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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-03751-00

Fecha
19 de agosto de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-03751-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: RECHAZAR por improcedente el amparo solicitado por el actor frente a los proveídos de 13 de enero, 9 de febrero y 3 de marzo de 2022, proferidos dentro del trámite del incidente de desacato identificado con el núm. único de radicación 2021- 00205-01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado frente a las sentencias proferidas dentro de la acción de tutela identificada con el número único de radicación 2022-00047-01, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 44 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03751-00 Actor: EDUARDO RODRÍGUEZ PERDOMO providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2022-03751-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

19 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03751-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: EDUARDO RODRÍGUEZ PERDOMO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO POR CUANTO NO SE
ACREDITÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXCEPCIONALES DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS
PROFERIDAS DENTRO DE UNA ACCIÓN DE LA MISMA NATURALEZA. SE
RECHAZA POR IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO FRENTE A LA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL DICTADA DENTRO
DE INCIDENTE DE DESACATO, POR CONFIGURARSE LA TEMERIDAD Y COSA
JUZGADA. IDENTIDAD DE PARTES, HECHOS Y PRETENSIONES.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DE PETICIÓN, AL DEBIDO PROCESO Y AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO JUDICIAL DE NEIVA1; el TRIBUNAL

1 En adelante el Juzgado

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03751-00
Actor: EDUARDO RODRÍGUEZ PERDOMO

ADMINISTRATIVO DEL HUILA2 y la SECCIÓN CUARTA DEL

CONSEJO DE ESTADO3.

I. ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

El señor JOSÉ FRANCISCO MONTUFAR RODRÍGUEZ, actuando

en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales de petición, al debido proceso y al acceso

a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por el JUZGADO, el TRIBUNAL y la SECCIÓN

CUARTA, al haber proferido las providencias de 13 de enero, 9 de

febrero y 3 de marzo de 2022; 28 de marzo y 19 de mayo de ese

año, respectivamente, dentro del incidente de desacato y la acción

de tutela identificados con los números únicos de radicación 2021-

00205-01 y 2022-00047-01.

I.2 Hechos

2 En adelante el Tribunal
3 En adelante la Sección Cuarta

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3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03751-00
Actor: EDUARDO RODRÍGUEZ PERDOMO

Indicó que el 29 de julio de 2021, en su calidad de compañero

permanente de la señora YINETH MOSQUERA PUENTES, elevó

derecho de petición ante la FIDUPREVISORA S.A. solicitándole

que aprobara el reconocimiento y pago de una pensión post –

mortem en su favor.

Sostuvo que el 31 de agosto de 2021 reiteró dicha petición, frente

a la cual no obtuvo respuesta, por lo que promovió acción de tutela

la cual fue identificada con el número único de radicación 41001-

33-33-007-2021-00205-00 y le correspondió por reparto al

JUZGADO que, mediante sentencia de 6 de octubre de 2021,

amparó su derecho fundamental de petición y ordenó a la

directora de prestaciones económicas de la FIDUPREVISORA

S.A., dar respuesta a la solicitud.

Afirmó que el 22 de octubre de 2021, ante el incumplimiento de

la orden del fallo de la tutela, presentó incidente de desacato ante

el JUZGADO que, mediante auto de 27 de octubre de 2021,

requirió a la FIDUPREVISORA S.A. para que informara sobre el

cumplimiento del fallo.

Manifestó que a través de providencia de 11 de noviembre de

2021 se dio apertura al incidente de desacato y mediante auto de

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03751-00
Actor: EDUARDO RODRÍGUEZ PERDOMO

26 de noviembre de ese año el JUZGADO impuso sanción de tres

días de arresto y multa de tres salarios mínimos legales mensuales

vigentes al vicepresidente del Fondo de Prestaciones, señor

JAIME ABRIL MORALES y a la directora de prestaciones

económicas, señora ÁNGELA TOBAR GONZÁLEZ.

Señaló que se surtió el grado jurisdiccional de consulta ante el

TRIBUNAL que, mediante auto de 6 de diciembre de 2021, revocó

la providencia consultada bajo el argumento de que “[…] en el fallo

de primera instancia como en el incidente de desacato, la orden

emitida por el a quo, no especificó ni concluyó el objeto de lo

peticionado por el accionante, lo que conllevó a que la accionada

no tuviera claridad que debía pronunciarse respecto a la solicitud

pensional realizada por el accionante en calidad de compañero de

la causante […]”.

Explicó que el 10 de diciembre de 2021 presentó nuevamente

incidente de desacato ante el JUZGADO que, mediante auto de

13 de enero de 2022, declaró el cumplimiento del fallo de tutela

en razón a que las pruebas allegadas al proceso evidenciaban que

la entidad demandada había contestado de fondo la petición.

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Actor: EDUARDO RODRÍGUEZ PERDOMO

Arguyó que el 1o. de febrero de 2022, solicitó al JUZGADO

información sobre el estado del trámite del incidente de desacato,

pues la accionada había incumplido la orden impartida en el fallo

de tutela de 6 de octubre de 2021, por lo cual reiteraba las

peticiones presentadas en el memorial de 10 de diciembre de

2021.

Adujo que a través de proveído de 9 de febrero de 2022, el

JUZGADO rechazó el incidente de desacato, toda vez que

mediante auto de 13 de enero del mismo año ya se había tenido

por cumplida la orden de tutela.

Alegó que el 15 de febrero de 2022, solicitó nuevamente impartir

trámite al incidente de desacato, habida cuenta que los

documentos aportados por la entidad no daban cuenta del

cumplimiento del fallo de tutela, por lo cual solicitó la declaratoria

de nulidad de los autos de 13 de enero y de 9 de febrero de 2022,

solicitud que fue denegada mediante proveído de 3 de marzo del

mismo año, en el cual también se rechazó el incidente de

desacato.

Destacó que inconforme con lo anterior, interpuso acción de tutela

identificada con el núm. único de radicación 41001-23-33-000-

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Actor: EDUARDO RODRÍGUEZ PERDOMO

2022-00047-00 que fue asignada por reparto al TRIBUNAL que,

mediante sentencia de 28 de marzo de 2022, denegó las

pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que encontró

probado que el JUZGADO adelantó el trámite del incidente de

desacato con respeto a los derechos al debido proceso, a la

defensa y con fundamento en las pruebas aportadas al

expediente, conforme a las cuales concluyó que se había dado

cumplimiento al fallo de tutela de 6 octubre de 2021, al encontrar

que se dio una respuesta de fondo y congruente a la petición de

29 de julio de 2021, reiterada el 31 de agosto del mismo año.

Adujo que impugnó dicha decisión, recurso que fue desatado por

la SECCIÓN CUARTA que, mediante sentencia de 19 de mayo de

2022, confirmó la sentencia de primer grado, en razón a que los

derechos fundamentales deprecados no habían sido vulnerados.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas vulneraron

sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y al

acceso a la administración de justicia, al proferir las providencias

de 13 de enero, 9 de febrero y 3 de marzo de 2022; 28 de marzo

y 19 de mayo de ese año, respectivamente, dentro del incidente

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Actor: EDUARDO RODRÍGUEZ PERDOMO

de desacato y la acción de tutela identificados con los números

únicos de radicación 2021-00205-01 y 2022-00047-01.

