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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00240-00

Fecha
27 de abril de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00240-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Maurizio Papa, quien actúa en nombre propio, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-00240-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

27 de abril de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00240-00
Demandante: MAURIZIO PAPA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00240-00
Demandante: MAURIZIO PAPA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
“B”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa por falla en el servicio derivada de la
afectación a un inmueble por inundaciones. Defecto por error
inducido. Duplicidad de acciones en los términos del artículo 38
del Decreto 2591 de 1991. Cosa juzgada constitucional
material

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Maurizio Papa, quien actúa en nombre propio, contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, en la que pide el amparo
constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, vulnerados, supuestamente, por la sentencia de 30 de
marzo de 2022, mediante la cual la autoridad judicial accionada revocó el fallo de
primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en
el marco del medio de control de reparación directa que promovió contra el Distrito
de Cartagena de Indias y Transcaribe S.A, con el fin de obtener el pago de los
perjuicios patrimoniales sufridos con motivo del estancamiento de aguas lluvias en
la vecindad de un predio de su propiedad en la ciudad de Cartagena.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante afirmó que el 20 de febrero de 2013 presentó demanda en ejercicio
del medio de control de reparación directa en contra del Distrito de Cartagena de
Indias y Transcaribe S.A., con el objeto que se les declarara administrativa y
patrimonialmente responsables de los perjuicios causados por la falla del servicio
que generó el constante estancamiento de aguas lluvias que presentan en la calle
del Tablón y Avenida Escallón, que determinó la imposibilidad de explotar
económicamente unos inmuebles de su propiedad, y que se les condenara al pago
de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales soportados por esa causa.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00240-00
Demandante: MAURIZIO PAPA

Sostuvo que del proceso conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo
de Bolívar, que mediante sentencia de 6 de junio de 2014 declaró la
responsabilidad administrativa del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias y exoneró a Transcaribe S.A.. A su juicio, la entidad territorial incurrió en
una falla en el servicio al no realizar labores de mantenimiento, limpieza y
adopción de las medidas que garantizaran la eficiencia del sistema de drenaje y
alcantarillado del Centro Histórico de Cartagena de Indias, concretamente en la
zona donde se encuentran ubicados los inmuebles de propiedad del demandante.

Por último, indicó que contra esa decisión ambas partes interpusieron recurso de
apelación del que conoció la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, que mediante fallo de 30 de marzo de 2022 la revocó y denegó las
pretensiones de la demanda, luego de considerar que i) la imputación debió
dirigirse contra la entidad en cuya cabeza radicaba la obligación de vigilancia y
control de las entidades que prestan servicios públicos domiciliarios, es decir, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la entidad ambiental del
Distrito de Cartagena de Indias, a quien le correspondía la prestación del servicio
de alcantarillado y que ii) no podía concluirse que la causa eficiente del daño
hubiera sido la falta de mantenimiento y de labores de limpieza, ni tampoco las
labores de construcción que adelantó la empresa Transcaribe S.A., al no
encontrase debidamente acreditado en el proceso.

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela con el objeto de que el juez constitucional
proteja los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, vulnerados, supuestamente, por la sentencia de 30 de
marzo de 2022, a través de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “B”, revocó el fallo de primera instancia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en el marco del medio de control de reparación
directa que promovió contra el Distrito de Cartagena de Indias y Transcaribe S.A,
para, en su lugar, negar las pretensiones.

A su juicio, la providencia objetada incurre en i) error inducido, por cuanto,
aduce, en otro proceso, esto es, la acción popular interpuesta por el señor Miguel
Blanco contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Transcaribe
S.A, tramitada ante el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena bajo
el No. 13-001-33-31-012-2012-00011-01, Transcaribe S.A. en la contestación
presentada el 5 de septiembre del año 2012, “es decir, mucho antes de la
presentación de la demanda de acción de reparación directa”, manifestó que “la
intervención de Transcaribe en la Avenida Venezuela consistió en cambiar el
colector que recibe las aguas lluvias del centro histórico, que estaba conformado
por tres tubos de 1 metro de diámetro por una batería de BOX COULVERT de
sección 1.80 metros x 1.50 metros, teniendo estos doble capacidad de los tubos.
El nuevo colector tiene un desagüe dividido, una parte va a la laguna de
Chambacú y otra al Muelle de los Pegasos”.

