Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2014-00793-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2014-00793-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-000-2014-00793-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
18 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).
Radicación número: 760012333000-2014-00793-01 (64573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandado: Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y
otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Temas: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO - Hacinamiento
carcelario en la EPMSC de Cali “Villahermosa” / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
POR PASIVA DE HECHO – El municipio de Cali y el departamento del Valle del Cauca no
formaron parte de la relación procesal, dado que no fueron demandados ni vinculados al
proceso / COSA JUZGADA – El Ministerio de Justicia y del Derecho alegó esta excepción
pero no probó la identidad de causa, objeto y partes / CRITERIOS PARA LA
IDENTIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DEL GRUPO AFECTADO – Corresponde a las
personas privadas de la libertad en condiciones de hacinamiento en la EPMSC de Cali
“Villahermosa” entre el 31 de julio de 2012 y el 31 de julio de 2014 / DAÑO A BIENES O
DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS - Afectación
al derecho a la dignidad humana por la privación de la libertad en condiciones de
hacinamiento / ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN EL SISTEMA
PENITENCIARIO Y CARCELARIO– El hacinamiento en los establecimientos carcelarios es
un hecho notorio y obedece a la falla en el servicio de varias instancias del Estado /
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – Salvo las facultades oficiosas, al juez de la causa solo
le resulta permitido emitir pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo
excepcionado dentro del mismo, sin que sea dable dictar sentencias por fuera (extra) o por
más (ultra) de lo pedido (petita) / INDEMNIZACIÓN POR PERJUICIOS MORALES – Se
revoca la condena reconocida por perjuicios morales porque no fue solicitada en la
demanda / INDEMNIZACIÓN POR DAÑO A BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y
CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS – MEDIDAS NO PECUNIARIAS – Las medidas
ordenadas por la Corte Constitucional y los jueces de tutela resultan suficientes e idóneas
para superar en el futuro el hacinamiento que implicó la vulneración a la dignidad humana,
sin embargo, ninguna de ellas repara la afectación causada al grupo demandante /
MEDIDAS PECUNIARIAS – Procede el reconocimiento de una indemnización pecuniaria
por el desconocimiento a la dignidad humana del grupo demandante.
Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante,
la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios, y el municipio de Santiago de Cali, contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
Se discute la responsabilidad patrimonial del Estado por la afectación a la dignidad humana
de las personas privadas de su libertad en condición de hacinamiento en el Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario (EPMSC) de Cali “Villahermosa”.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión proferida el 27 de marzo de 2019, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
demanda presentada el 31 de julio de 20141, por los señores Mauricio Andrés González,
Harrinson Felipe Vergara Castro, Alexander Rodríguez Escobar, Alejandro Micolta
Álvarez, Aimer Fernando Aguirre Valencia, Víctor Alfonso Mosquera Belalcázar, Edinson
López Medina, Omar Fernando Dorado, Nelson Taborda Gómez, Gerardo Cabezas
Casierra, Albeiro Maca Betancourth, Miguel Ángel Hernández Martínez, Diego Fernando
Mina Cardona, Domitilio Palacio Preciado, Leonardo Fabio Calle Ruiz, Edwin Andrés
Morales Cardona y Edward David González Arboleda2, quienes actúan en nombre propio
y por conducto de apoderada judicial3, en ejercicio del medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo, en contra de la Nación – Ministerio de Justicia y del
Derecho, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, y el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario.
2. La síntesis de las pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho sobre las que el
Tribunal se pronunció es la siguiente:
Pretensiones
3.Reclamaron los demandantes la declaración de responsabilidad patrimonial por el
desconocimiento a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad en
condiciones de hacinamiento que ingresaron al EPMSC de Cali “Villahermosa” en los dos
años anteriores a la presentación de la demanda y posteriores a la misma, al tiempo que
deprecaron una indemnización pecuniaria por afectación a bienes constitucional y
convencionalmente amparados4.
Hechos
4. Como fundamento fáctico de la demanda se narró que las personas privadas de la
libertad en las instalaciones del EPMSC de Cali en los dos años anteriores a la
presentación de la demanda fueron confinadas bajo una grave condición de hacinamiento,
circunstancia que conllevó una violencia síquica, física y moral.
Fundamentos de derecho
5. Para los demandantes, el daño le resulta atribuible i) a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios, en cuanto le corresponde gestionar y operar la
infraestructura, el suministro de bienes, la prestación de los servicios y brindar el apoyo
logístico y administrativo requerido para el adecuado funcionamiento de los servicios
penitenciarios y carcelarios a cargo del Inpec; ii) al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, dado que se encarga de la ejecución de la pena privativa de la libertad
impuesta a través de sentencia penal condenatoria, así como el control de las medidas de
1
Folio 50 del cuaderno principal.
2
El 9 de diciembre de 2016 el Tribunal a quo integró al señor Luis Ángel Choren Basto al grupo demandante en el estado en
que se encontraba este proceso, en los términos dispuestos en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998. Esta decisión no fue
objeto de recursos. El referido ciudadano promovió un proceso con radicado número 2014-00793 en ejercicio del medio de
control de reparación de perjuicios causados a un grupo por la afectación a la dignidad humana de las personas privadas de
su libertad en condiciones de hacinamiento en el EPMSC “Villahermosa” de Cali. La demanda se presentó el 12 de noviembre
de 2014, se admitió el 16 de febrero de 2015 y se vincularon como demandadas al Inpec, a la Uspec, a la Nación – Ministerio
de Justicia y del Derecho, al departamento del Valle del Cauca y al municipio de Santiago de Cali. El 3 de mayo de 2016, una
vez surtido el traslado de la demanda, el Tribunal a quo determinó que dicha actuación refería al mismo grupo demandante
del presente asunto, con idénticas pretensiones y partes demandadas, por lo que ante la imposibilidad de acumular y tramitar
varias acciones de grupo por una misma causa: i) ordenó remitir al demandante, Luis Ángel Choren Basto, para ser adherido
al grupo demandante dentro del presente asunto; y ii) declaró la terminación del proceso 2014-00793 por “agotamiento de la
jurisdicción”. Esta decisión no fue objeto de recursos.
3
Los poderes especiales cuentan con el “pase jurídico” de la oficina judicial de la EPMSC de Cali, visado que se coloca sobre
la documentación que suscribe la persona privada de la libertad con firma y huella de índice derecho, como constancia de su
reclusión en el establecimiento carcelario. Folios 1 a 20 del cuaderno principal.
4
Como pretensiones indemnizatorias los demandantes solicitaron una indemnización pecuniaria por la afectación a bienes
constitucional y convencionalmente amparados de acuerdo con el tiempo de reclusión, en los siguientes términos: 50 smlmv
por más de 2 años; 4 smlmv entre 1 y 2 años; 30 smlmv entre 6 meses y 1 año; 15 smlmv ente 3 y 6 meses; 7 smlmv entre 1
y 3 meses y 3 smlmv por menos de 1 mes. Adicionalmente, pidieron reconocer a la apoderada del grupo honorarios
correspondientes al 10% de la indemnización que fuese reconocida al grupo demandante. Folios 21 a 50 del cuaderno
principal.
2
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
aseguramiento, y iii) a la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, en cuanto la Uspec
y el Inpec son entidades adscritas a ese Ministerio.
6. Señala la parte actora que el hacinamiento constituye en sí mismo una violación a la
integridad personal y obstaculiza la realización de las funciones esenciales en los centros
penitenciarios, por lo que el cumplimiento de la pena en esas condiciones desconoce el
derecho a la dignidad humana.
7. Las demandadas han desconocido los mandatos normativos según los cuales
Colombia es un Estado social de derecho que se funda en el respeto a la dignidad
humana. En este sentido, han omitido respetar las garantías y derechos de las personas
privadas de la libertad en estado de hacinamiento como consecuencia de un estado de
cosas inconstitucional en los términos señalados por la Corte Constitucional en sentencia
T-857 de 2013.
8. Los daños ocasionados con motivo del estado de cosas inconstitucional comprometen
la responsabilidad patrimonial de las demandadas a título de falla del servicio, tal como lo
indicó la Subsección B del Consejo de Estado en sentencia del 29 de agosto de 2013,
expediente 27.521.
9. Solicitan los actores que la indemnización atienda a criterios de equidad sobre la base
de la violación al derecho a la dignidad humana como perjuicio independiente5.
La defensa6
10. La Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, formuló la excepción de falta de
legitimación por pasiva. Indicó que el diseño institucional del sistema penitenciario le
asigna al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios, y a las entidades territoriales, las funciones administrativas,
contractuales y presupuestales tendientes a evitar el hacinamiento carcelario.
11. Indicó que aun cuando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios son entidades adscritas, ello no implica alguna
relación jerárquica, funcional o de dependencia7.
12. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios contestó la demanda para indicar
que tanto el departamento del Valle del Cauca como el municipio de Santiago de Cali
debían ser vinculados al proceso atendiendo a sus responsabilidades legales en materia
carcelaria. Además, adujo que era función del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
atender las necesidades de los establecimientos penitenciarios y carcelarios en cuanto a
su infraestructura, bienes y servicios. Señaló que no se le podía endilgar alguna omisión,
dado que desde su creación mediante el Decreto 4150 del 3 de noviembre de 2011 estaba
ejecutando un ambicioso plan de contratación para realizar obras de ampliación de cupos,
mantenimiento de infraestructura, dotación de bienes y servicios.
13. Explicó que desde cuando asumió las funciones que le fueron escindidas al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, se declaró el estado de emergencia penitenciaria y
carcelaria, decisión que desde el 2012 le permitió celebrar contratos para atender las
necesidades más urgentes en materia de salubridad; indicó que en el 2014 continuó con
5
Folios 21 a 50 del cuaderno 1.
6
La demanda se presentó el 31 de julio de 2014 y se admitió el 15 de agosto siguiente. Se dispuso la notificación a la Uspec,
al Inpec, a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado. El 26 de septiembre de 2014 se publicó un aviso en la cartelera de la Secretaría del Tribunal a quo con el fin de
informar a la comunidad sobre la existencia del proceso, en el mismo sentido se realizó otra publicación el 29 de septiembre
siguiente en el “diario de occidente”. Folios 89 a 96, 100 y 101 del cuaderno principal.
7
Folios 108 a 118 del cuaderno principal.
3
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
la identificación de las principales necesidades en materia de infraestructura en los 138
establecimientos penitenciarios de nivel nacional, adelantando las contrataciones y obras
requeridas para atenderlas.
14. Señaló que en el EPMSC de Cali había realizado obras por un valor aproximado de
$3.000’000.000, que tuvieron como objeto la adecuación y mantenimiento de la
infraestructura, previendo una ampliación en 154 cupos carcelarios.
15. Concluyó que no era posible afirmar que desde su creación y hasta el momento de
presentación de la demanda hubiese incurrido en alguna omisión que comprometa su
responsabilidad, como tampoco era viable exigirle haber superado el hacinamiento
carcelario en poco tiempo y con las limitaciones materiales y presupuestales que le
supeditan8.
16. El Ministerio Público, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, guardaron silencio.
Etapa probatoria
17. En auto de 21 de noviembre de 2014 se decretaron las pruebas solicitadas9. Concluida
la fase probatoria, en auto del 27 de febrero de 201710 se corrió traslado al Ministerio
Público y a las partes para alegar de conclusión. El grupo demandante, la USPEC y el
INPEC insistieron en sus acusaciones y exculpaciones, acompañadas de las precisiones
probatorias que estimaron pertinentes. La Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, y
el Ministerio Público, no intervinieron en esta etapa11. Mediante auto del 22 de enero de
201912, el Tribunal a quo decretó como prueba de oficio una inspección judicial al EPMSC
de Cali, la cual fue practicada el día 5 de febrero del mismo año.
La decisión impugnada
18. El 27 de marzo de 2019 el a quo accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda en los siguientes términos (se transcribe de forma literal, incluso con posibles
errores):
“Primero.-Declarar la responsabilidad administrativa y extracontractual del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario- Inpec; la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios-Uspec, del Ministerio de Justicia, del Departamento del Valle del Cauca y
del municipio de Santiago de Cali por los perjuicios morales causados al grupo
8
Folios 239 a 246 del cuaderno principal.
9
Se decretaron como pruebas: i) copias de las sentencias de 27 de agosto y 24 de octubre de 2013 proferidas por el Juzgado
10º Penal del Circuito de Cali con funciones de conocimiento y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, Sala Penal,
respectivamente, en el proceso de tutela con radicado N° 76001310401020130009001, por medio de las cuales se ampararon
los derechos fundamentales a la dignidad humana, vida e integridad personal de las personas recluidas en el EPMSC de Cali
“Villahermosa” por el grave problema de hacinamiento; ii) impresión de la página web del Inpec respecto de la información
sobre el hacinamiento del EPMSC de Cali “Villahermosa”; iii) documento emanado del Inpec en el que se relacionan con
nombre, número de documento de identificación, fecha de detención, fecha de salida y número de interno, las personas
privadas de la libertad -PPL- en el EPMSC de Cali “Villahermosa” desde enero de 2011 hasta abril de 2014, relación de
“capacidad de internos por celda”, parte diario mes a mes sobre ocupación total del establecimiento carcelario de enero de
2011 a abril de 2014; iv) copia de informes elaborados por la Personería Municipal de Cali el 19 de marzo de 2013 sobre la
situación de hacinamiento en el EPMSC de Cali “Villahermosa” y en los que se recomendó reubicar al menos al 50% de las
personas privadas de su libertad en ese establecimiento, v) comunicación del 12 de febrero de 2015 suscrita por el Defensor
del Pueblo Regional Valle del Cauca sobre el grave problema de hacinamiento en el EPMSC de Cali “Villahermosa”, vi)
documento del Inpec en el que se relacionan en 205 folios, 21.891 PPL que fueron recluidas en el EPMSC de Cali
“Villahermosa” desde 2012 a 2016; vii) documento del Inpec en el que se relacionan en 2 folios desde 2012 hasta 2016, los
índices de ocupación por patios; viii) contrato de obra 154 de 5 de 2012, objeto: mejoramiento infraestructura física del sistema
penitenciario y carcelario nacional regional occidente; ix) contrato de obra 21 de 2012, objeto: adecuación y ampliación de las
áreas de sanidad de las EPMS del Valle del Cauca; x) contrato de obra 200 de 1° de septiembre de 2014, objeto:
mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura de la EPMS de Cali; xi) contrato de obra 058 de 5 de julio
de 2013, objeto: mantenimiento, mejoramiento y conservación de las acometidas, redes hidráulicas y sanitarias de la EPMS
de Cali; xii) el 22 de enero de 2019, la Sala de decisión de primera instancia decretó una prueba de oficio consistente en una
inspección judicial al EPMSC “Villahermosa” de Cali. La diligencia de inspección judicial se adelantó el 5 de febrero de 2019.
10
Folio 384 del cuaderno principal.
11
Folios 404 a 465 y 516 a 540 del cuaderno principal.
12
Folio 553 del cuaderno principal.
4
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
conformado por todos los internos que ingresaron dentro de los dos años anteriores a
la presentación de la demanda (31 de julio de 2014), es decir entre el primero (1º.) de
agosto de 2012 y el 31 de julio de 2012 (sic) y los que ingresaron con posterioridad a
ésta fecha, bien como sindicados o como condenados, hasta la fecha de ejecutoria de
esta sentencia.
Segundo.-Condenar a los demandados Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-
Inpec; la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-Uspec, del Ministerio de
Justicia, del Departamento del Valle del Cauca y del municipio de Santiago de Cali, a
pagar a cada interno, por cada treinta días calendario de prisión o detención dentro de
la cárcel Bellavista de Cali el interno tendrá derecho a una indemnización de un salario
mínimo legal diario. Si excede de 12 meses de prisión o detención tendrá derecho a dos
(2) salarios mínimos diarios por cada treinta días calendario de prisión o detención
siguientes a los primeros 12 meses, sin que en ningún evento supere la indemnización
de 144 salarios mínimos diarios por cada interno.
Para efectos del pago de la indemnización colectiva se fija al Ministerio de Justicia un
treinta por ciento (30%); a la Uspec al estar encargada específicamente de la
infraestructura del sistema carcelario, se le impondrá un porcentaje del cuarenta por
ciento (40%); Al Inpec como órgano exclusivamente ejecutor de las políticas naciones
y como órgano de custodia de vigilancia de la población carcelaria como porcentaje
para efectos del pago de la indemnización un quince por ciento (15%); al Departamento
del Valle del Cauca, atendiendo su participación legal en el sistema carcelario se le fija
como porcentaje para efectos del pago de la indemnización del diez por ciento (10%) y
al Municipio habida cuenta de la menor capacidad económica se le fija para efectos del
pago de la indemnización colectiva un cinco por ciento (5%).
Tercero.- Declarar la improsperidad de las excepciones denominadas “improcedencia
de imputación de responsabilidad por falla relativa del servicio; excepción falta de
legitimación material en la causa por pasiva; funciones y competencia del ministerio de
justicia y del derecho en el sistema penitenciario y carcelario”, formuladas por el
Ministerio de Justicia.
Cuarto.- Declarar imprósperas las excepciones denominadas “falta de legitimación en
la causa, improcedente acumulación de indemnizaciones (colectiva a individual) e
imprecisión del título de imputación jurídica”, formuladas por el Municipio de Santiago
de Cali.
Quinto.- Declarar imprósperas las excepciones denominadas “inexistencia del nexo
causal, ineficacia de la acción incoada, inexistencia del nexo causal, ineficacia de la
acción incoada, inexistencia del daño y falta de legitimación en la causa por pasiva
formuladas por el Departamento del Valle del Cauca.
