y análisis
de las pruebas aportadas y practicadas en desarrollo del procedimiento judicial,
así como a la aplicación de las disposiciones legales y jurisprudenciales aplicables
al asunto.

6.2. Respuesta del Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de
Medellín

En escrito del 21 de noviembre de 2024, el juez encargado del despacho informó
que reiteraba los argumentos expuestos en el fallo de primera instancia del 12 de
marzo de 2019, a lo que agregó que la acción de tutela no se puede emplear
como una tercera instancia, con el fin de definir situaciones que ya están
consolidadas y han sido definidas a través del uso de los mecanismos ordinarios
establecidos para ello.

6.3. Respuesta de la Policía Nacional

En oficio del 22 de noviembre de 2024, la asesora del Área Jurídica pidió que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela, por no evidenciarse la
vulneración de los derechos fundamentales alegados por las demandantes.

Afirmó que el tribunal accionado realizó una adecuada valoración del material
probatorio solicitado y aportado por las partes, a partir de la sana crítica.

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Para terminar, aseveró que las accionantes no demostraron la ocurrencia de un
perjuicio irremediable o de una amenaza inminente e injustificada, donde se
amerite la procedencia de la acción de tutela como un mecanismo para acceder al
reconocimiento de las pretensiones solicitadas por la parte actora, máxime cuando
se debatió a través de otras vías judiciales siendo las idóneas para resolver la litis
propuesta en la presente solicitud de amparo y, por lo mismo, la acción
constitucional es improcedente teniendo en cuenta que es un mecanismo de
protección subsidiario.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

2.1. Las accionantes en el escrito de tutela invocan el defecto por violación directa
de la Constitución, para lo cual expone alegatos similares a los expuestos en el
defecto por desconocimiento del precedente judicial, por consiguiente, estos se
abordarán en conjunto, pero bajo la caracterización de la causal especial
relacionada con la aplicación del precedente. Asimismo, en lo relacionado con los
argumentos del sustantivo y procedimental, también se observa una similitud
frente a lo alegado en el fáctico, razón por la cual se abordarán a partir de la
caracterización de este último. De esta manera, el análisis se circunscribirá a los
defectos por desconocimiento del precedente judicial y fáctico.

2.2. Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, en la sentencia del 29 de
julio de 2024, que revocó la decisión favorable de primera instancia y, en su lugar,
negó las pretensiones del medio de control de reparación directa tendiente al
resarcimiento de los perjuicios causados por la muerte del señor Hernando de
Jesús Valencia Valencia, vulneró a las accionantes los derechos fundamentales a
la verdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, así como los principios de la prevalencia del derecho sustancial y la
equidad, al supuestamente incurrir en los siguientes defectos:

i) desconocimiento del precedente judicial, toda vez que no tuvo en cuenta
la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, del 18 de mayo de 2017 de la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado y la SU-035 de 2018 de la Corte
Constitucional, en las que se precisa la importancia de aplicar la
flexibilización de los estándares probatorios en casos de graves violaciones
a los derechos humanos, criterios que, a su juicio, el mismo tribunal había
aplicado en casos anteriores,

ii) fáctico, en tanto la autoridad judicial accionada omitió valorar el libro de
minuta de vigilancia de la Estación de Policía del municipio de Guarne y por
indebida valoración de las sentencias proferidas en los procesos penales
adelantados contra los señores Carlos Mario Escudero Cano, Jesús María
Clavijo Clavijo, al sargento William de Jesús Mora López, junto con el ex
comandante de las autodefensas Ricardo López Lora, así como la a la

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versión libre rendida por el mencionado ex comandante ante la Fiscalía 43
Delegada de la Unidad de Justicia y Paz de Medellín, en calidad de
postulado dentro del proceso de Justicia y Paz de la Ley 975 de 2005 y la
declaración rendida de este mismo en el curso del proceso ordinario.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos6 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos7, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20128, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20149, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200510.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico11; (ii) Defecto procedimental absoluto12; (iii)

6
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
7
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
8
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
9
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
11
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
12
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

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Defecto fáctico13; (iv) Defecto material o sustantivo14; (v) Error inducido15; (vi)
Decisión sin motivación16; (vii) Desconocimiento del precedente17 y (viii) Violación
18
directa de la Constitución .

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo19 y de la Corte
Constitucional20.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. El criterio de la flexibilización probatoria en casos de graves violaciones a
los derechos humanos

Un principio general del derecho consiste en que a quien afirma un hecho le
incumbe probarlo “affirmanti incumbit probatio” y quien incumpla esta carga en un
proceso judicial obtendrá una negativa a las pretensiones de la demanda. Así,
cuando se persigue la reparación integral de un daño antijurídico este deberá
probarse junto a los demás elementos de la responsabilidad de Estado -
imputación y nexo de causalidad-.

