Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02226-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02226-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02226-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
21 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02226-00
Demandante: Miguel Antonio Arrollo Córdoba
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 21 de mayo de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02226-00
Demandante: MIGUEL ANTONIO ARROLLO CÓRDOBA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CHOCÓ, SALA QUINTA DE
DECISIÓN
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa.
Privación injusta de la libertad. Monto de indemnización de perjuicios.
Defecto fáctico, sustantivo y desconocimiento del procedente.
Deniega.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Miguel Antonio Arrollo Córdoba contra
el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Quinta de Decisión.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 18 de marzo de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y a través de apoderado, el
señor Miguel Antonio Arrollo Córdoba pidió la protección de sus derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia, igualdad y “reparación integral”.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia de
segunda instancia dictada el 24 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo del
Chocó, Sala Quinta de Decisión, que modificó la decisión de primera instancia, para, en
su lugar, disminuir el monto de la indemnización por perjuicios concedida en la demanda
de reparación directa acumulada 27001333300120180010501 y
27001333300320180028001.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: TUTELAR los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral de los accionantes.
SEGUNDA PRETENSIÓN CONSECUENCIAL: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia No. 011 del 24
de febrero de 2026 proferida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó.
TERCERA PRETENSIÓN CONSECUENCIAL: ORDENAR a la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Chocó que, en el término que el Honorable Consejo de Estado señale, profiera
una nueva sentencia de segunda instancia en los radicados acumulados
27001333300120180010501 y 27001333300320180028001, atendiendo de manera estricta los
siguientes parámetros:
a) Aplicar la distribución dinámica de la carga de la prueba conforme a la SU-068 de 2023: la carga
de desvirtuar los efectos del hacinamiento recaía sobre el INPEC, el Ministerio de Justicia y la
USPEC.
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Demandante: Miguel Antonio Arrollo Córdoba
b) Reconocer la indemnización por perjuicios morales, dada la imposibilidad de exigir a personas
privadas de la libertad prueba directa de sus afectaciones emocionales derivadas del hacinamiento
estructural.
c) Cuantificar el daño a bienes constitucionales y convencionalmente protegidos aplicando los
parámetros de la sentencia Cunduy-Florencia (20 de noviembre de 2020, radicado 18001-23-33-
000-2013-00216-01(AG)) confirmada por la SU-068 de 2023, sin condicionar el monto a la
demostración de indolencia o indiferencia institucional.
d) Abstenerse de imponer requisitos de procedencia de la indemnización no contemplados en el
artículo 90 de la Constitución Política.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA: En caso de que el Honorable Consejo de Estado considere que debe
proferir directamente la decisión de reemplazo, se solicita respetuosamente REVOCAR la Sentencia
No. 011 de 2026 y en su lugar CONDENAR al INPEC al pago de la indemnización que corresponda
conforme a los precedentes constitucionales aplicables.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El accionante estuvo privado de la libertad desde el 30 de noviembre de 2015 al 13 de
octubre de 2017 en la cárcel Anayancy de Quibdó, por la comisión del delito de
celebración indebida de contratos.
El establecimiento carcelario en el que estaba recluido el actor registraba índices de
hacinamiento que oscilaron entre el 184,3% y el 261%, según certificaciones expedidas
por el INPEC y verificadas por la Defensoría del Pueblo.
Como consecuencia de lo anterior, el accionante y otros reclusos formularon demanda
de reparación directa con el fin de obtener la reparación, en el caso del demandante, de
perjuicios morales y daño inmaterial en un monto de 200 salarios mínimos.
El proceso correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó con el
radicado 27001333300120180010500 y fue acumulado con el proceso
27001333300320180028000. Mediante sentencia de 15 de agosto de 2025, el Juzgado
declaró la responsabilidad del INPEC y del Ministerio de Justicia y del Derecho por
considerar que en el establecimiento carcelario se presentó y ha persistido un grave
problema de hacinamiento. Que el fenómeno afectó la dignidad e integridad de los
internos, generando daños derivados de las condiciones inhumanas que debieron
soportar.
Como consecuencia de lo anterior, condenó al pago de 25 SMLMV por perjuicios morales
y veinticinco (25) SMLMV adicionales por concepto de daños a bienes constitucional y
convencionalmente amparados, para cada uno de los demandantes.
Inconforme, el INPEC apeló y alegó que si bien el a quo reconoció la existencia de prueba
respecto a las condiciones de hacinamiento carcelario, no se realizó un análisis
individualizado de cada demandante ni de la presunta afectación sufrida, y sin constatar
el adecuado y oportuno tratamiento penitenciario brindado.
La Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia de
24 de febrero de 20261, revocó parcialmente el fallo de primera instancia, para lo cual
suprimió la condena por perjuicios morales y redujo la indemnización por daños a bienes
constitucionales de 25 a 2 salarios mínimos por cada demandante.
Señaló que estaba demostrado el hacinamiento en la entidad carcelaria. Sin embargo,
consideró que la existencia del hacinamiento como situación estructural no implicaba
automáticamente que las afectaciones de la salud de los reclusos fueran atribuibles al
Estado.
