República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-03867-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
20 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá D. C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2022 03867 01
Demandante: Autopistas de Santander S. A.
Demandado: Tribunal de Arbitramento compuesto por Anne Marie Mürrle Rojas,
Ricardo Vanegas Beltrán y Sergio González Rey
Temas: Tutela contra Laudo Arbitral / Incumplimiento del requisito de inmediatez
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 1.° de septiembre de 2022, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección
Primera, declaró improcedente el amparo deprecado.
1. La acción de tutela
La sociedad Autopistas de Santander S. A., a través de apoderado promueve acción
de tutela contra el laudo arbitral proferido el 8 de marzo de 2021 por el Tribunal de
Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá integrado por los señores Anne
Marie Mürrle Rojas, Ricardo Vanegas Beltrán y Sergio González Rey, convocado para
dirimir las controversias surgidas entre dicha sociedad y la Agencia Nacional de
Infraestructura -ANI, en el marco del contrato de concesión núm. 002 de 2006, por
estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
1.1. Pretensiones
En protección de los derechos reclamados, solicita:
PRETENSIÓN PRIMERA. Se declare que los numerales primero y tercero de la parte
resolutiva del laudo arbitral proferido el 8 de marzo de 2018 (sic) por el Tribunal Arbitral
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03867 01
Demandante: Autopistas de Santander S. A.
integrado por los doctores Anne Marie Mürrle Rojas, Ricardo Vanegas Beltrán y Sergio
González Rey, vulneran el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia
y al debido proceso de la sociedad Autopistas de Santander S.A. conforme lo expuesto
en los acápites precedentes.
SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN PRIMERA. Se declare que el numeral primero de la parte
resolutiva del laudo arbitral proferido el 8 de marzo de 2018 (sic) por el Tribunal Arbitral
integrado por los doctores Anne Marie Mürrle Rojas, Ricardo Vanegas Beltrán y Sergio
González Rey, vulnera el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia
y al debido proceso de la sociedad Autopistas de Santander S.A. conforme lo expuesto
en los acápites precedentes.
PRETENSIÓN SEGUNDA. Se declare que los numerales primero y tercero de la parte
resolutiva del laudo arbitral proferido el 8 de marzo de 2018 (sic) por el Tribunal Arbitral
integrado por los doctores Anne Marie Mürrle Rojas, Ricardo Vanegas Beltrán y Sergio
González Rey, desconocieron el precedente constitucional sentado en la Sentencia C-
437 de 2013 conforme lo expuesto en los acápites precedentes.
SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN SEGUNDA. Se declare que el numeral primero de la parte
resolutiva del laudo arbitral proferido el 8 de marzo de 2018 (sic) por el Tribunal Arbitral
integrado por los doctores Anne Marie Mürrle Rojas, Ricardo Vanegas Beltrán Sergio
González Rey, desconoció el precedente constitucional sentado en la Sentencia C-437
de 2013 conforme lo expuesto en los acápites precedentes.
PRETENSIÓN TERCERA. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se dejen sin
efectos los numerales primero y tercero de la parte resolutiva del laudo arbitral proferido
el 8 de marzo de 2018 (sic) por el Tribunal Arbitral integrado por los doctores Anne Marie
Mürrle Rojas, Ricardo Vanegas Beltrán y Sergio González Rey.
SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN TERCERA. Como consecuencia de las declaraciones
anteriores, se deje sin efectos el numeral primero de la parte resolutiva del laudo arbitral
proferido el 8 de marzo de 2018 (sic) por el Tribunal Arbitral integrado por los doctores
Anne Marie Mürrle Rojas, Ricardo Vanegas Beltrán y Sergio González Rey.
PRETENSIÓN CUARTA. Solicito el amparo de los derechos fundamentales vulnerados al
acceso a la administración de justicia y al debido proceso, pronunciándose sobre la
nulidad absoluta que vicia el Acuerdo Conciliatorio para la Terminación Anticipada del
Contrato de Concesión No. 002 de 2006 y, consecuentemente, declarando la nulidad de
las correspondientes estipulaciones, conforme se pidió en la demanda o resulte de las
normas legales.
SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN CUARTA. De manera subsidiaria, solicito que se ordene al
Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá constituido para resolver
controversias entre Autopistas de Santander S.A. y la Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI integrado por los doctores Anne Marie Mürrle Rojas, Ricardo
Vanegas Beltrán y Sergio González Rey, resolver las pretensiones Primera a Novena y
Decimotercera de la demanda reformada presentada por Autopistas de Santander S.A.
[…].
1.2. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, la sociedad accionante señaló los siguientes:
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Demandante: Autopistas de Santander S. A.
i) Suscribió con la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, contrato de concesión núm.
