Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03834-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03834-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-03834-00
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
19 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-03834-001
Actor : Alfredo Chogo Suárez
Demandados : Magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena y
Juez Primero (1°) Administrativo de Santa Marta
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos
constitucionales fundamentales a la igualdad, debido
proceso y acceso a la administración de justicia
Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Alfredo Chogo
Suárez contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo del
Magdalena y Juez Primero (1°) Administrativo de Santa Marta, por la presunta
vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad,
debido proceso y acceso a la administración de justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. El señor Alfredo Chogo Suárez, quien actúa en
nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de que se les protejan las
garantías superiores a las que se hizo referencia, presuntamente quebrantadas
por los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena y Juez
Primero (1°) Administrativo de Santa Marta.
Como consecuencia de lo anterior, pide se dejen sin efectos los fallos de (i) 14
de julio de 2021, mediante el cual el Juzgado Primero (1°) Administrativo de
Santa Marta declaró probada la excepción de caducidad2 del proceso de
reparación directa que promovió, junto con su familia, contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional (expediente 47001-33-33-
001-2016-00459-00); y (ii) 27 de abril de 2022, con el que el Tribunal
Administrativo del Magdalena lo confirmó; en su lugar, se ordene a las
autoridades accionadas dictar una nueva providencia en la que indiquen que
ese asunto contencioso-administrativo se formuló oportunamente.
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
2
Opuesta por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03834-00
Alfredo Chogo Suárez contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo del
Magdalena y Juez Primero (1°) Administrativo de Santa Marta
1.2 Hechos. Relata el accionante que el 29 de mayo de 2007 la señora Zoraida
Suárez (q. e. p. d.), mientras se desplazaba en caballo, junto con su pareja, en
la vereda Marquetalia del corregimiento de Guachaca en Santa Marta, fue
interceptada por miembros del Ejército Nacional, quienes, luego de torturarla y
asesinarla, la reportaron como una delincuente dada de baja en combate.
Que, por lo anterior, «[…] la Fiscalía 63 Especializada de la Unidad Nacional
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Barranquilla,
profirió resolución de acusación por el delito de homicidio agravado en
disfavor de miembros activos del Ejército Nacional que participaron en los
hechos que le causaron la muerte a la señora ZORAIDA SU[Á]REZ,
remitiendo así el proceso al Juzgado Penal del Circuito de Santa Marta para
que se adelante el juicio en contra de los militares, sin que a la fecha halla un
fallo definitivo» (sic).
Dice que el 13 de julio de 2016 promovió, junto con su familia, medio de
control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional (expediente 47001-33-33-001-2016-00459-00),
con el propósito de que se le declarara administrativamente responsable de los
perjuicios producidos por el referido crimen y se ordenara la correspondiente
compensación monetaria.
Que del asunto contencioso-administrativo conoció el Juzgado Primero (1°)
Administrativo de Santa Marta que, con sentencia de 14 de julio de 2021,
declaró probada la excepción de caducidad opuesta por la entidad demandada,
decisión contra la cual interpuso recurso de apelación.
Sostiene que la alzada fue desatada el 27 de abril de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, en el sentido de confirmar la determinación
recurrida, toda vez que la demanda no se instauró dentro de los 2 años
siguientes a la ocurrencia del hecho dañoso, lapso considerado por el Consejo
de Estado como el adecuado para reclamar ante la jurisdicción contencioso-
administrativa la reparación de agravios relacionados con violaciones de
derechos humanos.
Que las providencias atacadas incurren en desconocimiento del precedente,
comoquiera que desatendió el criterio del Consejo de Estado3, vigente para la
3
Planteado en fallos de tutela de (i) 30 de julio de 2020, expediente 11001-03-15-000-2019-04842-01, C. P.
