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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00838-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00838-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el consejero de Estado Pablo Andrés Córdoba Acosta, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, conforme lo expuesto en precedencia. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001 03 15 000 2026 00838 00 Accionante: Víctor Manuel Torres Ramírez Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00838-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 00838 00
Accionante: Víctor Manuel Torres Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de
Oralidad
Acción: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir
el requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Víctor Manuel Torres Ramírez,
en contra de la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad, en el proceso de reparación
directa identificado con el radicado núm. 05001 33 33 008 2017 00508 02.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Víctor Manuel Torres Ramírez promovió acción de tutela en contra de la
precitada providencia y para ello formuló la siguiente pretensión1:

E.1. TUTELAR los derechos fundamentales a la dignidad humana, debido
proceso, acceso a la administración de justicia, verdad, justicia y reparación,
conculcados al señor VICTOR MANUEL TORRES RAMÍREZ y como
consecuencia de lo anterior se solicita adoptar las siguientes determinaciones:

E.2. Dejar sin efecto, TOTALMENTE, la Providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia atrás reseñada.

E.3. Ordenar a los demandados que, dentro de un término razonable, profieran
una nueva sentencia de segunda instancia que atienda las directrices del Consejo
de Estado relacionado con la reparación por el daño ocasionado al demandante.
(Negrillas y mayúsculas originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante relató que, en el marco del proceso de reparación directa identificado con
el radicado núm. 05001 33 33 008 2017 00508 02, el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Medellín, mediante sentencia del 14 de abril de 2023, accedió parcialmente a

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00838 00.

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 00838 00
Accionante: Víctor Manuel Torres Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad

las pretensiones de la demanda promovida por él en contra del Instituto Penitenciario y
Carcelario - INPEC y otros, y declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los
perjuicios derivados de las condiciones de reclusión en el establecimiento penitenciario
Bellavista de Medellín.

Señaló que el juez tuvo por acreditado el daño consistente en la vulneración de la
dignidad humana, al considerar que el hacinamiento, la falta de servicios básicos y las
condiciones de insalubridad constituían un hecho notorio durante el período comprendido
entre el 30 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017.

Precisó que la imputación se efectuó a título de falla del servicio exclusivamente respecto
del INPEC, razón por la cual se reconoció indemnización por perjuicios morales y se
negaron las demás pretensiones.

Indicó que, en sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
sentencia del 30 de septiembre de 2025, revocó la decisión de primera instancia.

Explicó que, si bien dicha autoridad judicial consideró acreditado el daño con fundamento
en pruebas documentales e informes de entidades de control que daban cuenta de las
condiciones de hacinamiento, insalubridad y deficiencia en la prestación de servicios,
descartó la ocurrencia de tratos crueles, inhumanos o degradantes por falta de prueba
específica.

Manifestó que, en cuanto a la imputación jurídica, el tribunal accionado concluyó que no
era procedente declarar la responsabilidad de las entidades demandadas, al estimar que
el hacinamiento carcelario constituye una problemática estructural. Agregó que la
decisión se sustentó en la vigencia del estado de cosas inconstitucional declarado por la
Corte Constitucional y en las órdenes impartidas para su superación hasta el año 2028,
lo que impedía adoptar decisiones indemnizatorias en el caso concreto.

Adujo que, la referida providencia, vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad al estimar que se le dio un trato diferente frente a otras personas
que, en condiciones similares de reclusión, han obtenido decisiones favorables en casos
análogos.

Sostuvo que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia. En
cuanto a la legitimación en la causa por activa, indicó que actúa en calidad de
demandante dentro del proceso de reparación directa objeto de cuestionamiento,
mientras que la legitimación por pasiva recae en el Tribunal Administrativo de Antioquia
y los magistrados que profirieron la sentencia de 30 de septiembre de 2025.

En relación con la relevancia constitucional, expuso que el asunto compromete los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a
la igualdad, en la medida en que, pese a haberse tenido por acreditado el daño derivado
de las condiciones indignas de reclusión, no se reconoció indemnización alguna. Agregó
que ello obedeció, en su criterio, a una interpretación contraria al artículo 90 de la
Constitución Política, a los artículos 140 y siguientes del CPACA y a la jurisprudencia
sobre responsabilidad estatal por daños ocasionados a personas privadas de la libertad.

