Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02891-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02891-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02891-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02891-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
24 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-02891-00
Demandante MARÍA ODILA BONILLA GÓMEZ Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA PRIMERA DE
DECISIÓN
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico.
Desconocimiento del precedente judicial. Flexibilización probatoria
para casos de graves violaciones a los derechos humanos y al
Derecho Internacional Humanitario. Medio de control de reparación
directa. Homicidio en persona protegida.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por María Odila Bonilla Gómez y otros, de
conformidad con lo dispuesto por el Decreto 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 14 de mayo de 20251, María Odila Bonilla Gómez y otros, actuando por conducto
de apoderada judicial, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia (Sala Primera de Decisión) por estimar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
a la dignidad humana, a la igualdad y los principios de prevalencia del derecho
sustancial y de equidad, con ocasión de la sentencia del 2 de diciembre de 2024
proferida en el medio de control de reparación directa 05001-33-33-026-2015-01347-
01.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones2:
«PRIMERA: tutelar los derechos fundamentales a AL DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EN ARMONIA CON EL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL
DERECHO SUSTANCIAL, A LA VERDAD, A LA IGUALDAD JURÍDICA, A LA DIGNIDAD HUMANA y
EL PRINCIPIO DE EQUIDAD, los cuales están siendo vulnerados por la entidad judicial accionada.
SEGUNDA: como consecuencia del pronunciamiento anterior, solicito se ordene REVOCAR Y/O DEJAR
SIN EFECTOS la providencia judicial proferida el dos (2) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por
la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
TERCERA: Como consecuencia de la declaración anterior, se ordene al Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Primera de Decisión, que dentro de un término razonable proceda a emitir una nueva
sentencia, accediendo a todas y cada una de las pretensiones solicitadas en la demanda y a lo que
oficiosamente haya lugar, de conformidad con los parámetros que trace el Honorable Consejo de Estado.
CUARTA: Que en la nueva sentencia que se profiera, se ordene a la parte accionada que en lo sucesivo
se abstenga de vulnerar la DIGNIDAD HUMANA de los demandantes, toda vez que se les condenó al
pago de costas, lo cual conlleva a una revictimización, teniendo presente que son personas víctimas del
conflicto armado interno, y mayor aun tratándose de personas desplazadas a raíz del mismo conflicto
armado interno y que por tanto deben merecer una especial consideración y protección del Estado.»
1
Sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: SAMAI (índice 1).
2
Página 38 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02891-00
Demandante: María Odila Bonilla Gómez y otros
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. María Odila Bonilla Gómez y otros promovieron medio de control de reparación
directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
pretendiendo que se declare su responsabilidad administrativa con ocasión del
asesinato de los señores Carlos Enrique Castaño, Ramón Antonio Posada
Castaño, Jesús Antonio Guzmán Posada, Marco Antonio Gómez Hoyos y Álvaro
de Jesús Pulgarín Suárez, en hechos ocurridos el 28 de noviembre de 1996 en
los municipios de Santuario y Cocorná (Antioquia).
En los antecedentes del caso se lee que, personas identificadas como
miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá irrumpieron
en la residencia de las víctimas y los obligaron a subir a los vehículos en los
que se transportaba el grupo ilegal. Al día siguiente, los cuerpos sin vida de
las víctimas fueron encontrados con claros signos de tortura en el sitio
conocido como La Mayoría, en el municipio de Santuario.
En diligencia de versión libre del 29 de octubre de 2013, el señor Ricardo López
Lora, alias «la marrana», exmiembro de las Autodefensas Unidad de Córdoba
y Urabá (ACCU), confesó que era el responsable de la masacre descrita. En
su declaración, informó que el hecho delictivo se desarrolló con la colaboración
del entonces sargento William Mora, quien coordinó los comandos de policía
del oriente antioqueño.
2.2. El proceso fue identificado con la radicación nro. 05001-33-33-026-2015-01347-
01 y su conocimiento correspondió, en primera instancia al Juzgado 26
Administrativo del Circuito de Medellín.
Esta autoridad judicial profirió sentencia el 8 de marzo de 2021 en la que
declaró la responsabilidad administrativa de la entidad demandada y la
condenó al pago de perjuicios morales y materiales a favor de las víctimas
indirectas que demandaron. Además, ordenó al comandante de la Policía de
Antioquia que realizara un acto de reconocimiento público de responsabilidad
en el que ofrecieran disculpas a la familia de las víctimas, por los hechos
ocurridos el 28 de noviembre de 1996.
Como fundamento de esta determinación, el juez indicó que el daño
antijurídico se probó con los registros civiles de defunción que se aportaron al
proceso y que la imputación se acreditó con la versión libre del señor Ricardo
López, ratificada en audiencia en el proceso contencioso, en el que indicó que
era el responsable de los homicidios y que para cometer el ilícito recibió
colaboración de un agente de la Policía que se encargaba de coordinar
diferentes comandos de los municipios del Oriente Antioqueño para que las
patrullas se alejaran de los lugares donde cometerían los ilícitos.
En ese orden, el juez estimó que la participación del agente del Estado fue
determinante para la comisión de la masacre, pues el agente de la Policía puso
a disposición de la criminalidad los recursos públicos para poder llevar a cabo
el ilícito.
Se extracta un aparte relevante de la sentencia:
«Así las cosas, acudiendo a los criterios de responsabilidad del Estado en aquellos eventos
en los cuales el daño es causado por un tercero, este juzgado evidencia la colaboración de la
Policía Nacional, por medio del sargento William Mora López, quien conoció el riesgo de las
víctimas, pero además de no cumplir con el deber constitucional de evitarlo, facilitó el
perfeccionamiento del daño. Es cierto que la sentencia judicial penal que obra en el proceso
no indica que el sargento William Mora López haya sido judicializado por estar implicado en la
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02891-00
Demandante: María Odila Bonilla Gómez y otros
masacre del 29 de septiembre de 1996, pero sí es un hecho conexo que se encuentre que la
condena sea por concierto para delinquir por fomentar grupos de justicia privados en el
departamento de Antioquia, entre los años de 1996 a 1997, y que se le relacione de forma
directa con el señor Ricardo López Lora. Teniendo en cuenta lo anterior, está acreditado que
existe una falla en el servicio de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional,
por complicidad de uno de sus miembros activos, en los hechos del 29 de septiembre de
1996».
2.3. La entidad demandada apeló la sentencia de primera instancia. Argumentó
que en el expediente no obraban pruebas que permitieran establecer que en
la muerte de los señores Carlos Enrique Castaño, Ramón Antonio Posada
Castaño, Jesús Antonio Guzmán Posada, Marco Antonio Gómez Hoyos y Álvaro
de Jesús Pulgarín Suárez hubieren participado agentes de la Policía Nacional.
Así como tampoco se acreditó que las víctimas solicitaran protección a la
autoridad o que estuvieran amenazados.
2.4. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia mediante
sentencia del 2 de diciembre de 2024 revocó la decisión de primera instancia
y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
La autoridad judicial consideró que no se acreditó la participación de los
agentes de la Policía Nacional en la muerte de los Carlos Enrique Castaño,
Ramón Antonio Posada Castaño, Jesús Antonio Guzmán Posada, Marco
Antonio Gómez Hoyos y Álvaro de Jesús Pulgarín Suárez.
Advirtió que la versión libre del señor Ricardo López Lora no se puede tener
como plena prueba de la participación de agentes del Estado en los hechos,
sino que se debe cotejar con las pruebas del proceso que respalden esa tesis
fáctica. En esa línea, indicó que el dicho del señor López Lora quedó
desprovisto de credibilidad porque contiene afirmaciones generales de las que
no deriva razonablemente la ayuda de agentes de la policía en la masacre.
Como fundamento de lo anterior, expuso el siguiente razonamiento:
«El escaso material probatorio que obra en el plenario no es suficiente para construir, siquiera
de manera indiciaria, un juicio de imputación que permita atribuir el daño a la entidad
demandada.
Ahora bien, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado en
reiteradas oportunidades que, en casos como el que se discute, es procedente acudir a la
prueba indiciaria para demostrar la imputación, cuando los indicios sean lo suficientemente
fuertes para acreditar tal elemento.
Empero, en el presente caso no puede inferirse a partir del contexto, que los grupos
paramilitares que operaban en la región del oriente antioqueño para la fecha en que ocurrieron
los hechos, contaron con la colaboración de la Policía Nacional para dar muerte a los señores
Carlos Enrique Castaño, Ramón Antonio Posada Castaño, Jesús Antonio Guzmán Posada,
Marco Antonio Gómez Hoyos y Álvaro de Jesús Pulgarín Suárez.» (Subraya la Sala)
La providencia se notificó a las partes a través de correo electrónico remitido
a su buzón de notificaciones, el 3 de diciembre de 20243.
2.5. La sentencia registró el salvamento de voto del magistrado John Jairo Álzate
López, quien consideró que en el expediente obraban pruebas que permitían
sostener que agentes de la Policía Nacional jugaron un papel decisivo en la
materialización del hecho dañoso alegado en la demanda.
Resaltó que se probó que un miembro de las AUC que se responsabilizó de
los hechos informó que coordinaba las acciones delictivas con el sargento
Mora López, cuya función era la de impedir que los delincuentes fueran
3
Samai para Tribunales Administrativos, proceso nro. 05001 33 33 026 2015 01347 01, índice 13.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02891-00
Demandante: María Odila Bonilla Gómez y otros
interceptados en los retenes de la policía y tenía conocimiento de cuándo
ocurriría la masacre.
3. Fundamentos de la acción
Los accionantes argumentan que el caso expuesto reviste relevancia constitucional,
porque los hechos en que se fundamenta guardan relación con ejecuciones
extrajudiciales cometidas en el contexto del conflicto armado interno por grupos
ilegales con colaboración y participación de agentes del Estado.
