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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-05542-01

Fecha
4 de mayo de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-05542-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Confírmase la sentencia del 3 de marzo de 2023, a través de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A declaró la improcedencia de la acción. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05542-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

4 de mayo de 2023

Demandante: María Eugenia Arroyave Múnera
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-05542-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2022-05542-01
Demandante: MARÍA EUGENIA ARROYAVE MÚNERA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo del 3 de marzo de 2023, a través del cual el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección “A”, declaró la improcedencia de la acción.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 18 de octubre de 2022 en la ventanilla virtual del
Consejo de Estado, la señora María Eugenia Arroyave Múnera, por conducto de
apoderado, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Primera, con el objeto de que se protegieran sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a elegir y ser elegido.

Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión del fallo del 1º de abril de 2022,
que revocó la sentencia del 21 de octubre de 2021, a través de la cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia había denegado las pretensiones de la demanda y, en
su lugar, decretó la pérdida de investidura de la accionante como concejal del
municipio de San Pedro de los Milagros, dentro del proceso con radicado 05001-
23-33-000-2021-01706-01, promovido por la señora Daiana Andrea Álvarez
Herrera en su contra.

En concreto, solicitó a esta Corporación:

“PRIMERA: Con base en los hechos narrados y lo expuesto en las
consideraciones y fundamentos jurídicos que se presentarán a continuación,
solicito que mediante sentencia se sirva tutelar los derechos fundamentales y
constitucionales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia en
concordancia con los principios de igualdad de las partes, bilateralidad de la

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Demandante: María Eugenia Arroyave Múnera
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-05542-01

audiencia, cláusula general de permisibilidad y el principio de mayor
favorabilidad; vulnerados a la ciudadana MARÍA EUGENIA ARROYAVE
MÚNERA. También ha de tenerse en cuenta la observancia de normas
sustanciales sobre procesales y motivación de las providencias; así como el
derecho fundamental a elegir y ser elegido, en concordancia con lo dispuesto en
el preámbulo de la Constitución.

SEGUNDA: En consecuencia, se ordene REVOCAR en su totalidad la sentencia
de segunda instancia, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado –
Sala de lo Contencioso Administrativo, el día 01 de abril de 2022, que decretó la
pérdida de investidura de la concejal MARÍA EUGENIA ARROYAVE MÚNERA.

TERCERA: Solicito, señor Juez, que en caso de encontrar en la presente acción
otra vulneración a mis derechos fundamentales, estos sean protegidos”.

2. Hechos

La parte actora narró los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, resultan
relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente asunto:

Indicó que fue elegida concejal del municipio de San Pedro de los Milagros,
Antioquia, para el período 2020-2023, cargo en el que se posesionó el 3 de enero
de 2020.

Señaló que el 19 de febrero de 2020, la plenaria de la corporación la designó
como delegada ante la Junta Municipal de Educación.

Refirió que el 23 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia
admitió una solicitud de pérdida de investidura presentada en su contra por la
señora Daiana Andrea Álvarez Herrera.

Lo anterior, bajo el argumento de que había incurrido en la causal de
incompatibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994,
relativa a la imposibilidad de pertenecer a juntas o consejos directivos de los
sectores central o descentralizado del municipio, o de instituciones que
administraran tributos procedentes del mismo.

Sostuvo que, a través de sentencia del 21 de octubre de 2021, el Tribunal
Administrativo de Antioquia denegó las pretensiones de la demanda al determinar
que solo estaba demostrado el elemento objetivo de la conducta, esto es, haber
pertenecido a la Junta Municipal de Educación de San Pedro de los Milagros, pero
no el subjetivo, comoquiera que no se probó que actuara de forma dolosa o
gravemente culposa.

Según la autoridad judicial de primera instancia, la señora Arroyave Múnera
ejercía por primera vez el cargo de concejal, no contaba con la capacitación
suficiente y, en todo caso, había sido designada por la plenaria del concejo
municipal para pertenecer a la junta, circunstancias que demostraban que había
sido inducida en un error invencible.

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Demandante: María Eugenia Arroyave Múnera
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Destacó que la demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, al considerar (i) que el hecho de ostentar por primera vez un cargo de
elección popular no eximía al elegido para cumplir las normas, y (ii) que ser
postulado por un tercero no conllevaba la ausencia de culpa, máxime cuando en
las corporaciones de elección popular no es común la auto postulación.