1 Notificada por correo electrónico el 25 de febrero de 2026
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El ad quem analizó las pruebas aportadas para cada uno de los reclusos y encontró que
varias de sus patologías correspondían a enfermedades crónicas preexistentes, otras no
indicaban relación temporal con episodios de insalubridad o hacinamiento, y en ciertos
casos se trataba de afecciones comunes cuya causa no puede inferirse objetivamente
del simple hecho de estar privado de la libertad.
Lo anterior, sumado a que algunos dictámenes señalaban falta de adherencia a
tratamientos o ausencia de controles médicos externos, factores que dificultaron
establecer una relación causal cierta y directa, de manera que, aunque el hacinamiento
sí se acreditó como un daño estructural, las historias clínicas obrantes en el plenario no
permitieron atribuir de manera individual un perjuicio moral derivado de afectaciones
específicas en salud.
En cuanto al perjuicio inmaterial denominado daño a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente protegidos, advirtió que, aun cuando no se acreditó un perjuicio
moral individualizable para los demandantes, ello no impedía mantener el reconocimiento
del perjuicio otorgado por el a quo, pues se constató la vulneración de derechos
fundamentales de naturaleza objetiva y autónoma derivada del hacinamiento carcelario.
Sin embargo, consideró que “si bien se demostró la existencia de una falla estructural del
sistema penitenciario —derivada del hacinamiento extremo y de condiciones indignas de
reclusión—, no se acreditó en el plenario que las entidades demandadas (Ministerio de
Justicia e INPEC) hayan incurrido en una conducta de indolencia o indiferencia en la
superación de la crisis carcelaria del EPMSC de Quibdó”.
Señaló que en el presente caso, al no haberse acreditado una omisión específica y
determinante, ni una conducta de indiferencia institucional frente a las gestiones
encaminadas a enfrentar la crisis carcelaria, y ante la inexistencia de parámetros
cuantitativos objetivos que permitan una tasación precisa, en ejercicio razonado del
arbitrio juris, era del caso disminuir el monto de la indemnización en 2 salarios mínimos
para cada uno de los demandantes, suma que consideró significativa y proporcionada.
El 25 de febrero de 2026, el apoderado del accionante interpuso recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia, el cual fue rechazado por auto de 12 de marzo de 2026
por incumplimiento de causales de procedencia.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora señaló que en el presente caso se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En cuanto al fondo del asunto, señaló que el fallo controvertido adolece de defectos
sustantivo y fáctico, así como desconocimiento del precedente; sin embargo, de los
argumentos expuestos en la acción de tutela se advierte que solo alega este último.
Discutió que, si bien en la providencia cuestionada se citó la sentencia SU-068 de 2023,
desconoció las reglas allí contenidas, pues revocó la indemnización por daño moral con
el argumento de que los demandantes no acreditaron nexo causal entre sus patologías
individuales y el hacinamiento, que eso implica exigir a las víctimas una prueba que la
sentencia de unificación puso expresamente en cabeza del Estado.
Consideró que se exigió de manera irrazonable prueba individual del nexo causal entre
patologías y hacinamiento, con lo que desconoció la regla probatoria de distribución
dinámica de la carga de la prueba, aplicable en estos casos según la sentencia SU-068
de 2023.
Manifestó que haber disminuido el monto de la indemnización resulta manifiestamente
desproporcionado frente a la jurisprudencia aplicable, como la sentencia El Cunduy-
Florencia (Subsección B, 20 de noviembre de 2020, confirmada por la SU-068/2023)
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donde se estableció un tope de hasta 40 salarios mínimos, y la sentencia “Villahermosa
(Subsección A, 18 de noviembre de 2024)” que fijó hasta 5 salarios mínimos, casos en
los que no se autorizó reducir el monto a solo dos salarios mínimos.
Advirtió que el Tribunal Administrativo del Chocó impuso un requisito inconstitucional,
pues como criterio para disminuir el monto de la indemnización recurrió a la no
demostración de indolencia institucional, exigencia que contraviene lo dispuesto en la
sentencia SU-068 de 2023, en la que se estableció que la indemnización no puede
condicionarse a demostrar indolencia o indiferencia del Estado.
5. Trámite procesal
El 27 de marzo de 2026, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre otras
cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Chocó- Sala Quinta de Decisión y en calidad de terceros con interés,
al juez primero administrativo de Quibdó, quien dictó la sentencia de primera instancia, al
ministro de defensa y al director del INPEC, y a los señores Eleuterio Guzmán Posada,
Luis Alberto Mosquera Rivas, James De Jesús Rentería Córdoba, Jesús Bernal Torres,
José Avelino Palacios Palacios, Pablo Emilio Cáceres Bonilla, Jhon Jairo Mosquera
Navarro, César Rodríguez Palacios, Alberto López Moreno, Fernando Alid Hurtado
Ibargüen y Eloel González.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 7, 9 y 10 de abril
de 2026.
6. Intervenciones
La magistrada del Tribunal Administrativo del Chocó, ponente de la decisión
cuestionada, se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que la acción
de tutela no supera el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la solicitud de
amparo se estructura como una instancia adicional orientada a reabrir el debate
probatorio y jurídico ya resuelto por el juez natural, en contravía de la naturaleza
subsidiaria de este mecanismo, esto sumado a que el debate planteado es
eminentemente económico.
Agregó que no se incurrió en los defectos alegados por el tutelante, como quiera que el
Tribunal identificó expresamente el precedente constitucional aplicable, lo citó de manera
extensa y lo incorporó dentro del marco del análisis del caso, incluyendo las reglas
relativas a la flexibilización probatoria en contextos de privación de la libertad.
