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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-03883-00

Fecha
29 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-03883-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del señor Carlos Felipe Restrepo Peña, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2022-03883-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

29 de septiembre de 2022

Demandante: Carlos Felipe Restrepo Peña
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03883-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03883-00
Demandante: CARLOS FELIPE RESTREPO PEÑA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Tema: Tutela contra providencia judicial – pérdida de investidura- defecto
fáctico, violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente. Declara falta de legitimación en la causa por activa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Carlos Felipe Restrepo
Peña, actuando en nombre propio, contra la Sección Primera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El accionante interpuso acción de tutela1 contra la referida autoridad judicial en
procura de la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, a elegir y ser elegido, en concordancia con los
principios de igualdad de las partes, bilateralidad de la audiencia, lealtad procesal,
observancia de normas procesales, legalidad, entre otros.

2. En su criterio, tales garantías resultaron quebrantadas con ocasión de la
sentencia proferida en segunda instancia por la Sección Primera de esta
Corporación, el 1º de abril de 2022, en la que se revocó la decisión del 7 de abril de
2021 del Tribunal Administrativo de Antioquia, para en su lugar, declarar la pérdida
de investidura de la señora María Eugenia Arroyave Múnera como concejal del
Municipio de San Pedro de los Milagros – Antioquia2.

1 Remitida el 14 de julio de 2022 al buzón electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado.
2 Este proceso se identificó con el número de radicado N. º 05001-23-33-000-2021-01706-00/1.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Felipe Restrepo Peña
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03883-00

1.2 Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte tutelante solicitó lo siguiente:

PRIMERA: Con base en los hechos narrados, solicito que mediante
sentencia se sirva tutelar los derechos fundamental y constitucional al
debido proceso, derecho constitucional al acceso a la administración de
justicia en concordancia con los principios de igualdad de las partes,
bilateralidad de la audiencia, la cláusula general de permisibilidad y el
principio de mayor favorabilidad. También ha de tenerse en cuenta la
observancia de normas procesales y motivación de las providencias; así
como el derecho fundamental a elegir y ser elegido, en concordancia con
lo dispuesto en el preámbulo de la Constitución.

SEGUNDA: Como consecuencia, se ordene REVOCAR en su totalidad la
sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, el día 01 de
abril de 2022 y en su lugar dejar en firme la Sentencia del 07 de octubre
del 2021 en su integridad, emanada por el Tribunal Superior
Administrativo de Antioquia Sala Plena.

TERCERA: Solicito señor Juez que en el caso de usted encontrar en la
presente acción otra vulneración a mis derechos fundamentales, estos
sean protegidos. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la presente sentencia:

4. La señora María Eugenia Arroyave Múnera resultó electa como concejal del
Municipio de San Pedro de los Milagros para el período 2020-2023, según consta en
el Formulario E26-CON, expedido por la Comisión Escrutadora Municipal, y tomó
posesión de su curul el 3 de enero de 2020.

5. En sesión plenaria del 19 de febrero de 2020, el Concejo Municipal de San
Pedro de los Milagros aprobó por mayoría la postulación de la señora María Eugenia
Arroyave Múnera como delegada de dicha Corporación ante la Junta Municipal de
Educación –JUME, del referido municipio.

6. Mediante la Resolución N.º 10 de 20 de febrero de 2020, expedida por la mesa
directiva del Concejo Municipal, la señora Arroyave Múnera fue nombrada como
delegada ante la JUME de San Pedro de los Milagros y se desempeñó como tal
hasta diciembre de 2020, fecha en la cual presentó renuncia a la representación que
ostentaba.

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7. El 21 de septiembre de 2021, la señora Daiana Andrea Álvarez Herrera
instauró demanda, en ejercicio del medio de control de pérdida de investidura, contra
María Eugenia Arroyave Múnera, en su calidad de concejal del Municipio San Pedro
de los Milagros para el periodo 2020-2023.