Afirmó que, mediante fallo del 1º de abril de 2022, la Sección Primera del Consejo
de Estado revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, decretó su
pérdida de investidura.

En esta providencia no se volvió a estudiar el elemento objetivo de la conducta
porque no fue objeto del recurso de alzada, pero sí se encontró demostrada la
configuración del elemento subjetivo, bajo el argumento de que la señora Arroyave
Múnera contaba con suficiente información para determinar que su conducta se
encontraba incluida dentro de una de las causales de incompatibilidad
establecidas en la Ley 136 de 1994.

Así mismo, la autoridad judicial concluyó que la demandada omitió realizar las
consultas jurídicas que le hubieran permitido identificar la irregularidad en la que
incurriría al aceptar la designación como delegada ante la Junta Municipal de
Educación, por lo que estaba acreditada su culpa grave.

3. Sustento de la vulneración

Según la parte actora, la Sección Primera del Consejo de Estado desconoció sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a elegir y ser elegido.

Al respecto, alegó que la sentencia del 1º de abril de 2022 incurrió en los
siguientes defectos:

3.1. Defecto sustantivo

Explicó que si bien el numeral 3 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 prohíbe
expresamente que los concejales pertenezcan a juntas o consejos directivos de
los sectores central o descentralizado del respectivo municipio, lo cierto es que el
numeral 4 del artículo 162 de la Ley 115 de 1994 establece que las juntas
municipales de educación deben estar conformadas por “un representante del
respectivo concejo municipal o de las juntas administradoras locales”.

Sostuvo que la autoridad judicial demandada estudió esa contradicción normativa,
citando una sentencia del 28 de enero de 20101 en la que la misma Sección
Primera del Consejo de Estado advirtió que, cuando el legislador utilizó la
expresión “representante del concejo municipal”, tenía por objeto permitir la
participación de cualquier miembro de esa corporación en las juntas municipales
de educación siempre y cuando no fuera un concejal propiamente dicho.

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Radicado 05001-23-31-000-2009-00725-01.
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Afirmó que tal postura constituye una aplicación errada y contra legem del artículo
162 de la Ley 115 de 1994.

Consideró que esa disposición debía armonizarse con lo estipulado en el régimen
municipal vigente para la época, esto es, el Decreto Ley 1333 de 1986, el cual
permitía a los concejales pertenecer como máximo a dos juntas o consejos
directivos municipales.

Expresó que, bajo ese entendido, la intención inequívoca y expresa del legislador
al expedir la Ley 115 de 1994 era que el “representante del concejo municipal”
ante la junta municipal de educación fuera un concejal, ya que la normatividad
vigente así lo permitía.

Comentó que la argumentación utilizada por la Sección Primera es inválida, ya
que se fundamenta en premisas inexactas que llevan a la hipótesis falsa de que el
representante del concejo municipal ante ese tipo de juntas no puede ser un
concejal.

Refirió que esa disparidad de criterios generaba una duda razonable que tenía que
ser resuelta a su favor, por lo que debió ser exonerada de una sanción tan
gravosa como lo es la pérdida de investidura.

3.2. Defecto fáctico

Aseguró que la autoridad judicial consideró que su formación profesional le
permitía comprender el hecho o las circunstancias que la llevarían a configurar
una causal de pérdida de investidura, aseveración que no cuenta con un sustento
probatorio suficiente que la respalde.

Sostuvo que tampoco existe prueba de que hubiera aceptado la designación
realizada por la plenaria del concejo municipal ni mucho menos de que se hubiera
posesionado ante la Junta Municipal de Educación de San Pedro de los Milagros.

Adujo que el único elemento que soporta ese argumento es la Resolución No. 10
del 20 de febrero de 2020, en la que el concejo la nombró representante ante la
referida junta.

Destacó que, a pesar de lo anterior, la sola designación efectuada en ese acto
administrativo no era suficiente para producir efectos jurídicos de índole particular,
pues de acuerdo con lo previsto en el Decreto Reglamentario 1581 de 1994,
también se requería que el alcalde municipal posesionara a los integrantes de la
junta, situación que no se dio en su caso.

Mencionó que la sentencia controvertida no tuvo en cuenta una certificación
aportada con la contestación de la demanda, a través de la cual el alcalde
municipal dejaba constancia de que ella nunca se posesionó ante la junta, así que
no podía tenerse por demostrada su aceptación del cargo.