002 de 2006; durante su ejecución, se presentaron diferencias entre las partes.
ii) El 26 de abril de 2017, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales contra la ANI la cual le correspondió al Tribunal
Administrativo de Santander, autoridad judicial que a través de auto del 7 de febrero
de 2018, revocó la providencia que admitió y rechazó la demanda en atención a la
cláusula compromisoria pactada por las partes en el contrato en mención.
iii) El 20 de marzo de 2018, presentó demanda arbitral admitida el 3 de julio de ese
año, la cual reformó dentro del término legal «modificando algunos hechos, incluyendo
pruebas y modificando e introduciendo pretensiones -todas relacionadas con la
celebración, ejecución y liquidación del contrato de concesión núm. 002 de 2006».
iv) El 8 de marzo de 2021 el Tribunal de Arbitramento profirió laudo arbitral mediante
el cual dispuso en los numerales primero y tercero lo siguiente:
PRIMERO: Declarar probada la excepción de caducidad de la acción respecto de las
pretensiones primera a novena, con las respectivas subsidiarias, de la Demanda
Reformada y, en consecuencia, inhibirse de decidir de fondo sobre ellas.
[…]
TERCERO: Declarar de oficio la caducidad de la acción respecto de la pretensión
decimotercera de la Demanda Reformada y, en consecuencia, inhibirse de decidir de
fondo sobre ella. […]
v) Promovió recurso extraordinario de anulación en contra del laudo arbitral, con
fundamento en las causales contenidas en los numerales 2.°, 7.° y 9.° del artículo 41
de la Ley 1563 de 2012, declarado infundado mediante sentencia del 2 de marzo de
2022 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
1.3. Fundamentos jurídicos de la sociedad accionante
1.3.1. Antecedentes previos a la composición del Tribunal de Arbitramento
i) La Agencia Nacional de Infraestructura y la sociedad Autopistas de Santander S.A.
suscribieron el contrato de concesión núm. 006 de 2006.
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Demandante: Autopistas de Santander S. A.
ii) Durante la ejecución del contrato se presentaron entre las partes diversas
controversias, por lo que fueron convocados dos tribunales de arbitramento.
iii) La Agencia Nacional de Infraestructura decidió unilateralmente iniciar un proceso
sancionatorio con fines de caducidad pese a no tener competencia.
iv) De manera paralela la Agencia dio inicio a un proceso de negociación y le propuso
a la sociedad -para no seguir adelante con el trámite de caducidad- la firma de un
acuerdo para la terminación anticipada del contrato, así como la renuncia a la
aplicación de la fórmula de compensación.
v) El 8 de febrero de 2016, el contrato de concesión se terminó anticipadamente con
la aprobación del acuerdo conciliatorio.
vi) A través de Resolución 1434 del 26 de septiembre de 2016 -modificada por
Resolución 1545 del 9 de octubre de ese año-, la Agencia Nacional de Infraestructura
liquidó unilateralmente el contrato de concesión.
1.3.2. Antecedentes de la convocatoria del Tribunal de Arbitramento ante el
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá
i) El 2 de febrero de 2017, la sociedad Autopistas de Santander S. A. radicó solicitud de
conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, respecto de la cual se expidió
constancia de fallida el 24 de abril de igual anualidad.
ii) El 26 de abril de 2017, la sociedad radicó demanda de controversias contractuales
ante el Tribunal Administrativo de Santander contra la Agencia Nacional de
Infraestructura, con el propósito de obtener la declaratoria de nulidad parcial de los
actos administrativos por medio de los cuales se liquidó unilateralmente el contrato de
concesión núm. 006 de 2006 y del acuerdo conciliatorio.
iii) El 30 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo de Santander admitió la
demanda, decisión contra la cual la ANI interpuso recurso de reposición aduciendo la
existencia de la cláusula arbitral, a la que no renunció.
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Demandante: Autopistas de Santander S. A.
iv) El 7 de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de Santander revocó el auto
admisorio y rechazó la demanda.
v) El 13 de marzo de 2018, la sociedad Autopistas de Santander S. A. radicó demanda
arbitral ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
vi) El 3 de julio de 2018, fue admitida la demanda circunstancia que, en criterio del
accionante, conforme al artículo 94 del CGP interrumpe el término de prescripción e
impide que se produzca la caducidad.
vii) El 11 de marzo de 2019, reformó la demanda y al efecto, modificó los hechos,
incorporó pruebas, varió e incluyó pretensiones en relación con la celebración,
ejecución y liquidación del contrato de concesión núm. 002 de 2006. Las pretensiones
primera a novena y décimo tercera fueron incluidas con la reforma de la demanda,
mientras que las pretensiones cuarta a décima sexta, décima, undécima y duodécima
fueron conservadas conforme a la demanda inicial presentada el 18 de marzo de 2018.
viii) El 8 de marzo de 2021, el Tribunal Arbitral profirió y notificó el laudo arbitral que
resolvió de fondo las controversias suscitadas entre Autopistas de Santander y la ANI,
así como las pretensiones de la demanda inicial; no obstante, en los numerales primero
y tercero de la parte resolutiva declaró la caducidad respecto de las pretensiones
incluidas en la reforma de la demanda y, por lo tanto, se declaró inhibido para decidir
sobre ellas.
Ante dicha decisión, la sociedad accionante consideró que el Tribunal de Arbitramento
al proferir el laudo arbitral respecto de las pretensiones primera a novena y
decimotercera planteadas en la reforma a la demanda, así como de la nulidad absoluta
del acuerdo conciliatorio por medio del cual se terminó el contrato de concesión núm.