8. En concepto de la demandante, la concejal incurrió en la causal prevista en el
numeral 2º del artículo 55 de la Ley 136 de 19943, por configurarse la
incompatibilidad establecida en el numeral 3º del artículo 45 ibídem4, según la cual,
los concejales en ejercicio no podrán “(…) 3. Ser miembros de juntas o consejos
directivos de los sectores central o descentralizado del respectivo municipio, o de
instituciones que administren tributos procedentes del mismo”. Este proceso se identificó
con el número de radicado 05001-23-33-000-2021-01706-00/1.

9. El Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió negar las pretensiones de la
demanda mediante sentencia de 7 de abril de 2021. En específico, manifestó que si
bien estaba probado el elemento objetivo de la causal, no ocurría lo mismo frente al
subjetivo, toda vez que el concejo municipal, al haber postulado a la concejal y
designarla para hacer parte de la JUME, la indujo a un error invencible que, por
tanto, implicaba que su conducta no fuera dolosa ni gravemente culposa.

10. Al resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante, la
Sección Primera de esta Corporación a través de providencia del 1.° de abril de
2022, revocó lo decidido por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En su lugar,
declaró la pérdida de la investidura de la señora María Eugenia Arroyave Múnera.

11. En síntesis, consideró que, contrario a lo decidido en primer grado, sí se
encontraba acreditado el elemento subjetivo de la conducta de la acusada por cuanto
la misma actuó con culpa grave. En específico, consideró que la concejal tenía el
deber de conocer que su comportamiento configuraba la incompatibilidad y tampoco
se advirtió diligencia, toda vez que no realizó consultas jurídicas o indagó los
antecedentes jurisprudenciales que le permitieran establecer si con la aceptación de
la designación como delegada de la Corporación edilicia ante la JUME incurría en
algún tipo de prohibición, dada su condición de concejal del mencionado municipio.

1.4. Fundamentos de la vulneración

12. El señor Carlos Felipe Restrepo Peña esgrimió que la Sección Primera del
Consejo de Estado, al proferir la decisión que decretó la pérdida de investidura de la

3 ARTÍCULO 55. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONCEJAL. Los concejales perderán su
investidura por:
(…)
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses.
4 ARTÍCULO 45. INCOMPATIBILIDADES. Los concejales no podrán:

(…)
3. Ser miembros de juntas o consejos directivos de los sectores central o descentralizado del
respectivo municipio, o de instituciones que administren tributos procedentes del mismo.

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señora María Eugenia Arroyave Múnera como concejal del Municipio San Pedro de
los Milagros, incurrió en i) defecto fáctico; ii) violación directa de la Constitución y en
iii) desconocimiento del precedente.

13. En lo que se refiere al defecto fáctico, aseguró que la autoridad judicial
accionada incurrió en este yerro pues llegó a conclusiones que, en su concepto,
carecen de respaldo probatorio o se sustentaron en elementos de convicción de los
que no se desprendía que la concejal i) tenía formación profesional para entender y
premeditar su actuar, y que ii) aceptó la designación para fungir como delegada del
concejo municipal ante la JUME de San Pedro de los Milagros y se desempeñó hasta
diciembre de 2020 en dicho cargo.

14. Con relación a este segundo aspecto, indicó que no existía acta de posesión
ante la JUME. Además, adujo que las actas tenidas en cuenta no demostraban por sí
solas participación activa de la concejal como miembro de la referida junta en calidad
de representante de la corporación político-administrativa.

15. Advirtió que lo único que se probó fue que asistió a las reuniones de la JUME,
pero no su desempeño como representante del concejo ante dicha junta. Agregó que
resultaba inverosímil que una persona que no ha aceptado un cargo, y que
adicionalmente no ha sido posesionada como tal, pueda desempeñar el mismo.

16. Señaló que no bastaba con la sola designación realizada por el Concejo
Municipal de San Pedro de los Milagros para que la Resolución N°10 del 20 de
febrero de 2020 produzca efectos jurídicos de índole particular, sino que a su vez se
requería que el alcalde municipal como presidente de la JUME posesionara a los
miembros designados, acto que no se presentó en el caso concreto. En
consecuencia, dicho cargo nunca se ocupó y, por tanto, no se materializó la violación
del régimen de incompatibilidades que devino en la pérdida de su investidura.