Refirió que lo manifestado por Transcaribe S.A. dentro de dicha acción popular
contradice lo que esta misma empresa expresó al momento de dar contestación a
la acción de reparación directa que presentó, en donde refirió que en desarrollo de
las obras ejecutadas no se intervinieron los canales pluviales, pues la obra se
materializó en la construcción de losas de concreto de las vías y construcción de
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Demandante: MAURIZIO PAPA

espacio público, lo que configuraría el error inducido alegado en tanto, adujo,
Transcaribe ocultó al juez de conocimiento de la acción de reparación directa el
hecho de haber intervenido el sistema de drenaje de agua pluvial en el sector de la
calle del Tablón con la Avenida Escallón, “y además ocultó el haber adelantado la
construcción del sumidero que el plano que reposa en la acción de reparación
directa es el sumidero de 250 milímetros queriéndolo confundir con la cámara C1,
también construida por esta empresa en dicho sector”.

Refirió que el ocultamiento de información en que incurrió Transcaribe S.A. dentro
de la acción de reparación directa fue tan determinante que el tribunal de primera
instancia concluyó que no intervino el sistema de rejilla a lo largo de la vía, “el cual
consta de un sumidero que es el que recoge las aguas en dicho sector y las lleva
a la CAMARA C1 y esta a su vez al BOX COULVERT todo construido por dicha
empresa”, mismo que presentaba las fallas en el sistema de drenaje.

Agregó que la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado
igualmente fue inducida en error por parte de Transcaribe S.A., en tanto consideró
que “no se demostró que la ejecución de la obra desarrollada por dicha sociedad,
fue la determinante de las inundaciones que se presentaron en el sector donde se
encuentra ubicados los inmuebles [...] la prueba pericial practicada no atribuyó la
falla del servicio de alcantarillado a la ejecución de la obra pública realizada por
Transcaribe S.A., al punto que reconoció que incluso los tubos instalados tenían
una capacidad superior a la antes existente”.

De otra parte, el accionante alegó la configuración de un ii) defecto fáctico en la
providencia objetada, “al dar por sentada la carencia de competencia del distrito
de Cartagena de Indias y la empresa TranscaribeS.A, en cuanto al mantenimiento
y modificación del sistema de drenaje de aguas pluviales sin prueba que
determinara esa falta de competencia”.

Al respecto, adujo que el juez de primera instancia de la reparación directa supuso
que existía una empresa prestadora de servicios públicos de alcantarillado pluvial
en la ciudad de Cartagena de Indias y que era responsabilidad directa de esta el
ocuparse del sistema de drenaje de aguas pluviales de la ciudad, “sin que
existiera prueba documental de esta y de sus funciones”, y que el juez de segunda
instancia igualmente asumió que la competente en el asunto era el
Establecimiento Público Ambiental -EPA-, cuando existía prueba documental de
que eran las entidades del distrito del nivel central quienes asumieron las
responsabilidades del caso.

Indicó que los documentos periciales que reposan en el expediente del medio de
control de reparación directa señalan claramente las deficiencias encontradas en
el sistema de drenaje pluvial del centro histórico, y más específicamente en la
zona de ubicación de los locales de su propiedad, los cuales se encuentran
directamente relacionados con las obras de intervención realizadas por
Transcaribe S.A., “que hasta la fecha me entero fueron realizadas por dicha
empresa”.

Para terminar, afirmó que en el caso existía una imposibilidad de demostración de
la responsabilidad de Transcaribe S.A. en el daño causado “hasta el conocimiento
del acervo probatorio que reposa en la acción popular”, y agregó que si bien
incluyó como demandado a la Transcaribe S.A. como demandada dentro de la
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Demandante: MAURIZIO PAPA

acción de reparación directa, “carecía de material probatorio para demostrar que
estas obras habían sido realizadas por dicha empresa, teniendo en cuenta que los
planos aportados si bien señalaba el sumidero en rejillas a lo largo de la vía y esos
planos provenían de TRANSCARIBE S.A., era el dicho de esa empresa contra la
mía en negar que dicho sumidero había sido construido por ellos, sin embargo,
inclina la balanza A MI FAVOR Y A FAVOR DEL DEBIDO PROCESO, el hecho de
que esta empresa previamente dentro de la acción popular ya había reconocido la
construcción del sistema que en la acción de reparación directa había negado”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERA: Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, me permito
solicitarle respetuosamente, se sirva TUTELAR los derechos fundamentales
al DEBIDO PROCESO y LIBRE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA del señor MAURIZIO PAPA.

SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene dejar sin
efectos la sentencia proferida por la SUBSECCION B DE LA SECCION
TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO, adiada el 30 de marzo del año
2022, radicación No 13001- 23-33-2013-00105-01 (51789)

TERCERA: Ordénase a la SUBSECCION B de la SECCION TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO, proferir sentencia que corresponda en derecho y de
acuerdo con los lineamientos del CONSEJO DE ESTADO”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digital del expediente que contiene las actuaciones del medio de
control de reparación directa radicado con el No. 2013-00105-01, actor: Maurizio
Papa.

