Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03827-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03827-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03827-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
25 de agosto de 2022
Demandante: Jesús Rafael Morón Barrios
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03827-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03827-00
Demandante: JESÚS RAFAEL MORÓN BARRIOS
Demandados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo – mora en decidir recurso de queja dentro del
proceso de ruptura de solidaridad - ampara.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Jesús Rafael
Morón Barrios, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y, en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
El señor Jesús Rafael Morón Barrios, en nombre propio, instauró acción de tutela1
contra la “1. Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, 2. la empresa
caribemar de la costa s.a.s esp, 3. presidencia de Colombia 4. procuraduría general de la
nación” (Sic a toda la cita) con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al “debido proceso, mínimo vital, acceso a la administración de justicia y
derecho de petición”.
Dichas garantías las estimó vulneradas con ocasión a la falta de trámite del
recurso de queja que impetró en el proceso de ruptura de solidaridad que adelantó
ante Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia), con radicado 20228000596432,
cuya resolución correspondió a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
1 A través de mensaje de datos remitido el 12 de julio de 2022 al correo electrónico
tutelaenlinea3@deaj.ramajudicial.gov.co y reenviado a la Secretaría General del Consejo de
Estado en la misma fecha.
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Demandante: Jesús Rafael Morón Barrios
Demandados: Presidente de la República y otros
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1.2. Pretensiones
Las pretensiones de la solicitud de amparo son las siguientes:
“PRIMERO: Que el juez constitucional ampare los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA,
DERECHO DE PETICION.
SEGUNDO: Que el juez constitucional ordene a la superservicios a cumplir con la
ley y dar respuesta a mi recurso de queja.
TERCERO: Que el honorable magistrado sancione conforme al decreto-ley 2591 de
1991 al superintendente por incumplimiento de una orden judicial.
CUARTO: Remitir copia a la procuraduría general de la nación para que investigue
las faltas que cometieron la superintendente de servicios públicos domiciliarios, el
representante legal y el jefe de jurídica de la empresa.
QUINTO: Que el honorable magistrado ordene al presidente a que en ejercicio de
sus funciones emita una orden para que el superintendente cumpla con las órdenes
impartidas por los jueces y no incurra en más violaciones de los derechos
fundamentales.” (Negritas del texto original y sic a toda la cita)
1.3. Hechos
La parte actora fundamentó su escrito de tutela en los siguientes:
Señaló que elevó una petición ante la empresa Caribemar de la Costa S.A.S. ESP
(Afinia) con el fin de que se declarara el rompimiento de la solidaridad respecto de
una deuda que recae sobre un bien inmueble de su propiedad.
Indicó que la entidad accionada despachó desfavorablemente su solicitud, razón
por la cual presentó recurso de reposición y en subsidio apelación. No obstante,
estos fueron rechazados al considerar que fueron interpuestos de manera
extemporánea.
Explicó que el 17 de febrero de 2022, radicó recurso de queja contra la anterior
decisión y que este fue concedido ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, bajo el radicado No. 20228000596432.
Alegó que a la fecha de presentación de esta acción constitucional la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no ha resuelto el recurso de
queja, pese a que han transcurrido más de 145 días desde la fecha de radicación.
1.4. Fundamentos de la solicitud
El tutelante consideró que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
y la empresa Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. (Afinia), vulneraron sus
derechos fundamentales toda vez que la omisión en resolver su solicitud generó
que la empresa de energía suspendiera dicho servicio en razón a la deuda que
tiene.
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Además, explicó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia de 28
de abril de 2022, proferida en la acción de tutela con radicado No. 11001-03-15-
000-2021-07293-01, indicó que existe una obligación de “imputar en sanciones al
director general de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios las cuales están
expresamente en el decreto-ley 2591 de 1991, además remitir copia a la procuraduría
general de la nación para que en ejercicio de sus funciones sanciones disciplinariamente
director general de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios”. (Sic a toda la
cita)
1.5. Trámite de la acción
El 15 de julio de 2022 el despacho sustanciador resolvió remitir este expediente a
la Subsección “B” de la Sección Segunda de esta Corporación, con el fin que
decidiera si asumía el conocimiento del asunto de la referencia2, lo cual fue
negado con providencia de 1° de agosto de 20223.