002 de 2006, incurrió en los siguientes defectos:
1.3.3. Defecto sustantivo
El Tribunal Arbitral desconoció injustificadamente:
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Demandante: Autopistas de Santander S. A.
i) Los artículos 93 del Código General del Proceso y 22 de la Ley 1563 de 2012 regulan
las condiciones para la presentación de la reforma a la demanda y no establecen
limitaciones basadas en la caducidad para la adición de nuevas pretensiones.
ii) El artículo 94 del CGP -norma procesal aplicable por expresa disposición del artículo
20 de la Ley 1563 de 2012- señala que una vez presentada la demanda se hace
inoperante la caducidad.
iii) La declaratoria de oficio de la nulidad absoluta del contrato, conforme lo disponen
los artículos 1742 del Código Civil y 45 de la Ley 80 de 1993.
1.3.4. Defecto procedimental
Se configuró por cuanto el Tribunal Arbitral al adoptar la regla jurisprudencial contenida
en el auto de unificación del Consejo de Estado del 26 de mayo de 2016,1
arbitrariamente desconoció las normas procesales pertinentes al caso, -concretamente
las relativas a los requisitos para la reforma de la demanda-, decisión que al no tener
identidad fáctica ni jurídica, en su criterio, no constituía precedente para el caso.
1.3.5. Desconocimiento del precedente
Según el precedente constitucional sentado en la sentencia C-437 de 2013,
únicamente en la acción de nulidad electoral es necesario y constitucionalmente
justificado condicionar la introducción de pretensiones en la reforma de la demanda a
que no haya operado su caducidad.
1.4. Actuación procesal
Por auto del 16 de agosto de 2022, se ordenó notificar como demandados a los
doctores Anne Marie Mürrle Rojas, Ricardo Vanegas Beltrán y Sergio González Rey
quienes integraron el Tribunal de Arbitramento y profirieron el laudo arbitral del 8 de
marzo de 2021 objeto de litis, y como terceros interesados a la Agencia Nacional de
Infraestructura -ANI y al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, para que
dentro del término de dos días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el
respectivo informe.
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Auto de Unificación del 26 de mayo de 2016,
expediente radicado núm. 40077.
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1.5. Intervenciones
1.5.1. Los doctores Anne Marie Mürrle Rojas, Ricardo Vanegas Beltrán y Sergio
González Rey, en calidad de árbitros del Tribunal de Arbitramento,2 solicitaron
negar las pretensiones de amparo, pues en el laudo censurado no se incurrió en la
vulneración de los derechos fundamentales alegados, toda vez que sus decisiones se
ajustaron a derecho, tal como el propio Consejo de Estado lo corroboró al decidir y
declarar infundado el recurso de anulación interpuesto contra el referido laudo arbitral,
con base en similares argumentos a los que ahora se aducen en la acción de tutela.
Advirtieron que los supuestos defectos alegados y las pretensiones esgrimidas en la
solicitud de amparo, se dirigen única y exclusivamente en contra del laudo proferido el
día 8 de marzo de 2021 y no atacan la providencia mediante la cual la Sección Tercera
del Consejo de Estado decidió el recurso de anulación - declarándolo infundado- lo
que, por lo demás, evidencia la transgresión del requisito de inmediatez.
Adujeron que en los párrafos 224 a 274 del laudo se expuso el razonamiento que
condujo a las decisiones adoptadas en la parte resolutiva, a las que es preciso
remitirse.
1.5.2. El apoderado de la Agencia Nacional de Infraestructura3 Cristian Felipe
Sánchez Loaiza aseguró que tanto el laudo arbitral como la sentencia que resolvió el
recurso extraordinario de anulación son decisiones razonables, fundamentadas en
derecho y en las pruebas obrantes en el expediente y, por lo tanto, no son constitutivas
de vías de hecho como lo afirma la parte accionante.
Afirmó que la sentencia del 2 de marzo de 2022 y el laudo arbitral del 8 de marzo de
2021, se soportaron en una valoración respetable y adecuada de la demanda y del
caudal probatorio, por lo que, al margen de que la parte accionante en tutela comparta
o no esas determinaciones, no pueden tildarse de arbitrarias, caprichosas o
constitutivas de vía de hecho.
2Expediente digital de tutela.
3 Expediente digital de tutela.
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1.5.3. La apoderada de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,4
Alexandra Forero Forero solicitó negar el amparo pretendido por la sociedad actora,
puesto que, en su criterio, no existe mérito jurídico, ni probatorio para considerar que
el laudo arbitral del 8 de marzo de 2021 haya sido emitido con violación de las
garantías fundamentales.
1.6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia del 1.° de septiembre de 2022,
declaró improcedente la solicitud de amparo.
Al efecto puso de relieve que si bien la sociedad actora advirtió que su solicitud de
amparo cumplía con el requisito de inmediatez, ya que lo presentó «dentro de los seis
meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia del Consejo de Estado que resolvió el
recurso extraordinario de anulación», a su vez le atribuyó la vulneración de sus
derechos fundamentales -única y exclusivamente- al laudo arbitral del 8 de marzo de
2021 proferido por el Tribunal de Arbitramento, por lo que resulta procedente
contabilizar el término de inmediatez a partir de la fecha en que se notificó esta
decisión.