5. Trámite procesal

Por auto de 27 de enero de 2023, el Despacho remitió el expediente al despacho
del Consejero Carlos Moreno Rubio, quien había asumido el conocimiento de una
tutela con similares fundamentos fácticos, radicada con el Nº 2022-03846-00 con
el fin de estudiar una posible acumulación.

A través de auto de 8 de febrero de 2023, el precitado despacho negó la
acumulación, luego de considerar que si bien existía identidad de sujetos
procesales entre los casos puestos a consideración, los fundamentos jurídicos de
estos no coincidían, por lo que no era posible tramitarlos de manera conjunta
conforme con las previsiones de los artículos 2.2.3.1.3.1 y siguientes del Decreto
1069 de 2015.

Dado lo anterior, por auto de 21 de febrero de 2023, el despacho admitió la
demanda y ordenó notificar al demandante y a la autoridad judicial accionada.
Igualmente, al Tribunal Administrativo de Bolivar, al Distrito de Cartagena de
Indias, a Transcaribe S.A y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
como terceros interesados en el resultado del proceso.

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Demandante: MAURIZIO PAPA

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 10401 a 10407,
todos de 10 de febrero de 2023, a las direcciones electrónicas suministradas para
este efecto1, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”

El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que indicó que la
providencia y el expediente de la reparación directa que originó la controversia
contienen los argumentos necesarios para que el juez de tutela adopte la decisión
que en derecho corresponda.

6.2. Respuesta de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

La asesora jurídica de la entidad territorial rindió informe en el que solicitó que se
denegaran las pretensiones de la acción, por cuanto, sostuvo, los hechos por los
cuales pretende amparo de tutela la parte accionante ya fueron estudiados y
despachados de manera negativa en otra acción de tutela tramitada ante la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por lo que en el caso se intenta reabrir una
litis la que se encuentra con sentencia en firme.

Refirió que la cosa juzgada impone la voluntad del Estado que se manifiesta a
través de una decisión proferida por un juez, impidiendo que un segundo juez
ajeno al proceso proceda a decidir sobre lo ya decidido y dota de valor definitivo e
inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Al respecto,
presentó un cuadro comparativo entre las acciones de tutela presentadas por el
accionante, del que concluyó que en el caso se configura la temeridad.

Sostuvo que, bajo esa premisa, la presentación de esta acción de tutela es
temeraria, puesto que el extremo activo de la demanda ha interpuesto de manera
caprichosa, desmedida e injustificada una segunda acción de tutela buscando una
decisión contraria a lo ya evaluado, y agregó que el actor ha hecho uso abusivo
del mecanismo constitucional, desnaturalizado la acción de tutela y haciendo uso
del amparo constitucional de manera desproporcionada.

Indicó que en el caso se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva a
su favor, pues si bien la Administración Distrital de Cartagena de Indias tiene
interés legítimo en las resultas de la presente acción de tutela, en caso de que la
decisión sea tutelar el derecho aquí pretendido el directamente responsable de dar
cumplimiento es la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Finalmente, aseveró que en el caso concreto no se cumple con el presupuesto de
relevancia constitucional, como quiera que no puede entenderse satisfecho con la
sola afirmación de que existió la presunta vulneración de un derecho constitucional
fundamental.

1
Mauriziopapaorlando@hotmail.com, notiftutelas3@consejodeestado.gov.co,
notificacionesjudicialesadministrativo@cartagena.gov.co, ces3secr@consejodeestado.gov.co
tutelasnacionales@minjusticia.gov.co.
5

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Demandante: MAURIZIO PAPA

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Previo a cualquier consideración, en tanto fue alegado por la Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias, la Sala debe establecer si en el presente caso se configuró
una actuación temeraria o una duplicidad de acciones que conlleve la
improcedencia de la solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991.

En caso de que la respuesta sea negativa y se verifique el cumplimiento de la
totalidad de requisitos generales de procedencia, le corresponde a la Sala
determinar si la sentencia de 30 de marzo de 2022, mediante la cual el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, revocó el fallo de primera instancia
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el marco del
medio de control de reparación directa que promovió contra el Distrito de
Cartagena de Indias y Transcaribe S.A, y negó las pretensiones, incurre en i)
error inducido, por cuanto en otro proceso, esto es, la acción popular interpuesta
por el señor Miguel Blanco contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias y Transcaribe S.A, esta última empresa manifestó que “intervino la Avenida
Venezuela y cambió el colector que recibe las aguas lluvias del centro histórico”, lo
que permitiría concluir que ocultó al juez de conocimiento el hecho de haber
intervenido el sistema de drenaje de agua pluvial en el sector de la calle del
Tablón con la avenida Escallón, “y además ocultó el haber adelantado la
construcción del sumidero que el plano que reposa en la acción de reparación
directa es el sumidero de 250 milímetros queriéndolo confundir con la cámara C1,
también construida por esta empresa en dicho sector”.

