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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00123-00

Fecha
2 de marzo de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2021-00123-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación interpuesto contra el Laudo Arbitral de 8 de marzo de 2021, proferido por el Tribunal Arbitral integrado para dirimir las controversias surgidas entre Autopistas de Santander S.A. y la Agencia Nacional de Infraestructura, en el marco del contrato de concesión 2 de 2006. SEGUNDO: CONDENAR en costas a Autopistas de Santander S.A. a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura. Por Secretaría, se ordena liquidar las costas, que incluirán diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta Sentencia por concepto de agencias en derecho. TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2021-00123-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

2 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 2 de marzo de 2022

Radicación número: 11001-03-26-000-2021-00123-00 (67069)
Recurrente: Autopistas de Santander S.A.–ASSA
Referencia: Recurso extraordinario de anulación

Laudo Arbitral recurrido:

Convocante: Autopistas de Santander S.A.–ASSA
Convocado: Agencia Nacional de Infraestructura–ANI

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN – causales 2, 7 y 9 del artículo 41 de la
Ley 1563 de 2012

Síntesis: mediante un Laudo Arbitral, un Tribunal declaró la caducidad respecto de las
pretensiones de la reforma de la demanda que no habían sido formuladas en la demanda
inicial, y se inhibió de decidir de fondo sobre estas. La actora recurrió el Laudo e invocó las
causales de anulación segunda, novena y séptima. Adujo que el medio de control no
estaba caducado y que el Tribunal había omitido pronunciarse sobre cuestiones que
estaban sujetas al arbitraje y que, por ley, debía definir. Por último, la recurrente señaló que
el Tribunal no había decidido de conformidad con el derecho vigente y no había expuesto
los fundamentos jurídicos del Laudo.

Decide la Sala el recurso extraordinario de anulación interpuesto por
Autopistas de Santander S.A. (ASSA) en contra del Laudo Arbitral de 8 de
marzo de 2021, proferido por el Tribunal Arbitral integrado para dirimir las
controversias surgidas entre ASSA, como parte convocante, y la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI), como parte convocada.

La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del
presente recurso de anulación, según el artículo 46 de la Ley 1563 de 20121,

1 “Artículo 46. COMPETENCIA. [...]

Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudo <sic> arbitrales en los que intervenga una entidad
pública o quien desempeñe funciones administrativas, será competente la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”.

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00123-00 (67069)
Recurrente: Autopistas de Santander S.A.–ASSA
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
Decisión: Declara infundado el recurso
extraordinario de anulación
ya que la ANI es una Agencia Nacional Estatal Especial del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva de la administración pública2.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Demandas arbitrales y trámite – 1.2. Cláusula compromisoria y Laudo Arbitral
– 1.3. Recurso extraordinario de anulación y trámite

1.1. Demandas arbitrales y trámite

1. El 13 de marzo de 2018, ASSA presentó una demanda ante el Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante la
cual convocó a la ANI a un trámite arbitral3 4.

2 Artículo 1 del Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011.
3 F. 1-38 del cuaderno 1.
4 En la cual incluyó las siguientes pretensiones principales (se trascribe):

“PRIMERA.- Que se declare que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI violó la ley y desconoció lo pactado
en el Contrato de Concesión No. 002 de 2016 y en el Acuerdo Conciliatorio para la Terminación Anticipada por
Mutuo Acuerdo de dicho Contrato, al disponer, mediante la Resolución No. 1434 del 26 de septiembre de 2016
modificada por la Resolución No. 1545 del 19 de octubre de 2016, que los excedentes de la Subcuenta Principal
del Patrimonio Autónomo del Contrato de Concesión No. 002 de 2016 debían ser transferidos a la Subcuenta
Excedentes INCO de dicho Patrimonio Autónomo como consecuencia de la terminación anticipada del Contrato
de Concesión No. 002 de 2006.
SEGUNDA.- Que se declare que Autopistas de Santander S.A. es titular de los excedentes existentes en la
Subcuenta Principal del Patrimonio Autónomo del Contrato de Concesión No. 002 de 2006 para el momento en
que se efectuó la liquidación unilateral de dicho Contrato.
TERCERA.- Que como consecuencia de la prosperidad de las anteriores pretensiones, se dejen sin efecto las
Resoluciones de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI No. 1434 del 26 de septiembre de 2016 y No. 1545
del 19 de octubre de 2016, en lo referente a la destinación que en las mismas se ordena de los excedentes de la
Subcuenta Principal del Patrimonio Autónomo del Contrato de Concesión No. 002 de 2006.
CUARTA.- Que se declare que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI violó la ley y desconoció lo pactado
en el Contrato de Concesión No. 002 de 2006 y en el Acuerdo Conciliatorio para la Terminación Anticipada por
Mutuo Acuerdo de dicho Contrato, al imponer a Autopistas de Santander S.A., mediante la Resolución No. 1434
del 26 de septiembre de 2016 modificada por la Resolución No. 1545 del 19 de octubre de 2016, la obligación de
entregar la documentación del Contrato de Concesión No. 002 de 2006 y los expedientes prediales conforme a la
normativa del Archivo Nacional y al Sistema de Gestión de Calidad de la Agencia Nacional de Infraestructura –
ANI.
QUINTA.- Que como consecuencia de la prosperidad de las anteriores pretensiones, se declare que Autopistas de
Santander S.A. no se encuentra obligada a entregar la documentación del Contrato de Concesión No. 002 de
2006 y los expedientes prediales conforme a la normativa del Archivo Nacional y al Sistema de Gestión de Calidad
de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.
SEXTA.- Que como consecuencia de la prosperidad de la anterior pretensión, se dejen sin efectos las Resoluciones
de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI No. 1434 del 26 de septiembre de 2016 y No. 1545 del 19 de octubre
de 2016, en los referente a la obligación que le imponen a Autopistas de Santander S.A. de entregar la
documentación del Contrato de Concesión No. 002 de 2006 y los expedientes prediales conforme a la normativa
del Archivo Nacional y al Sistema de Gestión de Calidad de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.
SEPTIMA.- Que se condene a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI al pago de las costas del proceso
arbitral, incluidas las agencias en derecho”.