Afirmó que las decisiones controvertidas son contrarias a derecho,

están viciadas de nulidad al no tener una debida motivación y

valorar indebidamente las pruebas aportadas por la entidad

demandada respecto del supuesto cumplimiento al fallo de tutela

de 6 de octubre de 2021. Además, sostuvo que el Juzgado omitió

los términos para resolver el incidente de desacato.

Aseveró que las providencias dictadas dentro del trámite del

incidente de desacato fueron proferidas de manera ilegal y

arbitraria y, pese a ello, fueron confirmadas por la SECCIÓN

CUARTA que mediante fallo de tutela favoreció esas decisiones,

a través de una providencia que no se encuentra firmada por el

ponente de la decisión, doctor JULIO ROBERTO PIZA

RODRÍGUEZ.

Sostuvo que dentro del trámite de la acción de tutela que

promovió contra las providencias mediante las cuales se rechazó

el incidente de desacato, se tuvo por cumplida la orden de tutela

dispuesta en el fallo de 6 de octubre de 2021 y se negó la solicitud

de nulidad, la entidad accionada presentó escrito de contestación

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Actor: EDUARDO RODRÍGUEZ PERDOMO

que no debió haber sido tenido en cuenta, toda vez que fue

remitido por un funcionario que no tenía poder para actuar en el

trámite, situación que el Juzgado pasó por alto y le otorgó valor

probatorio a los documentos aportados por la FIDUPREVISORA,

los cuales no guardaban relación con el objeto de la acción.

Igualmente, sostuvo que a la fecha de presentación de la presente

solicitud de amparo constitucional sus derechos fundamentales

continuaban siendo vulnerados, toda vez que la petición que había

presentado ante la FIDUPREVISORA nunca fue contestada, por

lo cual dicha entidad seguía incurriendo en desacato de la orden

de tutela.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales de

petición, al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia, invocados en el escrito de tutela así:

“[…] 1 PETICIÓN

1. SE REVOQUE EL FALLO DE TUTELA DE SEGUNDA
INSTANCIA de fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil
veintidós (2022), mediante el cual DECIDEN ARBITRARIA
E ILEGALMENTE: “Confirmar la sentencia impugnada,..”,
FIRMADA por JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ,
Presidente, STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO, MILTON
CHAVES GARCÍA, MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGUELLO

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Actor: EDUARDO RODRÍGUEZ PERDOMO

y SIN FIRMA DEL PONENTE, JULIO ROBERTO PIZA
RODRÍGUEZ, representantes del CONSEJO DE ESTADO,
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
CUARTA, enviado del correo electrónico
cegral@notificacionesrj.gov.co y recibido el 31 de mayo del
2022 en el correo electrónico
mariojimenez1953@hotmail.com, advirtiendo CLARO
FAVORECIMIENTO A LA DECISIÓN ARBITRARIA
VIOLATORIA DEL DEBIDO PROCESO Y DEL DERECHO DE
PETICIÓN, de los funcionarios judiciales del TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Sala
Segunda de Decisión, VIOLANDO EL DEBIDO PROCESO, AL
OMITIR TODAS LAS IRREGULARIDADES PROCESALES DE
LOS MAGISTRADOS TUTELADOS.

1.1. SE DECLARE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS AL
DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, VULNERADOS POR LOS CONSEJEROS: JULIO
ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ, Presidente, STELLA
JEANNETTE CARVAJAL BASTO, MILTON CHAVES GARCÍA,
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGUELLO y SIN FIRMA DEL
PONENTE, JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ,
representantes del CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, con
su fallo contrario a derecho y sin cumplir los requisitos de
eficacia y coherencia entre LO EXPUESTO EN EL OBJETO
DE LA IMPUGNACIÓN PRESENTADA, contra el fallo de
Primera Instancia de fecha veintiocho (28) de marzo de dos
mil veintidós (2022) y lo expuesto en la PARTE MOTIVA Y
LA PARTE RESOLUTIVA DEL FALLO, CONTRARIO A LA
CONSTITUCIÓN NACIONAL Y NORMATIVIDAD, como a los
PRECEDENTES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y DEL
CONSEJO DE ESTADO, acogidos, en esta materia.

1.2. SE TUTELEN LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO,
DEFENSA Y CONTRADICCIÓN, VULNERADOS por LOS
CONSEJEROS: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ,
Presidente, STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO, MILTON
CHAVES GARCÍA, MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGUELLO
y SIN FIRMA DEL PONENTE, JULIO ROBERTO PIZA
RODRÍGUEZ, representantes del CONSEJO DE ESTADO,
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
CUARTA, con su fallo contrario a derecho y sin cumplir los
requisitos de eficacia y coherencia entre LO EXPUESTO EN
EL OBJETO DE LA IMPUGNACIÓN PRESENTADA, contra el
fallo de Primera Instancia de fecha veintiocho (28) de
marzo de dos mil veintidós (2022) y lo expuesto en la
PARTE MOTIVA Y LA PARTE RESOLUTIVA DEL FALLO,
CONTRARIO A LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y

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Actor: EDUARDO RODRÍGUEZ PERDOMO

NORMATIVIDAD, como a los PRECEDENTES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL Y DEL CONSEJO DE ESTADO, acogidos,
en esta materia.

2. SE REVOQUE EL FALLO DE TUTELA de fecha
veintiocho (28) de marzo de dos mil veintidós (2022),
emitido por los Magistrados: GERARDO IVAN MUÑOZ
HERMIDA - Magistrado ponente -, NELCY VARGAS TOVAR,
Magistrada y Firmado electrónicamente por JOSÉ MILLER
LUGO BARRERO, Magistrado - Ausente con permiso, LO
CUAL ES MUY CUESTIONABLE E ILEGAL, ANTE SU
AUSENCIA, PARA QUE FIRME LO QUE NO CONOCE Y
RESPECTO DE LO CUAL NUNCA SE PRONUNCIÓ -, titulares
del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
HUILA, Sala Segunda de Decisión, VIOLANDO EL DEBIDO
PROCESO, VIOLANDO EL DEBIDO PROCESO AL:

a) EMITIR DECISIÓN CONTRARIA A DERECHO, SIN UNA
DEBIDA MOTIVACIÓN DEL FALLO EN DERECHO, por lo que
LA DECISIÓN ESTÁ VICIADA DE NULIDAD,

b) OMITIR INTENCIONALMENTE TODAS LAS
IRREGULARIDADES PROCESALES DEL JUEZ TUTELADO,
IDENTIFICADAS Y SEÑALANDO SU ILEGALIDAD EN LA
ACCIÓN DE TUTELA, DEBIDAMENTE CONCORDADAS CON
LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LA
NORMATIVIDAD, COMO POR LA JURISPRUDENCIA DE LAS
ALTAS CORTES, acogida en materia de trámite de la Acción
de Tutela.