Aseguró que el Consejo de Estado, Sección Primera llegó a esa conclusión a

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partir de las actas del 21 de abril y del 15 de julio de 2020, en las que se registraba
su participación en la Junta Municipal de Educación de San Pedro de los Milagros;
sin embargo, advirtió que estos documentos no dejaban por sentado que se
hubiera posesionado en algún momento.

Agregó que resultaba inverosímil que una persona que no aceptó un cargo y que
tampoco se posesionó en el mismo, pueda desempeñarse como tal.

Aclaró que el único documento que firmó fue un registro de asistencia del 21 de
abril de 2020 y que, en todo caso, estas reuniones eran de carácter público a las
cuales podía acudir en su condición de concejal.

Insistió que ni siquiera en las actas aportadas se demuestra que haya realizado
votación o proposición de asuntos.

Expresó que lo único que está demostrado es que asistió a unas reuniones, mas
no su desempeño como representante del concejo ante esa junta.

3.3. Violación directa de la Constitución

Sostuvo que en la providencia cuestionada se reprochó que no hubiera solicitado
conceptos o asesorías frente a la designación realizada y la posibilidad de incurrir
en una causal de incompatibilidad, conducta que resultaba inexcusable y, por
ende, gravemente culposa.

Alegó que estos reparos parten del hecho de que cometió una conducta ilegal, lo
cual no está demostrado ya que nunca aceptó el cargo ni se posesionó en el
mismo.

Recalcó que, en ese orden de ideas, resultaba contrario a la Constitución que se
le exigiera la acreditación de asesorías o consultas respecto de una conducta que
siempre estuvo ajustada a derecho.

Señaló que la autoridad judicial no tuvo en cuenta que era su primera vez en el
cargo de concejal, que no contaba con formación jurídica ni capacitación suficiente
y que la designación como representante ante la Junta Municipal de Educación fue
efectuada por el pleno del concejo.

Aseguró que el análisis efectuado en la sentencia cuestionada omitió la
presunción de buena fe y dio por sentado que estaba obligada a conocer el marco
normativo y jurisprudencial del régimen de incompatibilidades a pesar de no ser
abogada.

Insistió en que la Sección Primera del Consejo de Estado debió estudiar sus
condiciones personales y las circunstancias externas que influyeron en su
conducta, pues así podría haber determinado que no era procedente exigirle un
conocimiento específico sobre el tema a una persona que no cuenta con
formación jurídica.

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Precisó que fue inducida a un error invencible, situación que la eximía de toda
responsabilidad en el caso concreto y por la cual se debieron negar las
pretensiones de la demanda.

Sostuvo que también se transgredió la garantía del in dubio pro reo, pues al no
existir claridad de si había sido capacitada por la ESAP en los temas propios de su
cargo, debió resolverse esa duda en su favor y no decretar la pérdida de su
investidura.

3.4. Desconocimiento del precedente

Indicó que en el fallo censurado se citó una sentencia del 28 de enero de 20102,
en la que la misma Sección Primera del Consejo de Estado había establecido que
no existía contradicción entre la prohibición de los concejales a pertenecer a las
juntas municipales (Ley 136 de 1994) y la participación de un representante del
concejo en dichas juntas (Ley 115 de 1994), pues debía entenderse que ese
“representante” correspondía a cualquier funcionario que no fuera concejal.

Alegó que esa posición desconocía la providencia del 20 de febrero de 2019,
proferida por la Sala Séptima Especial de Decisión del Consejo de Estado en el
trámite de una pérdida de investidura3, en la que se estableció que no podía
aplicarse la “analogía iuris y legis” o “interpretación extensiva” para desfavorecer al
demandado.

Manifestó que la autoridad judicial trajo a colación una sentencia del 2010 para
que fuera aplicada por analogía a su caso, sin tener en cuenta la prohibición de la
analogía iuris y legis.

Consideró que los efectos de esa providencia solo eran inter partes, así que sus
consideraciones no podían extenderse para resolver su situación particular.

Alegó como desconocida la sentencia del 5 de julio de 2019, dictada por la misma
Sección Primera del Consejo de Estado dentro del proceso de pérdida de
investidura con radicado 05001-23-33-000-2018-02483-01, relacionada con la
obligación de efectuar un juicio de culpabilidad que esté regido por el principio pro
homine.

4. Trámite de la acción de tutela

A través de auto del 21 de octubre de 2022, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los
magistrados de la Sección Primera de esta Corporación.

