Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-00057-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-00057-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00057-00
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
6 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2023-00057-001
Actor : Eduardo Rodríguez Perdomo
Demandados : Magistrados de la sección primera y de la subsección C de la
sección tercera del Consejo de Estado
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y seguridad social
Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Eduardo
Rodríguez Perdomo contra los señores magistrados de la sección primera y de
la subsección C de la sección tercera del Consejo de Estado, por la presunta
vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y seguridad social.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. El señor Eduardo Rodríguez Perdomo, quien
actúa en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de obtener la
protección de las garantías superiores a las que se hizo referencia,
presuntamente quebrantadas por los señores magistrados de la sección
primera y de la subsección C de la sección tercera del Consejo de Estado.
Como consecuencia de lo anterior, pide2 que se ordene decretar la nulidad de
lo actuado en las diligencias en las que se concluyó que el fallo de 6 de
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
2
Se aclara que el demandante consigna en el escrito inicial una serie de afirmaciones que no tienen, en
principio, relación entre sí, por lo que las pretensiones y hechos que se exponen en esta providencia,
comportan una interpretación integral de lo planteado en la solicitud de amparo y de lo que se infiere de las
pruebas adosadas a este trámite constitucional, en atención al principio de oficiosidad (Corte Constitucional,
sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela, esta Corte
ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los
derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos.
En esta medida es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción así como eventualmente las
pretensiones que llevarían a la salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras
jurisdicciones, y en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca
de la demanda»).
Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00057-00
Actor: Eduardo Rodríguez Perdomo
octubre de 2021, con el que el Juzgado Séptimo (7º) Administrativo de Neiva
decidió la acción de tutela 41001-33-33-007-2021-00205-00, se ha cumplido
a cabalidad, por cuanto ello no ha ocurrido.
1.2 Hechos. De lo expuesto por el actor y las pruebas adosadas a este
expediente, se infiere que la señora Yineth Mosquera Puentes (q. e. p. d.),
quien era su compañera permanente, se desempeñaba como docente del
departamento de Huila y falleció el 7 de enero de 2001, por lo que la
secretaría de educación del aludido departamento, con Resolución 802 de 16
de octubre siguiente, reconoció post mortem pensión de jubilación en favor de
los menores hijos de la difunta.
Que el 29 de julio de 2021 deprecó de la Fiduciaria La Previsora S. A.
(Fiduprevisora S. A.) modificar el precitado acto administrativo, en el sentido
de indicar que la prestación debía ser devengada por él y no por sus
«hijastros», frente a lo cual no recibió respuesta, por lo que incoó acción de
tutela contra el representante legal de dicha compañía (expediente 41001-33-
33-007-2021-00205-00), con el propósito de que se le contestara esa
reclamación, a lo que accedió el 6 de octubre de esa anualidad el Juzgado
Séptimo (7º) Administrativo de Neiva.
Dice que el 22 de octubre de 2021 promovió incidente de desacato, al que el
11 de noviembre siguiente dio apertura el mencionado Juzgado, que el 26 de
los mismos mes y año sancionó a los señores vicepresidente de fondos
prestacionales y directora de prestaciones económicas de La Fiduprevisora S.
A., con multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes
(smlmv) y arresto de tres (3) días, porque no acataron el aludido fallo de 6 de
octubre de ese año, determinación revocada el 13 de enero de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Huila (sala segunda de decisión), en sede de
consulta, al considerar que dicha sentencia fue observada con oficio
20211094047301 de 7 de diciembre de 2021, en el que se le informó al
accionante su inclusión en nómina «en el mes de diciembre de 2006», con la
salvedad de que el pago de la prestación fue suspendido en virtud de una
orden impartida por el Juzgado Primero (1º) Administrativo de Descongestión
de Neiva dentro de un proceso nulidad y restablecimiento del derecho3
promovido por los hijos de la causante.
3
No se identifica.