Luego, mediante auto de 8 de agosto de 2022, el magistrado ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar al tutelante, y como accionadas al presidente de
la República, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la
Procuraduría General de la Nación y a la empresa CARIBEMAR de la Costa
S.A.S. E.S.P. (Afinia).
Asimismo, dispuso requerir a la parte actora para que aportara “i) copia digital de las
actuaciones que realizó ante el Presidente de la República y la Procuraduría General de
la Nación, con el fin de establecer el eventual incumplimiento de esas dependencias en lo
referente a sus funciones, y ii) copia de la resolución de la empresa CARIBESOL DE LA
COSTA S.A.S. E.S.P. (Air-e S.A. E.S.P.) que resolvió su solicitud de rompimiento de la
solidaridad en primera instancia, así como de la decisión que rechazó por extemporáneo
el recurso de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.”.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Presidencia de la República
El apoderado del “Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y/o del
señor Presidente de la República”, pidió declarar improcedente este asunto, porque
la dependencia que él representa carece de legitimación en la causa por pasiva
frente a los hechos que fundan la acción de tutela.
2 En atención a que el mecanismo adelantado por el señor Carlos Andrés Vergara, (radicado 2022-
03540-00), que se encontraba para resolver de fondo, guardaba similitud fáctica y jurídica con la
admitida por la Magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez integrante de la Subsección “B” de la
Sección Segunda de esta Corporación (radicado 2021-05822-00).
3 Ello, tras considerar que si bien la vulneración alegada es respecto del trámite administrativo
denominado ruptura de solidaridad, “son peticiones de amparo con contenido fáctico y probatorio
distinta”.
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Así mismo, advirtió que el señor Jesús Rafael Morón Barrios no ha interpuesto
alguna petición ante la entidad, tal como lo indica la certificación CERT22-002013 /
IDM de 9 de agosto de 2022, razón por la cual no existe la vulneración de los
derechos invocada por él.
1.6.2. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
La apoderada de la entidad solicitó que “se declare la inexistencia de violación de
derechos fundamentales por parte de la superintendencia o la improcedencia de la
acción”.
Al respecto, informó que ya se resolvió la queja interpuesta por la parte accionante
mediante la Resolución SSPD 20228600707445 de 10 de agosto de 2022,
notificada a través del Oficio SSPD 20228603572601 de la misma fecha, por lo
que se entiende que han desaparecido los hechos sobre los cuales se solicitó el
amparo constitucional.
Ahora bien, respecto a las órdenes de corte y reconexión de energía, consideró
que carece de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que esta es “una
actuación de exclusiva competencia de la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.
ESP. – AFINIA GRUPO EPM. -, y no es del resorte de la superintendencia, por lo que no
es posible vincular a este organismo a los efectos del fallo”.
1.6.3. Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia)
La apoderada de esta entidad solicitó que se declare la improcedencia de la
acción de tutela o que esta sea negada, por las siguientes razones:
Resaltó que el 19 de mayo de 2021, el actor presentó una reclamación bajo el
radicado RE3110202121265 mediante la que solicitó la ruptura de solidaridad de
una facturación emitida por la empresa, a la cual se le dio respuesta de fondo a
través del comunicado No. 202170138710 de 26 de mayo de ese mismo año;
notificado a los correos melkiskammerer@hotmail.com y
oficinadequejasyreclamos@gmail.com.
Luego, el 9 de febrero de 2022, el tutelante interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación bajo el radicado RE3110202121265, los cuales fueron
rechazados por extemporáneos con el comunicado No. 20227004869 de 14 de
febrero de 2022. Contra esta decisión se presentó recurso de queja, razón por la
que el 27 de abril de 2022 el expediente fue enviado a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios para lo de su competencia.
