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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03846-01

Fecha
4 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03846-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Modificar la sentencia impugnada, proferida el 11 de agosto de 2022 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, la cual quedará así: PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por Maurizio Papa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-03846-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

4 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03846-01
Demandante: MAURIZIO PAPA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
B
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide1 la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia
del 11 de agosto de 20222, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
por medio de la cual se negaron las pretensiones de la tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 13 de julio de la presente anualidad, el señor Maurizio Papa, por intermedio de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la
sentencia proferida el 30 de marzo de 2022, en el proceso de reparación directa
con radicado 13001-23-33-000-2013-00105-00/02 (51789). Formuló las siguientes
pretensiones (se transcriben textualmente):

PRIMERA: Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, me permito
solicitarle respetuosamente, se sirva TUTELAR los derechos fundamentales

1
Se advierte que, el 29 de septiembre de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2
El demandante solicitó adición y aclaración de la sentencia de primera instancia. Dicha petición fue
negada por el a quo, en providencia del 1º de septiembre de 2022.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03846-01
Demandante: Maurizio Papa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B
Sentencia de tutela de segunda instancia

al DEBIDO PROCESO y LIBRE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA del señor MAURIZIO PAPA.

SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene dejar sin
efectos la sentencia proferida por la SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN
TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO, adiada el 30 de marzo del año 2022,
radicación No 13001-23-33-2013-00105-01 (51789).

TERCERA: Ordenas a la SUBSECCIÓN B de la SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO, proferir sentencia que corresponda en derecho y de
acuerdo con los lineamientos del CONSEJO DE ESTADO.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

El señor Maurizio Papa presentó demanda de reparación directa contra el Distrito
de Cartagena de Indias (en adelante Distrito de Cartagena) y Transcaribe S.A., para
que fueran declaradas patrimonialmente responsables por los daños atribuidos al
estancamiento de aguas lluvias en zonas aledañas a los bienes inmuebles del
demandante, con el cual se causó afectación a los predios y se imposibilitó su
explotación económica.

En primera instancia, el proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Bolívar,
el que, en sentencia proferida el 6 de junio de 2014, accedió parcialmente a las
pretensiones y declaró la responsabilidad patrimonial del Distrito de Cartagena.

La sentencia fue apelada por ambas partes y el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, en providencia del 22 de marzo de 2022, la revocó y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda por falta de legitimación en la causa por
pasiva.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora sostuvo que la autoridad judicial incurrió en las siguientes causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencia judicial:

1.3.1. Defecto fáctico, en su dimensión negativa, por omisión en la valoración de
los medios de convicción.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03846-01
Demandante: Maurizio Papa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B
Sentencia de tutela de segunda instancia

Para tal efecto, en primer lugar, sostuvo que la vulneración de los derechos
fundamentales se concretó al considerar que la demanda debió dirigirse contra la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Establecimiento Público
Ambiental de Cartagena, EPA Cartagena, dado que las pruebas permitían concluir
que la responsabilidad en la ejecución y control de las obras recaía en el Distrito de
Cartagena.

Expuso que en la demanda se aportó un oficio del Departamento de Valorización
Distrital de Cartagena, que indica que el proyecto Plan Maestro de Drenajes
Pluviales a cargo de dicha dependencia no contemplaba la intervención del Centro
Histórico de Cartagena, por cuanto dichos canales pluviales ya habían sido
reforzados por la empresa Transcaribe S.A., particularmente, en los alrededores del
lugar donde se encuentran ubicados los locales del demandante.

Que, en esa comunicación del año 2011, se afirmó que la Secretaría de
Infraestructura Distrital de Cartagena era la encargada, responsable y competente
para intervenir el sistema de captación de aguas lluvias en el Centro Histórico.

En oficio EXT AMC.11-0049540, expedido por la Secretaría de Infraestructura de
Cartagena, en respuesta a una petición del demandante, se señaló que una
alternativa para resolver el problema del sistema de drenaje pluvial de la zona era
concientizar a la comunidad, cambiar los imbornales por un sistema mixto de rejillas
y ventanas menos propenso a la obstrucción, por lo que se requería elaborar los
diseños y el presupuesto correspondientes, para gestionar la consecución de los
recursos con miras a ejecutar la obra.

De acuerdo con la solicitud de amparo, a partir de esas pruebas era claro que el
secretario de infraestructura de Cartagena asumió la responsabilidad de la
«consecución de recursos y ejecución de obras…en el sector donde se encuentran
los inmuebles del señor MAURIZIO PARA (sic), en ningún aparte de dicho oficio,
señala otra entidad competente para realizar los cambios que estima necesarios
para mejorar el sistema de captación de aguas lluvias en la zona».

Agregó que la competencia de la Secretaría de Infraestructura de Cartagena para
intervenir los puntos de captación de aguas lluvias se encuentra contenida en el
Decreto Distrital 228 de 2009, en el que se delegó a los secretarios la competencia

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para realizar obras públicas, incluidas, según se entiende, las mencionadas en los
oficios anteriores.

Afirmó que, según el oficio AMC-OFI-00527794-2013, la Oficina Asesora de
Servicios Públicos del Distrito de Cartagena tenía a su cargo el Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos, pues en él informan sobre la realización de campañas
de concientización en varios sectores, incluido el lugar de ubicación de los locales
del demandante; de modo que dicho documento demuestra la competencia del
Distrito de Cartagena para la realización de obras públicas a cargo de la Secretaría
de Infraestructura, así como la competencia en materia ambiental en la ciudad.

Concluyó que del análisis de los referidos documentos se deducía que, al momento
de la inundación de los locales de propiedad del demandante, el Distrito de
Cartagena tenía la competencia directa para realizar las obras públicas de
mejoramiento de los sistemas de captación de lluvias, obligación que se desatendió
al omitir la ejecución de las obras de mitigación o mejoramiento del sector, razón
por la cual la demanda se presentó contra el ente territorial y no en contra de EPA
Cartagena o de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

De otra parte, alegó que la sentencia cuestionada incurrió en una valoración errada
de la prueba solicitada por Transcaribe, la cual fue determinante para concluir que
el Distrito de Cartagena no era competente para ejecutar las obras solicitadas pues,
aun cuando el fundamento de la excepción de falta de de legitimación en la causa
por pasiva fue el decreto de creación del Establecimiento Público Ambiental - EPA
Cartagena, respecto del cual se pidió oficiar al Concejo Distrital de Cartagena para
su remisión, la parte demandada no informó que la competencia para realizar las
obras públicas era de la Secretaría de Infraestructura Física, de conformidad con el
Decreto Distrital 228 de 2009.