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00123-00 (67069)
Recurrente: Autopistas de Santander S.A.–ASSA
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
Decisión: Declara infundado el recurso
extraordinario de anulación
2. El 26 de noviembre de 2018, la ANI presentó una demanda de
reconvención5.

3. El 11 de marzo de 2019, ASSA presentó una reforma de la demanda6 7,
en la cual incluyó nuevas pretensiones, y el 7 de mayo de 2019, la ANI
presentó una reforma a la demanda de reconvención8.

5 F. 277-296 del cuaderno 1.
6 F. 350-433 del cuaderno 1.
7 En la cual incluyó las siguientes pretensiones principales (se trascribe):

“PRETENSIONES RELATIVAS A LA IMPOSICIÓN DE LA RENUNCIA A LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PREVISTA PARA EL
CÁLCULO DE LA COMPENSACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 002 de 2006
PRIMERA.- Que se declare que el Contrato de Concesión No. 002 de 2006 establecía en su cláusula 48.1. las
fórmulas para cuantificar la compensación por la terminación anticipada del Contrato de Concesión.
SEGUNDA.- Que se declare que el Contrato de Concesión No. 002 de 2006 terminó en forma anticipada por mutuo
acuerdo.
TERCERA.-. Que se declare que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI violó la ley y desconoció el Contrato
de Concesión No. 002 de 2006, al imponer a la sociedad Autopistas de Santander S.A. la renuncia a la aplicación
de las fórmulas establecidas en la cláusula 48.1 del Contrato para el cálculo de la compensación por la
terminación anticipada del mismo y, en su lugar, fijar como compensación una suma de dinero significativamente
menor a la resultante de aplicar la fórmula prevista en el Contrato.
CUARTA.- Que como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad de las siguientes cláusulas del Acuerdo
Conciliatorio para la Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo del Contrato de Concesión No. 002 de 2006, de
fecha 17 de noviembre de 2015:
i) Cláusula sexta parcialmente en cuanto dispone que: “Las partes acuerdan que para efectos de determinar la
compensación por la terminación anticipada de mutuo acuerdo del Contrato de Concesión No. 002 de 2006, no
darán aplicación a la fórmula prevista en el numeral 48.1 de la Cláusula 48. En este sentido las partes acuerdan
que con la suma de $108.781.410.385, 54 el CONCESIONARIO queda compensado por la terminación y de mutuo
acuerdo del Contrato de Concesión No. 002 de 2006, decisión sobre la cual no serán procedentes revisiones,
ajustes o reconocimientos económicos adicionales a favor de ninguna de las partes” y,
ii) Cláusula séptima.
QUINTA.- Que se declare la nulidad parcial del numeral primero de la parte resolutiva de la Resolución No. 1434
del 26 de septiembre de 2016 por medio de la cual se liquidó unilateralmente el Contrato de Concesión No. 002
de 2006 en cuanto a la suma que allí se indica como valor de la compensación por terminación anticipada del
Contrato de Concesión No. 002 de 2006 y que está consignado en el cuadro de “valor pagado”.
SEXTA.- Que se establezca el valor de la compensación por la terminación anticipada de conformidad con lo
establecido en la cláusula 48.1 del Contrato de Concesión No. 002 de 2006.
SEPTIMA.- Que se tenga la suma pagada por parte de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA- ANI en
desarrollo del Acuerdo Conciliatorio para la Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo del Contrato de
Concesión No. 002 de 2006, de fecha 17 de noviembre de 2015, como un abono al valor de la compensación que
por terminación anticipada resulte de aplicar lo dispuesto en la cláusula 48.1 del Contrato de acuerdo con la
pretensión anterior.
OCTAVA.- Que como consecuencia de las declaraciones anteriores se condene a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA- ANI a pagar a favor de la sociedad AUTOPISTAS DE SANTANDER S.A. la diferencia existente entre
el valor que resulte de aplicar lo dispuesto en la cláusula 48.1 del Contrato de Concesión No. 002 de 2006 y el valor
que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA- ANI efectivamente pagó en desarrollo del Acuerdo
Conciliatorio para la Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo del Contrato de Concesión No. 002 de 2006, de
fecha 17 de noviembre de 2015.
NOVENA- Que las sumas a que hace referencia la anterior pretensión se paguen con adición de intereses
moratorios liquidados a la máxima tasa legalmente permitida, desde el momento en que se profiera el Laudo
Arbitral.
[...]
DECIMOTERCERA.- Que se declare que AUTOPISTAS DE SANTANDER S.A. revirtió a satisfacción de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI toda la documentación referente a la ejecución del Contrato de
Concesión No. 002 de 2006”.
8 F. 526-563 del cuaderno 1.