De igual forma, corresponde establecer si la sentencia objetada incurre en defecto
fáctico, “al dar por sentada la carencia de competencia del distrito de Cartagena
de Indias y la empresa Transcaribe S.A. en cuanto al mantenimiento y
modificación del sistema de drenaje de aguas pluviales sin prueba que
determinara esa falta de competencia”.

3. Improcedencia de la acción de tutela por duplicidad de acciones o por
conducta temeraria

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 “cuando,
sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por
la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes (…)”.

En armonía con el anterior precepto, se prevé que quien acude a este mecanismo
de protección constitucional, efectúe el juramento de no haber presentado otra
petición idéntica. De esta manera, se busca salvaguardar el principio de seguridad
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jurídica que resguarda las decisiones adoptadas por los jueces de la República,
así como mantener los efectos de la cosa juzgada que implica “que las partes no
puedan discutir de nuevo sus pretensiones cuando ellas fueron resueltas, toda vez
que dicho principio concede a las sentencias el carácter de inmutables, definitivas,
vinculantes y coercitivas”.

De acuerdo con ello, para verificar la duplicidad de acciones de tutela corresponde
al juez constitucional establecer los siguientes elementos: identidad de partes, de
hechos, de pretensiones y la ausencia de justificación en la presentación de la
nueva demanda.

En esa línea, la Corte Constitucional se ha referido a las consecuencias que se
derivan del hecho de presentar acciones de tutela idénticas, ya sea de forma
simultánea o sucesiva, en el sentido que corresponde al juez de tutela declarar la
improcedencia sin que pueda efectuarse un estudio de fondo, pues en esos casos
“la acción pierde su carácter de instrumento preferente y sumario de defensa de
derechos fundamentales para convertirse, en una vía de actuación deshonesta
frente al Estado, o bien en una acción que socave los mínimos de seguridad
exigidos a un ordenamiento que pretende dar fin a los conflictos sociales y a las
decisiones”.

Sobre este aspecto, resulta importante señalar que la improcedencia por
duplicidad de acciones de tutela se distingue de la de una acción temeraria,
porque en el primero escenario no existe mala fe por parte de quien acude al
mecanismo de protección constitucional en forma sucesiva o simultánea.

En esa línea, la Corte Constitucional en sentencia T-057 de 20152, se refirió a los
eventos en los que aun existiendo duplicidad de acciones de tutela no hay lugar a
imponer sanción al actor. Al respecto, expresó:

“No basta que exista duplicidad de demandas de tutela para determinar que efectivamente
se actuó con temeridad. Es necesario, tal y como lo ha previsto la jurisprudencia
constitucional, distinguir aquellos eventos en los que pese a que se configura la temeridad,
no es preciso imponer sanción al accionante, en tanto “el ejercicio de las acciones de tutela
se funda (i) en la ignorancia del accionante; (ii) en el asesoramiento errado de los
profesionales del derecho; o (iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensión,
propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien lo procedente es la
declaratoria de “improcedencia” de las acciones de tutela indebidamente interpuestas, la
actuación no se considera “temeraria” y, por lo mismo, no conduce a la imposición de
sanción alguna en contra del demandante”.

Con todo, en cada caso concreto se debe establecer con base en las pruebas
aportadas, si la actuación fue temeraria o se presentó duplicidad de acciones.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El actor promovió acción de tutela con el objeto de que el juez constitucional
proteja los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, los cuales considera vulnerados por la sentencia de 30
de marzo de 2022, a través de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “B”, revocó el fallo de primera instancia, que accedió parcialmente a

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M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Ver también, sentencia T-1103 de 2005, M. P. Jaime Araujo Rentería.
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las pretensiones de la demanda, en el marco del medio de control de reparación
directa que promovió contra el Distrito de Cartagena de Indias y Transcaribe S.A.,
y, en su lugar, negó las pretensiones.