De acuerdo con lo anterior, estiman necesario que a través de la tutela se garantice
su derecho a conocer la verdad, dada su calidad de víctimas indirectas, tal y como
lo ha reconocido la Corte Constitucional en la sentencia C-753 de 2013 y el Consejo
de Estado en la sentencia del 6 de junio de 2017, fallo de tutela en la radicación
11001-03-15-000-2017- 01152-00.
Asimismo, advierten que el caso compromete hechos de tortura y desplazamiento
forzado expresamente prohibidos por la Constitución Política y el bloque de
constitucionalidad y que han sido reconocidos por la comunidad internacional como
graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
De otra parte, indicaron que la acción de tutela se interpuso dentro de un plazo
razonable, considerando que la sentencia de segunda instancia se notificó el 3 de
diciembre de 2024; que contra la providencia acusada no proceden recursos
ordinarios con aptitud de salvaguardar los derechos invocados; no se trata de una
tutela contra un fallo de tutela y se hizo una relación clara de los hechos y
pretensiones de la acción de amparo.
Los tutelantes estiman que la acción de tutela supera los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En cuanto al fondo del asunto, los accionantes consideran que la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, al proferir la sentencia del 2 de
diciembre de 2024, incurrió en desconocimiento del precedente judicial, en defecto
fáctico, en defecto sustantivo, en violación directa a la Constitución y en defecto
procedimental absoluto. Se aclara que el defecto sustantivo y el de desconocimiento
del precedente judicial se fundamentaron en similares argumentos por los que se
les desarrollará en un acápite conjunto.
3.1. Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional y
contencioso. Los accionantes estiman que en la sentencia objetada, la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia omitió aplicar el
precedente judicial sobre la valoración de los eventos de responsabilidad
extracontractual del Estado a casos relacionados con la grave violación de los
Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario por parte de
agentes de la Fuerza Pública.
Recordaron que la Corte Constitucional, en las sentencias SU-035 de 2018 y
T-018 de 2021, y el Consejo de Estado (sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2014) definieron que en estos procesos los jueces deben identificar y
reconocer las dificultades que enfrentan las víctimas para aportar pruebas
directas y optar privilegiar la valoración de indicios, inferencias lógicas y del
contexto, en procura de garantizar el derecho de las víctimas a que se
reconstruya la verdad histórica y se asegure la justicia material.
El principal argumento expuesto en la tutela indica que el tribunal omitió aplicar
los anteriores estándares jurídicos y probatorios al caso concreto, el cual
involucraba la alegada participación de un agente de la Policía Nacional en
una masacre desarrollada en el Oriente Antioqueño, en el contexto de la
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02891-00
Demandante: María Odila Bonilla Gómez y otros
denominada «limpieza social». Afirmaron que a pesar de que existía
abundantes pruebas tanto documentales como testimoniales4, el tribunal optó
por un análisis formalista y restrictivo.
En el escrito de tutela se acusa que la autoridad judicial no solo dejó de valorar
adecuadamente las pruebas del proceso, sino que les restó valor aduciendo
que no demostraban de manera directa la participación de la Policía Nacional
en los homicidios específicos del caso. Estiman que tal consideración implica
imponer a los demandantes una carga probatoria excesiva y contraria al deber
de flexibilización probatoria exigido por la jurisprudencia constitucional y
contenciosa. A ese respecto, destacó que el tribunal ignoró los indicios que
evidenciaban la responsabilidad del Estado, omitió la prueba de contexto y la
evidencia de coordinación entre la Policía Nacional y los grupos ilegales para
llevar a cabo la masacre.
En línea con lo anterior, advirtió que el Tribunal Administrativo de Antioquia
incluso desconoció su propio precedente, dado que en otros casos con hechos
y pruebas muy similares si ha aplicado el criterio de flexibilidad probatoria y ha
declarado la responsabilidad del Estado. En estas decisiones previas la
accionada reconoció que, en escenarios marcados por la violencia y la
connivencia estatal, requerían de una valoración integral de las versiones de
los miembros de los grupos ilegales y los antecedentes penales existentes
para reconstruir la verdad histórica.
3.2. Defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio. Estima la
parte actora que la sentencia acusada contiene una valoración incompleta,
fragmentada y selectiva de las pruebas del expediente.
Alegaron que el tribunal se limitó a descartar la existencia de colaboración de
la Policía en los homicidios basándose en la ausencia de una mención expresa
al respecto en la sentencia penal condenatoria. En su criterio, esta exigencia
implicaba desconocer la naturaleza misma de la violencia sistemática y la
forma en que operaban los grupos ilegales con apoyo de los miembros de la
fuerza pública en el Oriente Antioqueño.
Destacaron que el tribunal accionado omitió valorar de forma integral
numerosas pruebas directas e indirectas que obraban en el expediente y que
vinculaban al sargento Mora López con actividades de coordinación con los
paramilitares para facilitar la comisión de ejecuciones extrajudiciales.
Mencionaron las sentencias penales en firme en las que se acreditó la
pertenencia del mencionado sargento a la Policía Nacional para la época de
los hechos y su condena por concierto para delinquir, así como las versiones
libres y declaraciones juramentadas del ex paramilitar López Lora, quien
ofreció descripciones detalladas y consistentes sobre la colaboración que
brindó el sargento para el desarrollo de la masacre y las contraprestaciones
que recibía a cambio.
También se advirtió la omisión de valoración adecuada de otros testimonios
que confirmaban la existencia de un contexto de connivencia entre la fuerza
pública y grupos paramilitares en la región.
Tampoco se consideró la prueba documental relativa a los antecedentes del
proceso penal donde se consignó la relación entre el sargento Mora López y
los paramilitares.
4
Entre ellas: las sentencias penales condenatorias que dan cuenta de la pertenencia del sargento Mora a la Policía
Nacional para la época en que se perpetró la masacre; las declaraciones del postulado Ricardo López Lora que afirmaron
la participación del agente de la policía con grupos paramilitares, y otros testimonios que aportaban elementos
contextuales de marcada relevancia para definir el elemento de imputación.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02891-00
Demandante: María Odila Bonilla Gómez y otros
Resaltaron que el fallo se limitó a mencionar de manera superficial algunas de
estas pruebas y que se descartó su valor probatorio sin estar prevalido de un
análisis serio ni razonado, desconociendo las inferencias lógicas que se
desprendían del conjunto probatorio.
Finalmente, llamaron la atención en que la sentencia acusada se apartó
injustificadamente de los estándares de valoración probatoria exigidos en
casos de graves violaciones a los derechos humanos, afectando así la
garantía de derecho material y perpetuando la impunidad.
3.3. Violación directa de la Constitución. Los accionantes consideran que la
decisión impugnada desconoció los derechos fundamentales de las víctimas a
la verdad, justicia y reparación, así como los principios del bloque de
constitucionalidad que exigen investigar, juzgar y sancionar graves violaciones
a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
A juicio de los demandantes, la sentencia además perpetuó la impunidad al
imponer cargas probatorias excesivas a las víctimas y desconocer las
desigualdades estructurales derivadas del conflicto armado.
3.4. Defecto procedimental. Señalaron que el Tribunal accionado incurrió en
irregularidades procesales al omitir pronunciarse en debida forma sobre los
principales argumentos planteados por las partes, en especial, aquellos que
advertían la naturaleza de lesa humanidad de los delitos y la necesidad de
flexibilizar la carga probatoria.
En su consideración, la sentencia careció de motivación suficiente y omitió
resolver en integridad las pretensiones y alegaciones formuladas, afectando el
derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de las
víctimas.
4. Trámite impartido
4.1. El 20 de mayo de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela
interpuesta, por conducto de apoderado judicial, por María Odila Bonilla y otras
78 personas más, individualizadas en el numeral primero del auto, contra la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Además, vinculó, en calidad de terceros con interés, a la Nación, Ministerio
de Defensa, Policía Nacional (autoridades que actuaron como demandadas en el
medio de control de reparación directa); a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado y al Ministerio Público (autoridades que actuaron como terceros con
interés en el medio de control); a las señoras María Dolores Gómez Hoyos y
Carmen Tulia Gómez Hoyos (que actuaron como demandantes); al Juzgado
Veintiséis Administrativo del Circuito de Medellín (autoridad que dictó sentencia de
primera instancia dentro de dicho proceso); y a los demás demandantes,
demandados y terceros con interés que hayan participado dentro del proceso
de reparación directa nro. 05001-33-33-026-2015-01347-00/01.
En el proveído también se ordenó además:
(i) Oficiar al Juzgado 26 Administrativo del Circuito para que notificara a los sujetos
procesales del proceso ordinario sub examine la existencia de esta acción de
tutela, especialmente, a las señoras María Dolores Gómez Hoyos y Carmen
Tulia Gómez Hoyos. También se le requirió la remisión del expediente con
radicación nro. 05001-33-33-026-2015-01347-00/01.
(ii) Oficiar a la parte accionante para que remita las direcciones de notificación de
cada una de las personas que actuaron en calidad de demandantes,
demandados y terceros en el proceso de reparación directa analizado. Además,
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02891-00
Demandante: María Odila Bonilla Gómez y otros
que aporte los documentos de identificación de la señora Ester Lucía Gómez
Aristizábal.
(iii) Fijar aviso en la Secretaría General y publicarlo en la página web del Consejo
de Estado, en el que indique a los demandantes del proceso de reparación
directa individualizados en el numeral tercero de esta providencia y a los demás
sujetos procesales que hayan participado dentro del proceso de reparación
directa analizado, la exigencia de esta acción de tutela.
4.2. En memorial del 26 de mayo de 2025, la parte accionante cumplió con lo
requerido en el auto admisorio de la acción de tutela y relacionó las direcciones
de notificación de las personas que actuaron como demandantes en el proceso
de reparación directa.