Resaltó que la aplicación del precedente judicial no implica su adopción automática o
mecánica, sino su interpretación razonada conforme a las particularidades fácticas y
probatorias del caso concreto, en ejercicio de la autonomía judicial.
Precisó que, en el presente asunto, la sala no se apartó del precedente, sino que, a partir
de su contenido, evaluó el material probatorio allegado y determinó el alcance de los
perjuicios acreditados, concluyendo motivadamente la improcedencia del reconocimiento
del daño moral y la cuantificación del daño a bienes constitucionalmente protegidos.
Advirtió que la decisión no se fundó en la imposición de una carga probatoria irrazonable
o de imposible cumplimiento, sino en la insuficiencia probatoria concreta para demostrar
la entidad del perjuicio alegado, particularmente en lo relativo a su dimensión subjetiva e
individual.
El INPEC a través del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, solicitó que se declarara
improcedente la acción, por cuanto el tutelante pretende reabrir un debate frente a una
pretensión netamente económica que fue resuelta por el tribunal accionado a través de
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una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada y que se expidió en virtud del principio de
la autonomía judicial.
El Ministerio de Justicia y del Derecho, por medio de su apoderado, pidió que se
desestimaran las pretensiones de la acción porque el no reconocimiento por parte del
Tribunal Administrativo del Chocó de los daños morales se ajustó a lo dispuesto en las
reglas establecidas por la Corte Constitucional mediante sentencia de SU-068 de 2023,
ya que cumplió con cada uno de los parámetros allí dispuestos con fundamento en un
estudio juicioso de los elementos probatorios que le fueron puestos bajo su conocimiento.
Resaltó que en este caso no era posible aplicar la presunción judicial en materia de daño
moral por no tratarse de muerte, lesiones graves o privación injusta de la libertad; al no
estar acreditado en el expediente la aflicción y malestar emocional por medio probatorio
“diferente a la inexistente presunción de daño derivada del hecho de purgar una condena
en establecimiento penitenciario y carcelario de Colombia”, de manera que ni siquiera
había lugar a imponer condena alguna por daño moral en contra de ninguno de los
demandados.
El juez primero administrativo de Quibdó, así como los terceros Eleuterio Guzmán
Posada, Luis Alberto Mosquera Rivas, James De Jesús Rentería Córdoba, Jesús
Bernal Torres, José Avelino Palacios Palacios, Pablo Emilio Cáceres Bonilla, Jhon
Jairo Mosquera Navarro, César Rodríguez Palacios, Alberto López Moreno,
Fernando Alid Hurtado Ibargüen y Eloel González, guardaron silencio pese a haber
sido debidamente notificados de la presente acción.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Miguel Antonio Arrollo Córdoba para dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia
del 24 de febrero de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo del Chocó- Sala Quinta
de Decisión, que modificó la decisión de primera instancia para, en su lugar, disminuir el
monto de la indemnización concedida a los accionantes de la acción de reparación directa
27001333300120180010501 acumulada con la 27001333300320180028001.
La Sala anticipa que denegará las pretensiones de la parte actora, por cuanto el tribunal
demandado no incurrió en desconocimiento del precedente, pues el análisis efectuado
para resolver la alzada fue razonable, acorde con los pronunciamientos de la
jurisprudencia y fundado en el legítimo ejercicio de la autonomía judicial.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y, (iii) el análisis del caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
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específicos3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial
La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
La relevancia constitucional se encuentra acreditada, toda vez que el asunto no trata
sobre una instancia adicional, puesto que las decisiones de primera y segunda instancia
variaron en cuanto al reconocimiento de perjuicios, y cumple con la carga argumentativa
de señalar que, si existieran los errores que alega la parte actora, se estaría vulnerando
su derecho a la reparación integral.
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo
con la verificación del expediente del proceso de reparación directa, la sentencia acusada
fue comunicada el 25 de febrero de 2026, de conformidad con el numeral 2 del artículo
2054 del CPACA, y la demanda de tutela fue radicada el 18 de marzo de 2026, esto es,
en un término que no supera los seis meses fijados por la Sala plena de esta Corporación
como plazo razonable.
La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado
que promovió demanda de reparación directa y cuestiona la sentencia de segunda
instancia dictada en dicho proceso. Además, tampoco se evidencia la viabilidad del
recurso extraordinario de revisión contra la providencia atacada, puesto que no parece
que pueda encuadrarse en alguna de las causales de procedibilidad previstas en el
artículo 250 del CPACA. Así como tampoco la procedencia del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, porque este solo procede cuando la decisión cuestionada
contraríe o se oponga a una sentencia de unificación, tal como se señaló en el auto que
rechazó este recurso, el cual fue interpuesto por el accionante.
También se identifican los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental; esto es, expuso de manera clara que la vulneración de los derechos
fundamentales invocados proviene de advertir que la autoridad judicial demandada
incurrió en desconocimiento del precedente.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona
una sentencia de segunda instancia de un proceso de reparación directa.