4.2. La Sala anticipa que declarara la improcedencia de la solicitud de amparo, por
evidenciarse que el accionante incurrió en duplicidad de acciones, conforme con el
siguiente análisis:

En la contestación, la Alcaldía Municipal de Cartagena afirmó que el accionante,
mediante apoderado judicial, instauró otra acción de tutela por los mismos hechos
y bajo las mismas pretensiones. Verificado el sistema para la gestión de la Rama
Judicial, Samai, se observa que dicha acción fue tramitada, en primera instancia,
por la Sección Quinta de esta Corporación bajo el expediente con el Nº 2022-
03846-00, que en fallo de 11 de agosto de 2022 negó las pretensiones de la
demanda, luego de considerar i) que el defecto fáctico alegado no se configuraba,
pues las pruebas documentales allegadas al caso no podían entenderse como
evidencia de la competencia del Distrito de Cartagena para la prestación del
servicio público de alcantarillado y ii) que la autoridad judicial accionada acertó en
la aplicación de la Constitución Política y de la Ley 142 de 1994, al señalar que la
labor de vigilancia y control de la prestación de los servicios públicos corresponde,
no a los municipios por cuanto a estos les compete garantizar su prestación
eficiente y oportuna, sino a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.

En segunda instancia, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, en
sentencia de 4 de noviembre de 2022, modificó la decisión impugnada y declaró
improcedente la solicitud por falta del requisito de relevancia constitucional, tras
considerar que la controversia planteada apuntaba a revivir un debate legal sobre
la competencia para la ejecución de las obras de mantenimiento que
supuestamente dieron lugar al daño atribuido al Distrito de Cartagena y
Transcaribe S.A., y que la causa del daño fue la omisión de esas obras.

A efectos de fundamentar la improcedencia de la solicitud, la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado manifestó que “los argumentos del
demandante buscan reiterar el debate decidido en las respectivas instancias, de
ahí que sus razones no pueden ser escrutadas por el juez constitucional, con
mayor razón si no se exponen claros y verdaderos elementos de orden
constitucional para develar los yerros en el ejercicio de la función jurisdiccional por
parte del juez de la reparación directa. Además, el debate que se propone es
netamente legal y con un claro interés económico, sin trascendencia ius
fundamental, ajeno a la finalidad de la acción de tutela”.

Finalmente, el expediente fue enviado a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y no fue seleccionado por auto de 30 de enero de 2023 (exp. T-9141516).

4.3. Para la Sala, en esta oportunidad concurren los tres elementos previstos en el
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es decir, se trata de las mismas partes,
hechos y pretensiones, lo que se observa de manera clara a continuación:

Radicado 11001031500020220384601 11001023000020220024000

Accionante Maurizio Papa Maurizio Papa

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Demandante: MAURIZIO PAPA

Accionado Consejo De Estado, Sección Tercera, Consejo De Estado, Sección Tercera,
Subsección “B”. Subsección “B”.

Hechos “Primero: El día 20 de febrero del año “Primero: El día 20 de febrero del año
2013, el señor MAURIZIO PAPA, 2013, el señor MAURIZIO PAPA,
presentó presentó demanda en ejercicio de la
demanda en ejercicio de la acción de acción de reparación directa en contra
reparación directa en contra del Distrito del Distrito de Cartagena de Indias y
de Cartagena de Indias y Transcaribe Transcaribe S.A., con el objeto que se
S.A., con el objeto que se hicieran las hicieran las siguientes declaraciones y
siguientes declaraciones y condenas: condenas:

"Primera: Declarar administrativamente "Primera:Declarar administrativamente
y extracontractualmente responsable a y extracontractualmente responsable a
Cartagena de Indias D.T. y C. y Cartagena de Indias D.T. y C. y
TRANSCARIBE S.A., de los perjuicios TRANSCARIBE S.A., de los perjuicios
causados al señor MAURIZIO PAPA, causados al señor MAURIZIO PAPA,
por falla del servicio, generados por el por falla del servicio, generados por el
constante estancamiento de aguas constante estancamiento de aguas
lluvias que presentan en la calle del lluvias que presentan en la calle del
Tablón y Avenida Escalian, Tablón y Avenida Escalian,
relacionados en los hechos de esta relacionados en los hechos de esta
demanda, así como por la imposibilidad demanda, así como por la
de explotar económicamente los imposibilidad de explotar
referidos inmuebles en virtud de la falla económicamente los referidos
del servicio señalada. inmuebles en virtud de la falla del
servicio señalada.
Segunda: Como consecuencia de la
declaración anterior, me permito Segunda: Como consecuencia de la
solicitarle se sirva condenar a declaración anterior, me permito
Cartagena de Indias D.T. y C. y solicitarle se sirva condenar a
Transcaribe S.A., a pagar a favor de Cartagena de Indias D.T. y C. y
Maurizio Papa, los perjuicios Transcaribe S.A., a pagar a favor de
patrimoniales sufridos con motivo del Maurizio Papa, los perjuicios
estancamiento de aguas lluvias”. patrimoniales sufridos con motivo del
estancamiento de aguas lluvias”.
Perjuicios patrimoniales la suma de $
1.162.101.073, por concepto de lucro Perjuicios patrimoniales la suma de $
cesante, dejados de percibir por 1.162.101.073, por concepto de lucro
concepto de rentas de arrendamiento. cesante, dejados de percibir por
concepto de rentas de arrendamiento.
Perjuicios extrapatrimoniales La suma
de dinero equivalente a cuatrocientos Perjuicios extrapatrimoniales La suma
salarios mínimos legales mensuales de dinero equivalente a cuatrocientos
vigentes, por concepto de daños salarios mínimos legales mensuales
morales. vigentes, por concepto de daños
morales.
Tercera: Como consecuencia de las
declaraciones anteriores, sírvase Tercera: Como consecuencia de las
ordenar a las entidades accionadas, declaraciones anteriores, sírvase
que realicen las obras públicas ordenar a las entidades accionadas,
correspondientes a fin de ampliar la que realicen las obras públicas
capacidad del sistema de drenaje de correspondientes a fin de ampliar la
aguas lluvias, así como la realización capacidad del sistema de drenaje de
periódica de trabajos de aseo y aguas lluvias, así como la realización
mantenimiento a dichos sistemas de periódica de trabajos de aseo y
drenajes. mantenimiento a dichos sistemas de
drenajes.
Segundo: La acción de reparación
directa fue tramitada y fallada en Segundo: La acción de reparación
primera instancia por el Tribunal directa fue tramitada y fallada en
Administrativo de Bolívar, que mediante primera instancia por el Tribunal
sentencia adiada el 6 de junio de 2014, Administrativo de Bolívar, que
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00240-00
Demandante: MAURIZIO PAPA

declaró la responsabilidad mediante sentencia adiada el 6 de
administrativa del Distrito Turístico y junio de 2014, declaró la
Cultural de Cartagena de Indias y responsabilidad administrativa del
exonerando a la empresa Distrito Turístico y Cultural de
TRANSCARIBE S.A., con fundamento Cartagena de Indias y exonerando a la
en el daño antijuridico causado al empresa TRANSCARIBE S.A., con
demandante, señor MAURIZIO PAPA, fundamento en el daño antijuridico
como consecuencia de la falla del causado al demandante, señor
servicio en que incurrió dicha entidad MAURIZIO PAPA, como consecuencia
territorial, al no realizar labores de de la falla del servicio en que incurrió
mantenimiento, limpieza y adopción de dicha entidad territorial, al no realizar
las medidas que garantizaran la labores de mantenimiento, limpieza y
eficiencia del sistema de drenaje y adopción de las medidas que
alcantarillado del Centro Histórico de garantizaran la eficiencia del sistema
Cartagena de Indias, concretamente en de drenaje y alcantarillado del Centro
la zona donde se encuentran ubicados Histórico de Cartagena de Indias,
los inmuebles de propiedad del concretamente en la zona donde se
demandante, Avenida Escalian con la encuentran ubicados los inmuebles de
calle del Tablón, de acuerdo a lo propiedad del demandante, Avenida
señalado en la parte motiva de dicha Escalian con la calle del Tablón, de
providencia. acuerdo a lo señalado en la parte
motiva de dicha providencia. Tercero: Contra la citada sentencia se
interpuso recurso de apelación por Tercero: Contra la citada sentencia se
todas las partes procesales, decidió en interpuso recurso de apelación por
segunda instancia por la SUBSECCION todas las partes procesales, decidió en
B DE LA SECCION TERCERA DEL segunda instancia por la
CONSEJO DE ESTADO que revoco la SUBSECCION B DE LA SECCION
sentencia objeto de impugnación y TERCERA DEL CONSEJO DE
denegó las pretensiones de la ESTADO que revoco la sentencia
demanda, bajo dos consideraciones: i) objeto de impugnación y denegó las
La imputacion debió dirigirse contra la pretensiones de la demanda, bajo dos
entidad en cuya cabeza radicaba la consideraciones: i) La imputacion
obligación de vigilancia y control de las debió dirigirse contra la entidad en
entidades que prestan servicios cuya cabeza radicaba la obligación de
públicos domiciliarios, es decir la vigilancia y control de las entidades
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS que prestan servicios públicos
PUBLICOS y contra la entidad domiciliarios, es decir la
ambiental del Distrito de Cartagena a SUPERINTENDENCIA DE
quien según dicha sentencia le SERVICIOS PUBLICOS y contra la
correspondía la prestación del servicio entidad ambiental del Distrito de
de alcantarillado en la ciudad Cartagena Cartagena a quien según dicha
de Indias. sentencia le correspondía la
prestación del servicio de
Igualmente argumento la Subseccion de alcantarillado en la ciudad Cartagena
la sala Tercera del Consejo de Estado, de Indias.
que no podía concluirse que la causa
eficiente del daño haya sido la falta de Igualmente argumento la Subseccion
mantenimiento y de labores de limpieza, de la sala Tercera del Consejo de
al no encontrase debidamente Estado, que no podía concluirse que la
acreditado en el proceso.

