Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-03866-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-03866-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2021-03866-00
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
20 de agosto de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / LEGITIMACIÓN POR PASIVA EN LA ACCIÓN DE TUTELA / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / DESVINCULACIÓN DEL PROCESO – Petición negada / TERCERO CON INTERÉS LEGÍTIMO
La Sala advierte que la Procuraduría General de la Nación indicó que no está legitimada en la causa por pasiva frente a las pretensiones invocadas por los actores. Al respecto, la Sala advierte que la Procuraduría General de la Nación se le vinculó como tercero con interés, en la medida en que, se advirtió que correspondía a una de las autoridades a las cuales la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado le dio una serie de órdenes dentro de la parte resolutiva de la sentencia de 20 de noviembre de 2020. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Procuraduría General de la Nación le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA / INEXISTENCIA DEL DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
En lo que concierne al desconocimiento de la “[…] Sentencia de unificación del 24 de agosto de 2014, expediente 32.988 […]”, para la Sala los actores no cumplieron con la carga argumentativa mínima para estructurar el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que no indicaron específicamente cuales fueron las i) reglas y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las providencias que mencionaron en su escrito de tutela, y mucho menos argumentaron que las ii) situaciones fácticas y los iii) problemas jurídicos en ambos casos eran análogos o similares. (…) En ese orden de ideas, para la acreditación del requisito de relevancia constitucional respecto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, no basta con citar de manera genérica la jurisprudencia del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional, sino que por el contrario, los actores tienen la carga argumentativa de señalar en su escrito de tutela el cumplimiento de los elementos que permiten configurar la existencia de un precedente judicial, esto es, i) que en la ratio decidendi de las sentencias invocadas por los actores en su escrito de tutela se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL / PROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / INEXISTENCIA DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – Se debieron ejercer los mecanismos de control judicial procedentes
Ahora bien, debe preguntarse la Sala si en el presente caso se cumple o no con el requisito de subsidiariedad dentro del marco de la acción de tutela en relación con el defecto procedimental absoluto por el desconocimiento del principio de congruencia que alegaron los actores. Uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para controvertir la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en presencia de un perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto que dichos mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los derechos fundamentales. (…) Al respecto, la Sala advierte que, frente a dicho reparo, la acción de tutela no cumple con el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad, toda vez que, frente a la presunta vulneración del principio de congruencia de la sentencia acusada, los actores cuentan con otro medio de defensa judicial para controvertir la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que es el recurso extraordinario de revisión. (…) En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, con fundamento en la jurisprudencia citada supra, existían en el caso sub examine otros mecanismos de control judicial para garantizar la protección de los derechos de la parte actora, como lo es el recurso extraordinario de revisión, previo al cumplimiento de los requisitos legales, para controvertir lo decidido en la sentencia, respecto de la presunta vulneración del principio de congruencia, antes de acudir a la acción. Por consiguiente, la Sala declarará la improcedencia de la tutela frente a este defecto como se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN DEL ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / ACCIÓN DE GRUPO / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO – / HACINAMIENTO EN CÁRCEL - Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad del Cunduy / TRATO CRUEL A RECLUSO / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA – La providencia acusada no es caprichosa ni arbitraria / INCONFORMIDAD CON LA PROVIDENCIA ACUSADA – El reproche se centra en que no le favoreció a sus intereses / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
[P]ara esta Sala el análisis probatorio efectuado por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado resulta razonable y ajustado al contenido de las pruebas que obran en el expediente porque, tal como lo consideró el juez contencioso, los testimonios fueron rendidos con objetividad en cuanto a las condiciones físicas del establecimiento carcelario, lo que, sumado al informe del Personero Municipal de Florencia y su declaración y a los datos allegados y declarados por el INPEC y la USPEC, resultaron suficientes para encontrar, bajo un análisis probatorio en conjunto, la existencia de un hacinamiento carcelario que derivó en un trato cruel e inhumano para las internas de dicho penal. Al respecto, cabe agregar que, dicho estudio probatorio se efectuó acompañado siempre de un análisis jurisprudencial al respecto y de conformidad con la jurisprudencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual, evidentemente, enriqueció ese estudio de los medios de prueba que efectuó la autoridad judicial demandada; la cual cabe mencionar, fue clara en señalar la relación de especial sujeción de las internas, situación que implicaba de por sí apreciar de forma distinta y bajo criterios de equidad e igualdad procesal los medios de prueba allegados por las mujeres demandantes, criterio que esta Sala comparte. Igualmente, se advierte como razonable que, con base en esas circunstancias generales y objetivas de las condiciones de vida en dicho establecimiento carcelario, la autoridad demandada haya cobijado al grupo de mujeres que fueron personal, espacial y temporalmente definidas en la demanda presentada en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, sin que fuera necesario descartar frente a ellas, por ejemplo, los testimonios rendidos por los familiares de una de las internas, máxime si se tiene presente que para tal efecto la Subsección B de la Sección Tercera tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998. En ese orden de ideas, y contrario a lo sostenido por los actores, lo cierto es que dentro del proceso ordinario se acreditó la situación general de hacinamiento que condujo a un trato cruel e inhumano en el penal de Cunduy entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013, frente a lo cual, es evidente para la Sala que la autoridad judicial demandada efectuó un análisis probatorio conjunto de los distintos medios de prueba, vistos estos a su vez frente a los precedentes establecidos y las decisiones que han proferido organismos internacionales frente al tema. Así las cosas, la Sala considera que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado no incurrió en el defecto fáctico aludido por la parte actora, en tanto que la valoración probatoria efectuada por la autoridad judicial demandada resulta: (i) razonable y ajustada al principio probatorio de la sana crítica y necesidad de la prueba, y, por ende, (ii) está cobijada por los principios de autonomía e independencia característicos de la labor de administrar justicia. En otras palabras, esta Sala encuentra que la autoridad judicial demandada, en la providencia motivo de tutela, efectuó un análisis probatorio razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica, sin que dicha valoración fuera arbitraria, abusiva o irracional.
En esa medida, los planteamientos realizados por los actores en el presente asunto obedecen a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión que adoptó la autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se evidencia el descontento con la providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus intereses, pero no se advierte que la decisión fue arbitraria o irracional; por el contrario, la actividad intelectual que realizó el juez natural del proceso en materia de valoración y apreciación de pruebas, hizo parte de la autonomía e independencia que tienen los jueces de la República y, por consiguiente, ni las partes ni el juez constitucional pueden imponer su criterio, interpretación y lógica sobre la del juez natural, como si se tratara de un juez superior que pueda sustituir de manera arbitraria el juicio valorativo del juez del proceso.
FUENTE FORMAL: LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 3
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA – Se aplicó la sentencia acusada como desconocida / ACCIÓN DE GRUPO / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / HACINAMIENTO EN CÁRCEL - Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad del Cunduy / DAÑO A RECLUSAS / TRATO DIFERENCIAL DE GÉNERO – La intensidad del perjuicio y características del daño evidencian la perturbación de aspectos exclusivos de su género e identidad que no podrían ser reparados a los hombres en idénticas circunstancias / REPARACIÓN DE PERJUICIOS – Procedencia de la reparación de perjuicios de contenido económico / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
Sentencia de 3 de octubre de 2019 (…) La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado analizó un caso en el que, el señor [A.A.B.F.] y 23 personas naturales más, en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, interpusieron demanda contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo (La Vega), el Congreso de la República, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones EICE, el Departamento de Sucre y el Municipio de Sincelejo, con el fin de que se les declarara responsables por los “[…] daños antijurídicos ocasionados al grupo de internos del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Sincelejo (LA VEGA), con ocasión del incumplimiento de los derechos y garantías mínimas a que tienen derecho los reclusos […]”. (…) Para la Sala, la autoridad judicial demandada no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que, hizo referencia constante a dicho precedente y reconoció que podían llegar a ser similares ambos casos, pero explicó de manera suficiente las razones por las que en este caso sí había lugar a la compensación monetaria por los daños sufridos por las internas de dicho establecimiento carcelario, desde una perspectiva de género en función de la intensidad y características del daño, advirtiendo que, si bien en el caso expuesto en la sentencia de 3 de octubre de 2019 se consideró que las medidas no pecuniarias eran suficientes, no sucedía lo mismo en este caso, en donde sí se advertía la necesidad de reparar el perjuicio a esos derechos constitucionalmente protegidos de las internas, sin perjuicio de reiterar algunas de las medidas para la garantía del derecho a la no repetición ordenadas por la Corte Constitucional en su sentencia T-762 de 2015. (…) En ese orden de ideas, la Sala considera que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado no incurrió en desconocimiento del precedente, en la medida en que pese a advertir cierta similitud entre ambos casos, justificó las razones por las que en atención a las características especiales del caso sub examine como lo es “[…] la especial intensidad del perjuicio que padecieron como mujeres, y reitera que los padecimientos y sacrificios a que han sido sometidas, en este sistema penitenciario masculinizado, perturbaron aspectos exclusivos de su género e identidad, que no podrían ser reparados a los hombres en idénticas circunstancias […]”, procedía la compensación monetaria frente al daño sufrido por las internas del Establecimiento Carcelario Cunduy.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03866-00(AC)
Actor: AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC Y UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC
Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial/falta del cumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional y de subsidiariedad.
Defecto fáctico/alcance
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso e ii) igualdad
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 20 de noviembre de 2020, dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo identificado con el número único de radicación 180012333000201300216-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, a través de apoderado, presentaron solicitud de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 20 de noviembre de 2020, dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo identificado con el número único de radicación 180012333000201300216-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra..
Presupuestos fácticos
Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en síntesis, son los siguientes:
Los actores indicaron que, el 14 de junio de 2013, las señoras Norma Constanza Valencia, Aura María Rodríguez García, Olga Patricia Cabrera, Sormélida Gutiérrez, Linda Lorena Bañol García, Nory Morales Bolaños, Yanid Parra Leiton, Miryam Avendaño Quintero, Luz Marina Romero Hernández, Rocío Duque Latorre y Sandra Milena Herrera presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y otros, con el fin de que se les declarara responsables por los daños causados a las mujeres recluidas en condiciones de hacinamiento en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad del Cunduy desde enero de 2012. Para tal efecto, precisaron que la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Declarar al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- […] responsable de los perjuicios causados a las integrantes del grupo representado, con ocasión del desconocimiento y vulneración de los derechos constitucionales tales como la vida, la salud la integridad personal y sobre todo la dignidad humana, como consecuencia del hacinamiento carcelario y malas condiciones generales de reclusión.
2. Como consecuencia de lo anterior […] ordenar al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- […] pagar a cada una de las integrantes del grupo representado el equivalente a CUARENTA (4) (sic) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LGALES (sic) VIGENTES, a titulo (sic) de indemnización por concepto de los perjuicios morales ya descritos arriba […]”.
[…]
“[…] 3. solicito ordenar al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC pagar a cada una de las integrants (sic) del grupo representado el equivalente a CUARENTA (40) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENES (sic), a título de indemnización por concepto de DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN.
4. solicito ordenar al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC pagar a cada una de las integrantes del grupo representado el equivalente a CUARENTA (40) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENES (sic), a título de indemnización por concepto de DAÑO A LA SALUD […]”.
Sentencia proferida el 4 de mayo de 2017 por el Tribunal Administrativo del Caquetá dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo identificado con el número único de radicación 180012333000201300216-00
El Tribunal Administrativo del Caquetá, resolvió:
“[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda […]”.
Como fundamento de su decisión, manifestó lo siguiente:
“[…] Así las cosas, en el presente caso, si bien la parte actora logró demostrar y la Sala constató vía jurisprudencial que pese a los reiterados pronunciamientos y ordenes (sic) emitidas por la Corte Constitucional, persiste la problemática del hacinamiento carcelario, situación que también aqueja al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad el Cunduy, pabellón de mujeres, lo cierto que no fue satisfecha la carga probatoria por la parte actora relacionada con la acreditación de los perjuicios reclamados, pues del cardumen probatorio que se allegó al plenario no se puede aseverar la ocurrencia de los mismos, como quiera (sic) que las pruebas testimoniales recepcionadas solo dan cuenta del hacinamiento carcelario que se percibe desde el exterior y que como fue advertido en líneas anteriores, es una problemática notoria a nivel de todo el país y de carácter estructural para el Estado; también se extrae de los testimonios, la descripción del lugar y la incomodidad que resulta tanto para la visita como para quien la recibe, el poco o insuficiente espacio físico, sin que hayan más elementos que rescatar.
Destaca la Sala, que la testigo, es la madre de una de las demandantes, por lo cual su testimonio fue tachado por sospechoso por el apoderado del Departamento Nacional de Planeación -DNP-,-razón (sic) está que conlleva a la Corporación a analizar su declaración con mayor rigurosidad. Expuso la señora GARCÍA SUAREZ (sic) que:
"Varias veces me ha llamado llorando, por las humillaciones hasta para recibir la comida ahí porque viven ahí incómodamente y esas mujeres, pues con la causa encima como dicen ellas, pues no consienten que otras se les monte por encima, tal vez de noche, para ir al baño pasan por encima de ellas y tienen los problemas. Varias veces le han rompido (sic) toda la ropa, me llama que le dañaron toda la ropa, que no tiene que ponerse porque ahí mantienen como perros bravos, ahí en esa situación que viven, entonces la situación allá es difícil.
Sin embargo, esta sola afirmación no cuenta con la potencialidad de probar ninguno de los perjuicios reclamados y menos aún los alegados por las demás accionantes, puesto que la testigo no tiene modo de conocer la forma de asimilar la situación que padecen las demás internas, toda vez que fue muy clara en afirmar que su visita giraba solo entorno a su hija, además considera la Sala, que sí (sic) bien, solo las personas que consiguen ingresar al Centro de Reclusión, puedan dar cuenta de lo que allá sucede, no puede pasar por alto, que el hecho que exista un grado de consanguinidad tan próximo entre la declarante y una de las demandantes, conlleva a que las cosas y situación se perciban con un poco más de melancolía y pesadumbre dejando atrás la objetividad que debe caracterizar esta clase de pruebas, para que puedan ser valoradas conforme las reglas de la sana crítica. Es por ello, que para la Corporación el relato efectuado por la señora GARCÍA SUAREZ (sic), tendiente a acreditar los perjuicios reclamados fue insipiente (sic) y en ocasiones subjetivo y en cuanto a la declaración del señor NORVEY GARCÍA SUAREZ (sic), aprecia la Sala que sus visitas al Centro Penitenciario fueron esporádicas, situación que permite inferir, de acuerdo a las máximas de la experiencia, que no cuenta con suficiente conocimiento como para admitir que pudo apreciar los perjuicios que se reclaman.
Aunado a lo anterior, tal como se advirtió en líneas anteriores, el perjuicio moral, es aquel dolor, angustia, aflicción y congoja que padece la victima (sic) directa y no sobra decir, que el hecho de estar privado de libertad, por sí solo, es una condición que inevitablemente puede conllevar a la persona que se encuentra en esta posición, a sentir este tipo de padecimientos y en caso de reclamarlos por vía de indemnización, le nace la obligación de acreditar que el mismo fue producto del daño antijurídico y no de su situación real, hecho que no fue evidenciado en estas diligencias.
Para la acreditación del daño a la salud, debió la parte actora centrar sus esfuerzos probatorios en demostrar que el hecho dañoso provocó una verdadera alteración a la vida y la forma como las víctimas se relacionaban en su entorno, luego de acaecido el daño, situación que no se vislumbra con el acervo probatorio, esto es, los dos (2) testimonios recaudados, como tampoco se demostró la ocurrencia de un perjuicio a la integridad psicofísica de las actoras.
Conforme con lo anterior, resulta evidente que la carga probatoria no ha sido satisfecha por la parte actora dentro del presente proceso, toda vez que las declaraciones recaudadas no bastan para acreditar sin lugar a equívocos los perjuicios reclamados en el sub lite, razón por la cual y bajo los anteriores argumentos se procederá a la denegación de las súplicas de la demanda […]”.
Sentencia proferida el 20 de noviembre de 2020 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo identificado con el número único de radicación 180012333000201300216-01
La parte resolutiva de la mencionada sentencia dispuso textualmente lo siguiente:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 4 de mayo de 2017 del Tribunal Administrativo de Caquetá.
SEGUNDO: DECLARAR LA RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL DERECHO, DEL INPEC Y LA USPEC por los daños a la dignidad e integridad causados por las condiciones inhumanas a (sic) que padecieron las mujeres que estuvieron recluidas en el pabellón femenino del EPCMS del Cunduy, en Florencia, Caquetá, en cualquier momento entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013.
TERCERO: CONDENAR AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL DERECHO, AL INPEC Y LA USPEC a indemnizar los perjuicios declarados en esta Sentencia a las demandantes y demás integrantes del grupo que se acojan a lo dispuesto en esta sentencia, según lo dispuesto en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO. Como consecuencia de la orden anterior, SE ORDENA AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL DERECHO, AL INPEC Y A LA USPEC ENTREGAR AL FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS, el equivalente a 18371 SMLMV dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta Sentencia. Con cargo a ese monto se pagarán las indemnizaciones de las integrantes del grupo, según lo indicado en esta Sentencia y respetando lo dispuesto en el artículo 65-3 de la Ley 472 de 1998.
QUINTO. SE ORDENA AL INPEC que dentro de los 5 días siguientes a la notificación de esta Sentencia, expida con destino al FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS, un certificado que acredite la fecha exacta de entrada y salida de la Cárcel de YANID PARRA LEITON. En el mismo término de tiempo debe ENTREGAR al mencionado FONDO un documento oficial con los nombres y documentos de identidad de todas las mujeres que estuvieron presas en el establecimiento entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013, indicando en cada caso, las fechas exactas (día, mes y año) de entrada y salida.
SEXTO: Una vez finalizado el pago de las indemnizaciones individuales, el FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DEVOLVERÁ el dinero sobrante a la entidad demandada, en cumplimiento de lo DISPUESTO en el artículo 65.3 de la Ley 472 de 1998.
SÉPTIMO: SE ORDENA al INPEC y USPEC la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en un diario de amplia circulación nacional, dentro del mes siguiente a su ejecutoria, con la prevención a todas las interesadas igualmente lesionadas por los mismos hechos y que no concurrieron al proceso, para que se presenten a la Defensoría del Pueblo – Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, o a la Defensoría de Florencia - Caquetá dentro de los 20 días siguientes a la publicación para acreditar su pertenencia al grupo.