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00057-00
Actor: Eduardo Rodríguez Perdomo
Que el 15 de febrero de 2022 formuló otro incidente de desacato, en el que,
además de pedir que se declarara la inobservancia del fallo de 6 de octubre de
2021, deprecó la nulidad de lo actuado en el anterior trámite incidental, lo que
fue rechazado el 3 de marzo de 2022 por el Juzgado Séptimo (7º)
Administrativo de Neiva, providencia que atacó por conducto de la tutela
41001-23-33-000-2022-00047-00, negada el 28 siguiente por el Tribunal
Administrativo del Huila (sala segunda de decisión), con el argumento de que
se probó que la sentencia presuntamente desobedecida se atendió mediante
oficio 20211094047301 de 7 de diciembre de 2021, decisión judicial
confirmada el 19 de mayo de 2022 por el Consejo de Estado (sección cuarta).
Afirma que instauró acción de tutela contra los señores Juez Séptimo (7º)
Administrativo de Neiva y magistrados de la sala segunda de decisión del
Tribunal Administrativo del Huila y de la sección cuarta del Consejo de
Estado (expediente 11001-03-15-000-2022-03751-00), por cuanto, a su juicio,
no se había cumplido la precitada sentencia de 6 de octubre de 2021, por
consiguiente, debía tramitarse el respectivo incidente de desacato.
Que del asunto constitucional conoció el Consejo de Estado (sección
primera), que el 19 de agosto de 2022 lo declaró improcedente, en razón a
que, frente al proveído de 3 de marzo de esa anualidad del Juzgado Séptimo
(7º) Administrativo de Neiva, se configuró el fenómeno procesal de la cosa
juzgada, puesto que contra aquel se surtió la tutela 41001-23-33-2022-00047-
00, y en relación con los señores magistrados demandados, no se colma la
exigencia de que no se ataquen determinaciones judiciales que decidan otra
acción de tutela, dado que se emitieron en un expediente de esa naturaleza.
Aduce que interpuso impugnación contra la referida providencia de 19 de
agosto de 2022 (notificada el 30 siguiente), rechazada por extemporánea el 14
de octubre posterior por el Consejo de Estado (subsección C de la sección
tercera), proveído contra el cual formuló recurso de súplica, rechazado por
improcedente el 11 de noviembre de ese año.
Que (i) el proveído de 3 de marzo de 2022, a través del cual el Juzgado
Séptimo (7º) Administrativo de Neiva se abstuvo de iniciar otro trámite
incidental y negó la nulidad de lo actuado en el 41001-33-33-007-2021-
00205-00; y (ii) los fallos que decidieron la tutela 41001-23-33-000-2022-
00047-00, dictados el 28 de marzo y 19 de mayo de 2022 por el Tribunal
3
Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00057-00
Actor: Eduardo Rodríguez Perdomo
Administrativo del Huila (sala segunda de decisión) y el Consejo de Estado
(sección cuarta), en su orden, y el de 19 de agosto siguiente, por cuyo
conducto esta Corporación (sección primera) declaró improcedente la acción
11001-03-15-000-2022-03751-00, contrarían el ordenamiento jurídico, habida
cuenta de que no se ha dado cumplimiento a la sentencia de 6 de octubre de
2021, en consecuencia, debe sancionarse a la autoridad encargada de acatarla.
Agrega que los autos de 14 de octubre y 11 de noviembre de 2022, con los
que el Consejo de Estado (subsección C de la sección tercera) rechazó por
extemporánea la impugnación presentada contra la providencia de 19 de
agosto anterior y desestimó el recurso de súplica interpuesto contra este,
respectivamente, trasgreden sus garantías superiores, porque no se advirtió
que el pronunciamiento de 19 de agosto de ese año, dictado por esta
Corporación (sección primera), no se le notificó en debida forma.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a
través de auto de 13 de enero de 2023, admitió la presente acción, ordenó
notificar a los señores magistrados de la sección primera y de la subsección C
de la sección tercera del Consejo de Estado y dispuso vincular a los señores
Juez Séptimo (7º) Administrativo de Neiva y magistrados del Tribunal
Administrativo del Huila y de la sección cuarta de esta Corporación, en los
términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 Los señores magistrados de la sección primera del Consejo de Estado,
por conducto de la ponente del fallo de 19 de agosto de 2022, que decidió, en
primera instancia, la acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03751-00,
asevera que la de la referencia resulta improcedente, por cuanto el actor la
emplea con la finalidad de controvertir las decisiones emitidas en ese trámite
constitucional y en el 41001-23-33-000-2022-00047-00, por tanto, no colma
la exigencia de procedibilidad consistente en que mediante la tutela no se
censure una sentencia proferida en un asunto de la misma naturaleza.