En los asuntos relativos a ejecuciones extrajudiciales, la Corte Constitucional ha
reconocido que existen dificultades probatorias en los casos que involucran civiles
que son presentados como bajas legítimas en supuestos enfrentamientos
armados, principalmente, para las víctimas que no pueden cumplir con la carga
probatoria que impone el ordenamiento jurídico procesal, por lo que el remedio
que han establecido tanto esa Corporación como la Sección Tercera del Consejo
de Estado es la flexibilización probatoria.

En la sentencia T-237 de 201721, la Corte consideró que flexibilizar los criterios
probatorios en favor de víctimas de graves violaciones de derechos humanos
responde al deber de garantizar el principio de equidad, por lo que recordó los

13
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
14
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
15
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
16
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
17
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
18
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-114 de 2023 y SU-061 de 2023,
M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
19
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7
de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de
2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
20
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
21
M.P. (E) Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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deberes de los jueces de ejercer las potestades conferidas con el fin de garantizar
la justicia material, como “las inferencias judiciales razonables, la aplicación de las
reglas de la experiencia y la inversión de la carga probatoria”.

En esa misma línea, en la sentencia SU-035 de 201822 desarrolló la flexibilización
de los estándares probatorios en casos de ejecuciones extrajudiciales y la
importancia de la valoración de la prueba indiciaria para superar las dificultades
que se presentan en estos casos para probar las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en los que se presentan estos hechos. En ese sentido, a partir del desarrollo
de la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional aseveró que constituye un deber el aplicar de manera flexible los
estándares probatorios, así como las facultades oficiosas.

De igual modo, en esta sentencia de unificación se resaltó la necesidad de incluir
en el análisis el contexto histórico en que se presentan los hechos y la existencia
de ciertos elementos, conductas o actuaciones pueden ser indicios de la
responsabilidad del Estado.

Igualmente, en la sentencia SU-060 de 202123, la Corte Constitucional consideró
que la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado incurrió en un
defecto fáctico por indebida valoración de los informes de necropsia, informe
ejecutivo de actos urgentes de la Fiscalía General de la Nación, el estudio de
balística, las declaraciones de los militares y el informe ejecutivo del Fiscal 57 de
Unidad de Derechos Humanos, en tanto, “no fueron valorados en conjunto, bajo
un racero lógico, coherente y concatenado”.

Además, consideró que se configuró un defecto sustantivo, por error en la
interpretación de los principios pro homine y de equidad, por la falta de aplicación
de la flexibilización de los estándares probatorios y la utilización de medios de
pruebas indirectos (indicios o morigerar la carga probatoria). Igualmente,
consideró que los mencionados estándares debieron aplicarse en razón de que
trataba de un presunto caso de ejecución extrajudicial24.

Igualmente, la Corte Constitucional ha acudido a la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para señalar que en casos que involucran
graves violaciones a los derechos humanos en el sistema interamericano se ha
considerado la importancia de apreciar las pruebas bajo las reglas de la sana
crítica reduciendo el rigor procesal. En ese sentido, en la sentencia SU-060 de
202125 desarrolló la sentencia 29 de julio de 1988 del caso Velásquez Rodríguez
vs. Honduras26, y destacó de este pronunciamiento el análisis sobre la relevancia
que en estos casos lo jueces deben dar a las pruebas circunstanciales, indicios y
presunciones27.

En sentencia de 11 de septiembre de 201328, la Sección Tercera del Consejo de
Estado estableció que en casos de ejecución extrajudicial se presentan
22
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
23
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
24
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de octubre del 2014, Rad. 20411. Reiterada en la sentencia SU-035 de
2018.
25
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
26
En igual sentido los casos González Medina y Familiares Vs. República Dominicana, sentencia de 27 de febrero de 2012,
párrs 131 y 132; Godínez Cruz Vs. Honduras, sentencia de 20 de enero de 1989, párrs. 134 a 137; Fairén Garbi y Solís
Corrales Vs. Honduras, sentencia de 15 de marzo de 1989, párrs. 131 a 134; y Blake Vs. Guatemala, sentencia de 24 de
enero de 1998, párrs. 133 a 137.
27
Se remite a los siguientes pronunciamientos jurisprudenciales: sentencia del 6 de julio del 2009, caso Escher y otros vs.
Brasil, párr. 127; sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135; sentencia del 28 de
enero del 2009, caso Ríos y otros vs. Venezuela, párr. 98; sentencia del 3 de abril del 2009, caso Kawas Fernández vs.
Honduras, párr. 95.
28
M.P. Danilo Rojas Betancourth. Expediente 41001-23-31-000-1994-07654-01.

