Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04373-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04373-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04373-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
1 de diciembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04373-01
Demandante: Jorge Augusto Gómez Zambrano y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., primero (1º) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-04373-01
Demandante JORGE AUGUSTO GÓMEZ ZAMBRANO Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa. Caducidad de la acción en eventos que
involucran crímenes de lesa humanidad. Desplazamiento
forzado. Sentencia de unificación de 29 de enero de 2020.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Jorge Augusto Gómez Zambrano y
otros contra la sentencia del 8 de septiembre de 2022, proferida por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que dispuso:
“PRIMERO. - NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por los señores
Jorge Augusto Gómez Zambrano, Cruz Elena Puerta Rojo y Jorge Daniel Gómez Puerta,
atendiendo a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.” 1.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 11 de agosto de 20222, Jorge Augusto Gómez Zambrano, Cruz Elena Puerta Rojo
y Jorge Daniel Gómez Puerta, por conducto de apoderado judicial, instauraron
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al
debido proceso y a la igualdad, derivados de la sentencia del 21 de julio de 2022 en
la que la entidad declaró la caducidad de la acción en el proceso de reparación
directa nro. 05001-33-33-022-2014-00175-02.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“6.1. Tutelar los derechos fundamentales invocados en la presente acción de amparo ya sea
de manera principal y/o como mecanismo transitorio de acuerda a las consideraciones
expuestas en esta acción constitucional, en especial en las consideraciones iniciales;
6.2. En consecuencia, dejar sin efectos la expresión “y, en su lugar, DECLARAR PROBADA
la excepción de CADUCIDAD, de conformidad con la parte motiva de esta providencia” del
numeral primero de la sentencia número 113 AP del 21 de julio de 2022, para que en su lugar,
el Tribunal Contencioso Administrativo Sala Primera de Decisión en el término de 20 días
1 Página 19 de la sentencia de tutela de primera instancia que data del 8 de septiembre de 2022. Samai en
primera instancia, índice 20.
2 La acción de tutela fue radicada a través de la ventanilla virtual de la página web del Consejo de Estado y
se identificó con radicación nro. 4422. Samai, índices 1 y 2.
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contados a partir de la notificación del fallo de tutela emita una nueva decisión y tenga en
cuenta lo manifestado por el juez constitucional de amparo; y,
6.3. Se profieran las demás medidas que a bien tenga en considerar el juez de tutela, con el
fin de garantizar los derechos constitucionales.” 3.
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Los señores Jorge Augusto Gómez Zambrano, Cruz Elena Puerta Rojo y Jorge
Daniel Gómez Puerta promovieron medio de control de reparación directa
contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional y la Policía
Nacional, el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, el
Municipio de La Unión y el Departamento de Antioquia, pretendiendo que se
declare su responsabilidad administrativa y patrimonial con ocasión al
desplazamiento forzado del que fueron víctimas.
En los antecedentes del caso se indicó que, en febrero de 2002, los
demandantes fueron desplazados de su finca en el corregimiento
Mesopotamia del municipio de La Unión (Antioquia), por miembros de las
Autodefensas Unidas de Colombia. Se informó que, en el año 2010, el señor
Gómez Zambrano denunció estos hechos ante la Fiscalía General de la
Nación y los demandantes presentaron las respectivas declaraciones en
Acción Social.
2.2. El trámite de la primera instancia se surtió ante el Juzgado 22 Administrativo
de Medellín quien al resolver las excepciones previas declaró no configurada
la caducidad de la acción. El auto fue apelado y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en proveído del 2 de febrero de 2015, revocó la decisión y declaró
probada la excepción previa.
Este auto fue objeto de acción de tutela por la parte demandante. En sentencia
de tutela del 17 de junio de 2015, la Subsección B de la Sección Segunda de
esta Corporación dejó sin efectos la providencia del 2 de febrero de 2015 que
había declarado probada la excepción de caducidad.