2.1.2 Los señores magistrados de la sección cuarta y de la subsección C de la
sección tercera del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Huila
y Juez Séptimo (7º) Administrativo de Neiva guardaron silencio en la
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00057-00
Actor: Eduardo Rodríguez Perdomo
oportunidad prevista para el efecto.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por
el accionante, quien aduce quebranto de sus derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de
justicia y seguridad social.
3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Cuestiones preliminares.
3.3.1 Identificación de las providencias censuradas. En la solicitud de
amparo, tal como se advirtió al enunciar los hechos relacionados en el
numeral 1.2 de esta providencia, el actor plantea una serie de aseveraciones
que involucran varios sucesos, que al estructurarlos, en virtud del principio de
oficiosidad, permiten dilucidar que sus reproches atañen al auto de 3 de marzo
de 2022, con el que el Juzgado Séptimo (7º) Administrativo de Neiva (i) negó
una nulidad en el trámite incidental surtido dentro del expediente 41001-33-
33-007-2021-00205-00 y (ii) se abstuvo de adelantar otro incidente de
desacato.
Además, también se censuran las sentencias de (i) 28 de marzo de 2022, por
cuyo conducto el Tribunal Administrativo del Huila (sala segunda de
decisión) negó la tutela 41001-23-33-000-2022-00047-00, por cuanto el
proveído señalado en el párrafo precedente no contraría el marco jurídico,
dado que el fallo de 6 de octubre de 2021, dictado por el Juzgado Séptimo (7º)
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00057-00
Actor: Eduardo Rodríguez Perdomo
Administrativo de Neiva, se había sido cumplido; y (ii) 19 de mayo de 2022,
con la que el Consejo de Estado (sección cuarta) confirmó esa determinación
judicial.
De igual manera, el accionante reprocha el pronunciamiento de 19 de agosto
de 2022, con el que el Consejo de Estado (sección primera) declaró
improcedente la tutela 11001-03-15-000-2022-03751-00, con la que pidió
dejar sin efectos las decisiones judiciales enunciadas en el acápite anterior, al
no colmarse la exigencia de que no se cuestionen otras que desaten asuntos de
la misma naturaleza y porque se configuró la cosa juzgada respecto del auto
de 3 de marzo de ese año.
El tutelante también cuestiona los autos de 14 de octubre y 11 de noviembre
de 2022, con los que el Consejo de Estado (subsección C de la sección
tercera) rechazó por extemporánea la impugnación formulada contra la
sentencia de 19 de agosto de ese año y por improcedente el recurso de súplica
interpuesto contra aquel, respectivamente.
Así las cosas, el estudio jurídico a realizarse atañe a las providencias
judiciales enunciadas en precedencia.
3.3.2 Cosa juzgada. En atención a lo expuesto en la tutela de la referencia y a
las pruebas adosadas al asunto constitucional, la Sala considera oportuno
determinar si en el sub lite acaeció el fenómeno jurídico-procesal de la cosa
juzgada, respecto del proveído de 3 de marzo de 2022, emitido por el Juzgado
Séptimo (7º) Administrativo de Neiva.
En ese orden de ideas, debe indicarse que la Corte Constitucional, en
sentencia T-123 de 20164, se pronunció acerca de los presupuestos que se
deben tener en cuenta para dilucidar si acaece o no la cosa juzgada, en los
siguientes términos:
Para la Corte, esta disposición [artículo 38 del Decreto 2591 de 1991]
limita la libertad de acudir sucesiva e indefinidamente ante los jueces de
tutela para promover reclamos por los mismos hechos y basándose en
los mismos derechos, cuando ya han obtenido un pronunciamiento
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M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
6
Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00057-00
Actor: Eduardo Rodríguez Perdomo
definitivo por la justicia constitucional. Esto parte de la necesidad de
preservar la seguridad jurídica requerida para el buen funcionamiento de
la administración de justicia y el tráfico de las relaciones jurídicas;
pretende salvaguardar el carácter subsidiario de la acción de tutela, y se
orienta a garantizar la eficacia de las decisiones judiciales adoptadas en
sede jurisdiccional, todo lo cual se eliminaría si los debates sobre los
derechos fundamentales de una persona pudieran permanecer abiertos
indefinidamente.