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dificultades probatorias para las víctimas desde el aspecto probatorio, pues “en la
mayoría de los casos, están en manos de las autoridades de quienes se predica la
responsabilidad, o han sido ocultadas para evitar el esclarecimiento de la verdad
sobre los hechos”. En este punto, recordó que, aunque las normas procesales
aseguran bienes jurídicos de mayor valía en casos que involucran graves
violaciones a los derechos humanos debe flexibilizarse la ritualidad procesal en la
actividad probatoria para asegurar una decisión que se fundamente en “versiones
de los hechos que sean lo más fieles posible a la verdad real”.

En esa ocasión declaró la responsabilidad del Estado en los daños derivados de la
muerte de una persona como consecuencia de una ejecución extrajudicial, lo que
evidenció a partir de pruebas indiciarias que consideró suficientes para concluir
con “total certeza sobre la ocurrencia de una falla del servicio por parte de los
militares participantes en la operación”.

De igual modo, en la sentencia de 23 de marzo de 201729, la Sección Tercera del
Consejo de Estado se refirió al Cuarto Informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia y sobre las ejecuciones extrajudiciales presentado por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que expresó el modo en
que se desarrollaban estos actos30 y, en ese orden, desarrolló la importancia de la
prueba indiciaria en casos de graves violaciones a los derechos humanos bajo la
flexibilización de criterios probatorios, para determinar la responsabilidad del
Estado por la ejecución extrajudicial de persona protegida.

Bajo la misma línea, la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado en
sentencia de 4 de diciembre de 202331 se refirió a las dificultades probatorias en
casos de ejecuciones extrajudiciales y detalló las características en que se
presentan, que, en lo general, concurren con la alteración, supresión, creación o
implantación de pruebas por parte de las autoridades, con el fin de realizar una
mise en scene y, así, enmascarar la verdad de lo sucedido.

Frente a ello, señaló que el juez debe verificar las circunstancias propias de cada
caso, en un escenario en el que se presenta, “de una parte, la versión oficial de los
agentes del Estado y, de la otra, el relato opuesto de las víctimas”, por lo que debe
establecer la verdad material a partir de los postulados de la sana crítica,
autonomía judicial y de la “probabilidad e inferencias lógicas”.

Así las cosas, resaltó la importancia de la prueba indiciaria que, “en su labor
valorativa y mediante la inferencia lógica, construye el juez partiendo de la
existencia de unos hechos debidamente conocidos y acreditados mediante prueba
directa para, por medio de la aplicación de la sana crítica, la lógica y las reglas de
la experiencia, establecer aquellos supuestos fácticos que no están directamente
demostrados y son desconocidos en el plenario”.

29
M.P. Hernán Andrade Rincón. Expediente No 05001233100020060364701.
30
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cuarto Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en
Colombia, Verdad, Justicia y reparación, OEA/Serv. L/V/II, Doc. nº 49, 2013, p. 79. Al respecto se puede revisar:
http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/Justicia-Verdad-Reparacion-es.pdf (consultado el 27 de agosto del 2014). “i) ejecución
de miembros de la guerrilla fuera de combate; ii) ejecución de líderes comunitarios acusados de ser colaboradores; iii)
transferencia de cuerpos de grupos paramilitares a unidades del Ejército; iv) ejecución de informantes y miembros
desmovilizados para encubrir crímenes anteriores, negar vinculaciones y destruir evidencia; v) ejecución de personas que
mantienen lazos con organizaciones criminales como resultado de alianzas y corrupciones; vi) ejecución de personas que
fueron intencionalmente reclutadas o detenidas (personas vulnerables, personas con discapacidad, adictos, personas en
situación de calle y con antecedentes criminales); y vii) ‘errores militares”’ encubiertos por la simulación de un combate”.
31
M.P. Nicolás Yepes Corrales. Expediente No 70001233100020100002701.

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5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que los requisitos generales de procedencia están cumplidos
en el asunto bajo estudio, por cuanto (i) goza de relevancia constitucional, en tanto
se debe determinar si la decisión de segunda instancia en el que se revocó la
favorable del a quo y, en su lugar, se negaron las pretensiones de la demanda de
reparación directa promovida por las ahora accionantes tendiente al resarcimiento
de los perjuicios causados por la muerte de un familiar, limita el contenido, alcance
y goce de los derechos fundamentales a la verdad, al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia y a la igualdad, así como los principios de la
prevalencia del derecho sustancial y la equidad.

Adicionalmente, no se observa que la solicitud de amparo se promueva como una
instancia adicional o se plantee un asunto de mera legalidad, aunado al hecho con
que cuenta con la carga argumentativa mínima, pues exponen con claridad y
suficiencia las razones por las que consideran que la autoridad judicial accionada
incurrió en los defectos por desconocimiento del precedente judicial, violación
directa de la Constitución y fáctico.

Igualmente, (ii) la última providencia objetada fue dictada en el marco de un
recurso de apelación, por lo que las demandantes no cuentan con otro mecanismo
de defensa judicial; (iii) la solicitud de amparo se presentó dentro de los seis (6)
meses32 establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la
Corte Constitucional33; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de
manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.