Como fundamento de la decisión expuso, que el proceso se encontraba en
una etapa prematura y las pruebas aún no sometidas a contradicción, no eran
concluyentes para declarar el fenómeno de caducidad. Así pues, consideró
que era apropiado seguir con el proceso, sin perjuicio de que ya en etapa de
juicio, se retomara la discusión relativa a la oportunidad de la demanda.
2.3. Dada esta determinación, el proceso de reparación siguió su curso. El 8 de
julio de 2016, el Juzgado 22 Administrativo del Circuito de Cali emitió sentencia
desestimatoria de las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de esta determinación, la autoridad judicial indicó que, si
bien se encontraba probado el desplazamiento forzado del que fueron víctimas
los accionantes en el año 2002, no estaba acreditado el elemento de
imputación a los agentes del Estado. Por el contrario, estimó que el acervo
probatorio permitía declarar configurada la eximente de responsabilidad del
3 Página 3 del escrito de tutela. Samai, índice 2.
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hecho de un tercero, en razón a que el evento victimizante era atribuible a
grupos armados ilegales.
La decisión fue apelada por la parte demandante.
2.4. En sentencia del 21 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Decisión revocó la sentencia de primera instancia para, en su
lugar, declarar probada la excepción de caducidad de la acción.
Como fundamento de su decisión expuso que las pruebas del proceso daban
cuenta de que, al menos desde el año 2009 el señor Gómez Zambrano pudo
retornar al lugar de donde fue desplazado. Luego, desde ese año inició el
cómputo de la caducidad de la acción, por lo que a más tardar al final del año
2011 debió incoar la acción; pero, la solicitud de conciliación se presentó ante
la Procuraduría General de la Nación hasta el 17 de octubre de 2013, cuando
ya había caducado la acción.
La providencia se notificó a través de mensaje de datos remitido a las partes
el 26 de julio de 20224.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante acusó que el Tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo
por indebida interpretación del artículo 164.2 literal i) del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA. Dijeron que la tesis de
caducidad aplicada en la sentencia acusada desconoció el derecho al acceso a la
administración de justicia de los demandantes.
Manifestaron que los delitos que involucran graves violaciones a los derechos
humanos, como el desplazamiento forzado, tienen el carácter de imprescriptibles a
la luz de los tratados internacionales suscritos por el Estado de Colombia y según
las sentencias de los organismos regionales de protección de derechos humanos.
Lo que implica que las víctimas de estos crímenes pueden acudir en cualquier
momento ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para buscar la
garantía de su derecho a la reparación integral.
Agregaron que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 no había sido
proferida cuando se presentó la demanda, por lo que para resolver el caso debió
aplicarse la jurisprudencia vigente, cuya posición mayoritaria se inclinaba por
inaplicar el término de caducidad para los eventos que involucraban crímenes de
lesa humanidad, como el que se estudia.
También acusaron la configuración del defecto fáctico por indebida valoración de
las pruebas del proceso. Precisaron que el hecho de solicitar un crédito y que se lo
hayan otorgado, no permite concluir el retorno del señor Gómez Zambrano a la
finca, ni que haya cesado su condición de desplazado y el de su familia. En esa
línea, manifestó que las declaraciones del mayordomo daban cuenta que las idas a
la finca eran apenas esporádicas, pero no pernoctaba en ella. Al respecto destaca
que el derecho consuetudinario da cuenta de que los retornos irregulares no
equivalen a retorno efectivo.
4 Samai para Tribunales Administrativos, índice 23. Proceso nro. 05001-33-33-022-2014-00175-02.
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Finalmente, advirtieron que la accionada desconoció la sentencia de tutela del 17
de junio de 2015, por medio de la cual se amparó el derecho de los demandantes
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia y se dejó sin efectos la
providencia que en su momento declaró la caducidad de la acción.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. El 17 de agosto de 2022, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado admitió la acción de tutela presentada por los señores Jorge
Augusto Gómez Zambrano, Cruz Elena Puerta Rojo y Jorge Daniel Gómez
Puerta contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Además, vinculó, en calidad de terceros con interés, a la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional y a la Policía Nacional, al Ministerio del
Interior, al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al
Departamento de Antioquia, al municipio de La Unión (Antioquia) y al Juzgado
22 Administrativo del Circuito de Medellín. Todos estos, sujetos procesales
dentro del proceso de reparación directa nro. 05001-33-33-022-2014-00175-
02.