4. Análisis del caso concreto
En el presente caso no es materia de discusión que el accionante fue beneficiado a través
de la sentencia objeto de impugnación, en la cual se encontró demostrado que, durante
su confinamiento en la cárcel Anayancy de Quibdó, sufrió los pormenores propios del
hacinamiento. Sin embargo, la acción de tutela se interpone, como quiera que el
accionante discute que se haya revocado el reconocimiento de perjuicios morales, así
como la disminución del monto de la indemnización ordenada por el Tribunal
Administrativo del Chocó en la sentencia de 24 de febrero de 2026 en la que otorgó solo
dos salarios mínimos para indemnizar a cada uno de los accionantes.
Para el efecto, la parte actora adujo que la sentencia cuestionada desconoció el contenido
de la sentencia SU-068 de 2023, por cuanto (i) se exigió a las víctimas una prueba que
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4
«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles
siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación».
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la sentencia de unificación puso expresamente en cabeza del Estado, (ii) se desconoció
que la indemnización no puede condicionarse a demostrar indolencia o indiferencia del
Estado y (iii) se desconoció el tope fijado por la jurisprudencia, especialmente la que fue
revisada por la corte en el fallo de unificación desconocido, la cual estableció que se
puede conceder un máximo de 40 y un mínimo de 5 salarios mínimos.
4.1. Sobre la flexibilización de la prueba y el reconocimiento de perjuicios morales
En la providencia cuestionada, el Tribunal Administrativo del Chocó revocó el
reconocimiento de perjuicios morales por las siguientes razones:
En cuanto a los servicios médicos, evidenció que la atención médica era prestada por la
EPS Caprecom, pero no encontró acreditado que alguno de los señores Eleuterio
Guzmán Posada, Luis Alberto Mosquera Rivas, Miguel Antonio Arrollo Córdoba, James
de Jesús Rentería Córdoba, Jesús Bernal Torres, José Avelino Palacios Palacios, Pablo
Emilio Cáceres Bonilla, Jhon Jairo Mosquera Navarro, César Rodríguez Palacios, Alberto
López Moreno, Fernando Alid Hurtado Ibargüen y Eloel González hubieran solicitado o
requerido algún tratamiento o atención médica por parte de sanidad del establecimiento
carcelario y se le hubiera negado o prestado de manera deficiente, por el contrario se
observaba que recibieron atención médica mientras estuvieron privados de la libertad.
Sobre el daño sufrido por cada uno de los demandantes, consideró que, en efecto, la
existencia del hacinamiento como situación estructural no implicaba automáticamente
que las afectaciones de la salud consignadas en las historias clínicas allegadas al
plenario sean atribuibles causalmente a dicha condición.
Sostuvo que varias de las patologías corresponden a enfermedades crónicas
preexistentes, otras no indicaban relación temporal con episodios de insalubridad o
hacinamiento, y en ciertos casos se trató de afecciones comunes cuya causa no podía
inferirse objetivamente del simple hecho de estar privado de la libertad. Agregó que
algunos dictámenes señalaban falta de adherencia a tratamientos o ausencia de
controles médicos externos, factores que dificultaron aún más una relación causal cierta
y directa.
Concluyó que, si bien el hacinamiento se acreditó como un daño estructural, las historias
clínicas obrantes en el plenario no permitían atribuir de manera individual un perjuicio
moral derivado de afectaciones específicas en salud. Por consiguiente, afirmó que el A
quo no realizó una valoración individual suficiente y que, efectuada en esa instancia
judicial, no se encontró prueba idónea que permitiera afirmar que las patologías sufridas
por los demandantes guarden relación causal con las condiciones de hacinamiento, razón
suficiente para revocar el reconocimiento de la indemnización reconocida en primera
instancia por concepto de perjuicio inmaterial denominado daño moral.
Ahora bien, para resolver el desconocimiento jurisprudencial alegado por el accionante,
es del caso revisar el contenido de la jurisprudencia que se considera desconocida. En
primer término, se invoca la sentencia SU-068 de 2023, en la que la Corte Constitucional
revisó los fallos de tutela proferidos por el Consejo de Estado contra la sentencia de 20
de noviembre de 2020 en la que la Subsección B de la Sección Tercera de esa
Corporación decidió una acción de grupo en la que se reclamaban derechos derivados
de la situación de hacinamiento ocurrido en la cárcel de mujeres del Cunduy -Florencia.
En este fallo la Corte analizó la valoración probatoria en casos de hacinamiento, e hizo
las siguientes precisiones:
147. Es importante, además, resaltar que, por la relación de especial sujeción que tienen las
personas privadas de la libertad con las autoridades, los jueces están obligados a flexibilizar el
análisis de las pruebas sobre denuncias en contra del Estado. No es posible exigirle a una persona
que fue privada de la libertad que presente pruebas sobre las cuales no tiene control. En este sentido,
los testimonios de familiares que van a visitarlas, así sea de manera esporádica, sirven para que las
personas privadas de la libertad puedan exponer su denuncia. Al respecto, la Corte también toma
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Demandante: Miguel Antonio Arrollo Córdoba
en consideración que las visitas que pueden recibir las personas privadas de la libertad son de
carácter esporádico, tal y como lo establece la Ley 65 de 1993. Además, las internas no cuentan con
otros medios de prueba o con la posibilidad de recaudarlos, pues, por disposición de la misma ley,
son despojadas de sus pertenencias personales al ingresar al establecimiento de reclusión. En ese
sentido, las personas privadas de la libertad no tienen elementos suficientes para documentar
apropiadamente las condiciones en las que pasan sus días.