c) OMITIR APLICAR LA PRESUNCIÓN DE VERACIDAD,
conforme se establece en el art. 20 del Decreto 2591 de
1.991, ANTE LA NO COHERENCIA DEL JUEZ TUTELADO, EN
LOS CONTENIDOS DEL INFORME PRESENTADO, - como
SUPUESTA RESPUESTA A LA ACCIÓN DE TUTELA -, EN
RELACIÓN CON EL CONTENIDO DE LA ACCIÓN DE TUTELA,
RELACIONADO CON SUS IRREGULARIDADES
PROCESALES, A PARTIR DEL AUTO de fecha 13 de enero
del 2022, mediante el cual DECIDE ILEGAL Y
ARBITRARIAMENTE: “DECLARAR que la autoridad
responsable ha dado cumplimiento a la sentencia proferida
el 6 de octubre de 2021.”, APOYÁNDOSE
ARBITRARIAMENTE EN DOCUMENTOS QUE HABÍA
INVALIDADO ANTERIORMENTE, PARA DAR TRÁMITE AL
INCIDENTE DE DESACATO, como las posteriores
actuaciones ilegales hasta DECIDIR RECHAZAR EL
INCIDENTE DE DESACATO, QUE HABÍA INICIADO
ANTERIORMENTE, SE ADVIERTE LA CONFIGURACIÓN DE
FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA por

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parte del Juez TITO ALEJANDRO RUBIANO HERRERA, titular
del JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE NEIVA, POR LO QUE DEBÍAN APLICAR LA PRESUNCIÓN
DE VERACIDAD y NO LO HICIERON, VIOLANDO
FLAGRANTEMENTE EL DEBIDO PROCESO.

d) OMITIR INTENCIONALMENTE, LA OMISIÓN DEL JUEZ
TUTELADO, DESACATANDO LOS PRECEDENTES
JURISPRUDENCIALES DE LAS ALTAS CORTES, ANTE LA
FALTA DE REMISIÓN DEL “PODER ESPECIAL” PARA PODER
ACTUAR DENTRO DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LA
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., QUE NUNCA REMITIÓ el
funcionario BUITRAGO GÓMEZ JOSÉ MIGUEL desde el
correo electrónico t_jmbuitrago@fiduprevisora.com.co,
QUIEN LE REMITIÓ AL JUEZ TUTELADO, COMO A MÍ, UNOS
DOCUMENTOS, COMO SUPUESTO CUMPLIMIENTO AL
FALLO DE TUTELA del 6 de octubre del 2021 y RESPUESTA
AL DERECHO DE PETICIÓN TUTELADO CON EL FALLO:
UNO, con fecha 9 de diciembre del 2021, con su firma y
OTRO, COMO ANEXO, SIN NOMBRE, SIN FIRMA, SIN FECHA
Y SIN RADICACIÓN DE EMISIÓN y que recibí en la misma
fecha en el correo electrónico
mariojimenez1953@hotmail.com, CON CONTENIDOS QUE
NO TIENEN NINGUNA RELACIÓN Y MENOS COHERENCIA,
CON LO ORDENADO EN EL FALLO del 6 de octubre del 2021
y CON LO SOLICITADO EN EL DERECHO DE PETICIÓN
fechado agosto 30 del 2021, enviado el 31 de agosto del
2021 por mi REPRESENTANTE, Señor MARIO JIMÉNEZ
ÁLVAREZ, por la página
https://pqrs.fiduprevisora.com.co/consultaWeb/, radicada
con el número 20211013420222, desde el correo
electrónico mariojimenez1953@hotmail.com, TUTELADO
CON EL FALLO. REPRESENTACIÓN ILEGAL DEL
FUNCIONARIO QUE REMITIO DICHOS DOCUMENTOS,
respecto de la cual, le informe al Juez tutelado, mediante
Oficio de fecha diciembre 10 del 2021.

e) OMITIR INTENCIONALMENTE: a) LA INVALIDACIÓN QUE
LE DIO EL JUEZ TUTELADO, A LOS DOCUMENTOS
ENVIADOS POR LA FIDUPREVISORA S.A., como
CUMPLIMIENTO AL FALLO del 6 de octubre del 2021 porque
SUS CONTENIDOS NO CORRESPONDÍAN A LO ORDENADO
EN EL FALLO DE TUTELA NI A LO SOLICITADO EN EL
DERECHO DE PETICIÓN, TUTELADO CON EL FALLO, en
consecuencia, b) HABER DADO TRÁMITE AL INCIDENTE DE
DESACATO, EMITIENDO AUTO DE APLICACIÓN DE
SANCIÓN Y MULTA A LOS FUNCIONARIOS DE LA
FIDUPREVISORA S.A., RESPONSABLES DE DAR
CUMPLIMIENTO AL FALLO.

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f) ADUCIR COMO PRUEBAS VÁLIDAS A FAVOR DEL JUEZ
TUTELADO Y EN EVIDENTE VIOLACIÓN AL DEBIDO
PROCESO, EL INFORME ENVIADO por el funcionario
judicial, COMO RESPUESTA A LA ACCIÓN DE TUTELA, EN
EL QUE, EN SUS CONTENIDOS SE ADVIERTE CLARAMENTE,
QUE OMITE INTENCIONALMENTE TODAS SUS
IRREGULARIDADES PROCESALES, VIOLATORIAS DEL
DEBIDO PROCESO, SOPORTADO EN LOS CONTENIDOS DE
LOS DOCUMENTOS ILEGALES REMITIDOS POR UN
FUNCIONARIOA SIN “PODER ESPECIAL” PARA ACTUAR
DENTRO DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LA
FIDUPREVISORTA S.A., PARA DECIDIR QUE YA SE HABÍA
DADO CUMPLIMIENTO AL FALLO DE TUTELA Y RESPUESTA
A LO SOLICITADO EN EL DERECHO DE PETICIÓN,
TUTELADO CON EL FALLO, LO QUE ES TOTALMENTE FALSO,
IRREGULARIDADES QUE SE LE PUSIERON EN SU
CONOCIMIENTO, mediante Oficio de fecha diciembre 10 del
2021, ANTES DE EMITIR LÓS AUTOS, MEDIANTE LOS
CUALES DECIDE ARBITRARIAMENTE DETERMINAR EL
CUMPLIMIENTO DEL FALLO Y EL RECHAZO AL TRÁMITE
INCIDENTAL, LAS QUE SON OBJETO DE LA PRESENTE
ACCIÓN DE TUTELA, POR VIOLACIÓN AL DEBIDO
PROCESO, POR LO QUE NO SE HA DE TENER DICHO
INFORME COMO RESPUESTA A LA ACCIÓN DE TUTELA.

g) EN RELACIÓN CON LAS ANTERIORES
IRRREGULARIDADES PROCESALES Y OTRAS QUE SE
EXPONDRÁN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EL JUEZ DE
TUTELA, SOPORTA SU INDEBIDA MOTIVACIÓN PARA
TOMAR LA DECISIÓN ADOPTADA, CONTRARIO AL ESTADO
SOCIAL DE DERECHO, por lo que NO SE DEBE, “NEGAR el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y
de petición del accionante Eduardo Rodríguez Perdomo, de
conformidad con los considerandos previamente
expuestos.”, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA contra el
señor JUEZ TITO ALEJANDRO RUBIANO HERRERA, titular
del JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE NEIVA, adm07nei@cendoj.ramajudicial.gov.co, POR
VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y AL DERECHO DE
PETICIÓN, al emitir DECISIÓN CONTRARIA A DERECHO en
el AUTO de fecha 3 de marzo del 2022, enviado del correo
electrónico adm07nei@cendoj.ramajudicial.gov.co y
recibido en el correo electrónico
mariojimenez1953@hotmail.com, mediante el cual DECIDE
ARBITRARIA E ILEGALMENTE: “NEGAR la solicitud de
nulidad incoada (…) Y RECHAZAR el incidente de desacato
(…)”, presentado el 9 de Noviembre del 2021 Y REITERADO
en VARIAS OPORTUNIDADES, SIENDO LA ÚLTIMA DE

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03751-00
Actor: EDUARDO RODRÍGUEZ PERDOMO

ELLAS, mediante Oficio de fecha Marzo 2 del 2022,
DECISIÓN QUE SE REMITE, VENCIDOS LOS TÉRMINOS
PARA RESOLVER EL INCIDENTE DE DESACATO contra el
FALLO DE TUTELA de fecha octubre 6 del 2021, por
VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO A LA
DEFENSA EFECTIVA, vulnerados con su decisión, por VÍA
DE HECHO.