4.2. La Nación, Ministerio del Interior, por conducto de la jefe de la Oficina
Asesora Jurídica (E), solicitó la desvinculación de la entidad de este proceso
constitucional, porque sus competencias y funciones no guardan relación con
las pretensiones de la acción de tutela.
Agregó que la acción de tutela es improcedente porque la parte actora no
cumplió con la carga de argumentar la relevancia constitucional del asunto y
de señalar la irregularidad procesal que afecta la sentencia acusada. También
señaló que la acción de amparo no supera el requisito de subsidiariedad.
4.3. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por conducto del jefe
de la Oficina Asesora Jurídica, solicitó que se nieguen las pretensiones de la
acción de tutela dada la inexistencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora.
Dijo que la autoridad acusada tomó la decisión de declarar la caducidad de la
acción a partir de un análisis de las pruebas del proceso y del marco jurídico
aplicable, sin que se evidencie arbitrariedad o capricho en la motivación de la
sentencia. Destacó que las pruebas del proceso acreditaron que desde el año
2009 el señor Gómez Zambrano regresó al municipio de La Unión para realizar
labores de explotación económica en la finca de su propiedad, de la que había
sido desplazado en el año 2002. Por lo anterior, consideró que era claro que
desde ese año debía iniciar el cómputo de la caducidad de la acción.
4.4. El Juzgado 22 Administrativo del Circuito de Medellín, por conducto del
titular del despacho, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de
tutela, debido a que la sentencia cuestionada se emitió en aplicación del marco
jurídico y jurisprudencial vigente y aplicable al caso individual.
Advirtió que el asunto sub examine se abordó a la luz de los principios pro
damnato y pro homine, pues el parámetro del cómputo de caducidad no fue la
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ocurrencia en sí del hecho de desplazamiento forzado, sino el momento en
que se tuvo certeza de que las víctimas retornaron al lugar del que fueron
despojados.
4.5. El Departamento de Antioquia, por conducto de funcionaria de la
Gobernación, precisó que los accionantes atacan a través del mecanismo
constitucional providencias judiciales que estiman vulneran sus derechos. En
esa medida, se abstuvo de emitir juicios de valor en relación con la sentencia
acusada so pretexto de respetar la autonomía e independencia de los poderes
públicos.
4.6. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, por conducto
de la coordinadora de Acciones Constitucionales y Procedimientos
Administrativos, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela
en garantía de los principios constitucionales de autonomía e independencia
judicial de los operadores judiciales.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 8 de septiembre de 2022, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó la acción de tutela, comoquiera que no encontró
configurados los defectos fáctico, sustantivo y de desconocimiento del precedente
judicial invocados por la parte actora.
Relativo a la inaplicación del término de caducidad al caso estudiado porque el
desplazamiento forzado se traduce en una grave vulneración a los derechos
humanos, precisó que esa tesis fue expresamente descartada por la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020.
Indicó que la decisión de caducidad derivó de una interpretación razonable del
artículo 164.2 literal i) de la Ley 1437 de 2011, que comprendió incluso los principios
pro homine y pro damnato. Atendiendo a lo anterior, la caducidad de la acción se
computó desde una fecha posterior al acaecimiento del hecho dañoso, “esto es, a
partir de cuando, en concepto del Tribunal Administrativo de Antioquia, existía una certeza sobre la
posibilidad de obtener una reparación por parte del Ejército Nacional y, con todo, la demanda no fue
presentada dentro del término legal.”