De otra parte, precisó que por error se refirió en el escrito de tutela a una de
las accionantes como Ester Lucía cuando en realidad su nombre es Ester
Lucila Gómez Aristizábal. Como soporte de su afirmación relacionó la cédula
de ciudadanía y registro civil de nacimiento de esta accionante.
Finalmente, informaron que las señoras María Dolores Gómez Hoyos y
Carmen Tulia Gómez Hoyos fallecieron el 15 de diciembre de 2022 y el 3 de
noviembre de 2024, respectivamente, y no dejaron hijos ni cuentan con
hermanos vivos. Dijeron que sus únicos herederos cercanos son sus sobrinos,
pero que son bastante numerosos.
4.3. El 3 de junio de 2025, la Secretaría General del Consejo de Estado publicó
aviso en el que informó los sujetos procesales en el medio de control de
reparación directa nro. 05001-33-33-026-2015-01347-00/01, de la existencia
de esta acción constitucional y del contenido del auto admisorio del 20 de mayo
del 2025.
5. Intervenciones
5.1. El procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto
frente a esta acción de tutela. En su consideración, el Tribunal accionado
desconoció los estándares mínimos de flexibilidad probatoria y reconoció el
contenido de la sentencia SU-035 de 2018 que establece el deber de los
jueces de garantizar la justicia material.
Advirtió que en el expediente obraban medios de prueba que no fueron
debidamente valorados por el Tribunal Administrativo de Antioquia y que
permitían estructurar la prueba indiciaria para erigir la responsabilidad
extracontractual del Estado por el hecho dañoso alegado. Indicó que además
de aquellos, existían otros medios de prueba que no se analizaron como las
versiones libres y declaraciones de testigos, entre ellos exjefes paramilitares
que relataron vínculos entre miembros de la Policía Nacional y grupos
armados ilegales. Además, destacó la omisión de las sentencias penales
condenatorias que acreditaban la participación de agentes del Estado en
delitos como concierto para delinquir por promover y apoyar grupos de justicia
privada en la región.
Asimismo, el concepto pretende evidenciar el desconocimiento del precedente
judicial vertical y horizontal, dado que la accionada se apartó de varias
sentencias emitidas por esa misma corporación en casos previos que
reconocieron patrones de violencia sistemática cometida o facilitada por
miembros de la fuerza pública en el mismo territorio y en periodos de tiempo
similares. De igual manera, expuso el desconocimiento de las sentencias de
unificación SU-567 de 2015 y T-926 de 2014, en las que se ha desarrollado la
tesis de flexibilización probatoria en contextos de violaciones masivas y
sistemáticas de los derechos humanos.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02891-00
Demandante: María Odila Bonilla Gómez y otros
De otro lado, el procurador argumentó que la sentencia acusada incurrió en
defecto sustantivo porque soslayó las obligaciones derivadas del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, en especial, de los siguientes
instrumentos en los que se exige al Estado investigar y sancionar las graves
violaciones a los derechos humanos: la Declaración Universal de los DDHH,
la Convención Americana de los Derechos Humanos, los Convenios de
Ginebra.
5.2. El Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Medellín, por medio
del titular del despacho, rindió informe sobre las principales actuaciones del
proceso ordinario de reparación directa analizado y sobre el trámite de fijación
de agencias en derecho derivado de la sentencia de segunda instancia.
Precisó que, aunque el criterio del a quo, es diferente al de la autoridad judicial
accionada en relación con la responsabilidad del Estado por los hechos
estudiados, estaría presto a cumplir con lo dispuesto por el juez de tutela.
5.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia, por conducto de la ponente de la
decisión, enfatizó en que el acervo probatorio recolectado en el proceso
ordinario objeto de análisis no permitía construir ni siquiera de manera sumaria
un juicio de imputación que permitiera atribuir el daño a la entidad accionada
ni se acreditó colaboración alguna de la Policía Nacional frente a la comisión
de los homicidios reseñados en la demanda.
De otro lado, destacó que tampoco se acreditaron los requisitos de relevancia
constitucional ni de subsidiaridad, pero no argumentó estas consideraciones.
5.4. Ni el Ministerio de Defensa ni la Policía Nacional rindieron informe frente a
esta acción de tutela, aunque fueron notificados sobre su existencia 5.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7
5
La Policía Nacional fue notificada en el siguiente buzón electrónico: segen.consejo@policia.gov.co. Este coincide con el
dispuesto como canal de notificaciones judiciales en la página web de esa entidad. Cfr.
https://www.policia.gov.co/normatividad-juridica/notificaciones-electronicas
El Ministerio de Defensa fue notificado en los siguientes buzones electrónicos: notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co
y contactenos@mindefensa.gov.co .Estas direcciones electrónicas coinciden con las publicadas en la página oficial de la
entidad para notificaciones judiciales y radicación de PQR. Cfr. https://www.mindefensa.gov.co/servicio-al-
ciudadano/notificaciones/noticias-judiciales
6
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
7
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02891-00
Demandante: María Odila Bonilla Gómez y otros
y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional9 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por ello, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
3.1. La parte accionante considera que la sentencia acusada omitió la aplicación
de las reglas de decisión desarrolladas por la jurisprudencia constitucional y
contenciosa administrativa sobre los criterios de flexibilización de los
estándares probatorios para los eventos relacionados con graves violaciones
de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH);
evidenció que, en lugar de ello la autoridad optó por exigir un estándar riguroso
y estricto en relación con la efectiva participación de agentes del Estado en los
hechos.
También sostiene que la autoridad judicial accionada incurrió en errores en el
juicio de valoración probatoria, debido a que omitió el análisis de pruebas
determinantes del proceso que apoyaban la tesis de responsabilidad
extracontractual del Estado y valoró otras pruebas indebidamente al
desconocer injustificadamente su peso de convicción frente a la tesis fáctica
defendida por la actora.
3.2. Conviene precisar que, el caso refiere a una masacre en la que, según se
indica, miembros de las AUC retuvieron ilegalmente a varios hombres que
luego aparecieron muertos y con signos de tortura, hechos respecto de los
cuales los accionantes alegan la participación, como colaboradores, de
agentes del Estado. A pesar de que el escenario fáctico no corresponda con
un evento de los denominados «falsos positivos»10, si se trata de un caso de
graves violaciones a los derechos humanos en el que se alega la participación
de agentes del Estado (ejecución extrajudicial11), por lo que, en principio, es
aplicable el desarrollo jurisprudencial sobre los criterios de flexibilización de los
estándares probatorios.
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
8
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
9
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
10
La Corte Constitucional ha señalado que las ejecuciones extrajudiciales de civiles por agentes de la fuerza pública hacen
parte de la dinámica del conflicto armado en Colombia, cuya frecuencia aumentó desde el año 2004. Estos eventos se
identifican porque los civiles son presentados como guerrilleros o delincuentes reportados como dados de baja en
enfrentamientos armados, con fundamento en escenas del crimen alteradas y manipuladas para soportar tal hipótesis.
11
La Sección Tercera del Consejo de Estado, definió la conducta de la ejecución extrajudicial en los siguientes términos:
«En el anterior orden de ideas, y partiendo de los textos jurídicos citados en precedencia, la Sala considera que se puede
hacer una definición de la conducta antijurídica de “ejecución extrajudicial” de la siguiente forma: se trata de la acción
consiente y voluntaria desplegada por un agente estatal, o realizada por un particular con anuencia de aquél, por medio
de la cual, en forma sumaria y arbitraria, se le quita la vida a una persona que por su condición de indefensión está
protegida por el derecho internacional. En el caso de los combatientes, su asesinato puede ser considerado una ejecución
extrajudicial cuando han depuesto las armas»
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02891-00
Demandante: María Odila Bonilla Gómez y otros
3.3. De acuerdo con lo anterior y por tratarse de una acción de tutela contra
providencias judiciales, la Sala deberá determinar, en primer lugar, si la acción
de tutela supera el examen general de procedibilidad.
En caso de superar dicho examen, el problema jurídico se concentrará en
establecer si la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia incurrió en defecto fáctico, en desconocimiento del precedente
judicial, en defecto procedimental y en violación directa a la Constitución al
proferir la sentencia del 2 de diciembre de 2024, dentro del proceso de
reparación directa con radicado 05001-33-33-026-2015-01347-01.
La Sala abordará el problema jurídico de conformidad con la siguiente
estructura argumentativa: (i) análisis del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad; (ii) breve contextualización de los argumentos
jurídicos y fácticos expuestos en la providencia acusada; (iii) desarrollo de la
tesis de flexibilización probatoria en casos de graves violaciones de los
derechos humanos; y (iv) análisis del caso concreto.
4. Sobre la acreditación de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
Se estima pertinente indicar que el caso bajo estudio reviste relevancia
constitucional, en la medida en que se invoca la protección de los derechos
fundamentales de los accionantes, quienes se consideran víctimas del conflicto
armado interno. Lo anterior se fundamenta en el presunto desconocimiento de los
estándares probatorios y de las reglas de decisión establecidas en el precedente
aplicable a casos de graves violaciones de derechos humanos, situación que incide
de manera directa en la garantía de una reparación integral y la realización de la
justicia material a favor de los demandantes.
Por otra parte, la acción de tutela también satisface los demás presupuestos
generales de procedibilidad en tanto que: (i) fue interpuesta dentro de un plazo
razonable, considerando que la providencia acusada se notificó a través de correo
electrónico remitido el 3 de diciembre de 2024 y la acción se radicó el 14 de mayo
de 2025; (ii) el actor no cuenta con otro mecanismo judicial ordinario o extraordinario
idóneo para la protección efectiva de sus derechos; (iii) en el escrito de tutela se
describen de manera clara y suficiente los hechos, las pretensiones y los
argumentos que la respaldan; y (iv) no se trata de una acción de tutela contra
sentencia de tutela.
5. La tesis de flexibilización probatoria en casos de graves violaciones de
derechos humanos: jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional.