17. Ahora bien, el accionante también consideró que la Sección Primera incurrió
en violación directa de la Constitución, al haber asegurado que no bastaba con
que se alegara un actuar desprovisto de mala fe, sino que, además, tenía que
acreditarse la buena fe calificada motivada por un error invencible, bien sea porque
se actuó al amparo de la jurisprudencia vigente para la época o porque se asesoró
adecuadamente y pese a ello incurrió en la conducta reprochable.

18. El actor esgrimió que haberle exigido a la concejal demostrar que adelantó
gestiones tendientes a informarse sobre el régimen de incompatibilidades de los
concejales municipales respecto de la aceptación de su designación en la JUME, a
efectos de acreditar que obró con el cuidado requerido, partían del hecho equivocado
de que, en efecto, cometió la conducta endilgada, cuando la realidad es que nunca
se aceptó el cargo ni tampoco se levantó acta de posesión para el mismo.

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19. Esgrimió que el hecho que se le exigiera demostrar una buena fe calificada,
aun cuando “nunca aceptó” la designación en la JUME, invertía las cargas dentro del
proceso, al punto que ya no se estaría frente a una presunción de inocencia sino de
culpabilidad; situación que contravenía principios y derechos constitucionales pues
correspondía a la demandante del juicio de desinvestidura, y no a la concejal,
desvirtuar la presunción de inocencia y de buena fe.

20. Con relación a este aspecto, señaló que la Sección Primera del Consejo de
Estado realizó un juicio de responsabilidad subjetiva sin atender circunstancias
personales y externas de la concejal que, en su concepto, justificarían la conducta
atribuida.

21. En específico, se refirió a las siguientes circunstancias como aspectos
determinantes que influyeron en la conducta de la señora Arroyave Múnera, como: i)
su escasa formación jurídica; ii) su falta de experiencia en dicha investidura y los 19
días ejerciendo dicho cargo; iii) su postulación al cargo por la Mesa Directiva y la
aceptación por varios concejales; iv) la presunción de legalidad de que goza el acto
administrativo que realizó el nombramiento; v) que el concejo era asesorado por
profesionales en derecho; y vi) que la concejal no había recibido capacitación por
parte de la Escuela Superior de Administración Pública.

22. Añadió que de las pruebas decretadas era posible concluir, tal y como lo hizo
el Tribunal Administrativo de Antioquia, que en el caso se presentaba una duda
razonable que debía resolverse a favor de la demandada en aplicación del principio
de in dubio pro reo.

23. Insistió en que la concejal actuó amparada en una buena fe calificada y que
fue inducida por parte de sus pares en un error invencible, con ocasión a su
postulación para integrar la junta de la JUME; sujetos que, contrario a la señora
Arroyave Múnera, sí tenían formación jurídica.

24. En tercer lugar, el actor expuso que se incurrió en el desconocimiento del
precedente judicial establecido en la decisión del 20 de febrero de 2019 por parte
de la Sala Séptima Especial de decisión de pérdida de investidura de la Sala Plena
de esta Corporación5, en torno a la prohibición de aplicar la analogía juris, la analogía
legis, o la interpretación extensiva, “in malam partem” o para desfavorecer y en
cambio la permisión para hacerlo “in bonam partem” o para favorecer.

25. Lo anterior, en la medida en que, para declarar la pérdida de investidura de la
concejal el ad quem acudió a la sentencia del 28 de enero de 20106, oportunidad en
la que, al estudiar la naturaleza jurídica de las juntas municipales de educación se

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 5 de julio

de 2019. Proceso identificado con el número único de radicación 050012333000201802483-01. C.P.
doctor Hernando Sánchez Sánchez.
6 Consejo de Estado, Sección Primera; número único de radicación 05000123310002009-00725-01.

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Demandante: Carlos Felipe Restrepo Peña
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realizó una interpretación de la Ley 136 de 1994 (art. 45, numeral 3) y de la Ley 115
de 1994 (art. 62), para concluir que los concejales municipales no pueden integrar las
juntas municipales de educación.

