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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00610-00

Fecha
31 de marzo de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00610-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de los señores Araminta Villamil, Graciliana Arias de Villamil, Graciela, Blanca Inés, Luz Mercedes, Rosalba y José Nelson Villamil Arias, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. En consecuencia: Segundo. Dejar sin efectos el auto del 29 de julio de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del proceso de reparación directa con radicado 85001-33-33-002-2019-00421-01. Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo de Casanare que, en el término de veinte días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a dictar una nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto en esta providencia. Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-00610-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

31 de marzo de 2022

1

Radicado: 11001-03-15-2022-00610-00
Demandante: Araminta Villamil y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dos (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00610-00
Demandante: Araminta Villamil y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare

Temas: Tutela contra providencia judicial. Caducidad del medio de control
de reparación directa en casos relacionados con delitos de lesa
humanidad. Desconocimiento de precedente jurisprudencial.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, Araminta Villamil, Graciliana Arias de Villamil, Graciela, Blanca Inés, Luz
Mercedes, Rosalba y José Nelson Villamil Arias, por intermedio de apoderado,
promovieron demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se dejen sin efectos la providencia
del 29 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare y, en su
lugar, que se ordene al Tribunal proferir un auto que revoque la decisión adoptada

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Demandante: Araminta Villamil y otros

por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Yopal y
que, en su lugar, disponga el estudio de requisitos para admisión de la demanda.

1.1.2. Los hechos

El apoderado de la parte actora narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) El 5 de noviembre de 2019, los señores Araminta Villamil, Graciliana Arias de
Villamil, Graciela, Blanca Inés, Luz Mercedes, Rosalba y José Nelson Villamil Arias, a
través de apoderado, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, en orden a obtener la reparación de los
perjuicios ocasionados por la muerte del señor José Pedro Villamil Arias (q.e.p.d.),
ocurrida el 3 de octubre de 2006, en la vereda Cumana el Retiro, jurisdicción del
municipio de Aguazul (Casanare).

ii) Mediante auto del 25 de enero de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Yopal rechazó la demanda, por haber operado el fenómeno
jurídico de la caducidad. El Juzgado fundado en la sentencia de unificación del
Consejo de Estado sobre caducidad de los delitos de lesa humanidad emitida el 29
de enero de 2020, dentro del expediente con radicación 85001-23-33-002-2014-
00144-01, argumentó que los demandantes tuvieron conocimiento de los hechos el
23 de mayo de 2014, fecha en la cual se les entregó el cadáver de José Pedro
Villamil Arias, previa exhumación y que, por tanto, desde en ese momento eran
conocedores de que en su muerte participaron miembros del Ejército Nacional, de
forma tal que la demanda debió incoarse a más tardar el 23 de mayo de 2016

iii) El 12 de abril de 2021, los demandantes presentaron recurso de reposición y en
subsidio de apelación contra el auto proferido el 25 de enero de 2021.

iv) Mediante auto del 31 de mayo de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Yopal rechazó el recurso de reposición y concedió el recurso
de apelación ante el superior jerárquico.

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v) A través de auto del 29 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo
de Casanare confirmó la decisión de primera instancia. La decisión se notificó por
correo electrónico el 2 de agosto de 2021.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir del apoderado de la parte actora, la decisión del Tribunal incurrió en los
siguientes vicios o defectos:

i) Defecto procedimental. En consideración a que la autoridad judicial debió dar
aplicación al procedimiento establecido convencionalmente para demandas contra el
Estado en las que se alega la existencia de hechos violatorios de derechos humanos,
esto es, el Estatuto de Roma, que en su artículo 29 prevé la imprescriptibilidad de los
crímenes de lesa humanidad y de guerra, la Convención sobre la Imprescriptibilidad
de Crímenes de lesa Humanidad y de Guerra adoptada por la Organización de las
Naciones Unidas, y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso Órdenes Guerra vs. Chile.

ii) Defecto fáctico. Por cuanto no se valoraron de manera adecuada las pruebas que
habilitaban el ejercicio oportuno del medio de control interpuesto.

iii) Defecto sustantivo. Dado que no se interpretó el artículo 164 del CPACA conforme
con lo dispuesto por el Consejo de Estado, Corte Constitucional y las decisiones de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos que integran el bloque de
constitucionalidad. Lo anterior, por cuanto los delitos de lesa humanidad, de
genocidio y los crímenes de guerra gozan de una situación especial tanto en nuestro
ordenamiento jurídico interno como en la normatividad internacional: estos no
prescriben, es decir, en los delitos que violan gravemente a los derechos humanos el
Estado tiene la potestad y el deber de investigarlos sin límite en el tiempo.