En tal sentido, afirmó que aporta una respuesta del 7 de julio de 2022, en la que
EPA Cartagena manifiesta no tener competencia entre los años 2008 y 2011 para
intervenir en el sistema de drenaje de aguas pluviales del Centro Histórico de la
ciudad, respuesta que, en similar sentido, también emitió Aguas de Cartagena S.A.

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Sentencia de tutela de segunda instancia

• Defecto fáctico por omisión de análisis de los elementos de prueba que
acreditaban la responsabilidad del Distrito de Cartagena.

Con los oficios mencionados y las demás pruebas documentales aportadas al
proceso se demostró que las obras públicas realizadas en la zona de ubicación de
los inmuebles eran necesarias para solucionar el problema de inundación, pero
nunca fueron ejecutadas por el Distrito de Cartagena. Incluso, los problemas de
taponamiento del sistema de drenaje de aguas pluviales se presentaban desde
antes de la creación de EPA Cartagena.

Puntualmente, alegó que no se valoraron en debida forma los dictámenes periciales
aportados y practicados: el de Ulvia Argüello Niebles, que concluyó que no todos
los sumideros que analizó cumplían con la capacidad para evacuar el caudal que
se debía cubrir, y el de Hidroconsultores, que expuso las deficiencias del sistema
de captación de aguas lluvias en el sector y las obras necesarias para mejorarlo,
pero que nunca fueron realizadas por el Distrito, a pesar de tener la competencia,
de conformidad con el Decreto Distrital 228 de 2009.

1.3.2. Defecto sustantivo, por indebida aplicación de la ley para determinar la falta
de legitimación en la causa por pasiva del ente territorial demandado, puesto que la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios carece de competencia para
controlar y vigilar a los establecimientos públicos ambientales o a los entes
territoriales que ejercen funciones ambientales, puesto que no prestan servicios
públicos domiciliarios y, por ende, en esos casos no resulta aplicable la Ley 142 de
1994.

Señaló que era necesario distinguir entre el servicio de alcantarillado y el sistema
de drenaje de aguas lluvias, pues la primera es un servicio público domiciliario
vigilado por la Superintendencia y el segundo una labor ambiental ejercida por los
entes territoriales o por los establecimientos públicos ambientales.

Afirmó que se desconoció el artículo 65 de la Ley 99 de 1993, que establece en el
numeral 6 que los municipios y los distritos tienen funciones de control y vigilancia
del medio ambiente y de los recursos renovables, con el fin de velar por el
cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares; por lo que, en su
sentir, aun si la ejecución de las obras de captación de agua fuese competencia de

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EPA Cartagena, al alcalde le eran exigibles las funciones de control y vigilancia que
nunca ejerció.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 19 de julio de 2022, el magistrado sustanciador de la Sección
Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, y ordenó las notificaciones y vinculaciones
correspondientes.

2.1. El magistrado ponente de la sentencia cuestionada expuso que la providencia
contiene los argumentos y elementos necesarios para que el juez de tutela tome la
decisión que en derecho corresponda. Dijo, además, que se atendría a lo que
disponga en el fallo.

2.2. Transcaribe S.A. sostuvo que la providencia objeto de la demanda de tutela sí
tuvo en cuenta todo el material probatorio e, incluso, en ella se hace referencia
textual a los oficios expedidos por el director de valorización de Cartagena.

Que, a partir de las pruebas del proceso, el juez de segunda instancia dedujo que
la causa eficiente de las inundaciones no fue la falta de limpieza o de mantenimiento
de los sistemas, ni tampoco las labores de construcción ejecutadas por
Transcaribe.

En suma, consideró que el defecto fáctico no se configura, en la medida en que las
pruebas fueron debidamente analizadas y que, en consecuencia, debía declararse
«la improcedencia de la presente acción de tutela».

2.3. El Distrito de Cartagena alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva
con apoyo en que la discusión gira en torno a una providencia emitida por una
autoridad judicial.

De otra parte, sostuvo que el actor pretende convertir la tutela en una instancia
adicional del proceso ordinario, cuando la finalidad de este instrumento es proteger
los derechos fundamentales y no ser un escenario para debatir desacuerdos con
las decisiones judiciales, mucho menos cuando lo que se discute fue resuelto por

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la autoridad judicial competente, previa valoración de las pruebas y la exposición
de las razones que sustentaron la desestimación de las pretensiones.

2.4. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

3. Fallo impugnado

La Sección Quinta de esta Corporación, mediante fallo del 11 de agosto de 2022,
negó las pretensiones de la solicitud de amparo.

Como sustento de la decisión, el a quo sostuvo que la tutela cumplía con los
requisitos generales de relevancia constitucional, de inmediatez y de
subsidiariedad, a lo cual agregó que no se está cuestionando otra sentencia de
tutela, sino una providencia dictada en un proceso de reparación directa.

Seguidamente, analizó los defectos alegados. En cuanto al sustantivo, explicó que
la autoridad judicial accionada consideró que el tribunal, en la sentencia de primer
grado, incurrió en un error interpretativo de la imputación del daño, bajo el
entendimiento de que el municipio tenía el deber de asegurar la prestación eficiente
del servicio público.

De acuerdo con el a quo, la sentencia cuestionada precisó que el hecho de que la
Ley 142 de 1994 radique en cabeza de los municipios la prestación de los servicios
públicos domiciliarios (ESP), evidencia que a las empresas de servicios públicos
domiciliarios les compete realizar las labores de mantenimiento y, por tanto, son las
responsables de los daños que por ello se lleguen a causar. De ahí que, como la
prestación del servicio de alcantarillado está a cargo de una ESP, el error surgió de
imputar el daño al ente territorial por incumplimiento del deber de vigilancia y
control, y no a la falta de mantenimiento de la red de alcantarillado y de la
realización de las obras para optimizar su eficiencia, que fue la tesis de la demanda.