En consecuencia precisó que para efectos de establecer el cumplimiento o no del
requisito de inmediatez, no hay lugar a tener en cuenta la fecha en que se notificó la
providencia del 2 de marzo de 2022 -por medio de la cual la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió declarar infundado el recurso de
anulación que fue promovido por la sociedad actora en contra del laudo arbitral objeto
de esta tutela-, porque si la accionante consideraba que en esa decisión judicial
incurrió en alguna causal de procedibilidad, debió promover el mecanismo de amparo
en contra de esta, y no en contra del laudo arbitral.
Con fundamento en las anteriores premisas, concluyó que el laudo objeto de tutela fue
notificado el 8 de marzo de 2021, y la acción de tutela se radicó, vía electrónica, el 14
de julio de 2022, es decir que el mecanismo de amparo se promovió cuando había
transcurrido aproximadamente un año, cuatro meses y cinco días después del
momento en que se tuvo conocimiento de la decisión que supuestamente transgredió
4 Expediente digital de tutela.
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las garantías fundamentales invocadas; plazo que, sin lugar a duda, no resulta
razonable.
Sumado a lo anterior, señaló que en relación con los argumentos expuestos para
sustentar los defectos sustantivo y procedimental invocados, la justificación de tales
causales de procedibilidad coincide plenamente con los planteamientos consignados
en el recurso extraordinario de anulación, por lo que reiteró, debió ser esta última la
providencia judicial objeto de tutela y no el laudo arbitral.
De otro lado, y en cuanto al motivo de inconformidad propuesto por la sociedad
accionante, consistente en que el Tribunal Arbitral incurrió en desconocimiento del
precedente, indicó que no se enmarca en ninguna de las causales que permiten incoar
el recurso extraordinario de anulación, por lo que la solicitud de amparo debió
promoverse apenas se notificó el laudo arbitral y no esperar a que se resolviera el
recurso extraordinario de anulación, pues, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las dos acciones son compatibles siempre y cuando tengan
motivaciones diferentes.
Finalmente, no encontró probado ningún hecho, razón o argumento que justificara la
inactividad en la presentación del mecanismo de amparo por fuera del término
establecido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta corporación.
1.7. Impugnación
El apoderado de la sociedad accionante insistió en que el término de inmediatez,
contrario a lo planteado por el juez a quo, debe contabilizarse desde la notificación de
la sentencia que resolvió el recurso de anulación, esto es, el 21 de abril de 2022,
porque: i) sin que se hubiera resuelto el recurso de anulación, Autopistas de Santander
se encontraba inhabilitada para instaurar la presente acción de tutela, so pena de
contravenir el requisito de subsidiariedad, y ii) en el recurso de anulación, al igual que
en la presente demanda de amparo, pero desde distinta óptica y bajo diferentes
causales, esa sociedad puso de presente la arbitraria e injustificada denegación de
justicia en la que incurrió el Tribunal Arbitral en el laudo del 8 de marzo de 2021,
incluido el desconocimiento del precedente constitucional sentado por la Sentencia C-
437 de 2013.
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Consideró que conforme a lo expuesto en las providencias proferidas por el Consejo
de Estado «en marzo de 2019 (sic)»5 y el 3 de diciembre de 2020,6 cuando las causales
que fueron estudiadas en sede de anulación guardan relación con el sustento de los
defectos que en sede de tutela se alegan, es preciso verificar el requisito de inmediatez
desde que fue notificada la sentencia que resolvió el recurso de anulación.
Manifestó que dado el carácter residual de la acción de tutela y la idoneidad del recurso
extraordinario de anulación para controvertir las decisiones proferidas por el Tribunal
de Arbitramento -desde una óptica meramente procesal-, era necesario que se
resolviera el recurso de anulación interpuesto antes de intentar la acción de tutela, so
pena de contravenir el requisito de procedibilidad de subsidiariedad; de este modo, no
resulta viable verificar el cumplimiento del requisito de inmediatez desde que fue
notificado el laudo arbitral, sino a partir de la notificación de la providencia que resolvió
el recurso de anulación -21 de abril de 2022-, momento en el cual Autopistas de
Santander se encontró habilitada para instaurar la presente acción de tutela.
Concluyó que si bien en el recurso de anulación se expusieron los argumentos que
sustentan la presente acción de tutela y por ende la providencia del Consejo de Estado
que resolvió el recurso de anulación analizó estos aspectos, lo hizo desde una óptica
meramente procesal y con competencias también restringidas y totalmente diferentes
a la que tenían los árbitros al dictar el laudo y, por supuesto, a las que tiene un juez
constitucional al resolver una acción de tutela por vicios procedimentales, sustanciales
y por desconocimiento del precedente constitucional.