5.2. La autoridad judicial accionada incurrió en defecto por desconocimiento
del precedente judicial

5.2.1. Las demandantes, en ejercicio de la acción de tutela, manifiestan que el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, en la sentencia
del 29 de julio de 2024, vulneró los derechos fundamentales invocados e incurrió
en i) desconocimiento del precedente judicial, toda vez que no tuvo en cuenta
la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, del 18 de mayo de 2017 de la Sección Tercera, Subsección
“B” del Consejo de Estado y la SU-035 de 2018 de la Corte Constitucional, en las
que se precisa la importancia de aplicar la flexibilización de los estándares
probatorios en casos de graves violaciones a los derechos humanos, criterios que,
a su juicio, el mismo tribunal había aplicado en casos anteriores y ii) fáctico, en
tanto la autoridad judicial accionada omitió valorar el libro de minuta de vigilancia
de la Estación de Policía del municipio de Guarne y por indebida valoración de las
sentencias proferidas en los procesos penales adelantados contra los señores
Carlos Mario Escudero Cano, Jesús María Clavijo Clavijo, al sargento William de
Jesús Mora López, junto con el ex comandante de las autodefensas Ricardo
López Lora, así como la a la versión libre rendida por el mencionado ex
comandante ante la Fiscalía 43 Delegada de la Unidad de Justicia y Paz de
Medellín, en calidad de postulado dentro del proceso de Justicia y Paz de la Ley
975 de 2005 y la declaración rendida de este mismo en el curso del proceso
ordinario.

32
La última providencia objetada se profirió el 29 de julio de 2024, cuya notificación se surtió el 31 de julio de 2024 y la
acción de tutela se instauró el 6 de noviembre de 2024, es decir, dentro del plazo razonable de los seis (6) meses.
33
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:
Antonio José Lizarazo Ocampo.

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5.2.2. La Sala de manera previa se realizará un breve recuento de las actuaciones
relevantes del proceso ordinario, así:

Las accionantes presentaron demanda de reparación directa contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el objeto de que se
declarara la responsabilidad del Estado por la muerte del señor Hernando de
Jesús Valencia Valencia en la vereda La Clara del municipio de Guarne y, en
consecuencia, se les condenara al pago de los perjuicios morales y materiales.

Lo anterior, con sustento en que en una audiencia de versión libre un ex
comandante de las autodefensas -postulado para justicia y paz-, señaló que en el
acto delictivo participó el sargento William de Jesús Mora López, en su condición
de comandante de la estación de policía del municipio de Cocorná, Antioquia.

El Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín en sentencia del
12 de marzo de 2019, declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, al considerar que se
desconoció el deber de garante que tiene el Estado respecto a sus ciudadanos,
toda vez que el sargento William de Jesús Mora López perteneció a la Policía
Nacional y fue condenado por el ilícito de concierto para delinquir por demostrarse
su colaboración con la organización paramilitar que operaba en el oriente
antioqueño, configurándose una falla del servicio.

Los demandantes interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión,
con el fin de que se reconocieran los perjuicios materiales, los perjuicios morales
en un monto mayor y por concepto de afectación relevante a bienes o derechos
convencionalmente amparados.

Por su parte, la Policía Nacional interpuso recurso de apelación en el que indicó
que la muerte del familiar de los demandantes no se podía atribuir a la entidad,
aunado al hecho de que en la declaración del ex comandante de las autodefensas
se apreciaban múltiples inconsistencias respecto de la afirmación sobre la ayuda
de integrantes de la Policía Nacional en la muerte del familiar de los
demandantes, toda vez que sus afirmaciones eran generales, y tampoco
ofrecieron elementos de juicio que evidenciara la supuesta ayuda de los
supuestos miembros de la institución.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, en sentencia
del 29 de julio de 2024, revocó la decisión favorable del a quo y, en su lugar, negó
las pretensiones de la demanda. En primer lugar, enlistó las pruebas allegadas al
proceso ordinario, en concreto, i) la respuesta al oficio No. 1998 del 8 de mayo de
2014, del Fiscal 42 Delegado ante Tribunal de Justicia y Paz, en el que informó
que el homicidio del señor Hernando de Jesús Valencia Valencia fue confesado
por el postulado Ricardo López Lora, en la diligencia de versión libre del 3 de
agosto de 2012, ii) el CD con la versión libre del señor Ricardo López Lora
rendida ante la Fiscalía 43 Delegada de la Unidad de Justicia y Paz de Medellín,
iii) copia del libro de población de la Estación de Policía de Guarne, en el que se
registran las anotaciones del 31 de diciembre de 1997 y del 1 de enero de 1998,
iv) el oficio No. 205 radicado No. 20180440010541 del 2 de abril de 2018, por
medio del cual el Fiscal 120 Especializado y la Fiscalía 20 Delegada ante el
Tribunal de la Dirección de Justicia Transicional informó que el señor Ricardo
López Lora en diligencia de versión libre confesó su participación en el homicidio
del señor Hernando de Jesús Valencia Valencia, en hechos ocurridos en el
municipio de Guarne el 31 de diciembre de 1997, e hizo alusión de la
colaboración del sargento Mora López, v) copia de los fallos de primera y segunda
instancia en los que se condenó a los señores William de Jesús Mora López