26. Para el actor, la Sección Primera del Consejo de Estado, al traer la referida
decisión como fundamento para la configuración del elemento objetivo, desconoció la
prohibición respecto a la aplicación de la analogía juris y legis, toda vez que en dicho
pronunciamiento únicamente fue analizado el elemento objetivo y no el subjetivo.

27. Reprochó que la autoridad judicial accionada hubiese acudido a la sentencia
del 28 de enero de 2010 y, por tanto, a la interpretación hecha de la Ley 136 de 1994
y de la Ley 115 de 1994, con lo cual aplicó las analogías proscritas en el abordaje del
ius puniendi del Estado.

28. Asimismo, indicó que se extendieron los efectos de una sentencia inter partes
al caso de la concejal, pese a que se tratara de un proceso contencioso subjetivo de
tutela, y adicional al hecho de que en cada caso se trataron asuntos diferentes.

29. Igualmente, consideró que al haberse asegurado que la concejal actúo bajo
una conducta inexcusable y gravemente culposa fueron desconocidos
pronunciamientos de esta Corporación del 16 de marzo de 2017 7 y 31 de enero de
20188 respecto de la figura del error invencible.

30. Finalmente, expuso que se presentó una vulneración del principio in dubio pro
reo pues, por tratarse de un proceso sancionatorio, la duda se debía resolver en
favor de la concejal al haber considerado la sentencia objeto de censura que no se
había probado la afirmación de la demandada respecto a que los concejales no
fueron capacitados por la Escuela Superior de Administración Pública.

31. Con relación a este aspecto, añadió que, en todo caso, la falta de capacitación
por parte de la ESAP se trató de un hecho que no fue recurrido por el apelante único
y por tanto, no podía ser analizado por la Sección Primera del Consejo de Estado en
la sentencia de segunda instancia contra la que se dirige el mecanismo constitucional
materia de análisis.

1.5. Actuaciones relevantes

1.5.1. Admisión de la acción de tutela

32. Mediante auto del 19 de julio de 2022, el magistrado ponente de esta

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 16 de

marzo de 2017. Proceso identificado con el número único de radicación 11001- 03-25-000-2012-
00002-00(0058-12). C.P William Hernández Gómez.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

Sentencia del 31 de enero de 2018. Proceso identificado con el número único de radicación 11001-03-
25-000-2011-000474-0. C.P César Palomino Cortés.

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providencia admitió la tutela de la referencia y ordenó notificar a la parte accionante,
así como a la Sección Primera del Consejo de Estado, como autoridad judicial que
profirió la sentencia que se cuestiona por esta vía.

33. A su vez, se ordenó la vinculación como terceros con interés de (i) el Tribunal
Administrativo de Antioquia9, (ii) las señoras Daiana Andrea Álvarez Herrera y María
Eugenia Arroyave Múnera10, (iii) el alcalde y el concejo municipal de San Pedro de
los Milagros, Antioquia; iv) la Procuraduría 30 Judicial II Administrativa 11 y de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado12.

34. Mediante auto del 12 de agosto de 2022, se solicitó tanto a la Registraduría
Nacional del Estado Civil como al actor, que allegaran las pruebas que certificaran
que se encontraba registrado como votante en el censo electoral en el Municipio de
San Pedro de los Milagros – Antioquia y que participó en los comicios electorales
2020-2023 (autoridades territoriales).

35. Luego, con auto del 26 de agosto de 2022, se advirtió la necesidad de vincular
a todos los sujetos procesales que pudieran tener interés en el presente proceso.
Concretamente, se consideró pertinente enterar del presente trámite constitucional a
la persona que fue posesionada en la curul que ocupaba la señora María Eugenia
Arroyave Múnera en el Concejo Municipal de San Pedro de los Milagros – Antioquia,
luego de que la Sección Primera de esta Corporación declarara su separación del
cargo.