La Sección Tercera del Consejo de Estado y la Corte Constitucional han
desarrollado una consistente línea jurisprudencial sobre la necesidad de flexibilizar
los estándares probatorios al resolver casos relacionados con graves violaciones
de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Este
precedente se sustenta en el reconocimiento de las graves dificultades probatorias
que enfrentan las víctimas en este tipo de procesos, derivadas de la naturaleza
clandestina e ilícita en la que se desarrolla el hecho dañoso, circunstancias que
terminan por erigirse en barreras procesales para acreditar la tesis fáctica defendida
en la demanda.
En ese sentido, en la sentencia del 27 de septiembre de 2013 12, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, sostuvo:
12
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 27 de septiembre de 2013. Proceso nro. 05001-23-
26-000-1990-05197-01 (19939). M.P. Stella Conto Díaz del Castillo Expediente 05001-23-26-000-1990-05197-01 (19939).
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02891-00
Demandante: María Odila Bonilla Gómez y otros
«Puestas las cosas en los términos anteriormente señalados y tratándose, como en el
presente caso, del deber de reparar integralmente a víctimas de graves vulneraciones de
derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario, sean directas o indirectas,
resulta indispensable aplicar el principio de equidad y, en consecuencia, flexibilizar el estándar
probatorio. Es que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, en un caso como
el presente –en el que, además, como lo revelan los hechos y lo reconoce la sentencia de
primera instancia, las autoridades en lugar de facilitar la búsqueda del desaparecido
entorpecieron las labores de su madre y hermanos–, ocupan el lado más débil de la balanza
así que, de conformidad con lo ordenado por el artículo 13 superior, requieren mayor soporte
y protección. Se reitera en este lugar lo ya afirmado arriba y es que en estos casos los
principios de verdad, de justicia y de reparación integral han sido catalogados como derechos
fundamentales que rigen en virtud del ius cogens, por lo que no cabe alegar obstáculos de
orden normativo interno para efectos de dificultar su realización».
Posteriormente, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 28 de
agosto de 2014 (32988), unificó el criterio respecto de la estimación de
indemnizaciones por perjuicios inmateriales; sin embargo, en esta decisión también
advirtió que en Colombia las graves violaciones de derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario suelen ocurrir en zonas
apartadas de los centros urbanos y en contextos de impunidad, lo que sitúa a las
víctimas en condiciones de debilidad manifiesta que, en muchos casos, trasciende
al ámbito procesal, por la dificultad para acreditar cómo ocurrieron los hechos. Por
esta razón, la Corporación reconoció la posibilidad de flexibilizar las reglas de
apreciación y de valoración probatoria en los eventos de responsabilidad del Estado
por graves violaciones de los derechos humanos y al DIH. Y si bien esta tesis no
hizo parte del objeto de unificación en la providencia, ha sido acogida de manera
reiterada por la Sección Tercera del Consejo de Estado en pronunciamientos
posteriores13.
Para contrarrestar el escenario de dificultad probatoria en el que se encuentran las
víctimas de estos casos, se ha dado especial relevancia a la prueba indiciaria como
mecanismo idóneo para construir inferencias a partir de hechos probados a través
del empleo de máximas de experiencia y así identificar patrones delictivos típicos
de estos fenómenos. De esta manera, es posible superar la dificultad de contar con
pruebas directas y se privilegia el derecho de acceso a la administración de justicia
de las víctimas.
También se desarrolló la posibilidad, por ejemplo, de que las pruebas trasladadas
de los procesos penales o disciplinarios se analicen con menor rigurosidad 14,
siempre y cuando los elementos de la responsabilidad se estructuren al amparo de
las reglas de la sana crítica.
En palabras textuales de la Sección especializada15:
«7.4.1. Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa inexorable realidad, deberá
acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias
lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica
13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 14 de
septiembre de 2016. Proceso nro. Expediente 25000-23-26-000-2001-01825-02 (34349). M.P. Hernán Andrade Rincón;
Subsección B. sentencia del 31 de agosto de 2017. Proceso nro. Expediente 13001-23-31-000-2001-01492-01 (41187).
M.P. Ramiro Pasos Guerrero; Subsección A. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Proceso nro. 05001-23-31-000-2007-
00013-01(47555). M.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Subsección A, sentencia del 23 de mayo de 2023. Proceso nro.
05001-23-31-000-2010-00032-01 (50115). M.P. María Adriana Marín; y sentencia del 17 de junio de 2024. Proceso nro.
15001-23-31-000-2010-01429-01 (62.821), M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de marzo de
2021. Proceso nro. 05001-23-31-000-2007-00013-01(47555). M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre este asunto en la
sentencia, se indicó: «Sin embargo, dichas pruebas pueden ser consideradas en este proceso en la medida en que, si
bien la Sección se ha pronunciado en repetidas oportunidades respecto de que no serán de recibo aquellas que no
cumplen con la previsión contenida en el artículo 185 del C.P.C., existen criterios que permiten morigerar el rigor de la
exigencia procesal, en el sentido de que la prueba tuvo que haber sido conocida en el proceso primigenio del cual se
traslada, por quien la resiste o en contra de quien se opone en el nuevo proceso, además, fue solicitada por ambas partes;
y, por tratarse de una posible violación de derechos humanos, motivo por el cual la valoración probatoria debe ser más
flexible.»
15
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 28 de agosto
de 2014. Proceso nro. 05001-23-25-000-1999-01063-01 (32.988). M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02891-00
Demandante: María Odila Bonilla Gómez y otros
de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación
de las personas afectadas.
7.4.2 Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones de derechos
humamos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se rompe el principio de la
dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes acceden al proceso en igualdad
de condiciones y armas, pues en estos eventos las víctimas quedan en una relación
diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños
la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares
probatorios».(Destaca la Sala)
Igualmente, para determinar el alcance de la tesis de flexibilización probatoria,
resulta relevante considerar la sentencia del 23 de marzo de 201716 en la que la
Sección Tercera se refirió a la importancia de la prueba indiciaria para decidir los
casos de graves violaciones de derechos humanos.
De la sentencia en comento se extracta:
«2.4. La prueba indiciaria en casos de violaciones graves de derechos humanos 17
No resulta extraño, en modo alguno, que los jueces puedan llegar a encontrar acreditados los
supuestos de hecho de una demanda por vía de medios probatorios indirectos, siempre y
cuando se cumpla con los requisitos que en esos casos se hace preciso. Sobre tal proceso de
inferencia lógica la Corte Suprema de Justicia ha precisado que,
“El indicio es un medio de prueba crítico, lógico e indirecto, estructurado por el juzgador a partir
de encontrar acreditado por otros medios autorizados por la ley, un hecho del cual
razonadamente, y según las reglas de la experiencia, se infiera la existencia de otro hasta
ahora desconocido que interesa al objeto del proceso, el cual puede recaer sobre los hechos,
o sobre su agente, o sobre la manera como se realizaron, cuya importancia deviene de su
conexión con otros acaecimientos fácticos que, estando debidamente demostrados y dentro
de determinadas circunstancias, permite establecer, de modo más o menos probable, la
realidad de lo acontecido”»18.(subraya la Sala)
Así pues, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha
consolidado la tesis de flexibilización probatoria para casos de graves violaciones
de derechos humanos, la cual exige al juez administrativo (atendiendo a la situación
de conflicto armado del país y a las características de cada caso) despojar la valoración
probatoria de la excesiva rigurosidad y formalismo, privilegiando, incluso, medios de
prueba indirectos o inferencias lógicas basadas en máximas de la experiencia19.
En estos eventos, el juez de la causa puede determinar la responsabilidad estatal a
partir de inferencias construidas sobre hechos debidamente probados, permitiendo
acreditar otros supuestos de hecho con base en patrones delictivos propios de
eventos de graves violaciones de los derechos humanos y del DIH.
Recientemente, en sentencia del 17 de junio de 202420, la Subsección A de la
Sección Tercera reconoció diversos supuestos que comportan la aplicación del
criterio de flexibilización probatoria, dentro de los que menciona: la incorporación y
valoración de pruebas trasladadas de procesos disciplinarios y penales; la
determinación del alcance de los indicios para imputar responsabilidad al Estado; la
valoración crítica de documentos y testimonios; la distribución de la carga de la
prueba cuando la posición procesal de las partes lo exige así; la obligación del juez
de decretar pruebas de oficio; la modificación de las oportunidades probatorias; y la
posibilidad de acreditar hechos que normalmente requieren un medio de prueba
específico a través de otros medios de convicción. También se reconoce en esta
sentencia que en aplicación de la flexibilización probatoria se ha admitido la
16
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 23 de marzo de 2017. Radicación: 05001-23-31-000-
2006-03647-01 (50941). C.P. Hernán Andrade Rincón.
17
En similares términos consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de septiembre de
2016, Exp. 34.349 y la proferida el 2 de abril de 2013, Exp. 27.067, entre otras.
18
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 26 de octubre de 2000, Exp. 15610.
19
En similar sentido, la sentencia de tutela del 30 de junio de 2017, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
dentro del proceso nro. 11001-03-15-000-2017-00836-00(AC). M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
20
Proceso nro. 15001-23-31-000-2010-01429-01 (62.821), M.P. José Roberto Sáchica Méndez
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02891-00
Demandante: María Odila Bonilla Gómez y otros
valoración de patrones delictivos, privilegiando hipótesis con mayor probabilidad
prevalente y recurriendo a las reglas de la experiencia para sustentar las decisiones.
Este enfoque busca garantizar efectivamente los derechos a la verdad, a la justicia
y a la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, dado
el escenario de inequidad probatoria que enfrentan debido a la asimetría del poder
presente en estos contextos21.
Por su parte, la Corte Constitucional ha acogido la tesis de flexibilización
probatoria22 para casos de graves violaciones a los derechos humanos y al DIH.