Así mismo, dispuso la vinculación de la señora Daiana Andrea Álvarez Herrera,
demandante dentro del proceso objeto de controversia, en atención al interés que
le asiste en las resultas del presente tramite constitucional.

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Radicado 05001-23-31-000-2009-00725-01.
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No indicó el número de radicado.
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Finalmente, requirió al Tribunal Administrativo de Antioquia para que allegara
copia digital del expediente del proceso de pérdida de investidura en el que se
profirió la sentencia cuestionada.

Mediante auto del 23 de noviembre de 2022, se ordenó requerir al presidente del
Concejo Municipal de San Pedro de Los Milagros para que informara si la curul de
la accionante ya había sido ocupada por otra persona y, en caso afirmativo,
indicara su nombre y datos de contacto para efectos de notificación.

En respuesta al requerimiento efectuado, el presidente de dicha corporación
informó que el señor Elkin Orlando Múnera Restrepo se había posesionado el 23
de mayo de 2022 en el cargo que había dejado vacante la accionante, razón por la
cual se ordenó su vinculación al presente trámite constitucional a través de
providencia del 7 de diciembre de 2022.

Por medio de proveído del 25 de enero de 2023, se dispuso la remisión del
expediente al despacho del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil al considerar
que podía ser acumulado al trámite de tutela identificado con el radicado 11001-
03-15-000-2022-03883-00, debido a que en ambos casos se cuestionaba la
sentencia del 1º de abril de 2022.

Sin embargo, mediante auto del 3 de febrero del presente año, el doctor Vanegas
Gil ordenó la devolución del expediente por no cumplir las prerrogativas
dispuestas en el Decreto 1834 de 2015 para su acumulación, comoquiera que en
el caso estudiado en esa oportunidad se declaró la falta de legitimación en la
causa por activa, mientras que en el presente asunto la accionante era la directa
afectada por la decisión cuestionada.

5. Argumentos de defensa

Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones:

5.1. Tribunal Administrativo de Antioquia

La autoridad judicial de primera instancia se limitó a enviar copia digital del
expediente del proceso objeto de controversia.

5.2. Daiana Andrea Álvarez Herrera

Solicitó que se declare la improcedencia de la acción o, en su defecto, se
deniegue el amparo de tutela.

Afirmó que no se cumple el requisito de inmediatez porque la solicitud fue radicada
más de seis meses después de proferida la sentencia cuestionada.

Sostuvo que los argumentos expuestos por la accionante ya fueron considerados
tanto en primera como en segunda instancia, así que lo pretendido con la acción
de tutela es reabrir nuevamente la discusión que ya se surtió ante las autoridades

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judiciales que conocieron del proceso de pérdida de investidura.

Resaltó que en la sentencia de primera instancia se dio por acreditado el elemento
objetivo de la causal, decisión que no fue apelada por la señora Arroyave Múnera
y frente a la cual no existió pronunciamiento por parte de la Sección Primera del
Consejo de Estado por no ser objeto de la alzada.

Manifestó que algunos de los argumentos relacionados con el elemento subjetivo
no fueron planteados en el trámite del proceso bajo cuestionamiento, por lo que se
trata de hechos y situaciones nuevas que no fueron discutidas y frente a las cuales
no hay lugar a realizar un estudio de fondo.

Recalcó que la accionante guardó silencio cuando se le dio traslado del recurso de
apelación, no solicitó pruebas en segunda instancia, no apeló la acreditación del
elemento objetivo ni allegó muchos de los medios de prueba que pretende
introducir en la presente acción de tutela, por lo que se infiere que su intención es
revivir instancias que ya fueron superadas en la oportunidad procesal pertinente,
con el fin de subsanar sus omisiones defensivas dentro del proceso.

Señaló que, aun si se aceptaran los argumentos y elementos probatorios que
pretende incorporar de forma novedosa en el trámite constitucional, lo cierto es
que se debería llegar a la misma conclusión de la sentencia cuestionada, esto es,
que se acreditaron los elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de
investidura y, por lo tanto, la decisión controvertida está ajustada a derecho.

5.3. Consejo de Estado, Sección Primera

El magistrado ponente de la sentencia objeto de reproche advirtió que la solicitud
de amparo carece de relevancia constitucional porque se fundamenta en
argumentos de mera legalidad que fueron planteados en el proceso y sobre los
cuales ya se resolvió lo pertinente en la providencia acusada.

Consideró que la accionante pretende utilizar la acción de tutela como una tercera
instancia, razón por la cual resulta improcedente.