Relativo a la sentencia de tutela del 17 de junio de 2015, precisó que esta no vedó
la posibilidad de que la caducidad fuera estudiada nuevamente en etapas
posteriores del proceso.
6. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia. Explicaron que, para la
fecha en que los demandantes promovieron el medio de control de reparación
directa no había una posición unificada respecto del cómputo de caducidad en
casos de desplazamiento forzado, por lo que señalan que la jurisprudencia vigente
al momento en que ocurrieron los hechos (año 2002) debe ser la que determine la
tesis de caducidad.
Agregaron que no hay acuerdo en el Consejo de Estado sobre los efectos de la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2022, ya que algunos despachos, como
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el del consejero Rafael Suárez Vargas5, defienden que el precedente es aplicable
solo para las demandas presentadas después de proferida la sentencia de
unificación.
El Tribunal Administrativo de Antioquia obvió las particularidades del caso concreto
y aplicó con radicalidad la sentencia de unificación del año 2020.
La sentencia de tutela de primera instancia no analizó todos los defectos invocados
en la acción de amparo. No se analizó el argumento relativo a la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso de la parte actora, porque el Tribunal
accionado no readecuó el procedimiento administrativo para permitir que los
accionantes se pronunciaran en relación con la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020, conforme lo indicado en la sentencia T-044 de 2022. Tampoco se
pronunció el a quo en relación con los derechos de las mujeres desplazadas ni de
quién para la época de los hechos era un niño.
El a quo, así como el Tribunal accionado soslayaron la valoración integral de las
pruebas del proceso que dan cuenta de que los demandantes no han perdido su
condición de desplazados. No hay pruebas que demuestren el retorno efectivo de
los demandantes.
Expuso que se omitió la valoración del derecho de petición del 24 de enero de 2016
en el que el accionante solicita el la Secretaría de Hacienda Municipal de La Unión
apoyo para retorno efectivo y la condonación de los valores adeudados por
concepto de impuesto predial.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7
5 El accionante relacionó las siguientes providencias como respaldo de su afirmación: “Sentencia CE S2 Sub-
A Radicación: 11001-03-15-000-2022-00610-00.”, “fallo de tutela de segunda instancia radicado con el
número 11001-03-15-000-2022-01694-01” y “EL segundo fallo de tutela de segunda instancia es el número
11001 03 15 000 2022 02106 01”
6 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
7 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
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y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional9 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso
3. Planteamiento del problema jurídico
La parte accionante pretende que se deje sin efectos la decisión de caducidad
adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia frente al desplazamiento
forzado del que fueron víctimas en el año 2002. Estiman que el análisis de la
caducidad debe surtirse en aplicación de la tesis según la cual, no hay lugar a aplicar
el fenómeno de la caducidad a los eventos relacionados con graves violaciones de
los derechos humanos. Asimismo, sostienen que se valoraron indebidamente las
pruebas del proceso, pues, en su consideración, estas daban cuenta de que aún
ostentan la condición de desplazados forzados por la violencia.
En consecuencia, teniendo en cuenta los antecedentes del caso y los argumentos
de la impugnación, corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al a quo al
concluir que la sentencia del 21 de julio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia no comporta defecto fáctico, defecto sustantivo ni
desconocimiento del precedente judicial o, si, por el contrario, debe revocarse la
sentencia de tutela de primera instancia y concederse el amparo solicitado.
4. Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial. De la
aplicación e interpretación del artículo 164.2 literal i) para casos de
desplazamiento forzado
4.1. Los cargos por defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial
serán estudiados de manera conjunta, porque tienen un elemento común:
atacan el marco jurídico que fundamentó la sentencia del 21 de julio de 2022
en relación con la oportunidad de la acción en los eventos relacionados con el
desplazamiento forzado.