Así, por ejemplo, en la sentencia SU-035 de 2018, el Tribunal Constitucional
determinó con apoyo en la jurisprudencia contenciosa administrativa, que en casos
de ejecuciones extrajudiciales de civiles «la prueba directa es muy difícil de obtener por las
circunstancias en las que ocurren, de modo que la indiciaria se erige como elemento probatorio
prevalente para determinar la responsabilidad estatal, en un ejercicio de flexibilización de los
estándares probatorios.».
Asimismo, estableció el deber de los jueces de aligerar y dinamizar la carga de la
prueba y reconoció que el perjuicio y su cuantía pueden acreditarse mediante
indicios, hechos notorios, reglas de la experiencia y bajo el principio pro homine.
Finalmente, conviene agregar que el precedente constitucional y contencioso sobre
flexibilización probatoria para análisis de casos relacionados con graves violaciones
a los derechos humanos y al DIH, ha establecido límites a la aplicación de esta
figura en el sentido de advertir que no equivale a establecer una presunción de
responsabilidad estatal ni exime a la parte demandante de su deber de probar los
elementos de la responsabilidad. Más bien, la flexibilización consiste en reconocer
y emplear diversas herramientas de valoración probatoria para superar las barreras
probatorias que impidan el esclarecimiento de la verdad, pero conservando el rigor
de la sana crítica23.
6. Contextualización de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia
acusada
El problema jurídico que se resolvió en la sentencia se centró en determinar si la
Policía Nacional era administrativa y extracontractualmente responsable por la
muerte de los señores Carlos Enrique Castaño, Ramón Antonio Posada Castaño,
Jesús Antonio Guzmán Posada, Marco Antonio Gómez Hoyos y Álvaro de Jesús
Pulgarín Suárez, como consecuencia de los hechos ocurridos el 28 y 29 de
noviembre de 1996 en los municipios de Santuario y Cocorná, Antioquia.
En la sentencia se dejó establecido que el daño se probó con los registros civiles de
defunción de las víctimas directas antes mencionadas, quienes murieron el 29 de
noviembre de 1996 como consecuencia directa de choque traumático resultante de
lesión causada por arma de fuego.
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Auto del 11 de mayo de 2017.
Proceso nro. 76001-23-31-000-2011-01274-01(54613). M.P. Hernán Andrade Rincón. En la sentencia, se indicó lo
siguiente en relación con la flexibilización de los estándares probatorios, dada la asimetría de posibilidades probatorias
entre las partes: se dará aplicación a lo dispuesto por esta Corporación respecto de la flexibilización de la prueba cuando
se ve comprometida la responsabilidad del Estado como consecuencia de alguna violación a los derechos humanos,
pronunciamiento que a la letra dice: «se dará aplicación a lo dispuesto por esta Corporación respecto de la flexibilización
de la prueba cuando se ve comprometida la responsabilidad del Estado como consecuencia de alguna violación a los
derechos humanos, pronunciamiento que a la letra dice: “(…) en graves violaciones de derechos humamos e infracciones
al Derecho Internacional Humanitario, se rompe el principio de la dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las
partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos eventos las víctimas quedan en una relación
diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de ponderar
la situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares probatorios (…)”»
22
En relación con el desarrollo que ha tenido la flexibilización en la jurisprudencia constitucional, se recomienda consultar
las siguientes providencias: T-926 de 2014, T-535 de 2015, T-237 de 2017, SU 035 de 2018, T-375 de 2019, T-214 de
2020, SU 060 de 2021, T-117 de 2022 y T-014 de 2025.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Proceso nro. 13001-23-33-
000-2017-01037-01 (70.834). M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02891-00
Demandante: María Odila Bonilla Gómez y otros
En cuanto a la imputación, el tribunal accionado relacionó los siguientes medios de
prueba que estimó relevantes a efectos de establecer si el daño era atribuible a la
Policía Nacional:
• Oficio 20170710008061 del 12 de julio de 2017, en el que la Coordinación de la
Unidad Especializada de Medellín informó sobre el trámite adelantado ante la
Dirección de Justicia Transicional, por los hechos de homicidio hoy analizados.
• Oficio 2017044002434, mediante el cual el fiscal 164 Seccional de Apoyo a la Fiscalía
20 delegada ante el Tribunal de Dirección de Fiscalías Nacional Especializadas de
Justicia Transicional de Medellín informó que, según comunicación del 3 de febrero
de 2009, el Ministerio del Interior y de Justicia incluyó a Ricardo López Lora, como
postulado a los beneficios de la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz).
• Sentencia penal condenatoria emitida por la Sala Penal de Decisión del Tribunal
Superior de Antioquia contra el sargento Mora López por el punible de concierto
para delinquir en calidad de autor, por organizar, fomentar o promover grupos de
justicia privada en el Departamento de Antioquia para el periodo 1996 a 1997.
• Diligencia de versión libre rendida por Ricardo López Lora, el 29 de octubre de
2013, en la que reconoció y aceptó la responsabilidad por el homicidio de las personas
relacionadas como víctimas directas y en la que aseveró la participación en el hecho
delictivo de un agente de la policía, al que se refiere como el «Sargento Mora».
De acuerdo con estos medios de prueba, estimó que estaba acreditado que las
víctimas directas fueron asesinadas el 29 de noviembre de 1996 en la zona rural del
municipio de Cocorná, por grupos paramilitares que operaban en la región. A ese
respecto, agregó que, a pesar de que en la demanda se alega la participación de
agentes del Estado en la concreción del hecho dañoso, considera que no obraban
pruebas en el proceso que permitieran tener por acreditada tal aseveración. Se
relaciona el aparte pertinente:
«La parte actora aduce en la demanda, que la Policía Nacional participó a través de varios de
sus miembros, en los hechos en los que tuvo lugar la muerte de las víctimas. No obstante,
contrario a lo decidido por el A Quo, se estima que en el proceso no obra prueba suficiente de
esa aseveración, por las razones que se explican a continuación.» (Subraya la Sala)
Dijo que el principal sustento de la tesis fáctica defendida por la parte actora es la
versión libre de Ricardo López Lora ante Justicia y Paz en el 2013, oportunidad en
la que reconoció ser autor del homicidio por cadena de mando y mencionó la
coordinación con el sargento William Mora de la policía Local; sin embargo, el
Tribunal accionado consideró que no existen elementos probatorios que confirmen
esa colaboración. En la sentencia, se lee:
«Para soportar sus afirmaciones, la parte demandante se basa principalmente en la versión
libre que rindió el señor Ricardo López Lora el 29 de octubre de 2013 (…). No obstante, lo
anterior, no existe ningún otro medio de prueba que respalde las afirmaciones del señor López
Lora y permita concluir con certeza que los grupos paramilitares que operaban en la región y
la Policía obraron de manera conjunta para llevar a cabo el asesinato de los señores [víctimas
directas de homicidio en el caso]» (Subraya la Sala)
Precisó que, aunque se aportó sentencia penal condenatoria contra el sargento
Mora López por coparticipación con paramilitares en el periodo 1996-1997, del texto
de la providencia no se desprende prueba de que hubiera colaborado
específicamente para dar muerte a las personas que obran en el proceso analizado
como víctimas directas.
Agregó que el material probatorio no permitía construir, ni siquiera mediante prueba
indiciaria, un juicio de imputación que permitiera atribuir responsabilidad a la Policía
Nacional por el hecho antijurídico alegado. En esa línea, advirtió que, si bien la
jurisprudencia contenciosa reconoce prevalencia a la prueba indiciaria en estos
eventos, su construcción exige la existencia de indicios sólidos, los cuales, a su
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02891-00
Demandante: María Odila Bonilla Gómez y otros
juicio, no están acreditados en el caso particular. Por tal razón, concluyó que lo
procedente era revocar la sentencia de primera instancia.
En la sentencia se lee que «(…) la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado
ha señalado en reiteradas oportunidades que, en casos como el que se discute, es procedente acudir
a la prueba indiciaria para demostrar la imputación, cuando los indicios sean lo suficientemente
fuertes para acreditar tal elemento. Empero, en el presente caso no puede inferirse a partir del
contexto, que los grupos paramilitares que operaban en la región del oriente antioqueño para la fecha
en que ocurrieron los hechos, contaron con la colaboración de la Policía (…)»
7. Análisis de los defectos alegados en el caso concreto
7.1. En este caso, es necesario analizar de manera conjunta los defectos
enunciados, ya que los errores fácticos atribuidos a la sentencia acusada están
estrechamente ligados a la aplicación de las reglas de decisión desarrolladas
en el precedente constitucional y contencioso sobre la flexibilización probatoria
en casos de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho
internacional humanitario.
En efecto, la parte actora argumentó que el tribunal omitió valorar pruebas
relevantes, aplicó un estándar probatorio excesivo y desestimó, sin motivación
suficiente, los indicios de responsabilidad estatal, incluyendo la prueba de
contexto y la coordinación entre agentes del Estado y grupos ilegales para
perpetrar la masacre.
Así las cosas, como las reglas de valoración probatoria que se alegan
ignoradas provienen de la jurisprudencia de las altas cortes, corresponde al
juez de tutela definirlas (supra 5) y analizar el juicio probatorio expuesto en la
sentencia del 2 de diciembre de 2024 para determinar si el Tribunal
Administrativo de Antioquia incurrió en los defectos alegados.
En concordancia con lo anterior, esta Sala advierte que conoció previamente
de una acción de tutela con un escenario fáctico similar24, pero cuya
argumentación jurídica y probatoria dista de la expuesta en la sentencia del 2
de diciembre de 2024, que ahora se examina. En el anterior asunto, esta
Sección limitó el análisis al defecto por desconocimiento del precedente
judicial, dado que el tribunal omitió toda referencia a las reglas sobre
flexibilización probatoria aplicables en casos de graves violaciones a los
derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
En el presente caso, si bien se alude formalmente a dicho precedente, se trata
de una mención apenas superficial, como se evidenciará más adelante. Por lo
tanto, para determinar si hubo una aplicación efectiva y sustancial de esas
reglas de decisión, resulta necesario en este caso examinar el juicio de
valoración probatoria realizado, a la luz de los criterios fijados por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado para eventos como el que se analiza.