De otro lado, agregó que “Consultado el sistema comercial de la empresa en el histórico
de ordenes de suspensión del servicio no se registra orden de suspensión en las fechas
indicadas por el actor. El servicio de energía se encuentra activo. No existe vulneración de
sus derechos fundamentales constitucionales mi representada Caribemar de la Costa
S.A.E.S.P ha respetado cada una de las etapas del proceso administrativo garantizando
el derecho de defensa contradicción y el debido proceso, como lo soportaremos más
adelante”.
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Así mismo, consideró que el Consejo de Estado no tiene competencia para
conocer de la presente acción de tutela, toda vez que el inmueble sobre el cual se
presta el servicio de energía se encuentra ubicado en Valledupar (César), por lo
que se desconoce el motivo por el que el proceso se radicó en Bogotá. Ello con
fundamento en las reglas establecidas en el Decreto 333 de 2021.
De otro lado, alegó que “El accionante interpone la acción de tutela, porque la
Superintendencia de Servicios Públicos no ha resuelto en segunda instancia el recurso de
apelación interpuesto por el accionante con radicado, RE3110202121265 situación que
desborda la competencia y responsabilidad de mi representada, configurándose la falta de
legitimación por pasiva”.
Finalmente, consideró que la acción constitucional se torna improcedente porque
existen otros medios de defensa, tales como: (i) la reclamación administrativa del
acto de facturación y los recursos contra el acto de suspensión; (ii) el recurso de
apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos; y (iii) el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Lo anterior, toda vez que el actor no acreditó la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.
1.6.4. Jesús Rafael Morón Barrios
Ante el requerimiento efectuado mediante el auto admisorio de 8 de agosto de
2022, el actor aportó algunos documentos.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Jesús Rafael Morón Barrios, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y
el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.
Ahora bien, respecto de los argumentos esgrimidos por Caribemar de la Costa
S.A.S. E.S.P. (Afinia) en relación con la falta de competencia del Consejo de
Estado para estudiar el asunto, la Sección advierte que esta Corporación sí es la
autoridad judicial que debe conocer el mecanismo constitucional de la referencia,
puesto que la tutela, además de dirigirse en contra de una autoridad de orden
nacional, también se hizo frente al presidente de la República 4. Luego, en
aplicación de los numerales 115 y 12 del artículo primero del decreto ídem, que
establece las reglas de reparto de la acción de tutela, el Consejo de Estado es
competente para asumir el conocimiento de este mecanismo en primera instancia.
4 Decreto 333 de 2021: Artículo primero: (…) 12. Las acciones de tutela dirigidas contra las
actuaciones del Presidente de la República, (…), serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, al Consejo de Estado. (…).
5 “11. Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y estas sean de
diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas
establecidas en el presente artículo”.
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2.2. Cuestión previa – legitimación en la causa por pasiva
Se recuerda que en este asunto se pidió desvincular a “ la Presidencia de la
República y del señor Presidente de la República”, al considerar que carecen de
legitimación en la causa por pasiva para actuar, sin embargo, este requerimiento
será negado frente al presidente de la República, dado que la demandante, con la
solicitud de amparo, elevó una pretensión en concreto frente a dicho mandatario.
En consecuencia, será con el estudio del caso concreto, y ante la acreditación de
que se acudió ante tal autoridad, que se determine si existió o no una omisión en
sus funciones.
Ahora, referente al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, esta Colegiatura se abstendrá de emitir un pronunciamiento,
comoquiera que contra tal dependencia no se dirigen las pretensiones de la acción
constitucional y por lo mismo en el auto admisorio no se incluyó, ello en atención a
que, según el artículo 3 del referido Decreto 1784 de 20196, la mencionada no
tiene ninguna función que sea acorde al problema jurídico aquí planteado.
