Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03866-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03866-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03866-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
7 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 7 de octubre de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03866-00
Demandante: Alfredo Torres Mejía y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Procedencia de la acción
de tutela/ Subsidiariedad/ Vulneración del derecho al debido proceso/ Defecto fáctico.
Síntesis del caso: La parte actora promovió una demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en la que se cuestionó el acto que declaró insubsistentes a unos servidores,
por abandono del cargo. En esta oportunidad se enjuicia la sentencia de segunda
instancia, por medio de la cual se revocó la decisión de primer grado, que accedió a las
pretensiones y, en su lugar, las negó.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Alfredo Rafael Torres
Mejía y Eloy José Castilla Alcalá contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
terceros.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 14 de julio de 2022, Alfredo Rafael Torres Mejía y Eloy José Castilla
Alcalá presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Bolívar, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, trabajo y mínimo vital, con ocasión de la Sentencia de 29
de octubre de 2021, proferida por la autoridad judicial demandada,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 13001-
33-33-008-2017-00092-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2021-03866-00
Demandante: Alfredo Torres Mejía y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y concede amparo
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“3.1. Que se declare la existencia de los defectos mencionados en el acápite
de hechos encontrados en la sentencia N° 177 de 2021 bajo el radicado N°
13-001-33-33-008-2017-00092-01 proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar.
3.2. Se revoque la decisión adoptada por el tribunal administrativo en
segunda instancia por existir una clara violación del derecho constitucional
derivado de la violación al debido proceso.
3.3. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se conmine al
tribunal a emitir un fallo de conformidad con los preceptos del debido
proceso.”
3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:
4. 1) Mediante Decretos No. 89 y 92 de 10 de junio de 2015, el alcalde
del municipio de Arjona nombró a Eloy José Castilla Alcalá y Alfredo Rafael
Torres Mejía, en provisionalidad, en los cargos de Oficial de Bomberos –
Código 47554, adscritos al despacho del alcalde. Los demandantes se
posesionaron el 10 de junio de 2015.
5. 2) Mediante Decreto No. 145 de 7 de diciembre de 2015, el alcalde
del municipio de Arjona declaró insubsistentes los nombramientos de los
señores Castilla Alcalá y Torres Mejía. Lo anterior en atención a que se
acreditó la causal de abandono del cargo pues no asistieron a su lugar de
trabajo el 14, 15 y 16 de noviembre de 2015. Contra esa decisión, los
demandantes interpusieron recurso de reposición, sin embargo, la
administración guardó silencio, motivo por el que se configuró el silencio
administrativo negativo.
6. 3) Como consecuencia de lo anterior, Eloy José Castilla Alcalá y
Alfredo Rafael Torres Mejía presentaron una demanda2 con el fin de que se
declarara la nulidad del acto administrativo que declaró la insubsistencia
de los nombramientos, así como del acto producto del silencio
administrativo. El fundamento consistió en que los actos demandados no
se motivaron suficientemente, lo cual violó sus derechos al debido proceso,
trabajo y defensa, pues la decisión obedeció a la discrecionalidad de la
administración y no al mejoramiento del servicio.
7. 4) El asunto le correspondió al Juzgado 8 Administrativo de
Cartagena que, mediante Sentencia de 21 de noviembre de 2021,
accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad de los actos
demandados, ordenó el reintegro de los demandantes y el pago de los
sueldos y prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación hasta
su reintegro efectivo en el servicio.
2 Nulidad y restablecimiento del derecho.
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Decisión: Declara improcedencia y concede amparo
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8. Para adoptar esa decisión mencionó que existió una vulneración al
derecho al debido proceso de los demandantes, toda vez que no se dio
apertura a una investigación disciplinaria en su contra, conforme con la
Ley 734 de 2002.
9. 5) El municipio de Arjona apeló la decisión pues consideró que la
autoridad judicial confundió la falta disciplinaria gravísima con el
abandono del cargo. En ese orden, aseguró que la causal de abandono
del cargo era autónoma e independiente, por lo que no requería
adelantar un riguroso proceso disciplinario, sino un procedimiento en el
que se escuchara la versión libre de los hechos.