OCTAVO: SE CONDENA en Costas al INPEC Y a la USPEC. La secretaría de la Sección las tasará, teniendo en cuenta las expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia. LIQUÍDENSE, además, los honorarios del abogado de las demandantes en una suma equivalente al 10% de la indemnización efectivamente obtenida por cada una de los (sic) integrantes del grupo que no hayan sido representadas judicialmente.
NOVENO: SE ORDENA AL INPEC coordinar con la Defensoría del Pueblo la intensificación de las brigadas jurídicas ordenadas por la Corte Constitucional en la Sentencia T- 762 de 2015. SE CONMINA A LA DEFENSORÍA a cumplir esta orden con celeridad para garantizar la efectiva intensificación de dichas brigadas. Se ordena a la Procuraduría hacer vigilancia especial de los procesos en que se solicite la activación de mecanismos en favor de la libertad o alternativas al cumplimiento de penas y medidas intramurales de las internas del cunduy.
DÉCIMO: SE ORDENA AL INPEC que desde la notificación de esta sentencia, cumpla con rigor la regla del equilibrio decreciente en el pabellón de mujeres del EPCMS del Cunduy, tal como fue diseñada por la Corte Constitucional.
DECIMOPRIMERO: COMPULSAR COPIAS A LA PROCURADURÍA para que, si lo considera oportuno, investigue lo de su competencia en relación con el manejo de datos sobre capacidad instalada e índices de hacinamiento entre enero de 2017 y mayo de 2018.
DECIMOSEGUNDO: INSTAR A LA PROCURADURÍA PARA QUE VIGILE el proceso de gestión de datos necesario para expedición de las certificaciones de que trata la orden QUINTA de esta Sentencia, así como la celeridad en la entrega de los documentos por parte del INPEC al FONDO.
DECIMOTERCERO: SE ORDENA AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, para que en ejercicio de sus competencias contribuyan a revertir los efectos actuales del populismo punitivo y del abuso de las medidas y penas privativas de la libertad que impacten específica y desproporcionadamente a las mujeres. En cumplimiento de esta decisión, SE RESPETARÁ la naturaleza residual de la privación de la libertad y se erradicará del ordenamiento jurídico toda desproporción de las penas sobre mujeres cuya resocialización es posible fuera de los muros de un penal. SE INSTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a hacer seguimiento de este proceso y a liderar espacios de discusión para asegurar su progreso.
DECIMOCUARTO: SE NIEGAN las demás pretensiones de la demanda […]”.
Frente a la configuración del daño, expuso que:
“[…] 21. La Sala entiende que para todas las afectadas, la causa del daño operó de manera uniforme. En los términos indicados por la Corte Constitucional, el hacinamiento fue la causa jurídica común de los daños padecidos por las internas, aunque implique múltiples omisiones de distintas entidades.
22. La Sala encuentra acreditado el hacinamiento en el pabellón de mujeres de la cárcel del Cunduy a partir de los testimonios y pruebas documentales que obran en el expediente. La Sala valoró los testimonios de la señora Flor María García y del señor Norvey García, que declararon sobre las condiciones en que viven las internas en el EPCMS del Cunduy. Los testimonios de estos familiares de una de las internas no fueron valorados por el Tribunal porque fueron objeto de tacha. Justamente, debido a su cercano parentesco con una de las demandantes, no son del todo ajenos al proceso. Sin embargo en el contexto de esta demanda por la violación de derechos de las internas del establecimiento carcelario, esta prueba adquiere un valor distinto al que tendría en cualquier otro contexto en que las víctimas estuvieran en libertad, y el Estado no tuviera el control de las condiciones de vida de quienes lo están demandando.
23. Las violaciones del derecho a la integridad de personas privadas de la libertad, generadas por el hacinamiento carcelario, se caracterizan por una limitación en los medios de prueba, que debe ser apreciada en el marco de la presión y temor que ellas padezcan, de la sujeción de la Administración sobre la persona en situación de detención y del consecuente control estatal sobre los medios de prueba referentes a las condiciones de detención. Estas tres circunstancias han justificado, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que la defensa del Estado no pueda basarse en la imposibilidad del demandante de allegar pruebas o en la deficiencia técnica de aquéllas que sí pudo aportar al proceso […]”.
[…]
“[…] 25. En consecuencia, no fue acertada la decisión del Tribunal de restar toda credibilidad a los testimonios de la señora María García y del señor Norvey García, pues la especial relación de sujeción de las internas frente a la administración penitenciaria, el control sobre las pruebas que ella ejerce de facto y el temor que puedan sentir las internas de documentar las violaciones de sus derechos, dificultaba, especialmente, la prueba de sus condiciones de vida, de los sucesos conflictivos y sus padecimientos constantes. Sólo los familiares y amigos que las visitaran, que estuvieran en condiciones de declarar y que no temieran represalias contra sus parientes, podían declarar sobre lo que ellas vivían dentro de la cárcel […]”.
[…]
“[…] 37. La Sala encuentra que el pabellón de mujeres del EPCMS del Cunduy condensa las características de una prisión hacinada que ha identificado la jurisprudencia de la Corte IDH. “Una cárcel sobrepoblada se caracteriza por un alojamiento antihigiénico y restringido, con falta de privacidad aun para realizar actividades básicas tales como el uso de las facilidades sanitarias; reducidas actividades fuera de la celda debido al número de internos que sobrepasan los servicios disponibles; servicios de salud sobrecargados; aumento de la tensión en el ambiente y por consiguiente más violencia entre los prisioneros y el personal penitenciario”.
38. En definitiva, está suficientemente acreditada la sobrepoblación extrema de la cárcel del Cunduy y las demás condiciones que vienen con ella, que hacen del hacinamiento un hecho complejo que ha servido de causa común de los daños por los que se ejerció esta acción de grupo […]”.
Igualmente, manifestó que:
“[…] 44. La Sala constata la existencia de estas condiciones en el pabellón de mujeres del Cunduy, y declarará que constituyen efectivamente un trato cruel, inhumano y degradante porque están presentes todos los componentes de esa categoría jurídica: la humillación o el sufrimiento de víctimas en situación de impotencia y la participación del Estado en la degradación de su integridad y dignidad. En efecto, (1) en una situación de impotencia, (2) el Estado ha omitido estructuralmente los deberes de garantía de los derechos no limitados (3) de las mujeres privadas de la libertad en la cárcel del Cunduy, y (4) las ha sometido a constantes condiciones humillantes (5) que violan efectivamente sus derechos a la integridad y dignidad. (6) La ausencia de intención deliberada y de una finalidad ilícita demostrada, impide a la Sala declarar la existencia de una tortura en este caso […]”.
[…]
“[…] 58. En definitiva, está acreditado que las internas sufrieron un daño cuyo contenido coincide con la afectación a su dignidad e integridad. Esta coincidencia no es extraña al derecho de la responsabilidad, que permite entender que el sacrificio ilegítimo de un derecho es una pérdida cuyos efectos deben ser reparados. Este caso se diferencia de otros en que también puedan resultar afectadas la dignidad o la integridad, como un accidente de tránsito o una falla médica. La lesión directa a los derechos a la dignidad e integridad, en este caso, involucró la separación estatal de sus obligaciones de respetarlos, protegerlos y garantizarlos, y activó instrumentos jurídicos propios de esos derechos fundamentales, que permitieron a la Sala conceptualizar el contenido mismo del daño, y del perjuicio […]”.
[…]
“[…] 61. Los daños que sufren las internas del EPCMS del Cunduy son consecuencia de varias omisiones estatales: la omisión en el cumplimiento de la obligación de abstenerse de limitar el ejercicio de los derechos fundamentales a la dignidad y la integridad; su omisión en el deber de asegurar el goce efectivo de todos los derechos que no sea objeto de limitación legítima, debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta de las internas; y la omisión en la obligación de asegurar para ellas todas las condiciones necesarias que permitan su efectiva resocialización.
62. Todas esas omisiones tienen un correlato en términos de limitación prohibida de derechos. El Estado ha cometido excesos en la restricción de derechos cuya intervención no es necesaria para el cumplimiento de la pena. En el Cunduy dichos excesos, como quedó acreditado, constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes que desconocen la obligación del Estado de someter su poder punitivo al respeto del principio de dignidad humana, tal como lo ha determinado la Ley 65 de 1993 y ha sido señalado reiteradamente en la jurisprudencia constitucional […]”.
[…]
“[…] 65. Los excesos en la restricción de derechos de las internas del Cunduy son parte del fundamento del estado de cosas inconstitucional (ECI) declarado por la Corte. Por razones obvias -explicadas extensamente por la Corte- no todo el ECI, desde luego, podría ser imputado al Ministerio de Justicia y el Derecho, al INPEC o a la USPEC exclusivamente. Sin embargo, como ya lo advirtió esta Corporación, debe evitarse que la responsabilidad estatal reclamada por las víctimas se diluya en la generalización propia del carácter sistémico de una falla estructural comprometida en un ECI. Siempre debe haber un centro de imputación frente al cual el asociado pueda reclamar por los perjuicios que el daño generó.
66. Según la jurisprudencia de esta Corporación, frente a un fallo sistémico del Estado como el que persiste en materia carcelaria, se entiende que el centro de imputación está en la entidad directamente responsable del deber legal o reglamentario que fue omitido o en ejercicio del cual se causó el daño. En este caso, esas entidades son el Ministerio de Justicia y del Derecho como órgano encargado de la dirección de la política criminal y penitenciaria del gobierno nacional, y del que dependen el INPEC y la USPEC, responsables directos de las condiciones físicas de las prisiones y la gestión de los servicios carcelarios. Estas tres entidades hacen parte del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario Según el artículo 16 del Decreto Ley 2897 de 2011 […]”.
[…]
“[…] 72. La Sala encuentra que al haber sido sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes, las internas del Cunduy padecieron serios daños en sus derechos a la dignidad e integridad, con consecuencias constatables en dos tipos de perjuicios inmateriales diferentes.
73. El primero de ellos es el moral, que corresponde a la valoración económica de la congoja, de la turbación del ánimo que, en este caso es la consecuencia lógica de la violación al derecho a la integridad moral de las internas del Cunduy.
74. El segundo puede enmarcarse en la categoría que se creó en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 pues su contenido coincide con el sacrificio del derecho a la dignidad de las internas de la cárcel del Cunduy, y debe ser reparado de acuerdo con las reglas unificadas por esta corporación en esa oportunidad, según las cuales, procede su reconocimiento y reparación porque está acreditado en el expediente y no podría ser indemnizado utilizando ninguna otra categoría reconocida en la jurisprudencia […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
Los actores solicitaron en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y a la IGUALDAD, de esta Agencia y de todas las entidades públicas representadas vulnerados con la actuación de la autoridad judicial accionada.
SEGUNDO: DEJAR sin efecto la sentencia del 20 de noviembre de 2020 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
TERCERO: ORDENAR a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado proferir nuevamente sentencia dentro de la acción de grupo No. 18001-23- 33-000-2013-00216-01(AG) teniendo en cuenta las pretensiones y hechos de la demanda, el alcance probatorio de las pruebas aportadas al proceso y el precedente del Consejo de Estado […]”.
Como fundamento de la solicitud de amparo indicaron que, a su juicio, la autoridad judicial demandada incurrió en los siguientes defectos:
Defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas. Al respecto, precisaron lo siguiente:
“[…] 2.2.1.1 Inadecuada valoración de los testimonios de la señora Flor María García Suarez y del señor Norvey García Suarez
A) Los testimonios de la señora Flor María García Suarez y del señor Norvey García Suarez, madre y tío de una de las accionantes, sirvieron como prueba para acreditar la situación de hacinamiento del establecimiento Carcelario El Cunduy […]”.
[…]
“[…] B) El testimonio de la señora Flor María García se tuvo como prueba del daño al derecho a la dignidad humana de las accionantes […]”
[…]
“[…] C) Los testimonios de la señora Flor María García Suarez y del señor Norvey García Suarez fueron el fundamento probatorio de los perjuicios reconocidos:
De acuerdo con lo anterior, la Subsección B del Consejo de Estado con las declaraciones de los señores de Flor María García Suarez y Norvey García Suarez, padre y tío de la accionante Linda Lorena Bañol García e interna en el Centro de Reclusión del Cunduy, tuvo por acreditado los siguientes hechos:
• La situación de hacinamiento carcelario de la cárcel el Cunduy.
• La situación particular de hacinamiento de todas las 37841 internas que estuvieron en el Cunduy en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013.
• La prueba del perjuicio moral y su intensidad de todas las 378 internas que estuvieron en el Cunduy en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013.
• La prueba del daño a la dignidad humana y su intensidad de todas las 378 internas que estuvieron en el Cunduy en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013.
Al respecto, lo primero que se debe advertir es que, aunque los testimonios que rinden los terceros que son cercanos a las partes del proceso pueden ser admitidos como prueba, su valoración debe hacerse con mayor rigurosidad. En la sentencia del 14 de julio de 2016, expediente 36932, la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó: “Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho, de manera reiterada, que los testimonios que resulten sospechosos no pueden despacharse de plano, sino que deben valorarse de manera más rigurosa, de cara a las demás pruebas obrantes en el expediente y a las circunstancias de cada caso, todo ello basado en la sana crítica, de manera que los que se rindieron en el presente proceso serán examinados con aplicación de los anteriores criterios” (negrita propia).
Ahora bien, al revisar los testimonios de los señores Flor María García Suarez y Norvey García Suarez ninguno de estos precisa la aflicción tristeza y dolor que padecieron todas las 372 internas pertenecientes al grupo por la situación de hacinamiento del penal El Cunduy durante el tiempo que se solicitó la reparar.
Igualmente, no se refieren a la situación particular de cada interna en el establecimiento El Cunduy para acreditar al (sic) daño a la dignidad humana.
Los testimonios de los señores García Suarez solo pueden dar prueba del perjuicio moral y del daño a la vida digna de la demandante Linda Lorena Bañol García por su cercanía con ella y porque sus visitas al establecimiento El Cunduy se dieron a ella.
Igualmente, no se puede olvidar que el señor Norvey García Suarez solo ha ido “unas tres o cuatro veces” al centro de reclusión, circunstancia que reafirma la pérdida de fuerza probatoria del testimonio para acreditar los perjuicios inmateriales de las accionantes […]”.
[…]
“[…] Igualmente, aun cuando los señores García Suarez declararon acerca de la situación de la cárcel El Cunduy, no se puede a partir de estas afirmaciones determinar la situación de todas las internas frente a la situación de hacinamiento y que esta haya sido asimilada de la misma forma y con la misma intensidad.
En ese sentido, al no estar acreditada la situación particular de hacinamiento de las internas del Cunduy, no había lugar a reconocer los perjuicios morales y el daño a la vida digna en la sentencia en la suma de 18371 SMLMV, esto es, 16 mil millones de pesos ($16.690.531.146) […]”.
[…]
“[…] Ahora bien, es importante anotar que en la sentencia se tuvieron como pruebas para acreditar el hacinamiento el informe del Personero municipal de Florencia y su declaración. Al respecto, se debe precisar que el informe y la declaración se hicieron con base en la visita que realiza al establecimiento el 10 de abril de 2013, es decir, solo un día, y solo da cuenta de la situación de hacinamiento y no de los perjuicios causados a las accionantes […]”.
Defecto procedimental absoluto. Frente a dicho defecto, explicaron que:
“[…] El artículo 65 de la Ley 472 de 2011, ley que regula el trámite de las acciones de grupo, señala que “La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil”, razón por la cual la sentencia debe cumplir con el principio de congruencia regulado en el artículo 281 del Código General del Proceso, que estipula que debe sujetarse a los hechos y pretensiones de la demanda y no puede condenarse al demandado por una cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda […]”.
[…]
“[…] En consecuencia, se desconoció el principio de congruencia en la sentencia del 20 de noviembre de 2020 al reconocerse y liquidarse perjuicios entre el 22 de mayo de 2013 y el 14 de junio de 2013, los cuales no fueron solicitados en la demanda.
El principio de congruencia es una garantía del derecho de defensa y debido proceso porque les garantiza a las partes que el juez decidirá el proceso de acuerdo con los hechos y pretensiones de la demanda. Así mismo, para la parte demandada implica que debe ejercer su defensa sobre estos aspectos, por esta razón si en la sentencia se condena sobre periodos superiores a los solicitados se viola este derecho fundamental […]”.
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente. Al respecto, afirmaron lo siguiente:
“[…] - Sentencia de unificación del 24 de agosto de 2014, expediente 32.988
En la sentencia de unificación del 24 de agosto de 2014, expediente 32.988, la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó el concepto del perjuicio inmaterial del daño a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, el cual es un perjuicio autónomo que se origina cuando se afecta de menara (sic) relevante derechos o bienes constitucionales o convencionales […]”.
[…]
“[…] En la sentencia del 20 de noviembre de 2020 el daño a la dignidad humana o a los bienes constitucional y convencionalmente protegidos se reparó mediante el reconocimiento de una indemnización de hasta 40 SMLMV, sin embargo, no se tuvo en cuenta la regla de derecho fijada en la sentencia de unificación para reconocer este perjuicio, esto es que efectivamente se haya probado el daño relevante al derecho constitucional a la dignidad humana y su intensidad, pues como se indicó en el acápite del defecto fáctico, las pruebas practicadas no dan cuenta de la ocurrencia del daño a la dignidad humana de las accionantes.
Igualmente, en el evento en que se considere que causó este daño, se debió haber priorizado las medidas de reparación no pecuniarias que ya fueron concedidas en la sentencia T-762 de 2015 por parte de la Corte Constitucional y por ende considerar reparado el mencionado perjuicio.
• Sentencia del 3 de octubre de 2019
En la sentencia del 3 de octubre de 2019 la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado decidió la acción de grupo que presentaron los internos del establecimiento carcelario La Vega de Sincelejo para reclamar los perjuicios causados por el hacinamiento carcelario que se vivía en este lugar desde el 31 de enero de 2012. En la providencia se declaró la responsabilidad del INPEC, sin embargo, no se reconocieron perjuicios a favor de los demandantes dado que no fueron probados.