Que, además, al estudiar las labores de control y vigilancia, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado encontró que, de conformidad con la
Constitución y la Ley 142 de 1994, dicha tarea corresponde a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios; por ende, si el daño se estaba imputado por
esa causa debía estudiarse frente a quien tiene esa obligación legal.

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Así, el a quo concluyó que la autoridad judicial accionada «acertó en la aplicación
de la Constitución Política y de la Ley 142 de 1994 para señalar que la labor de
vigilancia y control de la prestación de los servicios públicos corresponde, no a los
municipios por cuanto a estos les compete garantizar su prestación eficiente y
oportuna, sino a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ; razón por
la cual «desvirtuó que la falla del servicio por omisión del deber de vigilancia y
control pudiera imputarse al Distrito de Cartagena».

De otra parte, sostuvo que no era cierto que se desconoció el numeral 6 del artículo
65 de la Ley 99 de 1993, en virtud del cual el distrito tiene el control de las
actividades sobre las obras de modificación al sistema de captación de aguas
lluvias, ni tampoco el Decreto Distrital 228 de 2009, pues, aunque dicha norma
delegó en el secretario de infraestructura la celebración de contratos de obra
pública, dicha disposición no derogó, «y no podía hacerlo», las disposiciones de la
Ley 142 de 1994, que radican en cabeza de las empresas prestadoras de servicios
públicos la competencia para construir, operar y modificar las redes e instalaciones;
además, tampoco derogaron la competencia de EPA Cartagena en actividades de
limpieza de sumideros y drenajes pluviales.

En lo que concierne al defecto fáctico, estimó que las pruebas documentales
referidas no podían entenderse como evidencia de la competencia del Distrito de
Cartagena para la prestación del servicio público de alcantarillado, toda vez que
dichas atribuciones están contenidas en la ley y, al margen de los documentos, no
tenían la fuerza para orientar en otro sentido la sentencia cuestionada.

Dijo que en la decisión atacada se concluyó que tampoco estaba probado que la
falta de limpieza de los drenajes pluviales fuera la causa eficiente del daño, ya que
del análisis de la prueba pericial se dedujo que la afirmación del perito no hizo parte
de un estudio técnico, y porque, además, la sentencia se fundó en un dictamen
pericial según el cual la capacidad de la tubería instalada era óptima para la función
de evacuación de aguas.

Por último, afirmó que, en todo caso, la inconformidad del demandante se dirige a
escrutar las conclusiones de la sentencia en torno a la valoración de la prueba
practicada en el proceso.

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4. La solicitud de aclaración y adición de la sentencia de tutela de primera
instancia

La parte demandante solicitó la adición de la sentencia, porque consideró que al
sustentar el defecto fáctico enunció diferentes pruebas que no fueron tenidas en
cuenta por la autoridad judicial accionada, las cuales tampoco se analizaron en el
fallo de tutela, tales como: el dictamen pericial rendido por la perita Ulvia Argüello y
el estudio técnico aportado por Hidroconsultores sobre las fallas técnicas que se
presentaron en la zona de ubicación de los predios.

Que, además, en sentencia proferida en el proceso con radicado 17001-23-00-000-
2011-00613-00, la Sección Primera del Consejo de Estado precisó que, si bien
compete a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la verificación
del cumplimiento de las condiciones de prestación de los servicios, no por ello los
entes territoriales podían desprenderse de su deber constitucional y legal de
verificar y controlar su prestación, tesis también está contenida en la sentencia
proferida por la misma Sección Primera, el 4 de febrero de 2010 (radicado 76001-
23-31-000-2004-00212-01). Según la parte actora, ninguna de esas providencias
se consideró al momento de decidir la controversia.

Por lo anterior, solicitó dictar sentencia complementaria en la que se resolvieran los
elementos señalados y se adicionara en el sentido de «aclarar si es aplicable al
caso concreto lo establecido en la Ley 142 de 1994».

La Sección Quinta del Consejo de Estado, en providencia del 1 de septiembre de
2022, negó la solicitud de adición y aclaración de la sentencia, por considerar que
lo pretendido por la parte era «plantear el deber legal agotado en sede
constitucional, para que se resuelva en un sentido favorable sus pretensiones».

4. Impugnación

La parte demandante impugnó el fallo de primer grado, para lo cual insistió en los
argumentos propuestos en la tutela, entre ellos, que se configuró un defecto fáctico
porque la sentencia del proceso de reparación directa desconoce el deber de
acompañamiento que tienen los municipios en la prestación del servicio público de
acueducto y alcantarillado.

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Sostuvo que ese deber ha sido abordado en diferentes antecedentes
jurisprudenciales, como las sentencias proferidas por la Sección Primera del
Consejo de Estado en los procesos con radicados 17001-23-00-000-2011-00613-
00 y 76001-23-31-000-2004-00212-01, al igual que en la Resolución SSPD-
202110048115 de 2021, expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios; de manera que estimó acertada la conclusión contenida en la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en la que afirmó que
a los municipios les correspondía el mantenimiento de las conductos que integran
la infraestructura o red de alcantarillado.

Reiteró que, de acuerdo con las «soluciones planteadas» por los funcionarios del
Distrito de Cartagena, las obras que se requerían solo podían ser ejecutadas por la
Secretaría de Infraestructura de Cartagena y no por EPA Cartagena, como se
deduce de la vigencia del Decreto Distrital 228 de 2009.

Alegó que la nueva posición de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado exime de cualquier responsabilidad a las entidades territoriales en cuanto
a la mala prestación del servicio a cargo de las empresas de servicios públicos de
carácter privado, con lo cual de paso desconoce la existencia de una
«descentralización administrativa de servicios donde la entidad territorial aun
cuenta con la obligación de ejercer el control sobre la entidad a la que delega la
prestación de dicho servicio».

Que en la sentencia de reparación directa se debió sustentar el cambio de criterio
o, en su defecto, proferir una de unificación, dado que existen criterios contrarios
como el adoptado por la Sección Primera del Consejo de Estado.

Afirmó que el sistema de drenaje pluvial no recoge aguas residuales de las casas
del Centro Histórico y que fue construido para facilitar la operación del sistema de
transporte masivo de Cartagena de Indias.