2.1. SE DECLARE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS AL
DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, VULNERADOS POR los Magistrados: GERARDO
IVAN MUÑOZ HERMIDA - Magistrado ponente -, NELCY
VARGAS TOVAR, Magistrada y Firmado electrónicamente
por JOSÉ MILLER LUGO BARRERO, Magistrado - Ausente
con permiso, LO CUAL ES MUY CUESTIONABLE E ILEGAL,
ANTE SU AUSENCIA PARA QUE FIRME LO QUE NO CONOCE
Y RESPECTO DE LO CUAL NUNCA SE PRONUNCIÓ -,
titulares del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL HUILA, Sala Segunda de Decisión, con su fallo
contrario a derecho y sin cumplir los requisitos de eficacia
y coherencia entre EL OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA y
lo expuesto en la parte motiva y la parte resolutiva del fallo,
CONTRARIO A LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y
NORMATIVIDAD, como LOS PRECEDENTES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL acogidos, en esta materia.

2.2. SE TUTELEN LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO,
DEFENSA Y CONTRADICCIÓN, VULNERADOS por los
Magistrados: GERARDO IVAN MUÑOZ HERMIDA -
Magistrado ponente -, NELCY VARGAS TOVAR, Magistrada
y Firmado electrónicamente por JOSÉ MILLER LUGO
BARRERO, Magistrado - Ausente con permiso, LO CUAL ES
MUY CUESTIONABLE E ILEGAL, ANTE SU AUSENCIA PARA
QUE FIRME LO QUE NO CONOCE Y RESPECTO DE LO CUAL
NUNCA SE PRONUNCIÓ -, titulares del TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA, Sala
Segunda de Decisión, con su fallo contrario a derecho y sin
cumplir los requisitos de eficacia y coherencia entre EL
OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA y lo expuesto en la parte
motiva y la parte resolutiva del fallo, CONTRARIO A LA
CONSTITUCIÓN NACIONAL Y NORMATIVIDAD, como LOS
PRECEDENTES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL acogidos,
en esta materia.

3. SE VINCULE A LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA AL
Juez TITO ALEJANDRO RUBIANO HERRERA, titular del
JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
NEIVA, adm07nei@cendoj.ramajudicial.gov.co.

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Actor: EDUARDO RODRÍGUEZ PERDOMO

3.1. SE DECLARE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS AL
DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, COMO AL DERECHO DE PETICIÓN, TUTELADO
CON EL FALLO del 6 de octubre del 2021, VULNERADOS por
el Juez TITO ALEJANDRO RUBIANO HERRERA, titular del
JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
NEIVA, adm07nei@cendoj.ramajudicial.gov.co, POR
VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y AL DERECHO DE
PETICIÓN, al emitir DECISIÓN CONTRARIA A DERECHO en
el AUTO de fecha 3 de marzo del 2022, enviado del correo
electrónico adm07nei@cendoj.ramajudicial.gov.co y
recibido en el correo electrónico
mariojimenez1953@hotmail.com, mediante el cual DECIDE
ARBITRARIA E ILEGALMENTE: “NEGAR la solicitud de
nulidad incoada (…) Y RECHAZAR el incidente de desacato
(…)”, presentado el 9 de Noviembre del 2021 Y REITERADO
en VARIAS OPORTUNIDADES, SIENDO LA ÚLTIMA DE
ELLAS, mediante Oficio de fecha Marzo 2 del 2022,
DECISIÓN QUE SE REMITE, VENCIDOS LOS TÉRMINOS
PARA RESOLVER EL INCIDENTE DE DESACATO contra el
FALLO DE TUTELA de fecha octubre 6 del 2021, por
VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO A LA
DEFENSA EFECTIVA.

3.2. SE TUTELEN LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO,
DEFENSA Y CONTRADICCIÓN vulnerados por el Juez TITO
ALEJANDRO RUBIANO HERRERA, titular del JUZGADO
SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE NEIVA,
adm07nei@cendoj.ramajudicial.gov.co, POR VIOLACIÓN
AL DEBIDO PROCESO Y AL DERECHO DE PETICIÓN, al
emitir DECISIÓN CONTRARIA A DERECHO en el AUTO de
fecha 3 de marzo del 2022, enviado del correo electrónico
adm07nei@cendoj.ramajudicial.gov.co y recibido en el
correo electrónico mariojimenez1953@hotmail.com,
mediante el cual DECIDE ARBITRARIA E ILEGALMENTE:
“NEGAR la solicitud de nulidad incoada (…) Y RECHAZAR el
incidente de desacato (…)”, presentado el 9 de Noviembre
del 2021 Y REITERADO en VARIAS OPORTUNIDADES,
SIENDO LA ÚLTIMA DE ELLAS, mediante Oficio de fecha
Marzo 2 del 2022, DECISIÓN QUE SE REMITE, VENCIDOS
LOS TÉRMINOS PARA RESOLVER EL INCIDENTE DE
DESACATO contra el FALLO DE TUTELA de fecha octubre 6
del 2021, por VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y EL
DERECHO A LA DEFENSA EFECTIVA.

3.3. SE DECLARE LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO por
el JUEZ TITO ALEJANDRO RUBIANO HERRERA, titular del
JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
NEIVA, A PARTIR del Auto de fecha 13 de enero del 2022,

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mediante el cual DECIDE ILEGAL Y ARBITRARIAMENTE:
“DECLARAR que la autoridad responsable ha dado
cumplimiento a la sentencia proferida el 6 de octubre de
2021.”, APOYÁNDOSE EN DOCUMENTOS ILEGALES QUE
HABÍA DESVIRTUADO COMO CONSTITUTIVOS DEL
CUMPLIMIENTO AL FALLO DE TUTELA del 6 de octubre del
2021, POR LO QUE DIO TRÁMITE AL INCIDENTE DE
DESACATO Y EMITIÓ AUTO DE SANCIÓN Y MULTA CONTRA
LOS FUNCIONARIOS DE LA FIDUPREVISORA S.A., que por
errores suyos en su redacción, EN EL TRÁMITE DE LA
CONSULTA, mediante AUTO INTERLOCUTORIO de fecha 6
de diciembre del 2021, firmado por la Magistrada NELCY
VARGAS TOVAR y los Magistrados JOSÉ MILLER LUGO
BARRERO Y GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA, del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, LE FUE
REVOCADA LA PROVIDENCIA CONSULTADA de fecha 26 de
noviembre del 2021, remitido el 7 de diciembre del 2021
por el correo electrónico
sgtadminhla@notificacionesrj.gov.co y recibido en la
misma fecha en el correo electrónico
mariojimenez1953@hotmail.com,, el cual DEBÍA
CORREGIR Y TRAMITAR DE NUEVO, PARA REINICIAR EL
TRÁMITE INCIDENTAL Y NO LO HIZO.