Radicación:
11001-03-26-000-2021-00123-00 (67069)
Recurrente:
Autopistas de Santander S.A.–ASSA
Referencia:
Recurso extraordinario de anulación
Decisión:
Declara infundado el recurso
extraordinario de anulación
4. El 23 de abril de 2019, la ANI contestó la reforma de la demanda9, en la
cual formuló, entre otras, la excepción de “caducidad de la acción para
impugnar el acuerdo conciliatorio para la terminación anticipada por
mutuo acuerdo del contrato”, en la cual consideró que la demanda debía
haberse presentado dentro de los 2 años contados a partir de la celebración
del Acuerdo Conciliatorio de 18 de febrero de 2016.

5. El 4 de diciembre de 2019, se desarrolló la primera audiencia de trámite.
En el Auto 2810 proferido en dicha audiencia, el Tribunal decidió (se
trascribe):

“Sin perjuicio de lo que se decida en el laudo, declarar competente para
conocer y decidir en derecho de las controversias surgidas entre ASSA y ANI,
planteadas en las pretensiones de la reforma de la demanda [...]”.

1.2. Cláusula compromisoria y Laudo Arbitral

6. El pacto arbitral en virtud del cual se presentaron las demandas arbitrales
está incluido en la cláusula “57. Solución de controversias” del contrato de
concesión 2 de 2006 suscrito entre las partes el 29 de diciembre de 2006 y
cuyo objeto consistía en “el otorgamiento al Concesionario de una
concesión para que [...] realice por su cuenta y riesgo, los estudios y diseños
definitivos, gestión predial, gestión social, gestión ambiental, financiación,
construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del
proyecto de concesión vial ‘Zona Metropolitana de Bucaramanga – ZMB’”
(se trascribe):

“57.5 Cualquier divergencia que surja entre las partes con ocasión de la
celebración, ejecución o liquidación de este contrato, que no sea posible
solucionar amigablemente entre las partes, será dirimida por un Tribunal de
Arbitramento, de conformidad con las reglas que en adelante se establecen.
[...]”.

7. El 8 de marzo de 2021, el Tribunal Arbitral dictó el Laudo11, en el cual
accedió a algunas pretensiones de la reforma de la demanda, declaró la

9 F. 466-505 del cuaderno 1.
10 F. 210-220 del cuaderno 2.
11 Contenido en la siguiente ruta de documentos compartidos (índice Samai 164): 15613, 01. Principal, Principal No.

4, documento 2.

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00123-00 (67069)
Recurrente: Autopistas de Santander S.A.–ASSA
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
Decisión: Declara infundado el recurso
extraordinario de anulación
caducidad respecto de otras y se inhibió de decidir de fondo sobre estas (se
trascribe):

“PRIMERO: Declarar probada la excepción de caducidad de la acción
respecto de las pretensiones primera a novena, con las respectivas subsidiarias,
de la Demanda Reformada y, en consecuencia, inhibirse de decidir de fondo
sobre ellas.
[...]
TERCERO: Declarar de oficio la caducidad de la acción respecto de la
pretensión decimotercera de la Demanda Reformada y, en consecuencia,
inhibirse de decidir de fondo sobre ella.
[...]”.

8. Al estudiar la “caducidad de las nuevas pretensiones formuladas en la
Demanda Reformada”, el Tribunal adujo que “en sus alegaciones finales, la
ANI plante[ó] una caducidad originada por un motivo diferente del aducido
como fundamento de la excepción propuesta en la Contestación de la
Demanda Reformada”, pues en la excepción se refirió a la caducidad de
la totalidad de las pretensiones y en los alegatos indicó la configuración de
la caducidad exclusivamente respecto de las nuevas pretensiones
contenidas en la demanda reformada.

9. Para definir la caducidad, el Panel Arbitral indicó que el medio de control
ejercido por la convocante era el de controversias contractuales y que el
conteo de la caducidad debía realizarse de acuerdo con el CPACA. El
Laudo señaló que las nuevas pretensiones formuladas en la reforma de la
demanda estaban caducadas. Definió que al caso concreto le era
aplicable el Auto de Unificación de 26 de mayo de 2016, que unificó la
jurisprudencia en relación con “la necesidad de verificar el fenómeno
procesal de la caducidad respecto de todas las nuevas pretensiones que se
eleven en ejercicio del derecho de acción, cuando ello suceda en el marco
de la presentación de un escrito de adición de una demanda inicialmente
interpuesta”. Este Auto fue proferido antes de la presentación de la
demanda y la reforma de la demanda de ASSA. Además, el Tribunal hizo
referencia a varias Sentencias recientes en las que el Consejo de Estado
determinó la caducidad de acuerdo con la referida Providencia de
Unificación y señaló la obligatoriedad del precedente (se trascribe):