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(sargento de la Policía Nacional), Vicente Mario Escudero Cano (soldado) y Jesús
María Clavijo Clavijo (teniente coronel del Ejército Nacional) por el delito de
concierto para delinquir agravado y vi) la declaración del ex comandante de las
autodefensas Ricardo López Lora, la cual el tribunal sintetizó, así:

“Frente a los hechos objeto de este proceso aceptó que fue el grupo de paramilitares que se
encontraba a su cargo, los que asesinaron al señor HERNANDO DE JESÚS VALENCIA
VALENCIA por estar en una lista que le remitió Vicente Castaño para que procedieran a
matarlos. Fue enfático en indicar que recibían colaboración y apoyo del Sargento William
de Jesús Mora López, quien era el Comandante de la Estación de Policía de Cocorná, para
efectuar los asesinatos en el oriente antioqueño, lo cual consistía en que el citado
Sargento Mora coordinaba con el señor López Lora y los comandantes de los otros
municipios del oriente antioqueño, para que fueran retiradas las tropas de la zona donde
se iban a efectuar las masacres para que quienes realizaran los hechos delictivos, no
fueran capturados.

Manifestó también que al Sargento William de Jesús Mora López se le realizaban por parte
de las autodefensas, pagos mensuales que le enviaba Vicente Castaño por la colaboración
prestaba”. (Subrayas y negrillas por fuera del texto original)

Luego, al estudiar los elementos de la responsabilidad, el tribunal reconoció que a
las demandantes se les ocasionó un daño con la muerte de su familiar, sin
embargo, al verificar si este se le podía endilgar al Estado, consideró que no era
posible, pues lo manifestado por el ex comandante de las autodefensas en la
versión libre rendida ante la Fiscalía 43 Delegada de la Unidad de Justicia y Paz
de Medellín, en calidad de postulado dentro del proceso de Justicia y Paz de la
Ley 975 de 2005, como también, en su declaración ante el Juzgado Veintinueve
Administrativo del Circuito de Medellín, no indicó las circunstancias exactas de
tiempo, modo y lugar en las que el Sargento William De Jesús Mora López haya
tenido participación directa ni indirecta en el homicidio del señor Hernando De
Jesús Valencia Valencia:

Agregó que no hay prueba para establecer una relación entre la muerte de los
accionantes y el sargento Mora López, pues, a pesar de que se logró determinar
que “el homicidio del señor HERNANDO DE JESÚS VALENCIA VALENCIA fue
cometido por miembros del grupo de Autodefensas de Córdoba y Urabá de la
zona del Oriente Antioqueño por órdenes del señor RICARDO LÓPEZ LORA”, no
se puede establecer con la misma certeza “la supuesta ayuda, colaboración ni
coordinación que se efectuaba con el Sargento WILLIAM DE JESÚS MORA
LÓPEZ, para que se pudiera perpetuar el aludido crimen, máxime que la
declaración del testigo deviene de un proceder delictivo general con fundamento
en el cual concluye o se auto atribuye este caso en especial”.

Igualmente, se refirió a las declaraciones rendidas por el ex comandante de las
autodefensas, para lo cual precisó lo siguiente:
No está por demás anotar, que de acuerdo a las propias afirmaciones del señor RICARDO
LÓPEZ LORA, este era el comandante de la zona del Oriente Antioqueño de las Autodefensas, y
que tenía una gran cantidad de hombres bajo su mando, medios logísticos, material de guerra,
medios de comunicación, enseres, vehículos, pago de sumas dinerarias y planeación de
operativos militares considerable, aunado al paso del tiempo, en tanto los hechos ocurrieron en el
año 1997 y la versión libre fue ofrecida en el mes de diciembre del año 2011, esto es más de 13
años después, y que su testimonio ante el Ad Quo lo rindió 20 años después, lo que no le
permite a este plenario con su sola declaración, la de un criminal confeso, tener la convicción
necesaria para establecer la alegada participación del antes mencionado agente de la policía en
la comisión de la conducta respecto a esta muerte que puntualmente nos ocupa. Menos cuando
todo parece indicar que el sujeto conocido como “el marrano”, se aprendió un libreto que repite
sin mayor ilación lógica ni temporal ni espacial.