En Colombia no debe, ni puede operar el fenómeno de la caducidad en materia de
reparación directa frente a los delitos de lesa humanidad, de genocidio y de crímenes
de guerra, ya que, si bien existen unas reglas establecidas en el numeral 2 del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, en estos casos se debe garantizar el acceso a
la administración de justicia de la víctimas, en virtud de los principios de coherencia,

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plenitud e integración normativa del derecho interno, aplicados con los
principios de derecho del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el
principio de convencionalidad establecido en el artículo 93 de la Constitución Política.

iv) Error inducido. El Tribunal se equivocó al seguir los mismos fundamentos de la
sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 para decretar la caducidad del
medio de control de reparación directa.

1.2. Actuación Procesal

1.2.1. Mediante auto del 27 de enero de 2022, se inadmitió la demanda y, en
consecuencia, se ordenó a la parte accionante que, en el término de tres días,
corrigiera su petición de tutela en el sentido, de manifestar bajo la gravedad de
juramento que no ha presentado otra acción de tutela respecto de los mismos
hechos y derechos, de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

1.2.1. El 2 de febrero de 2022, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído al apoderado de la parte actora, y el 4 de febrero siguiente, los
accionantes atendieron el requerimiento.

1.2.3. A través de auto del 14 de febrero de 2022, se admitió la acción de tutela y,
en consecuencia, se ordenó notificar del proveído al Tribunal Administrativo de
Casanare, como demandado, y se otorgó dos días para contestar la acción de tutela,
y se vinculó a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, como tercero
interesado en las resultas del proceso, para que en el término de dos días rindiera
informe, de igual forma, se requirió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Yopal, para que en el término de dos días, enviara copia digital el expediente de
reparación directa con radicado 2019-00421, cuyos demandantes son los aquí
accionantes, y en caso de no tenerlo en su poder, dar traslado del oficio a la
autoridad judicial correspondiente, y se reconoció personería jurídica al abogado
Didier Alexander Cadena Ortega, portador de la tarjeta profesional núm. 232.862 del
C.S.J., para actuar como apoderado judicial de la parte accionante.

1.2.4. El 17 de febrero de 2022, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído al apoderado de la parte actora, al Tribunal Administrativo de Casanare,

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al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal, a la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional y al Ejército Nacional.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Tribunal Administrativo de Casanare

El 18 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de Casanare, a través del
magistrado José Antonio Figueroa Burbano, solicitó declarar improcedente la acción
o denegar el amparo, en atención a los siguientes argumentos:

i) En el auto interlocutorio enjuiciado quedaron plasmadas la decisión y las razones
de hecho y de derecho para adoptarla, la cuales, a mi juicio, no transgreden
derechos fundamentales de los accionantes, como alegre y temerariamente lo
pregona su apoderado.

ii) Nada hay que agregar o corregir, pues antes de emitir el pronunciamiento en este
proceso y en todos los demás, se hizo un estudio concienzudo de todas y cada una
de las situaciones planteadas; además, la respuesta a la tutela no es la oportunidad
procesal para ello.

1.3.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal

El 18 de febrero de 2022, la secretaria del Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Yopal remitir dirección URL del expediente digital con radicado 85001-33-
33-002-2019-00421-00, solicitado dentro del trámite de tutela.