10. 6) El 29 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de Bolívar
revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda. Para ello estableció que el municipio de
Arjona sustentó la desvinculación de los demandantes en la causal de
abandono del cargo. Así las cosas, consideró que el procedimiento que se
debía adoptar para la aplicación de esa causal era un procedimiento
sumario en el cual se garantizaran los derechos de contradicción y
defensa de los afectados, como en efecto se realizó.
11. Adicional a lo anterior, mencionó que, en efecto, se configuró el
abandono del cargo ya que, pese a que los demandantes se
encontraban en una capacitación en Santa Marta los días 14, 15 y 16 de
noviembre de 2015, lo cierto era que no solicitaron la autorización para
ausentarse de su lugar de trabajo por escrito para que se accediera a ese
requerimiento de acuerdo con el régimen aplicable a ese tipo de
situaciones administrativas, lo cual, además, debía ser autorizado
mediante un acto administrativo.
12. El fundamento de la vulneración derivó, a juicio de la parte
demandante, en que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto fáctico pues no se valoraron (se trascribe): “los testimonios que
acreditan que mis poderdantes solamente dejaron de asistir un (1) día
porque los otros 2 días que contabilizó la administración municipal de
Arjona eran días de descanso de los accionantes”.
13. También consideraron que se desconoció la Sentencia de la Corte
Constitucional T-1189 de 22 de noviembre de 2005, en la cual se
consignaron los requisitos para que operara la causal de abandono del
cargo para el retiro del servicio.
14. Finalmente, mencionó que se vulneró su derecho al debido proceso
toda vez que el tribunal accionado no realizó ningún pronunciamiento
sobre la falta de ejecutoria del Decreto No. 145 de 2015, como
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consecuencia de la no resolución del recurso de reposición interpuesto
contra ese acto administrativo.
1.2. Posición de la parte demandada y terceros3
15. El Tribunal Administrativo de Bolívar solicitó que se negara la acción
de tutela interpuesta ya que no se vulneraron los derechos fundamentales
de la parte demandante pues al proceso se le impartió el trámite procesal
pertinente, se realizó un análisis jurídico, fáctico y probatorio de los
argumentos expuestos por la parte demandante y se garantizó el derecho
al debido proceso de la parte actora.
16. El Juzgado 8 Administrativo de Cartagena solicitó que se negaran las
pretensiones de la acción de tutela ya que, dentro del trámite del proceso
judicial, por parte de ese despacho, no existió ninguna arbitrariedad o
defecto susceptible de ser estudiado por esta vía.
17. El municipio de Arjona guardó silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de derechos. 2.2. Procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Verificación y/o afectación
a derechos fundamentales. 2.5. Conclusión.
2.1. Identificación de derechos
18. Pese a que la parte accionante señaló en su solicitud de amparo
como vulnerados varios derechos fundamentales, esta Sala centrará su
análisis en la violación del derecho al debido proceso, pues ante una
presunta vulneración de garantías constitucionales en el marco de una
actuación judicial, cobra relevancia estudiar si este derecho fue lesionado
durante el desarrollo del trámite judicial ordinario. Asimismo, la vulneración
de los demás derechos invocados surge como consecuencia de la misma
afrenta al debido proceso. En consecuencia, en el evento de encontrar
lesionado este derecho, existirá razón suficiente para conceder el amparo.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial4
19. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, en lo
relacionado con los defectos de desconocimiento del precedente y
3 Mediante Auto de 25 de julio de 2022, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia, (2)
tener como parte demandada al Tribunal Administrativo de Bolívar y (3) vincular, en calidad de terceros
interesados al juzgado 8 Administrativo de Bolívar y al municipio de Arjona.
4 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-066 de 2019.
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violación directa del derecho al debido proceso, por no superar el requisito
de subsidiariedad.
20. En concordancia con lo anterior, no se superó el mencionado
requisito porque: a) los reparos alegados a través de la acción de tutela,
debían ser cuestionados dentro del mecanismo de nulidad y
restablecimiento del derecho, a través de los mecanismos judiciales
otorgados por la ley y, b) no se acreditó un perjuicio irremediable.
21. a) Se pone de presente que el demandante cuestionó que la
autoridad judicial desconoció la Sentencia de la Corte Constitucional T-
1189 de 22 de noviembre de 2005 y la falta de ejecutoria del Decreto No.