7. En este contexto, la Corte ha reiterado que cuando el juez
constitucional ya se pronunció sobre un asunto iusfundamental, y ya
se surtió todo el trámite de la acción de tutela, incluyendo una
decisión sobre la eventual revisión de la Corte –y en caso de que la
Corte haya decidido revisarlo, que ya se haya proferido la sentencia de
tutela correspondiente- este pronunciamiento hace tránsito a cosa
juzgada.
En tal virtud, si una persona instaura una o varias acciones tutela
sobre un asunto sobre el que pesa la cosa juzgada constitucional, el
juez debe declarar improcedentes estas acciones posteriores al
primer fallo definitivo. Y solo si se desvirtúa debidamente la
presunción de buena fe del actor (CP art. 83), puede declararse la
temeridad de que trata el segundo inciso del artículo 38 del Decreto
2591, e imponer entonces las consecuencias establecidas en la ley.
8. Para llegar a la conclusión de que una misma demanda de tutela se ha
instaurado varias veces, con infracción de la prohibición prevista en el
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 o con desconocimiento de la cosa
juzgada constitucional, es indispensable acreditar que en la tutela
concurren: (i) identidad de partes; (ii) identidad de causa petendi, o lo
que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se
fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa; e (iii)
identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción
de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho
fundamental.
9. Adicionalmente, es necesario verificar que no existe una razón válida
que justifique un nuevo pronunciamiento por parte de la jurisdicción
constitucional en relación con los mismos hechos, porque por ejemplo
surgieron nuevas pruebas que antes era imposible haber allegado al
proceso. Así, la sentencia T-185 de 2013 señaló que existen varios
eventos en los que queda desvirtuada la cosa juzgada entre acciones de
tutela, como son “i) una nueva solicitud de amparo que se fundamenta
en hechos nuevos, que no habían sido tenidos en cuenta con
anterioridad por el juez; y ii) alegar nuevos elementos fácticos o
jurídicos que fundan la solicitud, los cuales fueron desconocidos por el
actor y no tenía manera de haberlos conocido en la interposición de la
primera acción de tutela” [destaca la Sala].
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00057-00
Actor: Eduardo Rodríguez Perdomo
De acuerdo con el derrotero jurisprudencial citado en precedencia, la cosa
juzgada se configura cuando entre la tutela bajo estudio y una decidida con
antelación por la jurisdicción constitucional existe identidad de partes, hechos
y pretensiones.
En el caso sub examine se observa que el actor promovió acción de tutela
contra el señor Juez Séptimo (7º) Administrativo de Neiva (expediente 41001-
23-33-000-2022-00047-00), con el propósito de que se ampararan sus
garantías superiores al debido proceso y acceso a la administración de justicia
y se dejara sin efectos el auto de 3 de marzo de 2021, con el que la autoridad
allí accionada se abstuvo de dejar sin efectos lo actuado en el incidente de
desacato 41001-33-33-007-2021-00205-00 y tramitar otro de la misma
naturaleza.
Del asunto constitucional conoció el Tribunal Administrativo del Huila (sala
segunda de decisión), que el 28 de marzo de 2022 negó el amparo deprecado,
al estimar que el fallo de 6 de octubre de 2021, dictado por el Juzgado
Séptimo (7º) Administrativo de Neiva, fue atendido por la Fiduprevisora S.
A., por medio de oficio 20211094047301 de 7 de diciembre de ese año, por
tanto, no merecía reproche alguno que en el proveído censurado se haya
negado una petición de nulidad de lo actuado en el respectivo incidente de
desacato y el inicio de otro trámite del mismo raigambre, determinación
confirmada el 19 de mayo de 2022 por el Consejo de Estado (sección cuarta).