1.3.3. El Ministerio de Defensa

El 21 de febrero de 2022, el Ministerio de Defensa, por intermedio de la coordinadora
del Grupo Contencioso Constitucional, solicitó negar las pretensiones de la parte
accionante al resultar improcedente la acción de tutela. Argumentó lo siguiente:

i) Los accionantes instauraron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Casanare por no estar de acuerdo con la interpretación hecha frente a la regla de la

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caducidad en aquellos casos donde se persigue la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado en hechos constitutivos de delitos de lesa
humanidad.

ii) Sin embargo, el Tribunal no vulneró derechos fundamentales, pues aplicó la
jurisprudencia de unificación en la materia, según la cual el término para el ejercicio
del medio de control debe ser desde el conocimiento del daño imputable al Estado,
regla que solo se flexibiliza si se prueba que no se contaba con la posibilidad de
conocer dicha situación o de ejercer el medio de control.

1.4. Trámite en segunda instancia

Mediante auto del 11 de marzo de 2022, el despacho del consejero William
Hernández Gómez ordenó trasladar el expediente al despacho del magistrado que
continúa en turno, en razón a que el proyecto de sentencia llevado a la Sala de
Subsección del 10 de marzo del año en curso no fue aprobado por la mayoría, como
lo exige el primer inciso del artículo 54 de la Ley 270 de 1996. Así las cosas, el
expediente se radicó en el despacho del consejero Rafael Francisco Suárez Vargas.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 5.º del Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones
de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad
jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente
acción de tutela.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir el auto del 29 de julio de 2021, proferido

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por el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del proceso de
reparación directa con radicación 85001-33-33-002-2019-00421-01.

En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida
providencia se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de los accionantes, al declararse
la caducidad del medio de control de reparación directa al acoger las reglas de
decisión consignadas en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020.

2.4. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590
de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la
vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de
manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la parte
actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de
sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente

1 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia
judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de
que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una
de las anteriores causales o defectos.

2.5. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedencia

i) El caso bajo estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el
debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, 3 previstos en
los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política, por ser resuelto la litis sin un
adecuado análisis de lo alegado, evento que de encontrarse acreditado conduciría a
considerar lesivos los intereses de los accionantes.

ii) Se «cumple con el requisito de subsidiaridad», dado que la decisión cuestionada
hace referencia a una decisión de segunda instancia que puso fin a la discusión
planteada dentro de un proceso de reparación directa y de los hechos narrados no se
evidencia que el caso se adecúe a alguna de las causales de revisión y de
unificación de jurisprudencia previstas en los artículos 250 y 258 del CPACA.

iii) Se «cumple con el requisito de inmediatez», pues la providencia objeto de
censura data del 29 de julio de 2021, notificada por correo electrónico e 2 de agosto
siguiente, y la presente acción de tutela fue remitida al correo electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado el 24 de enero de 2021, esto es, en el

3 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de

2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ), unificó
su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el
acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando
para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

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término de los seis meses señalados por esta Corporación como
prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.4

iv) En la acción de tutela «no se cuestiona una irregularidad procesal» sino el hecho
de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis probatorio y
jurisprudencial.

v) Dentro del escrito de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y
argumentos» frente a los cuales se alega vulneración, pues la parte actora narró de
manera clara los hechos sujetos a examen y los derechos que estima vulnerados, y
adecuó sus alegatos a controversia de los defectos procedimental, fáctico, sustantivo
y error inducido.

vi) El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión que
se cuestiona fue proferida dentro del trámite de un proceso de reparación directa.

2.6. Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020

En la sentencia del 29 de enero de 2020,5 la Sección Tercera del Consejo de Estado
unificó jurisprudencia en relación con la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la
declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado.

La Sala de decisión procedió a determinar si la imprescriptibilidad que opera en
materia penal frente a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra daba lugar al
cómputo del término de caducidad para demandar en reparación directa frente a
tales conductas.

4El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de

2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como
garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero de 2020, consejera

ponente Martha Nubia Velásquez Rico. Expediente 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61033).

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Así, luego de traer de colación la legislación y jurisprudencia interna,
en materia de imprescriptibilidad penal y caducidad en reparación directa, advirtió
que la imprescriptibilidad penal opera mientras no haya sujetos individualizados y se
mantiene hasta que se les identifique y se les vincule a las diligencias, y que en
materia de reparación directa, el término de caducidad no corre hasta tanto se cuente
con elementos para deducir la participación del Estado en los hechos y se advierta la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial.