Sobre el requisito de inmediatez, afirmó que la acción fue presentada dentro de un
término razonable, inferior a seis meses contados desde la expedición de la providencia
cuestionada y en cuanto a la subsidiariedad, adujo que no cuenta con otro medio de
defensa judicial idóneo para controvertir los defectos que atribuye a la sentencia
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censurada. También indicó que la irregularidad alegada tuvo un efecto decisivo en la
decisión cuestionada, pues, de no haberse incurrido en ella, el sentido del fallo habría
sido distinto.

En cuanto a los requisitos específicos de procedencia, el accionante alegó, en primer
lugar, la configuración de un defecto sustantivo o material, al considerar que la autoridad
judicial incurrió en una contradicción entre las premisas de la decisión y la conclusión
adoptada, ya que reconoció la existencia de un daño antijurídico derivado de la
vulneración de la dignidad humana, pero negó la reparación con fundamento en el
carácter estructural del hacinamiento carcelario y en la vigencia del estado de cosas
inconstitucional declarado por la Corte Constitucional.

En segundo lugar, invocó el desconocimiento del precedente judicial y sobre el particular,
afirmó que el Tribunal se apartó de precedentes verticales que, a su juicio, resolvían de
manera directa el problema jurídico debatido.

En concreto, citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de
20 de noviembre de 2020, radicado núm. 18001 23 33 000 2013 00216 01; la Sentencia
SU-068 de 2023 de la Corte Constitucional; así como las sentencias del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, de 18 de noviembre de 2024, radicado núm.
76001 23 33 000 2014 00793 01 y de 16 de junio de 2025, radicado núm. 05001 23 33
000 2018 00988 01. Al respecto, señaló que, en esas providencias, se sostuvo que, aun
en contextos de falla estructural del sistema penitenciario y carcelario, la responsabilidad
estatal no puede diluirse y debe existir un centro de imputación frente al cual las víctimas
puedan reclamar la indemnización de los perjuicios causados.

Igualmente, adujo el desconocimiento de precedentes horizontales proferidos por los
Tribunales Administrativos de Antioquia y del Valle del Cauca en asuntos que consideró
análogos, en los cuales, según afirmó, se ha declarado la responsabilidad del Estado y
se ha ordenado la indemnización de perjuicios por condiciones indignas de reclusión.

Arguyó que todas esas decisiones serían aplicables a su caso porque, según dijo, se
refieren a supuestos fácticos semejantes, esto es, personas privadas de la libertad que
sufrieron afectaciones a su dignidad humana por hacinamiento y condiciones indignas de
reclusión, frente a las cuales se concluyó que la falla estructural del sistema penitenciario
no excluye la responsabilidad patrimonial del Estado ni impide el reconocimiento de
indemnizaciones. Adujo que el Tribunal accionado se apartó de esa línea jurisprudencial
sin ofrecer una justificación suficiente, lo que, en su criterio, generó un trato desigual
frente a otras personas que se encontraban en circunstancias similares.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 5 de febrero de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección, específicamente al despacho del Consejero Pablo Andrés Córdoba Acosta que,

2 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00838 00.
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Accionante: Víctor Manuel Torres Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad

por auto del 11 de febrero de 20263 la admitió y dispuso notificar4 a la Sala Séptima de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, como parte accionada; así como
vincular5 al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Medellín, a la Nación -
Ministerio de Justicia y del Derecho, al Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) y a la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), como terceros con interés
directo en el resultado del proceso.

3.2. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Medellín allegó escrito6 en el que
señaló que no incurrió en acción u omisión que vulnerara derechos fundamentales del
accionante, precisó que el Tribunal, en su calidad de superior funcional, resolvió el
recurso de apelación conforme a sus competencias y manifestó que se atiene a la
decisión que se adopte en la presente acción de tutela.