3.4. SE REVOQUEN LOS AUTOS EMITIDOS por el JUEZ
TITO ALEJANDRO RUBIANO HERRERA, titular del JUZGADO
SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE NEIVA: a)
Auto de fecha 13 de enero del 2022, “DECLARAR que la
autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia
proferida el 6 de octubre de 2021.”. -, b) Auto de fecha 9
de febrero del 2022, - “RECHAZAR el incidente de desacato
presentado por EDUARDO RODRÍGUEZ PERDOMO.” y c)
AUTO de fecha 3 de marzo del 2022, - “NEGAR la solicitud
de nulidad incoada (…) Y RECHAZAR el incidente de
desacato (…)”, OMITIÉNDOSE INTENCIONALMENTE EL
TRÁMITE DEL INCIDENTE DE DESACATO CONTRA LA
FIDUPREVISORA S.A., afectado por las irregularidades
propias del Juez, quien EN LUGAR DE REALIZAR LAS
CORRECCIONES SUGERIDAS Y EMITIR NUEVO AUTO PARA
ESTE TRÁMITE INCIDENTAL, DECIDE ILEGALMENTE
DECLARAR EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA Y
RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN, TUTELADO CON EL
FALLO, APOYANDO SU ILEGAL DECISIÓN, EN
DOCUMENTOS ILEGALES QUE ÉL MISMO HABÍA
DESECHADO POR NO TENER VALIDEZ, RESPECTO A DICHO
CUMPLIMIENTO TUTELAR Y RESPUESTA AL DERECHO DE
PETICIÓN TUTELADO.

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3.5. SE ORDENE al señor JUEZ TITO ALEJANDRO RUBIANO
HERRERA, titular del JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE NEIVA, que EN DERECHO Y DENTRO DE
LOS TÉRMINOS:

a) ORDENE A LA FIDUPREVISORA S.A., representada por la
funcionaria ÁNGELA TOBAR GONZÁLEZ, Directora de
Prestaciones Económicas y el funcionario JAIME ABRIL
MORALES en su condición de Vicepresidente, DÉ
CUMPLIMIENTO AL FALLO DE TUTELA de fecha 6 de octubre
del 2021 y en consecuencia DÉ RESPUESTA CONFORME A
LO SOLICITADO, AL DERECHO DE PETICIÓN fechado
agosto 30 del 2021, enviado el 31 de agosto del 2021 por
mi REPRESENTANTE, Señor MARIO JIMÉNEZ ÁLVAREZ, por
la página https://pqrs.fiduprevisora.com.co/consultaWeb/,
radicada con el número 20211013420222, desde el correo
electrónico mariojimenez1953@hotmail.com, TUTELADO
CON DICHO FALLO.

b) DÉ TRÁMITE AL INCIDENTE DE DESACATO POR
INCUMPLIMIENTO AL FALLO DE TUTELA de fecha 6 de
octubre del 2021, CONFORME LO SOLICITADO EN ÉL […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO solicitó denegar las pretensiones de la acción

de tutela, toda vez que la tutela no es la vía judicial para presentar

las inconformidades con la respuesta desfavorable a los intereses

del tutelante emitida por la FIDUPREVISORA.

Sostuvo que todas y cada una de las solicitudes presentadas por

el actor fueron resueltas, máxime si se tiene en cuenta que se

trata de escritos reiterativos que pretenden: “[…] la declaratoria

de responsabilidad de la Fiduprevisora bajo el argumento de que

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la respuesta dada por la Dirección de Servicio al Cliente mediante

oficio No. 20211094047301 del 07 de diciembre de 2021, no se

constituye como una respuesta de fondo a la petición elevada en

fecha del 29 de julio de 2021 reiterada el 31 de agosto del mismo

año, los cuales han sido estudiados y resueltos por parte de este

despacho, con base en el primer incidente, de acuerdo con las

disposiciones establecidas en la sentencia C-367 de 2014, por lo

cual los restantes son simple reiteración de lo ya decidido en auto

de trámite, en razón a que el fondo ya había sido decidido desde

el 13 de enero de 2022 con base en la providencia proferida por

el Tribunal en consulta […]”.

Afirmó que en el presente caso se dio cumplimiento a la orden

judicial, en la medida en que han sido atendidas las solicitudes

enumeradas en el derecho de petición, las cuales se encuentran

relacionadas entre sí, puesto que todas persiguen el

reconocimiento de una prestación que ha sido objeto de diferentes

decisiones administrativas y judiciales.

Resaltó que el actor cuenta con otros medios de defensa judicial

para cuestionar las respuestas emitidas frente a la solicitud de

reconocimiento y pago de la pensión post – mortem, por lo cual

no podía asumirse la acción de tutela como un mecanismo de

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protección alternativo, pues se correría el riesgo de vaciar las

competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar

en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a

ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento

de las funciones de esta última.

Manifestó que contrario a lo afirmado por el actor, la respuesta al

derecho de petición que fue ordenada en sentencia de tutela

proferida por ese despacho fue contestada de fondo por la entidad.

Indicó que el actor afirmaba en su escrito de tutela que existía

incoherencia en los contenidos de las respuestas suministradas,

irregularidades procesales y omisiones intencionales de las

autoridades judiciales accionadas, sin exponer una concreta

vulneración del procedimiento o de sus derechos fundamentales,

pues únicamente se limitó a expresar sus opiniones.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La FIDUPREVISORA por intermedio de la Dirección de

Gestión Judicial, solicitó declarar improcedente la acción

constitucional de la referencia por ausencia de las causales

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generales y específicas de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial.

Afirmó que todas las actuaciones ante los jueces de instancia se

encontraban ajustadas a derecho sin que se haya presentado

ninguna transgresión en contra de las garantías fundamentales del

accionante.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6

de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número

377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de

Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre

las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de

2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento

de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de

lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de

20124, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y

con miras a unificar la jurisprudencia, luego de analizar la

evolución jurisprudencial de la acción de tutela contra

providencias judiciales tanto en la Corte Constitucional como en

esta Corporación, concluyó que si bien es cierto que el criterio

mayoritario de la Sala había sido el de considerar improcedente la

acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que

las distintas Secciones que la componen han abierto paso a dicha

acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha

advertido la vulneración de derechos constitucionales

fundamentales. De ahí que a partir de tal pronunciamiento se

modificó ese criterio radical y se declaró la procedencia de la

acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en

presencia de la violación de derechos constitucionales

fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros

fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de

2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, número de radicación: 2009-01328.

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C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella, elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo5.