Gabriel Valbuena Hernández; (ii) 30 de abril, 22 de julio y 30 de agosto de 2021, expedientes 11001-031-
5000-2020-04068-01, C. P. Ramiro Pazos Guerrero, 11001-031-5000-2021-02741-00, C. P. Rafael Francisco
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03834-00
Alfredo Chogo Suárez contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo del
Magdalena y Juez Primero (1°) Administrativo de Santa Marta
fecha en que se formuló la demanda, según el cual en los casos de lesa
humanidad no operaba la caducidad; para aplicar la sentencia de unificación de
29 de enero de 2020, a pesar de que el litigio se suscitó con anterioridad a su
emisión.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través
de auto de 18 de julio de 2022, admitió este trámite constitucional, ordenó
notificar a los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena
y Juez Primero (1°) Administrativo de Santa Marta y dispuso vincular a los
señores Antonia Suárez Trillos; Jorge, Danuil, Carmen, Neris María, Carlos
Julio, Saír, José Alirio, Gabriel, Bárbara, Nelson y Andrés Suárez; Ezequiel
Chogo Suárez y Ministro de Defensa Nacional4, en los términos previstos en el
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 El señor Juez Primero (1°) Administrativo de Santa Marta, por medio del
señor secretario de ese despacho judicial, pide negar el amparo deprecado, toda
vez que en su determinación «[…] no se avizora vulneración alguna a los
derechos fundamentales alegados […]» por el actor.
2.1.2 El señor Ministro de Defensa Nacional, a través del señor coordinador
del grupo contencioso-constitucional de esa cartera, arguye que «[…] la acción
de tutela [de la referencia] no tiene vocación de prosperidad ya que los
fundamentos de [d]erecho esbozados en la sentencia [objeto de discusión]
[…], para decidir sobre los requisitos para contabilizar la caducidad en
delitos de lesa humanidad (a excepción de la desaparición forzada) se
encuentran ajustados a los parámetros de convencionalidad y derechos
humanos sin que se encuentr[e] que ha vulnerado derecho fundamental
alguno».
2.1.3 Los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena, por
conducto del ponente de la providencia de segunda instancia censurada,
solicitan declarar improcedente esta acción constitucional, comoquiera que
«[…] se evidencia que la parte demandante pretende utilizar[la] […] como
Suárez Vargas y 11001-03-15-000-2021-00097-01, C. P. Alberto Montaña Plata, en su orden; y (iii) 31 de
marzo de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-00610-00, C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Como representante de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03834-00
Alfredo Chogo Suárez contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo del
Magdalena y Juez Primero (1°) Administrativo de Santa Marta
una instancia adicional para variar el sentido de decisiones debidamente
fundadas […], cuestionando tópicos que ya fueron dilucidados […]».
2.1.4 Los señores Antonia Suárez Trillos; Jorge, Danuil, Carmen, Neris María,
Carlos Julio, Saír, José Alirio, Gabriel, Bárbara, Nelson y Andrés Suárez y
Ezequiel Chogo Suárez guardaron silencio en la oportunidad prevista para el
efecto.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por
el accionante, quien aduce quebranto de sus derechos constitucionales a la
igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.
3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Cuestión preliminar. En el asunto sub examine el demandante pide se
dejen sin efectos los fallos de (i) 14 de julio de 2021, mediante el cual el
Juzgado Primero (1°) Administrativo de Santa Marta declaró probada la
excepción de caducidad del proceso de reparación directa que promovió, junto
con su familia, contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional (expediente 47001-33-33-001-2016-00459-00); y (ii) 27 de abril de
2022, con el que el Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó la
anterior determinación.
Sin embargo, esta Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la
providencia de 27 de abril de 2022, por ser la que, al desatar el recurso de
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Alfredo Chogo Suárez contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo del
Magdalena y Juez Primero (1°) Administrativo de Santa Marta
apelación interpuesto contra la de 14 de julio de 2021, decidió de manera
definitiva el mencionado proceso contencioso-administrativo.
3.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje
constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 27 de abril de
2022, por cuyo conducto el Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó
la de 14 de julio de 2021, con la que el Juzgado Primero (1°) Administrativo
de Santa Marta declaró probada la excepción de caducidad5 del proceso de
reparación directa que promovió el tutelante, junto con su familia, contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional (expediente
47001-33-33-001-2016-00459-00); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado
las garantías superiores a la igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.
3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de
tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia
revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto
fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento
probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos
eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
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Opuesta por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.
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Alfredo Chogo Suárez contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo del
Magdalena y Juez Primero (1°) Administrativo de Santa Marta
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez.
(iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso
judicial siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que
hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03834-00
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Magdalena y Juez Primero (1°) Administrativo de Santa Marta
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución,
que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho,
vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión
de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales6, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20127, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos8.
6
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31
de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis
Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de
2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C.
P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8)
16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
7
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
8
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de
2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03834-00
Alfredo Chogo Suárez contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo del
Magdalena y Juez Primero (1°) Administrativo de Santa Marta
Por último, en el fallo de 5 de agosto de 20149, proferido por la sala plena de lo
contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio de
que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el principio
de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y
específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron el
de inmediatez y subsidiariedad.
3.6 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se constata que:
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales a la
igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia del actor; (ii)
contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno, en atención a
que fue emitida en segunda instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que
la decisión atacada fue proferida el 27 de abril de 202210 y la solicitud de
amparo se instauró el 13 de julio siguiente, es decir, dentro de un término
prudencial (2 meses y 15 días); y (v) la sentencia acusada no fue dictada en
una acción de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, esta Sala examinará el
fondo del asunto bajo la causal específica denominada desconocimiento del
precedente alegada por el actor.
3.6.1 Desconocimiento del precedente. Sobre el particular se precisa que el
desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal
autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se
trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el
artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados
por la Corte Constitucional en su jurisprudencia11, y la segunda hace referencia
Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de
febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P.
Gerardo Arenas Monsalve.
9
Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014,
C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10
No se aportó la constancia de ejecutoria y no fue posible verificarla en la página electrónica de la Rama
Judicial (http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos).
11
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias
de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03834-00
Alfredo Chogo Suárez contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo del
Magdalena y Juez Primero (1°) Administrativo de Santa Marta
a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o
vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia
adolece de un defecto sustantivo12 conforme a los principios del debido
proceso, igualdad y buena fe13.
En el caso sub examine el demandante sostiene que la decisión reprochada
adolece de desconocimiento del precedente, comoquiera que desatendió el
criterio del Consejo de Estado14 vigente para la fecha en que se formuló la
demanda, según el cual en los casos de lesa humanidad no operaba la
caducidad, para aplicar la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, a
pesar de que el litigio se suscitó con anterioridad a su emisión.
Con el propósito de determinar si el anterior argumento tiene o no asidero
jurídico, cabe anotar que la caducidad es una institución jurídico-procesal que
tiene como fin regular el tiempo con el que cuentan las personas para ejercer el
derecho de acción, es decir, para acudir ante la administración de justicia en
aras de dirimir controversias, con lo que se materializa el principio de
seguridad jurídica, porque evita que un conflicto permanezca sin solución
indefinidamente. Esta se configura cuando no se instauran los medios
judiciales dentro del término otorgado en la normativa, lo que imposibilita al
juez decidir de fondo el asunto15.
La letra i del numeral 2 del artículo 164 del CPACA preceptúa que la demanda
de reparación directa debe presentarse, como regla general, dentro de los dos
(2) años siguientes a la ocurrencia de la acción u omisión que produjo el daño
que se pretende indemnizar, motivo por el cual si se promueve luego de dicho
lapso, acontece la caducidad. El tenor de la mencionada norma prevé:
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional
a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
12
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
13
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P.
Jorge Iván Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
14
Adoptado en fallos de tutela de (i) 30 de julio de 2020, expediente 11001-03-15-000-2019-04842-01, C. P.
Gabriel Valbuena Hernández; (ii) 30 de abril, 22 de julio y 30 de agosto de 2021, expedientes 11001-031-
5000-2020-04068-01, C. P. Ramiro Pazos Guerrero, 11001-031-5000-2021-02741-00, C. P. Rafael Francisco
Suárez Vargas y 11001-03-15-000-2021-00097-01, C. P. Alberto Montaña Plata, en su orden; y (iii) 31 de
marzo de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-00610-00, C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
15
Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia de 21 de febrero de 2011, C. P. Olga Mélida
Valle de De La Hoz, expediente: 52001-23-31-000-2010-00214-01 (39360).
9
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03834-00
Alfredo Chogo Suárez contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo del
Magdalena y Juez Primero (1°) Administrativo de Santa Marta
La demanda deberá ser presentada:
[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]
i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse
dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de
la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la
fecha de su ocurrencia.