A lo sumo, no existe un referente probatorio que dé cuenta de que algún miembro de la Policía
Nacional fue partícipe de la muerte violenta del señor HERNANDO DE JESÚS VALENCIA
VALENCIA, y aunque RICARDO LÓPEZ LORA en su declaración vincula al sargento WILLIAM
DE JESÚS MORA LÓPEZ, sin embargo, no obra en el expediente ni el proceso penal ni el
disciplinario que en contra de éste supuestamente se adelantó en el que se establezca de
manera fehaciente que hubiese participado de alguna manera en el homicidio del señor

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VALENCIA VALENCIA, pues si bien es cierto, se incorporó al proceso variada prueba
documental, entre las que se hallan las sentencias emanadas de la Justicia Penal Especializada
y del Tribunal Superior de Antioquia, éstas giran en torno a investigaciones llevadas a cabo en
contra de los agentes de la Policía VICENTE MARIO ESCUDERO CANO, JESÚS MARÍA
CLAVIJO y WILLIAM DE JESÚS MORA LÓPEZ por el delito de concierto para delinquir, en ellas
no se realiza mención alguna sobre el homicidio del señor HERNANDO DE JESÚS VALENCIA
VALENCIA.

Resulta ilustrativo también tener en cuenta que, en el testimonio rendido por el señor RICARDO
LÓPEZ LORA, en que vincula como colaborador de la autodefensas al sargento WILLIAM DE
JESÚS MORA LÓPEZ, que éste no es claro en indicar a cuál comando de policía pertenecía
dicho miembro de la institución, en efecto, refiere que es el Comandante de la Policía del
municipio de Cocorná (Ant.), no obstante los hechos por los que acá se demanda, se generaron
en el municipio de Guarne, jurisdicción en el cual el Sargento mencionado no tendría injerencia
alguna.

Aunado a lo anterior, le asiste razón a la parte demandada cuando manifiesta, que el A Quo
valoró las afirmaciones generales de un único testigo, el señor RICARDO LÓPEZ LORA, quien
en la audiencia de pruebas realizada el 14 de noviembre de 2018 ante el Juzgado Veintinueve
Administrativo Oral del Circuito de Medellín dijo no conocer la víctima señor HERNANDO DE
JESÚS VALENCIA VALENCIA, que nunca tuvo contacto con la misma, e hizo alusión a unos
listados confeccionados por el sujeto Vicente Castaño entre los cuales se encontraba el nombre
del señor VALENCIA, listados que no fueron aportados al proceso, además, la referencia que
realiza frente al miembro de la Policía Nacional respecto a este asunto, es genérica y vaga, en
cuanto si bien menciona al Sargento WILLIAM DE JESÚS MORA LÓPEZ como colaborador de la
Autodefensas Unidas de Colombia en la zona del Oriente Antioqueño, indicó que su labor
consistía en retirar de dicha zona el patrullaje de los agentes de la institución, pero nada puntual
manifestó frente a este caso específico”..

De lo antes expuesto, se observa que la autoridad judicial accionada, con
sustento en las pruebas allegadas al proceso de reparación directa evidenció que,
a pesar de que el ex comandante de las autodefensas reconoció su
responsabilidad en la muerte del familiar de las accionantes y que menciona al
sargento Mora López, lo cierto es que de esta junto con las demás pruebas
resultaban insuficientes para concluir que, en efecto, se presentó una
participación directa o indirecta de agentes estatales y, en consecuencia, no se le
puede endilgar la responsabilidad del Estado.

5.2.3. En torno con el desconocimiento del precedente judicial, es necesario
precisar que la Corte Constitucional ha dicho que su aplicación implica que34 «un
caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el (los) caso (s)
del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo
son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si
la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la
pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada
o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto
de hecho para su aplicación»

El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas35:
1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer las
razones por las que estima que se desconoció15.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado de aplicar.
Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre el
precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del precedente

34
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
35
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos
sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez expone las razones para
apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la decisión
(ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez hace de las
normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto36.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho a la
igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la confianza legítima.

Por otra parte, la violación directa de la Constitución se configura cuando el juez
en la decisión desconoce la Carta Política. Ello puede ocurrir, primero, porque no
se aplica una norma fundamental al caso en estudio, lo cual se presenta porque:
(a) al resolver el asunto se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional; (b) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron
derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación
conforme a la Constitución.

En segundo lugar, porque se aplica la ley al margen de los preceptos consagrados
en la Constitución. En este evento, se ha señalado que los jueces, en sus fallos,
deben tener en cuenta la excepción de inconstitucionalidad contenida en el
artículo 4º Superior, en tanto la Carta es norma de normas, y cuando existe
incompatibilidad con las disposiciones legales, debe aplicarse de preferencia las
constitucionales 37.