Refirió que tampoco se cumple el requisito de subsidiariedad, ya que la señora
Arroyave Múnera no apeló la sentencia de primera instancia, respecto de la
decisión de encontrar configurado el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura, así que no es posible efectuar algún pronunciamiento de fondo sobre
ese aspecto, máxime cuando en el fallo solo se resolvió lo concerniente al
elemento subjetivo por ser el único motivo de la alzada.

En cuanto al fondo del asunto, afirmó que la providencia cuestionada no incurrió
en los defectos endilgados.

Sobre el punto, indicó que los reproches elevados en relación con la afirmación
relativa a que el representante del concejo ante las juntas municipales debía ser
cualquier otro funcionario distinto a los concejales, corresponde a una
inconformidad con la sentencia del 28 de enero de 2010, decisión que es ajena a

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la adoptada en el proceso en el que se decretó la pérdida de investidura.

Aclaró que la postura plasmada por la Sección Primera del Consejo de Estado en
dicha providencia no ha cambiado desde esa época.

Insistió que, en todo caso, esas afirmaciones están dirigidas a cuestionar las
conclusiones sobre el elemento objetivo de la causal, frente a las cuales no se
interpuso recurso alguno y por eso no existió un pronunciamiento concreto en
relación con ese aspecto.

Mencionó que solo se estudiaron los argumentos y las pruebas relacionadas con
el elemento subjetivo, estudio a partir del cual se pudo determinar que la
accionante no actuó con la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad
como concejal, pues no solicitó conceptos o asesorías ni realizó indagaciones
sobre la aceptación de su designación como representante ante la Junta Municipal
de Educación o el régimen de incompatibilidades de los concejales.

Adujo que el cargo relacionado con la violación directa de la Constitución no
cuenta con una explicación clara, por lo que el mismo no está acreditado.

Recalcó que la configuración del elemento subjetivo no respondió a una
presunción de culpabilidad sino a un análisis adecuado de las pruebas, a partir de
las cuales se concluyó que la accionante actuó sin la debida diligencia al no
indagar sobre una posible incompatibilidad, hecho del que no se desprendía
alguna duda que debiera ser resuelta a su favor en desarrollo del principio in dubio
pro reo.

Finalmente, precisó que las sentencias invocadas como desconocidas no
constituyen precedente, pues no contienen un criterio jurisprudencial aplicable al
caso concreto.

Explicó que los presupuestos fácticos estudiados en dichas providencias no
guardan similitud con el caso de la accionante, por lo que no podían ser tenidas en
cuenta al momento de proferir la sentencia cuestionada.

5.4. Elkin Orlando Múnera Restrepo

No contestó la acción de tutela a pesar de que el contenido del auto admisorio le
fue notificado electrónicamente mediante Oficio 129829 del 15 de diciembre de
2022.

6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 3
de marzo de 2023, declaró la improcedencia de la acción por no cumplir el
requisito de relevancia constitucional.

Como sustento de su decisión, estableció que la discusión se centraba en la
inconformidad de la accionante con que se hubiesen tenido por acreditados los

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elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura en su caso
concreto.

Por lo anterior, el a quo estimó pertinente estudiar los cuatro defectos endilgados a
la providencia censurada, distinguiendo aquellos que se referían al elemento
objetivo de los relacionados con el subjetivo.

En ese sentido, consideró que los defectos sustantivo y fáctico (este último solo en
lo relativo a la participación efectiva de la accionante en la junta municipal de
educación), estaban dirigidos a cuestionar el elemento objetivo de la causal de
pérdida de investidura.

Al respecto, advirtió que la acción de tutela resultaba improcedente frente a estos
cargos porque en la sentencia de segunda instancia no se hizo estudio alguno en
relación con este elemento.

Precisó que la solicitud de amparo procede contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas en las que se viole o haya violado un derecho fundamental;
sin embargo, aclaró que en este caso no existe tal acción u omisión puesto que la
autoridad judicial no se refirió a la configuración del elemento objetivo porque este
aspecto no era objeto del recurso de apelación.

Expresó que la actuación de la Sección Primera del Consejo de Estado, en
cumplimiento del principio de congruencia, estuvo restringida al análisis del
elemento subjetivo por ser el único punto que fue objeto de censura en la alzada,
así que no le era posible pronunciarse sobre las circunstancias que rodearon la
configuración del elemento objetivo de la causal.