Sexto.- La indemnización colectiva -contentiva de una suma ponderada de las
indemnizaciones individuales-, asciende a la suma de [$23.849’740.800] y se distribuye
así:
40% a la USPEC $9.539.896.320,oo
30% al Ministerio de Justicia $7.154.922.240,oo
15% Inpec $3.577.461.120,oo
10% al Departamento del Valle $2.384.974.080,oo
5% al Municipio de Cali $1.192.487.040,oo
Séptimo.-El monto de la indemnización colectiva antes mencionada se entregara al
Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, dentro de los diez (10)
días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, el cual será administrado por el
Defensor del Pueblo y a cargo del cual se pagarán las indemnizaciones individuales de
quienes formaron parte del proceso como integrantes del grupo y las indemnizaciones
correspondientes a las solicitudes que llegaren a presentar oportunamente los
interesados que no hubieren intervenido en el proceso y que reúnan los requisitos
exigidos en esta providencia.
Octavo.- Del Defensor del Pueblo tramitará y decidirá todas las solicitudes presentadas
oportunamente mediante acto administrativo, previa comprobación de cada uno de los
requisitos exigidos en esta providencia.
5
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Noveno.- Conforme a lo dispuesto en el art. 65 de la ley 472 de 1998, publíquese
extracto de la sentencia en un diario de amplia circulación nacional, dentro del mes
siguiente a su ejecutoria o a la notificación del auto que hubiere ordenado obedecer y
cumplir lo ordenado por el superior funcional, con la prevención a todos los interesados
y/o lesionados por los mismos hechos y que no concurrieron al proceso, para que se
presenten dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación para reclamar la
indemnización.
Décimo.- Sin condena en costas.
En firme esta providencia, liquídense costas y remanentes, termínese el proceso en el
sistema siglo XXI y archívese el proceso”.
19. Como sustento de la decisión, señaló que las condiciones de hacinamiento existentes
en el EPMSC eran un hecho notorio, además de estar plenamente acreditadas con las
pruebas documentales y la diligencia de inspección judicial en la que se comprobó que en
una celda dormían hasta 5 reclusos, mientras que en los pasillos pernoctaban en el piso
hasta 100 personas.
20. Indicó que el hacinamiento impedía la protección de la vida e integridad física y mental
de cada interno e implicaba una violación a sus derechos fundamentales, dado que eran
sometidos a temperaturas extremas, en especial en los momentos de reposo y descanso,
ante el tumulto de personas en los pasillos carentes de ventiladores, lo que hacía
imposible el paso. Además, por cada pasillo existían 2 sanitarios y 2 duchas para un
número de internos que oscilaba según el patio entre 100 y 150 reclusos.
21. Precisó que lo anterior daba cuenta del incumplimiento de las obligaciones estatales
respecto de las personas privadas de la libertad.
22. Señaló que el hacinamiento y la afectación a la dignidad implicaban por sí mismos un
daño moral y que para su reparación debía acudirse al arbitrio iuris en ausencia de un
parámetro jurisprudencial de unificación aplicable al caso concreto. Precisó que el daño
le resultaba imputable al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, a la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios, a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho,
al departamento del Valle del Cauca y al municipio de Santiago de Cali, en cuanto forman
parte del sistema penitenciario, y en consideración a sus competencias.
23. Así, condenó a las demandadas a pagar a cada interno por cada 30 días calendario de
prisión o detención una indemnización de un salario mínimo legal diario; si la privación de
la libertad excede los 12 meses de prisión, el interno tendrá derecho a 2 salarios mínimos
diarios por cada 30 días calendario siguientes a los primeros 12 meses, sin que en ningún
evento supere la indemnización los 144 salarios mínimos diarios por cada interno.
24. Por lo anterior, tasó la indemnización colectiva en la suma de veintitrés mil ochocientos
cuarenta y nueve millones setecientos cuarenta mil ochocientos pesos $23.849’740.800
tomando en consideración 6.000 afectados. Para efectos de su pago, dispuso: i) a cargo
de la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, el 30% como organismo encargado
de la definición de las políticas públicas nacionales en materia penitenciaria y carcelaria;
ii) a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, el 40% como responsable de la
infraestructura y los servicios del sistema carcelario; iii) al Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario, el 15% como órgano ejecutor de las políticas nacionales y como órgano de
custodia de vigilancia de la población carcelaria; iv) al departamento del Valle del Cauca,
el 10% atendiendo su participación legal en el sistema carcelario; y, v) al municipio de
6
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Santiago de Cali, el 5% por la misma consideración del departamento, pero disminuida en
un 50% ateniendo a su menor capacidad económica13.
II. LOS RECURSOS INTERPUESTOS
25. La parte actora cuestionó el monto de la indemnización de perjuicios para lo cual
solicitó: i) que se reconozcan 80 smlmv para cada recluso por la afectación a la dignidad
humana; ii) que en la indemnización colectiva se incluyan aquellos sindicados y
condenados que ya no se encuentran en prisión; y, iii) que se indique expresamente que
en los eventos en que la víctima directa hubiese fallecido, la compañera permanente
supérstite podía probar esa condición mediante declaración extra juicio para efectos de
reclamar la indemnización correspondiente14.
26. A su vez, la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, indicó: i) que existía cosa
juzgada, porque el Tribunal Administrativo del Valle de Cauca en sentencia del 4 de
septiembre de 2017 y con ocasión de la misma causa petendi, bajo el mismo medio de
control, y siendo demandante el mismo grupo, negó las pretensiones de la demanda
dentro del proceso 2016-00660-0015; ii) que si bien se demostró una situación de
hacinamiento, lo cierto es que no se probó que ello causara un daño personal, concreto y
directo al grupo demandante; iii) que no se podía aplicar una presunción de afectación
moral; y. iv) que no se acreditó una falla del servicio que le resultara imputable16.
27. El municipio de Santiago de Cali expuso: i) no indicó cuál fue la falla en el servicio por
la que se le imputó responsabilidad patrimonial; ii) no se probó el daño ni los perjuicios de
carácter moral; y, iii) resulta imposible determinar la población reclusa benefactora de la
suma indemnizatoria17.
28. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios sostuvo que: i) no se probó el daño
ni la afectación moral; ii) no se probó una falla del servicio; y, iii) los daños alegados
resultan indeterminados e indeterminables en los términos en los que el a quo caracterizó
el grupo demandante18.
29. La Sala ampliará las razones de inconformidad en el acápite de consideraciones, al
resolver sobre los cargos de apelación19.
Alegatos en segunda instancia
30. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 20, la Nación – Ministerio de Justicia
y del Derecho21 y el municipio de Santiago de Cali22 reiteraron los argumentos de sus
recursos de apelación, mientras que el departamento del Valle del Cauca23 indicó que no
se probó una falla del servicio. El grupo demandante señaló que no se configuró la cosa
juzgada, toda vez que respecto de la sentencia proferida en la acción de grupo que
referenció la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, no existe identidad de partes,
13
Folios 426 a 473 del cuaderno del Consejo de Estado.
14
Folios 487 a 509 del cuaderno del Consejo de Estado.
15
Para tal fin allegó y solicitó tener como prueba el auto admisorio de la demanda, la sentencia proferida en primera instancia
y el estado actual del proceso antes indicado, documentos que no habían sido aportados en tanto se produjeron con
posterioridad a las etapas probatorias del presente asunto.
16
Folios 601 a 611 del cuaderno del Consejo de Estado.
17
Folios 595 a 600 del cuaderno del Consejo de Estado.
18
Folios 613 a 650 del cuaderno del Consejo de Estado.
19
Índice 70 de las actuaciones de primera instancia en Samai.
20
Índice 47 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.
21
Índice 54 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.
22
Índice 52 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.
23
Índice 49 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.
7
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
además que ese proceso se reclamó una indemnización por perjuicios morales y no por
la afectación a la dignidad humana como perjuicio independiente24.
31. El Ministerio Público pidió revocar la sentencia, dado que no se acreditó un daño
antijurídico. Indicó que si bien la situación de hacinamiento carcelario que se vive en
Colombia es un hecho notorio y ha dado lugar a la declaratoria de un estado de cosas
inconstitucional, por sí solo no da lugar a indemnización, pues resulta necesario que se
demuestre el correspondiente daño, lo cual no ocurrió.
32. Señaló que el hecho de que el grupo afectado lo puedan conformar personas que sean
privadas de la libertad en el EPMSC de Cali hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia,
constituye una decisión extra petita y conlleva a una gravísima violación al debido proceso
y al derecho de defensa en cabeza de las entidades demandadas, cuando se debió tener
la fecha de presentación de la demanda como criterio temporal para la identificación del
grupo25.
33. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pidió revocar la sentencia
apelada. Indicó que: i) existe cosa juzgada en los términos señalados por la Nación –
Ministerio de Justicia y del Derecho; ii) se probó el hacinamiento, pero no la afectación a
la dignidad humana; y, iii) no se configuró una falla del servicio, porque las entidades
accionadas han desplegado las acciones necesarias para remediar la situación del penal
y mejorar las condiciones de los internos.
34. Enrelación con la indemnización de perjuicios señaló que aunque se declare la
responsabilidad del Estado por el hacinamiento carcelario no habría lugar al
reconocimiento de perjuicios por su falta de prueba. Indicó que el a quo reconoció una
indemnización por perjuicios morales que no fue solicitada en la demanda, con lo cual
desconoció el principio de congruencia y, en el evento en que se considerara procedente
una reparación por un daño a un bien constitucional y convencionalmente amparado, la
reparación debía realizarse mediante medidas no pecuniarias.
35. Precisó que para el caso concreto las medidas no pecuniarias ya habían sido
adoptadas por la Corte Constitucional y por los jueces de tutela, de ahí que en el evento
en que se confirmara la declaratoria de responsabilidad de las demandadas, se debía
aplicar el precedente contenido en la sentencia del 3 de octubre de 2019, radicado 70001-
23-33-000-2014-00186-01(AG), proferida por esta Subsección, en la que se indicó que las
medidas dispuestas por los jueces de tutela para superar el hacinamiento impedían
conceder una indemnización pecuniaria.
36. Finalmente, señaló que si se decide reconocer una indemnización pecuniaria, se tenga
en cuenta que el grupo afectado únicamente se encuentra conformado por las personas
privadas de la libertad que ingresaron al EPMSC de Cali dentro de los 2 años anteriores
a la presentación de la demanda, pues incluir a las personas que ingresen con
posterioridad a esa fecha y hasta la ejecutoria de la sentencia genera una afectación al
derecho al debido proceso de las demandadas26.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
37. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la
Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto.
24
Índice 45 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.
25
Índice 55 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.
26
Índice 56 de las actuaciones de segunda instancia en Samai. índice 56.
8
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Competencia
38. Esta jurisdicción es competente para conocer de los procesos que se susciten con
ocasión de las acciones de grupo originadas en la actividad de las entidades públicas y
de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas, según lo
establecido en el artículo 50 de la Ley 472 de 199827. El Consejo de Estado tiene
competencia funcional para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia recurrida de conformidad con lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 152 de
la Ley 1437 de 201128, dado que la demanda se dirigió en contra de entidades del orden
nacional y, en particular, esta Sección debe decidir el asunto en virtud de lo dispuesto por
el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201929.
El objeto de los recursos de apelación
39. En los términos de los recursos de apelación, el análisis de la Sala se circunscribe a
verificar: i) si existe cosa juzgada; ii) los criterios para determinar el grupo afectado y la
existencia de una causa común frente a los daños reclamados; iii) si se acreditó la
afectación a la dignidad humana del grupo demandante por la privación de la libertad en
condiciones de hacinamiento; iii) si el daño le resulta imputable a las demandadas por
falla del servicio; y, iv) la indemnización de perjuicios.
40. Adicionalmente, en uso de sus facultades oficiosas30, la Sala resolverá previamente
sobre la legitimación en la causa por pasiva del departamento del Valle del Cauca y del
municipio de Santiago de Cali.
Legitimación en la causa por pasiva de hecho del departamento del Valle del Cauca
y del municipio de Santiago de Cali
41. La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la material y la de hecho. La primera
de las mencionadas es condición necesaria para obtener decisión favorable a las
pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo
del asunto31.
42. A su vez, la legitimación en la causa de hecho se refiere a la relación procesal
establecida entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal,
es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la
demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a
otro y le endilga una conducta, una actuación o una omisión, está legitimado de hecho
por activa, mientras que a quien se le atribuye la referida acción u omisión, resulta
27
“(…) Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se susciten con ocasión
del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que
desempeñen funciones administrativas (…)”.
28
En los términos en los que se encontraba vigente para el momento de presentación de la demanda: “Artículo 152. Los
Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 16. De los relativos a la protección
de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del
orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas”.
29
“Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo
Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de
trabajo, así: (…) Sección Tercera: (…) 12. Las acciones de grupo de competencia del Consejo de Estado.”
30
Artículo 187 del CPACA. “Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen
de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y
doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando
los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus (…)”. Se resalta.
Artículo 328 del CGP. “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 31 de octubre de 2007;
expediente: 13.503, M.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
9
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
legitimado de hecho por pasiva después de la notificación del auto admisorio de la
demanda.
43. En el presente asunto el Tribunal declaró la responsabilidad administrativa y
extracontractual de la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el
departamento del Valle del Cauca y el municipio de Santiago de Cali.
44. Sin embargo, se encuentra que la parte actora únicamente formuló sus pretensiones
en contra de la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. De manera
consecuente, la demanda se admitió en esos términos y se dispuso la notificación del auto
a esas entidades en calidad de demandadas.
45. Al revisar las actuaciones surtidas en primera instancia se encuentra que el
departamento del Valle del Cauca y el municipio de Santiago de Cali no fueron vinculados
a este proceso, lo que se advierte es que fueron demandados en el proceso con radicado
número 2014-00793-00 que promovió el señor Luis Ángel Choren Basto y en el que el
Tribunal a quo en auto de 3 de mayo de 2016 declaró el “agotamiento de jurisdicción” y la
terminación de esa actuación.
46. Si bien en auto de 9 de diciembre de 2016 proferido en este proceso el Tribunal a quo
dispuso la integración al grupo demandante del señor Luis Ángel Choren Basto, lo cierto
es que dicha decisión no implicó que ocurriera lo mismo frente al departamento del Valle
del Cauca y el municipio de Santiago de Cali en calidad de demandados, pues
expresamente se indicó que ello no implicaba una acumulación de procesos y que el señor
Choren Basto llegaba a este asunto en el estado en que se encontraba. Esta decisión no
fue objeto de recursos.
47. En esas condiciones, como la demanda no se dirigió en contra del departamento del
Valle del Cauca ni del municipio de Santiago de Cali, ni el Tribunal a quo los vinculó a este
proceso en esa calidad, no forman parte de la relación procesal, situación que impone
declarar de manera oficiosa su falta de legitimación en la causa por pasiva de hecho.
48. Para la Sala, considerar que las referidas entidades conforman la parte pasiva en los
términos en los que lo hizo el Tribunal a quo implicaría que materialmente se aceptara la
procedencia de la acumulación de procesos en acciones de grupo, con lo cual se
desconocería la naturaleza propia de este medio de control, las providencias ejecutoriadas
que se profirieron en este proceso y en el promovido por el señor Choren Basto, en las
que expresamente se indicó que la actuación en la que dichas entidades fueron
demandadas finalizó y que la integración de ese demandante a este proceso se efectuó
en el estado en el que se encontraba, esto es, en la etapa de los alegatos de conclusión
de la primera instancia, de ahí que las pruebas que sustentaron la atribución de
responsabilidad a dichas entidades fueron decretadas y practicadas sin su audiencia, y
en este proceso no ejercieron su derecho a la defensa.
49. También se desconocería que al momento de declararse la terminación del proceso
promovido por el señor Choren Basto, apenas había vencido el término de traslado de la
demanda y aún no se había agotado la etapa probatoria, de ahí que ni el municipio ni el
departamento tuvieron oportunidad de solicitar o aportar pruebas, ni de controvertir las
presentadas con la demanda en esa actuación.
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Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
50. En suma, la Sala declarará probada de oficio la excepción de falta de legitimación de
hecho en la causa por pasiva del departamento del Valle del Cauca y del municipio de
Santiago de Cali, razón por la cual revocará en este punto la sentencia apelada.
Cosa juzgada
51. Los artículos 66 de la Ley 472 de 199832 y 303 del CGP33 regulan la cosa juzgada en
estos asuntos, normas que recogen los elementos formales y materiales para su
configuración. El sentido formal implica que no es posible volver sobre una decisión
adoptada en providencia que hubiere quedado ejecutoriada dentro del mismo proceso o
en otro en el cual las mismas partes debatan la misma causa petendi con idéntico objeto,
lo anterior para garantizar la estabilidad y la seguridad, propias de la esencia del orden
jurídico34.
52. En el presente caso, la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho señaló que frente
a lo debatido existe cosa juzgada, porque el Tribunal Administrativo del Valle de Cauca,
en sentencia del 4 de septiembre de 2017 y con ocasión de la misma causa petendi, bajo
el mismo medio de control y siendo demandante el mismo grupo, negó las pretensiones
de la demanda en el proceso con radicado número 2016-00660-00.
53. Para acreditar lo anterior aportó y solicitó que se decretaran como pruebas en esta
instancia las copias del auto admisorio de la demanda y de la sentencia proferida en el
proceso 76001-23-33-005-2016-00660-00, así como el reporte de esa actuación en el
sistema de consulta de procesos de la página web de la Rama Judicial.
54. El despacho sustanciador en auto de 16 de julio de 2021 negó la referida solicitud
probatoria, para lo cual señaló que los documentos aportados no tenían la capacidad de
desvirtuar o probar los hechos objeto del actual litigio y que se trataba de decisiones
judiciales proferidas en otro proceso, las cuales no se podían considerar medios
probatorios, dado que sus efectos fueron inter partes. Asimismo, se precisó que al revisar
el contenido de la sentencia que se pidió incorporar como prueba se advertía que en la
controversia que allí se resolvió las partes fueron diferentes y que versó sobre supuestos
distintos a los de este asunto.
55. La parte interesada no recurrió el auto que negó por impertinente e inconducente el
decreto como pruebas de los documentos con los que pretendió acreditar la configuración
de esta excepción, lo cual da cuenta de que estuvo conforme con lo resuelto y en el
expediente no existen otros elementos de convicción sobre el particular.