36. Para el efecto, se ordenó la notificación del presidente del concejo del referido
municipio con el propósito de que interviniera si lo estimaba pertinente e informara
los datos de contacto de la persona que se hubiere posesionado en la curul de la
señora Arroyave Múnera, y que en la actualidad, funge como concejal de dicha
Corporación.

1.5.2. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.2.1. Alcalde Municipal de San Pedro de los Milagros – Antioquia

37. Indicó que no era posible realizar pronunciamiento alguno frente a la acción de
tutela interpuesta toda vez que la misma se dirige contra la autoridad judicial que

9 Autoridad judicial que dictó el fallo de primera instancia dentro del proceso de pérdida de investidura

N.º 05001-23-33-000-2021-01706-01.
10 Partes demandante y demandada dentro del medio de control en cuestión, respectivamente.
11 Entidad vinculada como interesada dentro del trámite ordinario.
12 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

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resolvió, en segunda instancia, la pérdida de investidura de la señora Arroyave
Múnera.

38. En consecuencia, manifestó que el municipio carecía de legitimación en la
causa por pasiva, no obstante, señaló que se acogerían a lo que fuera decidido por
el juez constitucional.

1.5.2.2. Daiana Andrea Álvarez Herrera

39. Expuso que no resultaba posible que en el caso concreto se hubiesen
vulnerado los derechos del accionante comoquiera que no fue parte dentro del
proceso judicial en el que se profirió la sentencia reprochada.

40. Resaltó que ni la ley ni la Constitución ordenaban la vinculación del accionante
como parte o tercero dentro del proceso de pérdida de investidura, razón por la que
debía concluirse que, al no haber participado del mismo, no se presentaba la
vulneración de los derechos invocados.

41. Agregó que lo pretendido por el actor con el mecanismo constitucional es que
se inicie una tercera instancia respecto de una decisión que ya fue zanjada por el
juez natural, con lo cual se amenaza la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la
presunción de acierto de que gozan las sentencias judiciales.

42. Expuso que la sentencia de primera instancia dio por acreditado el elemento
objetivo de la causal y dicho aspecto no fue objeto de apelación por la demandada
María Eugenia Arroyave Múnera, razón por la que debía rechazarse de plano la
discusión que se propone en la tutela sobre este aspecto.

43. Advirtió que el actor pretendía introducir argumentos y situaciones que ni
siquiera fueron expresados por la defensa ni por ninguna de las partes dentro del
proceso de pérdida de investidura, con lo cual no fueron objeto de discusión en sede
judicial ordinaria.

44. Mencionó que, en su concepto, el motivo por el cual la acción de tutela fue
incoada por una persona distinta a la concejal como directa perjudicada, fue
precisamente que en este escenario de tutela no podía indicar motivos de defensa
que no presentó en el proceso judicial.

45. Agregó que la exconcejal no solo dejó de apelar la decisión de primer grado
del Tribunal Administrativo de Antioquia que tuvo por acreditado el elemento objetivo,
oportunidad en la que pudo presentar los argumentos y elementos que se pretenden
introducir con la presente acción de tutela, sino que además guardó silencio cuando
se le dio traslado del recurso de alzada.

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46. Añadió que de todo lo anterior resultaba posible inferir que a través del
mecanismo de amparo se pretenden revivir e introducir argumentos y medios de
prueba no aportados en las instancias correspondientes y subsanar la negligencia de
la parte vencida en las instancias correspondientes. En este sentido, consideró que
no era de recibo para el juez de tutela juzgar a su par de la Sección Primera por
motivaciones y medios de prueba no conocidos ni introducidos oportunamente al
momento de tomar la decisión judicial impugnada.

47. Así, se opuso a la prosperidad de las pretensiones invocadas por la parte
accionante.

1.5.2.3. Sección Primera del Consejo de Estado

48. Indicó que el proceso de pérdida de investidura tuvo como partes a la señora
Daiana Andrea Álvarez Herrera y a la señora María Eugenia Arroyave Múnera, en su
calidad de concejal del Municipio de San Pedro de los Milagros, razón por la cual son
aquellas quienes están legitimadas en la causa para interponer una acción de tutela
derivada de situaciones relacionadas con dicho juicio.