En tales condiciones, concluyó que no era posible estudiar unos defectos respecto
de argumentos que no obraban en la decisión cuestionada, por lo que la acción de
tutela devenía improcedente en este punto.

En relación con los demás defectos, sostuvo que los mismos tenían por objeto
cuestionar la acreditación del elemento subjetivo de la causal de pérdida de
investidura, para lo cual efectuó el siguiente análisis:

Determinó que el defecto fáctico planteado por la accionante, sustentado en la
falta de pruebas que demostraran que tenía los conocimientos y la capacitación
suficientes para dimensionar las consecuencias de su conducta, carecía de
relevancia constitucional pues la autoridad judicial sí efectuó un análisis probatorio
adecuado, a partir del cual pudo concluir que la accionante conocía sus deberes
constitucionales, legales y reglamentarios y, por ende, debía saber que su
comportamiento podía conllevar a una incompatibilidad con el cargo de concejal.

Explicó que el análisis probatorio efectuado por la Sección Primera fue razonable,
por lo que la inconformidad de la parte actora con las razones allí expuestas no
era suficiente para lograr la intervención del juez constitucional.

Respecto del defecto por violación directa de la Constitución, aseveró que carecía

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de carga argumentativa pues la accionante no expuso de manera clara cuales
eran los elementos que dieron lugar a su configuración.

Destacó que la señora Arroyave Múnera se limitó a señalar que la autoridad
judicial se equivocó al considerar que debía acreditar que su conducta había sido
diligente, sin tener en cuenta que actuó de buena fe y que había sido inducida en
un error invencible por sus colegas, quienes sí tenían formación jurídica y la
experiencia para identificar la irregularidad de la actuación.

Resaltó que este defecto requiere que se enuncien claramente las normas que
consagran un derecho fundamental de aplicación inmediata y que no fueron
atendidas por la entidad demandada, o demostrar que en el fallo cuestionado se
efectuó una interpretación que no guarda armonía con el texto constitucional,
supuestos que no se cumplieron en el escrito de tutela.

Finalmente, refirió que el cargo por desconocimiento del precedente tampoco tenía
una carga argumentativa suficiente, debido a que las providencias invocadas no
guardaban similitud con el caso objeto de estudio.

En tal sentido, precisó que dichas sentencias no constituían precedente obligatorio
para la Sección Primera, porque no contenían reglas de decisión aplicables a la
controversia que tenía bajo su conocimiento.

Consideró que, ante la falta de carga argumentativa, no se cumplía el requisito de
relevancia constitucional, por lo que declaró la improcedencia de la acción al
establecer que la intención de la accionante era reabrir el debate jurídico en
relación con las circunstancias que llevaron a la autoridad judicial demandada a
decretar la pérdida de su investidura.

7. Impugnación

Inconforme con la anterior decisión, la parte actora la impugnó mediante memorial
radicado el 16 de marzo de 20234, en el que expuso los siguientes argumentos:

En lo referente al defecto sustantivo, afirmó que era necesario que se estudiara la
contradicción que existe entre el numeral 4 del artículo 162 de la Ley 115 de 1994
y el numeral 3 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994.

Insistió que la interpretación armónica de la primera de ellas con el antiguo
régimen municipal previsto en el Decreto 1333 de 1986, permitía concluir que los
concejales sí podían ser miembros de las juntas municipales de educación.

Reiteró que la interpretación efectuada tanto en la sentencia cuestionada como en
la providencia del 28 de enero de 2010, relativa a que el representante del concejo
ante las juntas municipales debía ser un funcionario distinto a un concejal,
corresponde a una aplicación contra legem de la norma que permite a los
concejales pertenecer a dichas juntas.

4
La sentencia de primera instancia fue notificada electrónicamente el 13 de marzo de 2023.
11

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Demandante: María Eugenia Arroyave Múnera
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-05542-01

Respecto de la decisión de no estudiar el defecto fáctico por estar relacionado con
el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura, indicó que si bien
dicho aspecto no fue analizado en la sentencia cuestionada, sí se abordó en el
salvamento de voto presentado por el magistrado Oswaldo Giraldo López, quien
puso de presente la existencia de un acto administrativo complejo en el que no
solo bastaba la designación sino también la aceptación y posesión en el cargo de
representante del concejo ante la junta municipal.