3.3. El Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho7 señaló que la sentencia cuestionada
no fue arbitraria, pues valoró los argumentos de las partes, las pruebas y los
antecedentes jurisprudenciales; agregó que el actor no acreditó un daño personal,
concreto e indemnizable y que, en casos similares, tanto la jurisdicción contencioso
administrativa como el juez de tutela han negado las pretensiones. En consecuencia,
pidió declarar improcedente la acción y negar el amparo.

3.4. La USPEC presentó escrito8 en el que informó que carece de legitimación en la causa
por pasiva, por cuanto la tutela se dirige contra una providencia judicial y no contra
actuaciones de esa entidad. Agregó que sus funciones se circunscriben a la gestión y
operación de bienes, servicios, infraestructura y apoyo logístico del sistema penitenciario
y carcelario, por lo que solicitó ser desvinculada del trámite.

3.5. La magistrada ponente de la sentencia cuestionada rindió informe9 en el que señaló
que la acción de tutela es improcedente, al no cumplirse los requisitos exigidos para
controvertir providencias judiciales.

Indicó que la decisión cuestionada se encuentra debidamente motivada, pues reconoció
la existencia del daño derivado del hacinamiento carcelario, pero concluyó que no era
posible imputarlo a las entidades demandadas debido al carácter estructural del estado
de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional. Agregó que no se
vulneraron los derechos fundamentales del accionante, ya que la providencia obedeció a
una valoración integral, razonada y no arbitraria del material probatorio, por lo que solicitó
negar el amparo.

3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00838 00.
4 Esta orden se cumplió el 16 de febrero de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2026 00838 00.
5 Ibidem.
6 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00838 00.
7 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00838 00.
8 Visto en los índices 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2026 00838 00.
9 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2026 00838 00.
4

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Accionante: Víctor Manuel Torres Ramírez
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3.6. El INPEC10 indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la
acción de tutela se dirige contra una providencia judicial y no contra actuaciones de esa
entidad. Señaló que no ha vulnerado ni amenaza vulnerar los derechos fundamentales
del accionante y que no le corresponde dar respuesta a las solicitudes formuladas, pues
ello recae en la autoridad judicial accionada. En consecuencia, solicitó declarar la falta
de legitimación en la causa por pasiva.

3.7. Mediante escrito del 9 de marzo de 2026, el consejero Pablo Andrés Córdoba Acosta
manifestó encontrarse impedido para conocer y decidir la presente acción constitucional.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 11 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,12 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201914, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:

4.2.1. El señor Víctor Manuel Torres Ramírez interpuso demanda de reparación
directa contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC y la
USPEC, para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de las
condiciones indignas de reclusión a las que estuvo sometido en el establecimiento
penitenciario Bellavista de Medellín.

4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Medellín que, mediante sentencia del 14 de abril de 2023, accedió
parcialmente a las pretensiones y declaró la responsabilidad del INPEC,
reconociendo indemnización por perjuicios morales y negando las demás
pretensiones.

4.2.3. Inconforme con la anterior decisión, el INPEC interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia que, mediante

10 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00838 00.
11 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
12 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
13 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
15 Lo que se desprende del expediente correspondiente a la acción de reparación directa identificada con

el radicado núm. 05001 33 33 008 2017 00508 02.
5

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sentencia de 30 de septiembre de 2025, la revocó y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, al considerar lo siguiente:

3.1 Del daño. En relación con el primer elemento de responsabilidad, el daño, se
precisa que la posición de la Sala es que con las pruebas que demuestra las
condiciones de hacinamiento para la fecha de reclusión y que se convirtió en un
hecho notorio, es suficiente para tener por acreditado el mismo. Esto en relación
con el hacinamiento carcelario.

Para establecer lo anterior se examinará el material probatorio allegado que fue el
siguiente:

-Oficio No. 502-EPMSCMED-DIR del 16 de septiembre de 2020 emitido por el
INPEC, en el que se indica que durante el periodo comprendido entre el 30 de
enero de 2015 y el 11 de marzo de 2019, el señor Víctor Manuel Torres Ramírez
estuvo recluido en varios pabellones del EPMSC Bellavista, siendo el pabellón 8
el de mayor permanencia.