Por último, solicitó que se profiera una sentencia de unificación teniendo en cuenta
que el criterio de la Sección Primera del Consejo de Estado no corresponde con el
adoptado por la Subsección B de la Sección Tercera de la misma Corporación.

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II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo
impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación
consideraba que la acción de tutela era improcedente contra las providencias
judiciales; sin embargo, a partir del año 20123, cambió su postura, de conformidad
con las reglas que ha fijado la Corte Constitucional, en el sentido de estudiarlas
cuando exista violación flagrante de algún derecho fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de los
mismos.

Entonces, para aceptar la procedencia de esta acción constitucional contra
providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia
C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los

3
Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García
González.

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mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de
tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo,
en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que
podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando
con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales,
así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus

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decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia,
sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada
ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de
relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en diversos pronunciamientos4, la Corte Constitucional
ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las
providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En
ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos
generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados,
la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de
cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional».

4
Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
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Es de esa manera que podría abordarse el estudio de una providencia judicial
mediante el valioso y excepcional mecanismo de la acción de tutela.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 18 de agosto de 2022 por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
por medio del cual se negó la solicitud de amparo.

Para ello, en primer lugar, se examinará si la acción de tutela cumple los requisitos
generales de procedibilidad exigidos por la jurisprudencia constitucional. Solo en el
evento de que se cumplan, se analizará si el a quo acertó al negar el amparo
reclamado, o si, por el contrario, le asiste razón al accionante y deben ampararse
los derechos fundamentales que estimó vulnerados con la sentencia dictada el 30
de marzo de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

3. Análisis de la Sala

De entrada, esta Subsección se aparta del razonamiento del fallo de primer grado,
según el cual la acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional.
pues considera que los argumentos del demandante se orientan a convertir la tutela
en una instancia adicional del proceso ordinario.

De hecho, al estudiar de fondo los cargos propuestos, la sentencia impugnada hizo
un análisis propio del juez de la reparación directa, tanto así que afirmó que sí
existían aciertos en el régimen de responsabilidad de las entidades territoriales y de
las empresas prestadoras de servicios públicos, en la selección y estudio de las
normas aplicables. Además, dio por sentado el criterio válido y correcto, cuando tal
labor no es del resorte del juez constitucional, sino de los jueces naturales, en este
caso, el proceso con pretensión indemnizatoria promovido por el actor.

Para la Sala, los puntos de inconformidad que se concretan en la demanda de tutela
buscan reabrir una discusión sobre el acierto o no de la sentencia dictada el 30 de
marzo de 2022 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
En efecto, las razones esbozadas en la solicitud de tutela son de estricto orden legal
y económicas enfocadas en el debate de que las demandadas en el proceso de
reparación directa eran las legitimadas en la causa y debían ser condenadas a

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reparar el daño, discusión que fue definida razonablemente por la autoridad judicial
demandada. Así pues, no hay justificación alguna para que el juez de tutela analice
de fondo el asunto, mucho menos para asumir una posición respecto de cuál era la
forma correcta de decidir el litigio.

La sentencia impugnada afirmó que el asunto tenía relevancia constitucional,
porque (i) se presentaron cuestionamientos para evidenciar las irregularidades de
la providencia dictada (ii) y por ello se comprometían garantías de orden superior
«más allá del debate legal surtido en las instancias ordinarias», por lo cual, (iii) «la
decisión censurada tiene como efecto que la parte actora no obtenga el
resarcimiento del daño».

En criterio de esta Subsección, dicho sustento es insuficiente para determinar que
el asunto tiene relevancia constitucional, pues, de ser así, en todas las tutelas en
las que se afirme la violación de derechos fundamentales y se presenten una serie
de argumentos contra la decisión judicial se cumpliría ese supuesto. Además, la
sentencia no da cuenta de por qué el asunto es importante para la interpretación de
la Constitución, al punto de justificar que el juez de tutela se inmiscuya en decisiones
de los jueces naturales. Aún más, reconoce que la decisión pone en riesgo que la
parte no obtenga el resarcimiento reclamado. Esta circunstancia revela más el
carácter patrimonial de la disputa en sede constitucional que la existencia de una
violación de un derecho fundamental que apareje esa consecuencia.

En suma, la tutela es improcedente pues, el papel del juez constitucional no es el
de fungir como superior funcional o revisor de los jueces ordinarios, ni realizar juicios
de corrección 5 de las decisiones proferidas por estos, salvo casos
excepcionalísimos.

El principio del juez natural es una garantía del debido proceso que dimana del
artículo 29 constitucional, cuando este se refiere al derecho de ser juzgado «ante
juez o tribunal competente». Ello es así, porque la Constitución preserva la labor de
cada autoridad u organismo estatal, para evitar que otras usurpen o asuman
funciones que no les han sido encomendadas o que corresponden a otra entidad.

5 En tal sentido, puede consultarse la sentencia SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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La ley, en desarrollo de la Carta Política, prevé un proceso y unas autoridades para
dirimir determinadas controversias judiciales, por ende, no podría una autoridad que
no esté investida de competencia resolver litigios que no le han sido asignados. El
juez constitucional no es un juez de lo contencioso administrativo, razón por cual no
tiene el papel de inmiscuirse en los asuntos específicos que a este último se le
asignan; cualquier intención dirigida a ese fin debe ser contenida. De lo contrario, la
justicia constitucional se antepondría a los principios de juez natural, independencia
y autonomía judiciales.

Así, al revisar el presente asunto se observa que el señor Maurizio Papa presentó
demanda de reparación directa para que se declarara la responsabilidad patrimonial
del Distrito de Cartagena y de la empresa Transcaribe S.A., con fundamento en que
se les causaron daños a dos inmuebles de su propiedad y se frustró la posibilidad
de explotarlos económicamente, por fallas en los sistemas de alcantarillado y pluvial
atribuibles a la omisión de las demandadas.

A pesar de que el Tribunal Administrativo de Bolívar accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, porque consideró que el Distrito de Cartagena incurrió
en omisión en sus funciones de control y vigilancia de la prestación del servicio
público de alcantarillado, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado consideró lo contrario y revocó la sentencia.