148. En este punto, la Sala Plena comparte con la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado que la carga probatoria para desmentir las consecuencias del hacinamiento en el que
vivieron las internas de El Cunduy recaía sobre las entidades estatales. El INPEC, la USPEC y el
Ministerio de Justicia debieron desvirtuar, ante el juez contencioso administrativo, los argumentos de
la denuncia interpuesta en su contra por parte del grupo de mujeres reclusas en El Cunduy.
149. Ahora bien, es importante precisar que en esta decisión la Corte no está desarrollando un
estándar de responsabilidad estatal objetiva por casos de hacinamiento carcelario en el país. En
realidad, como lo señaló la Sala Plena en la Sentencia SU-072 de 2018, el artículo 90 de la
Constitución establece un régimen general de responsabilidad en el que se define exclusivamente
la naturaleza del daño que es resarcible, es decir, uno antijurídico. Sin embargo, el artículo 90
superior deja a salvo los demás supuestos constatables a la hora de definir la responsabilidad, esto
es, la necesidad de acreditar que se presentó un hecho o una omisión atribuible al Estado o a uno
de sus agentes. Así, para que haya una responsabilidad estatal, se deben probar en cada caso todos
los elementos exigidos por la Constitución y la ley.
150. Frente a las demandas de responsabilidad estatal por hechos de hacinamiento como el de este
caso, por ejemplo, para el caso de la falla en el servicio, el Estado podrá resultar exonerado si
demuestra ante el juez contencioso que ha adoptado todas las medidas conducentes a evitar un
daño antijurídico. Para ello deberá constatar que existe un plan completo, coherente, racionalmente
orientado y con presupuesto suficiente para eliminar la situación de hacinamiento carcelario, que se
está implementando adecuadamente y que evidencia progresos y avances reales y tangibles, o
indicios claros de que estos efectivamente se darán. Sobra decir, que esto no sucedió en el caso
examinado por el Consejo de Estado.
151. Así pues, no se advierte que la valoración probatoria que hizo el Consejo de Estado del informe
del personero municipal y de los testimonios de algunos familiares de las internas sea inadecuada
y, menos aún, irrazonable, de manera que lo que se impone es concluir que en este caso no se
configuró el defecto fáctico en los términos invocados en la demanda.
Del acápite transcrito, se advierte que la sentencia estableció que, en materia de
hacinamiento carcelario, el análisis probatorio debe flexibilizarse al punto que no se
imponga a las personas privadas de la libertad la demostración de hechos que exceden
su capacidad probatoria.
Es importante resaltar que, en la sentencia de unificación, la Corte Constitucional precisó
que el análisis de ese caso particular no implicaba el establecimiento de un régimen
objetivo de responsabilidad, para lo cual expuso:
175. Por último, la Sala considera que la posición que tomó el Consejo de Estado en la sentencia
del 3 de octubre de 2019 relacionada con el no reconocimiento de una indemnización monetaria no
significa que ese tribunal no pueda, en adelante, reconocerla en casos similares. Como se expuso
antes (ver tabla 2 de este apartado), en cada asunto el juez debe analizar si hay o no lugar a ordenar
un pago en dinero cuando se prueba una vulneración o afectación relevante a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados. En efecto, la sentencia de unificación del 28 de
agosto del 2014 antes mencionada le otorgó libertad al juez de lo contencioso administrativo para
analizar en cada caso cuáles son las medidas más propicias para reparar a las víctimas de un daño
a bienes constitucionalmente protegidos. El Consejo de Estado, a través de la sentencia de
unificación del 2014, permitió que la vulneración de bienes constitucional y convencionalmente
protegidos, como lo puede ser la dignidad humana, sea reparada a través de medidas
indemnizatorias cuando el juez evidencie que las medidas no pecuniarias son insuficientes para
resarcir a las víctimas. Estas medidas pecuniarias serán reconocidas por el juez de acuerdo con el
análisis que realice sobre el caso en concreto y, sobre todo, si encuentra acreditadas violaciones
relevantes a los derechos constitucionalmente amparados.
(…)
179. En este mismo sentido, la decisión del Consejo de Estado evidencia los problemas para la
superación de un estado de cosas inconstitucional que fue declarado por primera vez hace ya más
de 24 años. El Estado debe hacerse responsable de las consecuencias a las que conlleva una
vulneración generalizada y masiva de derechos fundamentales. Así, las autoridades judiciales, como
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en este caso el Consejo de Estado, deben acudir a todas las herramientas dispuestas en el
ordenamiento para hacer valer los derechos reconocidos en la Constitución.
180. Sin embargo, es importante reiterar que en esta decisión la Corte no desarrolla un régimen de
responsabilidad objetiva para casos de hacinamiento carcelario en el país. Por el contrario, le
corresponderá a quien pretende el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado probar
cada uno de los elementos exigidos por la Constitución y la ley para obtenerla, esto es: (i) la
existencia de un daño antijurídico, es decir, un perjuicio que el ciudadano no debía soportar; (ii) una
acción u omisión imputable al Estado y; (iii) el nexo de causalidad entre la acción u omisión estatal
y el daño antijurídico.