Añadió que, tal y como se dijo en primera instancia, la acción de tutela procede
contra “acciones u omisiones” de las autoridades que comprometan derechos
fundamentales, por lo que en este caso sí era viable la solicitud de amparo ante la
“omisión” de estudiar el elemento objetivo de la causal, ya que la Sección Primera
debió avizorar que la ausencia de ese análisis podía conllevar la transgresión de
sus garantías constitucionales, máxime si podía llegar a imponerse una sanción
tan gravosa como la eliminación vitalicia de sus derechos políticos.

Sostuvo que, si bien la autoridad judicial debía ceñirse al principio de congruencia,
pudo haber aplicado la figura del control de constitucionalidad por vía de
excepción, con el fin de salvaguardar sus derechos y no sacrificar la vida política
de una ciudadana por la aplicación de formalismos procesales.

Argumentó que el presente trámite constitucional es el único escenario con el que
cuenta para rebatir su estatus jurídico político y reivindicar sus garantías
fundamentales, por lo que solicitó que se revoque la sentencia de primera
instancia y se conceda el amparo de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta por la parte
actora contra la sentencia emitida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, en primera instancia, en atención a lo consagrado por los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo
13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde en este caso establecer si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
el fallo de primera instancia, a través del cual el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, declaró la improcedencia de la acción.

Se advierte que el estudio del caso se enmarcará en los precisos términos del
escrito de impugnación, en el cual la parte actora únicamente cuestionó la decisión
de declarar la improcedencia de la solicitud de amparo respecto de los defectos
sustantivo y fáctico, relacionados con el elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura.

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-05542-01

En caso de encontrar superados los requisitos de procedencia adjetiva, deberá
analizarse si, tal y como lo argumenta la parte actora, el Consejo de Estado,
Sección Primera, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a elegir y ser elegido, con ocasión del fallo
del 1º de abril de 2022, que revocó la sentencia del 21 de octubre de 2021, a
través de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia había denegado las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, decretó la pérdida de investidura de la
accionante como concejal del municipio de San Pedro de los Milagros, dentro del
proceso con radicado 05001-23-33-000-2021-01706-01, promovido por la señora
Daiana Andrea Álvarez Herrera en su contra.

Por lo anterior, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sección
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) estudio
sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse
superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de dos mil doce
(2012)5, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6,
conforme al cual:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido
el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes
y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-
10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio
de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.”7.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de
tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de
unificación.

5
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
7
Idem.
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Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues
la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo
residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo
señala el artículo 86 de la Carta y, por ende, la procedencia de esta acción
constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia8 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir
cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia
sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -
procedencia adjetiva-.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que el asunto
sea relevante desde el punto de vista constitucional, ii) que no se trate de tutela
contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva – Relevancia
constitucional

La señora María Eugenia Arroyave Múnera, por conducto de apoderado, interpuso
acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primera, con el objeto de
que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a elegir y ser elegido.

Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión del fallo del 1º de abril de 2022,
que revocó la sentencia del 21 de octubre de 2021, a través de la cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia había denegado las pretensiones de la demanda y, en

8
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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su lugar, decretó la pérdida de investidura de la accionante como concejal del
municipio de San Pedro de los Milagros, dentro del proceso con radicado 05001-
23-33-000-2021-01706-01, promovido por la señora Daiana Andrea Álvarez
Herrera en su contra.

En síntesis, la accionante considera que se desconocieron sus derechos
fundamentales debido a que la autoridad judicial decretó la pérdida de su
investidura sin que estuvieran debidamente acreditados los elementos objetivo y
subjetivo de la causal invocada en dicho proceso.

En primera instancia, la Sección Tercera, Subsección del Consejo de Estado
declaró la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional.

Concretamente, estableció que no había lugar a efectuar un pronunciamiento
frente a los cargos que estuvieran relacionados con el elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura, porque ese aspecto no había sido analizado en
la sentencia censurada al no haber sido objeto de apelación.

En ese sentido, consideró que el defecto sustantivo, cuyo sustento era el presunto
desconocimiento de la norma que establece que las juntas municipales deben
estar integradas por un representante del concejo, así como el defecto fáctico,
relativo a la falta de pruebas de la aceptación y posesión de la accionante en dicho
cargo, no podían estudiarse porque la autoridad judicial demandada nunca plasmó
ningún argumento sobre ese particular.

En cuanto a los defectos por violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente, cuyo propósito era cuestionar la acreditación del
elemento subjetivo de la causal, el a quo advirtió que no tenían una carga
argumentativa suficiente que permitiera su análisis de fondo.