56. En esas condiciones, se precisa que en los términos señalados en el artículo 167 del
CGP35, a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho le asistía la carga procesal de
32
“Artículo 66.- Efectos de la Sentencia. La sentencia tendrá efectos de cosa juzgada en relación con quienes fueron parte
del proceso y de las personas que, perteneciendo al grupo interesado no manifestaron oportuna y expresamente su decisión
de excluirse del grupo y de las resultas del proceso”.
33
“Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzga
da siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos
procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las
que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda
si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación,
la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión”.
34
Así lo reiteró esta Corporación, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de julio de 2020, exp. 41001-23-31-000-
2002-00750-01 (55674).
35
“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen”.
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Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
acreditar los elementos de la cosa juzgada, para lo cual le correspondía demostrar que
mediante una sentencia debidamente ejecutoriada se había resuelto una controversia con
identidad de causa, objeto y partes al presente asunto; no obstante, no cumplió con esa
carga, omisión que impide resolver sobre la configuración de la excepción alegada.
57. En gracia de discusión, se advierte que en la sentencia que adujo la entidad el Tribunal
a quo negó las pretensiones de la demanda en cuanto no logró identificar cuál era el grupo
demandante aunado a que quienes promovieron la demanda no probaron la condición de
personas privadas de la libertad en el EPMSC de Cali, omisión que, a su vez, impidió que
en ese asunto se analizara la oportunidad en la presentación de la demanda, lo cual
descarta la configuración de la excepción de cosa juzgada.
Criterios para determinar el grupo afectado y la existencia de una causa común frente
a los daños reclamados por la parte actora
58. El Tribunal a quo indicó que el grupo afectado correspondía a las personas privadas
de la libertad que ingresaron al EPMSC de Cali dentro de los 2 años anteriores a la
presentación de la demanda y los que ingresaron con posterioridad a esta fecha, bien
como sindicados o como condenados, hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
59. El criterio temporal definido por el a quo para la determinación del grupo afectado, en
cuanto se extendió hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, fue cuestionado por la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y la Nación - Ministerio de Justicia y del
Derecho, para lo cual indicaron que en los términos fijados por el Tribunal resulta imposible
determinar cuál es el grupo demandante y si se le causó o no el daño alegado.
60. A su turno, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
señalaron que el hecho de que el grupo afectado comprenda a las personas que sean
privadas de la libertad en el EPMSC de Cali hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia,
constituye una decisión extra petita y conlleva a una violación al debido proceso y al
derecho de defensa en cabeza de las entidades demandadas, pues se les estaría
condenando por hechos futuros e inciertos frente a los cuales no pudieron ejercer su
derecho de contradicción, razón por la cual se debía establecer la fecha de presentación
de la demanda como límite temporal para la determinación del grupo afectado.
61. En la demanda se indicó que el grupo afectado corresponde a las personas privadas
de la libertad en el EPMSC de Cali en los 2 años anteriores a la presentación de la
demanda y “posteriores a la misma”, a su vez, en la sentencia se precisó que dicho grupo
se integraba por las personas que ingresaran a ese establecimiento hasta la fecha de
ejecutoria de dicha decisión.
62. Para la Sala si bien la situación de hacinamiento en el EPMSC de Cali corresponde a
un hecho continuado al menos para el 22 de enero 2019, cuando el Tribunal a quo llevó a
cabo una inspección judicial en dicho establecimiento, lo cierto es que ello no implica que
el grupo demandante se conforme con las personas que ingresen a ese lugar con
posterioridad a la presentación de la demanda.
63. El medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo permite que
un conjunto de personas acuda a la jurisdicción con fines exclusivamente indemnizatorios.
La existencia del grupo no depende de la continuidad del hecho generador del daño, sino
de que un número plural de personas haya sufrido perjuicios por una misma causa y bajo
condiciones uniformes.
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Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
64. En ese contexto, la continuidad de la situación de hacinamiento no habilita que a través
de este medio de control se reclame la reparación de perjuicios causados a personas que
no formaban parte del grupo al momento de presentar la demanda ni de aquellas que
puedan verse afectadas en el futuro por la misma causa. Permitirlo vulneraría el derecho
a la defensa de las demandadas, ya que implicaría presumir su responsabilidad por
hechos futuros e inciertos y asumir una afectación a la dignidad humana simplemente por
ingresar a ese EPMSC, sin que puedan controvertir si el hacinamiento persistió, si ocurrió
con la misma intensidad y si les resulta imputable.
65. Además, la determinación del grupo afectado en los términos señalados por el tribunal
a quo implicaría que dicha decisión surta efectos frente a personas que no tuvieron la
oportunidad de solicitar su eventual exclusión del grupo, pues para cuando lo debían hacer
ni siquiera habían ingresado al EPMSC de Cali.
66. Así las cosas, el grupo demandante, de acuerdo con el criterio temporal señalado,
corresponde a las personas privadas de la libertad en el EPMSC de Cali “Villahermosa”
dentro de los 2 años anteriores a la presentación de la demanda, es decir, entre el 31 de
julio de 2012 y el 31 de julio de 2014.
67. Adicionalmente, precisa la Sala que de acuerdo con un criterio material el grupo
demandante no se conforma con la totalidad de las personas privadas de la libertad que
ingresaron al EPMSC de Cali en el período señalado, dado que según la información
entregada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario no todas las personas que
ingresaron a ese establecimiento carcelario fueron objeto de medidas de detención
intramural, pues algunas fueron beneficiarias de medidas no privativas (brazalete, control
electrónico, prisión domiciliaria o detención domiciliaria), de ahí que corresponden a
personas privadas de la libertad que no fueron recluidas en condición de hacinamiento.
68. En suma, se considera procedente fijar como criterios para determinar el grupo
afectado y la individualización de sus miembros los siguientes: i) personas privadas de la
libertad, bien sea por condena o por medidas de aseguramiento recluidas en los patios
del EPMSC Villahermosa de Cali que presentaron índices de hacinamiento, y ii) que
estuvieron en dicho lugar entre el 31 de julio de 2012 y el 31 de julio de 2014.
69. Una vez establecidos los criterios para determinar el grupo afectado, la Sala precisa
que en el presente asunto se encuentra acreditado el requisito de procedencia del medio
de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, consistente en la existencia
de condiciones uniformes respecto de una misma causa, en los términos señalados en
los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998.
70. En relación con ese requisito, la Corte Constitucional ha señalado que debe
interpretarse jurídicamente y no solo en términos fácticos, alineándose con el principio de
efectividad de los derechos y el enfoque solidarista de la Constitución. Esto implica que,
aunque los hechos que causan el daño puedan ser diversos (como en el caso de múltiples
compras de un producto defectuoso), existe una causa común que justifica la protección
del interés colectivo. De lo contrario, exigir una uniformidad estrictamente factual
dificultaría la reparación de los perjuicios individuales en un contexto de daño colectivo36.
71. A su vez, esta Corporación ha señalado que el hecho común generador de los daños
en una acción de grupo debe entenderse no solo en términos naturales, sino desde una
perspectiva jurídica, ya que pueden existir múltiples eventos interrelacionados que
36
Corte Constitucional, sentencia C-564 de 2004. MP. Rodrigo Uprimny Yepes.
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Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
legalmente se consideran un solo hecho. Esto implica que, en el análisis de la causa
común, es esencial tanto el aspecto fáctico como el fundamento jurídico aplicable a la
situación concreta del grupo37.
72. En ese sentido, se encuentra que, si bien la parte actora indicó que el hacinamiento
como hecho generador del daño era producto de distintas omisiones de las demandadas,
lo cierto es que, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional38 al declarar el estado de
cosas inconstitucional por hacinamiento carcelario y esta Corporación en asuntos
similares al debatido39, esas omisiones se encuentran ligadas a una problemática
estructural del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, lo cual permite satisfacer el
requisito legal de las condiciones de uniformidad.
Daño
73. De acuerdo con lo señalado en el artículo 90 de la Carta Política, “[e]l Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. La noción de daño
antijurídico ha sido definida como la lesión a un derecho o a un interés protegido40.
74. El daño susceptible de indemnización es aquél que la víctima no está en la obligación
de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho -antijuridicidad - y que es cierto,
esto es, verificable y determinable, en tanto aparezca como una disminución patrimonial
o extrapatrimonial en el demandante, sin que pueda ser resarcido lo eventual, hipotético
o meramente posible; por ello, el demandante agraviado debe probar los daños
efectivamente materializados y que pueden cuantificarse o estimarse dinerariamente.
75. En la demanda se alegó como daño la afectación del derecho a la dignidad humana
derivada de la reclusión del grupo demandante en condiciones de hacinamiento.
76. A su vez, el Tribunal a quo indicó que el hacinamiento carcelario en el EPMSC de Cali
era un hecho notorio, además que encontraba sustento en la información aportada por el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y en las condiciones de reclusión que se
evidenciaron en la diligencia de inspección judicial que se realizó en 2019, situación que
por sí sola daba cuenta de la afectación al derecho a la dignidad humana de las personas
privadas de la libertad en esas condiciones, pues ello implicaba que en una celda
durmieran hasta 5 reclusos y en los pasillos hasta 100 personas, aunado a que dichas
personas eran sometidas a temperaturas extremas, sin ventilación y a que las baterías
sanitarias resultaban insuficientes para atender a la totalidad de internos.
77.La Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho y la Unidad de Servicios Penitenciarios
y Carcelarios indicaron que, si bien se demostró una situación de hacinamiento, lo cierto
es que no se probó que ello causara un daño personal, concreto y directo al grupo
demandante, aspecto frente al cual el Tribunal aplicó una presunción judicial inexistente
en cuanto al perjuicio moral derivado de dicho fenómeno.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 16 de abril de 2007, Radicado
25000-23-25-000-2002-00025-02(AG). MP. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Primera Especial de Decisión, radicación No. 76001-23-31-000-2002-04584-02(AG)REV-SU, sentencia
del 10 de junio de 2021.
38
Corte Constitucional sentencias T – 153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 de 2015 y SU 122 de 2022.
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de octubre de
2019, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, exp: 70001-23-33-000-2014-00186-01 (AG) y Subsección B, sentencia del 20 de
noviembre de 2020, M.P. Alberto Montaña Plata, exp:18001-23-33-000-2013-00216-01 (AG).
40
En ese mismo sentido, la Corte Constitucional ha sostenido que “(...) la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado
es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo
sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable” Corte Constitucional,
sentencia C-333 de 1996.
14
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
78. Para la Sala, las pruebas recaudadas dan cuenta de la situación de hacinamiento de
la EPMSC de Cali y de ese hecho, por sí solo, se infiere la afectación al derecho a la
dignidad humana de las personas privadas de la libertad en esas condiciones.
79. El hacinamiento carcelario corresponde a un concepto que se desarrolló para poder
medir la situación de crisis en la que un centro de reclusión se puede llegar a encontrar y
para establecerlo se han considerado dos métodos principales de medición: i) capacidad
instalada, que corresponde una medida matemática para determinar el exceso de
población privada de la libertad en un centro penitenciario, para lo cual se establece
cuántas personas pueden ser albergadas en un establecimiento carcelario frente al
número de personas que se encuentran efectivamente privadas de la libertad en ese lugar,
y ii) densidad poblacional, para lo cual se requiere determinar el espacio que tiene un
centro carcelario o penitenciario, respecto del espacio al que efectivamente pueden
acceder las personas que se encuentran privadas de la libertad41.
80. Frente a los referidos métodos, la Corte Constitucional42 y esta Corporación han
señalado que se debe privilegiar el de densidad poblacional, toda vez que el cálculo del
hacinamiento con base en la capacidad instalada no permite establecer si el número de
cupos carcelarios reportado para cada establecimiento cumplen o no con las condiciones
mínimas para la subsistencia digna de todos los reclusos; no obstante, dado que para
determinar la cantidad de espacio por persona privada de la libertad implica establecer la
zonificación de la cárcel y la determinación del uso del suelo en su interior, también resulta
posible acudir al método de capacidad instalada.
81. En el presente asunto, de las pruebas recaudadas no resulta posible establecer el nivel
de hacinamiento por el método de densidad poblacional, en cuanto se desconoce el área
de construcción de las instalaciones de la EPMSC de Cali, pero las pruebas documentales
aportadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario permiten concluir que entre
el 31 de julio de 2012 y el 31 de julio de 2014 se presentó una grave situación de
hacinamiento en ese centro penitenciario por superar la capacidad instalada.
82. Para tal fin, el porcentaje de hacinamiento por la capacidad instalada se calcula con
base en una fórmula utilizada por la Corte Constitucional43, el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario y aplicada por esta Corporación44, la cual corresponde a la
siguiente:
(cobertura real – capacidad real) x 100 = % de hacinamiento.
Capacidad real
83. En el presente asunto, las pruebas documentales aportadas por el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario dan cuenta de que el EPMSC de Cali cuenta con 11 patios,
anexo, recepción y sanidad.
84. Al aplicar la referida fórmula a las cifras de capacidad y ocupación real suministradas,
correspondientes a los 2 años anteriores a la presentación de la demanda, se obtienen
los siguientes resultados45:
41
Ariza Higuera, L.J., & Torres Gómez, M.A. (2019). Definiendo el hacinamiento. Estándares normativos y perspectivas
judiciales sobre el espacio penitenciario. Revista Socio-Jurídicos, 21(2), 227-258. Consultado
en https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.7632
42
Sentencia T -762 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
43
Ibidem.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de octubre de
2019, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, exp: 70001-23-33-000-2014-00186-01 (AG) y Subsección B, sentencia del 20 de
noviembre de 2020, M.P., exp:18001-23-33-000-2013-00216-01 (AG).
45
Los datos fueron suministrados de manera mensual, razón por la cual la Sala utiliza los correspondientes de agosto de
2012 a julio de 2014.