Finalmente, frente al argumento esbozado por Caribemar de la Costa S.A.S.
E.S.P. (Afinia) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en
relación con la falta de legitimación en la causa por pasiva, se advierte que su
vinculación a este proceso se hizo con ocasión a la presunta omisión en dar
trámite a un recurso de queja que fue concedido por la primera entidad y cuya
resolución corresponde a la segunda, razón por la cual no se accederá a esta
petición, dado que resulta necesario determinar si el expediente administrativo fue
efectivamente remitido a la citada entidad de control para efectos de resolver el
recurso y, si en efecto, este ya fue decidido o no.
2.3. Problema jurídico
A esta Colegiatura le resulta pertinente precisar que con el mecanismo
constitucional de la referencia no se pretende controvertir un acto administrativo,
dado que su fundamento principal es una presunta mora administrativa por parte
de Caribemar de la Costa S.A.S. ESP (Afinia) y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, por el retardo de la primera en remitir el expediente a su
superior, y por la omisión de la segunda en resolver de fondo el recurso impetrado
al interior de un trámite de ruptura de solidaridad.
Por ello, en esta providencia no se hará alusión a la legalidad de ninguna
resolución, ya que no es el objeto de la acción que hoy nos ocupa, sumado a que,
para que esto ocurra en sede de tutela, se deben acreditar ciertos requisitos
constitucionales7 y jurisprudenciales8.
6 “Artículo 4. Funciones generales. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, tendrá las siguientes funciones generales: (…)
7 El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad como
presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el
numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
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Precisado lo anterior, como problema jurídico le corresponde a la Sala determinar
si en el caso concreto se presenta una vulneración a los derechos fundamentales
advertidos por el accionante, por la presunta mora administrativa de la
Superintendencia de Servicios Públicos y la sociedad Caribemar de la Costa
S.A.S. ESP (Afinia), con ocasión a la falta de resolución del recurso de queja
impetrado en el trámite de la ruptura de solidaridad identificado con el radicado
20228000596432 y adelantado ante la última de las mencionadas.
Para el efecto se estudiará: (i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii); el derecho
al debido proceso, (iii) los términos procesales para que la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios resuelva recursos de queja en sede
administrativa; y (iv) el análisis del caso concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable9.
2.5. Derecho al debido proceso
La Constitución Nacional consagra el derecho al debido proceso, en el artículo 29
y prescribe que esta garantía “aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas”.
Por su parte, la Corte Constitucional en su reiterada jurisprudencia ha desarrollado
el debido proceso como derecho fundamental, de la siguiente manera10:
8 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.
Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es
contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los
derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
9 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
10 Ver al respecto, entre otras, las sentencias unificación SU-1219 de 2001 y SU-159 de 2002 de la
Corte Constitucional.
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“El debido proceso constituye un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento
para las actuaciones tanto judiciales como administrativas, para la defensa de los
derechos de los ciudadanos, razón por la cual deben ser respetadas las formas
propias del respectivo proceso. Lo anterior garantiza la transparencia de las
actuaciones de las autoridades públicas y el agotamiento de las etapas previamente
determinadas por el ordenamiento jurídico. Por ello los ciudadanos sin distinción
alguna, deben gozar del máximo de garantías jurídicas en relación con las
actuaciones administrativas y judiciales encaminadas a la observancia del debido
proceso.” (Sentencia T- 078 de 1998).
“El derecho al debido proceso es el conjunto de garantías que buscan
asegurar a los interesados que han acudido a la administración pública o ante
los jueces, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El
incumplimiento de las normas legales que rigen cada proceso administrativo o
judicial genera una violación y un desconocimiento del mismo.” (Sentencia C- 339
de 1996)”.
De conformidad con lo anterior, el debido proceso constituye un derecho
fundamental de obligatorio cumplimiento en el sentido de que tanto las autoridades
judiciales como administrativas deben ceñirse a un procedimiento preestablecido,
con el fin de limitar los poderes del Estado, salvaguardar el principio de legalidad y
garantizar la transparencia de las actuaciones de las autoridades del orden
público.