“El término de caducidad en el caso concreto comenzó su cómputo al día
siguiente de la ejecutoria del acto de liquidación unilateral, esto es, desde el

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00123-00 (67069)
Recurrente: Autopistas de Santander S.A.–ASSA
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
Decisión: Declara infundado el recurso
extraordinario de anulación
día 21 de octubre de 2016 y, en consecuencia, el término de caducidad de dos
años venció el 21 de octubre de 2018.
En tales condiciones, la acción para reclamar las nuevas pretensiones
formuladas en la Demanda Reformada, diferentes a las planteadas en la
Demanda inicial, se encontraba caducada para el 11 de marzo de 2019, fecha
en la que se radicó dicha reforma, de acuerdo con el entendimiento del
Consejo de Estado en providencia de unificación y reiterada jurisprudencia de
la misma Corporación, precedente del cual este Tribunal no encuentra
fundamento para apartarse y por consiguiente le resulta vinculante”.

1.3. Recurso extraordinario de anulación y trámite

10. El 22 de abril de 2021, ASSA interpuso recurso extraordinario de
anulación12, con fundamento en las causales contenidas en los numerales
2, 9 y 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 201213, y pidió que se declarara la
nulidad de los numerales primero y tercero del Laudo.

11. En relación con la causal 2, la recurrente afirmó que no se había
configurado la caducidad, pues “el Tribunal Arbitral incurrió en un error in
procedendo al considerar que el auto del 26 de mayo de 2016 proferido por
el Consejo de Estado constituía un precedente obligatorio para la resolución
del caso, sin parar mientes en que dicho auto no constituía un precedente,
por lo menos no para la solución de las controversias existentes entre
Autopistas de Santander S.A. y la ANI, dado que”:

12. 1) “No hay identidad fáctica ni jurídica entre el caso a que se refiere el
auto de unificación y el caso que estaba sub judice ante el Tribunal de
Arbitramento”. Según ASSA, los supuestos fácticos eran distintos, pues en ese
caso se solicitó la reparación del daño causado por la muerte de un familiar;
el Auto advirtió que la unificación tenía lugar exclusivamente respecto de la
“acción de reparación directa”; a diferencia de lo dispuesto en el Auto de
Unificación, que se fundamentó en el CCA y el CPC, en el Laudo debían
aplicarse las normas del CPACA, el Estatuto Arbitral y el CGP, que no

12 Índice Samai 2.
13 “ARTÍCULO 41. CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN. Son causales del recurso de anulación:

(…)
2. La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia.
(…)
7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca
manifiesta en el laudo.
(…).
9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo
pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”.

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00123-00 (67069)
Recurrente: Autopistas de Santander S.A.–ASSA
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
Decisión: Declara infundado el recurso
extraordinario de anulación
establecen la caducidad para la adición de nuevas pretensiones en la
reforma de la demanda.

13. 2) “El auto no podía aplicarse como precedente en tanto fue proferido
con fundamento en normas que por tránsito legislativo habían perdido
vigencia”. A juicio de la recurrente, los artículos 137 del CPACA y 93 del CGP
“permiten la adición de nuevas pretensiones sin condicionamiento alguno
diferente a exigir que se cumplan los requisitos de procedibilidad. Así mismo,
que las disposiciones del CGP aclaran que la presentación de la demanda
hace inoperante la caducidad de la acción”. “El auto de unificación
contradice las normas vigentes del CPACA y del CGP”.

14. 3) “El Auto del 26 de mayo de 2016 no podía aplicarse como precedente
en tanto desconoce la ley e interfiere en la órbita del legislador”.

15. 4) “El auto de 26 de mayo de 2016 desconoce abiertamente el
precedente constitucional establecido en la sentencia C-437 de 2013”, que
dispone que la restricción de caducidad en la adición de nuevas
pretensiones en la reforma de la demanda “es válida únicamente en
cuanto tenga respaldo constitucional ya sea en su naturaleza especial o en
el término perentorio para tomar la decisión como ocurre respecto de la
acción electoral”.

16. 5) “Los árbitros no estaban sujetos al precedente”, pues “la justicia
arbitral es de única instancia [y] no tiene superior jerárquico”.

17. 6) “El Tribunal también erró cuando declaró probada la excepción de
caducidad formulada por la ANI, en tanto esta entidad jamás propuso la
excepción en los términos en que fue resuelta por el Tribunal”.

18. En relación con la causal 9, la recurrente afirmó que:

19. 1) El Tribunal debía pronunciarse de fondo sobre las pretensiones porque
no se había configurado la caducidad. “Desde ningún punto de vista resulta
admisible justificar la inhibición en la caducidad”.

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00123-00 (67069)
Recurrente: Autopistas de Santander S.A.–ASSA
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
Decisión: Declara infundado el recurso
extraordinario de anulación
20. 2) “El Tribunal de Arbitramento dejó de decidir asuntos que,
independientemente del tema de la caducidad de las pretensiones [...]
estaba en la obligación de decidir, en tanto involucraban la nulidad
absoluta del Acuerdo Conciliatorio por violación de principios
constitucionales, normas de orden público, desviación y abuso de poder [...]
la nulidad absoluta y parcial del Acuerdo Conciliatorio para la Terminación
por Mutuo Acuerdo del Contrato estaba plenamente demostrada en el
proceso”.