15
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Agosto 2012 Septiembre 2012
PPL Capacidad %Hacinamiento PPL Capacidad %Hacinamiento
Patio 1 170 123 38,21138 Patio 1 177 123 43,902439
Patio 1A 831 126 559,5238 Patio 1A 853 126 576,984127
Patio 2 823 186 342,4731 Patio 2 837 186 350
Patio 3 674 93 624,7312 Patio 3 701 93 653,763441
Patio 4 666 130 412,3077 Patio 4 665 130 411,538462
Patio 5 736 179 311,1732 Patio 5 759 179 324,022346
Patio 6 364 57 538,5965 Patio 6 369 57 547,368421
Patio 7 129 132 -2,272727 Patio 7 136 132 3,03030303
Patio 8 166 110 50,90909 Patio 8 163 110 48,1818182
Patio 9 595 354 68,0791 Patio 9 623 354 75,9887006
Patio 10 164 165 -0,606061 Patio 10 153 165 -7,27272727
Anexo 068 0 68 Anexo 067 0 67
Recepción 012 0 12 Recepción 007 0 7
Sanidad 000 12 0 Sanidad 000 12 0
Total 5398 1667 223,8152 Total 5510 1667 230,533893
Octubre 2012 Noviembre 2012
PPL Capacidad %Hacinamiento PPL Capacidad %Hacinamiento
Patio 1 178 123 44,7154472 Patio 1 174 123 41,4634146
Patio 1A 844 126 569,84127 Patio 1A 851 126 575,396825
Patio 2 835 186 348,924731 Patio 2 845 186 354,301075
Patio 3 712 93 665,591398 Patio 3 716 93 669,892473
Patio 4 667 130 413,076923 Patio 4 689 130 430
Patio 5 763 179 326,256983 Patio 5 768 179 329,050279
Patio 6 370 57 549,122807 Patio 6 368 57 545,614035
Patio 7 135 132 2,27272727 Patio 7 132 132 0
Patio 8 163 110 48,1818182 Patio 8 174 110 58,1818182
Patio 9 630 354 77,9661017 Patio 9 590 354 66,6666667
Patio 10 149 165 -9,6969697 Patio 10 165 165 0
Anexo 064 0 64 Anexo 070 0 70
Recepción 018 0 18 Recepción 011 0 11
Sanidad 000 12 0 Sanidad 000 12 0
Total 5528 1667 231,613677 Total 5553 1667 233,113377
Diciembre 2012 Enero 2013
PPL Capacidad %Hacinamiento PPL Capacidad %Hacinamiento
Patio 1 Patio 1
170 123 38,2113821 181 123 47,15447154
Patio 1A 866 126 587,301587 Patio 1A 901 126 615,0793651
Patio 2 Patio 2
830 186 346,236559 893 186 380,1075269
Patio 3 Patio 3
708 93 661,290323 736 93 691,3978495
Patio 4 Patio 4
690 130 430,769231 705 130 442,3076923
Patio 5 Patio 5
775 179 332,960894 790 179 341,3407821
Patio 6 Patio 6
369 57 547,368421 373 57 554,3859649
Patio 7 125 132 -5,3030303 Patio 7 130 132 -1,515151515
Patio 8 Patio 8
167 110 51,8181818 171 110 55,45454545
Patio 9 Patio 9
591 354 66,9491525 605 354 70,9039548
Patio 10 Patio 10
172 165 4,24242424 182 165 10,3030303
Anexo Anexo
072 0 72 066 0 68
Recepción 011 0 11 Recepción 010 0 10
Sanidad Sanidad
000 12 0 000 12 0
Total Total
5546 1667 232,693461 5743 1667 244,5110978
16
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Febrero 2013 Marzo 2013
PPL Capacidad %Hacinamiento PPL Capacidad %Hacinamiento
Patio 1 180 123 46,34146 Patio 1 184 123 49,5934959
Patio 1A 900 126 614,2857 Patio 1A 890 126 606,349206
Patio 2 895 186 381,1828 Patio 2 913 186 390,860215
Patio 3 738 93 693,5484 Patio 3 753 93 709,677419
Patio 4 707 130 443,8462 Patio 4 729 130 460,769231
Patio 5 792 179 342,4581 Patio 5 812 179 353,631285
Patio 6 374 57 556,1404 Patio 6 382 57 570,175439
Patio 7 130 132 -1,515152 Patio 7 126 132 -4,54545455
Patio 8 171 110 55,45455 Patio 8 176 110 60
Patio 9 607 354 71,46893 Patio 9 623 354 75,9887006
Patio 10 182 165 10,30303 Patio 10 172 165 4,24242424
Anexo 066 0 66 Anexo 072 0 72
Recepción 017 0 17 Recepción 016 0 16
Sanidad 000 12 0 Sanidad 000 12 0
Total 5759 1667 245,4709 Total 5848 1667 250,809838
Abril 2013 Mayo 2013
PPL Capacidad %Hacinamiento PPL Capacidad %Hacinamiento
Patio 1 174 123 41,4634146 Patio 1 176 123 43,0894309
Patio 1A 884 126 601,587302 Patio 1A 907 126 619,84127
Patio 2 885 186 375,806452 Patio 2 914 186 391,397849
Patio 3 730 93 684,946237 Patio 3 732 93 687,096774
Patio 4 707 130 443,846154 Patio 4 730 130 461,538462
Patio 5 780 179 335,75419 Patio 5 793 179 343,01676
Patio 6 352 57 517,54386 Patio 6 348 57 510,526316
Patio 7 122 132 -7,57575758 Patio 7 132 132 0
Patio 8 175 110 59,0909091 Patio 8 175 110 59,0909091
Patio 9 613 354 73,1638418 Patio 9 620 354 75,1412429
Patio 10 192 165 16,3636364 Patio 10 193 165 16,969697
Anexo 071 0 71 Anexo 068 0 68
Recepción 031 0 31 Recepción 009 0 9
Sanidad 000 12 0 Sanidad 000 12 0
Total 5716 1667 242,891422 Total 5797 1667 247,75045
Junio 2013 Julio 2013
PPL Capacidad %Hacinamiento PPL Capacidad %Hacinamiento
Patio 1 175 123 42,2764228 Patio 1 189 123 53,6585366
Patio 1A 911 126 623,015873 Patio 1A 963 126 664,285714
Patio 2 907 186 387,634409 Patio 2 919 186 394,086022
Patio 3 735 93 690,322581 Patio 3 764 93 721,505376
Patio 4 731 130 462,307692 Patio 4 775 130 496,153846
Patio 5 796 179 344,692737 Patio 5 810 179 352,513966
Patio 6 345 57 505,263158 Patio 6 357 57 526,315789
Patio 7 131 132 -0,75757576 Patio 7 134 132 1,51515152
Patio 8 174 110 58,1818182 Patio 8 175 110 59,0909091
Patio 9 617 354 74,2937853 Patio 9 648 354 83,0508475
Patio 10 194 165 17,5757576 Patio 10 172 165 4,24242424
Anexo 067 0 67 Anexo 078 0 78
Recepción 019 0 19 Recepción 013 0 13
Sanidad 000 12 0 Sanidad 000 12 0
17
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Junio 2013 Julio 2013
PPL Capacidad %Hacinamiento PPL Capacidad %Hacinamiento
Total 5802 1667 248,05039 Total 5997 1667 259,74805
Agosto 2013 Septiembre 2013
PPL Capacidad %Hacinamiento PPL Capacidad %Hacinamiento
Patio 1 180 123 46,3414634 Patio 1 177 123 43,902439
Patio 1A 968 126 668,253968 Patio 1A 975 126 673,809524
Patio 2 915 186 391,935484 Patio 2 950 186 410,752688
Patio 3 770 93 727,956989 Patio 3 796 93 755,913978
Patio 4 790 130 507,692308 Patio 4 804 130 518,461538
Patio 5 816 179 355,865922 Patio 5 824 179 360,335196
Patio 6 373 57 554,385965 Patio 6 376 57 559,649123
Patio 7 132 132 0 Patio 7 137 132 3,78787879
Patio 8 172 110 56,3636364 Patio 8 177 110 60,9090909
Patio 9 639 354 80,5084746 Patio 9 664 354 87,5706215
Patio 10 163 165 -1,21212121 Patio 10 186 165 12,7272727
Anexo 079 0 79 Anexo 000 0 0
Recepción 021 0 21 Recepción 031 0 31
Sanidad 000 12 0 Sanidad 000 12 0
Total 6018 1667 261,007798 Total 6097 1667 265,746851
Octubre 2013 Noviembre 2013
PPL Capacidad %Hacinamiento PPL Capacidad %Hacinamiento
Patio 1 182 123 47,96747967 Patio 1 184 123 49,5934959
Patio 1A 986 126 682,5396825 Patio 1A 980 126 677,777778
Patio 2 978 186 425,8064516 Patio 2 994 186 434,408602
Patio 3 813 93 774,1935484 Patio 3 833 93 795,698925
Patio 4 830 130 538,4615385 Patio 4 818 130 529,230769
Patio 5 847 179 373,1843575 Patio 5 852 179 375,977654
Patio 6 373 57 554,3859649 Patio 6 374 57 556,140351
Patio 7 135 132 2,272727273 Patio 7 129 132 -2,27272727
Patio 8 188 110 70,90909091 Patio 8 187 110 70
Patio 9 678 354 91,52542373 Patio 9 672 354 89,8305085
Patio 10 200 165 21,21212121 Patio 10 188 165 13,9393939
Anexo 000 0 0 Anexo 000 0 0
Recepción 018 0 18 Recepción 009 0 9
Sanidad 000 12 0 Sanidad 000 12 0
Total 6228 1667 273,6052789 Total 6220 1667 273,125375
Diciembre 2013 Enero 2014
PPL Capacidad %Hacinamiento PPL Capacidad %Hacinamiento
Patio 1 185 123 50,4065041 Patio 1 187 123 52,03252033
Patio 1A Patio 1A 1010
997 126 691,269841 126 701,5873016
Patio 2 1004 186 439,784946 Patio 2 997 186 436,0215054
Patio 3 850 93 813,978495 Patio 3 870 93 835,483871
Patio 4 824 130 533,846154 Patio 4 840 130 546,1538462
Patio 5 874 179 388,268156 Patio 5 883 179 393,2960894
Patio 6 398 57 598,245614 Patio 6 409 57 617,5438596
Patio 7 135 132 2,27272727 Patio 7 227 132 71,96969697
Patio 8 184 110 67,2727273 Patio 8 185 110 68,18181818
Patio 9 669 354 88,9830508 Patio 9 570 354 61,01694915
18
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Diciembre 2013 Enero 2014
PPL Capacidad %Hacinamiento PPL Capacidad %Hacinamiento
Patio 10 209 165 26,6666667 Patio 10 227 165 37,57575758
Anexo 000 0 0 Anexo 000 0 0
Recepción 016 0 16 Recepción 008 0 8
Sanidad 000 12 0 Sanidad 000 12 0
Total 6345 1667 280,623875 Total 6413 1667 284,7030594
Febrero 2014 Marzo 2014
PPL Capacidad %Hacinamiento PPL Capacidad %Hacinamiento
Patio 1 190 123 54,47154 Patio 1 195 123 58,5365854
Patio 1A 1037 126 723,0159 Patio 1A 1043 126 727,777778
Patio 2 1002 186 438,7097 Patio 2 1017 186 446,774194
Patio 3 867 93 832,2581 Patio 3 874 93 839,784946
Patio 4 848 130 552,3077 Patio 4 862 130 563,076923
Patio 5 879 179 391,0615 Patio 5 897 179 401,117318
Patio 6 433 57 659,6491 Patio 6 443 57 677,192982
Patio 7 139 132 5,30303 Patio 7 132 132 0
Patio 8 197 110 79,09091 Patio 8 196 110 78,1818182
Patio 9 656 354 85,31073 Patio 9 647 354 82,7683616
Patio 10 228 165 38,18182 Patio 10 186 165 12,7272727
Anexo 000 0 0 Anexo 000 0 0
Recepción 019 0 19 Recepción 034 0 34
Sanidad 000 12 0 Sanidad 000 12 0
Total 6495 1667 289,6221 Total 6526 1667 291,481704
Abril 2014 Mayo 2014
PPL Capacidad %Hacinamiento PPL Capacidad %Hacinamiento
Patio 1 196 123 59,3495935 Patio 1 210 123 70,7317073
Patio 1A 1040 126 725,396825 Patio 1A 1055 126 737,301587
Patio 2 1023 186 450 Patio 2 1020 186 448,387097
Patio 3 893 93 860,215054 Patio 3 895 93 862,365591
Patio 4 850 130 553,846154 Patio 4 850 130 553,846154
Patio 5 885 179 394,413408 Patio 5 886 179 394,972067
Patio 6 440 57 671,929825 Patio 6 462 57 710,526316
Patio 7 129 132 -2,27272727 Patio 7 122 132 -7,57575758
Patio 8 196 110 78,1818182 Patio 8 201 110 82,7272727
Patio 9 640 354 80,7909605 Patio 9 647 354 82,7683616
Patio 10 240 165 45,4545455 Patio 10 232 165 40,6060606
Anexo 000 0 0 Anexo 000 0 0
Recepción 008 0 8 Recepción 017 0 17
Sanidad 000 12 0 Sanidad 000 12 0
Total 6540 1667 292,321536 Total 6597 1667 295,740852
Junio 2014 Julio 2014
PPL Capacidad %Hacinamiento PPL Capacidad %Hacinamiento
Patio 1 200 123 62,601626 Patio 1 192 123 56,097561
Patio 1A 995 126 689,68254 Patio 1A 979 126 676,984127
Patio 2 991 186 432,795699 Patio 2 982 186 427,956989
Patio 3 861 93 825,806452 Patio 3 851 93 815,053763
Patio 4 809 130 522,307692 Patio 4 803 130 517,692308
Patio 5 852 179 375,977654 Patio 5 840 179 369,273743
Patio 6 438 57 668,421053 Patio 6 435 57 663,157895
Patio 7 120 132 -9,09090909 Patio 7 114 132 -13,6363636
19
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Junio 2014 Julio 2014
PPL Capacidad %Hacinamiento PPL Capacidad %Hacinamiento
Patio 8 194 110 76,3636364 Patio 8 193 110 75,4545455
Patio 9 608 354 71,7514124 Patio 9 605 354 70,9039548
Patio 10 232 165 40,6060606 Patio 10 227 165 37,5757576
Anexo 000 0 0 Anexo 000 0 0
Recepción 029 0 29 Recepción 022 0 22
Sanidad 000 12 0 Sanidad 000 12 0
Total 6329 1667 279,664067 Total 6243 1667 274,505099
85. La anterior información le permite a la Sala concluir que dentro de los 2 años anteriores
a la presentación de la demanda en el EPMSC de Cali “Villahermosa” se presentó una
situación de hacinamiento en promedio del 258%, con patios que presentaron un
porcentaje superior al 800%, salvo los patios que muestran las casillas destacadas que
no tuvieron sobrepoblación.
86. Para las demandadas, de la situación de hacinamiento no se puede inferir una
afectación al derecho a la dignidad humana; sin embargo, la Sala considera que
corresponde a un hecho notorio que la privación de la libertad en esas condiciones da
cuenta, por sí misma, de la vulneración de la dignidad humana de las personas recluidas
en esa situación.
87. Al respecto, desde 1998 la Corte Constitucional ha declarado la existencia de un estado
de cosas inconstitucional en “las prisiones” y en “el sistema penitenciario y carcelario” por
la situación de hacinamiento, a través de la sentencia T-153 de 1998 en el primer caso y
de las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 en el segundo caso, en cuanto es
palmario que la privación de la libertad en esa condición desconoce la dignidad humana.
88. En ese sentido, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos46, la Corte
Constitucional47 y esta Corporación48, la simple reclusión en condiciones de hacinamiento
constituye en sí misma una violación a la integridad personal y resulta contraria a la
prohibición de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, dado que resulta
evidente que el hacinamiento en centros de reclusión pone en riesgo la seguridad y el
bienestar de las personas privadas de la libertad y del personal penitenciario. Estas
condiciones aumentan la probabilidad de emergencias e incendios, fomentan la tensión y
violencia internas, afectando el acceso a servicios esenciales como salud e higiene. Esto
46
Opinión consultiva OC-29/22 de 30 de mayo de 2022 solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
consultada en https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_29_esp.pdf. En el mismo sentido Caso Tibi Vs. Ecuador,, párr.
150, y Caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela, , párr. 94.
47
“117. Ahora bien, a pesar del carácter absoluto y fundamental que se le reconoce a la dignidad humana, en la práctica
existen situaciones en las cuales este derecho se vulnera, debido a los problemas integrales y estructurales del Estado, como
sucede en el sistema penitenciario y carcelario. En este sentido, la Corte Constitucional, en reiteradas oportunidades , ha
encontrado que el hacinamiento en las cárceles y prisiones es una condición que de por sí vulnera la dignidad de las personas
que se encuentran recluidas en centros carcelarios o penitenciarios.
118. Particularmente, esta Corte estimó que el hacinamiento es una condición indigna para las personas recluidas en
tanto que, a causa de este, se presenta una cadena de violaciones de derechos fundamentales, representadas en situaciones.
A manera de ejemplo, la falta de instalaciones sanitarias decentes, de lugares apropiados para el descanso, de separación
de los lugares donde las personas privadas de la libertad duermen, comen y hacen sus necesidades, de ventilación apropiada,
de lugares propicios para la recreación, el deporte, el estudio o las actividades de resocialización, entre otras tantas. Esta
cadena de violaciones masivas y generalizadas de los derechos humanos a causa del hacinamiento puede llegar a constituir
un daño antijurídico merecedor de ser reparado.(…)
130. Por lo tanto, esta Corte le ha dado prioridad a la situación penitenciaria y carcelaria en el país, con el objetivo de
garantizar la prevalencia de los derechos fundamentales y la dignidad humana de las personas privadas de la libertad. En
este sentido, para la Corte es razonable que, cuando una autoridad judicial encuentre que el estado de hacinamiento de un
establecimiento penitenciario o carcelario conlleva a situaciones inhumanas de vida en reclusión, pueda concluir que el Estado
violó la dignidad de las personas privadas de la libertad (…)”. Corte Constitucional, sentencia SU-068 del 16 de marzo de
2023, M.P. Natalia Ángel Cabo, en el mismo sentido, sentencias C-143 de 2015, T-049 de 2016, T-232 de 2017, T-259 de
2020, T-288 de 2020.
48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre
de 2020, M.P. Alberto Montaña Plata, exp:18001-23-33-000-2013-00216-01 (AG).
20
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
dificulta las funciones primordiales de las instituciones penitenciarias y el control adecuado
por parte del personal de custodia.
89. Adicionalmente, en el caso concreto, las consecuencias del hacinamiento en relación
con la afectación a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad en esas
condiciones encuentran respaldo en las sentencias de tutela de 27 de agosto y 24 de
octubre de 2013, por medio de las cuales el Juzgado 10º Penal del Circuito de Cali y el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali Sala Penal ampararon los derechos
fundamentales a la dignidad humana, vida e integridad personal de las personas recluidas
en el EPMSC de Cali “Villahermosa” por el grave problema de hacinamiento de ese
establecimiento carcelario, providencias que dan cuenta de la afectación alegada en la
demanda, lo cual se corrobora, además, con las copias de los informes rendidos por la
Personería Municipal de Cali y la Defensoría Regional del Pueblo sobre los efectos de la
situación de hacinamiento de las PPL en el EPMSC de Cali “Villahermosa”.
90. En el mismo sentido obra el archivo de audio y video de la inspección judicial que se
realizó en 2019, en la que se constató la afectación a la dignidad humana de las personas
que se encontraban recluidas en situación de hacinamiento; si bien dicha diligencia se
realizó aproximadamente 5 años después de la presentación de la demanda y que para
esa fecha algunos de los integrantes del grupo demandante ya habían salido del EPMSC,
lo cierto es que los índices de hacinamiento que se evidenciaron en ese momento eran
similares a los que existían entre el 31 de julio de 2012 y el 31 de julio de 2014, de ahí que
lo encontrado en la inspección judicial permite inferir los efectos de la situación de
hacinamiento y con ello la afectación a la dignidad humana del grupo demandante, dado
que la sobrepoblación conlleva, por ejemplo, a que en una celda diseñada para una
persona duerman hasta 5 reclusos, mientras que en los pasillos y escaleras debían
pernoctar hasta 100 personas, sin sistemas de ventilación, asimismo, se constató que
cada patio contaba con 2 sanitarios y 2 duchas para el uso, en algunos casos, de más de
800 personas.
91. En suma, aun cuando no resulta posible establecer la situación de hacinamiento por
el método de densidad poblacional, contrario a lo sostenido por las demandadas, la sola
situación de hacinamiento por capacidad instalada en promedio total del 258% y en
algunos patios superior al 800% que encuentra sustento en la inspección judicial que
realizó el Tribunal y en las pruebas documentales aportadas, resulta suficiente para
acreditar la afectación a la dignidad humana de las personas privadas de su libertad en
esas condiciones, como derecho constitucional y convencionalmente amparado.
Imputación y nexo de causalidad
92. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación 49, las personas privadas de la
libertad en centros penitenciarios sufren afectaciones a bienes y derechos constitucional
y convencionalmente protegidos que son inherentes a la reclusión y que se encuentran
en el deber jurídico de soportar, por ejemplo, la suspensión de los derechos a la libertad
de locomoción y la libertad física, así como la restricción de otros derechos como al
trabajo, a la intimidad personal y familiar, al libre desarrollo de la personalidad, a la
educación y a la familia. Estos eventos no originan responsabilidad patrimonial para el
Estado.
49
La Sección Tercera en pleno recordó que el régimen bajo el cual se estructura la responsabilidad del Estado por los daños
causados por cuenta de la reclusión, pero que no pueden considerarse como inherentes a la misma, es el objetivo. Sección
Tercera. Sala Plena. Fallo de 28 de agosto de 2014 [Radicado 25000-23-26-000-2000-00340-01(28832)]. MP. Danilo Rojas
Betancourth.