5.2.4. Descendiendo al asunto bajo examen, las demandantes consideran que la
autoridad judicial accionada incurrió en defecto por desconocimiento del
precedente judicial, por no tener en cuenta la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2014 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, así como la del 18
de mayo de 2017 de la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado y
la SU-035 de 2018 de la Corte Constitucional, en las que se precisa la importancia
de aplicar la flexibilización de los estándares probatorios en casos de graves
violaciones a los derechos humanos, criterios que, a su juicio, el mismo tribunal
había aplicado en casos anteriores.

Ahora bien, las demandantes consideran que estas decisiones desarrollaron unas
reglas relacionadas con la flexibilización de los estándares probatorios en casos
de graves violaciones a los derechos humanos, las cuales no fueron aplicadas por
el tribunal accionado porque no se evidenció la participación directa o indirecta de
agentes del Estado en la muerte del señor Hernando de Jesús Valencia Valencia.

Al respecto, se recuerda que las reglas referentes a la flexibilidad probatoria 38,
están encaminadas a que el juez de la causa resuelva el caso sometido a su
examen bajo una perspectiva de derechos humanos, que lo habilita para aplicar
con menor rigor los presupuestos procesales que, en materia probatoria, el
ordenamiento jurídico consagra en defensa del derecho fundamental al debido
proceso, con el fin de superar las dificultades probatorias que se presentan en
36
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se
demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de
juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se
refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el
caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
37
Sentencia SU-069 de 2018, M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
38
En reciente sentencia SU-287 de 2024, M.P.: Diana Fajardo Rivera, la Corte Constitucional señaló, en un caso de
ejecución sumaria en el que se negaron las pretensiones del medio de control de reparación directa, que se incurrió en
desconocimiento del precedente judicial relacionado con “la flexibilización probatoria frente a graves violaciones a los
derechos humanos que ha desarrollado la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, a la cual se ha
integrado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y al hacerlo, no cumplió con las cargas de
transparencia y argumentación, sino que omitió pronunciarse sobre estas líneas jurisprudenciales”. En esa decisión, la Sala
Plena de la Corte Constitucional confirmó el amparo concedido, en primera instancia por esta Sala, el cual había sido
revocado.

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estos casos y que enfrentan principalmente las víctimas en materia de acceso a la
prueba o en la demostración propia de los hechos que rodearon la producción del
daño por las condiciones en que se presenta tales como zonas alejadas, los
únicos testigos son los agentes del Estado que participaron en el ataque, las
posiciones asimétricas de poder entre la población civil y los integrantes de la
fuerza pública, entre otras. De esta manera, los jueces pueden asegurar una
decisión que se edifica en la constatación real de los hechos del proceso que le
permiten definir si el daño es o no atribuible al Estado.

En otros términos, la aplicación del principio de flexibilización probatoria no
conlleva per se acceder a la declaratoria de responsabilidad del Estado, sino que
supone hacer una valoración probatoria alejado del rigor procesal de cualquier otro
proceso, lo que se justifica en que el debate está relacionado con una presunta
comisión de un delito de lesa humanidad.

En efecto, se observa que en la demanda de reparación directa la parte actora
relató unos hechos y señaló unas pruebas, con el fin de que se declarara la
responsabilidad del Estado por la muerte del señor Hernando de Jesús Valencia
Valencia, como consecuencia del actuar de integrantes de las autodefensas en
connivencia con agentes de la Policía Nacional, lo que al ser un homicidio en
persona protegido es considero como delito de lesa humanidad.

La Sala encuentra que la sentencia objetada se realizó el análisis probatorio, sin
hacer mención alguna a las reglas de flexibilización probatoria y cómo estas se
aplicaban al caso concreto de los accionantes. De hecho, se evidencia que las
conclusiones a las que llegó la autoridad judicial surgen de una valoración de
pruebas directas, entre las que se destacan las declaraciones rendidas del ex
comandante de las autodefensas en versión libre rendida ante la Fiscalía 43
Delegada de la Unidad de Justicia y Paz de Medellín, en calidad de postulado
dentro del proceso de Justicia y Paz de la Ley 975 de 2005 y como testigo en el
curso del proceso de reparación directa, así como las copias de las sentencias de
primera y segunda instancia proferidas dentro del proceso de radicado No. 05000-
31-07-001-2001-00060, que se adelantó contra de los señores Carlos Mario
Escudero Cano, Jesús María Clavijo y William Mora López por el delito de
concierto para delinquir, para concluir que “era deber de la parte actora probar los
supuestos de hecho en los que fundamenta su demanda, conforme con la carga
de la prueba establecida en el artículo 167 del Código General del Proceso, por lo
que correspondía a la misma probar la omisión en el ejercicio de sus
funciones, pero dicha situación no ocurrió”.