Por tanto, concluyó que las situaciones que se pretenden salvaguardar con la
imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad y los crímenes
de guerra se encuentran previstas en materia de lo contencioso administrativo al
amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho dañoso y, en virtud de lo cual, el
término de caducidad sí debe exigirse en estos eventos, pero a partir de que se
advierta que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado
tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en
los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

De esta forma, señaló la corporación i) que en lo referente a los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda
solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado resulta aplicable el
término para demandar establecido por el legislador; ii) que el plazo, salvo el caso de
la desaparición forzada que tiene regulación legal expresa, se computa desde
cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u
omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial; y iii) que el término pertinente no se aplica cuando se observan
situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción
y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.

2.7. Hechos probados

Del expediente de reparación directa con radicado 85001-33-3-002-2019-00421-01,
la Sala extrae como ciertos los siguientes hechos:

i) El 5 de noviembre de 2019, los señores Graciliana Arias de Villamil, Graciela,
Blanca Inés, Luz Mercedes, Rosalba, Araminta y José Nelson Villamil Arias, por

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intermedio de apoderado, promovieron demanda de reparación directa
contra la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, en orden a que se le
declarara administrativamente responsable por los daños y perjuicios causados con
ocasión de la ejecución extrajudicial perpetrada por miembros de la Ejército Nacional,
en que fue víctima el señor José Pedro Villamil Arias, el 3 de octubre de 2016, en la
vereda Cumada, El Retiro, jurisdicción del municipio de Aguazul (Casanare); y, como
consecuencia de lo anterior, que se le condenara a reconocer y pagar a cada uno de
los demandantes, a título de indemnización del daño, los perjuicios morales y
materiales causados.6

ii) El 25 de enero de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, Sistema
Oral, rechazó la demanda.7 Argumentó que de acuerdo con la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, en el expediente con radicado 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033), el
término de caducidad inicia a contarse desde la fecha en que tiene conocimiento del
hecho dañoso o es posible inferir la participación de agentes estatales en la comisión
del delito, esto es, desde el 23 de mayo de 2014, fecha en la cual se hizo la
exhumación y entrega del cadáver del señor José Pedro Villamil Arias (q.e.p.d.) a su
hijo José Joaquín Villamil Moreno, por cuanto a partir de ese momento los familiares
de la víctima tuvieron certeza del hecho dañoso y del que podía inferirse la
participación de los agentes del Estado, por lo que se tenía hasta el 23 de mayo de
2016, para interponer la demanda, y se interpuso hasta el 5 de noviembre de 2019.

iii) El 29 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó la
decisión de primera instancia. Advirtió que en la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020, expediente 61.033, la Sección Tercera del Consejo de Estado fue
clara en sostener que las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de
los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el
que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado sí son
susceptibles del fenómeno de caducidad.

2.8. Análisis de procedibilidad del amparo invocado

6 Folios 12 a 24.
7 Folios 102 a 110.

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Se controvierte en el caso la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad ante la ley y al acceso a la
administración de justicia, con la adopción del auto del 29 de julio de 2021, proferido
por el Tribunal Administrativo de Casanare, en el que se declaró la caducidad del
medio de control de reparación directa adelantado como consecuencia de la
ejecución extrajudicial del señor José Pedro Villamil Arias (q.e.p.d.) por parte de
miembros del Ejército Nacional.

Alegan los accionantes que al resolver el recurso de apelación el Tribunal i) debió dar
aplicación al procedimiento establecido convencionalmente para demandas contra el
Estado en las que se alega la existencia de hechos violatorios de derechos humanos;
ii) no valoró de manera adecuada las pruebas que habilitaban el ejercicio oportuno
del medio de control interpuesto; iii) no interpretó el artículo 164 del CPACA conforme
con lo dispuesto por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y Corte
Interamericana de Derechos Humanos que integran el bloque de constitucionalidad,
en cuanto a que los delitos de lesa humanidad, de genocidio y los crímenes de
guerra no prescriben y que, por tanto, iv) se equivocó al seguir los fundamentos de la
sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 para decretar la caducidad del
medio de control de reparación directa.