Concretamente respecto al daño a bienes constitucional y convencionalmente protegidos se indicó que no había lugar a decretar medidas de reparación pecuniarias para reparar los daños a bienes constitucional y convencionalmente protegidos dado que la Corte Constitucional (T-762 de 2015) y la Sección Cuarta del Consejo de Estado (fallo de 2 de junio de 2016, radicación 70001-23-33-000- 2016-00057-01) mediante sentencias de tutela habían decretado medidas para superar el estado de cosas inconstitucionales generado por la situación de hacinamiento, la cuales tienen por objeto garantizar el derecho a la dignidad humana de los internos del establecimiento de Sincelejo (La Vega), además porque no se demostró un estado de indolencia e indiferencia del Estado para superar el estado de cosas inconstitucionales […]”.
[…]
“[…] La regla de derecho establecida en este precedente era aplicable a la resolución de la acción de grupo de las internas de El Cunduy dado que i) en la demanda se solicitó declarar la responsabilidad del Estado por la situación de hacinamiento carcelario en el penal entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013, y ii) se solicitaron daños a bienes constitucional y convencionalmente protegidos por vulneración del derecho a la dignidad humana, pero a pesar de esto, en la sentencia del 20 de noviembre de 2020 se reconocieron medidas de reparación pecuniarias de hasta 40 SMLMV para cada interna por daño a la dignidad humana […]”.
[…]
“[…] No obstante, en la providencia no se verificó, como se hizo en la sentencia del 3 de octubre de 2019, que la Corte Constitucional en la sentencia T-762 de 2015 decretó órdenes para remediar la situación de hacinamiento carcelario en los establecimientos carcelarios, incluido El Cunduy, en materia de alimentación, espacio, sanidad y adecuación sanitaria […]”.
[…]
“[…] Con lo anterior, es evidente que existen medidas reconocidas a favor de las internas del Cunduy que tienen por objeto superar el estado de hacinamiento carcelario y que se enfocan en mejorar sus condiciones de vida, por esta razón, no había lugar a reconocer medidas pecuniarias para reparar los daños a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, como se hizo en la sentencia del 3 de octubre de 2019 […]”. (Resaltado del texto original)
Actuación
El Despacho sustanciador, mediante auto de 28 de junio de 2021; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado; iii) vinculó al Tribunal Administrativo del Caquetá, al Departamento Nacional de Planeación – DNP, a la Defensoría del Pueblo - Regional del Caquetá, a la Procuraduría General de la Nación, y a Linda Lorena Bañol García, Norma Constanza Valencia, Aura María Rodríguez García, Olga Patricia Cabreara, Sormelida Gutiérrez, Nury Morales Bolaños, Yanid Parra Leiton, Miriam Avendaño Quintero, Luz Marina Romero Hernández, Rocío Duque Latorre y Sandra Milena Herrara Ropain y a los demás integrantes del grupo, parte demandante en el medio de control identificado con el número único de radicación 180012333000201300216-01, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular; y iv) ordenó que, a través de la Secretaría General de esta Corporación, se publicara el contenido de dicha providencia en la página web del Consejo de Estado.
Intervenciones de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó estar presta a atender lo que dispusiera la Sala en el trámite constitucional. Igualmente, advirtió que la providencia y el expediente de la acción de grupo objeto de debate contienen los argumentos y elementos necesarios para que el juez de tutela profiera una decisión.
La Procuraduría General de la Nación indicó que no está legitimada en la causa por pasiva frente a las pretensiones invocadas por los actores y, adicionalmente, expresó que “[…] es su deber acatar y obedecer las decisiones que todos y cada uno de los jueces profieran dentro de los límites de sus competencias, sin poder entrar a pronunciarse respecto de la presunta violación de derechos fundamentales de la accionante por parte de autoridades jurisdiccionales en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales […]”.
La Defensoría del Pueblo Regional del Caquetá solicitó negar la acción de tutela, toda vez que, a su juicio, la providencia cuestionada no desconoció ni vulneró los derechos fundamentales de la parte actora.
Al respecto, informó que:
“[…] Frente a lo anterior manifiesto que, conforme con el expediente correspondiente a la acción de grupo, de las pruebas recaudadas resulta evidente la situación infrahumana e indignante en que tuvieron recluidas a las mujeres del pabellón de la cárcel El Cunduy. Situación que fue advertida, incluso, por la Personería del Municipio de Florencia en visita realizada al penal, así como también de los testimonios practicados en el proceso. En estos eventos el principio general del derecho “res ipsa locuitor” (sic) permiten al juez encontrar acreditados hechos cuando estos saltan a la vista, cuando son fácilmente perceptibles sin realizar mayores esfuerzos.
Entonces, no es cierto lo afirmado por el demandante constitucional, pues, el daño moral y la vulneración del derecho al trato digno, en especial de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad, está fielmente acreditado en el expediente de la acción de grupo. En cuanto a la intensidad del daño causado con el estado de hacinamiento a que fueron sometidas las mujeres demandantes en la acción de grupo, hay que recordar que en estos eventos el juez contencioso en ejercicio del análisis crítico y en conjunto de las pruebas recaudadas, teniendo en cuenta, incluso, las reglas de la experiencia, está en condiciones de establecer la intensidad del daño moral, lo cual le sirve de referencia para establecer, según el arbitrio judicis (sic), la cuantía de la indemnización del perjuicio.
Respecto al desconocimiento de la sentencia de unificación del 24 de agosto de 2014 y de la sentencia del 3 de octubre de 2019, ambas de la sección tercera del Consejo de Estado, la Defensoría del Pueblo Regional Caquetá no advierte tal situación omisiva, pues, por el contrario, en la sentencia de segunda instancia del 20 de noviembre de 2020 el Consejo de Estado realiza un análisis minucioso de la afectación de los derechos de las mujeres privadas de la libertad, encontrando que se trata de un estado de cosas inconstitucional generador de daños que a la luz del artículo 90 de la Constitución Política deben ser indemnizados, máxime cuando tales derechos encuentran respaldo en la normatividad interna y en tratados sobre derechos humanos de los cuales hace parte el Estado colombiano.
Además, no hay que olvidar que las sentencias de unificación jurisprudencial no son una camisa de fuerza para los jueces, pues, de ser esto así, significaría desconocer la naturaleza dinámica del derecho. Hay que recordar que el juez contencioso puede apartarse de la línea jurisprudencial establecida, siempre y cuando argumente las razones que lo lleven a tal decisión.
Respecto al desconocimiento de las ordenes (sic) contenidas en la sentencia T762 (sic) de 2015, manifiesto que estas corresponden a decisiones adoptadas en sentencia de tutela que tienen por objeto conjurar el estado de cosas inconstitucional a que tenía sometidas a las mujeres privadas de la libertad de la cárcel El Cunduy; y, que el objeto de la acción de grupo, como ya lo referí con anterioridad, es la de lograr el reconocimiento y pago de un daño antijurídico causado a un grupo […]”.
Asimismo, frente al defecto fáctico alegado por la parte actora, señaló que:
“[…] advierto que el actor no expone de manera razonadas los argumentos que permitan encontrar por acreditado dicho defecto, pues, por el contrario, lo que hace es reivindicar los argumentos del Consejo de Estado para encontrar acreditado los elementos del juicio de responsabilidad mediante el cual declaró la responsabilidad de los demandados y la consecuente reparación integral de los daños y perjuicios. Las decisiones adoptadas por el Consejo de Estado en la sentencia del 20 de noviembre de 2020 encuentran sustento en el análisis crítico de todas las pruebas recaudadas en el proceso, las cuales se corrió traslado a las demandadas quienes guardaron silencio, sin objetarlas y tacharlas, razón por la cual, no pueden ahora las demandantes constitucionales alegar la violación del derecho al debido proceso cuando en el curso del proceso no hicieron uso de los recursos y medios de defensa que tenían a su alcance […]”.
Igualmente, frente al defecto procedimental absoluto, manifestó que:
“[…] es menester precisar que los daños que pueden dar origen a la declaración de responsabilidad del Estado pueden concretarse en un solo evento o de manera continuada, siendo este último evento el que ocurrió con ocasión del hacinamiento sufrido por las mujeres privadas de la libertad en la cárcel El Cunduy. No hay que olvidar que la verdad procesal que se estableció fue aquella en virtud de la cual se logró determinar con precisión el periodo de hacinamiento que afectó a las mujeres privadas de la libertad de la cárcel El Cunduy, esto es, el comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013, razón por la cual, la indemnización de perjuicios debe comprender los daños y perjuicios causados hasta el 14 de junio de 2013, sin que esto afecte el principio de congruencia de la sentencia. […]”.
Finalmente, sostuvo que:
“[…] Refiere el actor constitucional que la sentencia del 20 de noviembre de 2020 está afectada por cuanto se desconoció el precedente jurisprudencial establecido con la sentencia de unificación del 24 de agosto de 2014, exp. 32.988. En sustento refiere que el Consejo de Estado debió haber negado la reparación de este perjuicio por vulneración de bienes y derechos constitucional y convencionalmente protegidos por cuanto no están acreditados en el proceso, y que en caso de darse por acreditado debió haberse dado prioridad a medidas de reparación no pecuniarias que fueron reconocidas por la Corte Constitución en la sentencia T-762 de 2015 y tener por reparado el daño.
El anterior planteamiento resulta ambiguo, pues, por un lado, la violación o vulneración del derecho a la dignidad fue efectivamente acreditado en el proceso, razón por la cual debe ser reparado; y, por el otro, no entiendo cómo una sentencia de tutela (T-762 de 2015) que es posterior a los hechos (1 de enero de 2012 – 14 de junio de 2013) puede reparar perjuicios que fueron causados en el pasado. No hay que olvidar que el objeto de la acción de grupo es muy diferente a la de la acción de tutela.
En cuanto al desconocimiento de la sentencia del 3 de octubre de 2019 alegado por el actor, advierto que dicha providencia decidió sobre unos hechos completamente diferentes a los expuestos en la acción de grupo decidida con la sentencia del 20 de noviembre de 2020. En consecuencia, no puede constituir la regla para la decisión de la acción de grupo, regla que además es aislada […]”.
Las señoras Lina Fernanda Cabrera Segura, Yanid Parra Leyton y Linda Lorena García Suárez solicitaron negar la acción de tutela, toda vez que, a su juicio, no se configuró una situación arbitraria, ostensible, flagrante, grosera o caprichosa por parte de la autoridad judicial demandada, por lo tanto, al no acreditarse la afectación de los derechos fundamentales invocados, deben privilegiarse los principios de independencia y autonomía judicial.
Asimismo, indicaron que la parte actora no agotó el recurso extraordinario de revisión frente a la presunta vulneración del principio de congruencia de la sentencia acusada, por consiguiente, debe declararse la improcedencia de la solicitud de tutela.
Al respecto, adujeron que:
“[…] conviene aclarar que no le asiste razón a la parte actora cuando indica que en la demanda se reclamaron perjuicios hasta el 21 de mayo de 2013, pues lo cierto es que el hecho cuarto de la demanda, solo da una información, pero las pretensiones fueron dirigidas a obtener una indemnización para las mujeres que permanecieron recluidas en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad El Cunduy de Florencia, en condiciones de hacinamiento carcelario, a partir de enero de 2012.
Justamente por ello, en la sentencia quedó dicho que “En la demanda se indicó que el criterio temporal para identificar al grupo era “desde enero de 2012”, por lo que se reconoce que el tiempo de reclusión indemnizable va desde el 1 de enero de 2012 hasta 14 de junio de 2013, fecha en que se presentó la demanda y hasta la que se tiene certeza del daño y de los perjuicios.”
Y si en gracia de discusión se admitiere la posición de la parte actora, ha de considerarse que el principio de congruencia, cede ante frente a la protección de cualquier derecho fundamental que se advierta vulnerado, como ocurrió en el caso bajo estudio, con la dignidad humana e integridad personal. […]”.
De igual forma, manifestaron que, frente al defecto fáctico alegado, se advierte en realidad una inconformidad por resultar la decisión adversa a los intereses de la parte actora y no verdaderas irregularidades en la apreciación del material probatorio.
En ese orden de ideas, expresaron que:
“[…] Aunque así lo alegue la parte actora, el hacinamiento carcelario, los daños y los perjuicios no fueron acreditados únicamente con los testimonios de los señores Flor María García Suarez y Norvey García Suarez, o el informe y declaración del Personero Municipal de Florencia, sino también con los certificados de los niveles de ocupación del patio de mujeres, el reconocimiento que en tal sentido se realizó por parte del INPEC en la contestación de demanda (por ejemplo, que la reclusión de mujeres del Cunduy presentaba un alto grado de hacinamiento), la información de la demanda no negada o refutada en la contestación, lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia T-762 de 2015, los informes semestrales de seguimiento al estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario, e incluso la información oficial publicada por el INPEC.
Con relación a la advertencia sobre la mayor rigurosidad que exige la valoración de la declaración de terceros cercanos a las partes, es importante resaltar que el operador judicial no desconoció dicha regla, sino que por lo contrario, en el marco del respeto y garantía que impone la Convención Americana de Derechos Humanos, con apoyo de la jurisprudencia y la doctrina regional, explicó de manera razonable, que debido a las limitación en los medios de prueba de personas privadas de la libertad, a efectos de restablecer la igualdad en el proceso, acudió a la equidad para dar credibilidad a los aportados […]”.
[…]
“[…] la valoración no fue caprichosa sino que explicó detalladamente las razones por las que ofreció credibilidad, entre las que se encuentra la claridad, suficiencia y coincidencia con otros medios de prueba, como el informe rendido por el Personero Municipal, las fotos que respaldaron los hallazgos y su testimonio, que por cierto, fue rendida con posterioridad a la visita que realizó el 10 de abril de 2013 al establecimiento carcelario y sostuvo que el hacinamiento continuaba y había crecido en los meses anteriores a su declaración. De modo que se desvirtúa el argumento con el que la parte actora pretende restarle valor probatorio al informe, al destacar que la visita fue realizada solo un día; pues en su rol de Ministerio Público, pudo evidenciar que esa situación perduró en el tiempo.
Así mismo, sirvieron como respaldo probatorio del hacinamiento, los certificados de los niveles de ocupación del patio de mujeres y el reconocimiento que en tal sentido se realizó por parte del INPEC en la contestación de demanda. Además, se apoyó en lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia T-762 de 2015. Con todo, no se requería un esfuerzo mayúsculo para inferir, en términos de la Sala, el “desequilibrio extremo entre camas e internas”
En cuanto a las condiciones del establecimiento carcelario, baste precisar que además de las declaraciones de terceros, el informe del Personero Municipal, se tuvo en cuenta la aceptación tácita de la descripción realizada en la demanda, cuya veracidad no fue negada por las demandadas. También, sirvió el séptimo informe semestral de seguimiento al estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario, de 9 de diciembre de 2019, según el cual, uno de los contratos celebrados fue el CT 226-2019 cuyo objeto era el mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del EPMSC Florencia (Cunduy), sin que se hubiera reportado su ampliación ni reformas para la creación de nuevos espacios o cupos. Igualmente, la sentencia refirió que en el primer informe consta que no se han hecho intervenciones de mantenimiento, ni en relación con las baterías sanitarias, los centros de acopio y las visitas íntimas.
Frente a la prueba el (sic) daño a la dignidad humana y su intensidad, vale la pena destacar que no resultó de la arbitrariedad o capricho del fallador, sino de un juicioso ejercicio intelectual. Se apoyó en los estándares de la Corte Constitucional, la Corte IDH, el CTP y los de Naciones Unidas, para analizar el tipo de violencia basada en el género por los efectos que sólo pueden padecer las mujeres. Bajo la óptica de un pensamiento lógico y racional, apeló a una fórmula que permite calcular objetivamente la intensidad del perjuicio en función del tiempo y la densidad poblacional, sin que ello implique la afectación a derechos fundamentales de las partes o desconocimiento de las reglas jurisprudenciales vigentes.
Con ocasión del reclamo de la parte actora, según el cual “aun cuando los señores García Suarez declararon acerca de la situación de la cárcel El Cunduy, no se puede a partir de estas afirmaciones determinar la situación de todas las internas frente a la situación de hacinamiento y que esta haya sido asimilada de la misma forma y con la misma intensidad” vale la pena reflexionar: si el sometimiento a vivir en un mínimo espacio de 2.1 metros totales disponibles, sin renovación del aire, rodeadas de humedad e insectos, sumergidas en hedores, sin áreas comunes, y con apenas dos baterías sanitarias ruinosas y sin puertas, sin derecho a la intimidad, no es suficiente para inferir conforme a las reglas de la experiencia y sana crítica, un trato cruel, inhumano y degradante, que comporta daño a la dignidad humana y perjuicio moral, sería fútil afirmar la existencia de Estado Social de Derecho en Colombia, máxime si se tiene en cuenta que el artículo 1.1. de la Convención establece la obligación a cargo de los Estados, de garantizar los derechos y libertades reconocidos en el mismo instrumento […]”.
[…]
“[…] Ahora, lo absurdo y caprichoso sería pretender que se acredite de manera individual la aflicción, tristeza, dolor y en resumen, la situación particular en una acción en la que se permite la integración del grupo de personas afectadas, incluso con posterioridad a la sentencia, máxime si se tiene en cuenta la condición de especial sujeción de las afectadas, por el hecho de la privación de su libertad. Entonces se trata solo de acreditar que un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas, como ocurrió en el caso concreto: se acreditó en debida forma que un perjuicio sufrido por el grupo de víctimas demandantes, que es uniforme para todos sus miembros; todas se encontraban en las mismas circunstancias de la vulneración de los mismos derechos fundamentales […]”.
[…]
“[…] Corolario de lo anterior, la decisión contenida la sentencia acusada atiende a criterios de objetividad, legalidad, racionalidad, motivación y claramente denota un análisis probatorio juicioso, integral, razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica, sin que dicha valoración fuera arbitraria, abusiva o irracional, por consiguiente, el juez de tutela debe privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial […]”.
Reiteraron que la sentencia cuestionada no adolece del defecto fáctico, por cuanto, esta se encuentra debidamente justificada y cumple con la adopción de mecanismos para conservar criterios diferenciadores como la identidad sexual y el enfoque de género.