De conformidad con lo expuesto se advierte que a voces de la jurisprudencia citada, la
flexibilización probatoria en casos de hacinamiento debe aplicarse en procesos en que
se busca la reparación del daño que ocasiona esta situación particular, lo que no se
desconoció en el caso aquí analizado, pues en los fallos de instancia se accedió a las
pretensiones al encontrar demostrado que en el establecimiento carcelario Anayancy de
Quibdó existió hacinamiento durante la época de reclusión del accionante, sin que se
observe que se la haya exigido demostrar hechos imposibles, de manera que no se
observa que el tribunal haya realizado una valoración probatoria rigurosa tendiente a
negar los derechos reclamados.
Por el contrario, lo que se advierte es que la corporación analizó el caso concreto y
encontró que las pruebas no resultaban suficientes para demostrar que se hubiere
causado un daño moral, lo que estuvo suficientemente sustentado y no transgredió las
pautas analizadas en la sentencia que se estima desconocida, en la cual, se insiste, se
indicó que no existía un régimen objetivo que obligara a los jueces a conceder los
perjuicios solo por la existencia de hacinamiento sino que es del caso analizar cada caso
concreto a la luz de las pruebas aportadas.
4.2. Sobre la disminución del monto de la indemnización del perjuicio inmaterial
La Sala observa que, para modificar el fallo de primera instancia en el sentido de limitar
la indemnización reconocida al accionante a título del perjuicio inmaterial denominado
daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente protegidos, el Tribunal
Administrativo del Chocó esbozó los siguientes argumentos:
Que el hacinamiento, en términos de infraestructura, fue acreditado; sin embargo, no se
aportaron elementos probatorios que permitieran concluir una desatención concreta y
específica de las obligaciones legales de las entidades demandadas, en relación con el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Quibdó, para la
época de los hechos.
Que no se aportaron pruebas que evidencien la falta de ejecución presupuestal, el
incumplimiento de planes, programas o proyectos, ni la omisión de medidas orientadas a
la ampliación o adecuación de la infraestructura carcelaria en dicho establecimiento.
Que, como consecuencia de lo anterior, la vulneración objetiva de los derechos
fundamentales sí se encontraba acreditada; no obstante, se debía modificar el monto de
la indemnización por el perjuicio inmaterial denominado daño a bienes o derechos
constitucional y convencionalmente protegidos, como medida de reparación adecuada
frente a la falla en el servicio constatada en el proceso.
Que si bien se demostró la existencia de una falla estructural del sistema penitenciario —
derivada del hacinamiento extremo y de condiciones indignas de reclusión, no se acreditó
que las entidades demandadas (Ministerio de Justicia e INPEC) hubiesen incurrido en
una conducta de indolencia o indiferencia en la superación de la crisis carcelaria del
EPMSC de Quibdó, lo que permitía disminuir el monto de la indemnización a pagar.
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Que la jurisprudencia del Consejo de Estado5 ha sostenido que la indemnización
pecuniaria por este tipo de daño solo es procedente de manera excepcional cuando se
demuestra indolencia o indiferencia estatal y para el caso concreto, no se acreditó una
omisión específica y determinante, ni una conducta de indiferencia institucional frente a
las gestiones encaminadas a enfrentar la crisis carcelaria.
Que ante la inexistencia de parámetros cuantitativos objetivos que permitan una tasación
precisa, la Sala, en ejercicio razonado del arbitrio juris, fijaría la indemnización en el
equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los
demandantes, lo que consideró una medida de reparación significativa y proporcionada,
orientada a compensar de manera objetiva la afectación a la dignidad humana derivada
de la falla estructural del sistema penitenciario, sin desnaturalizar el carácter excepcional
de la indemnización pecuniaria en este tipo de daños.
Ahora bien, además de los criterios de flexibilización probatoria, la Sala advierte que en
la sentencia SU-068 de 2023, en torno al criterio de indolencia o indiferencia de Estado
como criterio para establecer la responsabilidad, se señaló:
167. En el asunto objeto de estudio, la Subsección B de la Sección Tercera cumplió con los
requerimientos exigidos por la jurisprudencia de la Corte para apartarse del precedente:
168. Primero, el juez de la acción de grupo explicó que en el proceso del 2019 el daño se
circunscribió a la dignidad humana de los internos. Frente a dicho daño, el fallador advirtió que las
medidas dictadas por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado en una tutela interpuesta
en favor de los reclusos de la misma cárcel eran suficientes para repararlos. En efecto, en el asunto
analizado en la sentencia del 3 de octubre de 2019, las medidas no pecuniarias para superar el ECI
fueron suficientes, y en consecuencia el juez no ordenó una indemnización pecuniaria.
169. Ahora, en el asunto objeto de la referencia, la Sección Tercera afirmó que no podía aplicar el
mismo razonamiento. El juez decidió apartarse del precedente tras considerar que, en el caso
concreto, las medidas adoptadas por la Corte para superar el ECI no reparaban a las mujeres de El
Cunduy por los perjuicios derivados del hacinamiento. En realidad, para el juez de la acción de grupo,
dichas medidas estaban orientadas a superar un estado generalizado de violación masiva de
derechos.