49. Por lo anterior, consideró que el actor carece de legitimación en la causa para
reprochar mediante el mecanismo de resguardo constitucional situaciones
relacionadas con un proceso del que no hizo parte.

50. Agregó que la acción de tutela se fundamenta en argumentos de mera
legalidad que fueron planteados en el proceso y objeto de pronunciamiento, sumado
al hecho de que se utiliza como una tercera instancia, lo cual se estima
improcedente.

51. Expuso que en caso de que se considerara que el mecanismo constitucional
interpuesto es procedente, no había lugar a conceder el amparo invocado por cuanto
no omitió valorar los medios probatorios debidamente allegados al proceso, ni se
analizaron pruebas que debieron haberse desconocido ni se realizó una
interpretación irrazonable, sumado al hecho que decidió el caso objeto de análisis de
conformidad con la normatividad y jurisprudencia aplicable.

52. Con relación al elemento subjetivo, manifestó que la apreciación y valoración
probatoria se realizó en conjunto y atendiendo las reglas de la sana crítica y
aplicando las de la lógica y la certeza, lo cual permitió concluir, en síntesis, que no
era suficiente que la concejal hubiese argumentado la convicción que tenía sobre la
rectitud de su conducta, sino que resultaba necesario analizar si estaba o no en
condiciones de superar el error, en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo
de su actividad.

53. Por lo expuesto, solicitó que se declara la improcedencia de la tutela, o en su
defecto se negaran las pretensiones propuestas por el actor.

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Demandante: Carlos Felipe Restrepo Peña
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03883-00

1.5.2.4. José Aicardo Céspedes González – Presidente del Concejo
Municipal de San Pedro de los Milagros

54. Se limitó a indicar que la Corporación sería respetuosa de la orden que se
profiriera en el trámite. También informó los datos del señor Elkin Orlando Múnera
Restrepo, quien desde el 23 de mayo del año que avanza fue posesionado en la
curul de la señora Arroyave Múnera, luego de que se decretara la pérdida de su
investidura.

55. Señaló que notificaría a quien funge hoy como concejal acerca de la tutela
para que interviniera en el proceso que se adelante si lo estimada pertinente. Para el
efecto, aportó copia del oficio de notificación firmado por el señor Múnera Restrepo.

1.5.2.5. Carlos Felipe Restrepo Peña – accionante.

56. Allegó oficio de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el que se
certifica que, luego de verificar los formularios E11, se constató que sufragó en las
elecciones locales del 2019, “en el municipio de San Pedro de los Milagros –
Antioquia, zona 00 – puesto 00 CABECERA MUNICIPAL mesa 042”.

1.5.2.6. El Tribunal Administrativo de Antioquia, la Procuraduría 30
Judicial II Administrativa, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
la señora María Eugenia Arroyave Múnera y el señor Elkin Orlando Múnera
Restrepo, pese a ser notificados del presente trámite, no rindieron informe.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

57. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
señor Carlos Felipe Restrepo Peña contra la Sección Primera de esta Corporación.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

58. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora,
los documentos incorporados en el trámite del proceso, así como los argumentos
propuestos en las distintas intervenciones, corresponde a esta Sala resolver el
siguiente problema jurídico que subyace al caso en concreto:

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Demandante: Carlos Felipe Restrepo Peña
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03883-00

 ¿La Sección Primera del Consejo de Estado vulneró el derecho fundamental a
elegir y ser elegido invocado por el actor al proferir la sentencia del 1.° de abril
de 2022, mediante la cual declaró la pérdida de investidura de la señora María
Eugenia Arroyave Múnera como concejal del Municipio de San Pedro de los
Milagros, por advertir que incurrió en la causal prevista en el numeral 2º del
artículo 55 de la Ley 136 de 199413, ante la configuración de la
incompatibilidad establecida en el numeral 3º del artículo 45 ibídem14,
materializándose así los defectos propuestos?