Por último, mencionaron que:
“[…] es importante llamar la atención para decir que ambas decisiones, la acusada y la que se invoca como precedente, son de la misma Sección Tercera del Consejo de Estado. Por ello, el Despacho Judicial accionado explicó ampliamente y con absoluta propiedad, conocimiento, claridad y objetividad, las razones por las que ordenó medidas indemnizatorias para reparar los perjuicios, como también, reiteró algunas de las medidas para la garantía del derecho a la no repetición ordenadas por la Corte Constitucional en su sentencia T-762 de 2015 […]”.
El Tribunal Administrativo del Caquetá, el Departamento Nacional de Planeación – DNP, Norma Constanza Valencia, Aura María Rodríguez García, Olga Patricia Cabreara, Sormelida Gutiérrez, Nury Morales Bolaños, Miriam Avendaño Quintero, Luz Marina Romero Hernández, Rocío Duque Latorre, Sandra Milena Herrara Ropain y otros de los integrantes del grupo, parte demandante en el medio de control identificado con el número único de radicación 180012333000201300216-01, guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la sala
Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 2021 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.
Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.
De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.
La Sala advierte que la Procuraduría General de la Nación indicó que no está legitimada en la causa por pasiva frente a las pretensiones invocadas por los actores.
Al respecto, la Sala advierte que la Procuraduría General de la Nación se le vinculó como tercero con interés, en la medida en que, se advirtió que correspondía a una de las autoridades a las cuales la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado le dio una serie de órdenes dentro de la parte resolutiva de la sentencia de 20 de noviembre de 2020.
En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Procuraduría General de la Nación le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.
En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la Procuraduría General de la Nación.
Problemas jurídicos
En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y de ser así, iii) determinar si la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 20 de noviembre de 2020, dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo identificado con el número único de radicación 180012333000201300216-01, vulneró los derechos fundamentales invocados por los actores, al incurrir en un defecto fáctico, en un defecto procedimental absoluto y en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
Para resolver el anterior problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto fáctico; v) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso, vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; viii) análisis del caso concreto, y finalmente las ix) conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales
Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.
En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, así:
35.1. Frente al requisito de relevancia constitucional, la Sala advierte que:
35.1.1. En lo que concierne al desconocimiento de la “[…] Sentencia de unificación del 24 de agosto de 2014, expediente 32.988 […]”, para la Sala los actores no cumplieron con la carga argumentativa mínima para estructurar el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que no indicaron específicamente cuales fueron las i) reglas y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las providencias que mencionaron en su escrito de tutela, y mucho menos argumentaron que las ii) situaciones fácticas y los iii) problemas jurídicos en ambos casos eran análogos o similares.
35.1.1.1. En ese orden de ideas, para la acreditación del requisito de relevancia constitucional respecto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, no basta con citar de manera genérica la jurisprudencia del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional, sino que por el contrario, los actores tienen la carga argumentativa de señalar en su escrito de tutela el cumplimiento de los elementos que permiten configurar la existencia de un precedente judicial, esto es, i) que en la ratio decidendi de las sentencias invocadas por los actores en su escrito de tutela se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.
35.1.1.2. Esta Sección con ponencia del Consejero de Estado doctor Roberto Augusto Serrato Valdés en sentencia reciente al resolver un caso en donde los actores habían considerado que la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia SU-072 de 2018, consideró que no se había acreditado el requisito de la relevancia constitucional por falta de carga argumentativa, al considerar lo siguiente:
“[…] FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
Los accionantes, a través de apoderada judicial, impugnaron la decisión de primera instancia acusándola de desconocer los artículos 1º, 2º, 6º, 13, 28, 29, 32, 42, 83, 93, 94, 228, 229 y 230 de la Constitución Política; la Convención Americana de Derechos Humanos, y distintas sentencias proferidas por el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.
En desarrollo del escrito de impugnación los accionantes expresaron su inconformidad con el ejercicio de la función investigativa que desarrolló la Fiscalía General de la Nación y la jurisdicción ordinaria, especialidad penal, cuando privaron de la libertad al señor Morales Álape. Específicamente reprocharon que no se hubiesen percatado de que el procesado residía en el municipio de La Dorada (Caldas).
Aunado a lo anterior, expusieron la importancia y el alcance del derecho a la libertad de que se garantiza en la Constitución Política y en distintos instrumentos jurídicos internacionales.
Seguidamente abordaron los elementos de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. En desarrollo de este argumento señalaron que «ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se dé con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado».
Igualmente, expresaron su inconformidad con el sistema penal colombiano. Especialmente centraron su crítica en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004 y los presupuestos que esta norma prevé para que la justicia penal ordene la detención preventiva de un ciudadano que es objeto de una investigación.
Por último, elaboraron un resumen de las intervenciones de las entidades accionadas y vinculadas en la presente acción de tutela y concluyeron que se desconoció el precedente contenido en la sentencia SU – 072 de 2018 sin indicar las razones por las cuales inferían tal conclusión […]”. (Resaltado por la Sala).
[…]
“[…] Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala encuentra que la apoderada judicial de los accionantes, al impugnar la decisión del a quo, no realizó una exposición concreta, específica, clara y coherente acerca del motivo por el cual consideraba que la sentencia de primera instancia fue desacertada al declarar la falta de relevancia constitucional y negar la solicitud de amparo respecto del defecto fáctico.
Por el contrario, lo que se percibe del escrito de impugnación es un conjunto de insatisfacciones de la apoderada judicial de la parte accionante con el ordenamiento jurídico nacional. Específicamente con el ordenamiento penal y con las reglas de procedencia de la medida preventiva de privación de la libertad.
Así las cosas, para la Sala de Decisión no es posible abordar el estudio de fondo del escrito de impugnación por las serias deficiencias argumentativas que contiene el mismo, lo que impide que esta Sección pueda evaluar si, en efecto, se incurrió en alguno de las causales específicas de procedencia de la acción de tutela resaltándose que el extremo accionante estuvo en todo momento representado por una profesional del derecho. Por tal motivo, se deberá confirmar la sentencia impugnada […]”. (Resaltado por la Sala).
35.1.1.3. Además, la Sala debe hacer énfasis, en que la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha sostenido que cuando se trate de acciones de tutela presentadas contra una Alta Corte como lo es el Consejo de Estado, el análisis del cumplimiento del requisito general de la relevancia constitucional debe ser más estricto. En ese orden de ideas, consideró que:
“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en el ejercicio del poder público”, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico”. Por tanto, en el evento en que se cuestione una sentencia dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional debe ser más estricto que el que pudiera hacerse en los demás eventos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales […]”. (Resaltado por la Sala).
35.1.1.4. De igual manera, la Corte Constitucional frente al tema ha dicho:
“[…] En relación con la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha fijado mayores restricciones, pues dichos organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones.
En términos de la sentencia SU-917 de 2010: “la tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.
3.7. De acuerdo con lo anterior, para determinar la procedencia de la acción de tutela contra una providencia judicial proferida por una alta Corporación, el juez constitucional deberá verificar la concurrencia de tres presupuestos: (i) el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad, (ii) la existencia de una o varias de las causales genéricas establecidas por la Corporación para hacer procedente el amparo material y, (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional […]”. (Resaltado por la Sala).
35.1.2. Ahora bien, en que se refiere al defecto fáctico, al defecto procedimental absoluto y al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente establecido en la “[…] sentencia del 3 de octubre de 2019 de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado […]”, para la Sala es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de los actores al debido proceso y a la igualdad.
35.1.2.1. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de los derechos fundamentales invocados supra, y además, ii) los actores cumplieron con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, en un defecto procedimental absoluto y en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente establecido en la “[…] sentencia del 3 de octubre de 2019 de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado […]”.
35.1.2.2. Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, en el escenario del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica de los actores, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales.
Cumplió con el principio de inmediatez, toda vez que la sentencia de 20 de noviembre de 2020 se notificó por estado el 23 de noviembre de 2020 y el 4 de diciembre de 2020 se decidió la solicitud de aclaración de la sentencia presentada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, providencia que se notificó por estado el 22 de enero de 2021; mientras que la acción de tutela se presentó el 18 de junio de 2021, es decir, se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificado el auto de 4 de diciembre de 2020.
Ahora bien, debe preguntarse la Sala si en el presente caso se cumple o no con el requisito de subsidiariedad dentro del marco de la acción de tutela en relación con el defecto procedimental absoluto por el desconocimiento del principio de congruencia que alegaron los actores.
Uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para controvertir la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en presencia de un perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto que dichos mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los derechos fundamentales.
Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:
“[…] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 2009 precisó al menos cuatro razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez que recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia. Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega el principio de especialidad de la jurisdicción. Adicionalmente, cuando se promueve el amparo de manera complementaria a los procesos judiciales ordinarios, la decisión del juez constitucional –que por la naturaleza de la acción de tutela tendrá que adoptar una decisión en menor tiempo- puede terminar imponiendo interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del proceso.
En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.
Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle.
Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales, cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad jurídica.”
7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa judicial y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del requisito de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i) el juez natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial; y iii) la protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.
En ese orden de ideas, quien interponga una acción de tutela contra providencias judiciales, debe agotar previamente todos los recursos ordinarios y extraordinarios.
En el presente caso, se advierte que los actores indicaron que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto procedimental absoluto, toda vez que “[…] se desconoció el principio de congruencia en la sentencia del 20 de noviembre de 2020 al reconocerse y liquidarse perjuicios entre el 22 de mayo de 2013 y el 14 de junio de 2013, los cuales no fueron solicitados en la demanda […]”.
Al respecto, la Sala advierte que, frente a dicho reparo, la acción de tutela no cumple con el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad, toda vez que, frente a la presunta vulneración del principio de congruencia de la sentencia acusada, los actores cuentan con otro medio de defensa judicial para controvertir la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que es el recurso extraordinario de revisión.
En efecto, esta Sección al resolver un asunto en el que se discutía el desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia, señaló:
“[…] En efecto de acuerdo con la decisión adoptada por la Sala 22 Especial de Revisión de esta Corporación, y acogida por esta Corporación en posteriores providencias, el desconocimiento del principio de congruencia da lugar a la nulidad originada en la sentencia, situación que se encuentra prevista como una de las causales que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, en los términos del numeral 5º del artículo 250 del CPACA.
Señala la providencia en mención lo siguiente:
“[…] 2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de la sentencia
Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los límites impuestos en la causa petendi.
Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica una actuación sin competencia […]”.
[…]
“[…] En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar […]”
En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, con fundamento en la jurisprudencia citada supra, existían en el caso sub examine otros mecanismos de control judicial para garantizar la protección de los derechos de la parte actora, como lo es el recurso extraordinario de revisión, previo al cumplimiento de los requisitos legales, para controvertir lo decidido en la sentencia, respecto de la presunta vulneración del principio de congruencia, antes de acudir a la acción de tutela. Por consiguiente, la Sala declarará la improcedencia de la tutela frente a este defecto como se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
Estudio del perjuicio irremediable
Ahora bien, debe preguntarse la Sala si en el presente caso se configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable[…]”.
Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. Del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que los actores se encuentren en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.
Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que en el presente caso no se cumplió con uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, dado que los actores debieron acudir al recurso extraordinario de revisión.
Los actores identificaron los hechos y los derechos cuya vulneración alega.
No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Defecto fáctico -reiteración jurisprudencial-
Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de procedibilidad por defecto fáctico:
“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia ha determinado que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.
El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez;” mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución.”[…]”.
En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del acervo probatorio.
Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial y que, con fundamento en los principios constitucionales de independencia y autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la valoración de las pruebas. La Corte dijo:
“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto puede lesionar derechos fundamentales […]”.
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la extensión de la jurisprudencia.
Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 2001; C-816 de 2011; C-179 de 2016; y T-102 de 2014.
En relación con esta causal, la Corte Constitucional” ha desarrollado, ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.
Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).
Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.
Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.
Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo los órganos de cierre como lo son: la i) Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado y iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio decidendi resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Análisis del caso concreto
Los actores presentaron solicitud de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 20 de noviembre de 2020, dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo identificado con el número único de radicación 180012333000201300216-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por los actores en su respectivo escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentran los siguientes documentos:
Copia digital del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo identificado con el número único de radicación 180012333000201300216-01.
Solución del caso concreto
Análisis del presunto defecto fáctico
Los actores señalaron que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico, por las siguientes razones:
“[…] 2.2.1.1 Inadecuada valoración de los testimonios de la señora Flor María García Suarez y del señor Norvey García Suarez
A) Los testimonios de la señora Flor María García Suarez y del señor Norvey García Suarez, madre y tío de una de las accionantes, sirvieron como prueba para acreditar la situación de hacinamiento del establecimiento Carcelario El Cunduy […]”.
[…]
“[…] B) El testimonio de la señora Flor María García se tuvo como prueba del daño al derecho a la dignidad humana de las accionantes […]”
[…]
“[…] C) Los testimonios de la señora Flor María García Suarez y del señor Norvey García Suarez fueron el fundamento probatorio de los perjuicios reconocidos:
De acuerdo con lo anterior, la Subsección B del Consejo de Estado con las declaraciones de los señores de Flor María García Suarez y Norvey García Suarez, padre y tío de la accionante Linda Lorena Bañol García e interna en el Centro de Reclusión del Cunduy, tuvo por acreditado los siguientes hechos:
• La situación de hacinamiento carcelario de la cárcel el Cunduy.
• La situación particular de hacinamiento de todas las 37841 internas que estuvieron en el Cunduy en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013.
• La prueba del perjuicio moral y su intensidad de todas las 378 internas que estuvieron en el Cunduy en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013.
• La prueba del daño a la dignidad humana y su intensidad de todas las 378 internas que estuvieron en el Cunduy en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013.
Al respecto, lo primero que se debe advertir es que, aunque los testimonios que rinden los terceros que son cercanos a las partes del proceso pueden ser admitidos como prueba, su valoración debe hacerse con mayor rigurosidad. En la sentencia del 14 de julio de 2016, expediente 36932, la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó: “Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho, de manera reiterada, que los testimonios que resulten sospechosos no pueden despacharse de plano, sino que deben valorarse de manera más rigurosa, de cara a las demás pruebas obrantes en el expediente y a las circunstancias de cada caso, todo ello basado en la sana crítica, de manera que los que se rindieron en el presente proceso serán examinados con aplicación de los anteriores criterios”
Ahora bien, al revisar los testimonios de los señores Flor María García Suarez y Norvey García Suarez ninguno de estos precisa la aflicción tristeza y dolor que padecieron todas las 372 internas pertenecientes al grupo por la situación de hacinamiento del penal El Cunduy durante el tiempo que se solicitó la reparar.
Igualmente, no se refieren a la situación particular de cada interna en el establecimiento El Cunduy para acreditar al daño a la dignidad humana.
Los testimonios de los señores García Suarez solo pueden dar prueba del perjuicio moral y del daño a la vida digna de la demandante Linda Lorena Bañol García por su cercanía con ella y porque sus visitas al establecimiento El Cunduy se dieron a ella.
Igualmente, no se puede olvidar que el señor Norvey García Suarez solo ha ido “unas tres o cuatro veces” al centro de reclusión, circunstancia que reafirma la pérdida de fuerza probatoria del testimonio para acreditar los perjuicios inmateriales de las accionantes […]”.
[…]
“[…] Igualmente, aun cuando los señores García Suarez declararon acerca de la situación de la cárcel El Cunduy, no se puede a partir de estas afirmaciones determinar la situación de todas las internas frente a la situación de hacinamiento y que esta haya sido asimilada de la misma forma y con la misma intensidad.
En ese sentido, al no estar acreditada la situación particular de hacinamiento de las internas del Cunduy, no había lugar a reconocer los perjuicios morales y el daño a la vida digna en la sentencia en la suma de 18371 SMLMV, esto es, 16 mil millones de pesos ($16.690.531.146) […]”.
[…]
“[…] Ahora bien, es importante anotar que en la sentencia se tuvieron como pruebas para acreditar el hacinamiento el informe del Personero municipal de Florencia y su declaración. Al respecto, se debe precisar que el informe y la declaración se hicieron con base en la visita que realiza al establecimiento el 10 de abril de 2013, es decir, solo un día, y solo da cuenta de la situación de hacinamiento y no de los perjuicios causados a las accionantes […]”. (Resaltado por la Sala)
Frente a dichos medios de prueba cuestionados por los actores, esto es, i) los testimonios rendidos por la señora Flor María García Suárez y el señor Norvey García Suárez y ii) el informe del Personero Municipal de Florencia y su declaración, la autoridad judicial demandada señaló lo siguiente:
“[…] 21. La Sala entiende que para todas las afectadas, la causa del daño operó de manera uniforme. En los términos indicados por la Corte Constitucional, el hacinamiento fue la causa jurídica común de los daños padecidos por las internas, aunque implique múltiples omisiones de distintas entidades.
22. La Sala encuentra acreditado el hacinamiento en el pabellón de mujeres de la cárcel del Cunduy a partir de los testimonios y pruebas documentales que obran en el expediente. La Sala valoró los testimonios de la señora Flor María García y del señor Norvey García, que declararon sobre las condiciones en que viven las internas en el EPCMS del Cunduy. Los testimonios de estos familiares de una de las internas no fueron valorados por el Tribunal porque fueron objeto de tacha. Justamente, debido a su cercano parentesco con una de las demandantes, no son del todo ajenos al proceso. Sin embargo en el contexto de esta demanda por la violación de derechos de las internas del establecimiento carcelario, esta prueba adquiere un valor distinto al que tendría en cualquier otro contexto en que las víctimas estuvieran en libertad, y el Estado no tuviera el control de las condiciones de vida de quienes lo están demandando.
23. Las violaciones del derecho a la integridad de personas privadas de la libertad, generadas por el hacinamiento carcelario, se caracterizan por una limitación en los medios de prueba, que debe ser apreciada en el marco de la presión y temor que ellas padezcan, de la sujeción de la Administración sobre la persona en situación de detención y del consecuente control estatal sobre los medios de prueba referentes a las condiciones de detención. Estas tres circunstancias han justificado, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que la defensa del Estado no pueda basarse en la imposibilidad del demandante de allegar pruebas o en la deficiencia técnica de aquéllas que sí pudo aportar al proceso.