Agregó que el Tribunal de Arbitramento -juez del contrato de concesión núm. 002 de
2006- a diferencia del juez de la anulación, contaba con amplias facultades y poderes,
pues tenía a su disposición, al decidir, el artículo 94 del Código General del Proceso,
el artículo 1.° y 20 de la Ley 1563 de 2012, el artículo 1742 del Código Civil y el artículo
45 de la Ley 80 de 1993, así como la Sentencia C 437 de 2013, por lo que el panel
arbitral al ignorar por completo la totalidad de las disposiciones antes indicadas y sus
atribuciones, incurrió en los defectos sustancial y procesal mencionados y desconoció
5 En pie de página número 4 del escrito de impugnación trae la siguiente anotación: «Sentencia nº 11001-03-15-
000-2018-03318-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - Sección quinta, de 25 de abril de
2019 (caso Sentencia nº 11001-03-15-000-2018- 03318-01 de Consejo de Estado (Sección Quinta) del 25-04-
2019)».
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un precedente constitucional.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el presente asunto de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019,7
en cuanto regula que «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado
en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre
todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas
por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».
2.2. Problema jurídico
Se contrae a determinar, en primer lugar, si se encuentra cumplido el término de
inmediatez de la acción de tutela intentada contra el laudo arbitral proferido el 8 de
marzo de 2021 y, en segundo lugar, si Autopistas de Santander S. A. propuso algún
desacuerdo frente a la providencia judicial del 2 de marzo de 2022 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró infundado el recurso
extraordinario de anulación y resolvió los cargos por la indebida aplicación i) del auto
de unificación de 26 de mayo de 2016 proferido por el Consejo de Estado, que
desconocería el precedente constitucional establecido en la Sentencia C-437 de 2013,
ii) de los artículos 93 y 94 del Código General del Proceso y 22 de la Ley 1563 de 2012,
y iii) por no haber declarado de oficio la nulidad absoluta del contrato, conforme a lo
dispuesto por los artículos 1742 del Código Civil y 45 de la Ley 80 de 1993.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra laudos arbitrales
El inciso 3.° del artículo 116 de la Constitución Política dispone que los particulares
pueden ser transitoriamente investidos de la función de administrar justicia para
proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. Esta
7 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado .
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habilitación constituye el fundamento constitucional para que los particulares ejerzan
dicha atribución a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos como
el arbitramento, y su naturaleza jurídica comporta un acto jurisdiccional cuyas
actuaciones tienen el alcance de surtir efectos de cosa juzgada.
Precisamente el carácter jurisdiccional y sus efectos, implican que los laudos arbitrales
se asimilan a las sentencias judiciales para efectos de la procedencia de la acción de
tutela contra providencias. Sobre esta específica materia, en Sentencia T-244 de 2007,
la Corte Constitucional se pronunció en relación con la equiparación entre los laudos
arbitrales y las providencias judiciales, en los siguientes términos:
En síntesis, el proceso arbitral es materialmente un proceso judicial, y el laudo arbitral
es el equivalente a una sentencia judicial en la medida que pone fin al proceso y desata
de manera definitiva la cuestión examinada, adicionalmente los árbitros son investidos
de manera transitoria de la función pública de administrar justicia, la cual además
legalmente ha sido calificada como un servicio público, por tal razón no cabe duda que
en sus actuaciones y en las decisiones que adopten los tribunales arbitrales están
vinculados por los derechos fundamentales, y que la tutela es procedente cuando estos
sean vulnerados o amenazados con ocasión de un proceso arbitral.
La equivalencia –material- que existe entre el laudo arbitral y la providencia judicial,
activa de manera excepcional la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
de protección de los derechos fundamentales, los cuales puedan verse afectados por
las decisiones emanadas y el procedimiento llevado a cabo por los tribunales de
arbitramento.
En la Sentencia de unificación SU-837 de 2002, la Sala Plena de la Corte
Constitucional determinó que los administradores de justicia, sean permanentes o
temporales, no están exentos de cumplir con lo dispuesto en la Carta Política, de tal
manera que mediante la acción de tutela es factible controvertir sus actos
jurisdiccionales, siempre y cuando éstos vulneren de manera directa el derecho
fundamental al debido proceso o al acceso a la administración de justicia.
La jurisprudencia constitucional también ha sido particularmente enfática en cuanto al
carácter excepcional de la procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales,
el procedimiento que se adelanta ante los tribunales de arbitramento y las decisiones
judiciales que resuelven los recursos de anulación. En ese sentido, su procedencia y
procedibilidad está sometida, en principio, a las mismas reglas que la jurisprudencia
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constitucional ha sistematizado en la Sentencia C-590 de 2005 respecto a las
providencias judiciales.
Las precitadas condiciones han sido recapituladas con el fin de reiterar que estas no
implican la equivalencia absoluta entre los laudos arbitrales y las providencias
judiciales para efectos de la acción de tutela, ya que el carácter especial de la justicia
arbitral incide en que se deba hacer un examen de procedibilidad -tanto de los
requisitos generales, como especiales-, más riguroso. En efecto, a partir de la
sentencia de unificación SU-500 de 2015, la Sala Plena del Consejo de Estado precisó
que la razón para realizar un examen más estricto reside fundamentalmente en que se
trata de un escenario en el cual se ha expresado la voluntad de las partes de apartarse
de la jurisdicción ordinaria y someterse a la decisión que adopte un tribunal de
arbitramento.