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción

de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa
de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la
acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias

5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de
agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación
11001 03 15 000 2012 02201 01

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de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio
y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por
cuanto los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias

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proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del
cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho

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alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución. […]”

Análisis del caso concreto

En el presente caso, el señor EDUARDO RODRÍGUEZ

PERDOMO, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela

con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de

petición, al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el

JUZGADO; el TRIBUNAL y la SECCIÓN CUARTA, al haber

proferido, respectivamente las providencias de 13 de enero, 9 de

febrero y 3 de marzo de 2022; 28 de marzo y 19 de mayo de ese

año, dentro del incidente de desacato y la acción de tutela

identificados con los números únicos de radicación 2021-00205-

01 y 2022-00047-01.

Los disensos del actor radican en que el 29 de julio y el 31 de

agosto de 2021 elevó derecho de petición ante la

FIDUPREVISORA S.A., para que se aprobara el reconocimiento

y pago de la pensión post - mortem, en calidad de compañero

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permanente de la señora YINETH MOSQUERA PUENTES y, ante

la ausencia de respuesta, interpuso acción de tutela ante el

JUZGADO que, mediante sentencia de 6 de octubre de 2021

amparó su derecho fundamental de petición.

Debido al presunto incumplimiento de la orden de tutela, el actor

promovió incidente de desacato, en el cual se sancionó a la entidad

demandada, sin embargo, dicha decisión fue revocada en el grado

jurisdiccional de consulta por el TRIBUNAL al encontrar que la

petición si había sido contestada de fondo, de manera clara,

precisa y congruente con lo solicitado.

Inconforme con lo anterior, el actor pidió al JUZGADO que

tramitara el incidente de desacato, solicitud que fue resuelta

mediante providencia de 13 de enero de 2022, que declaró que la

autoridad responsable había dado cumplimiento a la sentencia de

6 de octubre de 2021.

Posteriormente, solicitó que se declarara la nulidad de la

providencia de 13 de enero de 2022 y que se emitiera un nuevo

auto de trámite del incidente de desacato, peticiones que fueron

resueltas mediante proveídos de 9 de febrero y 3 de marzo de

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2022, negando la solicitud de nulidad y rechazando el incidente de

desacato.

Por lo anterior, promovió acción de tutela contra las providencias

judiciales de 13 de enero, 9 de febrero y 3 de marzo de 2022, la

cual fue denegada por el TRIBUNAL mediante sentencia de 28 de

marzo de 2022, al encontrar probado que el Juzgado adelantó el

trámite del incidente de desacato con respeto al debido proceso,

el derecho a la defensa y con fundamento en las pruebas

aportadas al proceso, decisión que fue impugnada y confirmada

por la SECCIÓN CUARTA, a través de sentencia de 19 de mayo

de 2022.

En ese orden de ideas, es necesario precisar que, los argumentos

propuestos en la solicitud de amparo constitucional de la

referencia, están dirigidos a que se revoquen los proveídos de 13

de enero, 9 de febrero y 3 de marzo de 2022, a través de los

cuales el JUZGADO negó la solicitud de nulidad y rechazó el

incidente de desacato dentro del proceso identificado con el

número único de radicación 2021-00205-01 y a que se dejen sin

efecto las providencias dictadas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN

CUARTA dentro de la acción de tutela identificada con el radicado

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número 2022-00047-01, mediante la cual se cuestionaron

dichas decisiones.

Precisado lo anterior, la Sala estima pertinente señalar que se

referirá por separado a las providencias censuradas objeto de

tutela.

. - Proveídos de 13 de enero, 9 de febrero y 3 de marzo de

2022, dictados por el JUZGADO dentro del incidente de

desacato identificado con el número único de radicación

2021-00205-01

Previo a verificar el cumplimiento de los requisitos generales

frente a dichos proveídos y abordar el estudio del caso concreto,

la Sala advierte que el actor en el escrito introductorio del trámite

que nos ocupa, puso de presente que previamente había incoado

otra acción de tutela por los mismos hechos y pretensiones en los

que se fundamenta la solicitud de amparo de la referencia, la cual

se identifica con el número único de radicación 2022-00047-01,

que fue conocida por el TRIBUNAL y la SECCIÓN CUARTA que,

mediante sentencias de 28 de marzo y 19 de mayo de 2022,

denegaron las pretensiones de la acción.

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Es por lo anterior, que la Sala analizará si el actor incurrió en una

actuación temeraria al actuar como parte demandante en dos

acciones de tutela distintas, a través de las cuales pretende

controvertir las mismas situaciones fácticas y jurídicas ante

diferentes autoridades judiciales.

La temeridad y la cosa juzgada en acciones de tutela

La presentación sucesiva6 o simultánea7 de varias acciones de

tutela sobre un mismo asunto ha sido objeto de análisis de manera

reiterada por la Corte Constitucional, aspecto sobre el cual ha

estudiado la existencia de dos figuras a saber: la cosa juzgada y

la temeridad.

Al respecto, en sentencia T-560 de 2009, con ponencia del

magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Corte

Constitucional precisó que la cosa juzgada constitucional se

configura en aquellos eventos en que de manera sucesiva se

presentan acciones de tutela que guardan identidad de partes,

hechos y pretensiones, siempre que frente a una de ellas ya

hubiese un pronunciamiento definitivo e inmutable por parte del

6
La presentación sucesiva de una acción de tutela se entiende en aquellos eventos en que después
de haberse decidido una solicitud de amparo, la misma es presentada nuevamente.
7
La acción de tutela es simultánea cuando la persona la interpone ante varios jueces.

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juez constitucional.

Dicho fenómeno opera, cuando: i) quede ejecutoriada la sentencia

emitida por la Corte Constitucional en atención a la revisión que

esta realiza en virtud del artículo 33 del Decreto 2591 de 19 de

noviembre de 19918; o ii) esté ejecutoriado el auto por medio del

cual se decide no seleccionar para revisión el asunto9.

Por su parte, el juez debe entender por temerarias las acciones de

tutela que se presenten, ya sea de manera sucesiva o simultánea,

con identidad de partes, hechos y pretensiones, siempre que

considere que dicha actuación “[…] (i) resulta amañada, en la

medida en que el actor se reserva para cada demanda los

argumentos o pruebas que convalidan sus pretensiones; (ii)

denote el propósito desleal de obtener la satisfacción del interés

individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una

interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar

favorable; (iii) deje al descubierto el abuso del derecho porque

deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la

acción; o finalmente (iv) se pretenda a través de personas

8
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política".
9
Al respecto, ver la Sentencia T-137 de 2014, entre otras.

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inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores de

justicia […]”10.

Ahora bien, de la simple comprobación de la duplicidad en la

identidad aducida en precedencia, no puede colegirse la existencia

de la temeridad, dado que de advertirse una justificación expresa

en la formulación de la nueva demanda, se desvirtuaría un actuar

doloso o de mala fe por parte del libelista.

Adicionalmente, el alto Tribunal Constitucional ha previsto unos

supuestos en los cuales, de manera excepcional, puede concluirse

que no se configura la temeridad ante el ejercicio simultáneo o

sucesivo de acciones de tutela con identidad de partes, hechos y

pretensiones. Así en sentencia T-614 de 2015, con ponencia del

magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, dicha Corporación reiteró11

los eventos en que no hay lugar a declarar el fenómeno referido,

así:

“[…]”(i) la condición del actor que lo coloca en estado de
ignorancia o indefensión, propio de aquellas situaciones
en que los individuos obran por miedo insuperable o por
la necesidad extrema de defender un derecho y no por
mala fe; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales
del derecho; (iii) en la consideración de eventos nuevos que
aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o

10
Estas subreglas se puntualizaron en la Sentencia SU-713 de 2006, las cuales se reiteraron, entre
otras, en las Providencias T-560 de 2009, y recientemente, en la SU-439 de 2017.
11
Al respecto, ver las sentencias T-433 de 2006, T-507 de 2011.