Ahora bien, en la tutela de la referencia el demandante pide que se deje sin
efectos el mencionado auto de 3 de marzo de 2021, no obstante, la Sala
estima que sobre esa pretensión se configura el fenómeno jurídico-procesal de
la cosa juzgada, puesto que, se reitera, fue planteada en la tutela 41001-23-33-
000-2022-00047-00 y desestimada por el Tribunal Administrativo del Huila
(sala segunda de decisión) y el Consejo de Estado (sección cuarta), de manera
que no resulta factible emitir un nuevo pronunciamiento sobre el particular,
máxime cuando no se acreditó que haya acontecido algún hecho adicional que
modifique en algo la situación fáctica previamente analizada.
Así las cosas, la Sala centrará su estudio en establecer si la presente acción
resulta procedente para dejar sin efectos las sentencias de (i) 28 de marzo de
2022, por cuyo conducto el Tribunal Administrativo del Huila (sala segunda
de decisión) negó la tutela 41001-23-33-000-2022-00047-00; (ii) 19 de mayo
siguiente, con la que el Consejo de Estado (sección cuarta) confirmó esa
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00057-00
Actor: Eduardo Rodríguez Perdomo
determinación judicial; y (iii) 19 de agosto de esa anualidad, por cuyo
conducto esta Corporación (sección primera) declaró improcedente la
solicitud de amparo 11001-03-15-000-2022-03751-00.
También se examinará la procedencia de la tutela en lo relativo a los autos de
14 de octubre y 11 de noviembre de 2022, con los que el Consejo de Estado
(subsección C de la sección tercera) rechazó por extemporánea la
impugnación formulada contra el fallo de 19 de agosto de ese año y el recurso
de súplica interpuesto en su contra, respectivamente.
3.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que puedan comportar las providencias de (i) 28 de marzo de
2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Huila (sala segunda de
decisión) declaró improcedente la acción 41001-23-33-000-2022-00047-00,
(ii) 19 de mayo siguiente, con la que el Consejo de Estado (sección cuarta) la
confirmó; (iii) 19 de agosto de esa anualidad, por medio de la cual esta
Corporación (sección primera) declaró improcedente la tutela 11001-03-15-
000-2022-03751-00; (iv) 14 de octubre de ese año, por cuyo conducto el
Consejo de Estado (subsección C de la sección tercera) rechazó por
extemporánea la impugnación interpuesta contra la de 19 de agosto anterior; y
(v) 11 de noviembre de ese año, con la que la referida subsección estimó
improcedente el recurso de súplica formulado contra el proveído de 14 de
octubre; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al
debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y seguridad
social invocadas en la solicitud de amparo.
3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la
amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en
sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en
apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de
hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00057-00
Actor: Eduardo Rodríguez Perdomo
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos
fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii)
defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de
sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el
que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00057-00
Actor: Eduardo Rodríguez Perdomo
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial
siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de
vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.
11
Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00057-00
Actor: Eduardo Rodríguez Perdomo
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo
del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales5, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20126, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos7.
3.6 Caso concreto.
3.6.1 Procedencia de la tutela en relación con las sentencias de 28 de
marzo y 19 de mayo de 2022, dictadas en la acción de tutela 41001-23-33-
000-2022-00047-00. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales frente a las sentencias de 28 de marzo
y 19 de mayo de 2022, se evidencia que por medio de estas el Tribunal
Administrativo del Huila (sala segunda de decisión) y el Consejo de Estado
(sección cuarta) decidieron, en primera y segunda instancias, respectivamente,
la tutela 41001-23-33-000-2022-00047-00.
En ese orden de ideas, no se cumple el requisito de que la tutela no se formule
contra una decisión que desate una acción de esa naturaleza, pues los
precitados pronunciamientos resolvieron un trámite constitucional del mismo
raigambre (expediente 41001-23-33-000-2022-00047-00).
5
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2)
31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P.
Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de
junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-
0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia
López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
6
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
7
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008,
exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de
febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp.
2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve.