Igualmente causa eficiente del daño haya sido la
concluyo que ni el dictamen ni ninguna falta de mantenimiento y de labores de
otra prueba que obre en el expediente limpieza, al no encontrase
permitía concluir que la causa eficiente debidamente acreditado en el proceso.
de las inundaciones hubiera sido la falta Igualmente concluyo que ni el
de limpieza o de mantenimiento, ni dictamen ni ninguna otra prueba que
tampoco las labores de construcción obre en el expediente permitía concluir
que adelanto la empresa que la causa eficiente de las
TRANSCARIBE S.A. inundaciones hubiera sido la falta de
limpieza o de mantenimiento, ni
tampoco las labores de construcción
que adelanto la empresa
TRANSCARIBE S.A. 10

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Demandante: MAURIZIO PAPA

Pretensiones PRIMERA: Teniendo en cuenta lo PRIMERA: Teniendo en cuenta lo
anteriormente expuesto, me permito anteriormente expuesto, me permito
solicitarle respetuosamente, se sirva solicitarle respetuosamente, se sirva
TUTELAR los derechos fundamentales TUTELAR los derechos
al DEBIDO PROCESO y LIBRE fundamentales al DEBIDO PROCESO
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE y LIBRE ACCESO A LA
JUSTICIA del señor MAURIZIO PAPA. ADMINISTRACION DE JUSTICIA del
señor MAURIZIO PAPA.
SEGUNDA: Que como consecuencia de
lo anterior, se ordene dejar sin efectos SEGUNDA: Que como consecuencia
la sentencia proferida por la de lo anterior, se ordene dejar sin
SUBSECCION B DE LA SECCION efectos la sentencia proferida por la
TERCERA DEL CONSEJO DE SUBSECCION B DE LA SECCION
ESTADO, adiada el 30 de marzo del TERCERA DEL CONSEJO DE
año 2022, radicación No 13001- 23-33- ESTADO, adiada el 30 de marzo del
2013-00105-01 (51789) año 2022, radicación No 13001- 23-
33-2013-00105-01 (51789)
TERCERA: Ordénase a la
SUBSECCION B de la SECCION TERCERA: Ordénase a la
TERCERA DEL CONSEJO DE SUBSECCION B de la SECCION
ESTADO, proferir sentencia que TERCERA DEL CONSEJO DE
corresponda en derecho y de acuerdo ESTADO, proferir sentencia que
con los lineamientos del CONSEJO DE corresponda en derecho y de acuerdo
ESTADO”. con los lineamientos del CONSEJO
DE ESTADO”.

De lo anteriormente expuesto, la Sala evidencia que el actor en una reciente
ocasión promovió, por intermedio de apoderado judicial, otra acción de tutela con
identidad de partes, hechos y pretensiones, en la que persigue que se deje sin
efectos la sentencia proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado proferida el 30 de marzo del año 2022, dentro del expediente
de reparación directa radicado con el Nº 13001-23-33-2013-00105-01, y que se
ordene proferir una nueva providencia “que corresponda en derecho”, lo que
permite concluir que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-027 de 2021, recordó los
aspectos a tener en cuenta para abordar la posible configuración de la temeridad,
entre los que, sostuvo, deben analizarse los siguientes:

“1. Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las acciones de
tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva tengan una triple
identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean los mismos
hechos y la misma solicitud.

2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados como excepcionales que
no constituyen una actuación temeraria, de acuerdo con lo señalado
explícitamente por la ley o la jurisprudencia.

3. Que en caso de presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser
diferente a una anterior con la que guarda identidad (a partir de un desarrollo
argumentativo diferente) el juez constitucional acredite que, en realidad, los dos
procesos tienen las mismas partes, se sustentan en las mismas razones y
solicitud”.

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Demandante: MAURIZIO PAPA

Conforme con lo anterior, en el presente caso se observa que existe una absoluta
identidad de partes, hechos y pretensiones en ambas solicitudes de amparo, y
aun cuando en el juramento de la presente tutela el accionante afirmó que los
defectos alegados se configuran por el material probatorio presentado por
Transcaribe S.A en el marco de la acción popular radicada con el Nº 2012-00011-
01, esa afirmación no es suficiente para obviar que las solicitudes son idénticas,
aunado al hecho de que, tratándose de la tutela contra providencias judiciales, el
análisis de la temeridad o duplicidad de acciones se torna más estricto, porque
están de por medio principios como la cosa juzgada y la seguridad jurídica.