21
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
93. Sin embargo, se ha precisado que existe otro grupo de derechos que no pueden ser
suspendidos ni restringidos, tales como los derechos a la vida y la integridad personal, a
la salud, a elevar peticiones, al agua, a la libertad de cultos y al debido proceso, entre
otros, por su estrecha relación con la dignidad humana.
94. En ese escenario, de acuerdo con la jurisprudencia pacífica y reiterada de esta
Corporación, los daños no inherentes a la reclusión, como sería en este asunto la
afectación a la dignidad humana, pueden imputarse con base en un régimen objetivo de
responsabilidad dada la “relación de especial sujeción” entre los reclusos y el Estado; sin
embargo, si se acredita una falla del servicio, ésta se debe declarar 50.
95. El Tribunal a quo concluyó que la afectación a la dignidad humana del grupo
demandante le resulta imputable a la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios, al departamento del Valle del Cauca y al municipio de Santiago de Cali por
una falla del servicio, en cuanto dichas entidades forman parte del Sistema Nacional
Penitenciario y las causas del hacinamiento, según lo ha concluido la Corte Constitucional,
obedecen a una falla estructural de ese sistema.
96. Respecto de la atribución de responsabilidad al municipio de Cali y el departamento del
Valle del Cauca, la Sala recuerda que se encuentra probada su falta de legitimación en la
causa de hecho por pasiva, de ahí que la Sala no analizará las razones por las cuales el
a quo declaró su responsabilidad, en ese mismo sentido, tampoco resolverá sobre la falla
del servicio que se le endilgó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, dado que
dicha entidad no apeló esa decisión.
97. Así las cosas, de acuerdo con los cargos de apelación, la Sala resolverá sobre la
imputación de responsabilidad de la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho y de la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, entidad que constituye una instancia de
coordinación y articulación interinstitucional que fija parámetros de políticas públicas y
cuyo objetivo es mejorar las condiciones de habitabilidad de la población privada de la
libertad.
98. En relación con la situación de hacinamiento carcelario se encuentra que la Corte
Constitucional mediante sentencia T-153 de 1998 declaró el estado de cosas
inconstitucional en las prisiones del país, dado que para el 30 de noviembre de 1997
existían en los establecimientos de reclusión una población de 42.118 personas privadas
de la libertad, pese a que únicamente se contaban con 29.217 cupos carcelarios, lo cual
daba cuenta de un hacinamiento del 40% que generaba que las personas privadas de la
libertad no contaran con las condiciones mínimas para llevar una vida digna en aspectos
básicos como tener un camarote, servicios sanitarios, con asistencia en salud o poder
recibir visitas familiares en condiciones decorosas. En dicha oportunidad se concluyó que
50
Según la posición unificada y reiterada por la Sección Tercera, al no haber privilegiado el modelo de responsabilidad estatal
de la Constitución de 1991 ningún régimen en particular corresponde al juez, en cada caso concreto, la construcción de una
motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que deba adoptar. Lo anterior
se justifica en la medida en que, según esa misma posición, la adopción de los diversos “títulos de imputación” son solo una
manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos conocidos por el juez, en consonancia con la casuística de
la realidad probatoria y desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda deducirse la existencia
de un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar un determinado y exclusivo título de imputación
frente a concretas situaciones fácticas. Sección Tercera. Sala Plena. Fallo de 19 de abril de 2012, radicado 19001-23-31-000-
1999-00815-01(21515). MP. Hernán Andrade Rincón. Reiterada por: Sección Tercera. Subsección A. Fallo de 23 de agosto
de 2012, radicado 18001-23-31-000-1999-00454-01(24392). MP. Hernán Andrade Rincón; Subsección B. Fallo de 11 de
diciembre de 2015, radicado 47001-23-31-000-2009-00369-01(41208). MP. Stella Conto Díaz del Castillo; Subsección C.
Fallo de 7 de septiembre de 2015, radicado 54001-23-31-000-1999-01081-02 (34158). MP. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa, entre muchas otras. En similar sentido, aunque en el contexto de la privación injusta de la libertad, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-072/18 MP. José Fernando Reyes Cuartas indicó que la aplicación de cualquier de los
regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad
y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia.
22
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
el hacinamiento era una situación amplia y generalizada causada por un problema
estructural relacionado con el abandono del sistema en cuanto a inversión e
infraestructura.
99. Posteriormente, mediante la sentencia T-388 de 2013 la Corte Constitucional consideró
que las causas que llevaron a la declaratoria del estado de cosas inconstitucional habían
sido superadas en gran parte por las medidas legislativas y administrativas; sin embargo,
declaró por segunda vez un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario
y carcelario, en cuanto concluyó que la situación de hacinamiento que se presentaba para
ese momento ya no era causada por temas de infraestructura sino por fallas estructurales
de la política criminal en su conjunto.
100. A través de la sentencia T-762 de 2015, la Corte reiteró la existencia de un estado
de cosas inconstitucional causado por el manejo de la política criminal, para lo cual indicó
que la adoptada hasta ese momento resultaba reactiva, populista, poco reflexiva, volátil,
incoherente y subordinada a la política de seguridad, lo que perpetuaba la violación
masiva y generalizada de los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad e impedía que se cumpliera con el fin resocializador de la pena.
101. En las mencionadas providencias se indicó de manera uniforme que el
hacinamiento carcelario no le resulta imputable a la acción u omisión de una sola entidad
sino que tiene como causa un fallo sistemático del Estado relacionado con i) el
incumplimiento de las autoridades estatales del deber de garantía y respeto de los
derechos; ii) la institucionalización de prácticas inconstitucionales; iii) la ausencia de
medidas legislativas o presupuestales que se orienten a conjurar la situación; y, iv) la
necesidad de intervención de varias entidades públicas en la materialización de las
soluciones, que precisan de un accionar complejo y coordinado, así como de un
importante esfuerzo presupuestal.
102. Por lo anterior se ha precisado que al margen de la multiplicidad de entidades
cuyas acciones y omisiones guardan relación con las causas estructurales del
hacinamiento, para efectos de responsabilidad patrimonial los afectados pueden reclamar
la indemnización de perjuicios de aquellas directamente responsables por la prestación
de los servicios en el centro penitenciario o carcelario de que se trate (sean del orden
nacional, departamental o municipal).
103. En el sub lite se acreditó que el EPMSC de Cali “Villahermosa” es un
establecimiento de reclusión del orden nacional, a cargo del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, entidad frente a la que se declaró su responsabilidad y que no
apeló esa decisión.
104. No obstante, la Sala considera que en el presente asunto el daño también le resulta
imputable a la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios.
105. Al respecto, de acuerdo con lo señalado en los artículos 42 de la Ley 489 de 199851
y 3° del Decreto 142752 del 29 de agosto de 201753 las mencionadas entidades forman
51
“Artículo 42.- Sectores Administrativos. El Sector Administrativo está integrado por el Ministerio o Departamento
Administrativo, las superintendencias y demás entidades que la ley o el Gobierno Nacional definan cómo adscritas o
vinculadas a aquellos según correspondiere a cada área”.
52
“Por el cual se modifica la estructura orgánica y se determinan las funciones de las dependencias del Ministerio de Justicia
y del Derecho”.
53
Artículo 3o. Sector administrativo de justicia y del derecho. El Sector Administrativo de Justicia y del Derecho está integrado
por el Ministerio de Justicia y del Derecho y las siguientes entidades adscritas:
1.1. Establecimiento Público:
23
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
parte del sector administrativo de Justicia y del Derecho, el cual, entre otros asuntos, se
encarga del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario como instancia de coordinación
y articulación interinstitucional que fija parámetros de políticas públicas y cuyo objetivo es
mejorar las condiciones de habitabilidad de la población privada de la libertad54.
106. La cabeza del mencionado sector administrativo es el Ministerio de Justicia y del
Derecho y para el cumplimiento de sus objetivos la Ley le adscribió a la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
107. Al Ministerio le corresponde orientar el ejercicio de las funciones a cargo de los
organismos y entidades que conforman el respectivo sector administrativo y, en particular,
en relación con asuntos penitenciarios y carcelarios, le concierne i) la formulación y
adopción de la política pública criminal y de asuntos penitenciarios, ii) hacer seguimiento
y evaluación del impacto de las normas que regulan la operación y funcionamiento del
Sistema Penitenciario y Carcelario, iii) proponer al Consejo Superior de Política Criminal
los criterios para formular y adoptar la política criminal y penitenciaria a mediano y largo
plazo, iv) promover la revisión de las condiciones de reclusión y resocialización del
sistema penitenciario y v) presentar proyectos de ley o actos legislativos en materia penal
y penitenciaria.
108. A su vez, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, entidad adscrita al
Ministerio de Justicia y del Derecho, le corresponde cumplir con el suministro de bienes y
la prestación de los servicios, la infraestructura y el apoyo logístico y administrativo para
el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios que
permanecieron a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, funciones
administrativas y de ejecución de actividades que fueron escindidas del INPEC mediante
el Decreto 4150 de 2011.
109. En esas condiciones, la afectación a la dignidad humana de las personas privadas
de su libertad por la situación de hacinamiento de la EPMSC de Cali, en algunos casos
en índices superiores al 800%, evidencian la configuración de una falla del servicio por
omisión, dado el incumplimiento de la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho y de
la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios frente a las obligaciones que deben
atender en calidad de integrantes del sector administrativo que se encuentra encargado
del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario.
110. Las mencionadas entidades señalaron que su responsabilidad debía analizarse en
términos de relatividad de la falla del servicio, escenario en el que el daño no les resultaba
imputable porque en la medida de las posibilidades presupuestales han dado
cumplimiento a las instrucciones de la Corte Constitucional para superar el ECI, para lo
cual han realizado obras, ampliado cupos y cumplido con sus funciones y competencias
legales.
1.1.1. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
1.2. Unidad Administrativa Especial con personería jurídica:
(…)
1.2.2 Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).
(…)”.
54
Ley 65 de 1993: “Artículo 15. Sistema Nacional Penitenciario. <Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 1709 de 2014.
El nuevo texto es el siguiente:> El Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario está integrado por el Ministerio de Justicia y
del Derecho; el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
(Uspec), como, adscritos al Ministerio de Justicia y del Derecho con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía
administrativa; por todos los centros de reclusión que funcionan en el país; por la Escuela Penitenciaria Nacional; por el
Ministerio de Salud y Protección Social; por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y por las demás entidades
públicas que ejerzan funciones relacionadas con el sistema.
El sistema se regirá por las disposiciones contenidas en este Código y por las demás normas que lo adicionen y
complementen”.
24
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
111. Al respecto, si bien esta Corporación ha considerado que en algunos eventos la
falla en el servicio debe analizarse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la
Administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente
se espera que hubiese sido su actuación o intervención, de acuerdo con las
circunstancias, tales como disposición del personal, medios a su alcance o su capacidad
de maniobra, lo cierto es que respecto de la responsabilidad del Estado por la afectación
a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad las limitaciones de orden
presupuestal no impiden que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado por falla
del servicio.
112. En este punto, se precisa que, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional
como sustento para declarar el estado de cosas inconstitucional, el compromiso de una
sociedad con la dignidad humana se reconoce en gran medida, por la manera como se
respetan los derechos de las personas privadas de la libertad, para lo cual si bien resulta
legítimo recluir a quien comete un delito en cuanto desconoció la dignidad de la víctima,
lo cierto es que la sociedad se diferencia del agresor en cuanto no hace lo mismo con él55.
113. Por lo anterior, se ha indicado que i) todas las personas privadas de la libertad
deberán ser tratadas en forma humana y digna, independientemente del tipo de detención
al cual estén sujetas o del tipo de institución en la cual estén recluidas; ii) el Estado debe
propugnar para que no se someta a las personas privadas de la libertad a mayores
penurias o limitaciones de sus derechos que las legítimamente derivadas de la medida de
detención correspondiente; y iii) la obligación de tratar a los detenidos con humanidad y
dignidad no puede estar sujeta, en su cumplimiento, a la disponibilidad de recursos
materiales ni a distinciones de algún tipo, salvo las que se deben realizar entre personas
procesadas y condenadas.
114. Al respecto, el artículo 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
consagra el derecho a la integridad personal y contempla una serie de reglas para dar
contenido al principio de trato digno y procurar el cumplimiento de la finalidad de la
ejecución de la pena, en especial, en su numeral 2° establece que nadie debe ser
sometido a torturas o tratos crueles inhumanos o degradantes, aunado a que todas las
personas privadas de su libertad deberán ser tratadas con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano.
115. En ese mismo sentido, el artículo 1° de la Constitución Política señala que
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa
y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de
las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
116. A su vez, en armonía con las normas convencionales y constitucionales, el artículo
5° de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 4 de la Ley 1709 de 2014, señala que
en los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las
garantías constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos y
prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral y expresamente consagró que las
carencias de recursos no podrán justificar que las condiciones de reclusión vulneren los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
55
Corte Constitucional, sentencia SU-122 de 2022.
25
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
117. Asimismo, la dignidad humana corresponde a un derecho de eficacia directa cuyo
reconocimiento no puede estar supeditado a limitaciones presupuestales o de cualquier
otro orden.
118. En ese marco normativo, el respeto por la dignidad humana como principio general
del trato debido a las personas privadas de libertad se encuentra intrínsecamente
relacionado con el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, derechos que no pueden ser restringidos de acuerdo con las
normas constitucionales y los instrumentos internacionales vinculantes para el Estado
Colombiano, de ahí que la afectación al derecho a la dignidad humana por el hacinamiento
de la EPMSC de Cali le resulta imputable a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho
y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios por falla del servicio por omisión.
119. En todo caso, aun cuando se desvirtuara la configuración de la falla del servicio
por omisión con ocasión de las acciones encaminadas a superar el estado de cosas
inconstitucional, lo cierto es que el daño alegado en la demanda también le resultaría
imputable a dichas entidades en aplicación de un régimen objetivo en virtud de la “relación
de especial sujeción” entre las personas privadas de la libertad y el Estado, de acuerdo
con la jurisprudencia pacífica y reiterada sobre el particular frente a los daños ocasionados
a los reclusos.
120. Las consideraciones precedentes imponen despachar de manera desfavorable los
recursos de apelación interpuestos por la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y
la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y confirmar en este punto la sentencia
de primera instancia.
Indemnización de perjuicios
Perjuicios morales
121. El Tribunal a quo reconoció una indemnización pecuniaria por concepto de daños
morales. A su juicio, el hacinamiento y la afectación a la dignidad dan cuenta por sí solos
de un daño moral, para lo cual condenó a las demandadas a pagar a cada interno, por
cada 30 días calendario de prisión o detención dentro del EPMSC de Cali, una
indemnización de un salario mínimo legal diario; si la privación de la libertad excedió 12
meses de prisión 2 salarios mínimos diarios por cada 30 días calendario siguientes a los
primeros 12 meses, sin que en ningún evento la indemnización superara 144 salarios
mínimos diarios por cada interno.
122. La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios señalaron que en el presente asunto el grupo demandante
no probó una afectación de orden moral, razón por la cual no resulta procedente la
condena que se reconoció en primera instancia.
123. La Sala recuerda que el principio de congruencia exige que en la sentencia56, el
juzgador decida en consideración a los hechos y pretensiones de la demanda, las
excepciones que se encuentren probadas y lo acreditado en el proceso57, por manera que
56
“La congruencia es una regla en virtud de la cual el juez, en su sentencia, no puede reconocer lo que no se le ha pedido
(extra petita) ni más de lo pedido (ultra petita); es garantía del derecho fundamental del debido proceso y expresión del sistema
dispositivo en el que las partes son las encargadas del impulso procesal.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 11 de julio de 2019. Exp. 49.349.
57
Ley 1437 de 2011. “Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve
resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad
y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando
los textos legales que se apliquen. // En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra
26
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
se constituye en una forma de controlar la actividad jurisdiccional, prevista con el fin de
evitar arbitrariedades que serían intolerables para el ordenamiento jurídico.
124. En el presente asunto, en la demanda no se solicitó una indemnización por
perjuicios morales, pues el grupo accionante únicamente pidió el reconocimiento de una
indemnización pecuniaria por la afectación a bienes constitucional y convencionalmente
amparados; incluso en su recurso de apelación y en los alegatos presentados en esta
instancia recalcó que no formuló pretensiones por daños morales, sino que se limitó a
solicitar la reparación por el desconocimiento de la dignidad humana.
125. Así las cosas, al margen de si se probó o no una afectación de carácter moral, lo
cierto es que el reconocimiento de la indemnización en los términos ordenados por el
Tribunal a quo no resulta procedente en cuanto vulnera el principio de congruencia, razón
por la cual el recurso de apelación está llamado a prosperar y conlleva que se revoque en
este punto la sentencia de primera instancia en cuanto dispuso una reparación por daños
morales.
Indemnización por daño a bienes constitucional y convencionalmente amparados
126. La Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia de 14 de septiembre
de 2011, precisó la tipología de los perjuicios inmateriales y estableció una cláusula
residual en relación con las afectaciones que no resultan posible adecuarlas al contenido
y denominación de “daño moral” o “daño a la salud”, razón por la cual, se les ha
clasificado58 en la tipología de daños derivados de “vulneraciones o afectaciones
relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados” evento
en el cual se puede conceder una indemnización adicional a la que se reconoce por el
perjuicio moral59.
127. Posteriormente, en sentencia del 28 de agosto de 2014 se volvió sobre la nueva
tipología bajo la denominación de “daños a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados” 60, contexto dentro del cual esta Corporación caracterizó
dichos bienes, derechos e intereses esencialmente por su consagración constitucional y/o
reconocimiento “convencional”, atributo que atañe a los tratados internacionales y la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos61.