12
Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00057-00
Actor: Eduardo Rodríguez Perdomo
Se aclara que la jurisprudencia constitucional8, en principio, indicó que la
tutela no es procedente para controvertir fallos adoptados dentro de otras
acciones de ese tipo, por cuanto se afectaría su naturaleza y se originaría
inseguridad jurídica y desconocimiento del principio de cosa juzgada, puesto
que las controversias conocidas por la autoridad judicial nunca serían
decididas definitivamente ante la posibilidad de instaurar, de manera
concadenada, varias solicitudes de amparo. Al respecto, la Corte
Constitucional9 sostuvo:
3.2. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también ha precisado
que la posibilidad de interponer una acción de tutela contra
providencias judiciales no incluye aquellos casos en los cuales la
providencia judicial es otra tutela. Es decir, los precedentes han
establecido que la acción de tutela dirigida contra otra tutela no es
procedente. El criterio unificado de la Corte frente a la improcedencia
general de la acción de tutela contra fallos de tutela, fue precisado en la
sentencia SU-1219 de 200110. En dicha providencia se reiteraron las
razones constitucionales por las cuales no procede la acción de tutela
contra fallo de tutela.
En síntesis, en esa decisión la Corte indicó que no es procedente la
tutela contra tutela porque de lo contrario (i) implicaría instituir un
recurso adicional para insistir en la revisión de tutelas que con
anterioridad no fueron seleccionadas, (ii) supondría crear una cadena
interminable de demandas, con lo cual resultaría afectado el principio
de seguridad jurídica, (iii) se afectaría el mecanismo de cierre
hermenéutico de la Constitución, confiado a la Corte Constitucional, y
(iv) la tutela perdería su efectividad, pues “quedaría indefinidamente
postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no
insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para
buscar que su posición coincida con la opinión de algún juez. En este
evento, seguramente el anteriormente triunfador iniciará la misma
cadena de intentos hasta volver a vencer”.
3.3. Así mismo, la sentencia de unificación de la Corte antes citada,
precisó que cuando un juez de tutela falla en la interpretación de la
8
Corte Constitucional, sentencia T-200 de 2003, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
9
Sentencia T-272 de 2014, M. P. María Victoria Calle Correa.
10
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa). La posición unificada que contiene esta sentencia ha sido reiterada
por las diferentes Salas que han integrado esta Corporación: T-174 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-
192 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynnet), T-217 de 2002 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-354 de
2002 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-444 de 2002 (MP. Jaime Araujo Rentería), T-200 de 2003
(MP. Rodrigo Escobar Gil), T-536 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-059 de 2006 (MP. Álvaro
Tafur Galvis), T-104 de 2007 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-210 de 2008 (MP. Jaime Araujo Rentería), T-
282 de 2009 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-137 de 2010 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), T-151 de 2010 (MP. Nilson Pinilla Pinilla), y T-813 de 2010 (MP. María Victoria Calle Correa).
13
Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00057-00
Actor: Eduardo Rodríguez Perdomo
Constitución, incurre en una arbitrariedad o afecta el debido proceso
por configurar una vía de hecho, éstos pueden resolverse en el proceso
de eventual revisión ante la Corte Constitucional, consagrado en el
artículo 241 Superior.11 En otras palabras, una interpretación errada o
incompleta de la Constitución puede ser ajustada en sede de revisión.
Cabe destacar que el alto tribunal constitucional flexibilizó12 la postura de
improcedencia de la tutela contra sentencia de amparo en varios
pronunciamientos, al punto de que en el fallo SU-627 de 201513 dijo que a
ello hay lugar, siempre que se cumplan ciertos presupuestos, en los siguientes
términos:
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se
trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se
dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación
previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la
regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha
sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea
por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el
incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la
Corte Constitucional.
11
Artículo 241: A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes
funciones: 9.revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción
de tutela de los derechos constitucionales. Por su parte, el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 “por el cual
se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución,” señala: revisión por la
Corte Constitucional: La Corte Constitucional designará dos de sus Magistrados para que seleccionen, sin
motivación expresa y según su criterio, las sentencias de tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier
Magistrado de la Corte, o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido
por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio
grave. Los casos de tutela que no sean excluidos de revisión dentro de los 30 días siguientes a su recepción,
deberán ser decididos en el término de tres meses. Sobre el propósito de la eventual revisión ante la Corte
Constitucional, en la sentencia SU-1219 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Clara Inés Vargas
Hernández) la Sala Plena explicó: “(…) el deber de remisión de todos los fallos de tutela a la Corte
Constitucional obedece a la necesidad de que sea un órgano centralizado al cual se le confió la guarda de la
integridad y supremacía de la Constitución el que finalmente determine cuáles son los fallos de tutela que
representan una aplicación adecuada de los derechos constitucionales y así ejerza la tarea de unificación
jurisprudencial en materia de derechos fundamentales y de desarrollo judicial de la Constitución. Con esta
decisión el Constituyente ha creado el mecanismo más amplio, y a la vez eficaz, para evitar que los derechos
fundamentales no obtengan la protección que merecen como principios medulares de la organización
política colombiana. Es así como la Corte Constitucional debe mirar la totalidad de las sentencias de tutela,
bien sea para seleccionar las sentencias que ameritan una revisión o para decretar su no selección pero en
cualquiera de estos dos eventos debe estudiar el fallo de instancia y adoptar una decisión al respecto.”