Por su parte, el artículo 13 de la Ley 1285 de 200916 señala que cuando los
litigios que se ventilan a través del medio de control de reparación directa,
entre otros mecanismos judiciales, son transigibles, la conciliación «siempre
constituirá requisito de procedibilidad», por lo que su agotamiento está sujeto
a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 640 de 200117, el cual estipula que la
presentación de la solicitud de aquella suspende la caducidad hasta cuando
concurra alguno de los presupuestos allí previstos. Dicho precepto consagra:
La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho
ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad,
según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el
acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea
exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el
artículo 2[18]. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3)
meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta
suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.
En virtud del citado mandato, una vez se configure alguna de esas situaciones,
16
«Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia».
17
«Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones».
18
«El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se indicará la fecha de presentación de la
solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y se expresará sucintamente el asunto
objeto de conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo.
2. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En este evento deberán indicarse
expresamente las excusas presentadas por la inasistencia si las hubiere.
3. Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación, y el asunto de que
se trate no sea conciliable de conformidad con la ley. En este evento la constancia deberá expedirse dentro de
los 10 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud.
En todo caso, junto con la constancia se devolverán los documentos aportados por los interesados. Los
funcionarios públicos facultados para conciliar conservarán las copias de las constancias que expidan y los
conciliadores de los centros de conciliación deberán remitirlas al centro de conciliación para su archivo».
10
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03834-00
Alfredo Chogo Suárez contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo del
Magdalena y Juez Primero (1°) Administrativo de Santa Marta
se reanuda el término para instaurar la demanda contencioso-administrativa de
reparación directa, por lo que esta debe incoarse antes de que el período
computable para la caducidad sume más de dos (2) años, plazo que está
constituido por los lapsos comprendidos entre la fecha de la ocurrencia del
daño antijurídico que se pretende resarcir y la presentación de la solicitud de
conciliación, y desde el momento en que acontece alguno de los sucesos
enunciados en la norma transcrita hasta la interposición del escrito inicial.
Ahora bien, en el evento en que los dos (2) años de que trata la letra i del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA finalicen un día feriado o vacante, el
medio de control debe promoverse el primer día hábil siguiente, tal como lo
autoriza el artículo 6219 del Código de Régimen Político y Municipal.
Por otro lado, debe advertirse que esta Corporación no tenía una posición
uniforme respecto de la caducidad cuando la demanda de reparación directa
versaba sobre graves violaciones de derechos humanos, pues coexistían dos
criterios, uno que indicaba que en esos asuntos no era dable exigir su
presentación dentro de determinado tiempo20, y otro según el cual esa figura
procesal aplicaba también en dichos casos, porque la imprescriptibilidad de la
acción penal no relevaba a la víctima de acudir oportunamente a la
jurisdicción contencioso-administrativa21.
Tal discrepancia fue zanjada mediante sentencia de unificación de 29 de enero
de 2020, en la que la Corporación (sección tercera)22 precisó que en medios de
control de reparación directa relacionados con graves violaciones de derechos
19
«En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de
vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el
último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil».
20
Sección tercera, subsección C, sentencia de 5 de septiembre de 2016, C. P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa, expediente 05001-23-33-000-2016-00587-01: «[…] el caso […] sometido a un análisis sumario de
la información que reposa en el escrito de demanda, así como en la alzada, encuentra diversos elementos de
juicio que le llevan a sostener que los hechos que rodearon la muerte del señor Marceliano Medellín Narváez
y el desplazamiento forzado de su familia por estos hechos, podrían llegar a ser constitutivos de actos de lesa
humanidad, operando, como consecuencia la regla de la imprescriptibilidad del medio de control en este
preciso asunto».
21
Sección tercera, subsección A, sentencia de 13 de mayo de 2015, C. P. Hernán Andrade Rincón, expediente
18001-23-33-000-2014-00072-01: «[…] las normas [del Estatuto de Roma y Convención sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad de 1968] declaran la
imprescriptibilidad de los delitos calificados como de lesa humanidad y de guerra - Derecho Internacional
Humanitario - para que se pueda adelantar la acción penal en contra de los presuntos autores, a fin de evitar
graves violaciones a los derechos humanos y para garantizar que la acción investigativa del Estado se lleve a
cabo, pero no establecen la inoperancia de la caducidad de la acción contencioso administrativa tendiente a
que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado.