Además, esta garantía también se materializa en la obligación de tramitar los
mecanismos y recursos dispuestos para que los ciudadanos controviertan la
legalidad de los actos administrativos que consideren repercuten en la garantía de
sus derechos; actuaciones que en todo caso deben ajustarse a la observancia
plena de las disposiciones, términos y etapas consagradas en la normatividad
legal.
2.6. Términos procesales para que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios resuelva recursos de queja en sede administrativa
Si bien la Ley 142 de 1994 o la Ley 1437 de 2011 no establecen un término para
que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resuelva el recurso de
queja en mención, por remisión expresa de los artículos 13 y 14 de la Ley 1437 de
2011, se tiene que, salvo disposición legal especial en contrario, las autoridades
competentes tienen un plazo general y expreso de 15 días hábiles para resolver
los recursos administrativos promovidos.
Asimismo, si no fuere posible resolverlos en dicho término, por concurrir de
manera excepcional las condiciones fácticas y jurídicas descritas en el parágrafo
del artículo 14, deberán resolverse en un plazo que no exceda los 30 días desde
su oportuna interposición11.
11 Ver al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, fallo de 3 de marzo
de 2022, expediente 11001-03-15-000-2021-05822-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Criterio que a la postre se encuentra acorde con el concepto de la Sala de
Consulta Civil de esta Corporación12, en el cual se precisó que el plazo que
contempla el artículo 86 de la Ley 1437 de 2011, del silencio administrativo
negativo13, -dos (2) meses-, no se puede considerar, “en modo alguno como el
término máximo con el que se cuenta para decidir tales recursos”, dado que tal lapso
atiende a la posibilidad que tiene el usuario para acudir a la administración de
justicia, donde cabe destacar que “la ocurrencia del silencio negativo previsto en este
artículo no exime a la autoridad de responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no
se hubiere notificado auto admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
2.7. Caso concreto
Como viene de explicarse, la accionante consideró que se le vulneraron sus
derechos fundamentales por la presunta mora administrativa de Caribemar de la
Costa S.A.S. ESP (Afinia) y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, materializada en el retardo de la primera en remitir el expediente a
su superior, y en la omisión de la segunda en resolver de fondo el recurso de
queja impetrado al interior de un trámite de ruptura de solidaridad.
2.7.1. En primer lugar, del material probatorio se pudo constatar que el señor
Jesús Rafael Morón Barrios inició el trámite de ruptura de solidaridad ante la
empresa Afinia, sociedad que el 13 de mayo de 2022 resolvió de manera
desfavorable la solicitud, razón por la cual el actor interpuso recurso de reposición
y subsidio el de apelación.
De igual manera, tal como lo informó Caribemar de la Costa S.A.S. ESP (Afinia)
los recursos presentados por el tutelante fueron rechazados por extemporáneos
con el comunicado No. 20227004869 de 14 de febrero de 2022, por lo cual contra
esta decisión se radicó el correspondiente recurso de queja.
Así mismo, dicha empresa aportó la siguiente constancia que da cuenta de que el
expediente administrativo fue remitido el 27 de abril de 2022 a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, para efectos de resolver el recurso de queja:
12 Ver Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, concepto con radicado No. 2123,
expediente 11001-03-06-000-2012-00084-00, del 29 de octubre de 2012, M.P. Luis Fernando
Álvarez Jaramillo.
13 “Artículo 86. Silencio administrativo en recursos. Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este
Código, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la interposición de los
recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se
entenderá que la decisión es negativa.”