24. Los hechos de este caso obligan al juez a intervenir para restablecer la igualdad en el proceso judicial, ante la extrema asimetría entre las partes. La dificultad probatoria para las demandantes, por su estado de indefensión, es evidente porque no hay muchos más testigos diferentes a las propias víctimas y los perpetradores de la violación de sus derechos. En casos como este, suelen ser los amigos y la familia de las personas privadas de la libertad quienes pueden apoyar y reunir la evidencia necesaria para una demanda por tratos degradantes. En esas circunstancias, de acuerdo con los estándares constitucionales y según el inciso segundo del artículo 167 del CGP, la Sala está obligada a recurrir a la equidad, no para pedir de oficio a la administración penitenciaria las pruebas sobre el daño o los perjuicios, pero sí al menos para dar credibilidad a las únicas que pudo allegar el grupo de internas demandantes.
25. En consecuencia, no fue acertada la decisión del Tribunal de restar toda credibilidad a los testimonios de la señora María García y del señor Norvey García, pues la especial relación de sujeción de las internas frente a la administración penitenciaria, el control sobre las pruebas que ella ejerce de facto y el temor que puedan sentir las internas de documentar las violaciones de sus derechos, dificultaba, especialmente, la prueba de sus condiciones de vida, de los sucesos conflictivos y sus padecimientos constantes. Sólo los familiares y amigos que las visitaran, que estuvieran en condiciones de declarar y que no temieran represalias contra sus parientes, podían declarar sobre lo que ellas vivían dentro de la cárcel.
26. Las descripciones hechas por la señora Flor María García fueron objetivas porque informaron sobre las condiciones físicas del penal, la manera en que las internas lo habitaban prácticamente como una inmensa celda sin diferenciación de espacios. Describió las tensiones y conflictividad que generaba la escasez de espacio para moverse y acceder a los baños, la violencia entre las internas por ejemplo destruyéndose la ropa, la insuficiencia de las baterías sanitarias -tres inodoros para unas 150 mujeres-, las dificultades para visitarlas impuestas por el desgobierno de los accesos al penal y el mal trato de los guardias, y la imposibilidad de suplir con alimentos propios la mala alimentación del penal, entre otras. Las expresiones emotivas relacionadas con el sufrimiento de su hija no invalidan la información que entregó en su testimonio. Al contrario, son pertinentes para valorar el quiebre a la dignidad que generan las condiciones de hacinamiento a las que están sometidas las mujeres dentro del EPCMS del Cunduy.
27. El testimonio del señor Norvey García, que no fue valorado por el Tribunal supuestamente por no tener suficiente conocimiento de los hechos porque había ido pocas veces a visitar a su familiar, será tenido en cuenta por la Sala. El señor Norvey García explicó que iba a ver a su sobrina en ocasiones especiales. Recordaba con claridad los espacios y condiciones del penal. Los describió con claridad y explicó la forma en que las internas ocupaban el espacio con sus colchonetas casi como único mobiliario disponible para todos los fines, incluso para la recepción de visitas y la alimentación.
28. Las descripciones y percepciones de estos dos testigos coincidieron exactamente con lo que explicó el Personero Municipal de Florencia, Héctor Mauricio Cuéllar Pinzón, con el informe sobre su visita a la cárcel, y las fotos que lo acompañaron como constancia de sus hallazgos. El Personero, además, rindió testimonio en que ratificó esos hallazgos y sostuvo que, de acuerdo con la ocupación certificada por el EPCMS del Cunduy, el hacinamiento continuaba y había crecido en los meses anteriores a su declaración.
29. El INPEC certificó que los niveles de ocupación del patio de mujeres oscilaron entre las 93 y las 147 internas entre enero de 2012 y mayo de 2013, aunque el Personero Municipal de Florencia declaró en su testimonio, que -según certificación del penal- para el 10 de abril de 2013 había 151 internas. El INPEC informó en la contestación de la demanda que ese pabellón tenía capacidad para alojar 25 internas o, máximo 32 como informó al abogado que representó a las demandantes. Como fue establecido por la Corte Constitucional en 2015, a partir de la ocupación certificada por la cárcel, el patio de mujeres del Cunduy ha estado permanentemente sobrepoblado y ha alcanzado un 504% de hacinamiento.
30. La Sala encuentra que ese desequilibrio extremo entre camas e internas acredita el hacinamiento en el pabellón de mujeres de la cárcel del Cunduy en Florencia. Sin perjuicio de lo señalado, la indignidad de las condiciones impuestas por el hacinamiento está representada por otras múltiples variables relacionadas con la densidad poblacional. La Sala se referirá a algunas de ellas que resultan relevantes para comprender el impacto del hacinamiento de este EPCMS en los derechos de las internas.
(1) En primer término, de acuerdo con los estándares constitucionales vigentes, para calcular el hacinamiento, debe considerarse la adecuación y suficiencia del espacio general que tienen las internas para vivir. En este punto la Corte hizo suyos los estándares del CICR y los ajustó a una regla según la cual, el tiempo que deba pasar una interna en su celda, se compense con el espacio disponible, en la propia celda y en las áreas comunes de la cárcel, como el comedor o la zona al aire libre. En todos los casos, las celdas deberían estar ventiladas en forma óptima, y el espacio total disponible debería ser mínimo de 20 m2 por persona. Además, debería garantizarse que en ese espacio puedan mantenerse separadas las sindicadas de las condenadas, y las menores de edad de las mujeres adultas.
31. En la demanda se afirmó que el pabellón mide 320m2. El INPEC y la USPEC, entidades que tienen conocimiento de la infraestructura carcelaria, no negaron la veracidad de ese dato, por lo que la Sala lo dará por cierto. Esto significa que en los momentos de mayor ocupación, cada interna tenía solo 2.1m2 totales disponibles para vivir, es decir, diez veces menos de lo que deberían tener.
32. Según el testimonio de Flor María García y Norvey García, y como se puede constatar en el informe del Personero Municipal de Florencia y en las fotos que lo acompañan, las internas ocupan todos los espacios del pabellón con sus colchonetas para dormir. No queda espacio siquiera para el tránsito hacia el baño. Ocupan incluso aquellos lugares que no parecen libres a primera vista, como los que están debajo de las planchas de concreto construidas como camas en el penal, que se levantan del suelo unos 50 cm, lugares en sí mismos insalubres como los corredores que llevan a los sanitarios, o áreas con aún menos privacidad que todas los demás, como el corredor de entrada hasta el último centímetro antes de la reja, completamente expuestas a la vista de los guardias y otro personal de la cárcel. Además, el lugar de esparcimiento, que era una sala de televisión, también funciona como una celda donde las internas ocupan todo el espacio con sus colchonetas, sobre las cuales sucede todo en ese penal. Ellas deben comer, dormir, pasar el día, y recibir visitas en el mismo espacio.
(2) Por otra parte, las internas deberían tener garantizado el acceso a un patio de ejercicios o a cualquier otro lugar al aire libre durante el día, y debería haber espacios adecuados para cada actividad distinta a la reclusión en la celda, como alimentarse, hacer ejercicio, estudiar o trabajar.
33. Sin perjuicio de que, originalmente, pudieran haberse previsto algunos de estos espacios en los diseños arquitectónicos de la cárcel, funcionalmente dejaron de existir porque el hacinamiento los convirtió a todos en la adición continua de una gran celda colectiva, de pequeñas dimensiones para la cantidad de personas que alberga.
34. En el expediente consta que las mujeres “duermen en el piso sobre colchonetas y están utilizando el pasillo, el comedor y cualquier espacio dentro del patio para acomodar las colchonetas sobre el piso, además para ampliar el espacio fue necesario correr la reja…”. “Había supuestamente un patio, pero entonces no era patio, porque ahí mismo dormían, ahí mismo estaban las colchonetas y por encima le colocaban cuerdas” para la ropa. “En ese patio hay también mujeres con sus espumas ahí tiradas recibiendo la visita, y ahí en esa parte, hay unas que tienen unas máquinas para trabajar y ahí mismo están las albercas, ahí lavan, y ahí sobre todo eso extienden la ropa”. “Las visitas siempre las han recibido ahí donde mismo duermen, ahí tiradas todas… y donde mismo duermen, donde mismo viven, tienen que extender la ropa”.
35. Esta unificación de los usos de todos los espacios del pabellón deja a las internas sin un espacio apropiado para descansar o alimentarse de forma segura, para recibir formación y preparación para la reintegración social y laboral, y sin posibilidad de implementar programas efectivos de redención de penas.
(3) En tercer lugar, el sistema sanitario debería ser suficiente para la cantidad de internas, y debería mantenerse en un estado óptimo en términos de salubridad, higiene y privacidad. Las tuberías de desagüe, baños y duchas deberían estar en condiciones adecuadas de calidad y cantidad para atender al número de personas recluidas en cada establecimiento.
36. Como quedó acreditado con el informe del Personero Municipal, y como consta en las fotos que lo acompañan, los baños no tienen puertas, la humedad en las paredes es grave y están “ya casi para derrumbarse”, uno de los 3 sanitarios está dañado, y sólo tienen dos duchas y un lavamanos. Esas “son las únicas instalaciones sanitarias para 151 internas”, que deben hacer fila para bañarse, usar los retretes y para lavar, pese a que según el Manual y la Guía anexa del CICR debe haber al menos un sanitario en óptimo estado de funcionamiento para cada 25 internas, que debe ser accesible libremente y debe garantizar que las internas que lo utilicen no sean vistas por las demás.
(4) Finalmente, las condiciones generales de higiene y salubridad deberían mantenerse en todos los espacios de la cárcel. Pero en el pabellón de mujeres del Cunduy, la infraestructura es tan precaria e insuficiente, que las internas deben acumular los desechos y basura en baldes que cuelgan de cuerdas sobre el espacio que les corresponde para dormir. Los hedores propios de un hacinamiento promedio de mas del 300%, el olor mezclado de la comida que consumen en el mismo sitio donde duermen, almacenan los desechos y permanecen todo el día, agravado por la poca ventilación, la humedad acumulada en las paredes y el mal estado de las baterías sanitarias someten a las internas a un ambiente espeso, cargado de olores, bacterias y enfermedades virales.
37. La Sala encuentra que el pabellón de mujeres del EPCMS del Cunduy condensa las características de una prisión hacinada que ha identificado la jurisprudencia de la Corte IDH. “Una cárcel sobrepoblada se caracteriza por un alojamiento antihigiénico y restringido, con falta de privacidad aun para realizar actividades básicas tales como el uso de las facilidades sanitarias; reducidas actividades fuera de la celda debido al número de internos que sobrepasan los servicios disponibles; servicios de salud sobrecargados; aumento de la tensión en el ambiente y por consiguiente más violencia entre los prisioneros y el personal penitenciario”.
38. En definitiva, está suficientemente acreditada la sobrepoblación extrema de la cárcel del Cunduy y las demás condiciones que vienen con ella, que hacen del hacinamiento un hecho complejo que ha servido de causa común de los daños por los que se ejerció esta acción de grupo […]”.
[…]
“[…] 99. En este caso la Sala tendrá en cuenta que los perjuicios se intensifican por la interacción de los factores tiempo y hacinamiento. En esta Sentencia se resaltó otro factor adicional que es la condición inhumana en que se mantuvo la prisión. En todo tiempo y con cualquier índice de hacinamiento, las condiciones del penal se mantuvieron en un nivel máximo de crueldad y degradación. Ese factor no definirá variaciones en las indemnizaciones, pues incidió en un nivel máximo y constante en la intensidad del perjuicio […]”.
Ahora bien, al revisar el acervo probatorio, en particular i) los testimonios rendidos por la señora Flor María García Suárez y el señor Norvey García Suárez y ii) el informe del Personero Municipal de Florencia y su declaración, esta Sala encuentra que dentro del contenido de dichos medios de prueba se encuentran, entre otros, los siguientes argumentos:
57.1. Testimonio rendido por la señora Flor María García Suárez:
“[…] Allá en la forma en que ellas pues yo estoy yendo hace tres años a ese lugar y la forma en que ellas han vivido, no es el mejor, es una forma inhumana porque en verdad todas les ha tocado dormir ahí tiradas en el suelo, hasta de a dos en cada espuma todas en montonera, para ir al baño les tocaba pasar por encima de las demás y las visitas tenían que recibirlas siempre las han recibido ahí donde mismos duermen ahí tiradas todas pues las visitas de las unas tenían que hacerse con las de las otras todas todas (sic) en montonera, para pegar las espumas bien y todas todas (sic) ahí no hay privacidad, no hay como estar uno sólo con su familiar, sino que todas tienen que estar ahí revueltas siempre ha sido una parte muy, pues me parece a mí que para estar pagando una condena, han vivido ahí muy mal, muchas cosas que no deben de ser así que yo me imagino que para uno vivir ahí un poco de años encerrado debía de ser mejor debían de acomodar eso un poco, porque porque (sic) siempre han vivido ahí inhumanamente, siempre para dormir para lavar, para bañarse, para todo tienen que hacer cola porque el espacio es muy pequeño. Donde mismo duermen, donde mismo viven tienen que extender la ropa, porque no hay donde, vivir ahí, no como seres humanos sino como animales; todas tiradas ahí, y ni modo de decir nada, ni modo de hacer nada, la comida es muy mala, uno brega a entrarles de la calle algo para que allá se ayuden pero muchas veces no les dejan ni entrar. Es una humillación hasta para uno entrarles la comida allá, cualquier bocado el día de visita. En verdad es inhumano lo que allá se vive, uno como familia es que le toca que ir a ese lugar cada ocho días a recibir también humillaciones porque la verdad con uno también el trato es a todo tiro humillándolo no puede uno llevar cualquier cosita, decir vaya a llevar algo especial porque se lo devuelven y si uno dice algo, de una vez dicen la saco de aquí, la devuelvo y en verdad tanto como para ella como para la visita no es el mejor trato. Yo creo que son cosas inhumanas que no deben de suceder para una persona que va a vivir tanto tiempo allá […]”.
[…]
“[…] Yo visito a mi hija casi siempre que puedo voy cada ocho días […] va ser (sic) dos años que yo estoy acá definitivamente desde eso estoy yendo siempre cada ocho o cada quince a visitarla […]”.
[…]
“[…] "Eso es un solo salón donde todas se encuentra allí […] allí es como un patiecito, en ese patio hay también mujeres con sus espumas ahí tiradas recibiendo la visita ahí en esa parte hay unas que tienen unas máquinas para trabajar y ahí mismo están las albercas ahí lavan ahí sobre todo eso extienden la ropa y a la parte de acá está el baño, tres baños y dos duchas y ahí es el contorno en que ellas viven […] en ese tiempo que empecé a ir había por ahí aproximadamente 150 personas […] varias veces me ha llamado llorando, por las humillaciones hasta para recibir la comida ahí porque viven ahí incómodamente y esas mujeres, pues con la causa encima como dicen ellas, pues no consienten que otras se les monte por encima, tal vez de noche, para ir al baño pasan por encima de ellas y tienen los problemas. Varias veces le han rompido (sic) toda la ropa, me llama que le dañaron toda la ropa, que no tiene que ponerse porque ahí mantienen como perros bravos, ahí en esa situación que viven, entonces la situación allá es difícil […]”.
57.2. Testimonio rendido por el señor Norvey García Suárez:
“[…] Yo hace días que no voy, pero cuando fui porque si he ido como unas tres o cuatro veces he ido, pero cuando fui, pues vivían en una situación, pues a mí me parece como inhumana, mucha montonera de gente y un espacio muy poco, donde no tenía privacidad ni para recibir las visitas, ni para digerir los alimentos, ni para extender sus prendas de vestir y mucha gente para tan poquitos baños digamos, fue lo que yo miré, dormían tiradas en el piso: de a dos en cada colchonetica de esas, dormían de a dos para pasar para hacer las necesidades fisiológicas, debían de pasar por encima de las otras, porque no había un espacio suficiente para hacerlo […] a visitar a una interna […] LINDA LORENA BAÑOL GARCÍA, yo soy tío de ella […] ellas tenían la colchonetica ahí donde ellas dormían, entonces se acomodaban con las visitas a compartir ya la comidita que uno les llevaba, ahí las servían y ahí mismo lo hacían, porque pues no había un espacio, porque todo estaba lleno […] ahí habían tres baños, pero en servicio solo habían sino dos solamente, habían dos duchas y dos alberquitas donde ellas pues sacaban el agua […] entre internas creo que habían más de 150 […] Había supuestamente un patio, pero entonces eso no era un patio porque ahí mismo dormían, ahí mismo estaban las colchonetas, y por encima colocaban cuerdas y ahí extendían la ropa, que era donde ellas se movilizaban. Ya para el otro lado estaban los camarotes donde ellas dormían y visitantes pues digamos, todos los domingos, los sábados perdón, no entran igual de visitas hay días que entran menos como hay días que entran más, entonces no podría decir el número exacto pero sí si era un número alto […]”.
57.3. Informe del Personero Municipal de Florencia y su declaración:
“[…] por petición de las internas del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad el Cunduy y previa autorización del Director de este centro de reclusión, esa agencia del Ministerio Público realizó visita preliminar nocturna al Centro Carcelario, encontrando condiciones de hacinamiento bastante elevada, como quiera que los camarotes dispuestos para que las internas pernoctaran era mucho menor a la población que tenía ese momento el patio, dejando registros fotográficos y constancia de ello. Aduce que se realizaron requerimientos al INPEC nivel nacional con el fin de obtener solución a la problemática de hacinamiento y que como no se obtuvo respuesta fue necesario instaurar una acción de tutela en la que se expuso que el pabellón de mujeres contaba con una capacidad de aproximadamente 40 mujeres, encontrando para la fecha de la referida visita se encontraban 151 internas de las cuales 98 eran condenas, 50 sindicas y 3 se encontraban en el centro de reclusión de manera transitoria; añade que con la acción constitucional se solicitaba se mejoraran las condiciones de habitabilidad del patio, toda vez que se estaban vulnerando derechos fundamentales, como la dignidad humana en conexidad con la salud, igualmente el derecho a gozar de un espacio adecuado para cumplir la pena en conexidad con el derecho a la vida, (desde el minuto 32:55 al 34:04 se pierde el audio) indica que el fallo de primera instancia fue confirmado por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia ampliando una serie de obligaciones al INPEC en torno a modificaciones, reparaciones, construcciones a diferentes parte del pabellón de mujeres, advierte que a la fecha el fallo no se ha cumplido, instaurándose el incidente de desacato encontrándose a la espera que sea resuelto.