[…]
Así pues, no pueden confundirse la caducidad y la prescripción, pues son dos figuras muy diferentes: La
caducidad es un fenómeno procesal, mientras que la prescripción es de carácter sustancial […]».
22
C. P. Martha Nubia Velásquez Rico, expediente 85001-33-33-002-2014-00144-01.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03834-00
Alfredo Chogo Suárez contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo del
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humanos, era dable que se estudiara la configuración de la caducidad, salvo
que los demandantes no contaran con elementos de juicio para atribuirle el
daño antijurídico a la Administración. Sobre el particular, se anotó:
[…] en nuestro ordenamiento, frente a la caducidad de la pretensión de
reparación directa, se encuentra consagrado un supuesto que aplica a
todos los eventos, incluidos aquellos en los que se invocan delitos de lesa
humanidad y crímenes de guerra, relacionado con el conocimiento de las
situaciones que permiten deducir la participación y responsabilidad del
Estado, como supuesto habilitante para exigir el plazo para demandar
[…].
[…] la Sección Tercera aclara que, mientras no se cuente con elementos
de juicio para inferir que el Estado estuvo implicado en la acción u
omisión causante del daño y que le era imputable el daño, el plazo de
caducidad de la reparación directa no resulta exigible […]».
Ahora bien, se tiene que los magistrados accionados, en el fallo objeto de
censura, concluyeron:
[…] se observa que, en calenda del 13 de septiembre de 2007, el doctor
RAFAEL TOBÍAS PITRE REDONDO, actuando en su calidad de
mandatario judicial según poder otorgado por los señores ANTONIA
SUÁREZ TRILLOS (madre de la víctima) y ALFREDO CHOGO
SUÁREZ (hermano de la víctima), [presentó] demanda de constitución de
parte civil en el proceso penal adelantado por la muerte de la señora
ZORAIDA SUÁREZ, solicitando pruebas e incluso medidas
precautelativas, [la cual fue admitida el día siguiente].
[…]
Aunado a lo anterior, reposa […] copia del Acta de Reserva Sumarial,
fechada 20 de septiembre de 2007, por medio del cual se deja constancia
[de] que el doctor RAFAEL TOBÍAS PITRE REDONDO, compareció
con la finalidad de firmar la reserva sumarial, por la entrega de fotocopias
del [aludido] proceso penal […].
[…]
De conformidad con la [sentencia de unificación del Consejo de Estado de
29 de enero de 202023] […], es dable concluir de forma diamantina que, el
término de caducidad en el medio de control de reparación directa cuando
se pretenda la indemnización con ocasión a delitos de lesa humanidad,
crímenes de guerra o cualquier otro asunto con excepción a la
23
Expediente 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61033), C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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desaparición forzada, comenzará a computarse cuando los afectados
tengan conocimiento o debieron conocer de la participación del Estado, ya
sea por acción u omisión, y que en efecto deba imputársele
responsabilidad patrimonial por los daños alegados, ello encuentra
justificación bajo la premisa de que se desconocía la participación del
Estado o por razones materiales que impedían que accediera ante la
jurisdicción. Lo anterior teniendo en consideración que el término de
caducidad no puede contabilizarse contra quien no goza del acceso
efectivo a la administración de justicia, situación que debe ser analizada
rigurosa y concienzudamente en cada caso específico […].
En el sub judice, el término de caducidad de la acción de reparación
directa debe contabilizarse desde [el] 20 de septiembre de 2007 cuando
los ahora demandantes ANTONIA SUÁREZ TRILLOS Y ALFREDO
CHOGO SUÁREZ, a través de su mandatario judicial, […] RAFAEL
TOBÍAS PITRE REDONDO, tuvieron acceso a la totalidad de las piezas
procesales contentiv[a]s del proceso penal adelantado en contra de los
Agentes del Estado, con ocasión de la muerte de su familiar ZORAIDA
SUÁREZ, ello por haberse admitido la demanda de constitución de parte
civil en el proceso penal mediante auto adiado 14 de septiembre de 2007,
proferido por el JUZGADO 17 DE INSTRUCCIÓN PENAL MILITAR,
estando en la posibilidad de conocer las circunstancias de modo, tiempo y
lugar en que ocurrieron los hechos investigados hasta dicha data por la
jurisdicción.