(…)

-Oficio con radicado 20200060022415501 expedido por la Defensoría del Pueblo,
en la que en visita realizada en febrero del 2014 al Establecimiento Penitenciario
Bellavista, da cuenta de la información comprendida desde noviembre de 2012
hasta octubre de 2016.

(…)

-Oficio 1514 expedido por la Procuraduría General de la Nación, que expone la
situación del Establecimiento Penitenciario Bellavista entre los años 2013 y 2017:

(…)

-Se remitió informe presentado por la Personería de Medellín en el año 2014
presentó una radiografía crítica de las condiciones de reclusión, destacando
múltiples vulneraciones a los derechos humanos. A continuación, se resumen los
principales hallazgos:

(…)

De acuerdo con el material probatorio referenciado, se evidencia para esta Sala
que, el daño alegado está plenamente acreditado. Las pruebas documentales,
informes de entidades de control como la Procuraduría y la Personería de
Medellín, dan cuenta de las condiciones de hacinamiento, insalubridad, falta de
luz solar, alimentación deficiente y ausencia de atención médica en las que se
encontraba el Establecimiento Penitenciario Bellavista para la fecha de reclusión
del demandante. Estas circunstancias vulneran derechos fundamentales como la
dignidad humana, la salud, la intimidad y la integridad física y mental y que la
causa de este daño opera de manera uniforme para todas las personas afectadas,
independientemente del lugar específico de reclusión o la entidad responsable.

Por ello se concluye que se acredita una situación carcelaria precaria en relación
con Bellavista, en la que se evidencia de manera generalizada un hacinamiento,
la falta de una estructura mínima, condiciones de higiene poco óptimas, entre
otras, sin que pueda considerarse que dichas condiciones obedecen a
restricciones por sus derechos debido a su situación jurídica.

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Ahora, deberá aclararse que, en el caso concreto no se demostró que haya sufrido
los eventos de tortura, trato cruel e inhumano, lo que debe probarse de manera
clara dentro del proceso, sobre todo cuando se solicita indemnización, acorde con
lo expuesto por el Consejo de Estado, poniendo de presente que si bien en casos
particulares se ha indemnizado, ello solo ha sido posible ante la prueba particular
del daño, aportada por la parte accionante, lo que no ocurre en el evento que se
estudia, sin embargo, para esta Sala las pruebas que se relacionan y que
concuerdan de manera plena con las valoradas por el juez de primera instancia,
permiten de manera suficiente dar por probado el hacinamiento carcelario. La
prueba recaudada refuerza el hecho notorio del hacinamiento, la afectación del
derecho a la dignidad humana y las difíciles condiciones de cualquier orden que
enfrentaban los reclusos.

3.2. De la imputación jurídica del daño. Acreditado el daño, corresponde ahora
determinar si este resulta jurídicamente imputable a las entidades demandadas.
Para ello, se tiene en cuenta lo señalado por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU 1222 de 2022, mediante la cual se prorrogó el estado de cosas
inconstitucional por el hacinamiento en los centros de detención transitoria.

Como se dijo en el marco jurídico de la presente providencia, la sentencia SU 1222
de 2022 extendió el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) previamente
declarado en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, reconociendo que la
crisis carcelaria y penitenciaria en Colombia constituye una afectación estructural,
persistente y sistemática de los derechos fundamentales de las personas privadas
de la libertad.

Para esta Sala de Decisión, la declaratoria del estado de cosas inconstitucionales
en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Colombia, se formuló
debido a las indignas condiciones de reclusión en las que habitaban decenas de
personas que se encontraban privados de la libertad en las cárceles y
penitenciarías del país, en virtud de medidas preventivas o condenas, dicha
decisión permitió evidenciar que la situación penitenciaria implicaba una
vulneración sistemática de derechos, y que las respuestas a éstas no le
correspondían exclusivamente a una o varias instituciones determinadas, sino que
requerían una respuesta institucional estructural y articulada de distintas ramas
del poder público para atender la situación que se presentaba.

Además, tal como lo refirió la Corte Constitucional, las fallas de carácter estructural
que permitan solucionar la problemática del hacinamiento, requieren de la
colaboración armónica de las entidades del Estado, para lograr superarlas, por
ello las decisiones no deben ser aisladas, sino que deben atender la política
penitenciaria nacional, pues no sería efectiva una orden particular cuando la
organización dependen del nivel ejecutivo superior.