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que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra
situación que no se haya tomado como base para decidir la(s)
tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los
derechos fundamentales del demandante: y por último (iv) se
puede resaltar la posibilidad de interponer una nueva acción de
amparo cuando la Corte profiere una sentencia de unificación,
cuyos efectos hace explícitamente extensivos a un grupo de
personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso
si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de
tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión;[…]”
(Destacado fuera de texto).

De todo lo anterior, resulta evidente que la valoración de la

temeridad exige la estimación de un factor subjetivo, de tal forma

que el juzgador logre advertir que la presentación sucesiva de una

acción de tutela tiene una justificación, como lo sería el hecho de

que el actor, en estado de ignorancia o indefensión, obre por

miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un

derecho y no por mala fe.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a verificar si en el caso

sub examine se observa identidad de partes, hechos y

pretensiones en relación con la acción de tutela identificada con el

número único de radicación 2022-00047-01, que el actor puso

de presente y, en consecuencia, si nos encontramos ante la

existencia de cosa juzgada y/o temeridad:

Que exista fallo ejecutoriado: el cual se entiende en aquellos

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eventos en los que la Corte Constitucional emite sentencia y esta

queda en firme o cuando esta decide no seleccionar el fallo de

tutela para revisión.

En el caso concreto se advierte que la Corte Constitucional, el 1o.

de agosto de 2022, dispuso enviar el expediente a la sala de

selección a efectos de determinar su elección para una eventual

revisión de la sentencia 19 de mayo de 2022, proferida por la

SECCIÓN CUARTA, dentro del proceso de tutela identificado con

número único de radicación 2022-00047-01.

Identidad de partes: La acción de tutela de la referencia fue

instaurada por el señor EDUARDO RODRÍGUEZ PERDOMO

contra el JUZGADO, el TRIBUNAL y la SECCIÓN CUARTA.

En la sentencia proferida por el TRIBUNAL y la SECCIÓN

CUARTA, dentro del proceso identificado con el radicado 2022-

00047-01 se advierte que el proceso de tutela fue iniciado por el

señor EDUARDO RODRÍGUEZ PERDOMO, en nombre propio, en

contra del JUZGADO, parte procesal que coincide con la acción de

tutela sub examine. Aunque en ambos procesos los jueces de

conocimiento vincularon a partes adicionales a las ya

mencionadas, la Sala encuentra que persiste la identidad de

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partes en el presente caso, pues la jurisprudencia de la Corte

Constitucional ha indicado que la existencia de variaciones o

alteraciones parciales en las partes procesales no es razón

suficiente para no concluir la existencia de cosa juzgada.

En efecto, en la sentencia T-219 de 2018, la Corte Constitucional

sostuvo que, en aquellos casos donde los jueces vinculan a sujetos

procesales adicionales en cada proceso, la identidad de partes

persiste, puesto que “[…] algunas alteraciones parciales a la

identidad, no necesariamente excluyen la cosa juzgada, ya que,

de lo contrario, accionar a una persona más o una menos puede

significar, en todo caso, una identidad de sujetos […]”.

Identidad de pretensiones: Sobre este punto, la Sala encuentra

que las pretensiones en las acciones de tutela son idénticas y

persiguen exactamente lo mismo, esto es, que como consecuencia

del amparo deprecado para los derechos fundamentales del actor,

se imparta trámite al incidente de desacato adelantado en la

acción de tutela que el demandante promovió contra la

FIDUPREVISORA en la que solicitó que se contestara una

petición incoada por aquel para acceder a la pensión post mortem

de quien era su compañera permanente.

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Identidad de Hechos: En este aspecto, la Sala advierte que en

la acción de tutela radicada bajo el número 2022-00047-01, así

como en la presente, el sustento fáctico de las pretensiones

subyace de la misma situación, esto es, (i) que las providencias

cuestionadas valoraron indebidamente las pruebas aportadas por

la FIDUPREVISORA S. A. para probar el supuesto cumplimiento

del fallo de tutela de 28 de octubre de 2021, (ii) que el juez omitió

los términos para resolver el incidente de desacato, y (iii) que no

se advirtió que los documentos remitidos por el funcionario de la

entidad demandada, se allegaron sin aportar poder especial para

actuar dentro de esta acción de tutela.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que se encuentra

demostrada la triple identidad entre la solicitud de amparo de la

referencia y la acción de tutela identificada con el número único

de radicación 2022-00047-01.

Ahora, comoquiera que, se encuentra demostrada la triple

identidad, la Sala pasará a definir si se está en presencia del

fenómeno de cosa juzgada y/o ante una actuación temeraria.

Conforme se adujo en precedencia, la Sala descarta la existencia

de la cosa juzgada, teniendo en cuenta que el expediente 2022-

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00047-01 fue remitido a sala de selección a efectos de

determinar su elección para una eventual revisión de la sentencia

19 de mayo de 2022 proferida por la SECCIÓN CUARTA.

Ahora bien, respecto a la actuación temeraria, la Sala debe

resaltar que aun cuando el actor presentó como justificación un

nuevo hecho, como lo son las providencias de 28 de marzo y 19

de mayo de 2022, proferidas, respectivamente, por el TRIBUNAL

y la SECCIÓN CUARTA, mediante las cuales denegaron las

pretensiones de la acción de tutela identificada con el número de

radicación 2022-00047-01, verificado el escrito de tutela de la

referencia se observa que el señor RODRÍGUEZ PERDOMO no

presentó inconformidad alguna frente a estas últimas

providencias, distintas a que convalidaban las actuaciones

mediante las cuales se rechazó la apertura del incidente de

desacato y concentró su debate en los proveídos de 13 de enero,

9 de febrero y 3 de marzo de 2022, por lo que resulta evidente

que su principal finalidad es que se dejen sin efecto las

actuaciones surtidas dentro del proceso del incidente de desacato

identificado con el número de radicación 2021-00205-01, así

como la presunta falta de respuesta de la petición elevada ante la

FIDUPREVISORA, propósito este que motivó el accionar del

primer proceso de tutela, lo que demuestra que no está justificado

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el ejercicio de una segunda acción por los mismos hechos y

pretensiones.

Siendo ello así, a juicio de la Sala, la actuación del señor

RODRÍGUEZ PERDOMO resulta temeraria, si se tiene en cuenta

que no se configura ninguna de las circunstancias excepcionales a

que hace referencia la Corte Constitucional en la sentencia

analizada en precedencia para enervar la actuación temeraria ante

el ejercicio simultáneo o sucesivo de una acción de tutela.

Así las cosas, en atención a que el actor ya había presentado una

acción de tutela que tiene identidad de partes, hechos y

pretensiones respecto de la acción de la referencia, la Sala

considera que en el presente caso se configuró la figura de la cosa

juzgada y la temeridad, por lo que en atención al artículo 38 del

Decreto Ley 2591 de 199112, la solicitud de amparo de la

referencia será rechazada.