128. Se ha determinado que el reconocimiento de este daño solo procede si está
acreditada su existencia y su reparación se orienta hacia el restablecimiento fáctico y
jurídico pleno en el ejercicio de los respectivos derechos de las víctimas, tanto en el plano
individual como en el colectivo, así como también hacia la prevención futura de las
conductas que pueden producirlos.
que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de
fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus (…)” Ley 1564 de 2012. “Artículo 281. Congruencias. La
sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley. // No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda
ni por causa diferente a la invocada en esta. // Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último. // En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial
sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya
sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio (…)”.
58
Por ejemplo, perjuicios como “daño en la vida de relación” y “alteración grave a las condiciones de existencia”.
59
Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 1° de noviembre de 2007, expediente 16.407.
60
Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia de 28 de agosto de 2014 [Radicado 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988)]. MP.
Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
61
Sección Tercera. Sala Plena. Fallo de 28 de agosto de 2014 [Radicado 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251)]. MP.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa. En esta providencia se reconoció que el control de convencionalidad, como construcción
jurídica, tiene cabida en el derecho interamericano de los derechos humanos (que además de los instrumentos de derecho
internacional incluye a la jurisprudencia de la CIDH), en otros sistemas de derechos humanos, como el europeo, o en un
sistema de derecho comunitario.
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Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
129. Se ha precisado que su reparación es en esencia no pecuniaria a través de
medidas de esa naturaleza, las cuales se reconocen a favor de la víctima directa, de su
cónyuge o compañero (a) permanente y de sus parientes hasta el primer grado de
consanguinidad; sin embargo, de manera excepcional, es posible un reconocimiento
pecuniario de hasta 100 SMLMV, única y exclusivamente a la víctima directa del daño,
siempre y cuando la indemnización no hubiese sido reconocida con fundamento en el
daño a la salud. Este quantum debe motivarse y ser proporcional a la intensidad del daño.
130. Asimismo, en cuanto a la prueba de este perjuicio se ha considerado que puede
estimarse demostrado en consideración a las circunstancias particulares del caso,
relacionadas con la afectación grave de derechos constitucional y convencionalmente
protegidos.
131. Para la parte actora, la afectación a la dignidad humana se debe reparar con el
reconocimiento de una indemnización pecuniaria equivalente a 80 smlmv en favor de cada
uno de los integrantes del grupo demandante, mientras que para la Nación – Ministerio de
Justicia y del Derecho y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios dicha
afectación solo conlleva a la adopción de medidas no pecuniarias.
132. En el presente caso se encuentra que en las sentencias de tutela del 27 de agosto
y 24 de octubre de 2013 proferidas por el Juzgado 10º Penal del Circuito de Cali con
funciones de conocimiento y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, Sala Penal,
respectivamente, se ordenaron una serie de medidas destinadas a superar la situación de
hacinamiento del EPMSC de Cali y a garantizar los derechos fundamentales a la dignidad
humana, vida e integridad personal de las personas privadas de la libertad recluidas en
ese establecimiento penitenciario y carcelario.
133. Las medidas consistieron en ordenar i) al director de la EPMSC de Cali y al director
del Inpec que en el término de 4 meses siguientes a la notificación de ese fallo y sin que
se excediera el plazo máximo de 2 años, realizaran las gestiones necesarias para el
traslado progresivo de internos de ese establecimiento a otras cárceles o centros
penitenciarios del país que no presentaran sobrepoblación, hasta que el número de
internos no exceda la capacidad real; ii) al municipio de Santiago de Cali, al departamento
del Valle del Cauca y a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho que dentro de los
2 meses siguientes a la notificación de la providencia definieran si el EPMSC de Cali debía
permanecer en el sitio que ocupaba o si debía ser reubicado; iii) a la Uspec y al Inpec
realizar un plan de mejoramiento integral a la infraestructura del EPMSC de Cali; iv) a la
Secretaría de Salud de Cali que realizara una visita para efectos de verificar el
cumplimiento del plan de mejoramiento y en caso de incumplimiento de normas de
salubridad adoptar las medidas de su competencia; v) a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario obtener del
Cuerpo Oficial de Bomberos Voluntarios concepto acerca del cumplimiento de las
disposiciones relativas a la prevención, control y extinción de incendios y adoptar un plan
de evacuación en caso de emergencias; y, vi) a la Defensoría del Pueblo Regional Valle
del Cauca y a la Procuraduría General de la Nación que realizaran el seguimiento de las
órdenes impartidas.
134. Asimismo, se encuentra que el EPMSC de Cali se encuentra amparado por las
órdenes proferidas por la Corte Constitucional para superar el estado de cosas
inconstitucional, dichas medidas fueron dirigidas a la protección de los derechos de la
población reclusa atendiendo que se trata de una problemática de carácter estructural.
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Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
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Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
135. En la sentencia T-762 de 2015 se estableció un plan de seguimiento y se dictaron
órdenes complejas que debían ser atendidas por los actores vinculados en la superación
del estado de cosas inconstitucional, asimismo, se indicó que las medidas adoptadas
estaban orientadas por la búsqueda de las mejores opciones para contener la
problemática social que surge y se vive en la cárceles del país, consideradas sus
particulares causas, lo cual, según precisó, debía abarcar todos los niveles de acción del
aparato estatal para que, en forma coordinada, se impacten positivamente los derechos
de las personas recluidas en los diversos y numerosos establecimientos penitenciarios del
país.
136. En consideración a que las causas del hacinamiento son estructurales y que las
órdenes para superar esa situación son de la misma naturaleza, la Corte Constitucional
evidenció dificultades para realizar la verificación de su cumplimiento, razón por la cual,
en el 2017, la Sala Plena de esa Corporación creó una Sala Especial con el fin de unificar
el seguimiento de las órdenes proferidas en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de
2015.
137. La mencionada Sala Especial de revisión, mediante el auto 121 de 2018, adoptó
una estrategia de seguimiento y verificación en relación con 6 ejes de vida en reclusión,
los cuales responden a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana en los
centros penitenciarios, y que son: i) acceso a la administración pública y de justicia, ii)
alimentación, iii) infraestructura, iv) salud, v) servicios públicos y vi) resocialización.
138. Adicionalmente, en el marco de verificación del cumplimiento de las órdenes
estructurales para superar la situación de hacinamiento la Corte Constitucional ha
señalado que las decisiones judiciales que ordenan de forma particular medidas para
garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en un
determinado centro de reclusión, si bien se profieren sobre la base de la existencia cierta
de la afectación, no es menos cierto que pueden generar una desigualdad injustificada
desde el punto de vista material y eludir la fijación de una política criminal y penitenciaria
equitativa y sostenible.
139. En ese escenario, se ha indicado que la priorización de casos o las órdenes
puntuales frente a determinado establecimiento carcelario deben provenir de la política
penitenciaria de forma tal que, en atención al principio de igualdad, se aseguren
progresivamente las garantías constitucionales, sin descuidar el carácter estructural del
problema carcelario.
140. Asimismo, en el marco de las actividades de seguimiento y verificación de esa Sala
Especial de Decisión se encuentra que mediante el Auto 110 de 2019, la Corte
Constitucional ordenó al Ministerio de Justicia y del Derecho, en coordinación con el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y con la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios, la configuración de un sistema de priorización de los centros de reclusión que
permitiera focalizar las intervenciones en los establecimientos de reclusión y así
garantizar, de manera progresiva, la protección de los derechos fundamentales de la
población privada de la libertad, en virtud de lo cual se priorizó en el primer lugar al EPMSC
de Cali62.
141. En ese escenario, se advierte que dichas medidas resultan suficientes e idóneas
para superar el hacinamiento que implicó la vulneración al derecho de la dignidad humana
62
https://www.politicacriminal.gov.co/Noticias1/respuesta-auto-del-20-de-mayo-2019-auto-110
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Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
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Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
y prevenirlo a futuro, razón por la cual frente a la adopción de las medidas no pecuniarias
la Sala se estará a lo resuelto por la Corte Constitucional.
142. No obstante lo anterior, se advierte que un común denominador que dificulta el
cumplimiento de las órdenes estructurales proferidas por la Corte Constitucional es la
ausencia de recursos, razón por la cual, en cuanto a las actuaciones ordenadas no se
encuentra alguna relacionada con la ejecución de las penas de multa, se exhortará a la
Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, si no lo ha efectuado, desarrollen un plan de acción destinado al
recaudo efectivo de esas sumas de dinero.
143. Al respecto, se encuentra que de acuerdo con la información suministrada por el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, las personas que duran mayor tiempo
recluidas en un establecimiento carcelario son aquellas que resultaron condenadas a pena
privativa de la libertad, en esos casos dicha condena generalmente es acompañada de
multas63, las cuales de acuerdo con lo señalado en el artículo 4164 y 4265 de la Ley 599 de
2000, modificado por el artículo 6 de la Ley 2197 de 2022, i) ingresan al Tesoro Nacional
con imputación a rubros destinados a la prevención del delito y al fortalecimiento de la
estructura carcelaria, ii) se consignarán a nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho,
en un Fondo cuenta especial y iii) dichos recursos pueden cofinanciar infraestructura y
dotación de centros penitenciarios y carcelarios en todo el territorio nacional.
144. Precisado lo anterior, la Sala no encuentra que alguna de las anteriores medidas
destinadas a superar la problemática estructural del hacinamiento permita restituir a los
miembros del grupo demandante a la situación anterior a la vulneración de sus derechos.
145. En un caso similar al analizado, esta Subsección en la sentencia del 3 de octubre
de 2019, radicado 70001-23-33-000-2014-00186-01(AG), consideró que la reparación del
daño a los bienes y derechos constitucional y convencionalmente protegidos debía
realizarse de manera principal con medidas no pecuniarias y que para el caso en particular
de la afectación a la dignidad humana por la reclusión en condición de hacinamiento la
Corte Constitucional y esta Corporación, en sede de tutela, habían proferidos órdenes
oportunas, pertinentes y suficientes para atender la problemática estructural del
hacinamiento, razón por la cual en ese asunto no había lugar a ordenar medidas diferentes
a las ya adoptadas por los jueces constitucionales.
146. Se indicó que en el caso concreto las medidas no pecuniarias ordenadas
resultaban suficientes, de ahí que no existía mérito para dictar medidas pecuniarias, lo
cual únicamente resultaría procedente en el evento en que se demostrara la indolencia e
63
Ley 599 de 2000: “Artículo 35. Penas principales. Modificado por el Art. 2 de la Ley 2098 de 2021. Son penas principales la
privativa de la libertad de. prisión; la prisión perpetua revisable; la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros derechos
que como tal se consagran en la parte especial. (…) Artículo 39. La multa. Modificado por el Art. 46, Ley 1453 de 2011. La
pena de multa se sujetará a las siguientes reglas.
1. Clases de multa. La multa puede aparecer como acompañante de la pena de prisión, y en tal caso, cada tipo penal
consagrará su monto, que nunca será superior a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Igualmente puede aparecer en la modalidad progresiva de unidad multa, caso en el cual el respectivo tipo penal solo hará
mención a ella. (…)”.
64
Artículo 41. Ejecución coactiva. Cuando la pena de multa concurra con una privativa de la libertad y el penado se sustrajere
a su cancelación integral o a plazos, se dará traslado del asunto a los Jueces de Ejecuciones Fiscales para efectos de que
desarrollen el procedimiento de ejecución coactiva de la multa. Igual procedimiento se seguirá cuando en una misma
sentencia se imponga las diferentes modalidades de multa.
65
“Artículo 42. Destinación. modificado por el art. 6, de la ley 2197 de 2022. los recursos obtenidos por concepto del recaudo
voluntario o coactivo de multas ingresaran al tesoro nacional con imputación a rubros destinados a la prevención del delito y
al fortalecimiento de la estructura carcelaria. se consignarán a nombre del ministerio de justicia y del derecho, en un fondo
cuenta especial. estos recursos podrán cofinanciar infraestructura y dotación de centros penitenciarios y carcelarios en todo
el territorio nacional.
parágrafo. El procedimiento administrativo de cobro coactivo por concepto de multas será de responsabilidad de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
indiferencia del Estado en la superación de un estado de cosas inconstitucional en el que
se ocasionan los daños en cuestión.
147. No obstante, en esta oportunidad no se advierte que las medidas no pecuniarias
permitan la reparación integral de los daños causados al grupo demandante, no por el
hecho de que se considere que las medidas previamente ordenadas por los jueces
constitucionales resultan insuficientes o difíciles de implementar, sino porque su objetivo
era superar un estado generalizado de violación masiva de derechos y no reparar o
compensar los perjuicios que se derivaron de esa violación.
148. En ese sentido discurrió la Subsección B de esta Corporación en sentencia del 20
de noviembre de 2020, exp:18001-23-33-000-2013-00216-01 (AG), en la que en un caso
con contornos similares, además de reiterar las medidas ordenadas por la Corte
Constitucional y que tenían la finalidad de hacer desaparecer el origen del daño, dispuso
el reconocimiento para cada integrante del grupo demandante de una indemnización
económica calculada de acuerdo con los factores que incidieron en la intensidad del
perjuicio.
149. La anterior sentencia fue objeto de demanda de tutela por parte de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entidad que actuó a nombre propio y en
representación de la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, y solicitó
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, entre otras
razones, porque a su juicio se configuró un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente, porque dicha decisión desconoció las sentencias a) de unificación del 28 de
agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera de esta Corporación y b) del 3 de octubre
de 2019, proferida por esta Subsección, en cuanto se reconoció una indemnización
pecuniaria por la afectación a la dignidad humana.
150. La Sección Primera de esta Corporación declaró la improcedencia de la acción de
tutela en relación con el defecto por desconocimiento del precedente establecido en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 y, por el otro, negó el amparo de los
derechos alegados respecto de los defectos fáctico y sustantivo por desconocimiento del
precedente de la providencia del 3 de octubre de 2019. Al resolver la impugnación en
contra de la anterior decisión, la Sección Quinta, mediante fallo del 30 de septiembre del
2021, la revocó en cuanto declaró la improcedencia de la acción constitucional respecto
del desconocimiento del precedente fijado en la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2014. En su lugar, negó el amparo de los derechos de las tutelantes.
151. La Corte Constitucional seleccionó para revisión la anterior providencia y mediante
sentencia de unificación SU-068 del 16 de marzo de 2023, la Sala Plena confirmó la
sentencia proferida por la Sección Quinta.
152. En relación con el desconocimiento del precedente, en concreto de la sentencia
de unificación del 28 de agosto de 2014 y de la providencia del 3 de octubre de 2019, la
Corte negó el amparo para lo cual indicó que i) cuando una autoridad judicial encuentre
que el estado de hacinamiento de un establecimiento penitenciario o carcelario conlleva a
situaciones inhumanas de vida en reclusión, resulta razonable concluir que el Estado violó
la dignidad de las personas privadas de la libertad; ii) no se desconoció la regla fijada en
la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 relativa a la indemnización
excepcional exclusiva para la víctima directa, dado que se probó una afectación a la
dignidad humana, se razonó sobre por qué no podían privilegiarse las medidas
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Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
compensatorias no pecuniarias, no se había reconocido una indemnización por daño a la
salud y no se superó el monto indemnizatorio fijado para estos eventos.
153. Frente al cargo por desconocimiento de la sentencia del 3 de octubre de 2019
proferida por esta Subsección, se indicó que la Subsección B se apartó de dicho
precedente en cumplimiento de la carga argumentativa exigida para tal fin, en cuanto se
indicó que las medidas adoptadas por los jueces constitucionales para superar el estado
de cosas inconstitucional no reparaban a los afectados por los perjuicios derivados del
hacinamiento, dado que estaban orientadas a superar un estado generalizado de violación
masiva de derechos, aunado a que no se podía condicionar la indemnización pecuniaria
al hecho de demostrar la indolencia e indiferencia estatal en la superación de esa
situación.
154. Adicionalmente, precisó que la postura asumida por esta Corporación en la
sentencia del 3 de octubre de 2019 relacionada con el no reconocimiento de una
indemnización monetaria no significaba que en adelante no se pudiera reconocer en casos
similares, toda vez que i) en cada asunto el juez debe analizar si hay o no lugar a ordenar
un pago en dinero cuando se prueba una vulneración o afectación relevante a bienes o
derechos convencional y constitucionalmente amparados; ii) la sentencia de unificación
del 28 de agosto del 2014 le otorgó libertad al juez de lo contencioso administrativo para
analizar en cada caso cuáles son las medidas más propicias para reparar a las víctimas
de un daño a bienes constitucionalmente protegidos; la sentencia de unificación del 2014
permitió que la vulneración de bienes constitucional y convencionalmente protegidos,
como lo puede ser la dignidad humana, sea reparada a través de medidas indemnizatorias
cuando el juez evidencie que las medidas no pecuniarias son insuficientes para resarcir a
las víctimas; y, iii) las medidas pecuniarias serán reconocidas por el juez de acuerdo con
el análisis que realice sobre el caso en concreto y, sobre todo, si encuentra acreditadas
violaciones relevantes a los derechos constitucionalmente amparados.
155. Así las cosas, la Sala precisa que en el presente asunto i) se probó una afectación
grave a un derecho constitucional y convencionalmente amparado; ii) las medidas para
superar en el futuro las causas del hacinamiento no resultarían idóneas ni suficientes para
reparar la afectación de los integrantes del grupo demandante a quienes se les desconoció
su dignidad humana, bien porque fueron recluidos en esas condiciones y ya recobraron
su libertad o bien porque fueron trasladados a un sitio de reclusión sin sobrepoblación, iii)
por esta afectación no se reconoció una indemnización pecuniaria por daños morales o a
la salud, de ahí que resulta excepcionalmente procedente el reconocimiento de una
indemnización pecuniaria para las víctimas directas por el desconocimiento a la dignidad
humana.