21. 3) “Habiéndose declarado competente [...] el Tribunal Arbitral debía
pronunciarse de fondo sobre la totalidad de pretensiones y excepciones
formuladas”.

22. En relación con la causal 7, la recurrente afirmó que:

23. 1) El Tribunal se separó del derecho vigente, pues no aplicó el CGP y el
CPACA para el conteo de la caducidad. Tampoco tuvo en cuenta que la
Ley 80 de 1993, el Código Civil y el Código de Comercio exigían el estudio
oficioso de la nulidad del acuerdo conciliatorio. El Panel Arbitral desconoció,
a su vez, la Sentencia C-437 de 2013.

24. 2) “El Tribunal no expresó las razones por las cuales la controversia podía
y debía ser decidida bajo la aplicación de un supuesto precedente
jurisprudencial”.

25. El 18 de mayo de 2021, la ANI y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado se opusieron al recurso de anulación14.

26. Mediante el Auto de 26 de julio de 202115, este Despacho admitió el
recurso.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Objeto del litigio – 2.2. Generalidades y configuración de la causal segunda
de anulación – 2.3. Generalidades y configuración de la causal novena de anulación – 2.4.
Generalidades y configuración de la causal séptima de anulación – 2.5. Condena en costas

14 Contenido en la siguiente ruta de documentos compartidos (índice Samai 164): 15613, 01. Principal, Principal

No. 4, documento 10 y 11.
15 Índice Samai 4.

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00123-00 (67069)
Recurrente: Autopistas de Santander S.A.–ASSA
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
Decisión: Declara infundado el recurso
extraordinario de anulación

2.1. Objeto del litigio

27. En consideración a los argumentos presentados en el recurso
extraordinario de anulación, la Sala deberá establecer si procede la
anulación del Laudo Arbitral por la configuración de las causales 2, 9 y 7 del
artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. De conformidad con las razones que se
expondrán a continuación, la Sala declarará que resultan infundadas todas
las causales invocadas.

2.2. Generalidades y configuración de la causal segunda de anulación

28. La causal contenida en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de
2012 dispone que el Laudo recurrido podrá ser anulado cuando exista
“caducidad de la acción”. Esta Subsección ha considerado que de la
abierta redacción de la causal y de la falta de calificación de la caducidad
por parte del legislador se desprende que la causal se configura cuando el
Tribunal haya decidido de fondo, pese a que la acción estaba caducada,
y cuando el Laudo haya declarado indebidamente la caducidad16.

29. A este último supuesto, que estudiará la Sala a continuación, no le es
aplicable el requisito de procedibilidad exigido en el penúltimo inciso del
artículo 41 del Estatuto Arbitral, que establece que la causal segunda “sólo
podr[á] invocarse si el recurrente hizo valer los motivos constitutivos de ell[a]
mediante recurso de reposición contra el auto de asunción de
competencia”. Esto, pues en dicho supuesto, este requisito es de imposible
cumplimiento17.

30. Así pues, la Sala prescindirá de estudiar el cumplimiento del requisito de
procedibilidad por parte de la recurrente y pasará a determinar si la causal
segunda de anulación se configuró en el caso concreto, ya que el Tribunal
declaró probada la excepción de caducidad respecto de las pretensiones
primera a novena, con las respectivas subsidiarias, de la reforma de la

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 15 de

noviembre de 2019, exp. 62535.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 15 de

noviembre de 2019, exp. 62535.

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00123-00 (67069)
Recurrente: Autopistas de Santander S.A.–ASSA
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
Decisión: Declara infundado el recurso
extraordinario de anulación
demanda y declaró de oficio la caducidad respecto de la pretensión
decimotercera de la reforma de la demanda. Se estudiarán cada uno de
los argumentos presentados en el recurso, según los cuales el Tribunal erró
al haber considerado al Auto de Unificación de 25 de mayo de 201618 del
Consejo de Estado como un precedente obligatorio para la resolución del
caso:

31. 1) No es cierto que no existiera “identidad fáctica ni jurídica entre el caso
a que se refiere el auto de unificación y el caso que estaba sub judice ante
el Tribunal de Arbitramento”. Los hechos jurídicamente relevantes que
justificaron la Sentencia de Unificación sí son similares al caso bajo análisis,
pues en dicho proceso la parte actora reformó la demanda y adicionó
nuevas pretensiones y el problema jurídico a definir por el Consejo de Estado
fue “determinar si resulta[ba] procedente admitir dichos aditamentos, a
pesar de que para el momento de realizarlos ya hubiese trascurrido el plazo
de caducidad de la acción”. Así pues, desde el punto de vista procesal, el
problema al que se enfrentó la Corporación fue el mismo que debió resolver
el Tribunal. Además, la Corporación tampoco delimitó la aplicación de la
unificación a hechos particulares. Esta decidió (se trascribe):

“UNIFICAR Y ADOPTAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en relación con (i) la necesidad de verificar el fenómeno procesal de la
caducidad respecto de todas las nuevas pretensiones que se eleven en
ejercicio del derecho de acción, cuando ello suceda en el marco de la
presentación de un escrito de adición de una demanda inicialmente
interpuesta [...]”.