En cuanto a la procedencia de la sanción, la Sala la considera

innecesaria, dado que no se evidencia un comportamiento desleal

12 Decreto Ley 2591 de 1991. “ARTICULO 38.-Actuación temeraria. Cuando, sin motivo

expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma
persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.” (Negrillas fuera del texto).

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o de mala fe por parte del actor, máxime cuando fue él mismo

quien puso en conocimiento la existencia de una acción de tutela

promovida con anterioridad a la presente, por lo que aun cuando

se configuran los elementos para calificar esta segunda solicitud

de amparo como temeraria, ello no necesariamente conduce a la

imposición de una sanción.

. - Providencias de 28 de marzo y 19 de mayo de 2022,

dictadas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN CUARTA dentro de

la acción de tutela identificada con el número único de

radicación 2022-00047-01

En el presente caso, la acción de tutela de la referencia está

dirigida a controvertir lo dispuesto en las sentencias de 28 de

marzo y 19 de mayo de 2022, proferidas por el TRIBUNAL y

la SECCIÓN CUARTA, respectivamente, dentro de la acción de

tutela identificada con el número único de radicación 2022-00047-

01.

A juicio del actor, las citadas providencias vulneraron sus derechos

fundamentales, toda vez que fueron dictadas de forma ilegal y

arbitraria favoreciendo las decisiones proferidas dentro del

incidente de desacato, mediante una providencia que no se

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encuentra firmada por el ponente de la decisión, doctor JULIO

ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ.

En este orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la

Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta

Corporación, en especial, el requisito de procedibilidad adjetiva

consistente en “que no se trate de tutela contra decisión de

tutela”.

.- Procedencia de la acción de tutela en contra de una

sentencia de la misma naturaleza.

Acerca de la procedencia de las acciones de tutela en contra de un

fallo de tutela proferido en otra petición de amparo, es menester

precisar que la Corte Constitucional mediante la sentencia SU-627

de 201513, unificó su posición así:

“[…] 4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la
procedencia de la acción de tutela contra
sentencias de tutela y contra actuaciones de los

13
Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 2015. Magistrado Ponente: Mauricio
González Cuervo.

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jueces de tutelas anteriores o posteriores a la
sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela,
cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar
por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida
dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia
de tutela, la regla es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la
sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea
por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela.
En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas
sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional .
14

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por
otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela
puede proceder de manera excepcional, cuando exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de
cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción
de tutela presentada no comparta identidad procesal
con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se
demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no
exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz
para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del
proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir
si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la
sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia
y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de
informar, notificar o vincular a los terceros que serían
afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela,
la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional
no ha seleccionado el asunto para su revisión.

14
Supra II, 4.3.5.

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4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la
sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes
impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede.
Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del
incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional […]”15 (Subrayas de la Sala)

De acuerdo con la posición expuesta por la Corte Constitucional

en la sentencia transcrita en precedencia, la regla general es la de

la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias de

tutela; sin embargo, la jurisprudencia ha establecido como

excepción a dicha regla que cuando la sentencia sea proferida por

cualquiera de los jueces o tribunales de la República, la acción de

tutela puede proceder, siempre y cuando se logre acreditar

que existió fraude y, por tanto, que se está ante el fenómeno

de la cosa juzgada fraudulenta, conforme lo antes expuesto.

En ese sentido, se observa que la actora tenía el deber de acreditar

que las decisiones adoptadas por el Tribunal y la Sección Cuarta

fueron producto de una situación de fraude y, en consecuencia,

que hubo cosa juzgada fraudulenta, la cual: “[…] se predica de un

proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos

15 Corte Constitucional. Sentencia SU627 del 1 de octubre de 2015. Consejero

Ponente: Mauricio González Cuervo.

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procesales y que materializa en esencia un negocio fraudulento a

través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a

terceros y a la comunidad […]”, circunstancia que no aparece

demostrada dentro del presente proceso.

En efecto, en el presente caso el actor se limitó a manifestar las

razones por las cuales estimaba que no se encontraba de acuerdo

con las motivaciones y las valoraciones probatorias realizadas en

las providencias objeto de reproche, argumentaciones que no

resultan suficientes para demostrar que el juez de tutela incurrió

en una actuación dolosa o extremadamente negligente, que

habilite al examen de fondo de la mentada providencia.

En ese sentido, sobre la necesidad de acreditar la existencia de

una situación fraudulenta para que proceda la acción de tutela

contra sentencias proferidas dentro de una acción de la misma

naturaleza, la Corte Constitucional, en sentencia T 322 de 201916,

sostuvo:

“[…] la jurisprudencia de este Tribunal permite identificar una
línea de interpretación, según la cual, quien pretenda la
revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito
a cosa juzgada constitucional debido a su no selección, debe
cumplir con una exigente carga argumentativa dirigida a
demostrar (i) que el juez de tutela incumplió un deber

16 Corte Constitucional, sentencia T-322 de 19 de julio de 2019. Expediente T-

6.976.900. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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básico de conducta que se opone a los requerimientos
medulares que se anudan a la tarea de administrar
justicia, manifiesta en una actuación dolosa o
extremadamente negligente y (ii) que la sentencia
cuestionada no puede ser admitida debido a que resulta
evidentemente incorrecta, implicando además -en principio-
una afectación grave del patrimonio público. La Corte
advierte que esta conclusión se desprende del análisis
conjunto de las diferentes providencias que, de una u otra
forma se han ocupado de la materia. En adición a ello, es
posible identificar un grupo de eventos que, en principio,
pueden ser considerados indicios de que se ha configurado
una situación fraudulenta.

En este sentido la parte interesada debe demostrar, con
base en fundamentos claros, ciertos, serios y
coherentes la situación de fraude alegada, la incidencia
en la decisión adoptada, la evidente violación de un derecho
fundamental y que la afectación sea significativa y
trascendental (trasgredir de manera grave el patrimonio
público). En este sentido, no serán de recibo razones o
interpretaciones que obedezcan al disgusto o
inconformismo del solicitante por la sentencia atacada.
Ese presupuesto tiene fundamento en el principio de
seguridad jurídica y cosa juzgada constitucional […]”
(Resaltado fuera del texto original)

Sin perjuicio de lo anterior, para la Sala resulta oportuno precisar

que, una vez revisada la providencia proferida por la SECCIÓN

CUARTA, aquí cuestionada, se advierte que contrario a lo

afirmado por el actor, dicha providencia sí se encuentra firmada

electrónicamente por el Magistrado ponente de la decisión.

Así las cosas, resulta evidente que la presente acción

constitucional no cumple con los requisitos generales para la

procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, ni

las exigencias excepcionales previstas para el efecto, cuando se

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incoan contra sentencias de la misma naturaleza, razón por la

cual se declarará la improcedencia de la acción, como en efecto

se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: RECHAZAR por improcedente el amparo solicitado

por el actor frente a los proveídos de 13 de enero, 9 de febrero y

3 de marzo de 2022, proferidos dentro del trámite del incidente

de desacato identificado con el núm. único de radicación 2021-

00205-01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado frente

a las sentencias proferidas dentro de la acción de tutela

identificada con el número único de radicación 2022-00047-01, de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente

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providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de agosto

de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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