Establecido lo anterior, pasa la Sala a exponer el alcance de cada uno de estos
defectos para luego, establecer si se concretaron en el caso particular.
7.2. La Corte Constitucional ha establecido que la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales es «estrictamente excepcional»25, en defensa de la
autonomía e independencia judicial y de los principios de seguridad jurídica y
cosa juzgada. Por ello, el análisis del defecto fáctico exige un escrutinio
riguroso, dado que el juez natural goza de un amplio margen de
discrecionalidad26 en la valoración de la prueba, conforme al sistema de libre
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Proceso de tutela nro. 11001-03-15-000-
2024-06047-00. Sentencia del 13 de febrero de 2025. M.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
25
Sentencia SU215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
26
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU129 de 2021. M.P. Jorge Enrique Ibáñez (párr. 56); sentencia SU132 de
2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis; sentencia T-117 de 2013 M.P. (acápite 3.4)
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02891-00
Demandante: María Odila Bonilla Gómez y otros
valoración del Código General del Proceso. Sin embargo, esa discrecionalidad
no es ilimitada ni arbitraria.
En suma, la intervención del juez de tutela en el juicio de valoración probatoria
del fallador solo procede cuando la irregularidad es ostensible, fragrante y
manifiesta27, pues este mecanismo no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad judicial o en una herramienta para imponer una
valoración distinta de la prueba. En contraste, si la decisión judicial se apoya
en una valoración razonable y racional de la prueba, dentro del margen
legítimo que otorga el sistema de libre apreciación, el juez constitucional no
estará facultado para revocar la providencia, aunque considere que pudo
valorarse de manera diferente.
Según la Corte Constitucional, este defecto comprende dos dimensiones: una
negativa, que se configura por omisiones del juez como ignorar o no valorar
injustificadamente una prueba determinante28, decidir sin soporte probatorio
suficiente29 o abstenerse de decretar pruebas de oficio cuando está obligado
a hacerlo30; y una positiva, que ocurre cuando el juez valora y decide con base
en pruebas ilícitas31 o utiliza medios de prueba que por disposición legal no
pueden acreditar el hecho en cuestión32.
7.3. De otra parte, el precedente judicial hace referencia a la resolución previa de
un caso similar que sirve como referente para decidir otros semejantes. La
Corte Constitucional ha señalado que su aplicación exige que: (i) los hechos
relevantes del caso que se analiza sean semejantes a los del caso resuelto;
(ii) la consecuencia jurídica del asunto pasado coincida con la pretensión
actual; y (iii) la regla de decisión no haya cambiado ni evolucionado de manera
que modifique sus supuestos de hecho. Así entonces, se configura la
trasgresión del precedente si se demuestra: a) la existencia de decisiones con
identidad fáctica y jurídica entre el caso analizado y el citado como precedente;
b) la vinculatoriedad de esas decisiones para el juez accionado; c) que la
sentencia cuestionada sea contraria al precedente vinculante y vigente; y d)
que no exista justificación razonable para el apartamiento.
De acuerdo con lo anterior, como regla general, los jueces de lo contencioso
administrativo deben resolver sus casos siguiendo la jurisprudencia vinculante,
que incluye tanto el precedente vertical (proveniente de instancias superiores o de
órganos de cierre) como el horizontal (las reglas de decisión fijadas por autoridades
judiciales de la misma jerarquía)
7.4. En cuanto al alcance del defecto procedimental, la Corte Constitucional ha
indicado que encuentra fundamento en los artículos 29 y 228 de la Constitución
Política en los que se consagran los derechos al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia y el principio de prevalencia del derecho
sustancial.
Este defecto tiene dos modalidades: el procedimental absoluto y el
procedimental por exceso ritual manifiesto. El primero de ellos se materializa
cuando el proceso se tramita sin respetar las formas propias de cada juicio. La
segunda modalidad (por exceso ritual manifiesto) ocurre cuando el juez limita el
derecho sustancial al no aplicar correctamente la norma procesal
correspondiente, o cuando sobrepasa las formalidades procesales, haciendo
27
Corte Constitucional. Sentencia SU337 de 2017 M.P. Antonio José Lizarazo, reiterada en la sentencia T-018 de 2023,
con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez.
28
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-442 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
29
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
30
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-417 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
31
Ibidem.
32
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-226 de 2013. C.P. Alexei Julio Estrada.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02891-00
Demandante: María Odila Bonilla Gómez y otros
nugatorio un derecho33. A ese respecto, el Tribunal Constitucional aclara que,
en tales situaciones, la aplicación de los procedimientos por parte del juez
actúa como un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, lo que
conlleva a una denegación de justicia debido a la exigencia rigurosa e inflexible
de requisitos formales o a una excesiva severidad en la evaluación de las
pruebas.
Establecido el alcance de los defectos invocados en la acción de tutela contra
la sentencia del 2 de diciembre de 2024, la Sala procede al análisis de los
cargos que los sustentan.
7.5. Esta Sala considera que el tribunal accionado incurrió en defecto fáctico por
omisión e indebida valoración probatoria, ya que valoró la versión libre rendida
por el señor López Lora para tener por acreditado que la masacre ocurrida el
29 de noviembre de 1996 fue perpetrada por las AUC que operaban en la
región, y que el postulado actuó como autor por cadena de mando; sin
embargo, al mismo tiempo, consideró que dicho medio de prueba era
insuficiente para «concluir con certeza» que los grupos paramilitares y la
Policía Nacional actuaron de manera conjunta para ejecutar los homicidios.
Llama la atención la ausencia de motivación en la sentencia acusada respecto
de las razones por las cuales se le restó valor probatorio a esa versión libre, o
por qué se la consideró poco confiable o de baja calidad para acreditar la
participación de agentes de la Policía Nacional en los hechos. Esto resulta
especialmente relevante si se tiene en cuenta que en el contenido de la
declaración el postulado manifestó que coordinó con el sargento Mora López
para que los autores materiales de la masacre no fueran interceptados en los
retenes de Policía. Se trata de un medio de prueba directo34, que contiene
información pertinente para establecer la veracidad de la hipótesis fáctica
planteada por la parte demandante y para estructurar un juicio de imputación
respecto de la entidad demandada. No obstante, su capacidad suasoria fue
disminuida sin una justificación razonada, lo cual constituye un vicio en la
valoración probatoria.
Conviene precisar que el anterior razonamiento no cuestiona la facultad que
le asiste al juez natural para determinar el peso de convicción de los medios
de prueba allegados al proceso, sino que pretende advertir que, tratándose de
un medio de prueba relevante, el juez tiene el deber de motivar
adecuadamente su decisión, señalando de forma expresa las razones por las
cuáles considera que se trata de una prueba de baja calidad o que carece de
fiabilidad.
Adicionalmente, se observa que, aparte de la versión libre rendida por el señor
Ricardo López Lora el 29 de octubre de 2013 (de la cual el tribunal destacó
33
Corte Constitucional. Sentencias T-268 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-301 de 2010, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, T-893 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Sentencias T-327 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; T-591 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-213 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
34
Sobre la distinción entre pruebas directas e indirectas, resulta ilustrativo consultar a Hernando Devis Echandía, en su obra
Teoría General de la Prueba, Tomo I, primera edición colombiana. Editorial Diké. Páginas 512 y ss. A ese respecto, el
autor indica: «(…) suele distinguirse la prueba directa o inmediata de la indirecta o mediata de la indirecta a o mediata,
según que el hecho objeto de la prueba sea o no el mismo hecho que se quiere probar y que constituye el tema de la
prueba, pero sin exigir que en el primer caso el hecho que prueba sea el mismo hecho percibido por el juez. Se contempla
el modo o manera como el hecho objeto de la prueba sirve para demostrar el hecho que quiere probarse: si directa o
indirectamente.
Prueba directa es entonces aquella que presenta esa identificación, de tal modo que sólo existe un hecho que es al mismo
tiempo el objeto de ella y aquel cuya prueba se persigue; las pruebas directas resultan así más numerosas e incluyen los
documentos, los testimonios y las confesiones, los dictámenes de peritos y las inspecciones judiciales, cuando versan
sobre el hecho que desea probarse, es decir, medios de prueba que no son el mismo hecho por probar pero que lo
demuestran directamente o recaen directamente sobre este. Prueba indirecta viene a ser, en cambio, la que versa sobre
un hecho diferente al que se quiere probar o es tema de prueba, de tal manera que el segundo es apenas deducido o
inducido por el primero, por una operación lógica o el razonamiento del juez; por consiguiente, solo la prueba indiciaria o
circunstancial (…) tienen siempre ese carácter y los demás medios son indirectos cuando versan sobre hechos-indicios
y no sobre el que se trata de probar.»
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02891-00
Demandante: María Odila Bonilla Gómez y otros
únicamente la referencia que hizo a la participación «de quien se refiere como Sargento
Mora», señalando que, según su dicho, este último estuvo «coordinando con la policía
de ese municipio»), también obraba en el expediente el testimonio que rindió el
señor López Lora en el curso del proceso ordinario. Este testimonio resulta
particularmente relevante, en tanto guarda relación con la imputación que se
debate en el proceso, concretamente con la presunta participación de agentes
del Estado en la ejecución de la masacre.