4.4. Ahora bien, la Sala evidencia que en esa oportunidad se presentó duplicidad
de acciones de tutela, no una actuación temeraria. Ello, en tanto no se advierte
mala fe del señor Maurizio Papa, quien esta vez actúa en nombre propio, a lo que
se agrega que en el juramento puso de presente que en anterior oportunidad se
había interpuesto una acción de tutela, pero que en esta ocasión el defecto
alegado era el error inducido.

Al respecto, la Corte Constitucional3 ha reiterado que “cuando a pesar de existir
dicha duplicidad, el ejercicio simultáneo de la acción se funda i) en la ignorancia
del accionante, ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o
iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas
situaciones en que los individuos obran por medio insuperable o por la necesidad
extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien lo procedente es la
declaratoria de improcedencia de las acciones de tutela indebidamente
interpuestas, la actuación no se considera temeraria y, por lo mismo, no conduce a
la imposición de sanción alguna en contra del tutelante”.

Finalmente, en tanto el expediente de la acción de tutela con radicación 2022-
03846-01 fue remitido a la Corte Constitucional, donde se radicó con el No. T-
9141516 para su eventual revisión y mediante auto de 30 de enero de 2023 fue
excluido de dicho trámite, la Sala observa que en el caso se configuró la cosa
juzgada material respecto de la sentencia objeto de tutela, por lo que en el caso no
hay lugar a reabrir el debate sobre lo allí decidido.

En efecto, la Corte Constitucional, en sentencia SU-1219 de 2001, indicó que,
terminado el proceso de selección para revisión y precluido el lapso establecido
para insistir en la selección de un proceso de tutela para revisión, opera el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional, mismo que determina que lo allí
decidido quede definitivamente en firme:

“5.1 Admitir que los fallos de tutela definitivamente decididos o excluidos para
revisión sean luego objeto de una nueva acción de tutela, sería como instituir
un recurso adicional ante la Corte Constitucional para la insistencia en la
revisión de un proceso de tutela ya concluido, lo cual es contrario a la
Constitución (art. 86 C.P.), a la ley (art. 33 del Decreto 2591 de 1991) y a las
normas reglamentarias en la materia (arts. 49 a 52 del Reglamento Interno de
la Corte Constitucional). Las Salas de Selección de la Corte Constitucional,
salvo sus facultades legales y reglamentarias, no tienen la facultad de
seleccionar lo que ya ha sido excluido de selección para revisión ni una acción
de tutela contra uno de sus fallos de tutela. Esto por una poderosa razón.
Decidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de

3
Sentencias T-184 de 2005, T-298 de 2018 y SU-027 de 2021.
12

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Demandante: MAURIZIO PAPA

selección para revisión y precluido el lapso establecido para insistir en la
selección de un proceso de tutela para revisión (art. 33 del Decreto 2591
de 1991 y art. 49 a 52 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional ),
opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1
C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de
tutela por decisión judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a
reabrir el debate sobre lo decidido.

(…)

La ratio decidendi en este caso excluye la acción de tutela contra sentencias de
tutela. El afectado e inconforme con un fallo en esa jurisdicción, puede acudir
ante la Corte Constitucional para solicitar su revisión. En el trámite de
selección y revisión de las sentencias de tutela la Corte Constitucional
analiza y adopta la decisión que pone fin al debate constitucional. Este
procedimiento garantiza que el órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional conozca la totalidad de las sentencias sobre la materia que
se profieren en el país y, mediante su decisión de no seleccionar o de
revisar, defina cuál es la última palabra en cada caso. Así se evita la
cadena de litigios sin fin que se generaría de admitir la procedencia de
acciones de tutela contra sentencias de tutela, pues es previsible que los
peticionarios intentarían ejercerla sin límite en busca del resultado que
consideraran más adecuado a sus intereses lo que significaría dejar en la
indefinición la solicitud de protección de los derechos fundamentales. La
Corte Constitucional, como órgano de cierre de las controversias
constitucionales, pone término al debate constitucional, e impide mantener
abierta una disputa que involucra los derechos fundamentales de la persona,
para garantizar así su protección oportuna y efectiva (artículo 2 C.P.).".

Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de la acción de tutela,
en razón a que se configuró la duplicidad de acciones, al no advertirse mala fe en
el actuar del demandante.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el
señor Maurizio Papa, quien actúa en nombre propio, contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “B”.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

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Demandante: MAURIZIO PAPA

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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