170. En segundo lugar, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que
no se podía condicionar la indemnización de las internas de El Cunduy al cumplimiento de una carga
probatoria para demostrar la indolencia e indiferencia estatal en la superación del ECI, como se había
hecho en el 2019. La autoridad judicial llegó a dicha conclusión, al advertir que no resultaba
procedente adicionar un elemento emotivo condicionante de la responsabilidad estatal que no previó
el constituyente.
171. Para el caso concreto, el Consejo de Estado observó que de imponerles una carga probatoria
a las mujeres de El Cunduy, quedaría indemne el daño ocasionado. Para la autoridad judicial la carga
probatoria impuesta en la sentencia del 2019 resultaba imposible de cumplir, en atención a que
ninguna de las privadas de la libertad podía probar la indolencia o la indiferencia como elementos
ciertos y constatables, que motivaron una conducta estatal.
172. En palabras de la sentencia del 20 de noviembre de 2020, nadie podía probar que el Estado no
se conmovió por las condiciones inhumanas o el hacinamiento, que fue insensible ante su dolor, que
no tuvo interés o afecto por el cumplimiento de sus obligaciones.
173. En tercer lugar, la autoridad judicial accionada manifestó que el ECI no era una excepción al
artículo 90 de la Constitución. En otras palabras, para la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, el ECI carcelario no habilitaba al Estado para mantener impunemente
condiciones indignas como las que sufrieron las mujeres de El Cunduy.
De lo expuesto se advierte que, en la sentencia SU-068 de 2023 se justificó que la
Sección Tercera del Consejo de Estado se haya apartado de la jurisprudencia de
unificación que permitía limitar el reconocimiento de la indemnización a que se
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. (16 de junio de 2025).
Sentencia de Reparación de Perjuicios Causados a un Grupo [Acción de Grupo]. Radicación: 05001-23-33-000-2018-
00988-00 (70584). C.P.: María Adriana Marín. / Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera. (20 de agosto de 2021). Sentencia, Acción de Tutela. Radicación: 11001-03-15-000-2021-03866-00. C.P.:
Hernando Sánchez Sánchez
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demostrara la indolencia o indiferencia estatal, por considerar que para el caso de
hacinamiento en el establecimiento carcelario del Cunduy no era posible que las reclusas
probaran tal condición, dadas las precarias condiciones en las que se demostró que
estaban y sin que se concluyera que esta regla no pudiere aplicarse en otro tipo de casos.
Asimismo, se reitera, que la jurisprudencia de unificación dejó claro que no se pretendía
establecer un régimen objetivo de responsabilidad el cual debía ser analizado en cada
caso particular y no fijó reglas sobre la manera como debía tasarse la indemnización, por
el contrario, si bien en el caso allí analizado se accedió al pago de los perjuicios morales
de manera concomitante con los inmateriales, ello obedeció a las circunstancias
particulares de ese caso las cuales además estuvieron reforzadas por el enfoque de
género del caso analizado en esa oportunidad.
Ahora bien, el Tribunal explicó de manera razonable, por qué en su criterio, el pago de
dos salarios mínimos resultaba suficiente para indemnizar el daño causado al accionante,
pues encontró acreditado que el estado adelantó acciones tendientes a mejorar las
condiciones de hacinamiento que se estaban presentando, hecho que a la luz de la
jurisprudencia no solo podía analizarse, sino que en efecto consideró como un criterio
válido para determinar la manera en que se generó el daño y el consecuente pago de la
indemnización.
Cabe señalar que, según lo expuesto por la Corte Constitucional, existe jurisprudencia
preexistente en el Consejo de Estado6 que permite exigir la demostración del abandono
estatal para que proceda el pago de una indemnización, sin embargo, en el caso
analizado para la situación de hacinamiento en la Cárcel del Cunduy, la Corte compartió
las razones expuestas por el Consejo de Estado para inaplicar esta tesis para ese caso
particular. En efecto, las razones que fueron expuestas por el Consejo de Estado7 cuando
resolvió la acción de grupo materia de revisión en la sentencia SU-068 de 2023, fueron
las siguientes:
86. Hasta aquí, la Sala ha seguido con rigor las razones de la decisión adoptada en octubre de
2019 por la Subsección A, en un caso similar a este. En esa Sentencia se abordaron, rigurosamente
y de forma muy acertada, los problemas jurídicos relacionados con la identidad de causa, la
existencia del daño, la imputación y la existencia del perjuicio. Todos esos fundamentos han sido
compartidos en esta oportunidad. La decisión de no indemnizar los perjuicios que se adoptó
entonces, en cambio, no aparece adecuada para este caso. En el asunto anterior, se advirtió que
el daño se circunscribía a la dignidad humana de los internos, por lo que las medidas dictadas por
la Corte Constitucional y por Consejo de Estado -en una tutela interpuesta en favor de los reclusos
de la misma cárcel- eran suficientes para repararlos progresivamente. Se encontró, entonces, que
tampoco procedía una indemnización pecuniaria, porque las dificultades en el seguimiento y
cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte Constitucional no las hacían insuficientes, de
manera que “para la Sala aceptar la excepcionalidad de la indemnización sólo sería dable si se
demostrara la indolencia e indiferencia del Estado en la superación de un ECI en el que
precisamente se ocasionan los daños en cuestión”.