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
8 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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4.2. Al respecto, es pertinente precisar que, la Sala considera que la aplicación del
precedente de unificación del 29 de enero de 2020 no comporta una
vulneración al derecho al debido proceso de los accionantes, porque en que
en el curso del proceso de reparación directa los demandantes no invocaron
la tesis de inaplicación de la figura de la caducidad por estar relacionado con
un caso de graves violaciones a los derechos humanos al caso concreto, sino
que basaron su argumentación en la calidad de delito continuado que tiene el
fenómeno del desplazamiento forzado y el hecho de que al momento de
interponer la demanda todavía los demandantes ostentaban esa condición.
Así pues, en el escrito de la demanda se expuso la siguiente argumentación
en relación con el cómputo de la caducidad de la acción:
“8.4. CADUCIDAD: De acuerdo con lo establecido en el artículo 164 de la Ley 1437, la
demanda deberá ser presentada (…)
En el delito de desplazamiento forzado, el término de caducidad de la acción de reparación
directa se cuenta desde el momento en que cesa la conducta. Así lo indicó la Sección Tercera
del Consejo de Estado en la sentencia del pasado 26 de julio.
Para el Consejo de Estado, el desplazamiento forzado causa un daño continuado en el tiempo.
Por ende, al igual que la desaparición forzada, es una excepción a la regla de la caducidad. A
diferencia de lo que ocurre en los daños permanentes, en los daños continuados se produce
un agravamiento paulatino sin solución de continuidad. (…)
Con estos argumentos, el alto tribunal revocó un auto que rechazó por caducidad una acción
de reparación directa y admitió la demanda presentada por unas personas que tuvieron que
abandonar el país en el 2004 por amenazas contra su vida. (C.E., Secc. Tercera, Auto (…)
(41037), jul. 26/11, C.P. Enrique Gil Botero)” 10.
También es relevante recordar que, en la etapa de decisión de excepciones
previas del proceso de reparación directa en comento, el Tribunal
Administrativo de Antioquia declaró la caducidad de la acción en auto del 2 de
febrero de 2015. Esta providencia fue objeto de acción de tutela y dejada sin
efectos por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de tutela
del 17 de junio de 2015.
La razón por la que se dejó sin efectos el auto en comento no guarda relación
con la tesis de inaplicación de la caducidad en casos de crímenes de lesa
humanidad y de guerra, sino con la valoración de las pruebas del proceso
relativas al presunto retorno del grupo familiar al lugar de origen.
El juez constitucional, en esa oportunidad, estimó:
“(…) los argumentos expuestos por el Tribunal, aunque se encuentran fundamentados,
resultan apresurados (…).
En aras de permitir al administrado acceder a la administración de justicia, cuando no existe
certeza suficiente para declarar la caducidad debe el juez admitir la demanda o continuar el
proceso hasta que se clarifique sobre la ocurrencia o no de este fenómeno en el medio de
control.
(…)
En este punto, estima la Sala conveniente precisar que la presente providencia no cuestiona
el hecho de que el Tribunal accionado, en ejercicio de su autonomía funcional, desarrolle y
defienda su propio criterio frente a los aspectos relativos al conteo del término de caducidad
10 Páginas 65 y 66 del archivo denominado “001Demanda” dentro del expediente digitalizado del medio de
control de reparación directa número 05001-33-33-022-2014-00175-02. Samai, índice 9.
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para ejercer el medio de control de reparación directa. Lo que se cuestiona, en esta
oportunidad, es el hecho de que no existe el suficiente material probatorio que acredite la
caducidad y por ende deba declararse probada.” 11
Como se observa, las discusiones suscitadas en el curso del proceso sobre la
oportunidad de la acción no versaron en la inaplicación de este fenómeno, sino
en la prueba de cuando cesó la condición de desplazados de los accionantes,
con miras a determinar el momento en que debe computarse este fenómeno
procesal comoquiera que se trata de un daño continuado.