La decisión de las partes de marginarse de la justicia ordinaria constituye un elemento
esencial que implica procurar al máximo la permanencia de la decisión adoptada por
la jurisdicción arbitral, la cual no debe condicionarse a una posterior ratificación o
cuestionamiento por parte de la jurisdicción a la cual las partes expresamente
renunciaron. En palabras de la Corte Constitucional:
Acudir a la justicia arbitral implica una derogación específica, excepcional y transitoria
de la administración de justicia estatal, derivada de la voluntad de las partes en un
conflicto transigible.
2.3.2. Del requisito de la inmediatez
Es necesario precisar que si bien el ejercicio de la acción de tutela no cuenta con un
término de caducidad, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en señalar que,
dado el carácter preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de
amparo, esta debe interponerse dentro de un término razonable y proporcionado a
partir del evento generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos
fundamentales en aras de proteger garantías de terceros, impedir que el amparo se
convierta en un factor de inseguridad jurídica, y evitar su uso como herramienta
supletoria de la negligencia en la agencia de derechos, pues todo ello desnaturalizaría
la finalidad de la acción.8
8 La sentencia T-187 de 2012 presenta la línea jurisprudencial al respecto.
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Sin embargo, la Corte también ha señalado que la razonabilidad del plazo debe
determinarse de conformidad con los hechos de cada caso concreto, por lo que a modo
de desarrollo jurisprudencial ha identificado tres excepciones que justifican el
transcurso de un lapso prolongado entre la vulneración del derecho y la interposición
de la acción:
(i) Ante la existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por ejemplo,
la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad
del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho
completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las
circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable
como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que
adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es
imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de
que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en
realidad, una protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo
13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan.9
En ese sentido, el examen de la inmediatez no puede reducirse a verificar el paso del
tiempo entre el hecho generador de la vulneración de un derecho fundamental y la
interposición de la demanda de tutela, sino que, además, debe comprender la
valoración de la razonabilidad del plazo, la cual ha de estar sujeta a los hechos que
configuran el caso concreto y a los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la citada jurisprudencia.
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
La sociedad accionante cuestiona la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, con la adopción del Laudo
9 Sentencias T-433 de 2016, T-584 de 2011, T-1028 de 2010, T-792 de 2007 y, T-158 de 2006, entre
otras.
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arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá
de 8 de marzo de 2021 convocado para dirimir las controversias surgidas entre
Autopistas de Santander S. A. y la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, en el marco
del contrato de concesión núm. 002 de 2006, pues a su juicio, los falladores incurrieron
en los defectos procedimental, sustantivo y en desconocimiento del precedente
jurisprudencial.
Para atender los reparos de la accionante -como quedó planteado en líneas
precedentes-, se atenderá el primer problema jurídico: definir si se encuentra
cumplido el término de inmediatez de la acción de tutela contra el laudo arbitral
proferido el 8 de marzo de 2021.
Al efecto, el argumento presentado por Autopistas de Santander plantea la siguiente
tesis: el término de inmediatez debe contabilizarse a partir de la ejecutoria de la
sentencia que resolvió el recurso extraordinario de anulación, pues en su criterio i) no
puede exigirse el cumplimiento de tal requisito desde la notificación del laudo arbitral,
pues de haberse acudido a la acción de tutela sin estar agotado el recurso
extraordinario de anulación, se habría incumplido el requisito de subsidiariedad, y ii)
en el recurso de anulación, al igual que en la presente demanda de amparo, pero
desde distinta óptica y bajo diferentes causales, esa sociedad puso de presente la
arbitraria e injustificada denegación de justicia en la que incurrió el panel arbitral,
incluido el desconocimiento del precedente constitucional sentado por la Sentencia C-
437 de 2013.
En el presente caso, como lo definió el juez a quo de tutela, tales argumentos no están
llamados a prosperar, en el entendimiento de que el término para establecer la
oportunidad para presentar la acción de tutela no procede contabilizarlo a partir de la
notificación de la sentencia que resolvió el recurso de anulación, en tanto la sociedad
accionante bien pudo presentar la solicitud de amparo tan pronto se notificó de la
sentencia del laudo arbitral si consideraba que estaba incurso en errores in iudicando,
y, de otra parte, así la sociedad accionante pretenda justificar dicha contabilización en
la forma dicha, por considerar que las causales estudiadas en sede de anulación
guardan identidad con el sustento de los defectos que ahora por vía de tutela invoca,
tal argumento tampoco procede como se explicará más adelante.
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Valga recordar que la finalidad del recurso extraordinario de anulación es controvertir
la decisión contenida en el laudo arbitral, en principio, por errores in procedendo, por
lo que, mediante el ejercicio de dicho mecanismo no se puede pretender atacar el
laudo por cuestiones de mérito o de fondo, esto es, errores in iudicando, de manera
que no está facultado para analizar de fondo la controversia contractual planteada en
el juicio arbitral, ni revivir el debate probatorio o cuestionar los razonamientos jurídicos
o la valoración probatoria realizada por el Tribunal Arbitral.