Informa que la visita fue realizada el 10 de abril de 2013 y que por orden de la juez constitucional se ordenó el traslado de algunas internas a diferentes centros de reclusión del país, no obstante, que en visitas posteriores se logró evidenciar que el número de internas estaba ascendiendo, generándose nuevamente hacinamiento en ese pabellón […]”.
Visto lo anterior, para esta Sala el análisis probatorio efectuado por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado resulta razonable y ajustado al contenido de las pruebas que obran en el expediente porque, tal como lo consideró el juez contencioso, los testimonios fueron rendidos con objetividad en cuanto a las condiciones físicas del establecimiento carcelario, lo que, sumado al informe del Personero Municipal de Florencia y su declaración y a los datos allegados y declarados por el INPEC y la USPEC, resultaron suficientes para encontrar, bajo un análisis probatorio en conjunto, la existencia de un hacinamiento carcelario que derivó en un trato cruel e inhumano para las internas de dicho penal.
Al respecto, cabe agregar que, dicho estudio probatorio se efectuó acompañado siempre de un análisis jurisprudencial al respecto y de conformidad con la jurisprudencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual, evidentemente, enriqueció ese estudio de los medios de prueba que efectuó la autoridad judicial demandada; la cual cabe mencionar, fue clara en señalar la relación de especial sujeción de las internas, situación que implicaba de por sí apreciar de forma distinta y bajo criterios de equidad e igualdad procesal los medios de prueba allegados por las mujeres demandantes, criterio que esta Sala comparte.
Igualmente, se advierte como razonable que, con base en esas circunstancias generales y objetivas de las condiciones de vida en dicho establecimiento carcelario, la autoridad demandada haya cobijado al grupo de mujeres que fueron personal, espacial y temporalmente definidas en la demanda presentada en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, sin que fuera necesario descartar frente a ellas, por ejemplo, los testimonios rendidos por los familiares de una de las internas, máxime si se tiene presente que para tal efecto la Subsección B de la Sección Tercera tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.
En ese orden de ideas, y contrario a lo sostenido por los actores, lo cierto es que dentro del proceso ordinario se acreditó la situación general de hacinamiento que condujo a un trato cruel e inhumano en el penal de Cunduy entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013, frente a lo cual, es evidente para la Sala que la autoridad judicial demandada efectuó un análisis probatorio conjunto de los distintos medios de prueba, vistos estos a su vez frente a los precedentes establecidos y las decisiones que han proferido organismos internacionales frente al tema.
Así las cosas, la Sala considera que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado no incurrió en el defecto fáctico aludido por la parte actora, en tanto que la valoración probatoria efectuada por la autoridad judicial demandada resulta: (i) razonable y ajustada al principio probatorio de la sana crítica y necesidad de la prueba, y, por ende, (ii) está cobijada por los principios de autonomía e independencia característicos de la labor de administrar justicia.
En otras palabras, esta Sala encuentra que la autoridad judicial demandada, en la providencia motivo de tutela, efectuó un análisis probatorio razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica, sin que dicha valoración fuera arbitraria, abusiva o irracional.
En esa medida, los planteamientos realizados por los actores en el presente asunto obedecen a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión que adoptó la autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se evidencia el descontento con la providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus intereses, pero no se advierte que la decisión fue arbitraria o irracional; por el contrario, la actividad intelectual que realizó el juez natural del proceso en materia de valoración y apreciación de pruebas, hizo parte de la autonomía e independencia que tienen los jueces de la República y, por consiguiente, ni las partes ni el juez constitucional pueden imponer su criterio, interpretación y lógica sobre la del juez natural, como si se tratara de un juez superior que pueda sustituir de manera arbitraria el juicio valorativo del juez del proceso.
Análisis del presunto defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
Los actores en su escrito de tutela indicaron que la autoridad judicial demandada incurrió en desconocimiento del precedente establecido en la sentencia de 3 de octubre de 2019, toda vez que:
“[…] En la sentencia del 3 de octubre de 2019 la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado decidió la acción de grupo que presentaron los internos del establecimiento carcelario La Vega de Sincelejo para reclamar los perjuicios causados por el hacinamiento carcelario que se vivía en este lugar desde el 31 de enero de 2012. En la providencia se declaró la responsabilidad del INPEC, sin embargo, no se reconocieron perjuicios a favor de los demandantes dado que no fueron probados.
Concretamente respecto al daño a bienes constitucional y convencionalmente protegidos se indicó que no había lugar a decretar medidas de reparación pecuniarias para reparar los daños a bienes constitucional y convencionalmente protegidos dado que la Corte Constitucional (T-762 de 2015) y la Sección Cuarta del Consejo de Estado (fallo de 2 de junio de 2016, radicación 70001-23-33-000- 2016-00057-01) mediante sentencias de tutela habían decretado medidas para superar el estado de cosas inconstitucionales generado por la situación de hacinamiento, la cuales tienen por objeto garantizar el derecho a la dignidad humana de los internos del establecimiento de Sincelejo (La Vega), además porque no se demostró un estado de indolencia e indiferencia del Estado para superar el estado de cosas inconstitucionales […]”.
[…]
“[…] La regla de derecho establecida en este precedente era aplicable a la resolución de la acción de grupo de las internas de El Cunduy dado que i) en la demanda se solicitó declarar la responsabilidad del Estado por la situación de hacinamiento carcelario en el penal entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de junio de 2013, y ii) se solicitaron daños a bienes constitucional y convencionalmente protegidos por vulneración del derecho a la dignidad humana, pero a pesar de esto, en la sentencia del 20 de noviembre de 2020 se reconocieron medidas de reparación pecuniarias de hasta 40 SMLMV para cada interna por daño a la dignidad humana […]”.
[…]
“[…] No obstante, en la providencia no se verificó, como se hizo en la sentencia del 3 de octubre de 2019, que la Corte Constitucional en la sentencia T-762 de 2015 decretó órdenes para remediar la situación de hacinamiento carcelario en los establecimientos carcelarios, incluido El Cunduy, en materia de alimentación, espacio, sanidad y adecuación sanitaria […]”.
[…]
“[…] Con lo anterior, es evidente que existen medidas reconocidas a favor de las internas del Cunduy que tienen por objeto superar el estado de hacinamiento carcelario y que se enfocan en mejorar sus condiciones de vida, por esta razón, no había lugar a reconocer medidas pecuniarias para reparar los daños a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, como se hizo en la sentencia del 3 de octubre de 2019 […]”. (Resaltado por la Sala)
Para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.
Sentencia de 3 de octubre de 2019
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado analizó un caso en el que, el señor Abel A. Bohórquez Franco y 23 personas naturales más, en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, interpusieron demanda contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo (La Vega), el Congreso de la República, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones EICE, el Departamento de Sucre y el Municipio de Sincelejo, con el fin de que se les declarara responsables por los “[…] daños antijurídicos ocasionados al grupo de internos del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Sincelejo (LA VEGA), con ocasión del incumplimiento de los derechos y garantías mínimas a que tienen derecho los reclusos […]”.
El problema jurídico que tenía que resolver el Consejo de Estado se planteó alrededor del objeto del recurso de apelación, el cual se delimitó de la siguiente manera por la Corporación:
“[…] El recurso de apelación persigue la revocatoria de la sentencia de primera instancia y argumenta, de una parte, que los daños reclamados en virtud de la presente acción fueron acreditados de manera colectiva respecto de todos los integrantes del grupo de reclusos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo (La Vega) y, de otro lado, que el “Estado de Cosas Inconstitucional” (en adelante también ECI) que en materia de centros carcelarios y penitenciarios ha sido declarado por la Corte Constitucional acredita per se dichos daños […]”.
La Sección Tercera del Consejo de Estado advirtió que:
“[…] Así las cosas, la Sala evidencia, de una parte, que se encuentra de por medio el derecho fundamental a la dignidad humana de los internos, el cual es de eficacia directa y de la mayor relevancia en virtud de la “relación de especial sujeción” entre las personas privadas de la libertad y el Estado y, de otro lado, que el reconocimiento general de la dignidad humana compromete el fundamento mismo político del Estado, situaciones ambas que satisfacen la valoración de las condiciones uniformes de acuerdo con los términos expresados por la Corte Constitucional.
En síntesis, la pluralidad de omisiones planteadas en el medio de control para la reparación de los perjuicios causados a un grupo, valoradas con base en los intereses protegidos y la concepción solidarista de la Constitución Política, justifican que sí se prediquen unas condiciones de uniformidad frente a los daños reclamados en la demanda […]”.
[…]
“[…] Examinado el expediente, la Sala evidencia que salvo por el daño a los bienes y derechos constitucional y convencionalmente protegidos –los cuales se abordarán más adelante–, los demás daños reclamados en la demanda no se encuentran acreditados debidamente a través de la prueba documental o testimonial que obra en el expediente […]”.
[…]
“[…] El ECI reiterado en el Sistema Penitenciario y Carcelario por la sentencia T-762 de 2015 –que tuvo origen en la situación de 16 centros de reclusión del país, incluyendo el que es objeto del presente medio de control–, además de que constituye un hecho notorio, por sí mismo, acredita la vulneración de la dignidad humana de los internos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo (La Vega), que constituye un bien y derecho constitucional y convencionalmente protegido.
En relación con lo primero, se trata de un hecho notorio en nuestro país, puesto que desde 1998 la Corte Constitucional ha declarado la existencia de un ECI en “las prisiones” y en “el sistema penitenciario y carcelario” a través de la sentencia T-153 de 1998 en el primer caso y de las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 en el segundo caso, reconocimiento que por sus dimensiones y repercusiones sociales son suficientemente conocidas por gran parte del común de las personas con una mediana cultura en nuestro país.
Sin perjuicio de lo anterior, las pruebas aportadas al proceso también permiten corroborar las condiciones de hacinamiento en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo (La Vega), específicamente el reconocimiento de dicha situación para el 2015 por parte del apoderado del INPEC, la Procuraduría Regional de Sucre, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Sincelejo, el departamento de Sucre y el municipio de Sincelejo.
En relación con lo segundo, el ECI en el Sistema Penitenciario y Carcelario permite encontrar acreditada la vulneración de la dignidad humana de los internos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo (La Vega), puesto que en el contexto del referido sistema, la reiteración del estado de cosas inconstitucional conllevó a que se constatara que el nivel de hacinamiento impide que aquellos “tengan lugares dignos donde dormir, comer, realizar sus necesidades fisiológicas, tener visitas conyugales e íntimas, ejercer actividades de recreación, de formación y de resocialización, entre otros”, como consecuencia de fallas estatales estructurales en varias de las instancias del Estado que participan e intervienen en las etapas de la política criminal.
Sin perjuicio de lo precedente, ni el ECI reiterado en la sentencia T-762 de 2015 ni las pruebas que obran en el expediente permiten acreditar otras manifestaciones incorporadas por la parte actora al daño en cuestión y que fueron vinculadas a violaciones al debido proceso y al sometimiento a torturas y tratos o penas crueles e inhumanos.
Los daños antecedentes y que sufren los internos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo (La Vega) en sus bienes y derechos constitucional y convencionalmente protegidos, como consecuencia de las omisiones que configuran la problemática estructural del hacinamiento carcelario en nuestro país, son imputables al Estado en la medida en que se trata de daños que no son inherentes a la reclusión […]”.
[…]
“[…] Esta Corporación ha destacado que la reparación de los bienes y derechos constitucional y convencionalmente protegidos es en esencia de contenido no pecuniario y que, por excepción, cuando dicho tipo de medidas sean insuficientes, puede otorgarse una indemnización proporcional a la intensidad del daño que no sobrepase los 100 SMLMV.
En el presente caso, la Sala observa que no existe mérito para dictar medidas no pecuniarias que reparen el daño a los bienes y derechos constitucional y convencionalmente protegidos, específicamente la dignidad humana de los internos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo (La Vega), puesto que, con posterioridad a la sentencia del a quo […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, la circunstancia de que el único daño acreditado en el presente caso se encuentre circunscrito a la reclamación de facetas esenciales del derecho de la dignidad humana de los internos Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo (La Vega), conduce a que la Sala concluya que las medidas dictadas por la Corte Constitucional y por la Sección Quinta del Consejo de Estado sean suficientes para la satisfacción progresiva de dicho propósito.
Se advierte que no resulta procedente ninguna indemnización pecuniaria, puesto que no por el hecho de las dificultades en el seguimiento y cumplimiento de las medidas contenidas en las órdenes dictadas por la Corte Constitucional, resulta dable concluir que estas sean insuficientes. Para la Sala aceptar la excepcionalidad de la indemnización sólo sería dable si se demostrara la indolencia e indiferencia del Estado en la superación de un ECI en el que precisamente se ocasionan los daños en cuestión.
De hecho, en reciente informe del Ministerio de Justicia y del Derecho que obra en la página institucional de la política criminal, en respuesta al seguimiento que realiza la Corte Constitucional a la sentencia T-762 de 2015, la metodología estadística utilizada por aquel para valorar el índice de hacinamiento revela cómo, para mayo de 2019, el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo “La Vega” se encuentra en la categoría de bajo hacinamiento.
En virtud de lo anterior, la Sala se abstendrá de adoptar medidas no pecuniarias […]”.
Para la Sala, la autoridad judicial demandada no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que, hizo referencia constante a dicho precedente y reconoció que podían llegar a ser similares ambos casos, pero explicó de manera suficiente las razones por las que en este caso sí había lugar a la compensación monetaria por los daños sufridos por las internas de dicho establecimiento carcelario, desde una perspectiva de género en función de la intensidad y características del daño, advirtiendo que, si bien en el caso expuesto en la sentencia de 3 de octubre de 2019 se consideró que las medidas no pecuniarias eran suficientes, no sucedía lo mismo en este caso, en donde sí se advertía la necesidad de reparar el perjuicio a esos derechos constitucionalmente protegidos de las internas, sin perjuicio de reiterar algunas de las medidas para la garantía del derecho a la no repetición ordenadas por la Corte Constitucional en su sentencia T-762 de 2015.
Para tal efecto se expone a continuación los argumentos abordados por la autoridad judicial demandada que precisan lo mencionado supra y dan cuenta de que no hubo desconocimiento del precedente establecido en la sentencia de 3 de octubre de 2019:
“[…] 2.5.2. Perjuicio a derechos constitucionalmente protegidos
78. Las mujeres de la cárcel del Cunduy han sido marginadas del Estado de derecho bajo un dominio apenas aparente de su autoridad, representada por el poder irresistible del encierro. Han sido sometidas a condiciones materiales de vida que las han puesto en situación de impotencia y desamparo, por el propio entorno en el que viven prisioneras. La violencia y precariedad del espacio físico y de las dinámicas sociales dentro del penal amenazan permanentemente con la eliminación progresiva de todos sus derechos.
79. La Sala constata un perjuicio a los derechos cuyo contenido coincide con el sacrificio al núcleo irreductible del derecho a la dignidad: las internas del Cunduy fueron privadas de las mínimas condiciones materiales de existencia que aseguren a las personas privadas de la libertad un tratamiento acorde con su “dimensión específicamente humana” , y que les “faciliten su real incardinación en la sociedad”. A las mujeres privadas de la libertad en el Cunduy les fue arrebatada esa parte de su dignidad y con ella la posibilidad de reconocerse en su íntegra condición humana, femenina, social.
80. Está acreditado que la reclusión en el Cunduy ha privado a las internas de su derecho a tener una existencia materialmente apropiada. La Sala encuentra que el horror del hacinamiento reduce la autopercepción y la proyección de las internas, que solo pueden verse, comportarse y ser como es una presa hacinada, una mujer que no puede respirar aire puro, ni satisfacer con seguridad sus necesidades fisiológicas, o desplegar los más básicos rasgos de su feminidad entendida como cada una lo decida. Solo son reclusas en la precariedad, sin derecho a ser o soñarse de otra forma, porque toda su energía debe volcarse a la nuda conservación de la vida.
81. El entorno a que han sido sometidas durante el periodo de reclusión redujo la existencia completa de las internas a la conservación de la vida en medio de un riesgo constante. La Sala entiende que en esas condiciones, a las mujeres del Cunduy les fue arrebatado el tiempo y, con él, irremediablemente su dignidad. Ningún ser humano puede mantenerse en condiciones dignas de la especie sin tiempo y sin espacio, y dado que la prisión reduce casi por completo la noción de espacio, el tiempo era el más valioso bastión de su autopercepción más íntima como mujeres dignas e íntegras.
82. Como se anunció antes, la Sala encuentra imposible la reparación de estos perjuicios mediante la restitución de sus derechos. Ninguna medida puede devolver a las mujeres del Cunduy el derecho arrebatado a la dignidad; ninguna medida podrá volver atrás el tiempo para que ejerzan retroactivamente sus derechos, para que reversen lo que percibieron sobre sí mismas o para que recuperen una porción de su vida irremediablemente inhumana.
83. Esta Sala encuentra justificada la compensación monetaria del perjuicio que soportaron las internas del Cunduy, al ver restringido excesiva y desproporcionadamente sus derechos como consecuencia de la violación de su integridad y dignidad. Dado que este perjuicio no queda contenido en el perjuicio moral reconocido, la Sala ordenará al INPEC y la USPEC que indemnicen ese perjuicio, según el tiempo que cada una haya pasado en prisión y el nivel de hacinamiento que haya soportado, de acuerdo con las fórmulas que se explicarán más adelante.
Reparación de los perjuicios
84. En este acápite, la Sala explicará las razones por las que procede ordenar medidas indemnizatorias para reparar los perjuicios en este caso. Luego identificará los criterios para calcular esa indemnización y el monto total que deberá entregarse al Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos, y finalmente expondrá las razones por las que debe reiterar algunas de las medidas para la garantía del derecho a la no repetición ordenadas por la Corte Constitucional en su sentencia T-762 de 2015.