Pues bien, se advierte que para resolver el asunto, el Tribunal trajo a colación el
artículo 164 del CPACA, sobre la oportunidad para presentar la demanda de
reparación directa, que es el de dos años contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del hecho dañoso. Posteriormente, hizo la salvedad
de que, tratándose de delitos de lesa humanidad, aunque la jurisprudencia del
Consejo de Estado sostenía, inicialmente, que no era aplicable el término de
caducidad, el asunto fue sujeto a unificación en la sentencia del 29 de enero de
2020, expediente 61.033, en la que se concluyó que, salvo el caso de la desaparición
forzada que tiene regulación legal expresa, la caducidad en este tipo de eventos si
operaba, y que se debía contar desde cuando los afectados conocieron o debieron
conocer la participación por acción u omisión del Estado, lo cual solo admite
excepción cuando se evidencian situaciones que impidieron materialmente el
ejercicio del derecho de acción.

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Teniendo en cuenta lo anterior, procedió a analizar el caso concreto y
luego de traer a colación las pruebas arribadas al expediente, tales como: i) los
informes elaborados por servidores públicos del Ejército Nacional, que daban cuenta
que el señor José Pedro Villamil Arias pertenecía a la cuadrilla 56 de las FARC y que
fue abatido en combate el 4 de octubre de 2006, y ii) el informe Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses del 28 de marzo de 2014, en el que se realizó la
identificación del cadáver; advirtió que en el caso no se configura una desaparición
forzada, pues pese a que la identificación del cadáver se realizó hasta el año 2014,
los hechos ocurrieron en el año 2006, fecha en la que los miembros del Ejército que
participaron en el operativo dieron inmediato aviso a las autoridades, siendo personal
de la Fiscalía el que arribó al lugar y realizó el respectivo levantamiento del cuerpo
de José Pedro Villamil Arias, quien permanecía como NN.

En tal sentido, advirtió que los familiares del señor José Pedro Villamil Arias tuvieron
conocimiento de su muerte, por lo menos, desde el 23 de mayo de 2014, cuando el
Juzgado 45 de Instrucción Penal Militar de Yopal les informó que se había iniciado
investigación por los hechos ocurridos en octubre de 2006, mismo día en que les fue
entregado el cadáver. En consecuencia, el plazo máximo que tenía la parte actora
para interponer el medio de control de reparación directa feneció el 24 de mayo de
2016, pero la solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación se
presentó hasta el 22 de febrero 2018 y la demanda se radicó el 5 de noviembre de
2019, configurándose en el caso, la caducidad de la acción.

Bajo dichos derroteros, esta Sala de decisión puede evidenciar que, en el asunto, se
advierte la estructuración de un defecto sustantivo por desconocimiento de
precedente jurisprudencial, según se pasa a explicar:

Es claro que para la fecha en que se emitió el auto enjuiciado, 29 de julio de 2021, ya
existía un criterio definido en torno a la caducidad del medio de control de reparación
directa, en casos relacionados con delitos de lesa humanidad, los crímenes de
guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de
responsabilidad patrimonial al Estado, que es el que se encuentra previsto en la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera
del Consejo de Estado; por tanto, puede concluirse prima facie que el Tribunal
accionado estaba en la obligación de aplicar la sentencia unificadora, dado su

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carácter vinculante, en términos de lo dispuesto en el artículo 270 del
CPACA y la sentencia C-836 de 2001.

No obstante, en el asunto debe tomarse en cuenta que, para el año 2019, cuando se
procedió a demandar al Estado para efectos de la reparación administrativa, el
criterio mayoritario de la Sección Tercera del Consejo de Estado apuntaba a que no
era procedente aplicar el fenómeno jurídico de la caducidad a las acciones de
reparación directa con pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de
crímenes de lesa humanidad, genocidios y otras violaciones graves de los derechos
humanos como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada o la
esclavitud, en atención a su naturaleza imprescriptible.

Lo anterior puede corroborarse, entre otras, en las siguientes providencias: i) auto del
17 de septiembre de 2013;8 ii) sentencia del 7 de septiembre de 2015;9 iii) auto del 11
de abril de 2016;10 iv) sentencia del 5 de septiembre de 2016;11, y v) sentencia del 31
de julio de 2019,12 en las que en aplicación al control de convencionalidad la Sección
Tercera del Consejo de Estado no tomó en cuenta la caducidad.