32. Tampoco es cierto que la unificación se haya referido exclusivamente a
la acción o medio de control de reparación directa, pues el Auto jamás
restringió su decisión a este. Al contrario, en su parte resolutiva, la
providencia unificó la jurisprudencia en relación al general “ejercicio del
derecho de acción”.

33. Si bien el Auto de Unificación se fundamentó en el CCA y el CPC, las
disposiciones relativas a la reforma de la demanda incluidas en el CPACA y
el CGP no determinan expresamente que no existe caducidad de las

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 25 de mayo de 2016,

exp. 40077.
El recurso, equivocadamente, afirmó que el Auto fue expedido el 26 de mayo de 2016.

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00123-00 (67069)
Recurrente: Autopistas de Santander S.A.–ASSA
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
Decisión: Declara infundado el recurso
extraordinario de anulación
nuevas pretensiones incluidas en la reforma de la demanda. De hecho,
ninguno de los dos referidos Códigos vigentes alude a la suspensión o a la
interrupción de la caducidad de las pretensiones cuando se hayan
presentado otras con anterioridad. Por lo tanto, no hubo un cambio
sustancial en la legislación respecto del problema jurídico estudiado.

34. Lo anterior denota que todavía existe un vacío legislativo al respecto,
por lo que sigue siendo obligación del juez interpretar tales normas para
brindar una apariencia de completitud al ordenamiento jurídico y la
interpretación definida en el Auto de Unificación sigue siendo válida, más
aún cuando los argumentos y los motivos que sustentaron la Decisión siguen
vigentes y no ha existido un cambio jurisprudencial en relación al problema
estudiado.

35. Además, la parte resolutiva del citado Auto definió “la necesidad de
verificar el fenómeno procesal de la caducidad respecto de todas las
nuevas pretensiones que se eleven en ejercicio del derecho de acción”. Por
lo tanto, las consideraciones de la providencia se refieren, en términos
generales, al “ejercicio del derecho de acción”, sin limitar su aplicación a
un determinado estatuto procesal.

36. 2) En virtud de lo anterior, la Sala tampoco comparte la afirmación de la
recurrente según la cual “el auto no podía aplicarse como precedente en
tanto fue proferido con fundamento en normas que por tránsito legislativo
habían perdido vigencia”. Al respecto, se reitera que en el CPACA y el CGP
existe el mismo vacío contenido en el CCA y el CPC respecto de la
caducidad de las nuevas pretensiones incluidas en la reforma de la
demanda y la interpretación definida en el Auto de Unificación en relación
con dicho vacío sigue siendo vigente. Por lo tanto, no existe contradicción
alguna entre el Auto de Unificación y las normas vigentes.

37. 3) ASSA afirmó que el Auto de Unificación tampoco “podía aplicarse
como precedente en tanto desconoce la ley e interfiere en la órbita del
legislador”. La Sala destaca que el recurso extraordinario de anulación no
es el escenario procesal para discutir la coherencia de una providencia
judicial, como lo es la Providencia de Unificación, con el ordenamiento
jurídico, por lo que no ahondará en este argumento.

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00123-00 (67069)
Recurrente: Autopistas de Santander S.A.–ASSA
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
Decisión: Declara infundado el recurso
extraordinario de anulación

38. 4) El Auto de 25 de mayo de 2016 no desconoce la Sentencia C-437 de
2013, pues esta providencia definió la exequibilidad del artículo 278 (parcial)
del CPACA, relativo a la reforma de la demanda en el marco de la acción
electoral. En efecto, esta norma forma parte de las “disposiciones especiales
para el trámite y decisión de las pretensiones de contenido electoral” (título
VIII del Código). En dicha decisión, la Corte hizo alusión exclusivamente a la
caducidad de la acción de nulidad electoral, que nada tiene que ver con
el caso discutido por el Tribunal. Cabe afirmar que la parte resolutiva de la
decisión se limitó a “declarar exequible, por los cargos analizados, el artículo
278 (parcial) de la Ley 1437 de 2011”. Además, la Providencia C-437 de 2013
es anterior al Auto de Unificación y, en todo caso, no es contradictoria con
dicha decisión.

39. 5) El juez natural de cualquier conflicto que surja de un contrato estatal
es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin embargo, al incluir una
cláusula compromisoria en un acuerdo de este tipo, las partes sustraen el
conocimiento de un eventual litigio de la jurisdicción y determinan que un
Tribunal Arbitral será el juez de dicho contrato. Ahora, que la controversia
sea resuelta por la justicia arbitral no implica que el Panel Arbitral pueda
fundamentar su decisión en fuentes jurídicas distintas a las utilizadas por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo ¡Todo lo contrario! El juez de lo
contencioso administrativo y el Tribunal Arbitral deben motivar su decisión
en el mismo sistema de fuentes de derecho, el cual incluye, evidentemente,
la jurisprudencia del Consejo de Estado y las sentencias de unificación que
atañan al caso. Lo anterior lo confirma la misma recurrente, quien
fundamentó sus argumentos jurídicos, presentados a lo largo del proceso
arbitral, en innumerables sentencias de esta Corporación.