145 de 2015.
22. Respecto del aparente desconocimiento de la Sentencia T-1189 de
2005, es necesario poner de presente que la misma sirvió de fundamento
para la adopción del Decreto No. 145 de 2015. En esa medida, si el
demandante consideraba que respecto de la misma hubo una indebida o
errónea interpretación, debió ponerlo de presente ante el tribunal
accionado, con el fin de que se analizara ese reparo dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
23. Adicional a lo anterior, tampoco puso de presente dentro del
referido medio de control la aparente vulneración del derecho al debido
proceso por falta de análisis de la no ejecutoria del Decreto No. 145 de
2015, y pretende que esa inconformidad sea resuelta a través del
mecanismo subsidiario de la acción de tutela.
24. En consecuencia, el mecanismo idóneo y eficaz en el cual la parte
demandante debió exponer esos reparos era el de nulidad y
restablecimiento del derecho, a través de la demanda, la reforma de la
demanda o los alegatos de conclusión de primera y segunda instancia, y
ante tal omisión la acción de tutela se torna improcedente.
25. b) Además, la parte accionante no alegó, ni demostró la
configuración de un perjuicio irremediable que justificara la intervención
del juez de tutela dentro del presente asunto.
26. No sucede los mismo con lo alegado a través del defecto fáctico,
por la falta de pronunciamiento del argumento sobre el no abandono del
cargo, al encontrarse los demandantes en días de descanso, toda vez que
sobre esos reparos: hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación
de la providencia cuestionada (20/1/2022) y la de interposición de la
presente acción de tutela (14/7/2022). No se enjuició un fallo de tutela,
pues la controversia se relacionó con una sentencia de segunda instancia
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proferida en el marco de una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho. Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los
hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. La controversia tiene
relevancia constitucional por tratarse de la presunta afectación de
los derechos fundamentales de los demandantes, en el marco del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, respecto de la cual
se alegaron unos defecto/reparos específicos. Asimismo, no se advierte
que los argumentos planteados sean una reiteración de aquellos
presentados en el proceso ordinario.
27. Por último, no existe recurso idóneo y eficaz que permitiera a los
demandantes alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la
defensa del derecho presuntamente vulnerado. Para la Sala la solicitud de
adición de sentencia no puede considerarse un mecanismo judicial
necesario para interponer la acción de tutela, en la medida que esa figura
no puede modificar la decisión adoptada por la autoridad judicial
accionada. En consecuencia, es la acción de tutela la que tendría la
potestad de dejar sin efectos una providencia judicial en la cual,
eventualmente, podría configurarse un defecto que vulneraría derechos
fundamentales.
2.3. Fijación de la controversia
28. Corresponde determinar si el Tribunal Administrativo de Bolívar
incurrió en un defecto fáctico en lo relacionado con la falta de análisis de
las pruebas decretadas y practicadas, de cara a los días de descanso de
los bomberos.
2.4. Verificación de defectos y/o afectación de derechos fundamentales
29. La Sala accederá a la solicitud de amparo interpuesta por los
motivos que a continuación se exponen.
30. La providencia cuestionada estableció que no había lugar a
declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, en la
medida que el procedimiento llevado a cabo para la declaratoria de
insubsistencia de los demandantes estuvo acorde a lo establecido legal y
jurisprudencialmente. Adicional a lo anterior, consideró que sí se configuró
el abandono del cargo ya que los demandantes no hicieron ninguna
solicitud de permiso por escrito, ni existió un acto administrativo que
concediera el mismo, o reconociera alguna situación administrativa válida
para ausentarse del puesto de trabajo.
31. Pese a lo anterior, el demandante mencionó que la autoridad
judicial omitió valorar de manera completa las pruebas que demostraban
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que los demandantes se encontraban en descanso el 14 y 16 de
noviembre de 2015. Por esa razón, consideró que no había lugar a declarar
el abandono del cargo.
32. Agregó que ese aspecto además se encontraba demostrado con
los testimonios recaudados dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, los cuales, a su juicio, fueron los que
constataban la omisión en que incurrió el tribunal accionado.