Por lo tanto, si la sociedad demandante estimaba que el laudo arbitral incurrió en los
defectos sustantivo y procedimental y en desconocimiento de precedente
jurisprudencial, que por tratarse de vicios de fondo no encajaban en ninguna de las
causales de anulación, lo propio era que ejerciera la acción de tutela tan pronto tuvo
conocimiento del laudo arbitral, es decir, la parte actora la pudo ejercer directamente.
La Sala precisa que no resulta acertado que la sociedad actora argumente que de no
haber ejercido el recurso extraordinario de anulación al incoar la acción de tutela se
habría aducido el incumplimiento del requisito general de procedencia de
subsidiariedad, pues, como se ha explicado con suficiencia, los cargos alegados en el
recurso extraordinario de anulación deben atender específicamente a las causales del
artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, mientras que el ejercicio de la acción de tutela
debe comportar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia.
Bajo estas condiciones, al constatar la Sala que la acción de tutela está dirigida
exclusivamente contra el laudo arbitral -de acuerdo con lo concluido por la Sección
Primera de esta corporación-, en atención al principio de inmediatez, en consideración
a que el laudo arbitral objeto de tutela fue notificado el 8 de marzo de 202110 y la acción
de tutela se radicó vía electrónica el 14 de julio de 2022,11 resulta preciso aceptar que
el mecanismo de amparo se promovió cuando había transcurrido más de un año12
10Conforme se puede evidenciar en el expediente con radicado núm. 11001-03-26-000-2021-00123-00, proferido
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B el 2 de marzo de
2022.file:///C:/Users/Downloads/15_1100103150002022038670015EXPEDIENTEDIGI20220715093008.pdf
11
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202203867
001100103
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014.
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desde el momento en que la accionante tuvo conocimiento de la decisión que pudo
transgredir las garantías fundamentales invocadas, lapso que claramente supera los
seis meses establecidos por la jurisprudencia para la presentación del amparo contra
providencias judiciales.
Ahora bien, corresponde a la Sala dilucidar el segundo problema jurídico planteado,
esto es, si Autopistas de Santander S. A. propuso algún desacuerdo frente a la
providencia judicial del 2 de marzo de 2022 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B.
Es de advertir, como fue señalado en líneas precedentes, que la sociedad pretende
justificar la contabilización del término de inmediatez a partir de la notificación del
recurso extraordinario de anulación, bajo el argumento de que las causales que fueron
estudiadas en sede de anulación guardan identidad con el sustento de los defectos
sustantivo y procedimental y con el desconocimiento del precedente, que invoca ahora
por vía de tutela.
Sobre el particular, esta Subsección al compartir las conclusiones a las que arribó la
Sección Primera del Consejo de Estado en el fallo de tutela de primera instancia,
considera que las controversias relacionadas con los cargos de indebida aplicación del
i) auto de unificación de 26 de mayo de 2016 proferido por el Consejo de Estado, que
desconocería el precedente constitucional establecido en la Sentencia C-437 de 2013,
ii) de los artículos 93 y 94 del Código General del Proceso y 22 de la Ley 1563 de 2012,
iii) y por no declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato, conforme lo dispone los
artículos 1742 del Código Civil y 45 de la Ley 80 de 1993, guardan identidad con los
defectos propuestos en el recurso extraordinario de anulación que se instauró en
contra del laudo arbitral del 8 de marzo de 2021.
En este orden de ideas, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en la
providencia del 2 de marzo de 2022, analizó ampliamente tales desacuerdos,
encontrándose identidad entre los argumentos esbozados en el recurso de anulación
y los planteados en la acción de tutela, como lo pone de presente el juez a quo, en el
siguiente cuadro ilustrativo:
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Argumentos expuestos en el marco Argumentos que sustentan la solicitud
recurso extraordinario de anulación de amparo
Tal como fue sintetizado en la sentencia de La sociedad actora argumentó que se
3 de marzo de 2022, los argumentos incurrió en defecto sustantivo por las
consistieron en lo siguiente: siguientes razones:
En relación con la causal 2, la recurrente i) por indebida aplicación del auto de
afirmó que no se había configurado la unificación de 26 de mayo de 2016
caducidad, pues “el Tribunal Arbitral incurrió proferido por el Consejo de Estado, puesto
en un error in procedendo al considerar que que dicha decisión no resultaba obligatoria
el auto del 26 de mayo de 2016 proferido por para el Tribunal Arbitral y tampoco existía
el Consejo de Estado constituía un identidad fáctica y jurídica “entre el caso a
precedente obligatorio para la resolución del que se refiere el Auto de Unificación y el
caso, sin parar mientes en que dicho auto no caso que estaba sub judice ante Tribunal
constituía un precedente, por lo menos no Arbitral”;
para la solución de las controversias
existentes entre Autopistas de Santander ii) por inaplicación de los artículos 93 y 94
S.A. y la ANI (…) del Código General del Proceso y 22 de la
Ley 1563 de 2012; disposiciones que
En relación con la causal 9, la recurrente establecen que “expresamente que la
afirmó que: 1) El Tribunal debía presentación de la demanda interrumpe el
pronunciarse de fondo sobre las término para la prescripción e impide que
pretensiones porque no se había se produzca la caducidad siempre que el
configurado la caducidad; 2) “El Tribunal de auto admisorio se notifique al demandado
Arbitramento dejó de decidir asuntos que, dentro del término de un (1) año contado
independientemente del tema de la a partir del día siguiente a la notificación
caducidad de las pretensiones [...] estaba en de dicha providencia al demandante”, y
la obligación de decidir, en tanto
involucraban la nulidad absoluta del Acuerdo iii) al no declarar de oficio la nulidad
Conciliatorio por violación de principios absoluta del contrato, conforme lo dispone
constitucionales, normas de orden público, los artículos 1742 del Código Civil y 45 de
desviación y abuso de poder [...]; y 3) la Ley 80 de 1993
“Habiéndose declarado competente [...] el
Tribunal Arbitral debía pronunciarse de
fondo sobre la totalidad de pretensiones y
excepciones formuladas”
En relación con la causal 7, la recurrente
afirmó que: 1) El Tribunal se separó del
derecho vigente, pues no aplicó el CGP y el
CPACA para el conteo de la caducidad.