12
Sentencias T-218 de 2012, M. P. Juan Carlos Henao Pérez, y T-951 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
13
M. P. Mauricio González Cuervo.
14
Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00057-00
Actor: Eduardo Rodríguez Perdomo
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o
tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante
el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando,
además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y
(iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para
resolver la situación […] (se destaca).
Al aplicar las exigencias precisadas por la Corte Constitucional para que la
tutela sea procedente contra providencias que decidan otra de similar
raigambre, en el sub lite la Sala concluye que no se colman en cuanto a las
sentencias de 28 de marzo y 19 de mayo de 2022, dictadas por el Tribunal
Administrativo del Huila (sala segunda de decisión) y el Consejo de Estado
(sección cuarta) en la tutela 41001-23-33-000-2022-00047-00, pues no se
evidencia que esas determinaciones judiciales correspondan a una situación
de fraude, es decir, que se configure lo que ese alto tribunal ha denominado
cosa juzgada fraudulenta, entendida como la «[…] intención dolosa de
servirse de la justicia para alcanzar fines inicuos […]»14.
En ese orden de ideas, se declarará improcedente la tutela en relación con la
pretensión relativa a los fallos aludidos en el párrafo precedente.
3.6.2 Procedencia de la tutela en lo concerniente a la sentencia de 19 de
agosto de 2022, con la que el Consejo de Estado (sección primera) desató,
en primera instancia, la tutela 11001-03-15-000-2022-03751-00. La Sala
estima que la tutela, en lo atañedero a la sentencia de 19 de agosto de 2022,
tampoco colma la exigencia de que por su conducto no se controvierta una
determinación judicial que haya decidido una acción de la misma naturaleza,
porque aquella fue emitida por el Consejo de Estado (sección primera) en el
trámite constitucional 11001-03-15-000-2022-03751-00, promovido contra
los señores magistrados de la sala segunda de decisión del Tribunal
Administrativo del Huila y el Consejo de Estado (sección cuarta) y Juez
Séptimo (7º) Administrativo de Neiva.
Además, tampoco satisface el requisito de la subsidiariedad, habida cuenta de
14
Sentencia T-218 de 2012, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
15
Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00057-00
Actor: Eduardo Rodríguez Perdomo
que el fallo atacado no fue impugnado de manera oportuna, tal como se
advirtió en el auto 14 de octubre de 2022, por medio del cual esta
Corporación (subsección C de la sección tercera) rechazó por extemporánea
la correspondiente impugnación.
Así las cosas, se impone declarar la improcedencia de la acción frente a la
providencia de 19 de agosto de 2022, dictada por el Consejo de Estado
(sección primera) en el expediente 11001-03-15-000-2022-03751-00.
3.6.3 Amparo deprecado en lo que atañe a los autos de 14 de octubre y 11
de noviembre de 2022 del Consejo de Estado (subsección C de la sección
tercera). El demandante sostiene que los autos de 14 de octubre y 11 de
noviembre de 2022, con los que el Consejo de Estado (subsección C de la
sección tercera) rechazó por extemporánea la impugnación formulada contra
la sentencia de 19 de agosto de ese año y por improcedente el recurso de
súplica interpuesto en su contra, respectivamente, contrarían el marco
jurídico, porque no advirtieron que impugnó dicho fallo oportunamente.