[…]
Aunado a lo anterior, vislumbra la Sala que, en el proceso penal reposan
sendos medios de prueba documentales que permiten establecer con
claridad que, los ahora demandantes – ANTONIA SUÁREZ TRILLOS y
ALFREDO CHOGO SUÁREZ -, a través de su apoderado judicial,
participaron activamente dentro del proceso penal, se decretaron y
practicaron las pruebas por ellos solicitadas, presentando recursos en
contra de las decisiones allí adoptadas e inclusive se les comunicaba las
diligencias judiciales programadas.
[…]
Pues bien, […] emerge con claridad para esta Agencia Judicial que,
contrario a lo afirmado por el mandatario judicial de la parte actora, los
ahora demandantes al momento de constituirse como parte civil en el
proceso penal adelantado con ocasión al homicidio del que fue víctima su
familiar ZORAIDA SUÁREZ estaban en la posibilidad de advertir la
participación y responsabilidad patrimonial del Estado por los daños
alegados, […] sin que fuere estrictamente necesario esperar hasta que
hubiere sentencia condenatoria por parte de la jurisdicción penal en contra
de los procesados, ello teniendo en consideración que, si bien tal proveído
constituiría prueba a fin de acreditar que en realidad hubo falla en el
servicio, no puede soslayarse que la responsabilidad estatal analizada en el
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03834-00
Alfredo Chogo Suárez contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo del
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presente asunto es distinta a aquella perseguida a través del proceso penal,
quien evalúa la conducta del individuo acusado de cometer una conducta
típica, antijurídica y culpable, indistintamente de que ostente o no la
calidad de agente del Estado […].
Ahora bien, si se tiene en consideración la calenda 20 de septiembre de
2007 como fecha en la cual los familiares de la señora ZORAIDA
SUÁREZ, [supieron] de la participación por acción u omisión de agentes
del Estado, el inicio de cómputo de la caducidad de la acción empieza en
data del 21 de septiembre de 2007, feneciendo hasta el 21 de septiembre
de 2009; y al haberse radicado la presente demanda ante la oficina de
apoyo judicial […] [el] 13 de julio de 2016, resulta dable concluir que la
misma se instauró por fuera del término bienal que establece para tal
efecto el literal i) del numeral 2° del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
De lo expuesto se colige que los magistrados accionados, por una parte,
atendieron el criterio adoptado en el fallo de unificación de 29 de enero de
2020 de la sección tercera del Consejo de Estado24, según el cual los procesos
de reparación directa referentes a graves violaciones de derechos humanos,
están sujetos al término para acudir de manera oportuna a la jurisdicción
contencioso-administrativa previsto en el artículo 164 del CPACA, con
excepción de que los demandantes estuvieran bajo alguna circunstancia que les
impidiera demandar; y, por otro lado, determinaron que las pruebas aportadas
al expediente ordinario acreditaban que el accionante tuvo conocimiento de
que la señora Zoraida Suárez (q. e. p. d.) fue torturada y posteriormente
asesinada por miembros del Ejército Nacional en el 2007, razón por la cual era
dable declarar probada la excepción de caducidad en ese asunto.
Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas y fácticas, en el asunto sub
judice la Sala evidencia que el argumento del actor, consistente en que se
inobservó el criterio de que la caducidad no opera en las demandas de
reparación directa relacionadas con graves violaciones de derechos humanos,
carece de asidero jurídico, pues, aunque al momento en que la promovió
(2016) existía disparidad al respecto, lo cierto es que, se reitera, esa
discrepancia fue zanjada mediante la mencionada sentencia de unificación de
29 de enero de 2020, la cual constituye el precedente vigente y vinculante de
esta Corporación en la materia, en la que se determinó que los medios de
control de reparación directa sobre esos asuntos debían incoarse dentro de los 2
años siguientes a la ocurrencia del hecho dañoso, salvo que se evidenciaran
circunstancias que le impidieran a los demandantes instaurarlos en ese lapso, lo
24
C. P. Martha Nubia Velásquez Rico, expediente 85001-33-33-002-2014-00144-01.
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cual no ocurrió en el asunto sub judice.