Tampoco tuvo en cuenta que la Ley 80 de
1993, el Código Civil y el Código de
Comercio exigían el estudio oficioso de la
nulidad del acuerdo conciliatorio. El Panel
Arbitral desconoció, a su vez, la Sentencia
C-437 de 2013. 24; y 2) “El Tribunal no
expresó las razones por las cuales la
controversia podía y debía ser decidida bajo
la aplicación de un supuesto precedente
jurisprudencial”.
Debe aclarar la Sala que si bien el juez a quo consideró que el desconocimiento del
precedente contenido en la Sentencia C-437 de 2013 debía haberlo alegado en la
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oportunidad procesal, se evidencia que esta objeción también fue discutida
plenamente en el recurso de anulación.13
En esos términos, se evidencia que la solicitante del amparo no discutió la providencia
judicial proferida por la Sección Tercera de esta corporación que declaró infundado el
recurso extraordinario de anulación sino únicamente el laudo arbitral, de manera que
el juez constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo sobre un aspecto
decidido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que no fue objeto de
disenso en la presente acción, pues cualquier análisis que aquí se realizara sobre el
particular tendría que hacer mención a lo que se definió en el recurso extraordinario
de anulación.
Ahora, lo anterior no significa que el juez de tutela pueda simplemente adjudicar al
paso del tiempo el incumplimiento del principio de inmediatez, pues la jurisprudencia
ha subrayado la necesidad de examinar cada caso concreto según sus circunstancias,
de manera que se determine si la tardanza en la interposición de la tutela estuvo
justificada por una causa razonable que imposibilitó al accionante para presentarla en
el debido tiempo.
Conforme a este criterio, una vez analizadas las circunstancias y los hechos en los que
se sustenta la presente acción, así como las razones que llevaron a la sociedad
accionante a acudir a la vía constitucional, la Sala no encuentra un factor relevante
que soporte o justifique su prolongada inactividad para solicitar la defensa de sus
derechos fundamentales.
3. Conclusión
La Sala concluye que la presente acción de tutela es improcedente para la protección
de los derechos fundamentales invocados por la sociedad Autopistas de Santander S.
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, del 2 de marzo de 2022, expediente radicado núm. 11001-
03-26-000-2021-00123-00, que resolvió el recurso extraordinario de anulación propuesto por Autopistas de
Santander S.A. contra la ANI: «[…] El Auto de 25 de mayo de 2016 no desconoce la Sentencia C-437 de 2013, pues
esta providencia definió la exequibilidad del artículo 278 (parcial) del CPACA, relativo a la reforma de la demanda
en el marco de la acción electoral. En efecto, esta norma forma parte de las “disposiciones especiales para el
trámite y decisión de las pretensiones de contenido electoral” (título VIII del Código). En dicha decisión, la Corte
hizo alusión exclusivamente a la caducidad de la acción de nulidad electoral, que nada tiene que ver con el caso
discutido por el Tribunal. Cabe afirmar que la parte resolutiva de la decisión se limitó a “declarar exequible, por los
cargos analizados, el artículo 278 (parcial) de la Ley 1437 de 2011”. Además, la Providencia C-437 de 2013 es
anterior al Auto de Unificación y, en todo caso, no es contradictoria con dicha decisión».
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A., toda vez que se presentó fuera del término jurisprudencialmente establecido para
ello, y dentro del expediente no se encontraron razones válidas ni suficientes que
justifiquen su inactividad frente al ejercicio de este mecanismo constitucional, razón
por la cual se confirmará la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección
Primera.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 1.° de septiembre de 2022, dictada por
el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante la cual se declaró improcedente la
acción de tutela interpuesta por Autopistas de Santander S. A. contra el laudo arbitral
proferido el 8 de marzo de 2021 por el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de
Bogotá integrado por los señores Anne Marie Mürrle Rojas, Ricardo Vanegas Beltrán
y Sergio González Rey, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva
de esta decisión.
Segundo. Ejecutoriada esta sentencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CRG
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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