156. Para lo anterior, la Sala encuentra procedente acudir a los parámetros y fórmulas
que utilizó la Subsección B de esta Corporación en sentencia del 20 de noviembre de
2020, exp:18001-23-33-000-2013-00216-01 (AG) para efectos de determinar la
indemnización individual y el monto de la colectiva, en cuanto calculó la reparación con
base en los factores de tiempo y hacinamiento, dado que no fueron de la misma intensidad
para todos los reclusos, toda vez que la afectación de los detenidos que estuvieron en los
patios que presentaron mayores índices de hacinamiento, como aquellos superiores al
800%, no podría equipararse a la de aquellos recluidos en patios con hacinamiento inferior
al 10%.
157. No obstante, no se fijará el mismo monto que tasó la Subsección B y que para el
caso de mayor afectación fue el equivalente a 40 smlmv, toda vez que en ese asunto ello
obedeció a la adopción de un enfoque de género, dado que el grupo demandante se
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Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
encontraba conformado por mujeres, quienes presentaban necesidades específicas para
su reclusión, y requerían de una protección especial reforzada.
158. En el presente asunto, de acuerdo con las condiciones del grupo demandante, la
Sala considera procedente fijar un monto máximo indemnizatorio de 5 smlmv para los
casos de mayor afectación, el cual, según se explica a continuación, se calculará con base
en los factores de tiempo y de hacinamiento.
159. En todo caso, se precisa que para ser beneficiario de la condena no basta con el
hecho de haber estado privado de la libertad en el EPMSC Villahermosa de Cali entre el
31 de julio de 2012 y el 31 de julio de 2014, sino que se requiere, además, haber estado
en alguno de los patios que presentó hacinamiento
160. Así las cosas, en relación con el cálculo del factor temporal, el período a
indemnizar en este asunto será de 24 meses, el cual se debe dividir de forma mensual y
al tiempo máximo se le debe reconocer 5 smlmv, razón por la cual dicha suma se reconoce
de forma progresiva por cada uno de los 24 rangos a indemnizar según será explicado a
continuación.
161. Respecto del factor hacinamiento se debe calcular de forma relativamente
proporcional al porcentaje de hacinamiento y el monto de la indemnización, de ahí que
para el mayor hacinamiento se le reconocerá la mayor indemnización y a los demás
índices un valor proporcional que se obtiene de una regla de tres simple.
Indemnización por factor temporal
162. El primer cálculo responde a la forma en que incidió el tiempo en la intensidad del
perjuicio y la manera de indemnizarlo. Mediante este ejercicio se relaciona de forma
relativamente proporcional el tiempo pasado en la cárcel y el monto de la indemnización
Tiempo
Tiempo efectivo en
Rango Monto indemnizatorio en SMLMV
prisión
1 De 0 a 1 mes 0,21
2 De 1,01 a 2 meses 0,42
3 De 2,01 a 3 meses 0,63
4 De 3,01 a 4 meses 0,83
5 De 4,01 a 5 meses 1,04
6 De 5,01 a 6 meses 1,25
7 De 6,01 a 7 meses 1,46
8 De 7,01 a 8 meses 1,67
9 De 8,01 a 9 meses 1,88
10 De 9,01 a 10 meses 2,08
11 De 10,01 a 11 meses 2,29
12 De 11,01 a 12 meses 2,50
13 De 12,01 a 13 meses 2,71
14 De 13,01 a 14 meses 2,92
15 De 14,01 a 15 meses 3,13
16 De 15,01 a 16 meses 3,33
17 De 16,01 a 17 meses 3,54
18 De 17,01 a 18 meses 3,75
33
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Tiempo
Tiempo efectivo en
Rango Monto indemnizatorio en SMLMV
prisión
19 De 18,01 a 19 meses 3,96
20 De 19,01 a 20 meses 4,17
21 De 20,01 a 21 meses 4,38
22 De 21,01 a 22 meses 4,58
23 De 22,01 a 23 meses 4,79
24 De 23,01 a 24 meses 5,00
Indemnización por hacinamiento
163. El segundo factor responde a la forma en que incidió el hacinamiento en la
intensidad del perjuicio y a la forma de indemnizarlo. En este ejercicio se relaciona de
forma relativamente proporcional el índice de hacinamiento padecido y el monto de la
indemnización. Se asigna el tope indemnizatorio al mayor índice de hacinamiento
registrado en el tiempo indemnizable, es decir que a 862% se asigna un valor
indemnizatorio de 5 SMLMV y a los demás índices se asigna un valor proporcional que se
obtiene de una regla de tres simple.
164. Los valores de la indemnización reconocida a cada índice de hacinamiento son los
siguientes:
Índice de hacinamiento - Patio 1 Índice de hacinamiento - Patio 1A
Monto Monto
% %
Rango indemnizatorio Rango indemnizatorio
hacinamiento en SMLMV hacinamiento en SMLMV
ago-12 38 0,22 ago-12 559 3,24
sep-12 43 0,25 sep-12 576 3,34
oct-12 44 0,26 oct-12 569 3,30
nov-12 41 0,24 nov-12 575 3,34
dic-12 38 0,22 dic-12 587 3,40
ene-13 47 0,27 ene-13 615 3,57
feb-13 46 0,27 feb-13 614 3,56
mar-
mar-13 49 0,28 606 3,52
13
abr-13 41 0,24 abr-13 601 3,49
may-
may-13 43 0,25 619 3,59
13
jun-13 42 0,24 jun-13 623 3,61
jul-13 53 0,31 jul-13 664 3,85
ago-13 46 0,27 ago-13 668 3,87
sep-13 43 0,25 sep-13 673 3,90
oct-13 47 0,27 oct-13 682 3,96
nov-13 49 0,28 nov-13 677 3,93
dic-13 50 0,29 dic-13 691 4,01
ene-14 52 0,30 ene-14 701 4,07
34
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Índice de hacinamiento - Patio 1 Índice de hacinamiento - Patio 1A
Monto Monto
% %
Rango indemnizatorio Rango indemnizatorio
hacinamiento en SMLMV hacinamiento en SMLMV
feb-14 54 0,31 feb-14 723 4,19
mar-
mar-14 58 0,34 727 4,22
14
abr-14 59 0,34 abr-14 725 4,21
may-
may-14 70 0,41 737 4,27
14
jun-14 62 0,36 jun-14 689 4,00
jul-14 56 0,32 jul-14 676 3,92
Índice de hacinamiento - Patio 2 Índice de hacinamiento - Patio 3
Monto Monto
% %
Rango indemnizatorio Rango indemnizatorio
hacinamiento en SMLMV hacinamiento en SMLMV
ago-12 342 1,98 ago-12 624 3,62
sep-12 350 2,03 sep-12 653 3,79
oct-12 348 2,02 oct-12 665 3,86
nov-12 354 2,05 nov-12 669 3,88
dic-12 346 2,01 dic-12 661 3,83
ene-13 380 2,20 ene-13 691 4,01
feb-13 381 2,21 feb-13 693 4,02
mar- 4,11
mar-13 390 2,26 709
13
abr-13 375 2,18 abr-13 684 3,97
may- 3,98
may-13 391 2,27 687
13
jun-13 387 2,24 jun-13 690 4,00
jul-13 394 2,29 jul-13 721 4,18
ago-13 391 2,27 ago-13 727 4,22
sep-13 410 2,38 sep-13 755 4,38
oct-13 425 2,47 oct-13 774 4,49
nov-13 434 2,52 nov-13 795 4,61
dic-13 439 2,55 dic-13 813 4,72
ene-14 436 2,53 ene-14 835 4,84
feb-14 438 2,54 feb-14 832 4,83
mar- 4,87
mar-14 446 2,59 839
14
abr-14 450 2,61 abr-14 860 4,99
may- 5,00
may-14 448 2,60 862
14
jun-14 432 2,51 jun-14 825 4,79
jul-14 427 2,48 jul-14 815 4,73
35
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Índice de hacinamiento - Patio 4 Índice – Patio 5
Monto Monto
% de % de
Rango indemnizatorio Rango indemnizatorio
hacinamiento en SMLMV hacinamiento en SMLMV
ago-12 412 2,39 ago-12 311 1,80
sep-12 411 2,38 sep-12 324 1,88
oct-12 413 2,40 oct-12 326 1,89
nov-12 430 2,49 nov-12 329 1,91
dic-12 430 2,49 dic-12 332 1,93
ene-13 442 2,56 ene-13 341 1,98
feb-13 443 2,57 feb-13 342 1,98
mar-13 460 2,67 mar- 353 2,05
13
abr-13 443 2,57 abr-13 335 1,94
may-13 461 2,67 may- 343 1,99
13
jun-13 462 2,68 jun-13 344 2,00
jul-13 496 2,88 jul-13 352 2,04
ago-13 507 2,94 ago-13 355 2,06
sep-13 518 3,00 sep-13 360 2,09
oct-13 538 3,12 oct-13 373 2,16
nov-13 529 3,07 nov-13 375 2,18
dic-13 533 3,09 dic-13 388 2,25
ene-14 546 3,17 ene-14 393 2,28
feb-14 552 3,20 feb-14 391 2,27
mar-14 563 3,27 mar- 401 2,33
14
abr-14 553 3,21 abr-14 394 2,29
may-14 553 3,21 may- 394 2,29
14
jun-14 522 3,03 jun-14 375 2,18
jul-14 517 3,00 jul-14 369 2,14
Índice de hacinamiento - Patio 6 Índice de hacinamiento - Patio 7
Monto Monto
% de % de
Rango indemnizatorio Rango indemnizatorio
hacinamiento en SMLMV hacinamiento en SMLMV
ago-12 538 3,12 ago-12 0 0,00
sep-12 547 3,17 sep-12 3 0,02
oct-12 549 3,18 oct-12 2 0,01
nov-12 545 3,16 nov-12 0 0,00
dic-12 547 3,17 dic-12 0 0,00
ene-13 554 3,21 ene-13 0 0,00
36
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Índice de hacinamiento - Patio 6 Índice de hacinamiento - Patio 7
Monto Monto
% de % de
Rango indemnizatorio Rango indemnizatorio
hacinamiento en SMLMV hacinamiento en SMLMV
feb-13 556 3,23 feb-13 0 0,00
mar-13 570 3,31 mar-13 0 0,00
abr-13 517 3,00 abr-13 0 0,00
may-13 510 2,96 may-13 0 0,00
jun-13 505 2,93 jun-13 0 0,00
jul-13 526 3,05 jul-13 1 0,01
ago-13 554 3,21 ago-13 0 0,00
sep-13 559 3,24 sep-13 3 0,02
oct-13 554 3,21 oct-13 2 0,01
nov-13 556 3,23 nov-13 0 0,00
dic-13 598 3,47 dic-13 2 0,01
ene-14 617 3,58 ene-14 71 0,41
feb-14 659 3,82 feb-14 5 0,03
mar-14 677 3,93 mar-14 0 0,00
abr-14 671 3,89 abr-14 0 0,00
may-14 710 4,12 may-14 0 0,00
jun-14 668 3,87 jun-14 0 0,00
jul-14 663 3,85 jul-14 0 0,00
Índice de hacinamiento - Patio 8 Índice de hacinamiento - Patio 9
Monto Monto
% de % de
Rango indemnizatorio Rango indemnizatorio
hacinamiento en SMLMV hacinamiento en SMLMV
ago-12 50 0,29 ago-12 68 0,39
sep-12 48 0,28 sep-12 75 0,44
oct-12 48 0,28 oct-12 77 0,45
nov-12 58 0,34 nov-12 66 0,38
dic-12 51 0,30 dic-12 66 0,38
ene-13 55 0,32 ene-13 70 0,41
feb-13 55 0,32 feb-13 71 0,41
mar-13 60 0,35 mar-13 75 0,44
abr-13 59 0,34 abr-13 73 0,42
may-13 59 0,34 may-13 75 0,44
jun-13 58 0,34 jun-13 74 0,43
jul-13 59 0,34 jul-13 83 0,48
ago-13 56 0,32 ago-13 80 0,46
sep-13 50 0,29 sep-13 87 0,50
oct-13 70 0,41 oct-13 91 0,53
37
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Índice de hacinamiento - Patio 8 Índice de hacinamiento - Patio 9
Monto Monto
% de % de
Rango indemnizatorio Rango indemnizatorio
hacinamiento en SMLMV hacinamiento en SMLMV
nov-13 70 0,41 nov-13 89 0,52
dic-13 67 0,39 dic-13 88 0,51
ene-14 68 0,39 ene-14 61 0,35
feb-14 79 0,46 feb-14 85 0,49
mar-14 78 0,45 mar-14 82 0,48
abr-14 78 0,45 abr-14 80 0,46
may-14 82 0,48 may-14 82 0,48
jun-14 76 0,44 jun-14 71 0,41
jul-14 75 0,44 jul-14 70 0,41
Índice de hacinamiento - Patio 10 Índice de hacinamiento – Anexo
Monto Monto
% de % de
Rango indemnizatorio Rango indemnizatorio
hacinamiento en SMLMV hacinamiento en SMLMV
ago-12 0 0,00 ago-12 68 0,39
sep-12 0 0,00 sep-12 67 0,39
oct-12 0 0,00 oct-12 64 0,37
nov-12 0 0,00 nov-12 70 0,41
dic-12 4 0,02 dic-12 72 0,42
ene-13 10 0,06 ene-13 68 0,39
feb-13 10 0,06 feb-13 66 0,38
mar-13 4 0,02 mar-13 72 0,42
abr-13 16 0,09 abr-13 71 0,41
may-13 16 0,09 may-13 68 0,39
jun-13 17 0,10 jun-13 67 0,39
jul-13 4 0,02 jul-13 78 0,45
ago-13 0 0,00 ago-13 79 0,46
sep-13 12 0,07 sep-13 0 0
oct-13 21 0,12 oct-13 0 0
nov-13 13 0,08 nov-13 0 0
dic-13 26 0,15 dic-13 0 0
ene-14 37 0,21 ene-14 0 0
feb-14 38 0,22 feb-14 0 0
mar-14 12 0,07 mar-14 0 0
abr-14 45 0,26 abr-14 0 0
may-14 40 0,23 may-14 0 0
jun-14 40 0,23 jun-14 0 0
jul-14 37 0,21 jul-14 0 0
38
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Índice de hacinamiento – Recepción
Monto
% de
Rango indemnizatorio
hacinamiento
en SMLMV
ago-12 12 0,07
sep-12 7 0,04
oct-12 18 0,10
nov-12 11 0,06
dic-12 11 0,06
ene-13 10 0,06
feb-13 17 0,10
mar-13 16 0,09
abr-13 31 0,18
may-13 9 0,05
jun-13 19 0,11
jul-13 13 0,08
ago-13 21 0,12
sep-13 31 0,18
oct-13 18 0,10
nov-13 9 0,05
dic-13 0 0
ene-14 8 0,05
feb-14 19 0,11
mar-14 34 0,20
abr-14 8 0,05
may-14 17 0,10
jun-14 29 0,17
jul-14 22 0,13
Cruce de factores
165. Cada integrante del grupo afectado será indemnizado según el tiempo (T) que
estuvo recluido, y el hacinamiento (H) que padeció durante ese tiempo. Ambos factores
inciden en igual proporción en la intensidad del daño, por lo que el valor indemnizatorio
de cada uno será multiplicado por 0,5 y la sumatoria de ambos será el monto de la
indemnización (i) correspondiente.
166. Esto se representa en la siguiente fórmula:
(T x 0,5) + (Hx0.5) = i
167. La indemnización según el tiempo que estuvo recluido cada uno de los
beneficiarios de la condena se obtendrá según lo certificado por el Inpec para cada
reclamante66 y los valores relacionados en la tabla del párrafo 162. El valor asignado al
rango de tiempo en el que se encuentre el reclamante reemplazará la variable T en la
fórmula.
168. El valor de la indemnización según los índices de hacinamiento padecidos, por su
parte, deberá ser calculado con los valores de la tabla correspondiente (párrafo 164). Se
deben seleccionar los valores indemnizatorios que corresponden a los porcentajes de
66
La Sala ordenará al Inpec certificar los tiempos precisos de prisión de todas las personas que estuvieron recluidas en el
EPMSC de Cali durante el lapso indemnizable.
39
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
hacinamiento de los meses en que el afectado estuvo recluido y promediarlos. Ese valor
será el que reemplace la variable H.
169. El ejemplo del cálculo de la indemnización con base en esa fórmula es el siguiente:
170. Si una persona estuvo privada de su libertad el total del tiempo indemnizable en el
patio 1A, para el factor por el tiempo el afectado se encontraría en rango 24 de 23,01 a 24
meses, al cual le corresponden 5 smlmv de acuerdo con la información que se encuentra
en el párrafo 162 de esta providencia.
171. Para determinar el factor hacinamiento se deben tomar los valores indemnizatorios
asignados al patio en el cual estuvo privado de la libertad, en este caso 1A y promediarlos
así:
Patio 1A
Indemnización
por cada índice
%
Rango Mes de
Hacinamiento
hacinamiento
en smlmv
1 Agosto 2012 559 3,24
2 Septiembre 2012 576 3,34
3 Octubre 2012 569 3,30
4 Noviembre 2012 575 3,34
5 Diciembre 2012 587 3,40
6 Enero 2013 615 3,57
7 Febrero 2013 614 3,56
8 Marzo 2013 606 3,52
9 Abril 2013 601 3,49
10 Mayo 2013 619 3,59
11 Junio 2013 623 3,61
12 Julio 2013 664 3,85
13 Agosto 2013 668 3,87
14 Septiembre 2013 673 3,90
15 Octubre 2013 682 3,96
16 Noviembre 2013 677 3,93
17 Diciembre 2013 691 4,01
18 Enero 2014 701 4,07
19 Febrero 2014 723 4,19
20 Marzo 2014 727 4,22
21 Abril 2014 725 4,21
22 Mayo 2014 737 4,27
23 Junio 2014 689 4,00
24 Julio 2014 676 3,92
Promedio 3,76
smlmv
172. La variable H correspondiente al hacinamiento para el ejemplo será reemplazada
por 3,76. La variable T, según los rangos del cuadro correspondiente debería ser
reemplazada por el valor de la indemnización reconocida para el último rango, es decir 5.