Procedencia de las medidas indemnizatorias en este caso
85. La Sala encuentra que, en este caso, procede la indemnización pecuniaria de los perjuicios declarados. En esta ocasión, la Sala entiende que no pueden privilegiarse las medidas compensatorias no pecuniarias para excluir las indemnizatorias, porque la naturaleza de los bienes afectados hace imposible una reparación efectiva solamente con medidas propias de la justicia restaurativa. En consecuencia, se otorgará una indemnización, como víctimas directas, que será proporcionada a la intensidad del daño y que no sobrepasará los 100 SMLMV.
86. Hasta aquí, la Sala ha seguido con rigor las razones de la decisión adoptada en octubre de 2019 por la Subsección A, en un caso similar a este. En esa Sentencia se abordaron, rigurosamente y de forma muy acertada, los problemas jurídicos relacionados con la identidad de causa, la existencia del daño, la imputación y la existencia del perjuicio. Todos esos fundamentos han sido compartidos en esta oportunidad. La decisión de no indemnizar los perjuicios que se adoptó entonces, en cambio, no aparece adecuada para este caso. En el asunto anterior, se advirtió que el daño se circunscribía a la dignidad humana de los internos, por lo que las medidas dictadas por la Corte Constitucional y por Consejo de Estado -en una tutela interpuesta en favor de los reclusos de la misma cárcel- eran suficientes para repararlos progresivamente. Se encontró, entonces, que tampoco procedía una indemnización pecuniaria, porque las dificultades en el seguimiento y cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte Constitucional no las hacían insuficientes, de manera que “para la Sala aceptar la excepcionalidad de la indemnización sólo sería dable si se demostrara la indolencia e indiferencia del Estado en la superación de un ECI en el que precisamente se ocasionan los daños en cuestión”.
87. Ese argumento respondió a la aplicación al caso concreto, de las condiciones impuestas por la jurisprudencia unificada sobre la indemnización por daños a bienes constitucionalmente protegidos, según la cual, la reparación pecuniaria procede cuando, en la lógica de la reparación integral de las víctimas, las medidas compensatorias sean insuficientes, impertinentes, inoportunas o, imposibles por las condiciones del caso. En esa oportunidad, las medidas no pecuniarias para superar el ECI parecieron suficientes, y en consecuencia no hizo falta indemnizar.
88. En este caso, la Sala no aplicará esa misma conclusión porque puede incurrir en una doble contradicción: rompería la coherencia interna de la argumentación que estructura la responsabilidad en este caso, y desconocería abiertamente la obligación constitucional de reparar los daños antijurídicos, que resultaron probados, son imputables al Estado y no pueden repararse integralmente solo con medidas no pecuniarias.
89. En esta sentencia se advirtió que la generalidad propia de una crisis sistémica como la que soporta un ECI no impide encontrar un centro de imputación, para que no se diluya la responsabilidad estatal por los daños antijurídicos generados por dicha crisis. La Sala advierte que, después de constatar la imputabilidad de un daño generado por el colapso generalizado en un sistema estatal específico, sería contradictorio que negara la reparación de los perjuicios aduciendo que la Corte Constitucional ha adoptado medidas para superar esa crisis. No porque las medidas ordenadas sean insuficientes para el caso del Cunduy, o porque hubiesen sido difíciles de implementar, sino porque su objetivo era superar un estado generalizado de violación masiva de derechos, no reparar o compensar los perjuicios que se derivaron de esa violación. De hecho, la Corte no podía ordenar una indemnización porque las víctimas tenían a su disposición este mecanismo judicial para reclamarlo, por lo que la indemnización en el marco del proceso de tutela era improcedente en los términos del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.
90. La Sala no negará la indemnización con base en la intervención de la Corte, porque podría condenar a las víctimas a un círculo de contradicciones lógicas que las alejaría de su derecho a la reparación integral. Y no considera que en este caso pueda condicionar esa indemnización al cumplimiento de una carga probatoria para demostrar la indolencia e indiferencia estatal en la superación del ECI, pues no encuentra procedente adicionar un elemento emotivo condicionante de la responsabilidad estatal que no previó el constituyente. Si la Sala impusiera esa carga a las mujeres del Cunduy, aseguraría la indemnidad del daño que padecieron, porque se trata de una prueba imposible: ninguna de ellas podría probar la indolencia o la indiferencia como elementos ciertos, constatables, que motivaron una conducta estatal. No podrán probar, como no podría hacerlo nadie, que el Estado fue indiferente o indolente, es decir que no se conmovió por las condiciones inhumanas o el hacinamiento, que fue insensible ante su dolor, que no tuvo interés o afecto por el cumplimiento de sus obligaciones. Desconocería, en consecuencia, lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución, pues el Estado no indemnizaría jamás los perjuicios derivados de ese daño, pese a que su existencia fue acreditada, que le es imputable y que por la naturaleza de los derechos afectados es imposible su reparación solo con medidas restitutivas, de satisfacción o de no repetición.
91. En definitiva, la Sala encuentra que la declaración de un ECI no opera como una excepción al artículo 90 de la Constitución. El ECI carcelario no habilita al Estado para mantener impunemente condiciones indignas como las que sufren las mujeres del Cunduy. Ellas constituyen un sistema de “penas excesivas, crueles, inhumanas, infamantes, o degradantes”, que según la propia Corte Constitucional “no son otra cosa que violencia institucional”.
92. Los plazos que concede la Corte para que el Estado supere un estado de cosas inconstitucional, en consecuencia, no pueden interpretarse como una habilitación temporal para suspender la vigencia de la constitución. No son lapsos autorizados para dañar sin responsabilidad, ni tiempos muertos para los mismos derechos que pretende proteger. Son solo tiempos de planeación para superar la crisis estructural. En todo caso, pasados 22 años desde la declaración del primer ECI carcelario en 1998, la Sala no encuentra manera de excusar la permanente desobediencia a la prohibición del artículo 12 de la Constitución.
93. En consecuencia y como ya se anunció, la Sala reconoció dos tipos de perjuicio inmaterial, el moral y el perjuicio a derechos constitucionalmente protegidos, que fueron acreditados en el proceso. La Sala reconocerá como tope indemnizatorio para el perjuicio moral 20 SMLMV para compensar los intensos sufrimientos de las detenidas, y 40 SMLMV para compensar el otro perjuicio inmaterial a los derechos de las internas. Esas sumas se tomarán como tope indemnizatorio, como se expondrá más adelante al explicar la forma de calcular la indemnización, y con ellas se respetará el límite impuesto por la jurisprudencia para este tipo de casos. La Sala advierte que esta indemnización responde a la especial intensidad del perjuicio que padecieron como mujeres, y reitera que los padecimientos y sacrificios a que han sido sometidas, en este sistema penitenciario masculinizado, perturbaron aspectos exclusivos de su género e identidad, que no podrían ser reparados a los hombres en idénticas circunstancias.
94. De otra parte, según las reglas jurisprudenciales unificadas por esta Corporación, para restaurar plenamente los derechos de las internas del Cunduy, haría falta prever medidas para lograr que desaparezcan las causas originarias del daño, de manera que puedan disfrutar de sus derechos, y que en el futuro no se repitan las mismas violaciones que lesionaron los derechos de las mujeres del Cunduy. La Sala, en consecuencia, reiterará las medidas ordenadas por la Corte que tienen esa finalidad de hacer desaparecer el origen del daño que aquí se declaró.
95. Finalmente, la Sala ordenará al Ministerio de Justicia y el Derecho y exhortará al Congreso de la República para que detengan el populismo punitivo en el diseño de las penas y las medidas de prisión preventiva que afectan desproporcionadamente a las mujeres […]”. (Resaltado por la Sala)
En ese orden de ideas, la Sala considera que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado no incurrió en desconocimiento del precedente, en la medida en que pese a advertir cierta similitud entre ambos casos, justificó las razones por las que en atención a las características especiales del caso sub examine como lo es “[…] la especial intensidad del perjuicio que padecieron como mujeres, y reitera que los padecimientos y sacrificios a que han sido sometidas, en este sistema penitenciario masculinizado, perturbaron aspectos exclusivos de su género e identidad, que no podrían ser reparados a los hombres en idénticas circunstancias […]”, procedía la compensación monetaria frente al daño sufrido por las internas del Establecimiento Carcelario Cunduy.
Conclusiones de la Sala
En suma, para la Sala i) la solicitud de amparo es improcedente frente al defecto procedimental absoluto y en relación con el desconocimiento del precedente establecido en la “[…] Sentencia de unificación del 24 de agosto de 2014, expediente 32.988 […]”, y ii) no se configuraron el defecto fáctico ni el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente establecido en la sentencia de 3 de octubre de 2019, que alegaron los actores, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC frente al defecto procedimental absoluto y en relación con el desconocimiento del precedente establecido en la “[…] Sentencia de unificación del 24 de agosto de 2014, expediente 32.988 […]”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NEGAR la solicitud de amparo que presentó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC en relación con la configuración de un defecto fáctico y un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente establecido en la sentencia de 3 de octubre de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Documento denominado “5_ED_TUTELAYANEXOS(.pdf)”. Archivo aportado en forma digital. Folios 59 a 86. La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC. Cita del texto original: “Artículo 3 de la Ley 472 de 1998”. Cita del texto original: “Ver Corte Constitucional, Sentencia C-564 de 2004. “Para la Corte, la satisfacción de las condiciones uniformes respecto de la relación causal entre el hecho o los hechos dañinos no puede ser interpretada únicamente desde el punto de vista fáctico. Una valoración del fenómeno de la responsabilidad por afectación a intereses de grupo orientada por este criterio haría imposible la construcción de la relación de identidad entre los diversos hechos dañinos que tienen aptitud para generar un daño común al interés del grupo”. Cita del texto original: “Sección Tercera. Auto de 2 de agosto de 2006 [Radicado 25000-23-24-000-2005-00495-01(AG)]. En esta oportunidad se indicó que “El HECHO GENERADOR DEL DAÑO es aquella circunstancia que genera los respectivos perjuicios sufridos, es la acción u omisión, en si misma considerada, por la cual se cree se causaron los daños; en frente de éste, la administración de justicia cuando va admitir una demanda de acción de grupo, debe identificar que los daños sufridos por la pluralidad de personas, se imputan a un mismo hecho generador, para de allí extraer las condiciones uniformes que los identifican como GRUPO”. Cita del texto original: “En un caso muy similar a este, en que se resolvió una acción de grupo por los daños causados con ocasión del hacinamiento, de otra de las cárceles incluidas en el ECI, esta Corporación entendió que, en efecto, las distintas omisiones que se reprochaban en la demanda estaban ligadas entre sí de forma tal que se satisfacía el requisito legal de las condiciones de uniformidad. En ese caso, se entendió que, las omisiones estatales que generaron el hacinamiento -y todas sus consecuencias- habían sido identificadas por la Corte como parte del problema del sistema de política criminal del país. Ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 3 de octubre de 2019, Exp. 2014-00186-01(AG)”. Cita del texto original: “En efecto, el abogado del INPEC los tachó en la audiencia de pruebas. (DVD de la grabación de la audiencia, folio 363 del cuaderno 2 principal)”. Cita del texto original: “Corte IDH. Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de febrero de 2016. Serie C No. 312”. Cita del texto original: “Corte IDH. Caso Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de octubre de 2015. Serie C No. 301”. Cita del texto original: “Corte IDH. Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de febrero de 2016. Serie C No. 312”. Cita del texto original: “Corte IDH. Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275”. Cita del texto original: “Este es un rasgo común en todos los litigios desde la cárcel. Así ha sido documentado por la doctrina y la jurisprudencia regional. “Casi siempre, además de contar con defensa legal, presentar el caso desde la cárcel tiene enormes dificultades, como la de recabar las pruebas necesarias, ya sean testimonios, peritajes o informes... Cuando estás en prisión, ¿cómo puedes tener o guardar pruebas? Si tienes una familia que vaya a buscar las pruebas y todo... Pero si estás dos años en prisión, tu familia va a estar totalmente dislocada, rota.. (testimonio de Fréderique, compañera de Daniel Tibi)”. Ver, Berinstain, C.M (2009), Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en los casos de violaciones de derechos humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito”. Cita del texto original: “Corte IDH.
Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150”. Cita del texto original: “De acuerdo con la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y según el alcance que se le ha dado por los órganos que controlan su aplicación e interpretan su contenido y alcance. Especialmente el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Cita del texto original: “Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160. Ver, también, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006, párr. 85”. Cita del texto original: “Tanto en la tradición anglosajona como en la continental del derecho europeo y americano, se ha reconocido judicialmente la responsabilidad patrimonial extracontractual por daños cuyo contenido coincide con, o consiste en la violación de derechos protegidos. En el common law, por ejemplo, desde hace más de un siglo las sentencias que resolvieron acciones por difamación identificaron el daño con la violación del derecho a la reputación o buen nombre de la víctima, y más recientemente con la violación del derecho a la intimidad. En esos casos, la discusión en materia de responsabilidad extracontractual activa instrumentos propios de los conflictos que involucran derechos, y termina decidiendo reglas sobre la antijuridicidad del daño a partir de la preponderancia del derecho a la libertad de expresión o de la reputación o intimidad. Ver, en ese sentido, Christie, George (2013), “Intersección de la responsabilidad extracontractual, y el derecho constitucional y los derechos humanos”, en Carlos Bernal y Jorge Fabra (eds), La Filosofía e la Responsabilidad Civil. Estudios sobre los fundamentos filosófico-jurídicos de la Responsabilidad civil extracontractual. Bogotá: Universidad Externado de Colombia”. Cita del texto original: “La función jurídica de esa coincidencia entre daño y lesión a derechos se puede entender a partir de asuntos frecuentes en la jurisprudencia nacional. Los ejemplos revelan que un caso debe encauzarse en las lógicas de los derechos, porque necesita de ciertos criterios constitucionales para hacer el estudio de la responsabilidad. Entre esos casos, se encuentran los de responsabilidad por privación injusta de la libertad, en que el daño es la restricción indebida de la libertad en que siempre hay un conflicto entre derechos o entre derechos y potestades del Estado; o los de responsabilidad por allanamientos ilegales en que el daño consiste en la trasgresión del derecho a la inviolabilidad del domicilio y que han sido resueltos teniendo en cuenta el contenido de ese derecho para definir el daño(Ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de octubre de 2014), o en los casos de responsabilidad por torturas, que se ha reconocido que el daño es el sacrificio de la integridad personal incluso desde antes de 1991. Puede verse la Sentencia de 27 de junio de 1985, Exp (3507) de esta Sección, y especialmente la resolución del tercer cargo formulado en el recurso extraordinario de nulidad contra ella, en la de Sala Plena, Sentencia de 16 de diciembre de 1987, Exp (3507). En los casos de responsabilidad por daño al nombre o a la intimidad, el daño a un derecho fundamental termina constitucionalizando algunos aspectos del litigio. Puede verse, por ejemplo, el caso New York Times Co. v. Sullivan (1964).
Las reglas de ese caso, especialmente el estándar de “actual malice” cuya presencia termina definiendo si la víctima tenía o no obligación de soportar el daño, surgieron de las lógicas conceptuales del derecho fundamental a la libertad de expresión. Ver también el caso Patitó vs La Nación en Argentina, en que la Corte Suprema adopta ese mismo estándar en un caso de responsabilidad iniciado por un daño a la reputación de un agente estatal”. Cita del texto original: “Para más detalle sobre las obligaciones del Estado respecto de los derechos de las personas privadas de la Libertad, ver, T 881 de 2002”. Cita del texto original: “Sobre el contenido de este deber positivo ver la sentencia T-153 de 1998”. Cita del texto original: “Sobre el énfasis en el deber positivo en cabeza del Estado, véase las sentencias T-714 de 1996 y T-153 de 1998”
Cita del texto original: “Responsabilidad del Estado que se concreta en la obligación de velar por la seguridad de los reclusos en el perímetro carcelario y en la obligación de garantizar condiciones de vida adecuadas a los reclusos, así en la Sentencia T-522 de 1992. Cita del texto original: “La posibilidad de reinserción social depende en buena medida de la eficacia del derecho de los reclusos a contar con centros carcelarios adecuados, este derecho encuentra el fundamento de su validez en el derecho a la dignidad y en el principio del Estado social de derecho, así en sentencia T-153 de 1998”. Cita del texto original: “Así lo ha reconocido esta Corporación en un caso casi idéntico a éste, de la Sección Tercer, Subsección A, en la Sentencia de 3 de octubre de 2019, exp. 00186-01(AG)”. Cita del texto original: “Corte Constitucional, Sentencia C-143 de 2015”. Cita del texto original: “Ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 3 de octubre de 2019, exp 00186-01(AG)”
Cita del texto original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencias de 29 de agosto de 2013, exp. (2752), de 20 de noviembre de 2013 exp (29774), de 9 de mayo de 2014 (26570), y de la Subsección A, de 3 de octubre de 2019, exp 00186-01(AG), entre otras”. Cita del texto original: “El 24 de marzo de 2020 la Corte Constitucional expidió un nuevo auto de seguimiento al estado de cosas inconstitucional en el que aún no se ha declarado su superación”. Cita del texto original: “Ver el artículo 15 de la ley 1709 de 2014
Ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 16 de noviembre de 1989, Exp 5606”. Cita del texto original: “Aunque en la demanda este perjuicio fue enmarcado en una categoría que no se reconoce actualmente, como se dijo antes, será declarado y reparado de acuerdo con las reglas unificadas por esta Corporación para los perjuicios a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, según las cuales sólo podría indemnizarse bajo esta categoría si no se pudo hacer con base en ninguna otra. Cita del texto original: “ Ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2014. Exp. (32988)”. Cita del texto original: “Ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala plena, Sentencia de 28 de agosto de 2014 exp. 32988.
“ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia”.
Ver, también, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencias de 14 de septiembre de 2011, exp. (19031) y (38222)”.
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
“Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. Reglamento Interno del Consejo de Estado. Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
“Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101. Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2021, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2020-04147-01.
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
Sentencia SU-050 de 2018.
Sentencia SU-354 de 2017.
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2 de febrero de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reiterada en la sentencia SU-131 de 2013 MP (E) Alexei Egor Julio Estrada.
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 8 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte, Constitucional, sentencia T-211 de 27 de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el mismo sentido, puede consultarse Corte Constitucional, sentencia T-649 de 1 de septiembre de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la Jurisdicción Contencioso Administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio de defensa judicial.