Ahora bien, de las pruebas allegadas al expediente se desprende que el
accionante, junto con la señora Antonia Suárez Trillos, a través de apoderado,
el 13 de septiembre de 2013 incoó demanda de constitución de parte civil ante
el Juzgado Diecisiete (17) de Instrucción Penal Militar, dentro del proceso
penal adelantado contra algunos miembros del Ejército Nacional por el
presunto delito de homicidio de la señora Zoraida Suárez, en la que en los
hechos indicaron que el 29 de mayo de 2007, mientras ella se movilizaba en
caballo, junto con su compañero sentimental, el señor Rafael Hernández, «[…]
fue increptada por soldados de la patria pertenecientes al Batallón
Contraguerrillas Guajiros, quienes realizaban operativos de registro y control
[…]», y al confundirla con una posible guerrillera, le dispararon y
posteriormente la interrogaron y como se negó a responder, le propinaron
varios golpes, a pesar de que ya se encontraba gravemente herida, lo que
conllevó su deceso. Además, afirmaron que el señor Rafael Hernández, quien
se encontraba escondido entre los matorrales, «[…] observó todo lo sucedido
[…]» y se los informó.
Además, el 20 de septiembre de 2007 el actor y la señora Suárez Trillos, a
través de su mandatario judicial, tuvieron acceso a la totalidad de las piezas
procesales contentivas de las aludidas diligencias penales surtidas con ocasión
de la muerte de su familiar Zoraida Suárez, por cuanto su demanda de
constitución de parte civil fue admitida mediante auto de 14 de los mismos
mes y año, por lo que es dable concluir, como lo hicieron los magistrados
accionados, que desde ese momento contaron con elementos de convicción
suficientes para establecer la responsabilidad de los agentes estatales.
Asimismo, se tiene que el 20 de enero de 2016 el tutelante presentó solicitud
de conciliación extrajudicial ante la procuraduría noventa y tres (93) judicial I
para asuntos administrativos, diligencia que se declaró fallida, según acta de 14
de abril de ese año; y el 13 de julio siguiente promovió medio de control de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional (expediente 47001-33-33-001-2016-00459-00), con el
propósito de que se le declarara administrativamente responsable de los
perjuicios producidos por el referido homicidio y se ordenara la
correspondiente compensación monetaria.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03834-00
Alfredo Chogo Suárez contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo del
Magdalena y Juez Primero (1°) Administrativo de Santa Marta
En ese orden de ideas, como el demandante supo el 20 de septiembre de 2007
que el homicidio de la señora Zoraida Suárez (q. e. p. d.) ocurrido en mayo de
ese año lo perpetraron presuntos agentes del Estado, debió endilgarle
responsabilidad extracontractual a la Administración, mediante demanda de
reparación directa, dentro de los 2 años siguientes a ese hecho25, pero no lo
hizo, pues hasta el 2016 la presentó, plazo que imponía declarar probada la
excepción de caducidad, como lo determinaron las autoridades demandadas.
Así las cosas, se concluye que la providencia censurada no incurre en
desconocimiento del precedente, por el contrario, en la providencia acusada se
atendió la postura del Consejo de Estado fijada en la sentencia de unificación
de 29 de enero de 2020, la cual contiene el criterio vigente de esta
Corporación sobre la materia.
A partir de los anteriores prolegómenos y comoquiera que en la providencia
objeto de censura no se configura el desconocimiento del precedente, esta Sala
negará el amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la
igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por
el señor Alfredo Chogo Suárez, en atención a lo expuesto en la motivación.
2°. Notifíquese esta providencia en la forma y término previstos en el artículo
30 del Decreto ley 2591 de 1991.
25
Conforme también lo disponía la normativa vigente en esa época, esto es, el artículo 136 (numeral 8) del
Código Contencioso Administrativo (CCA), así:
«Caducidad de las acciones:
[…]
8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día
siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación
temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra
causa.
[…]».
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Alfredo Chogo Suárez contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo del
Magdalena y Juez Primero (1°) Administrativo de Santa Marta
3°. Si este fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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