40
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
173. Así, la fórmula para este caso hipotético sería la siguiente:
(T x 0,5) + (H x 0.5)= i
(5 x 0.5) + (3,76 x 0.5)= i
2,5 + 1,88 = 4,38 SMLMV
174. En este ejemplo el beneficiario de la condena tendría derecho a una indemnización
de 4,38 smlmv por los perjuicios sufridos en este caso.
Monto o suma ponderada para la indemnización
175. El artículo 65 de la Ley 472 de 1995 dispone que la sentencia que ponga fin al
proceso en estos asuntos y que acoja las pretensiones invocadas dispondrá, entre otras
cosas, el pago de una indemnización colectiva que contenga la suma ponderada de las
indemnizaciones individuales, monto que se entregará al Fondo para la Defensa de los
Derechos e Intereses Colectivos, para que con cargo al cual se paguen i) las
indemnizaciones individuales de quienes formaron parte del proceso como integrantes del
grupo, según la porcentualización que se hubiere precisado en el curso del proceso, para
lo cual el Juez podrá dividir el grupo en subgrupos, para efectos de establecer y distribuir
la indemnización, cuando lo considere conveniente por razones de equidad y según las
circunstancias propias de cada caso; y ii) las indemnizaciones correspondientes a las
solicitudes que llegaren a presentar oportunamente los interesados que no hubieren
intervenido en el proceso y que reúnan los requisitos exigidos por el juez en la sentencia.
176. Para efectos de calcular el monto de la indemnización colectiva, la Sala precisa
que el a quo indicó que los criterios de identificación e individualización fijados le permitían
establecer que los afectados ascendían a 6.000 personas, en cuanto asumió que el
promedio de ocupación del EPMSC coincidía con el número de afectados, pero
desconoció que las personas privadas de la libertad con reclusión intramural variaban
permanentemente, con ocasión de traslados, bajas, o la concesión de medidas no
privativas de la libertad.
177. Al respecto, en el expediente obra información detallada aportada por el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario en relación con 21.891 personas privadas de la
libertad recluidas en la EPMSC de Cali entre el 1° de julio de 2012 y hasta el 24 de enero
de 2017; sin embargo, luego de excluir i) a las personas que ingresaron con posterioridad
a la presentación de la demanda y ii) las personas privadas de la libertad que ingresaron
desde el 31 de julio de 2012 hasta el 31 de julio de 2014 y que fueron beneficiarias de
medidas extramurales no privativas de la libertad, tales como brazalete, control
electrónico, prisión domiciliaria o detención domiciliaria, el grupo afectado que sería el
beneficiario de la condena corresponde, en principio, a 9.811 personas que se encuentran
relacionadas e identificadas en el archivo de Excel anexo a esta providencia.
178. Lo anterior sin perjuicio de que las personas que fueron beneficiarias de medidas
no privativas de la libertad y aquellos afectados que no concurrieron a esta actuación y
que decidan acogerse a lo aquí dispuesto acrediten ante el Fondo para la Defensa de los
Derechos e Intereses Colectivos que fueron privados de su libertad en la EPMSC de Cali
entre el 31 de julio de 2012 y el 31 de julio de 2014 en alguno de los patios que presentaron
hacinamiento, en los términos que se precisarán más adelante.
41
Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
179. De las 9.811 PPL relacionadas en el anexo de esta providencia, 8.123 salieron del
EPMSC por baja entre el 31 de julio de 2012 hasta el 31 de julio de 2014, y 1.688
permanecían privadas de manera intramural para el 21 de enero de 2017, con un tiempo
promedio de 18,78 meses.
180. Sin embargo, no resulta posible determinar en concreto el factor de hacinamiento
de la totalidad de los integrantes del grupo demandante, dado que en relación con las
personas privadas de la libertad individualizadas que aparecen como “baja o traslado” no
se conoce en cuál patio estuvieron recluidas.
181. En todo caso, con la información obrante resulta posible calcular el monto de la
indemnización colectiva, para lo cual se utilizará la fórmula que para esos efectos fijó la
Subsección B en la sentencia antes referida y que se determina con base en la
“Indemnización para el tiempo promedio iTp”, la “indemnización promedio para el
hacinamiento (IPH)” y el “número esperado de PPL (NEPPL)”, con aplicación de la
siguiente fórmula:
SPI= ((iTpx0.5)+(ipHx0.5I)) x NEPPL”.
182. Indemnización para el tiempo promedio iTp: De acuerdo con la información
aportada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, los integrantes del grupo
demandante estuvieron privados de su libertad en el EPMSC de Cali un tiempo promedio
de 18,78 meses, razón por la cual la variable iTp se reemplaza con la indemnización que
corresponde al rango 19 que corresponde a 3,96 smlmv para quienes hubiesen estado
privados de su libertad ente 18,01 a 19 meses.
183. Indemnización promedio para el Hacinamiento ipH, variable que se despeja
luego de tomar todos los índices de hacinamiento mes a mes durante el lapso
indemnizable y promediarlos, lo que arrojó un resultado de 311 equivalente a 1.8 smlmv.
184. Número esperado de PPL (NEPPL): corresponde al número de personas que de
acuerdo con la información suministrada por el Inpec estuvieron recluidas de forma
intramural en el EPMSC de Cali en el lapso indemnizable, el cual asciende a 9.811
personas.
185. Con esos valores, la Sala despejó las variables de la fórmula en los siguientes
términos:
SPI= ((iTpx0.5)+(ipHx0.5I)) x NEPPL
SPI= ((3,96 x0.5) +(1,8x0.5)) x 9811
SPI= (1,98 + 0,9) x 9811
SPI= 2,88 x 9811
SPI= 28.255,68 SMLMV
186. Así las cosas, se ordenará a la Nación - Ministerio de Justicia y el Derecho, al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios que entreguen al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos el equivalente a 28.255,68 SMLMV.
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Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
187. En este punto, la Sala precisa que esta Corporación en reiterada jurisprudencia 67
ha establecido que, en tratándose de la declaración de responsabilidad extracontractual
de varias personas jurídicas, existe solidaridad entre quienes han dado lugar al hecho
dañoso en los términos señalados en el artículo 2344 del Código Civil68, según el cual dos
o más personas serán solidariamente responsables de todo perjuicio procedente de la
misma culpa, por lo que las entidades condenadas están obligadas al pago total de la
condena y la demandante puede exigirla a cualquiera o a cada una de las deudoras, y
solo el pago total extingue la obligación.
188. Las indemnizaciones correspondientes a miembros presentes del grupo y de
aquellos que no hayan concurrido al proceso y que dentro de los 20 días siguientes a la
publicación de la presente sentencia decidan acogerse a lo aquí dispuesto, serán
liquidadas por el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.
189. En ese término, cada interesado deberá presentar al Fondo para la Defensa de los
Derechos e Intereses Colectivos un escrito en el que indique su nombre y documento de
identidad, las fechas concretas y exactas de su reclusión en el EPMSC de Cali y el patio
en el que estuvo recluido.
190. En este punto, la Sala reitera que para poder ser indemnizados el grupo afectado
se conforma por las personas privadas de la libertad, bien sea por condena o por medidas
de aseguramiento, y que fueron recluidas en los patios del EPMSC Villahermosa de Cali
que presentaron índices de hacinamiento entre el 31 de julio de 2012 y el 31 de julio de
2014, dado que únicamente esos patios y ese lapso será indemnizado de acuerdo con los
términos de esta sentencia.
191. En suma, para ser beneficiario de la condena no basta con el hecho de haber
estado privado de la libertad en el EPMSC Villahermosa de Cali entre el 31 de julio de
67
Respecto de la responsabilidad solidaria con fundamento en lo señalado en el artículo 2344 del Código Civil, el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2010, rad. 38341. M.P Ruth
Stella Correa Palacio, señaló: ““[S]on aquellas en que existiendo pluralidad de acreedores (solidaridad activa) o de deudores
(solidaridad pasiva), según el extremo del vínculo de que se trate, cada uno de éstos debe de manera íntegra y total la
obligación a cada uno de aquéllos de forma que cualquiera de los acreedores puede exigir el total de la deuda a cada uno de
los deudores y el pago realizado por uno de ellos a uno cualquiera de los acreedores, extingue la obligación de todos y para
con todos.
En efecto, el inciso segundo del artículo 1568 del Código Civil dispuso que: ‘…en virtud de la convención, del testamento o
de la ley puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la
obligación es solidaria o in solidum. La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece
la ley…’.
Son varias las características que singularizan la obligación solidaria pasiva: a) pluralidad de sujetos, dada la naturaleza de
esta clase de obligaciones; b) unidad de objeto, esto es, una prestación única y común (art. 1569 c.c. ), sin que resulte
determinante que sea ella divisible o indivisible; c) la pluralidad de vínculos entre el acreedor y los deudores; d) texto expreso
de la ley o expresa voluntad de las partes que la establezca en el respectivo negocio jurídico (contrato o testamento), pues
en el derecho civil la solidaridad no se presume; y e) exigencia del pago total de la obligación por parte de cada acreedor a
cualquiera de los deudores, a varios de ellos o a todos (‘tota in toto et tota in qualibet parte’) (…).
Ahora bien, como lo prevé el inciso tercero del artículo 1568 del Código Civil analizado, la solidaridad pasiva nace por
disposición expresa de la ley, del testamento o la convención, (…) En este sentido, el artículo 2344 del Código Civil establece
la solidaridad en la responsabilidad extracontractual, como sanción civil a una falta común que otorga una ventaja de
reparación a la víctima (…)
En conclusión, cuando existen obligaciones solidarias pasivas, es facultad del acreedor demandar a todos los deudores
solidarios conjuntamente, o a uno de ellos a su arbitrio para exigir la totalidad de la deuda, lo cual implica que la solidaridad
por pasiva no determina la conformación de un litisconsorcio necesario por pasiva dentro del proceso judicial, y que ni el juez
tenga la competencia de conformar la relación procesal litis consorcial, así como tampoco el demandado la posibilidad jurídica
de solicitarla”.
En el mismo sentido, se pueden consultar, entre otras, providencias, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2011, exp. 20.750, C.P. Mauricio Fajardo Gómez;
Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2024, exp. 62.227, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Subsección B, sentencia
del 7 de septiembre de 2023, exp. 50.778, C.P. Fredy Ibarra Martínez; Subsección B, auto de 26 de enero de 2023, exp.
41.793, C.P. Martín Bermúdez Muñoz; Subsección C, sentencia de 21 de noviembre de 2022, exp. 56.312, C.P. Jaime Enrique
Rodríguez Navas.
68
“Artículo 2344. <Responsabilidad solidaria>. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de
ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los
artículos 2350 y 2355.
Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso”.
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Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
2012 y el 31 de julio de 2014, sino que se requiere, además, haber estado en alguno de
los patios que presentó hacinamiento.
192. El Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos verificará que el
peticionario hubiese estado recluido en forma intramural en el lapso indemnizable en los
patios que presentaron hacinamiento y las fechas exactas de la reclusión. Para tal fin el
Inpec entregará un documento con los nombres y documentos de identidad de todas las
personas que estuvieron internas en el establecimiento entre el 31 de julio de 2012 y el
31 de julio de 2014 en los patios que presentaron hacinamiento, indicando en cada caso
las fechas exactas (día, mes y año) de entrada y salida y el patio. La Procuraduría General
de la Nación, en ejercicio de su función preventiva, vigilará el proceso de gestión de datos
y su veracidad, así como la celeridad en la entrega del documento, para garantizar la
efectividad del derecho a la reparación integral de las solicitantes.
193. De acuerdo con lo señalado en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, ninguno de
los integrantes del grupo demandante que se acoja a la sentencia podrá pretender daños
adicionales a los reconocidos en esta providencia.
194. Para efectos de la liquidación individual de la indemnización de los beneficiarios
de la condena, el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses deberá calcular la
indemnización para reparar los perjuicios, con el método que se explicó antes.
195. Todas las solicitudes presentadas oportunamente se tramitarán y decidirán
conjuntamente mediante acto administrativo, que reconocerá el pago de la indemnización
previa comprobación de los requisitos que se acaban de explicar.
196. En caso de que el monto de las indemnizaciones fijado en esta providencia resulte
inferior a las solicitudes presentadas, el Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos informará a la Sala, para que, por una sola vez, se revise la
distribución del monto de la condena dentro de los 20 días siguientes contados a partir del
fenecimiento del término consagrado para la integración al grupo de que trata el artículo
55 de la Ley 472 de 1998.
197. Finalmente, se dispondrá que los dineros restantes después de haber pagado
todas las indemnizaciones sean devueltos a la Nación - Ministerio de Justicia y el Derecho,
al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios.
Condena en costas
198. De acuerdo lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 65 de la Ley 472 de 1998, se
condenará en costas a la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios en favor
de los miembros presentes del grupo, las cuales serán tasadas por la Secretaría, teniendo
en cuenta las expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia.
199. Se ordenará, además, la liquidación de los honorarios de la abogada coordinadora,
que corresponderá al 10% de las indemnizaciones efectivamente recibidas por cada uno
de los integrantes del grupo que no han sido representados judicialmente.
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Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 27 de marzo de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, cuya parte resolutiva quedará como sigue:
PRIMERO. DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva del departamento del Valle del Cauca y del municipio de
Santiago de Cali.
SEGUNDO. DECLARAR solidaria y patrimonialmente responsables a la Nación
• Ministerio de Justicia y del Derecho, al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios por la
afectación al derecho a la dignidad e integridad causados por la privación de la
libertad en condiciones de hacinamiento de las personas que estuvieron
recluidas en el EPMSC de Cali, en cualquier momento entre el 31 de julio de
2012 y el 31 de julio de 2014.
TERCERO. CONDENAR en forma solidaria a la Nación - Ministerio de Justicia
y del Derecho, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y a la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios, a indemnizar los perjuicios declarados
en esta sentencia a los señores Mauricio Andrés González, Harrinson Felipe
Vergara Castro, Alexander Rodríguez Escobar, Alejandro Micolta Álvarez,
Aimer Fernando Aguirre Valencia, Víctor Alfonso Mosquera Belalcázar, Edinson
López Medina, Omar Fernando Dorado, Nelson Taborda Gómez, Gerardo
Cabezas Casierra, Albeiro Maca Betancourth, Miguel Ángel Hernández
Martínez, Diego Fernando Mina Cardona, Domitilio Palacio Preciado, Leonardo
Fabio Calle Ruiz, Edwin Andrés Morales Cardona, Edward David González
Arboleda y Luis Ángel Choren Basto y demás integrantes del grupo que se
acojan a lo dispuesto en esta sentencia, según lo dispuesto en la parte motiva
de esta sentencia.
CUARTO. Como consecuencia de la condena anterior, ORDENAR a la Nación
• Ministerio de Justicia y del Derecho, al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios entregar al
Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, el equivalente
a 28.255,68 SMLMV dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia. Con cargo a ese monto se pagarán las indemnizaciones de quienes
formaron parte del proceso como integrantes del grupo y las indemnizaciones
correspondientes a las solicitudes que llegaren a presentar oportunamente los
interesados que no hubieren intervenido en el proceso y que reúnan los
requisitos exigidos en esta providencia, en los términos señalados en el numeral
3 del artículo 65 de la Ley 472 de 1998.
QUINTO. ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que dentro
de los 5 días siguientes a la notificación de esta sentencia, expida con destino
al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, un documento
oficial con los nombres y documentos de identidad de todas las personas que
estuvieron privadas de la libertad de forma intramural en el EPMSC de Cali entre
el 31 de julio de 2012 y el 31 de julio de 2014, indicando en cada caso, las
fechas exactas (día, mes y año) de entrada y salida y el patio en el que
estuvieron.
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Radicación: 760012333000-2014-00793-01 (64.573)
Actor: Mauricio Andrés González y otros
Demandados: Uspec y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
SEXTO. ORDENAR al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos que una vez finalizado el pago de las indemnizaciones individuales,
reintegre el dinero sobrante a la Nación - Ministerio de Justicia y el Derecho, al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios, en cumplimiento de lo señalado en el numeral 3
del artículo 65 de la Ley 472 de 1998.
SÉPTIMO. ORDENAR a la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios PUBLICAR la parte resolutiva de esta sentencia en
un diario de amplia circulación nacional, dentro del mes siguiente a su ejecutoria
o a la notificación del auto que ordene obedecer y cumplir lo ordenado por el
superior funcional, con la prevención a todos los interesados igualmente
lesionados por los mismos hechos y que no concurrieron al proceso, para que
se presenten a la Defensoría del Pueblo – Fondo para la Defensa de los
Derechos e Intereses Colectivos dentro de los 20 días siguientes a la
publicación para reclamar la indemnización.
OCTAVO. CONDENAR en costas a la Nación - Ministerio de Justicia y del
Derecho, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y a la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios en favor de los señores Mauricio Andrés
González, Harrinson Felipe Vergara Castro, Alexander Rodríguez Escobar,
Alejandro Micolta Álvarez, Aimer Fernando Aguirre Valencia, Víctor Alfonso
Mosquera Belalcázar, Edinson López Medina, Omar Fernando Dorado, Nelson
Taborda Gómez, Gerardo Cabezas Casierra, Albeiro Maca Betancourth, Miguel
Ángel Hernández Martínez, Diego Fernando Mina Cardona, Domitilio Palacio
Preciado, Leonardo Fabio Calle Ruiz, Edwin Andrés Morales Cardona, Edward
David González Arboleda y Luis Ángel Choren Basto. La Secretaría las tasará
teniendo en cuenta las expensas necesarias para la publicación del extracto de
la sentencia. LIQUIDAR, además, los honorarios del abogado de los
demandantes en una suma equivalente al 10% de la indemnización
efectivamente obtenida por cada uno de los integrantes del grupo que no hayan
sido representados judicialmente.
NOVENO. ORDENAR a la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios PUBLICAR esta providencia en sus páginas web.
DÉCIMO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
46
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