En síntesis, la tesis por la cual la autoridad judicial accionada estimó que debía
revocarse la sentencia, consistió en que el daño no le era imputable a las
demandadas, toda vez que la función de prestar servicios públicos domiciliarios,
como el de alcantarillado en Cartagena de Indias, no era del resorte de ninguna de
ellas, así como tampoco era deber del ente territorial realizar funciones de control,
inspección y vigilancia de esa actividad, pues ambas tareas estaban a cargo de
otras autoridades. Concluyó que la prestación del servicio público correspondía a la
empresa de servicios públicos domiciliarios de esa municipalidad y al
Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, y el control de la actividad a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de conformidad con lo
previsto en el artículo 365 de la Constitución y la Ley.

El fallo atacado también se fundó en que no logró acreditarse que el daño se
derivara de falta de mantenimiento de los sistemas pluviales, según lo dedujo del
análisis de las pruebas y los dictámenes periciales.

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Ambos asertos se sustentaron no solo en disposiciones normativas de diferente
rango, como la Constitución, la ley y el reglamento –decretos y acuerdos distritales,
sino también en la valoración de las pruebas aportadas a la demanda.

En los razones esbozadas por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, la Sala no observa capricho, arbitrariedad o irracionalidad que
evidencien una flagrante vulneración de derechos fundamentales, de su
interpretación o del alcance del sentido fijado a una disposición constitucional; por
ende, la discrepancia de la parte demandante, los nuevos argumentos que planteó
tanto en la tutela como en la impugnación, y las pruebas adicionales que pretende
hacer valer, no son admisibles para que en sede de tutela se reabra la controversia
o se revivan oportunidades o etapas del proceso ordinario para ampliar los
fundamentos de las pretensiones indemnizatorias formuladas.

Nótese que cuando en la solicitud de amparo se alega un defecto fáctico porque, en
sentir del demandante, se valoraron de manera incorrecta las pruebas que
revelaban la competencia de las demandadas, en particular, del Distrito de
Cartagena en la ejecución de la obras o, por lo menos, en su control e inspección,
lo que existe es un desacuerdo del demandante con la tesis esgrimida por el ad
quem, cuando, en realidad, este valoró la posición sostenida por el demandante y
que acogió el tribunal, pero encontró que el razonamiento era incorrecto, en tanto
que la Constitución y la ley señalan quién tiene cargo la prestación de los servicios
públicos domiciliarios, su inspección, control y vigilancia. Esto afirmó la accionada:

31. Para el Tribunal Administrativo de Bolívar el daño era imputable al Distrito
de Cartagena porque a los municipios les correspondía, de conformidad con el
artículo 5.1 de la Ley 142 de 1994, “la función de asegurar que se presente a
sus habitantes, de manera eficiente los servicios públicos de […] alcantarillado”.
El Tribunal, a pesar de haber citado las normas pertinentes que determinan que
a los prestadores de servicios públicos domiciliarios les corresponde el
mantenimiento y la reparación de las redes (en este caso de alcantarillado),
concluyó: si bien, a las ESP “en principio les compete su mantenimiento y son
responsables de los daños que se causen con las mismas, ello no exime a la
entidad territorial de su deber de vigilancia y control respecto de la prestación
del servicio”.

32. Al respecto, esta Sala advierte que, a pesar de que el juzgador de primer
grado conocía que, en el Distrito de Cartagena de Indias la prestación del
servicio de alcantarillado estaba a cargo de una ESP, resolvió que el daño era
imputable al Distrito porque no se acreditó que hubiera “exigido de su o sus
empresas prestadoras la realización de actividades puntuales dirigidas a
solucionar la problemática”, relacionada con el manejo de las basuras. Esto es,
aunque el mantenimiento de las redes de alcantarillado no era una actividad
que le correspondiera adelantar al Distrito, consideró que, resultaba atribuible
el daño alegado por incumplir “el deber de vigilancia y control respecto de la

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prestación” y porque a los municipios les correspondía “la función de asegurar
que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios públicos”.

[…]

34. Al respecto, se debe recordar que la labor de la inspección, control y
vigilancia de quienes prestan servicios públicos domiciliarios está atribuida
constitucional (artículos 365 y 370) y legalmente (artículos 75 y siguientes de
la Ley 142 de 1994) al Estado en cabeza de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, por lo que debe ser sobre esta última entidad, y no otra,
que se atribuya una omisión del deber de “vigilancia y control respecto de la
prestación”. De manera que, si lo que se consideraba era que la omisión de un
deber de control y vigilancia daba lugar a la responsabilidad del Estado, la
imputación debió predicarse de la entidad en cuya cabeza reposaba ese deber.

35. Al tiempo, se echa de menos que se hubiera realizado un análisis sobre las
competencias del Distrito, en especial cuando, como bien lo advirtió el Tribunal,
el servicio de alcantarillado no correspondía a una prestación directa a cargo
de Cartagena de Indias6 y, como lo advirtió Transcaribe, existía una entidad
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio autónomo que
tenía a su cargo labores de limpieza y conservación ambiental7.

36. Tampoco puede perderse de vista el contenido completo del artículo 5 de
la Ley 142 de 1994 (citado parcialmente por el Tribunal), el cual deja claro que
lo que les corresponde a los municipios es asegurar que se presten, de manera
eficiente, los servicios domiciliarios por empresas de servicios públicos o
directamente por la administración central8.

37. El deber constitucional (artículo 365) y legal (artículo 5 de la Ley 142 de
1994) de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos, no se
traduce en una fórmula automática de atribución de responsabilidad a las
entidades territoriales, en especial, cuando exista otro claro centro de