Aunado a lo anterior, se evidencia que el estudio que desarrolló la autoridad
judicial accionada concluyó que lo afirmado por el ex comandante de las
autodefensas, en el sentido de indicar que el sargento Mora López participó en la
muerte del familiar de las demandantes no resultaba suficiente para imputar la
responsabilidad al Estado, además que de la apreciación en conjunto de los
medios probatorios no le generaron el convencimiento de la participación de los
agentes del Estado.

Sin embargo, lo que se evidencia es que la autoridad judicial accionada no
mencionó el criterio de flexibilización probatoria, conforme lo ha señalado el
precedente judicial de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional que han identificado patrones típicos en esa clase de sucesos, a
pesar de que la parte actora puso de presente hechos indicadores de un homicidio
en persona protegida. Adicionalmente, se constató que en la sentencia objetada
no se expusieron razones para apartarse del precedente judicial, es decir, no se
cumplieron las cargas de transparencia y suficiencia.

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En ese marco, con apoyo de las reglas de la experiencia que materializan la sana
crítica y dentro de un contexto histórico inexorable, es que la autoridad judicial
accionada debió determinar si había o no lugar a declarar la responsabilidad del
Estado por falla en el servicio atribuida a los miembros de la fuerza pública que
produjo la muerte de una persona protegida.

En ese orden de ideas, para la Sala39, es clara la existencia de un precedente
judicial vigente y aplicable al caso concreto, como se indicó en las consideraciones
jurídicas de esta decisión, desarrollado por la Corte Constitucional y la Sección
Tercera del Consejo de Estado, relativo a la flexibilización de los estándares
probatorios en casos de ejecuciones extrajudiciales que obliga al juez disminuir el
rigor procesal en el cumplimiento de las cargas probatorias de las víctimas y, para
ello, es necesario que identifique algunos escenarios que ya se han precisado
como hechos indicadores o demostrativos de que se está frente a un caso de
ejecución sumaria, y bajo las reglas de la sana crítica determine si existió o no
responsabilidad del Estado por el daño derivado de la muerte de un civil en estos
hechos.

Por consiguiente, la Sala considera que las circunstancias señaladas por la parte
actora en la demanda de reparación directa relacionadas con un homicidio en
persona protegida que fue llevado a cabo por integrantes de las autodefensas y
con la participación de integrantes de la estación de policía de Cocorná, pudieron
ser objeto de pronunciamiento por parte de la autoridad judicial accionada, a partir
del criterio de flexibilización probatoria que se ha desarrollado en el marco de
ejecuciones extrajudiciales. Por consiguiente, será el tribunal accionado, quien a
partir de esos criterios de flexibilización y en ejercicio de su autonomía e
independencia judicial, determine si dichos alegatos pueden llegar a configurar
una ejecución extrajudicial.

Así las cosas, se encuentra configurado el defecto por desconocimiento del
precedente judicial, por lo que se relevará de abordar lo relativo al defecto fáctico,
porque será el juez natural y especializado quien realice la valoración probatoria, a
lo que se debe agregar que el alcance de la protección constitucional otorgada se
limita a que se realice un nuevo análisis probatorio en los términos expuestos y se
profiera la decisión que bajo las reglas de la sana crítica y la autonomía judicial
disponga la autoridad judicial demandada.

En ese orden de ideas, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, dejará sin efectos la sentencia
del 29 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima de Oralidad y ordenará que en el término de veinte (20) días contados a
partir de la notificación de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo, en
la que tenga en cuenta el precedente judicial sobre flexibilización probatoria para
casos relativos a graves violaciones a los derechos humanos, conforme a las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
39
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 25 de julio de 2024, radicado No. 11001-03-15-000-2023-06905-01,
C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto, sentencia de 15 de febrero de 2024, radicado No.: 11001-03-15-000-2023-06333-00,
C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto, sentencia de 31 de agosto de 2023, radicado No.: 11001-03-15-000-2023-01037-01,
C.P.: Myriam Stella Gutiérrez Argüello y sentencia de 13 de julio de 2023, radicado No.: 11001-03-15-000-2023-02742-00.
C.P.: Wilson Ramos Girón.

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Actor: Marta Elena Ruiz de Valencia y otra

FALLA

Primero.- AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia de la señora Marta Elena Ruiz de Valencia, quien a
su vez actúa en representación de su hija Sandra Cristina Valencia Ruiz, quienes
actúan por intermedio de apoderado judicial. En consecuencia,

Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 29 de julio de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, en el marco
del medio de control de reparación directa adelantado por la señora Marta Elena
Ruiz de Valencia, quien a su vez actúa en representación de su hija Sandra
Cristina Valencia Ruiz, contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional (exp. No. 05001-33-33-029-2014-00036-02).

Tercero.- ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Oralidad, que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera una decisión de reemplazo en el proceso de reparación
directa radicado con el No. 05001-33-33-029-2014-00036-02, de conformidad con
las consideraciones expuestas.

Cuarto.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente SALVA VOTO

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

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