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Enseguida se evidencia que la Superintendencia en mención resolvió la alzada
mediante la Resolución No. SSPD - 20228600707445 del 10 de agosto de 2022 y
en ella declaró improcedente el recurso de queja interpuesto en contra de la
decisión No. 202270048690 del 14 de febrero de 2022. También, ordenó a
Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P resolver el recurso de reposición y,
posteriormente, enviar a dicha entidad el expediente para conocer en segunda
instancia el de apelación. Lo anterior, bajo las siguientes consideraciones:
“En este orden de ideas, tenemos en el caso bajo estudio, de acuerdo a las pruebas
allegadas al expediente y los argumentos de las partes, tenemos que mediante
radicado 20228601843921 del 25 de abril de 2022, se le solicitó a la empresa
enviara a esta Dirección Territorial de la Superintendencia de Servicios públicos el
expediente del caso del usuario. La empresa dio respuesta con radicado N°
20228601644652 del 27 de abril de 2022. Revisando lo aportado que si bien es
cierto la empresa emite citación para notificación personal con fecha 14 de febrero
de 2022, la prestataria no logra demostrar cuando fue notificada la usuaria, la
empresa en el expediente no anexa las guías o constancias de notificación vía físico
o por correo electrónico, con las cuales se pueda constatar la veracidad de lo
afirmado. Por lo cual no queda claro si la empresa realmente cumplió con la debida
notificación al usuario.
(…)
Con fundamento en las pruebas obrantes en el proceso, apreciadas en conjunto,
este despacho concluye, que está suficientemente probado, que el usuario presentó
los recursos dentro del término que establece el artículo 154 de la ley 142 de 1.994,
que regula los servicios públicos, cuyo texto dice: “ De los recursos de reposición y
apelación contra los demás actos de la empresa que enumera el inciso primero de
este artículo debe hacerse uso dentro de los cinco días siguiente a aquel en que la
empresa ponga el acto en conocimiento del suscriptor o usuario, en la forma
prevista en las condiciones uniformes del Contrato.” Y en el caso en juicio; el
usuario lo hizo posterior al conocimiento que tuvo de la respuesta dada por la
empresa. Por lo anterior, cabe advertir, que la decisión adoptada por la empresa de
servicios, de rechazar los recursos no es compartida por esta superioridad y por
consiguiente son aceptados los argumentos del usuario”.
Ahora bien, para efectos de probar la notificación del citado acto administrativo la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios aportó copia de los oficios
Nos. 20228603572471 y 20228603572601 de 10 de agosto de 2022, dirigidos a
Caribemar de la Costa S.A.S. ESP (Afinia) y al señor Jesús Rafael Morón Barrios,
respectivamente.
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Demandante: Jesús Rafael Morón Barrios
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03827-00
No obstante, al expediente de tutela no se allegó constancia de que tales
documentos fueran efectivamente enviados, de lo cual es posible inferir que el
demandante no tiene conocimiento de tal determinación.
De lo anterior es posible concluir que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios vulneró los derechos fundamentales del tutelante, ya que si bien el
10 de agosto de 2022 expidió la Resolución No. SSPD – 20228600707445, que
resolvió el recurso de queja interpuesto por el accionante, dicho acto fue proferido
por fuera de los términos procesales que contemplan los artículos 1314 y 1415 de la
Ley 1437 de 2011, esto es los 15 o 30 días siguientes a su radicación, ello, si se
parte del hecho de que el expediente para la resolución de la segunda instancia
fue radicado ante esa dependencia el 27 de abril de 2022.
Ahora bien, dicha circunstancia implicaría que en este caso se podría declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado16, sin embargo, se tiene que la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no acreditó que se haya
notificado la Resolución No. SSPD - 20228600707445 del 10 de agosto de 202217,
es decir que a la fecha el accionante aún no conoce dicha decisión, lo cual se
considera esencial comoquiera que se ordenó a Caribemar de la Costa S.A.S.
ESP (Afinia) resolver el recurso de reposición y, posteriormente, enviar a dicha
entidad el expediente para conocer en segunda instancia del recurso de apelación.