(…)

Como se dijo, lo anterior es especialmente relevante porque establece que la crisis
no puede ser atribuida a una sola entidad, sino que es el resultado de una falla
estructural del Estado en su conjunto. Para ello, la Corte ordenó la implementación
de un plan de acción gradual y transitorio con una duración de seis años (hasta
2028), en el que deben participar de manera coordinada el INPEC, la USPEC, el
Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, las entidades territoriales y otras
instituciones del Estado. Esta decisión reconoce que la solución al ECI requiere
una transformación profunda del sistema penitenciario.

Para esta Sala de Decisión, la superación del estado de cosas inconstitucional en
el sistema penitenciario colombiano no puede lograrse mediante decisiones

7

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judiciales fragmentadas ni a través de la atribución individual de responsabilidad
a una sola entidad, porque el fenómeno que lo origina —el hacinamiento carcelario
y las condiciones indignas de reclusión— es el resultado de una falla sistémica de
larga data, que involucra deficiencias estructurales en la planeación, financiación,
ejecución y coordinación de la política criminal y penitenciaria del Estado.

Tal y como lo señaló la Corte Constitucional la solución exige una respuesta
interinstitucional, sostenida y articulada entre los distintos niveles de gobierno,
incluyendo al Ejecutivo, al Legislativo, al Poder Judicial y a los entes territoriales.
En este contexto, la responsabilidad no puede ser atribuida a una sola entidad sin
desconocer la complejidad institucional del problema y sin desbordar el marco de
actuación que la Corte ha trazado para su solución integral.

En consecuencia, a pesar de que se advierte que existe un daño causado al grupo
demandante, no es procedente acceder a lo pretendido en tanto: (i) la declaratoria
de Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario
colombiano, formulada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-1222 de
2022, se encuentra vigente hasta el año 2028, lo que implica que las entidades
involucradas aún se encuentran dentro del término otorgado por el órgano
constitucional para implementar las medidas estructurales ordenadas; y (ii) porque
la solución al fenómeno del hacinamiento no puede ser abordada desde una
perspectiva de responsabilidad individual, sino que exige una respuesta
articulada, coordinada y sistémica de múltiples entidades del orden nacional y
territorial, que trasciende la esfera de competencia de este medio de control.

En virtud de lo anterior, la Sala concluye que, atendiendo las previsiones de la
Corte Constitucional, en la cual de manera general impuso ordenes desde la
Sentencia T 388 de 2013, reiteradas a través de la sentencia T 762 de 2015 y
prorrogadas además a través de la SU 1222 de 2022 hasta el año 2028, no puede
esta Sala de Decisión desconocer las mismas y dar una orden de carácter
particular y concreto en el presente caso, en tanto aún se encuentra dentro del
término para la adopción de las medidas indicadas por el máximo órgano
constitucional.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

4.3.1. Frente a la manifestación de impedimento presentada por el Consejero de
Estado Pablo Andrés Córdoba Acosta.

El doctor Pablo Andrés Córdoba Acosta, en su calidad de Consejero de Estado de la
Sección Primera, manifestó encontrarse impedido para conocer y decidir la presente
acción constitucional, con fundamento en las siguientes consideraciones:

En mi condición de magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado me
permito manifestar que me considero incurso en las causales de impedimento
previstas en los numerales 1° y 3° del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, norma aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto Ley 2591 de 1991
y cuyo tenor es el siguiente:

(…)

La acreditación de las causales invocadas las sustento en el hecho de que mi
hermano, Francisco Javier Córdoba Acosta, desde el 30 de enero de 202616 se
desempeña como director de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y del

16 Nombrado mediante Resolución 0184 de 30 de enero de 2026 y posesionado mediante acta 0023 de

esa misma fecha.
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Derecho y, en ejercicio de esa función le otorgó poder al abogado Alfredo Gómez
Giraldo para que representara los intereses de esa cartera ministerial dentro del
proceso de la referencia.