Además, se trata de un medio de prueba que fue oportunamente solicitado por
la parte actora, debidamente decretado35 y practicado en audiencia36, con la
intervención de las partes del proceso y del juez de la causa y en la que el
interrogatorio se dirigió a establecer o descartar la configuración de los
elementos de la responsabilidad del Estado. En ese sentido, resulta pertinente
recordar el propósito con el que la parte demandante solicitó este medio de
prueba en la demanda37:
Dicho lo anterior, esta Sala procede a transcribir los siguientes apartes del
testimonio mencionado38, practicado en audiencia de pruebas del 6 de febrero
de 2017, con el fin de evidenciar la relevancia de la información contenida en
este medio de convicción en relación con la acreditación del elemento de
imputación:
Min 6:34. «[Pregunta] en relación con el desarrollo de sus actividades ilegales, el grupo que
usted dirigió estuvo involucrado en la muerte de las siguientes personas [víctimas directas
caso particular]: (…) Sí, su señoría. El grupo que estuvo bajo mi responsabilidad tuvo que ver
en esa masacre. [Pregunta] Reláteme lo que le conste en relación con el desarrollo y la
evolución de estos homicidios: Lo que a mí me consta es de que eso fue hecho en el año 96,
inclusive eso está ya mencionado en Justicia, en la Fiscalía 20 de Justicia y Paz La Alpujarra.
Que yo me acuerde eso ocurrió en el año 96 (…). La forma como ocurrieron esos homicidios
fue que estos señores Vicente Castaño, porque el comandante general de las AUC era Vicente
Castaño Gil, alias el profe, él ordenó la muerte de estos señores por ser colaboradores de la
guerrilla, en el municipio de Cocorná e inclusive en una versión que yo dí ahí mencioné (…)
de que en esa masacre u homicidios iba un menor de edad (…) que lo mataron sin haber sido
para matarlo. (…) El motivo de matar a esas personas, ya como lo dije, por colaboradores de
la guerrilla, subirles remeses, pasarles información (…) entonces Vicente Castaño le llegó esa
información y él fue quien me ordenó matar esas personas (…). [Pregunta] Usted recuerda el
día y mes del año 96 en que ocurrieron esos hechos: no eh, sé que eso fue por ahí el 29 del
mes 9 del 96, por ahí en octubre, en octubre de 96, me acuerdo que fue esa masacre en el
municipio de Cocorná».
Min 11:50. «yo no estuve directamente en el punto donde hicieron eso ni en ese municipio.
Yo directamente si coordinaba con el comandante de Policía de ese municipio, para esa época
35
Expediente digitalizado del medio de control de reparación directa nro. 05001 33 33 026 2015 01347 01, remitido por el
Tribunal Administrativo de Antioquia. Carpeta denominada «C002», archivo
«002ActaDeAudiencia(InicialPruebasAlegatosYJuzgamiento).pdf».
36
Expediente digitalizado del medio de control de reparación directa nro. 05001 33 33 026 2015 01347 01, remitido por el
Tribunal Administrativo de Antioquia. Carpeta denominada «C002», archivo «004ActaDeAudiencia.pdf».
37
Expediente digitalizado del medio de control de reparación directa nro. 05001 33 33 026 2015 01347 01, remitido por el
Tribunal Administrativo de Antioquia. Carpeta denominada «C001PRINCIPAL», archivo «001Demanda».
38
Expediente digitalizado del medio de control de reparación directa nro. 05001 33 33 026 2015 01347 01, remitido por el
Tribunal Administrativo de Antioquia. Carpeta denominada «CD No. 2 FL 385» en carpera, «EXPEDIENTE
DIGITALIZADO», archivo de audio y video denominado «2014-01347 Nº 1 06-02-2017.mp4»
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02891-00
Demandante: María Odila Bonilla Gómez y otros
estaba el sargento Mora de la Policía. Él me dijo que los habían sacado, que los habían
torturado. Eh... no le pregunté detalles (…) no sé decirle si fue verdad porque yo directamente
no estuve en el sitio. Yo mandé a las personas que fueron».
Min 12:25. «[Pregunta] esa participación del sargento Mora, que usted acaba de mencionar,
en qué consistió: Consistía en que él era el que coordinaba conmigo en el Oriente Antioqueño
por ser de la institución de la Policía. Coordinaba conmigo para que no hubieran retenes en el
trayecto de La Ceja a Cocorná porque tenían que pasar por la carretera donde, por los
municipios que había que pasar (…) entonces que no hubieran retenes de la policía. Él era el
que se encargaba de coordinar todo ese trayecto para que no fueran a capturar a las personas
que había mandado. [Pregunta] Usted recuerda los nombres y apellidos completos del
sargento Mora: Me acuerdo que se llamaba William López Mora, me parece. [Pregunta] Qué
cargo tenía el señor López Mora: Él era sargento de la policía del municipio de Cocorná.
[Pregunta] Y en este caso concreto, en esta masacre, cuál fue la participación de este
sargento: La participación de él era quitar a la policía que estaba a cargo de él en ese
municipio, de que no estuvieran por ahí en las calles o en la vía haciendo retenes. (…) Y él
coordinar con los diferentes comandos de policía de distintos municipios (…). [Pregunta] este
sargento, en este caso concreto, tuvo conocimiento de la… de que se iba a adelantar esta
masacre previamente a su comisión: sí él tenía pleno conocimiento».
Min.21:38. «[Pregunta] Usted en esas reuniones en algún momento se llegó a encontrar con
el sargento Mora de la Policía Nacional en la estación de policía que él comandaba en el
municipio de Cocorná: sí, yo iba de vez en cuando, iba al municipio de Cocorná directamente
al comando de policía porque él mismo me llevaba. Yo no le caía allá, sino que él mismo me
llevaba o se encontraba conmigo en la vía e íbamos al comando. (…), pero por ese hecho,
como a los dos días, le mandaron, que yo me acuerde, como dos o tres millones de pesos. Yo
mismo se los entregue»
Como se observa, en la práctica del testimonio que se rindió en la jurisdicción
de lo contencioso administrativo se hizo énfasis en cuál había sido y cómo se
dio la presunta colaboración del agente de la policía en la comisión de los
hechos. De allí deriva información pertinente y útil para establecer si estaba
acreditada la tesis fáctica defendida por la parte demandante. Se considera
que era una prueba que merecía ser valorada, con mayor razón si se tiene en
cuenta que la revocatoria de la sentencia de condena se sustentó en la
supuesta falta de pruebas que permitieran tener por acreditado el elemento de
imputación. Sin embargo, la prueba testimonial no fue relacionada dentro de
los medios de convicción relevantes en la sentencia ni el tribunal explicó por
qué no la tuvo en cuenta en su análisis.
En consecuencia, se omitió la valoración de una prueba relevante, y también
se presentó una indebida valoración en relación con la versión libre rendida
por el postulado en Justicia y Paz.
En la sentencia no se motivó por qué el medio de prueba era insuficiente para
respaldar la imputación, ni se explicaron las razones para asignarle un bajo
peso de convicción.
Sobre ese punto, conviene recordar que el artículo 176 del Código General del
Proceso establece que el juez «expondrá siempre razonadamente el mérito que le
asigne a cada prueba».
7.6. De otra parte, la autoridad judicial acusada descartó el poder de convicción de
la sentencia condenatoria penal contra el sargento William Mora López que
obra en el plenario, respecto de los hechos objeto de prueba, porque no
guardaban relación con la masacre que se aduce como hecho dañoso ni
permitía establecer la colaboración de agentes de la policía para dar muerte a
estas víctimas directas.
Tal argumentación desconoce el precedente relacionado con los criterios de
flexibilización probatoria desarrollados por la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado, en la medida en que descarta la utilidad de la prueba documental
frente a los hechos en litigio únicamente por no tratarse de un medio de prueba
directo. Es decir, desecha la prueba bajo el argumento de que la información
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02891-00
Demandante: María Odila Bonilla Gómez y otros
que contiene no permite atribuir de forma directa responsabilidad a la Policía
Nacional por su presunta participación en la masacre del 29 de octubre de
1996 en Cocorná, pero omite considerar su potencial valor para acreditar, de
manera indirecta o a través de indicios, los hechos alegados en la demanda.
Como se indicó previamente39, un medio de prueba indirecto es aquel que,
aunque versa sobre un hecho diferente al que se pretende probar, puede
conducir a su acreditación mediante la construcción de indicios.
En el caso concreto, el contenido de la sentencia penal en cuestión, analizada
en conjunto con la versión libre del postulado y su testimonio practicado en el
proceso ordinario sub examine, podría resultar útil para determinar el peso de
convicción e incluso la probabilidad o improbabilidad de veracidad de las
declaraciones rendidas por el señor López Lora. Esto es así, en la medida en
que la sentencia penal da cuenta de que el sargento Mora López fue
condenado por concierto para delinquir, por fomentar grupos de justicia
privados en el departamento de Antioquia entre los años de 1996 y 1997, y en
ella se le relaciona de forma directa con el señor Ricardo López Lora.
En consecuencia, este medio de prueba, aunque indirecto, podía ser útil para
que el juez formara su convicción respecto de las afirmaciones del señor López
Lora. Por lo tanto, su análisis conjunto con las demás pruebas resultaba
necesario y razonable, ya que tenía la aptitud de refutar el argumento de la
inexistencia de elementos probatorios que respaldaran las afirmaciones de la
versión libre.
Esta valoración parcial del medio de prueba deja de lado las reglas de decisión
establecidas en el precedente sobre flexibilización probatoria en casos
relacionados con graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de
lesa humanidad. Conviene recordar que este criterio reconoce especial valor
a los indicios como medios de prueba indirectos, que, apoyados en reglas de
la lógica y máximas de experiencia, pueden conllevar a tener por acreditados
ciertos hechos del proceso que carecen de prueba suficiente.
Adicional a lo anterior, se evidencia que el tribunal se limitó a una valoración
individual y aislada del medio de prueba, pero no lo analizó de manera conjunta
con la información que arrojaban los demás medios de convicción,
desconociendo así el principio de unidad de la prueba. Este principio proclama
la necesidad de que el acervo probatorio sea analizado como una unidad a fin
de confrontar todos los medios de prueba e identificar su concordancia o
discordancia y llegar a una conclusión sobre el convencimiento que a partir de
ellas se forma el juez.