Adicionalmente, la Sala debe precisar que esta omisión no se suple con la
actuación surtida en el trámite de tutela, es decir que, no basta con que la
autoridad accionada informe al juez constitucional sobre la existencia de la
respuesta, sino que debe ser puesta en conocimiento del peticionario a través de
los canales digítales o físicos establecidos para tal efecto.
En consecuencia, esta Colegiatura amparará los derechos fundamentales de
petición y al debido proceso del accionante, por la mora administrativa que se
materializa a la fecha en la omisión de notificación de la Resolución No. SSPD -
20228600707445 del 10 de agosto de 2022, pues se reitera, no hay constancia
que se hubiese notificado.
14 “Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene
derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este
Código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución. (…)”.
15 Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince
(15) días siguientes a su recepción.
(…)
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del
término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto”.
16 El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991,
atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando en el trámite de
una acción de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones
necesarias para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.
17 Igualmente, revisado el link enviado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
http://apinternas.superservicios.gov.co/estadotramite/pv_BsE3vJXetQfMEe67g4Hn_mHoecxeeDEj
q8hj7hAw. tampoco se evidencian las constancias de notificación de los oficios Nos.
20228603572471 y 20228603572601 de 10 de agosto de 2022.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03827-00
Por lo tanto, se ordenará a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
que, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia,
notifique al actor de la Resolución No. SSPD - 20228600707445 del 10 de agosto
de 2022.
2.7.2. Por otro lado, el actor solicitó que se ordenara “al presidente a que en ejercicio
de sus funciones emita una orden para que el superintendente cumpla con las órdenes
impartidas por los jueces y no incurra en más violaciones de los derechos fundamentales.”
Consecuencia de lo anterior, mediante auto de 8 de agosto de 2022 se requirió al
tutelante para que aportara “i) copia digital de las actuaciones que realizó ante el
Presidente de la República y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de
establecer el eventual incumplimiento de esas dependencias en lo referente a sus
funciones, (…)”.
Ante el requerimiento realizado, el señor Morón Barrios allegó unos documentos,
sin embargo, no aportó prueba siquiera sumaria que permita colegir que en efecto
realizó alguna actuación ante la Presidencia de la República, ni la presunta
omisión en la que pudiera haber incurrido tal entidad. Por tal razón, la Sala negará
la solicitud de amparo constitucional en lo referente a impartir tales órdenes,
puesto que no se puede analizar un eventual incumplimiento de funciones cuando
no se conocen las razones que la fundamentan.
2.7.3. Finalmente, el tutelante pretendió que se remitan copias “a la procuraduría
general de la nación para que investigue las faltas que cometieron la superintendente de
servicios públicos domiciliarios, el representante legal y el jefe de jurídica de la empresa”.
Al respecto, es importante precisar que si el accionante considera que las
autoridades accionadas han incurrido en una falta disciplinaria, podrá presentar la
correspondiente queja ante la Procuraduría General de la Nación, para que allí se
investigue la posible conducta disciplinable que alega, toda vez que en sede
constitucional no se evidencia, a primera vista, una conducta arbitraria, caprichosa
y gravemente censurable por parte de las encartadas.
Por lo tanto, no se ordenará lo pretendido por la actora en este aspecto y, en
consecuencia, se negará dicha pretensión.
3. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: ABSTENERSE de resolver el requerimiento de desvinculación frente
al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
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Demandante: Jesús Rafael Morón Barrios
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03827-00
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación del presidente de la
República, Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) y la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.
TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales de petición y al debido
proceso del accionante.
CUARTO: ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
que, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia,
notifique al señor Jesús Rafael Morón Barrios de la Resolución No. SSPD -
20228600707445 del 10 de agosto de 2022.
QUINTO: NEGAR la solicitud de amparo en contra del presidente de la República.
SEXTO: NEGAR la pretensión tendiente a que se compulsen copias a la
Procuraduría General de la Nación.
SÉPTIMO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
OCTAVO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Aclara voto
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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