Luego, la mención y aplicación de las reglas de unificación de la sentencia del
29 de enero de 2020, al caso sub examine para descartar la tesis de
inaplicación del fenómeno de la caducidad de la acción no vulnera el derecho
al debido proceso de las partes. Esto, se reitera, porque los argumentos de los
demandantes sobre la caducidad no se dirigieron a solicitar su inaplicación,
sino evidenciar que se trata de un daño continuado y que aún son víctimas de
desplazamiento forzado y, fue precisamente en ese aspecto, en el que se
centró el estudio de caducidad que adelantó el Tribunal Administrativo de
Antioquia.
Entonces, se tiene que el caso concreto, la discusión en realidad se centra en
el juicio de valoración probatoria expuesto por la autoridad judicial accionada
para determinar el momento en que cesó la condición de desplazados de los
demandantes y el análisis sobre este asunto se surtirá en el acápite
subsiguiente.
4.3. Finalmente, esta Sala estima, en línea con lo manifestado por el a quo, que
retomar la discusión sobre la caducidad de la acción en la sentencia ordinaria
de segunda instancia no conlleva a desconocer o desacatar la sentencia de
tutela del 17 de junio de 2015, pues en esa providencia se indicó que en la
etapa de decisión de excepciones era prematuro decretar la caducidad de la
acción por lo que habría de revocarse el auto de segunda instancia que así lo
declaró, pero, sin perjuicio de que en una etapa posterior del proceso se
retomara la discusión sin que ello implicara la vulneración de los derechos
fundamentales de los demandantes.
Se relaciona el aparte pertinente de la providencia de tutela:
“Ahora bien, aclara la Sala que lo anteriormente señalado no excluye la posibilidad de que una
vez se agoten las etapas procesales y se recaude el acervo probatorio correspondiente, la
conclusión del juez natural del proceso ordinario sea que efectivamente se configuró el
fenómeno jurídico de la caducidad, lo cual en dicho caso no conllevaría a la vulneración del
derecho al acceso a la administración de justicia (…)” 12
Establecido lo anterior, se reitera, la decisión en sentencia de segunda
instancia de declarar probada la caducidad de la acción no materializa
desconocimiento o desacato de la sentencia de tutela del 17 de junio de 2015,
ni vulneración del derecho al acceso a la administración de justicia de los
demandantes.
11 Páginas 101 y siguientes del escrito de tutela. Samai, índice 2.
12 Página 106 del escrito de tutela. Samai, índice 2.
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5. Defecto fáctico. De la valoración de las pruebas que acreditan la
condición de desplazamiento forzado de los accionantes
5.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con el decreto, práctica o
valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En
efecto, la Corte Constitucional ha dicho que el defecto fáctico es un error
relacionado con asuntos probatorios y, además, reconoce que tiene dos
dimensiones: una dimensión negativa y una positiva.
La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo,
(i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso; (ii) por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en
que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.
La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión; o
(v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen
a demostrar el hecho en que se basa la providencia.
5.2. Para abordar los cargos por defecto fáctico, se estima necesario retomar el
juicio de valoración probatoria expuesta por el Tribunal Administrativo de
Antioquia en la sentencia del 21 de junio de 2022.
En la parte motiva de la sentencia se indicó que los demandantes fueron
desplazados del corregimiento Mesopotamia, vereda El Cardel del municipio
de La Unión (Antioquia) en febrero, del año 2002, con ocasión de las
amenazas sufridas por parte de grupos al margen de la ley. El Tribunal
accionado relacionó como prueba de este hecho (i) el formato único de noticia
criminal dentro del proceso penal, (ii) el formato único de declaración del
Registro Único de Población Desplazada, y (iii) el acta de inclusión en el
Registro Único de Víctimas.
En relación con el momento en que cesó la condición de desplazados forzados
de los demandantes, destacó que en la declaración rendida por el señor
Gómez Zambrano ante la UARIV el 9 de agosto de 2010, este informó: “Allá yo
tenía un administrador llamado Esteban Pavas y en la actualidad regresó a la finca y
trabaja conmigo. (…) Después de mucho tiempo, el trabajador regresó a la finca y desde
luego también empecé a ir a la finca, de entrada, por salida.”