De ahí que considero que mi hermano en su condición de director de la Dirección
Jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho tiene un interés en el resultado
del presente proceso, quien además se encuentra ejerciendo la defensa de los
intereses de dicha cartera ministerial (…).

Examinada la manifestación de impedimento, la Sala encuentra acreditada la causal
prevista en el numeral 1 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable por
remisión del artículo 39 del Decreto Ley 2591 de 1991, en la medida en que el Consejero
de Estado Pablo Andrés Córdoba Acosta manifestó que se encuentra impedido para
conocer del presente asunto, por cuanto su hermano, el señor Francisco Javier Córdoba
Acosta, es director jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho entidad vinculada al
presente trámite tutelar, por lo tanto le asiste interés.

En consecuencia, la Sala declarará fundado el impedimento formulado por el Consejero
de Estado Pablo Andrés Córdoba Acosta.

4.3.2. Frente a la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva presentada por la USPEC y INPEC.

En relación con las solicitudes de desvinculación presentadas por la USPEC y el INPEC,
se advierte que no son procedentes, comoquiera que dichas entidades fueron vinculadas
al presente trámite tutelar por tener interés en el resultado del proceso, en atención a que
la demanda de reparación directa objeto de la presente acción constitucional fue
promovida en su contra.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

4.4.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, al sintetizar los requisitos
generales y especiales de procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, más tarde
acogidos también por esta corporación17, indicó que un asunto sometido al estudio del
juez de tutela tiene relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional
fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta
acción pública”.

Posteriormente, en la sentencia SU-215 de 202218, la Corte Constitucional hizo énfasis
en “la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales satisfaga el

17Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala

de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García
González).
18 M. P. Natalia Ángel Cabo.

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requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter
subsidiario de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios”.

Adicionalmente, agregó que “en esta línea, el simple alegato de la vulneración a los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de
manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados” 19.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este caso se encuentra
cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello se detendrá en los criterios
que la jurisprudencia ha desarrollado para el efecto.

4.4.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales es que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional.

En ese sentido, señaló lo siguiente:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional, pues si no lo hace,
corre el riesgo de involucrarse en aspectos que solo corresponde resolver al juez natural
y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar
esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la sentencia SU-573 de 201920, el alto
tribunal explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

19 Ibidem.
20 M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU

103 de 2022.
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(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces. Estas finalidades fueron también reiteradas por
la Corte Constitucional en la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual,
además, expuso la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico”.

4.4.1.3. La instancia adicional

La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero de los criterios
de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se busca evitar que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
de los jueces.

Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que21:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].

En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022, y reiterando lo
expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que “la tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado”,
pues, según explicó, solo de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en
asuntos que no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial.

Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo dicho por la
jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional
precisó que:

[…] los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y
el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación
de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de
interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata
es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los
derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial
se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y
coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos
fundamentales a los distintos ámbitos del derecho […]. (Se destaca).

Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos en los que el
interesado controvierte a través de la acción de tutela la valoración que el juez natural

21Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la convicción que generan en el fallador las
pruebas allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo
radica en la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o en el
análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que este mecanismo
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se desconocería la autonomía e independencia del juez
natural.

4.4.2. CASO CONCRETO

En el asunto bajo examen, el accionante promovió la presente acción de tutela contra la
sentencia del 30 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que revocó la dictada el 14 de abril de 2023 por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Medellín, en el proceso de reparación directa identificado
con el radicado núm. 05001 33 33 008 2017 00508 02, y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda dirigidas a obtener la indemnización de los perjuicios
derivados de las condiciones indignas de reclusión a las que estuvo sometido en el
establecimiento penitenciario Bellavista de Medellín.

Para ello, en el escrito de tutela, el accionante alegó que el tribunal accionado incurrió en
una contradicción entre las premisas de la decisión y la conclusión adoptada, en tanto
reconoció la existencia de un daño antijurídico derivado de la vulneración de la dignidad
humana, pero negó la reparación con fundamento en el carácter estructural del
hacinamiento carcelario y en la vigencia del estado de cosas inconstitucional declarado
por la Corte Constitucional.