Al respecto, se precisa que, frente a las acciones de grupo, el artículo 67 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 dispone que “[…] Contra las sentencias proferidas en los procesos adelantados en ejercicio de las Acciones de Grupo proceden el recurso de revisión […]”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de 2018, número único de radicación 11001 03 15 000 2017 03037 00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 2 de febrero de 2016, número único de radicación: 11001-03-15-000-2015-02342-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 4 de octubre de 2017, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-02229-00(AC), C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
Frente al incumplimiento del requisito de subsidiariedad dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se alega un defecto procedimental por violación del principio de congruencia y la parte actora cuenta con un mecanismo idóneo y eficaz para lograr la protección de sus derechos fundamentales, como lo es el recurso extraordinario de revisión, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2018, C.P Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-03664-00, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre de 2018, C.P Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-03870-00. Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos. Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
“En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara). Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y T-535 de 20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos. Corte Constitucional. Ibídem. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00. Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 8 de mayo de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”. Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial). Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de 2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
ibídem. Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa. Cita del texto original: “Artículo 3 de la Ley 472 de 1998”. Cita del texto original: “Ver Corte Constitucional, Sentencia C-564 de 2004. “Para la Corte, la satisfacción de las condiciones uniformes respecto de la relación causal entre el hecho o los hechos dañinos no puede ser interpretada únicamente desde el punto de vista fáctico. Una valoración del fenómeno de la responsabilidad por afectación a intereses de grupo orientada por este criterio haría imposible la construcción de la relación de identidad entre los diversos hechos dañinos que tienen aptitud para generar un daño común al interés del grupo”. Cita del texto original: “Sección Tercera. Auto de 2 de agosto de 2006 [Radicado 25000-23-24-000-2005-00495-01(AG)]. En esta oportunidad se indicó que “El HECHO GENERADOR DEL DAÑO es aquella circunstancia que genera los respectivos perjuicios sufridos, es la acción u omisión, en si misma considerada, por la cual se cree se causaron los daños; en frente de éste, la administración de justicia cuando va admitir una demanda de acción de grupo, debe identificar que los daños sufridos por la pluralidad de personas, se imputan a un mismo hecho generador, para de allí extraer las condiciones uniformes que los identifican como GRUPO”. Cita del texto original: “En un caso muy similar a este, en que se resolvió una acción de grupo por los daños causados con ocasión del hacinamiento, de otra de las cárceles incluidas en el ECI, esta Corporación entendió que, en efecto, las distintas omisiones que se reprochaban en la demanda estaban ligadas entre sí de forma tal que se satisfacía el requisito legal de las condiciones de uniformidad. En ese caso, se entendió que, las omisiones estatales que generaron el hacinamiento -y todas sus consecuencias- habían sido identificadas por la Corte como parte del problema del sistema de política criminal del país. Ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 3 de octubre de 2019, Exp. 2014-00186-01(AG)”. Cita del texto original: “En efecto, el abogado del INPEC los tachó en la audiencia de pruebas. (DVD de la grabación de la audiencia, folio 363 del cuaderno 2 principal)”. Cita del texto original: “Corte IDH. Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de febrero de 2016. Serie C No. 312”. Cita del texto original: “Corte IDH. Caso Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de octubre de 2015. Serie C No. 301”. Cita del texto original: “Corte IDH. Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de febrero de 2016. Serie C No. 312”. Cita del texto original: “Corte IDH. Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275”. Cita del texto original: “Corte IDH. Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275”. Cita del texto original: “Ver, C-086 de 2016. La Corte Constitucional determinó que el juez debe redistribuir la carga de la prueba”. Cita del texto original: “Ver, Corte Constitucional, Sentencia C-086 de 2016El inciso segundo del artículo 167 del CGP tiene “su origen directo en la asimetría entre las partes y la necesidad de la intervención judicial para restablecer la igualdad en el proceso judicial” … “son los contornos de cada situación los que permiten evaluar si la igualdad entre las partes se ha visto o no comprometida y se requiere de la longa manus del juez para restablecerla”. Ver, una explicación amplia en, M’Causland Sánchez, MC (2019), equidad judicial y responsabilidad extracontractual, Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Pp 633 -651”.
Cita del texto original: “Este es un rasgo común en todos los litigios desde la cárcel. Así ha sido documentado por la doctrina y la jurisprudencia regional. “Casi siempre, además de contar con defensa legal, presentar el caso desde la cárcel tiene enormes dificultades, como la de recabar las pruebas necesarias, ya sean testimonios, peritajes o informes... Cuando estás en prisión, ¿cómo puedes tener o guardar pruebas? Si tienes una familia que vaya a buscar las pruebas y todo... Pero si estás dos años en prisión, tu familia va a estar totalmente dislocada, rota.. (testimonio de Fréderique, compañera de Daniel Tibi)”. Ver, Berinstain, C.M (2009), Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en los casos de violaciones de derechos humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito”. Cita del texto original: “DVD de la grabación de la audiencia, folio 363 del cuaderno 2 principal”. Cita del texto original: “Certificado del 6 de octubre de 2014 en que informa la cantidad de internas que tuvo el Centro, mes a mes, desde enero de 2012 hasta Mayo de 2013. (Folios 364 a 365 del cuaderno principal 2)”. Cita del texto original: “Esa noche, el Personero realizó una visita a la Cárcel cuya acta y registro fotográfico obran en el expediente”. Cita del texto original: “Esta cifra también fue dada por cierta por los jueces de tutela, y la Corte Constitucional, en los procesos que terminaron en la declaración de estados de cosas inconstitucional de la Sentencia T-762 de 2015 (ver la Tabla 2 de ese fallo)”. Cita del texto original: “Esta misma capacidad se tuvo en cuenta en las sentencias de la Corte Constitucional que declararon en 2013 y en 2015”. Cita del texto original: “En oficio de 21 de mayo de 2013, informó que “la capacidad de la Reclusión de Mujeres del EPMSC Florencia es para 32 mujeres cada una con su plancha para pernotar”. Cita del texto original: “Corte Constitucional Sentencia T-762 de 2015, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional a partir de la revisión de 18 casos dentro de los que se incluyó el de la cárcel del Cunduy”. Cita del texto original: “Carranza que es el autor más comúnmente seguido en estos temas, ha sostenido que la sobrepoblación penitenciaria puede ser definida como “el exceso de personas privadas de la libertad por sobre la capacidad de alojamiento inicialmente prevista” y mide “dicha sobrepoblación por medio de la densidad carcelaria por cien plazas (el número de personas privadas de libertad, dividido por el número de plazas previstas, por cien)” Carranza, E., (Ed.) (2001), Justicia penal y sobrepoblación penitenciaria: respuestas posibles. México D.F.: Ilanud y Siglo XXI Editores”. Cita del texto original: “Según Ariza “desde esta perspectiva, el hacinamiento es el resultado de una simple operación cuantitativa en la que se establece el exceso de población, tomando como base el número de cupos que se han definido en los planos de diseño originales de los establecimientos” Ver, Libardo José Ariza Higuera y Mario Andrés Torres Gómez (2019), “Definiendo el hacinamiento. Estándares normativos y perspectivas judiciales sobre el espacio penitenciario”, en Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol. 21, núm. 2, 2019, Universidad del Rosario. Disponible en HYPERLINK "https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.7632" https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.7632. Ver también, Mullen, J., (1985). Prison Crowding and the Evolution of Public Policy. The annals of the American Academy of Political and Social Science, 478(1), 31-46”. Cita del texto original: “La Sala se centrará solo en aquellas respecto de las cuales hay referencias y pruebas en el expediente”
Cita del texto original: “Definidos por la Corte Constitucional en sus dos últimas sentencias sobre el estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria, y por la Corte interamericana en las sentencias mediante las cuales ha fijado el contenido del artículo 5 de la CADH.
Cita del texto original: “Comité Internacional de la Cruz Roja (2012), Agua Saneamiento y Hábitat en las cárceles; Guía Principal. Ginebra: Pier Giorgio Nembrini. También, ver, Comité Internacional de la Cruz Roja (2013), Agua Saneamiento y Hábitat en las cárceles; Guía Complementaria. Ginebra: Comité Internacional de la Cruz Roja”. Cita del texto original: “LA Corte determinó que una persona que pasa 10 horas o más fuera de su celda, tiene derecho a que el espacio libre en suelo de su celda sea de 5.4m2 si la celda es individual, y si es colectiva, debe ser de 3.4m2. Si la persona puede estar 6 horas fuera de su celda, ésta debe tener 6.4m2 libres en suelo si es individual, y 4.4. m2 si es colectiva. Si la persona pasa 3 horas o menos fuera de su celda, ésta debe tener 7.4m2 libres en suelo si es individual, y 5.4m2 si es colectiva, Corte Constitucional, Sentencia 762/2015”. Cita del texto original: “Así lo indicó la Corte Constitucional, de acuerdo con la guía principal para la aplicación de las reglas sobre agua y hábitat en las prisiones del CICR. Según esas mismas reglas, una ventilación óptima debe garantizar un volumen de aire por persona de 3.5m3, un índice de renovación de aire por hora, y un área de ventilación de 0.025m2 por persona. Ver, Comité Internacional de la Cruz Roja (2012), Agua Saneamiento y Hábitat en las cárceles; Guía Principal… Op Cit”. Cita del texto original: “Este espacio es la suma de las áreas comunes y las de reclusión. Para calcularlo este espacio, del área total del patio o la cárcel se debe restar el área de “aquellas zonas destinadas a la gestión de la administración y del entrenamiento o estancia de la guardia, estableciendo el área destinada al uso de los reclusos y accesible en condiciones de normalidad”. Ver, Corte Constitucional, Sentencia T-762/2015,( parr. 125-127). Ver también, Ariza Higuera, L.J., & Torres Gómez, M.A. (2019), “Definiendo el hacinamiento. Estándares normativos y perspectivas judiciales sobre el espacio penitenciario”. Revista Socio-Jurídicos, 21(2), 227-258. Disponible en: HYPERLINK "http://dx.doi/" http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.7632”. Cita del texto original: “Así lo dispone expresamente el artículo 5 de la CADH, que es parte del bloque de constitucionalidad en estricto sentido, y vincula a las autoridades”. Cita del texto original: “En el séptimo informe semestral de seguimiento al estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario, de 9 de diciembre de 2019, se informó que uno de los contratos celebrados fue el CT 226-2019 cuyo objeto era el Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del EPMSC Florencia (Cunduy). No se ha reportado su ampliación ni reformas para la creación de nuevos espacios o cupos, por lo que esta medida se tendrá como cierta hasta la fecha en que se expide esta sentencia. En el primer informe se dio cuenta de intervenciones en las redes hidrosanitarias, sanidad, rancho y redes eléctricas. En ese mismo informe consta que no se han hecho intervenciones de mantenimiento, ni en relación con las baterías sanitarias, los centros de acopio y las visitas íntimas. El séptimo informe está disponible en: HYPERLINK "http://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/documento/S%C3%A9ptimo%20informe%20de%20seguimiento%20al%20ECI%20del%20Sistema%20Penitenciario%20y%20Carcelario.pdf" http://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/documento/S%C3%A9ptimo%20informe%20de%20seguimiento%20al%20ECI%20del%20Sistema%20Penitenciario%20y%20Carcelario.pdffile:///Volumes/HV620S/andre%CC%81e/1Consejo%20de%20Estado%202019/11.%20AG%20presas/material/corte%20consttiucional/ECI%20carceles/Primer-Informe-Grupo-Lider-de-Seguimiento-Sentencia-T-762-de-2015%20PRIMER%20INFORME.pdf”. Cita del texto original: “Informe del Personero Municipal, Folios 372 a 385 del cuaderno principal 2”. Cita del texto original: “Ver fotos números 8, 9 y 10 y sus explicaciones, anexas al informe del Personero Municipal de Florencia.
DVD Folios 372 a 385 del cuaderno principal 2”. Cita del texto original: “Informe del Personero Municipal. Foto 14, Folios 372 a 385 del cuaderno principal 2
Cita del texto original: “Ver fotos 1, 2 y 13 con sus explicaciones, anexas al informe del Personero Municipal de Florencia. DVD y Folios 372 a 385 del cuaderno principal 2”. Cita del texto original: “Testimonios de los señores Flor María García y Norvey García, DVD de la grabación de la audiencia, folio 363 del cuaderno 2 principal. Informe del defensor Folios 372 a 385 del cuaderno principal 2”. Cita del texto original: “Comité Internacional de la Cruz Roja (2012)…Op Cit”. Cita del texto original: “Testimonio del Personero Municipal de Florencia, CD con la grabación de la audiencia de pruebas, Folio 363 del cuaderno principal 2”. Cita del texto original: “Testimonio del señor Norvey García, DVD de la grabación de la audiencia, folio 363 del cuaderno 2 principal”. Cita del texto original: “Testimonio de la señora Flor María García, DVD de la grabación de la audiencia, folio 363 del cuaderno 2 principal”. Cita del texto original: “En sentido similar, Ver, Corte Constitucional, Sentencia T-762/2015”. Cita del texto original: “Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150. Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 24168, entre otras”. Cita del texto original: “Ver, Corte Constitucional, Sentencia T-762/2015 (p.104). Este estándar también hace parte del artículo 5 de la CADH. Ver, entre otras, Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 24168”. Cita del texto original: “Ver fotos 15y21 sus explicaciones, en el informe del Personero Municipal de Florencia. DVD, folio 363 del cuaderno principal 2”. Cita del texto original: “Testimonio de la señora Flor María García, DVD con la grabación de la audiencia de pruebas, DVD, folios 363 del cuaderno principal 2”. Cita del texto original: “Adoptado como estándar por la Corte Constitucional en materia de condiciones mínimas de dignidad para las personas privadas de la libertad. Ver sentencias que declaran el ECI, especialmente la T-762 de 2015”. Cita del texto original: “CICR (2013), AGUA, SANEAMIENTO, HIGIENE Y HÁBITAT EN LAS CÁRCELES – GUíA COMPLEMENTARIA”. Cita del texto original: “Ver las fotos 16 y 17 y sus explicaciones, en el informe del Personero Municipal de Florencia. DVD con la grabación de la audiencia de pruebas, folios 363 del cuaderno principal 2”. Cita del texto original: “Ver fotos 4, 15 y 21 con y sus explicaciones, anexas al informe del Personero Municipal de Florencia. DVD con la grabación de la audiencia de pruebas, DVD, folios 363 del cuaderno principal 2 y Folios 372 a 385 (con CD) del cuaderno principal 2”. Cita del texto original: “Así lo constató el Personero Municipal y de ello dejó constancia en su informe. Ver explicación de la foto número 10 del informe. Folios 372 a 385 (con CD) del cuaderno principal 2”. Cita del texto original: “Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150”. Lo transcrito corresponde a aquello a lo cual hizo referencia el Tribunal Administrativo del Caquetá en la sentencia de 4 de mayo de 2017 cuándo al abordar el acápite de lo probado en el proceso desarrolló lo expuesto por el Personero Municipal de Florencia.
“ARTÍCULO 3º.- Acción de Grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas.
La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios”.
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia de 3 de octubre de 2019, proceso identificado con el número único de radicación 70001-23-33-000-2014-00186-01, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia de 3 de octubre de 2019, proceso identificado con el número único de radicación 70001-23-33-000-2014-00186-01, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Cita del texto original: “Este perjuicio encaja en la tipología fue introducida en la unificación de la Sección Tercera de esta Corporación para indemnizar los daños a los bienes, derechos o intereses legítimos constitucionales, jurídicamente tutelados, que no estén comprendidos dentro de los conceptos de “daño a la salud” ni “daño moral. Sección Tercera. Sala Plena. Fallos de 14 de septiembre de 2011 [Radicados 05001-23-25-000-1994-00020-01(19031) y 05001-23-31-000-2007-00139-01(38222)]”. Cita del texto original: “Ver Corte Constitucional T- 124 de 1994 y T-881 de 2002”
Cita del texto original: “Ver Corte Constitucional T-596 de 1992 y T- 881 de 2002”
Cita del texto original: “Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la salud mental de las mujeres está expuesta a deteriorarse en las prisiones hacinadas, donde no se hace una diferenciación de prisioneros basada en una evaluación adecuada y donde los programas para prisioneros son inexistentes o inadecuados para abordar las necesidades de las mujeres. Los efectos perjudiciales sobre la salud mental se exacerban cuando las mujeres… se sienten en riesgo de abusos adicionales. Ver, ONU (2014), Manual sobre mujeres y encarcelamiento. Serie de manuales de justicia penal, 2da. edición, en línea con las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok). New York: Organización Naciones Unidas. Disponible en unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Manual_Mujeres_2da_edicion.compressed.pdf”. Cita del texto original: “En la Sentencia de unificación del 2 de agosto de 2014 se explicó que este perjuicio se reconoce cuando se trate de “vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y convencionalmente amparados” y que para evitar una doble reparación el juez debe verificar, como se hizo aquí, que, su indemnización no haya estado “comprendida dentro de los perjuicios materiales e inmateriales ya reconocidos”. Cita del texto original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de 28 de agosto de2014 Exp. (32988)”. Cita del texto original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 3 de octubre de 2019, exp. 2014-00186-01(AG)”. Cita del texto original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 3 de octubre de 2019, exp. 2014-00186-01(AG)”. Cita del texto original: “Esta tesis se acogió en esta sentencia, siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación reiterada -entre otras- por el mismo fallo del que, en este punto, se separa la Sala”. Cita del texto original: “ARTICULO 25.- Indemnizaciones y costas.
Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que conceda la tutela el juez, de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así como el pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante el juez competente, por el trámite incidental, dentro de los seis meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la actuación…”. Cita del texto original: “No se trata de negar, aquí, la existencia de títulos de imputación subjetivos. Lo que se considera improcedente es la exigencia de prueba que acredite un elemento emotivo en la conducta del Estado. Es imposible para cualquiera porque el Estado no tiene sentimientos”. Cita del texto original: “Ver Corte Constitucional, Sentencia T- “. Cita del texto original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala plena 28 de agosto de 2014 exp. 32988. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia de 3 de octubre de 2019, proceso identificado con el número único de radicación 70001-23-33-000-2014-00186-01, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia de 3 de octubre de 2019, proceso identificado con el número único de radicación 70001-23-33-000-2014-00186-01, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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