33. La Sala considera que le asiste razón los tutelantes, en la medida que
se evidenció que, si bien el Tribunal Administrativo de Bolívar valoró las
pruebas obrantes en el proceso, lo cierto es que lo hizo en función de
razonamientos tales como: el debido proceso dentro de la declaratoria de
insubsistencia del cargo de los bomberos o la configuración del abandono
del cargo desde la óptica de la solicitud de permiso.
34. No obstante, las pruebas no se analizaron de manera completa,
pues los citados testimonios pretendían demostrar, además de lo expuesto
en el párrafo anterior, que hubo unos días de descanso, en los cuales los
bomberos no estaban en la obligación de acudir a sus labores y, por lo
tanto, no se debió declarar el abandono del cargo.
35. La situación anterior fue planteada por los demandantes dentro del
mecanismo de nulidad y restablecimiento del derecho a través de los
escritos de alegatos de conclusión de primera y segunda instancia.
36. Llama la atención de la Sala que los testimonios a los que hicieron
referencia los demandantes sí fueron valorados con el fin de determinar
que sí hubo ausencia de los oficiales de bomberos, y con ello, sustentar el
abandono del cargo. Pero no se hizo referencia a esas mismas pruebas
para analizar lo relacionado con los días de descanso.
37. En esa medida, el análisis probatorio realizado por el tribunal
accionado vulneró los derechos de los demandantes, en la medida que
analizó las pruebas allegadas al expediente, pero sólo en los aspectos
tendientes a comprobar la aparente legalidad del acto administrativo
demandado, pero omitió estudiar el argumento expuesto por los
demandantes sobre la justificación para ausentarse del trabajo, de cara a
los testimonios, y las demás pruebas que, eventualmente podrían soportar
esa afirmación.
38. Lo anterior no significa que en virtud de esos testimonios y otras
pruebas que se hayan decretado y practicado dentro del expediente, la
autoridad judicial deba declarar la nulidad del acto administrativo
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demandado. El amparo a concederse por parte de la Sala está
encaminado a que la autoridad judicial, en virtud de las reglas de la sana
crítica y tarifa legal, realice una valoración probatoria integral, sobre el
aspecto que los demandantes echan de menos.
39. Ahora bien, la Sala considera importante mencionar que esa
valoración probatoria le corresponde al juez natural del asunto, pues, en lo
relacionado con el análisis fáctico tiene una mayor autonomía por lo cual,
será la autoridad judicial demandada la encargada de realizar el
correspondiente estudio probatorio, y determinar el estándar necesario
para demostrar lo alegado por los demandantes.
40. En consecuencia, la Sala accederá a la solicitud de amparo ante la
configuración del defecto fáctico y ordenará que se rehaga la actuación
para que se analicen las pruebas recaudadas en el expediente, de cara a
los días de descanso de los accionantes y su incidencia en la declaratoria
de abandono del cargo.
41. Debe aclararse que el amparo aquí concedido opera únicamente
respecto de la falta de análisis de las pruebas en relación con los aspectos
aquí reseñados. Lo anterior quiere decir que la valoración probatoria
realizada respecto de los demás aspectos ya estudiados no será
modificada o cambiada por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
2.6. Conclusión
42. De un lado, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela sobre los defectos de desconocimiento del precedente y violación
directa del derecho al debido proceso. De otro lado, al encontrar
configurado el defecto fáctico en lo referente a la omisión en el análisis
probatorio de los días de descanso de los bomberos, la sala accederá a la
solicitud de amparo en los términos propuestos.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de tutela solicitado por
Alfredo Rafael Torres Mejía y Eloy Castilla Alcalá, respecto de los defectos
de desconocimiento del precedente y violación directa del derecho al
debido proceso, por las razones expuestas en esta providencia.
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SEGUNDO: AMPARAR el derecho al debido proceso solicitado por Alfredo
Rafael Torres Mejía y Eloy Castilla Alcalá, por la existencia de un defecto
fáctico de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia proferida el 29 de octubre de
2021, por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 13001-33-33-008-2017-00092-
01 y, en consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Bolívar que,
en un término de 10 días, profiera una nueva decisión, en la cual, atienda
a lo expresado en la presente providencia.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin5.
QUINTO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
SEXTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
5 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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