También hizo relación a la copia de una solicitud de crédito agropecuario y
rural realizada por el señor Jorge Augusto Gómez Zambrano al banco BBVA
el día 17 de octubre de 2008. Esta petición se fundamentó en la necesidad de
(…) aprovechar al máximo el uso actual de la tierra (…) en el montaje de un proyecto
sostenible en el tiempo, que permite obtener ingresos adicionales y que hace más
productiva la explotación.”
Finalmente, el Tribunal trajo a colación la declaración rendida ante notaría por
el mayordomo de la finca de propiedad del demandante el 6 de septiembre de
2010, quien indicó: “(…) Hace un año largo que mi patrón está volviendo a la finca y
estamos tratando de recuperar lo que durante estos 8 años se perdió.”
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En atención a estos medios de convicción, el Tribunal Administrativo de
Antioquia expuso el siguiente juicio de valoración probatoria:
“De conformidad con lo anterior, considera la Sala que, al menos, desde el año 2009 el señor
Jorge Augusto Gómez Zambrano pudo retornar al sitio de donde había sido desplazado, pues
de ello da cuenta no solo la declaración rendida por él ante la UARIV el día 9 de agosto de
2010, sino también lo expresado por el mayordomo de la finca, el señor Esteban de Jesús
Pavas Cardona en la declaración extrajudicial del 6 de septiembre de 2010, quien señaló que
para esa fecha, el demandante ya tenía más de un año de haber regresado a la finca.
Debe agregarse que, incluso, desde el mes de octubre de 2008, el señor Jorge Augusto
Gómez Zambrano ya había solicitado un crédito ante el banco BBVA para realizar labores de
mantenimiento en la finca El Paraíso, ubicada en la vereda El Cardal del Municipio de La Unión
– Antioquia, sitio de donde había sido desplazado.
De conformidad con lo anterior y, como en el año 2009 el señor Jorge Augusto Gómez
Zambrano ya había regresado a la finca, debe tenerse ese año como fecha desde la cual se
empieza a contar el término de caducidad, lo que quiere decir que la demanda se debió
presentar a más tardar al finalizar el año 2011, pero como la solicitud de conciliación ante la
Procuraduría General fue presentada el 17 de octubre de 20137 , es decir, mucho tiempo
después del plazo máximo que tenían los demandantes, ha operado el fenómeno de la
caducidad del medio de control.”13
5.3. Establecido este contexto, es del caso recordar que en consideración de los
accionantes las pruebas del proceso no acreditan su retorno al lugar del que
fueron desplazados, por lo que la conclusión a la que llegó el Tribunal relativa
a la cesación de su condición de desplazados en el año 2009 no tiene respaldo
probatorio.
Al respecto, debe indicar esta Sala que la conclusión probatoria a la que llegó
la autoridad judicial accionada no deriva de su capricho ni se estima arbitraria,
por el contrario, en la sentencia se indicó de manera específica y motivada
cuales eran los medios de prueba que respaldaban esta determinación y que
a juicio del Tribunal evidenciaban que estaban dadas las condiciones para el
retorno, tanto así que el mayordomo de la finca retornó las labores de cuidado
y explotación económica y el señor Gómez Zanabria acudía con regularidad al
lugar donde inicialmente fue desplazado .
En la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la
Subsección A14 ha defendido que la caducidad de la acción en el caso de
desplazamiento forzado, por tratarse de una conducta continuada, inicia a
contarse desde cuando están dadas las condiciones de seguridad para que se
produzca el retorno al lugar del que fueron despojados “independientemente de
que los afectados procedan o no de conformidad.”