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales en relación con los autos cuestionados, en el
sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta relevancia
constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de
justicia y seguridad social del actor; (ii) contra dichos proveídos no procede
recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez
se satisface, toda vez que las determinaciones judiciales se profirieron el 14
de octubre y 11 de noviembre de 2022 y la solicitud de amparo se instauró el
12 de enero de 2023, es decir, dentro de un término prudencial (2 meses y 28
días, en relación con el primer auto, y 2 meses y 1 día, frente al segundo); y
(v) las providencias acusadas no desataron una acción de tutela.
Ahora bien, aunque el actor no invoca causal específica de procedibilidad
alguna en lo concerniente a los mencionados proveídos, al analizar las
pruebas adosadas a este asunto constitucional, se evidencia que el
pronunciamiento de 19 de agosto de 2022 fue notificado al correo electrónico
del demandante15 el día 30 de los mismos mes y año, de manera que no es
cierta la aseveración de que no se le comunicó en debida forma esa
15
mariojimenez1953@hotmail.com (dirección electrónica consignada en la solicitud de tutela 11001-03-15-
000-2022-03751-00, la cual coincide con la consignada la que se decide en esta providencia).
16
Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00057-00
Actor: Eduardo Rodríguez Perdomo
determinación judicial.
En ese orden de ideas, no se advierte que el auto de 14 de octubre de 2022,
con el que el Consejo de Estado (subsección C de la sección tercera) rechazó
por extemporánea la impugnación contra la sentencia de 19 de agosto de
2022, que decidió, en primera instancia, la tutela 11001-03-15-000-2022-
03751-00, inobserve el ordenamiento jurídico.
En lo que concierne al proveído de 11 de noviembre de 2022, con el que se
rechazó la súplica formulada contra el de 14 de octubre anterior, la Sala
tampoco constata que comporte reproche constitucional, pues se emitió de
acuerdo con el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional16, según el
cual en sede de tutela solo proceden los recursos expresamente señalados en
el Decreto 2591 de 1991, dentro de los que no se encuentra aquel.
Así las cosas, la Sala negará el amparo deprecado, en lo atinente a los
precitados proveídos, toda vez que, se reitera, atienden el sistema normativo,
situación que impide atribuirles quebranto de prerrogativas superiores del
demandante.
A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala declarará improcedente la
acción de la referencia, frente a las pretensiones atañederas a las providencias
de (i) 3 de marzo de 2022, emitido por el Juzgado Séptimo (7º)
Administrativo de Neiva, por configurarse la cosa juzgada en cuanto a esa
decisión; y (ii) 28 de marzo y 19 de mayo de ese año, con las que el Tribunal
Administrativo del Huila (sala segunda de decisión) y el Consejo de Estado
(sección cuarta) decidieron, en primera y segunda instancia, respectivamente,
la tutela 41001-23-33-000-2022-00047-00, y la de 19 de agosto siguiente, por
cuyo conducto esta Corporación (sección primera) desató el asunto
constitucional 11001-03-15-000-2022-03751-00, por no colmarse la exigencia
de que no se ataque una determinación judicial proferida en un trámite de la
misma naturaleza y frente a la última también por no satisfacerse el
presupuesto de la subsidiariedad.
Asimismo, se negará el amparo deprecado, en lo que incumbe a los autos de
14 de octubre y 11 de noviembre de 2022, con los que el Consejo de Estado
(subsección C de la sección tercera) rechazó por extemporánea la
impugnación formulada contra la sentencia de 19 de agosto de ese año y el
16
Auto 287 de 2010, M. P. María Victoria Calle Correa.
17
Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00057-00
Actor: Eduardo Rodríguez Perdomo
recurso de súplica interpuesto en su contra, en su orden, porque atienden el
ordenamiento jurídico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. Declárase improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Eduardo Rodríguez Perdomo, en cuanto a las súplicas relacionadas con las
providencias de 3 y 28 de marzo, 19 de mayo y 19 de agosto de 2022
cuestionadas, conforme a la parte motiva.
2º Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al
debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y seguridad
social invocados por el señor Eduardo Rodríguez Perdomo, frente a la
pretensión atañedera a los autos de 14 de octubre y 11 de noviembre de 2022,
proferidos por el Consejo de Estado (subsección C de la sección tercera), por
las razones expuestas en las consideraciones.
3º. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
4º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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