Y, a su turno, se advierte que el recurso de apelación interpuesto por los
demandantes contra el auto del 25 de enero de 2021, proferido por el Juzgado
Segundo Administrativo de Yopal, Sistema Oral, se dirigió a cuestionar, entre otros
aspectos, la inoperancia de la figura de la caducidad de la acción en asuntos
relacionados con delitos de lesa humanidad, y, para estos efectos, trajo a colación
diferente jurisprudencia en la que se acogía dicho criterio, a fin de contradecir la
consideración utilizada por el despacho judicial en el asunto, esto es, «que el hecho

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 17 de septiembre de 2013, C.P. Jaime

Orlando Santofimio Gamboa, expediente 25000-23-26-000-2012-00537-01 (45092).
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de septiembre de 2015, C.P.

Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 85001-23-31-000-2010-00178-01 (47671).
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 11 de abril de 2016, C.P. Olga Mélida

Valle De La Hoz, expediente 50001-23-31-000-2000-20274-01 (36079). En esta decisión se
resolvieron los recursos de apelación interpuestos en tres expedientes acumulados (Nros. 43481,
43626 y 36079), se analizó y decidió de fondo la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de
los hechos acaecidos el 3, 4 y 5 de agosto de 1998, cuando guerrilleros de las FARC atacaron la Base
Militar antinarcóticos con sede Miraflores, Guaviare, donde fueron víctimas los miembros de la fuerza
pública que en dicha Toma se configuro una falla en el servicio significándole la condena indudable a
la entidad demandada por los daños antijurídicos causadas a soldados.
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de julio de 2019, C.P. Jaime

Orlando Santofimio Gamboa, expediente 05001-23-33-000-2016-00587-01 (57625).
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2019, C.P. Alberto

Montaña Plata, expediente 25000-23-36-000-2018-00109-01.

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de estarse en presencia de un delito de lesa humanidad, no relevaba
al juez de realizar una valoración de las pruebas aportadas con el fin de determinar la
fecha en la cual ocurrieron los hechos».

Pese a ello, se evidencia que el Tribunal no hizo hincapié en los alegatos
presentados por los demandantes, sino que aplicó, con radicalidad, la sentencia de
unificación, sin pasar a analizar las circunstancias particulares del caso, esto es, que
en el asunto se controvertía la reparación administrativa por existencia de una
ejecución extrajudicial (falso positivo) y que, además, el medio de control de
reparación directa fue interpuesto con anterioridad a la sentencia de unificación, que
al no modular sus efectos, se entiende que debe aplicarse a futuro. Así, mal podría
entenderse el aplicar una posición que no estaba vigente al momento de la
interposición de la acción judicial.

Para la Sala, en el asunto es procedente acceder al amparo de tutela invocado por
configuración del defecto sustantivo por «desconocimiento de precedente
jurisprudencial», puesto que la sentencia unificadora no moduló sus efectos y, por
tanto, se entiende que opera a futuro, es decir, tiene efectos «ex nunc»; de aquí que
el Tribunal estaba en la obligación de ponderar los derechos a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia de los demandantes de cara a las
circunstancias del caso concreto, a efectos de no hacer ilusorias las garantías
constitucionales, entre estas, la reparación patrimonial, cuando es diáfano el daño
causado por el Estado.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala amparará los derechos fundamentales a la
igualdad y el acceso a la administración de justicia de los accionantes y, en
consecuencia, dejará sin efectos la sentencia censurada y ordenará al Tribunal
accionado proferir una nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto en
esa providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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F A L L A:

Primero. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia de los señores Araminta Villamil, Graciliana Arias de
Villamil, Graciela, Blanca Inés, Luz Mercedes, Rosalba y José Nelson Villamil Arias,
de acuerdo con lo expuesto en este proveído. En consecuencia:

Segundo. Dejar sin efectos el auto del 29 de julio de 2021, proferido por el Tribunal
Administrativo de Casanare dentro del proceso de reparación directa con radicado
85001-33-33-002-2019-00421-01.

Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo de Casanare que, en el término de
veinte días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a dictar
una nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto en esta providencia.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Salvamento de voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

YASM

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