87. Ese argumento respondió a la aplicación al caso concreto, de las condiciones impuestas por la
jurisprudencia unificada sobre la indemnización por daños a bienes constitucionalmente
protegidos, según la cual, la reparación pecuniaria procede cuando, en la lógica de la reparación
integral de las víctimas, las medidas compensatorias sean insuficientes, impertinentes, inoportunas
o, imposibles por las condiciones del caso. En esa oportunidad, las medidas no pecuniarias para
superar el ECI parecieron suficientes, y en consecuencia no hizo falta indemnizar.
88. En este caso, la Sala no aplicará esa misma conclusión porque puede incurrir en una doble
contradicción: rompería la coherencia interna de la argumentación que estructura la
responsabilidad en este caso, y desconocería abiertamente la obligación constitucional de reparar
los daños antijurídicos, que resultaron probados, son imputables al Estado y no pueden repararse
integralmente solo con medidas no pecuniarias.
89 En esta sentencia se advirtió que la generalidad propia de una crisis sistémica como la que
soporta un ECI no impide encontrar un centro de imputación, para que no se diluya la
responsabilidad estatal por los daños antijurídicos generados por dicha crisis. La Sala advierte que,
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 3 de octubre
de 2019, exp. 2014-00186-01(AG)
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después de constatar la imputabilidad de un daño generado por el colapso generalizado en un
sistema estatal específico, sería contradictorio que negara la reparación de los perjuicios aduciendo
que la Corte Constitucional ha adoptado medidas para superar esa crisis. No porque las medidas
ordenadas sean insuficientes para el caso del Cunduy, o porque hubiesen sido difíciles de
implementar, sino porque su objetivo era superar un estado generalizado de violación masiva de
derechos, no reparar o compensar los perjuicios que se derivaron de esa violación. De hecho, la
Corte no podía ordenar una indemnización porque las víctimas tenían a su disposición este
mecanismo judicial para reclamarlo, por lo que la indemnización en el marco del proceso de tutela
era improcedente en los términos del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.
En consecuencia, es claro que en el caso que aquí se analiza, la sentencia de unificación
de la Corte Constitucional no fijó una regla en torno a la no exigencia de la acreditación
el abandono estatal para que proceda el pago de una indemnización, sino que aceptó
que en ese caso, de manera excepcional, la autoridad judicial demandada se apartara
del precedente vigente dadas las especiales circunstancias que rodearon el caso, de
modo que el Tribunal Administrativo del Chocó no estaba obligado a resolver en el mismo
sentido que en el caso de la Cárcel del Cunduy, pues claramente las circunstancias de la
reclusión eran diferentes y en tal medida, no era exigible la inaplicación del criterio
jurisprudencial que permite evaluar el abandono institucional como elemento constitutivo
del daño.
Ahora bien, es necesario precisar, que el anterior criterio no se aplicó en este caso para
negar la indemnización sino únicamente para disminuir su cuantía, análisis que no se
considera desbordado y se acompasa con las facultades conferidas al ad quem en virtud
del principio de autonomía judicial.
Finalmente, conviene señalar que ni en la sentencia SU 068 de 2023, ni en el fallo que
fue objeto de revisión en esa oportunidad, se establecieron reglas unificadas de topes de
la indemnización a reconocer si bien en la sentencia que fue revisada por la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado concedió un monto superior de indemnización
diferente para cada una de las accionantes7, ello se produjo con base en las
circunstancias específicas de ese caso particular, de manera que no podría hacerse
extensivo a todos los casos en los que se analice la responsabilidad del estado por
hacinamiento carcelario ni tampoco constituye una regla de topes máximos o mínimos de
indemnización como se alega en la acción de tutela.
Asimismo, en la sentencia referida, como se reconocieron dos tipos de perjuicio
inmaterial: el moral y el perjuicio a derechos constitucionalmente protegidos, se
estableció como tope indemnizatorio para el perjuicio moral 20 SMLMV para compensar
los intensos sufrimientos de las detenidas, y 40 SMLMV para compensar el otro perjuicio
inmaterial a los derechos de las internas. Así las cosas, si se acudiera al criterio sostenido
en dicha oportunidad, los topes establecidos solo son los máximos a reconocer sin que
se haya hecho referencia a uno mínimo, y en todo caso su cuantificación se realizó
teniendo en cuenta los factores de tiempo y hacinamiento.
Por las mismas razones, tampoco resultaba aplicable el precedente consignado en el
caso de hacinamiento en la Cárcel Villahermosa de Cali7, pues se insiste, en materia de
hacinamiento, los criterios para determinar la indemnización por perjuicios dependen de
la situación particular de cada establecimiento carcelario y de las especiales condiciones
de los afectados por dicha situación.
En suma, la Sala considera que en el presente caso no existía un pronunciamiento que
señalara los topes mínimos a tener en cuenta en casos de hacinamiento carcelario, que
impusiera al tribunal accionado el obedecimiento de reglas específicas sobre la manera
de conceder la indemnización a favor del accionante, de manera que era posible
establecer de manera razonada los motivos para indemnizar el daño causado, lo que se
efectuó de manera racional en la providencia cuestionada.
7 Sentencia de 18 de noviembre de 2024, Radicado 760012333000-2014-00793-01
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02226-00
Demandante: Miguel Antonio Arrollo Córdoba
En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para denegar la
solicitud de amparo, por cuanto la autoridad judicial demandada no incurrió en el defecto
alegado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Miguel
Antonio Arrollo Córdoba, conforme a lo expuesto en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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