Esta tesis fue acogida en la sentencia acusada y se indicó, con la debida
relación y valoración de los medios de prueba, el momento a partir del cual
cesó la condición de desplazados forzados de los demandantes. Ahora, que
los demandantes no compartan la conclusión probatoria no implica per se que
se haya incurrido en una vulneración de sus derechos fundamentales por
defecto fáctico, pues no se observa una valoración contraevidente, sino que la
13 Archivo denominado “029Sentencia2da” dentro del expediente digitalizado del medio de control de
reparación directa número 05001-33-33-022-2014-00175-02. Samai, índice 9.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del
20 de mayo de 2022. Proceso nro. 05001-23-33-000-2020-00418-01 (67.891). M.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.; Auto del 26 de julio de 2011. Proceso nro. 08001-23-31-000-2010-00762-01 (41037). C.P. Enrique Gil
Botero.
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conclusión probatoria deriva de manera razonada de la información que
arrojan los medios de prueba.
5.4. Relativo a la omisión de valoración del derecho de petición del 24 de
septiembre de 2016, se destaca que el documento es posterior a la
presentación de la demanda y a la sentencia de tutela en la que se discutió el
cómputo de caducidad de la acción en la etapa decisión de excepciones.
La copia de esta petición se aportó al proceso por los demandantes con el
propósito de que fungiera como prueba de la solicitud de medida cautelar que
presentaron el 16 de febrero de 2016, para que se suspendieran los efectos
de la Resolución de embargo nro. 1186 del 25 de septiembre de 2014 expedida
por la Secretaría de Hacienda de La Unión.
Así lo acredita el siguiente memorial15 que hace parte del expediente del
proceso de reparación directa:
15 Página 51 del archivo denominado “016Memorial” dentro del expediente digitalizado del medio de control
de reparación directa número 05001-33-33-022-2014-00175-02. Samai, índice 9.
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El contenido del oficio del 19 de febrero de 201616 es el siguiente:
Dado que el propósito de la documental era el de procurar el reconocimiento
de la medida cautelar solicitada por los demandantes en el año 2016, su
aportación y apreciación debe circunscribirse a ese ámbito, conforme lo
establece el artículo 212 del CPACA, relativo a las oportunidades
probatorias17.
En todo caso y aún si, en gracia de discusión, se considerara que se trata de
una prueba oportunamente aportada al proceso a efectos de adoptar la
decisión de fondo, lo cierto es que el documento echado en menos por los
demandantes no tiene la aptitud de refutar los medios de prueba que fueron
considerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia para declarar
probada la cesación del desplazamiento, pues en el documento apenas se
hace una breve mención de petición para retorno del accionante ante la
Secretaría de Hacienda del municipio de La Unión, pero el objetivo principal
del documento es el de lograr la condonación de la deuda por concepto de
impuesto predial.
16 Página 53 del archivo denominado “016Memorial” dentro del expediente digitalizado del medio de control
de reparación directa número 05001-33-33-022-2014-00175-02. Samai, índice 9.
17 OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán
solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este
Código.
En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su
contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las
excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas
a la cuestión planteada.
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6. Conclusión
De conformidad con los argumentos expuestos, se confirmará la sentencia de tutela
del 8 de septiembre de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado que negó el amparo solicitado por los accionantes. El análisis
precedente da cuenta de que la providencia judicial acusada, se fundamentó en las
normas procesales pertinentes para decidir sobre la caducidad de la acción y en la
jurisprudencia exigible y vigente que le ha dado alcance.
Adicional a lo anterior, se descartó que la decisión en sentencia sobre la caducidad
conlleve al desconocimiento de la sentencia de tutela del 17 de junio de 2015, pues
en esta providencia se indicó expresamente que la decisión no descartaba la
posibilidad de que en etapa posterior el juez natural de la causa retomara la
discusión en torno a la oportunidad de la demanda.
Finalmente, se considera que las conclusiones probatorias expuestas por el
Tribunal Administrativo de Antioquia derivan razonablemente de la información que
arrojaron los medios de convicción, por lo que se descarta un escenario de capricho
o arbitrariedad en el juicio de valoración probatoria.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 8 de septiembre de 2022, por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dadas las
razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
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