59. Para el efecto, la Sala debe determinar previamente si el señor Carlos Felipe
Restrepo Peña se encuentra legitimado en la causa por activa para cuestionar, a
través de la presente acción de tutela, la providencia proferida en segunda instancia
por el Consejo de Estado, Sección Primera. Esto porque no fue ni parte ni tercero
interviniente en aquel proceso.

60. Para resolver dicho interrogante, se analizarán los siguientes temas: (i) la
legitimación en la causa por activa; y de acreditarse tal presupuesto, se abordará (ii)
el estudio del caso concreto.

2.3. Legitimación en la causa

61. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la
acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las
pretensiones que se aducen, y, de otra, que el accionado sea el sujeto frente a quien
deben reclamarse y controvertirse. Así estarían definidas la legitimación en la causa
por activa y por pasiva, respectivamente15.

62. Sobre el estudio de este presupuesto procesal en materia de tutela, la Corte
Constitucional, en la SU- 454 de 2016, señaló que el estudio de la legitimación en la
causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un
presupuesto procesal de la demanda16.

13 ARTÍCULO 55. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONCEJAL. Los concejales perderán su
investidura por:
(…)
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses.
14 ARTÍCULO 45. INCOMPATIBILIDADES. Los concejales no podrán:

(…)
3. Ser miembros de juntas o consejos directivos de los sectores central o descentralizado del
respectivo municipio, o de instituciones que administren tributos procedentes del mismo.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección C.

Sentencia del 26 de noviembre de 2021. Rad. 2021-05916-00.
16
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511 de 2017.
Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318 de 2018., en la cual se
señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el
juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se
sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva (…), entre otros.

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03883-00

63. Con fundamento en lo anterior, la Sala procede a verificar la existencia de la
legitimación en la causa, en su orden: i) por activa y ii) por pasiva.

2.3.1. Legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela17

64. En materia de tutela, el inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el
derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento
preferente y sumario18.

65. En desarrollo de lo anterior, el artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 1991
establece que cada persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí misma, mediante
representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos
vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

66. Desde que fue proferida la sentencia T-416 de 1997, por parte de la Corte
Constitucional, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye “un
presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad
subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso
de tutela” 19.

67. En este orden, la Corte Constitucional, de conformidad con el mandato
establecido en el Decreto 2591 de 1991, en sentencia T-552 de 2006, señaló que la
legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de
los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados.

68. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “esta exigencia
significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho
fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a
que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de
representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso” 20.

69. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, el máximo órgano en
materia constitucional indicó que la legitimación en la causa por activa constituye una
garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y
particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que

17 Ver posición reiterada y reciente: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 25 de
noviembre de 2021. Rad. 2021-06578-00.
18 Ver posición reiterada y reciente: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 25 de

noviembre de 2021. Rad. 2021-06578-00.
19 Corte Constitucional. Sentencia T-416 de 1997.
20 Corte Constitucional. Sentencia T-083 de 2010.

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Demandante: Carlos Felipe Restrepo Peña
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fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es
propio del demandante” 21.

70. En conclusión, la legitimación en la causa por activa se entiende acreditada en
el proceso, siempre que concurra el i) interés directo, legítimo y sustancial respecto
del amparo que se solicita al juez de tutela; y ii) la titularidad de los derechos
fundamentales amenazados o vulnerados. Presupuestos que, en todo caso, le
corresponde al juez constitucional verificar.

71. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala procede a
determinar si Carlos Felipe Restrepo Peña, se encuentra legitimado en la causa por
activa.

2.3.1.1. Legitimación en la causa por activa de Carlos Felipe Restrepo Peña

72. En principio, es claro que toda persona, por el hecho de serlo, es titular de
derechos fundamentales; sin embargo, para la procedencia de la acción de tutela,
debe establecerse la circunstancia que faculta al sujeto de derechos a presentar el
mecanismo de amparo constitucional. Ello implica acreditar la condición de titular de
la relación jurídico material que da lugar al proceso, o bien fungir como agente
oficioso para el efecto.