40. Además, según el artículo 1 de la Ley 1563 de 2012, “en los tribunales en
que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones
administrativas [...] el laudo deberá proferirse en derecho”. Así, cuando la
decisión arbitral se haya tomado con ausencia de fundamento jurídico, se
configurará la causal séptima de anulación, que dispone que se anulará un
Laudo cuando el Tribunal haya “fallado en conciencia o equidad, debiendo
ser en derecho”.

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00123-00 (67069)
Recurrente: Autopistas de Santander S.A.–ASSA
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
Decisión: Declara infundado el recurso
extraordinario de anulación
41. Al igual que los jueces, los árbitros están obligados a seguir los
precedentes judiciales y, excepcionalmente, en caso de apartarse, deben
ofrecer una justificación suficiente para tal fin. Las sentencias de unificación
“se constituyen en norma nueva que pasa a integrar el ordenamiento
jurídico, ya que se ocupa de la interpretación de la ley formalmente
considerada con miras a su aplicación obligatoria o vinculante”19.

42. 6) El juicio presentado por la recurrente según el cual “el Tribunal [...] erró
cuando declaró probada la excepción de caducidad formulada por la ANI,
en tanto esta Entidad jamás propuso la excepción en los términos en que
fue resuelta por el Tribunal” no encuadra dentro de la causal segunda de
anulación correspondiente a la declaración indebida de caducidad. En
efecto, en virtud de esta causal, no le corresponde a esta Corporación
definir si una decisión del Tribunal es de oficio o responde a una excepción
formulada por la contraparte. Por lo tanto, la Sala no estudiará este
argumento.

2.3. Generalidades y configuración de la causal novena de anulación

43. La causal de anulación contenida en el numeral 9 del artículo 41 de la
Ley 1563 de 2012 dispone que un Laudo debe anularse cuando este “ha[ya]
recaído [...] sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, ha[ya]
concedido más de lo pedido o no ha[ya] decidido sobre cuestiones sujetas
al arbitramento”.

44. La norma se refiere a Laudos extra petita, en los cuales el Tribunal haya
resuelto sobre asuntos no sujetos a su decisión, ultra petita, cuando haya
concedido más de lo pedido, y citra petita, cuando no haya resuelto sobre
una cuestión sometida al arbitraje.

45. En el presente caso, ASSA adujo que el Tribunal había emitido un Laudo
citra petita. A continuación, la Sala estudiará cada uno de los argumentos
presentados en el recurso al respecto:

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 27 de Julio de 2017,

exp. 11001-03-28-000-2016-00060-00.

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00123-00 (67069)
Recurrente: Autopistas de Santander S.A.–ASSA
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
Decisión: Declara infundado el recurso
extraordinario de anulación
46. 1) Contrario a lo afirmado por la recurrente, el Tribunal no debía
pronunciarse de fondo sobre las pretensiones que declaró caducadas. Ello,
pues el Panel Arbitral consideró que no se cumplió con el presupuesto
procesal relativo a la oportunidad en la interposición de la reforma de la
demanda respecto de las nuevas pretensiones incluidas en ella, por lo que
no debía estudiar el fondo de estas.

47. 2) Por otra parte, la recurrente sostuvo que el Tribunal estaba obligado a
decidir las pretensiones que consideró caducadas “en tanto involucraban
la nulidad absoluta del Acuerdo Conciliatorio por violación de principios
constitucionales, normas de orden público, desviación y abuso de poder”.
ASSA consideró que la nulidad absoluta y parcial del Acuerdo Conciliatorio
estaba acreditada en el proceso.

48. Evidentemente, el referido argumento es un juicio sustantivo de la
recurrente sobre el caso concreto y demuestra su inconformidad con la
decisión tomada por el Tribunal. Sin embargo, la Sala no funge como juez
del contrato, sino como juez de anulación del Laudo y decidir sobre la
eventual nulidad del Acuerdo Conciliatorio implicaría entrar en el fondo del
litigio y revivir un debate jurídico y probatorio, lo que escapa a las facultades
de esta Corporación. En efecto, para estudiar este argumento, la Sala
debería verificar si están probados los presupuestos para declarar la referida
nulidad y determinar si el Panel Arbitral erró al no haberla declarado de
oficio; ello no corresponde a las funciones del juez de anulación, ya que este
recurso no es la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda
instancia.

49. 3) Por último, a juicio de ASSA, luego de haberse declarado competente,
el Tribunal debía pronunciarse de fondo sobre la totalidad de las
pretensiones y excepciones formuladas. Este evento no encuadra dentro de
la causal novena de anulación. Además, la afirmación de la recurrente es
errada, pues no existe norma que impida al Tribunal declarar la caducidad
con posterioridad a haberse declarado competente en la primera
audiencia de trámite.

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00123-00 (67069)
Recurrente: Autopistas de Santander S.A.–ASSA
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
Decisión: Declara infundado el recurso
extraordinario de anulación
2.4. Generalidades y configuración de la causal séptima de anulación

50. La causal contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de
2012 dispone que el Laudo recurrido podrá ser anulado cuando el Tribunal
haya “fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre
que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”.