Adicionalmente, señaló que la providencia acusada desconoció el precedente judicial, en
particular la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de 20 de
noviembre de 2020, radicado núm. 18001 23 33 000 2013 00216 01; la Sentencia SU-
068 de 2023 de la Corte Constitucional; así como las sentencias del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, de 18 de noviembre de 2024, radicado núm. 76001 23
33 000 2014 00793 01 y de 16 de junio de 2025, radicado núm. 05001 23 33 000 2018
00988 01, en las que, según indicó, se ha sostenido que la existencia de una problemática
estructural en el sistema penitenciario no excluye la responsabilidad patrimonial del
Estado ni impide el reconocimiento de indemnizaciones.

La Sala considera que la acción de tutela está siendo utilizada como una instancia o
recurso adicional al proceso ordinario para cuestionar la valoración probatoria y el análisis
efectuado por el juez natural de la causa, y controvertir lo resuelto en la providencia
acusada, al insistir en que sí hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por los
perjuicios derivados de las condiciones indignas de reclusión a las que estuvo sometido,
asunto que ya fue objeto de debate dentro del proceso de reparación directa. Por lo tanto,
se concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional citada previamente, la
petición de amparo no cumple con el criterio de relevancia constitucional.

Ahora bien, frente al argumento relacionado con el presunto desconocimiento del
precedente, se advierte que esta Sección, en sentencia de 19 de noviembre de 2021,
sostuvo que en las acciones de tutela contra providencia judicial en las que se alega dicha
causal se exige, como carga argumentativa mínima, que se identifiquen: (i) la providencia
desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la ratio decidendi
de la sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables al caso a resolver, y (iii) los
problemas jurídicos, que en ambos casos deben ser análogos o similares.

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En el caso objeto de estudio, la parte accionante invocó diversas sentencias de la Corte
Constitucional, del Consejo de Estado y de tribunales administrativos sobre la
responsabilidad estatal por daños derivados de condiciones indignas de reclusión y,
además, sostuvo que tales providencias resolvían problemas jurídicos semejantes al
planteado en este asunto.

No obstante, la carga argumentativa desplegada no resulta suficiente para acreditar el
desconocimiento del precedente judicial, pues, aunque enunció algunos puntos de
comparación y afirmó que los hechos eran equiparables, no realizó un ejercicio de
contraste concreto entre los supuestos fácticos y jurídicos resueltos en dichas
providencias y los del sub lite, ni demostró de manera precisa que las reglas y subreglas
contenidas en la ratio decidendi de aquellas fueran plenamente aplicables al caso
concreto, ni explicó por qué la sentencia cuestionada se apartó injustificadamente de una
regla jurisprudencial obligatoria.

Por tanto, la acción de tutela no cumple con la carga argumentativa mínima exigida
cuando se alega el desconocimiento del precedente judicial. En consecuencia, se
evidencia que la parte actora, en realidad, se encuentra inconforme con la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia y pretende que el juez constitucional
realice un nuevo análisis frente a un debate que ya fue resuelto por el juez natural del
asunto.

Finalmente, en cuanto al argumento planteado por el accionante, relacionado con una
supuesta contradicción entre las premisas de la decisión y la conclusión adoptada por el
tribunal accionado, ya que reconoció la existencia de un daño antijurídico, pero negó la
reparación, la Sala advierte que no se presenta tal contradicción.

Ello, comoquiera que el tribunal explicó en la sentencia acusada que el daño que se
encontraba acreditado era respecto del hacinamiento presentado en el lugar en el que se
encontraba recluido el demandante, pero no de las torturas y los tratos inhumanos ya que
estos no se probaron. En ese sentido, al acreditarse del daño frente al hacinamiento,
entró a si este era imputable a las entidades demandadas y concluyó que no lo era,
debido al estado de cosas inconstitucionales declarado por la Corte Constitucional.

Por lo anterior, el argumento de la presunta contradicción no está llamado a prosperar
comoquiera que la autoridad judicial accionada no incurrió en tal conducta.

En consecuencia, y sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con el requisito general
de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el consejero de
Estado Pablo Andrés Córdoba Acosta, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios y por el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, conforme lo expuesto en precedencia.
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TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30
del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 26 de
marzo de 2026.

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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