73. En el sub examine, el accionante acudió al presente trámite, actuando en
nombre propio, en procura de que se amparen sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a elegir y ser elegido, en
concordancia con los principios de igualdad de las partes, bilateralidad de la
audiencia, lealtad procesal, observancia de normas procesales y legalidad.

74. Aseveró que tales garantías resultaron transgredidas con ocasión de la
providencia del 1.° de abril de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Primera, que puso fin al proceso de pérdida de investidura adelantado contra la
señora María Eugenia Arroyave Múnera como concejal del Municipio de San Pedro
de los Milagros – Antioquia.

75. Del análisis del escrito de la tutela y de las sentencias proferidas al interior del
juicio de pérdida de investidura se tiene que la demandante fue la señora Daiana
Andrea Álvarez Herrera, mientras que la demandada fue la señora María Eugenia
Arroyave Múnera. Asimismo, que el Ministerio Público fue vinculado a dicho trámite.

76. De lo anterior, se observa que el accionante no fue parte, ni tercero
vinculado en el proceso que culminó con la pérdida de la investidura como concejal
de la señora Arroyave Múnera.

21 Corte Constitucional. Sentencia T-176 de 2011.

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77. Para la Sala, ello encuentra sustento en el artículo 1.° de la Ley 1881 de
22
2018 , según el cual estos procesos sancionatorios son de responsabilidad subjetiva
y, en el caso concreto, la demanda se dirigió contra la señora María Eugenia
Arroyave Múnera en su condición de concejal del referido municipio.

78. Adicional a lo anterior, el artículo 9º de la ley ibídem establece que en la
providencia que admita la demanda de pérdida de investidura se ordenará, además
de la notificación personal del demandado, la del agente del Ministerio Público a fin
de que intervenga en el proceso. Ello implica que el legislador no estableció que
tuviera que enterarse de la existencia de esta clase de procesos con el propósito de
posibilitar a quienes hayan sufragado la posibilidad de intervenir en tales procesos.

79. En este sentido, la Sala considera que el señor Carlos Felipe Restrepo Peña,
al no haber participado ni como parte ni como tercero en el proceso que concluyó
con la separación del cargo de la señora Arroyave Múnera, no está legitimado en la
causa por activa para interponer la presente acción de tutela.

80. Ciertamente, con la tutela se reprocha la decisión a la que arribó el juez
natural de la causa en un proceso en el que no se hizo parte, con lo cual no puede
considerarse que lo decidido represente una afectación de derechos propios como
pretende el accionante.

81. Para la Sala no es de recibo que mediante el mecanismo de resguardo
constitucional el actor pretenda controvertir situaciones relacionadas con un proceso
del que no hizo parte y en el que la directa afectada no interpuso los recursos
correspondientes para debatir, como sí lo hace el accionante, que contrario a lo
decidido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, no incurrió en la incompatibilidad
que se le endilgaba.

82. A lo anterior, se suma que el accionante tampoco manifestó actuar en calidad
de agente oficioso de la otrora concejal, quien sí tiene legitimación en la causa por
activa toda vez que fungió como demandada en el proceso de pérdida de investidura
en el que se dictó la sentencia contra la que se dirige el reproche por vía
constitucional y a la que el actor atribuye la transgresión de sus propias garantías.

83. Bajo tal perspectiva, y en atención a los argumentos expuestos por la Sala,
resulta evidente que en el sub examine no procede la intervención del juez
constitucional, razón por la cual debe declararse la falta de legitimación en la causa
por activa del tutelante.

22 El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La

acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución.
Se observará el principio del debido proceso conforme al artículo 29 de la Constitución Política.

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Demandante: Carlos Felipe Restrepo Peña
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
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2.4. Conclusión

84. En virtud de lo expuesto, se declarará la falta de legitimación en la causa por
activa del señor Carlos Felipe Restrepo Peña, pues no se advierte que sea el titular
de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados por la sentencia
proferida en segunda instancia por la Sección Primera de esta Corporación el día 1.°
de abril de 2022, al interior del proceso de pérdida de investidura iniciado contra
María Eugenia Arroyave Múnera.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del señor
Carlos Felipe Restrepo Peña, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la
Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012

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