51. Esta causal puede declararse fundada cuando se verifique uno de los
tres siguientes supuestos: (1) cuando el Laudo se funde exclusivamente en la
equidad si debía ser en derecho; (2) cuando la decisión se haya tomado
con ausencia de fundamento jurídico o cuando la fundamentación jurídica
presentada por el Panel Arbitral no sustente lógicamente la decisión20, y (3)
cuando en esta se observe una total ausencia de un análisis probatorio o
cuando el Laudo haga referencia a pruebas que no fundamenten
objetivamente la decisión21. A continuación, la Sala estudiará cada uno de
los argumentos presentados en el recurso respecto de la configuración de
esta causal:

52. 1) La recurrente repitió varios de los argumentos ya esgrimidos en
relación con otras causales invocadas. En primer lugar, adujo que el Tribunal
había inaplicado el CGP y el CPACA para el conteo de la caducidad, lo
cual no es cierto, pues, tal como aclaró previamente la Sala, el Auto de
Unificación de 25 de mayo de 2016 no desconoce tales ordenamientos. En
segundo lugar, se refirió a la obligatoriedad del análisis oficioso de la nulidad
del acuerdo conciliatorio, el cual constituiría un estudio de fondo de la
decisión tomada por los árbitros. Por último, ASSA reiteró el desconocimiento
de la Sentencia C-437 de 2013 por parte del Tribunal, el cual no existió
debido a que dicha providencia no atañe al caso concreto.

53. 2) Finalmente, no es cierto, como se afirma en el recurso, que el Tribunal
no haya expresado “las razones por las cuales la controversia podía y debía

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 24 de mayo de 2006,

exp. 35564. Ver también Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de
7 de junio de 2007, exp. 32896; Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 27 de mayo de 2015, exp. 52930;
Subsección B, Sentencia de 26 de abril de 2017, exp. 5585; Subsección A, Sentencia de 17 de agosto de 2017, exp.
56347.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 28 de

abril de 2021, exp. 66109; Sentencia de 3 de abril de 2020, exp. 63513 y Sentencia de 26 de abril de 2017, exp.
55852.

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00123-00 (67069)
Recurrente: Autopistas de Santander S.A.–ASSA
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
Decisión: Declara infundado el recurso
extraordinario de anulación
ser decidida bajo la aplicación de un supuesto precedente jurisprudencial”.
En efecto, dentro de las “consideraciones del Tribunal en relación con la
caducidad respecto de las pretensiones formuladas en la Demanda
Reformada, no contenidas en la Demanda inicial”, el Panel Arbitral estudió
a fondo el Auto de 25 de mayo de 2016, citó varias providencias del Consejo
de Estado en las que la Corporación aplicó la referida Unificación, hizo
alusión al carácter obligatorio del precedente y, por último, determinó la
aplicación del Auto al caso concreto. La decisión se fundamentó
razonablemente en derecho, ya que los árbitros aplicaron la ley y para
interpretarla podían válidamente tener en cuenta la jurisprudencia del
Consejo de Estado.

2.5. Condena en costas

54. Toda vez que el recurso de anulación se declarará infundado, resulta
aplicable el último inciso del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, según el cual,
si este recurso no prospera, se condenará en costas a la recurrente22. La Sala
fijará las agencias en derecho en una suma de 10 salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la ejecutoria de esa decisión23. Ello, pues, por una
parte, está acreditada la intervención de la convocada, quien se opuso a
la prosperidad del recurso y, por otra, no se presentó un hecho
extraordinario en el trámite propio del recurso, que hubiera dificultado el
proceso con actuaciones adicionales, ni se observan otros gastos.

3. DECISIÓN

55. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

22 Se aclara que respecto de la condena en costas debe preferirse la aplicación del Estatuto Arbitral frente al

Código General del Proceso, en la medida en que el Estatuto es el ordenamiento especial en la materia. En
relación con el recurso de anulación, la Ley 1563 de 2012 establece sus generalidades, las causales del recurso, su
trámite, los efectos de la sentencia de anulación y la competencia para conocer del mismo.
23 La Sala estima las agencias en derecho en la referida cuantía, con base en el artículo 5 (numeral 9) del Acuerdo

PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, que establece que las
tarifas de agencias en derecho para el caso de recursos extraordinarios serán “entre 1 y 20 S.M.M.L.V.”.

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00123-00 (67069)
Recurrente: Autopistas de Santander S.A.–ASSA
Referencia: Recurso extraordinario de anulación
Decisión: Declara infundado el recurso
extraordinario de anulación
RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación
interpuesto contra el Laudo Arbitral de 8 de marzo de 2021, proferido por el
Tribunal Arbitral integrado para dirimir las controversias surgidas entre
Autopistas de Santander S.A. y la Agencia Nacional de Infraestructura, en el
marco del contrato de concesión 2 de 2006.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a Autopistas de Santander S.A. a favor de
la Agencia Nacional de Infraestructura. Por Secretaría, se ordena liquidar las
costas, que incluirán diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a
la ejecutoria de esta Sentencia por concepto de agencias en derecho.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

firmado electrónicamente firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
aclaración de voto

firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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