6
Cita original de la providencia: Ley 142 de 1994, artículo 6. “Los municipios prestarán directamente
los servicios públicos de su competencia, cuando las características técnicas y económicas del
servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, lo cual se entenderá que ocurre en
los siguientes casos:
6.1. Cuando, habiendo hecho los municipios invitación pública a las empresas de servicios públicos,
no haya habido empresa alguna que se ofreciera a prestarlo;
6.2. Cuando, no habiendo empresas que se ofrecieran a prestar el servicio, y habiendo hecho los
municipios invitación pública a otros municipios, al Departamento del cual hacen parte, a la Nación
y a otras personas públicas o privadas para organizar una empresa de servicios públicos que lo
preste, no haya habido una respuesta adecuada;
6.3. Cuando, aún habiendo empresas deseosas de prestar el servicio, haya estudios aprobados por
el Superintendente que demuestren que los costos de prestación directa para el municipio serían
inferiores a los de empresas interesadas, y que la calidad y atención para el usuario serían, por lo
menos, iguales a las que tales empresas podrían ofrecer. Las Comisiones de Regulación
establecerán las metodologías que permitan hacer comparables diferentes costos de prestación de
servicios […]”.
7
Cita original de la providencia: Dentro de las competencias asignadas por el Acuerdo 29 de 2002,
“por el cual se crea el establecimiento público ambiental -EPA- Cartagena, como autoridad ambiental
del Distrito de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones” (que hizo parte de las pruebas
aportadas, relacionadas y consideradas por el Tribunal) se encontraban las de “ejecutar proyectos
de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos del Distrito, así
como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos […] promover
y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección ambiental […]
adelantar programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como erosión,
manejo de causes y reforestación”.
8
Ley 142 de 1994, artículo 5: “Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los
servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, por empresas de
servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central
del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente”.

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imputación de la responsabilidad (de otra entidad o entidades no demandadas
en el proceso) bien porque esté a su cargo la prestación de un servicio público
domiciliario (y, en consecuencia, la responsabilidad por los daños que se
originen en su prestación), bien porque omitan sus deberes de inspección,
control y vigilancia.

38. De manera que, si lo que se consideró fue que una omisión constituyó la
causa eficiente del daño, la imputación de la responsabilidad debió haber sido
el resultado del estudio de los deberes y de las competencias asignadas a las
entidades demandadas, análisis que no realizó el juzgador de primera
instancia. Ahora bien, como se advierte a continuación, tampoco estaba
probado que la causa del daño hubiera sido el inadecuado manejo de las
basuras.

Esta Subsección constata que la autoridad judicial accionada abordó directamente
las competencias en materia de prestación del servicio público de acueducto y
alcantarillado, y de inspección de control y vigilancia de los mismos. Solo que la
tesis que allí se adoptó es contraria a la del demandante, que coincidía con la del
tribunal. Esa disparidad de criterios no es una razón suficiente para que el juez de
tutela realice un estudio de fondo, pues, como se ha reiterado, este instrumento
constitucional no es una instancia adicional para dirimir diferencias de criterios e
imponer una interpretación única en un proceso dirigido y decidido por los jueces
naturales.

La decisión cuestionada resulta razonable en la medida en que se sustenta en
diferentes disposiciones normativas y en el análisis de las pruebas, incluidos, los
oficios que el demandante sostiene como desconocidos. A partir de su análisis, la
sentencia concluyó que las demandadas no eran las autoridades competentes para
realizar el mantenimiento y las obras derivadas de la prestación del servicio de
acueducto y alcantarillado, ni la inspección de la prestación del servicio como factor
desencadene una responsabilidad automática del ente territorial; en cambio, la parte
actora funda su análisis en las respuestas a los oficios y no en normas
constitucionales y legales, como lo hizo lo providencia enjuiciada.

La Sala tampoco advierte que la invocación del Decreto Distrital 228 de 2009 sobre
la delegación de funciones en materia de contratación, sea un elemento que revele
capricho o desafuero de la sentencia atacada, en tanto que esta norma es de orden
inferior y general, por oposición a las que sustentaron la decisión que aquí se
cuestiona. La delegación para celebrar contratos, incluidos los de obra pública, no
se opone al razonamiento de que la autoridad debe ser competente para el
desarrollo de la actividad o ejecución de la obra reclamada, esto es, para la

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prestación y mantenimiento del servicio de alcantarillado, que fue la posición que
acogió la autoridad judicial demandada.

También se desvanece la exigencia del requisito de relevancia constitucional, si los
argumentos de la parte innovan el debate surtido en la respectiva instancia y se
aportan nuevas pruebas que no se debatieron en sede judicial. En todo caso, el
argumento de que EPA Cartagena no tenía competencia para intervenir el sistema
de drenaje de aguas es una réplica al análisis de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, que se cimentó en el Acuerdo Distrital 29 de 2002,
acto en el que se creó dicho establecimiento público y, como se afirma por la
accionada, se le asignaron, entre otras funciones, las de «ejecutar proyectos de
descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos del
Distrito, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos
líquidos y sólidos…».

Valga destacar que lo que expuso la sentencia sobre EPA Cartagena no fue la razón
única de la decisión. El fundamento fue mucho más amplio porque se refirió a la
competencia del prestador del servicio público domiciliario, de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios; y lo que es más, la ausencia de prueba de la
causa del daño. Así, al margen de la discusión sobre EPA Cartagena, se mantendría
intangible el sustento adicional con el que se desestimaron las pretensiones.

En todo caso, la Sala está relevada de la labor de examinar las pruebas aportadas
en la tutela y en el trámite de la impugnación sobre la competencia de EPA
Cartagena y del Distrito de Cartagena en materia ambiental, que no fueron
debatidas en la respectiva instancia, al igual que por la posición que viene
sosteniendo: este mecanismo no es para reexaminar el debate judicial y suscitar un
juicio de corrección frente a la decisión de los jueces naturales.

Este razonamiento se extiende a las discrepancias sobre la valoración de las
pruebas para acreditar el daño, pues la parte demandante afirma que con los
documentos aportados y los dictámenes periciales se probó que las obras públicas
en la zona de ubicación de los inmuebles y que eran necesarias para solucionar los
problemas de inundación no fueron ejecutadas. La sentencia, por su parte, sí valoró
las pruebas señaladas y su incidencia en la acreditación del daño, pero la conclusión
no fue equivalente con la del demandante, circunstancia que, en manera alguna,

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autoriza la procedencia de la tutela, con mayor razón si, prima facie, no constituyen
afirmaciones contraevidentes.