Por otra parte, se advierte que en la sentencia acusada se afirmó que los
medios de prueba no permitían «concluir con certeza» que los grupos
paramilitares y la Policía actuaron de manera conjunta para perpetrar la
masacre; sin embargo, el estándar probatorio de certeza aplicado para
acreditar el elemento de imputación resulta contrario al criterio de
flexibilización probatoria desarrollado por la jurisprudencia para el análisis
fáctico de casos de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho
internacional humanitario.
La exigencia de certeza implica un estándar excesivamente riguroso que
supone que las pruebas deben acreditar el elemento de imputación con un
altísimo grado de confirmación, superior incluso al requerido en el ámbito
penal, donde se impone la prueba más allá de toda duda razonable. Tal nivel
de exigencia no se ajusta al modelo de valoración probatoria que ha sido
39
Óp. Cit. 33.
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02891-00
Demandante: María Odila Bonilla Gómez y otros
desarrollado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en asuntos
relacionados con este tipo de violaciones.
El precedente sobre flexibilización de la valoración probatoria en este tipo de
casos ha indicado que el juez debe privilegiar aquellas hipótesis que tengan
un grado superior de probabilidad lógica o prevaleciente, acudiendo para ello
las reglas de la experiencia cuando quiera que existan incompatibilidades
probatorias.
Al respecto, se estima pertinente relacionar el siguiente aparte de la sentencia
del 17 de junio de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado:
[…]
«Ya en sentencia T-214 de 2020 indicó que la flexibilización de los estándares probatorios le
impone al juez, además de dar prevalencia a la prueba indiciaria y valorar la prueba trasladada
de actuaciones penales y disciplinarias, “aumentar el estándar probatorio del Estado como
demandado en el proceso de reparación directa; eventualmente exigirle al Estado que
demuestre que no cometió una ejecución extrajudicial”. En sentencia SU-060 de 2021 indicó
que con base en la flexibilización de los estándares probatorios en casos de graves violaciones
de derechos humanos la valoración de las pruebas se debía efectuar a partir de las reglas de
la sana crítica en clave de los principios de equidad y pro homine, en virtud de lo cual ante la
duda sobre las hipótesis que se deriven de las pruebas recaudadas se debe privilegiar
racionalmente aquella que acredite un grado superior de probabilidad lógica o de probabilidad
prevaleciente, para lo cual se le debe dar especial relevancia a los indicios que se deriven
tanto de las pruebas recaudadas como de los patrones de conducta que de manera general
se han identificado en la comisión de esos delitos.» (Subraya la Sala).
Teniendo el estándar de probabilidad prevalente40 como faro, correspondería
al juez de la causa considerar si existen una o varias pruebas directas que
confirmen la hipótesis fáctica de la parte demandante o varias pruebas
indirectas de las que se pueda derivar válidamente inferencias a favor de la
hipótesis; en cambio, se trataría de un grado débil de confirmación de esa
hipótesis cuando existan indicios débiles o pruebas contradictorias.
Como se ve, este estándar de prueba dista de exigir certeza respecto del
medio de prueba para acreditar el hecho en discusión, más bien, refiere a la
posibilidad de elegir la hipótesis positiva como opción racional cuando es
lógicamente más probable que la hipótesis negativa.
Así las cosas, al exigir la corroboración en grado de certeza de la participación
de agentes del Estado en la perpetración de la masacre, se tiene que el
Tribunal optó por hacer más riguroso el estándar probatorio en lugar de
flexibilizarlo al tenor del desarrollo jurisprudencial ya mencionado en este fallo.
A este respecto, se recuerda que en la sentencia SU-016 de 2024, la Corte
Constitucional indicó que la carga de la prueba debe aligerarse y, en su lugar,
optar el fallador por priorizar el análisis sustancial por encima de los
formalismos excesivos para garantizar el derecho de acceso a la
administración de justicia y el esclarecimiento de la verdad.
7.7. En relación con la aplicación del criterio de flexibilización probatoria en casos
de graves violaciones de los derechos humanos, esta Sección41, en un caso
previo similar al que ahora se analiza, indicó:
«(...) se recuerda que las reglas referentes a la flexibilidad probatoria 42, están
encaminadas a que el juez de la causa resuelva el caso sometido a su examen bajo
40
Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B Sentencia
1995-01604 de abril 6 de 2011, Rad. 25000-23-26-000- 1995-01604-01. CP Dr. Danilo Rojas Betancourth, citando a
Michelle Taruffo en su obra, La Prueba, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2008, Apéndice IV. “La prueba del nexo causal”,
núm. 4º. “Los estándares de prueba”, 4.2. “La probabilidad lógica prevaleciente”, páginas 275 y 276.
41
Óp. Cit. nro. 24.
42
«En reciente sentencia SU-287 de 2024, M.P.: Diana Fajardo Rivera, la Corte Constitucional señaló, en un caso de
ejecución sumaria en el que se negaron las pretensiones del medio de control de reparación directa, que se incurrió en
desconocimiento del precedente judicial relacionado con “la flexibilización probatoria frente a graves violaciones a los
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02891-00
Demandante: María Odila Bonilla Gómez y otros
una perspectiva de derechos humanos, que lo habilita para aplicar con menor rigor los
presupuestos procesales que, en materia probatoria, el ordenamiento jurídico consagra
en defensa del derecho fundamental al debido proceso, con el fin de superar las
dificultades probatorias que se presentan en estos casos y que enfrentan principalmente
las víctimas en materia de acceso a la prueba o en la demostración propia de los hechos
que rodearon la producción del daño por las condiciones en que se presenta tales como
zonas alejadas, los únicos testigos son los agentes del Estado que participaron en el
ataque, las posiciones asimétricas de poder entre la población civil y los integrantes de
la fuerza pública, entre otras. De esta manera, los jueces pueden asegurar una decisión
que se edifica en la constatación real de los hechos del proceso que le permiten definir
si el daño es o no atribuible al Estado.
En otros términos, la aplicación del principio de flexibilización probatoria no conlleva per
se acceder a la declaratoria de responsabilidad del Estado, sino que supone hacer una
valoración probatoria alejado del rigor procesal de cualquier otro proceso, lo que se
justifica en que el debate está relacionado con una presunta comisión de un delito de
lesa humanidad.»
En línea con lo anterior, se encuentra también acreditado el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto en la valoración de los medios de
prueba porque los apreció a la luz de un racero demasiado riguroso e hizo de
las formalidades un obstáculo, pues impuso a los demandantes el deber de
probar con altísimo grado de confirmación el elemento de imputación dejando
de lado el ya reconocido escenario de dificultad probatoria que enfrentan las
víctimas de este tipo de procesos.
7.8. Esta Sala no pasa por alto que el precedente sobre la flexibilización probatoria
en eventos como el que se analiza tiene límites claros que han sido trazados
por la Sección Tercera del Consejo de Estado, Corporación que ha sido
enfática al advertir que flexibilización no equivale a presunción de
responsabilidad estatal ni exonera a la parte demandante de su obligación de
probar; sin embargo, en el caso que se estudia se observa una juiciosa
actividad probatoria por la parte accionante y la acción de tutela no pretende
que se tenga por probado el elemento de imputación, sino que sea analizado
en aplicación de la jurisprudencia aplicable y vigente.
Ahora, en cuanto a la manifestación en la sentencia acusada de que el material
probatorio que obra en el plenario no es suficiente para construir, siquiera a
partir de indicios, un juicio de imputación que permita atribuir el daño a la
entidad demandada. Esta Sala la tiene como una mención apenas formal del
precedente, pero no así material y debidamente sustentada. En estos casos,
se estima necesario que la autoridad judicial que conoce la causa motive las
razones por las que considera que la prueba indirecta no permite construir
indicios para respaldar la tesis fáctica defendida por la parte demandante.
A juicio de la Sala, era relevante que la información que deriva de los medios
de prueba antes relacionados, se examinara al amparo del precedente de
flexibilización de los estándares probatorios en casos de graves violaciones a
los derechos humanos. Era importante que esta información se analizará en
armonía con la preponderancia que se le ha otorgado a la prueba indiciaria en
casos de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho
internacional humanitario, y en aplicación de los principios de equidad y pro
homine.
8. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala concluye que en el caso examinado se incurrió
en los defectos alegados y, por tanto, procede el amparo de derechos
derechos humanos que ha desarrollado la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, a la cual se
ha integrado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y al hacerlo, no cumplió con las cargas
de transparencia y argumentación, sino que omitió pronunciarse sobre estas líneas jurisprudenciales”. En esa decisión,
la Sala Plena de la Corte Constitucional confirmó el amparo concedido, en primera instancia por esta Sala, el cual había
sido revocado.»
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02891-00
Demandante: María Odila Bonilla Gómez y otros
fundamentales de los accionantes al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia.
En consecuencia, se dejará sin efecto la sentencia del 2 de diciembre de 2024,
proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia,
y se ordenará a esa autoridad judicial que, en el término de 20 días contados a partir
de la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión en la que tenga
en cuenta los argumentos expuestos en este fallo relativos a la aplicación del criterio
de flexibilización probatoria para casos relativos a graves violaciones de los
derechos humanos.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a la administración de justicia invocado por María Odila Bonilla Gómez y otros,
de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
2. Por lo anterior, dejar sin efectos la sentencia del 2 de diciembre de 2024,
proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia en el marco del proceso de reparación directa nro. 05001-33-33-026-
2015-01347-01.
3. En consecuencia, ordenar a la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia que, en el término de veinte (20) días contados a
partir de la notificación de esta providencia, profiera una sentencia de
reemplazo teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta
providencia y el precedente judicial aplicable al caso concreto que fue
precisado en la parte motiva de este fallo de tutela.
4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
6. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
Aclara el voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.