Resulta claro que la sentencia estudió las pruebas, su relación con el daño y sostuvo
que no se acreditó que la causa de las inundaciones se debiera a falta de
mantenimiento o ejecución de las obras y que, si bien el dictamen sugirió incidencia
de las basuras en las inundaciones, a este se le restó crédito porque, en sentir de
la autoridad judicial accionada, la afirmación no estuvo soportada técnicamente,
amén de que no tuvo en cuenta las condiciones de lluvias duranta la época de los
hechos:

39. En relación con la atribución de la responsabilidad al Distrito de Cartagena,
según lo sostenido por la entidad demandada en su recurso, se advierte que el
perito experto, en efecto indicó que “no tenía la información suficiente”9 para
haber concluido si las lluvias que se presentaron en mayo de 2011 habían sido
atípicas, pues observó un período de retorno de tan solo 3 meses, además de
haber afirmado que “para fechas anteriores a los registros fotográficos [de las
inundaciones objeto del proceso] no se hicieron modelaciones”10.

40. En la audiencia de pruebas de la primera instancia el perito sostuvo que su
estudio partía de la presencia de condiciones ideales 11 , comoquiera que el
efecto de las basuras haría aumentar las inundaciones. Esta consideración
general (que fue el resultado de una pregunta hecha por la parte demandante)
no hizo parte de un estudio técnico; esto es, del peritaje no podía concluirse,
como lo hizo el juzgador de primera instancia, que la causa eficiente del daño
haya sido “la falta de mantenimiento y de labores de limpieza”, pues ello no
está debidamente acreditado en el proceso. Además, a diferencia de lo
sostenido en la Sentencia objeto de la apelación, el alcalde mayor del Distrito
de Cartagena de Indias sí informó que “se ha[bían] ejecutado en los últimos 2
años brigadas de capacitación en materia de aseo y disposición de residuos
sólidos”.

41. Ni el dictamen (ni ninguna otra prueba que obre en el expediente) permitía
concluir que la causa eficiente de las inundaciones hubiera sido la falta de
limpieza o de mantenimiento, ni, tampoco, las labores de construcción que
adelantó Transcaribe.

42. Sobre este último punto, contrario a las consideraciones del demandante
en su recurso de apelación, y tal y como lo advirtió el Tribunal Administrativo
de Bolívar, “no se demostró que la ejecución de la obra desarrollada por dicha
sociedad, fue la determinante de las inundaciones que se presentaron en el
sector donde se encuentra ubicados los inmuebles […] la prueba pericial
practicada no atribuyó la falla del servicio de alcantarillado a la ejecución de la
obra pública realizada por Transcaribe S.A., al punto que reconoció que incluso
los tubos instalados tenían una capacidad superior a la antes existente”. A
pesar de la insistencia del demandante, ningún medio de prueba permite
concluir (artículo 177 del Código de Procedimiento Civil) que las obras
ejecutadas por Transcaribe tuvieron siquiera injerencia en las inundaciones que
dieron origen a la demanda.

9
Cita original de la providencia: Minuto 21:30 de la audiencia de pruebas.
10
Cita original de la providencia: Minuto 33:45 de la audiencia de pruebas.
11
Cita original de la providencia: Minuto 27:22 de la audiencia de pruebas.

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43. En conclusión, además de los errores de atribución de la responsabilidad a
las entidades demandadas, de la lectura del peritaje, no se desprende que la
eventual falta de mantenimiento haya sido la causa eficiente del daño, tampoco
las labores de construcción de Transcaribe, por lo que, no existe prueba que
permita atribuir la responsabilidad de los hechos a las entidades demandadas,
menos aún, como consecuencia de la falta de labores de limpieza;
consideraciones suficientes para rechazar las pretensiones de la demanda.

La sentencia, entonces, resolvió la disputa sobre el daño y la causa eficiente, a partir
del análisis de las pruebas y, en concreto, del dictamen pericial que sustenta las
súplicas del demandante en sede de tutela. Que la parte actora no comparta la
posición del juez de segundo grado no habilita al juez de tutela para ordenar que se
acojan las pretensiones de la demanda o sugerir el sentido de la valoración y la
decisión.

En este caso, la afirmación de la autoridad judicial tiene suficiente sustento
probatorio y está desprovista de capricho o irracionalidad, pues estudió el dictamen
y las afirmaciones de la perita en la audiencia de pruebas, para, al final, concluir que
no sería acogido el dictamen como prueba del daño, a partir de las deficiencias que
juiciosamente encontró, deficiencias que en la tutela no se atacan rigurosamente,
más allá de reclamar que debía acogerse el concepto de la perita.

En cuanto a los argumentos del defecto sustantivo, se insiste en que la sentencia
da cuenta de la selección de normas que el juzgador estimó que eran aplicables y,
tácitamente, supone que los fundamentos que ahora reclama el demandante no
fueron considerados como relevantes para el estudio de la causa. De hecho, las
normas ambientales que se agregan en la tutela no hicieron parte de los
fundamentos ni de los debates en instancia, puesto que no se trabó una discusión
sobre las obligaciones en materia ambiental del Distrito de Cartagena, sino sobre la
omisión en la prestación y control del servicio de alcantarillado.

De otra parte, tanto en la solicitud de adición de la sentencia, como en el escrito de
impugnación, la parte actora refuerza sus argumentos con una propuesta que
encajaría en el defecto por desconocimiento del precedente, basado en dos
sentencias dictadas por la Sección Primera del Consejo de Estado en los procesos
con radicado 17001-23-00-000-2011-00613-00 y 76001-23-31-000-2004-00212-
01). En primer lugar, ese asunto no fue alegado en la tutela y, en todo caso, no es
la impugnación el medio para ampliar o mejorar los argumentos de la demanda, ni
para variar el objeto de la discusión.

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En segundo lugar y, sin perjuicio de lo anterior, las decisiones que se invocan
corresponden a fallos emitidos en sede apelación de acciones populares, en las que
se discuten derechos colectivos, sentencias que no son de unificación ni se refieren,
por obvias razones, a discusiones indemnizatorias de particulares o de derechos
subjetivos individuales sobre el resarcimiento de daños, como en el proceso en el
que se dictó la sentencia que aquí se cuestiona. En definitiva, no son decisiones
constitutivas de un precedente judicial vinculante para la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.

Por último, en lo atinente a la solicitud elevada en la impugnación de que se dicte
una sentencia de unificación jurisprudencial en la materia; se observa que dicha
petición es improcedente, pues la decisión cuestionada se encuentra ejecutoriada y
el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia es una actuación diferente
y autónoma que no se tramita por vía de tutela, sino que sus presupuestos se
encuentran gobernados por los artículos 256 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

A modo de recapitulación: los argumentos del demandante buscan reiterar el debate
decidido en las respectivas instancias, de ahí que sus razones no pueden ser
escrutadas por el juez constitucional, con mayor razón si no se exponen claros y
verdaderos elementos de orden constitucional para develar los yerros en el ejercicio
de la función jurisdiccional por parte del juez de la reparación directa. Además, el
debate que se propone es netamente legal y con un claro interés económico, sin
trascendencia ius fundamental, ajeno a la finalidad de la acción de tutela.

En suma, el descontento del accionante revela una inconformidad con el
razonamiento de los jueces ordinarios para prolongar en sede constitucional un
debate que ya se clausuró, a fin de obtener a toda costa una alternativa de decisión
en la que se resuelva favorablemente su visión del litigio y, compártanse aquellas
decisiones, la Sala no advierte que sus conclusiones se tornen irracionales,
absurdas o caprichosas. Recuérdese que la acción de tutela no puede ejercerse a
manera de juicio de corrección, pues como lo afirmó recientemente la Corte
Constitucional:

[L]a tutela contra providencias judiciales como un “juicio de validez” y no como
un “juicio de corrección” del fallo cuestionado. 12 Este enfoque impide que el
mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como

12
Cita original de la providencia: Corte Constitucional, Sentencia T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.

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una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial. En el
marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las decisiones de los
jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos. Si luego de
agotar dichos recursos persiste una clara arbitrariedad judicial, solo en ese caso
se encuentra habilitada la tutela contra providencias judiciales13. (Se destaca)

Valga considerar que, en reciente sentencia de unificación, la Corte Constitucional
insistió en la relevancia constitucional como un requisito necesario para la
procedencia de la tutela contra providencia judicial, con el objetivo de impedir que
este mecanismo constitucional se convierta en instancia adicional a los procesos o
el escenario en el que se resuelvan aspectos legales, económicos o sin
trascendencia constitucional, que no son propios del juez de tutela. En dicha
providencia, se resaltó que el estudio de este requisito se torna más estricto cuando
se discuten decisiones de una alta corte:

[…]según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el
carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela
como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales14. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de
un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales15.

Así pues, al considerar los criterios señalados, el presente asunto no es de aquellos
en los que exista la necesidad de interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución o
darle alcance a un derecho fundamental, ni siquiera por el hecho de que se aleguen
la vulneración de los derechos fundamentales invocados en la demanda de tutela.

En el fondo, la controversia aquí planteada apunta a revivir un debate legal sobre la
competencia para la ejecución de las obras de mantenimiento que supuestamente
dieron lugar al daño atribuido al Distrito de Cartagena y Transcaribe S.A., y que la

13
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
14
Cita original de la providencia: En la sentencia T-131 de 2021, “la Corte resumió los escenarios en
los que un asunto reviste relevancia constitucional, así: (i) se desconoce, a priori, el derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia y al debido proceso en su faceta constitucional;
(ii) no se emplea como una tercera instancia judicial para reabrir el proceso; (iii) está orientado a
resolver aspectos que trascienden cuestiones legales; (iv) no tiene la pretensión de cuestionar el
criterio de los árbitros para decidir el caso; (v) pretende cuestionar la falta de aplicación de normas
constitucionales; y (vi) busca evitar la afectación del patrimonio público cuando se cumplen
determinadas condiciones.”
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

24

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03846-01
Demandante: Maurizio Papa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B
Sentencia de tutela de segunda instancia

causa del daño fue la omisión de esas obras. Esto, a pesar de que la decisión judicial
cuestionada de forma razonable dio respuesta a esos dos problemas jurídicos con
una conclusión distinta a las del demandante y de la primera instancia.

Siempre que la tutela pretenda reiterar y reabrir el debate de la causa en clave de
instancia adicional, no se cumple con el requisito de relevancia constitucional
porque este no se limita a (i) señalar los derechos vulnerados, (ii) identificar los
defectos y (iii) presentar unos argumentos coherentes. Los reparos, desde luego y
necesariamente, deben estar relacionados con los temas debatidos, pero no con
miras a que el juez constitucional asuma el papel de los jueces naturales, ni que se
agregue una instancia más a las que el legislador, dentro de su margen de
configuración legislativa, a bien tuvo prever. La jurisprudencia constitucional insiste
en que ese tipo de debates no satisfacen la existencia de relevancia constitucional:

La Corte ha establecido que “la tutela contra providencias judiciales no da
lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios”72F16. Esto se justifica en el hecho de que la competencia del juez de
tutela se restringe a asuntos de relevancia constitucional y con el propósito de
salvaguardar los derechos fundamentales. Tal premisa implica que la autoridad
judicial valore si la cuestión planteada gira en torno a derechos fundamentales o
si, por el contrario, encierra un debate legal como si se tratara de una instancia
adicional.

[…]

102 En el presente caso, la tutela es empleada con el propósito de reabrir un
debate procesal que ya fue resuelto por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Esto es evidente si se tiene en cuenta que, tras obtener una
respuesta desfavorable a sus intereses, el accionante acudió al recurso de amparo
con el fin de que el juez constitucional accediera a las mismas pretensiones
incoadas en el proceso de controversias contractuales. Incluso la petición de la
tutela es que se profiera una sentencia sustitutiva que, en últimas, persigue que
se ordene el pago de la cuota de éxito solicitada. Es decir, el objetivo de la
acción constitucional es obtener un provecho económico. De manera que se
trata de una pretensión propia de un trámite ordinario.17

En conclusión, la Sala encuentra que la tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, razón por la cual modificará la sentencia impugnada, para, en su
lugar, declarar improcedente la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

16
Cita original de la providencia: sentencias T-131 de 2021, SU-573 de 2019 y T-102 de 2006.
17
Corte Constitucional, sentencia T-261 del 11 de agosto de 2021, M.P. José Fernando Reyes
Cuartas.

25

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03846-01
Demandante: Maurizio Papa
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B
Sentencia de tutela de segunda instancia

FALLA

Modificar la sentencia impugnada, proferida el 11 de agosto de 2022 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, la cual quedará así:

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por Maurizio
Papa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad
de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que
aparece a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/ev
alidador.aspx.

26

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