Inconforme con la decisión de primera instancia, la señora Arroyave Múnera la
impugnó mediante escrito en el que únicamente cuestionó lo resuelto frente a los
defectos sustantivo y fáctico en relación el elemento objetivo de la causal.

Respecto del defecto sustantivo, sostuvo que era necesario estudiar la
contradicción existente entre el numeral 4 del artículo 162 de la Ley 115 de 1994 –
que permite la participación de un representante del concejo en las juntas
municipales – y el numeral 3 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 – que establece
que los concejales no pueden ser miembros de estas juntas.

Así mismo, indicó que la interpretación efectuada en la sentencia del 28 de enero
de 2010, relativa a que el representante del concejo ante las juntas debía ser un
funcionario distinto a un concejal, constituye una aplicación contra legem del
numeral 4 del artículo 162 de la Ley 115 de 1994.

En relación con el defecto fáctico, aclaró que aunque en la sentencia cuestionada
no se hizo mención al elemento objetivo de la causal, sí se hizo mención en el
salvamento de voto del magistrado Oswaldo Giraldo López.

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Además, resaltó que la acción de tutela sí era procedente en el caso concreto ante
la omisión de estudiar dicho elemento, puesto que la Sección Primera debió
avizorar que la ausencia de ese análisis podía conllevar a la transgresión de sus
derechos fundamentales.

Explicó que, si bien la autoridad judicial debía respetar el principio de congruencia,
lo cierto es que pudo aplicar la figura del control de constitucionalidad por vía de
excepción, en vez de sacrificar la vida política de una ciudadana por la aplicación
de formalismos procesales.

Finalmente, expresó que la acción de tutela es el único mecanismo con el que
cuenta para rebatir su estatus jurídico político y reivindicar sus garantías
fundamentales, por lo que solicitó revocar la sentencia impugnada y conceder el
amparo de tutela.

De lo hasta aquí expuesto, la Sala anticipa que confirmará el fallo de primera
instancia.

En efecto, tal y como lo advirtió el a quo, no es posible efectuar un
pronunciamiento frente a los defectos sustantivo y fáctico, justamente porque
están dirigidos a cuestionar aspectos que nunca fueron estudiados en la
providencia objeto de reproche.

Según se tiene, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 21
de octubre de 2021, denegó las pretensiones de la solicitud de pérdida de
investidura promovida contra la accionante, al considerar que solo se había
acreditado el elemento objetivo de la conducta, esto es, haber pertenecido a la
Junta Municipal de Educación de San Pedro de los Milagros, pero no el subjetivo,
comoquiera que no se probó que actuara de forma dolosa o gravemente culposa.

La anterior decisión solo fue apelada por la demandante en dicho proceso, quien
únicamente planteó como motivo de inconformidad el que no se tuviera por
demostrado el elemento subjetivo.

Por lo anterior, la competencia de la autoridad judicial de segunda instancia se
limitaba a resolver ese específico reparo, tal y como se evidencia en el problema
jurídico definido por la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia
censurada:

33. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en el recurso de
apelación, si se configura o no el elemento subjetivo de la causal de pérdida
de investidura prevista en el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136 de 1994
por parte de la señora María Eugenia Arroyave Múnera, respecto de la
incompatibilidad establecida en el numeral 3.° del artículo 45 de la Ley 136,
con el objeto de establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 21 de octubre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, en primera instancia.

Así, al analizar el caso concreto, la autoridad judicial se limitó a estudiar los
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argumentos relacionados con la conducta de la señora Arroyave Múnera, ya que
el elemento objetivo de la causal había quedado acreditado en primera instancia y
no se había presentado reparo alguno con dicha decisión.

En virtud de dicho análisis, la Sección Primera concluyó que la demandada no
había actuado con la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad como
concejal, ya que no solicitó conceptos o asesorías ni realizó indagaciones sobre la
aceptación de su designación como representante ante la Junta Municipal de
Educación o el régimen de incompatibilidades de los concejales, conducta
inexcusable de la cual se desprendía su culpa grave.

Con base en ello, encontró acreditado el elemento subjetivo de la incompatibilidad
y decretó la pérdida de investidura de la señora Arroyave Múnera.

Según lo expuesto, es claro que la autoridad judicial no efectuó un análisis del
elemento objetivo, precisamente porque su competencia estaba limitada por los
reproches elevados en el recurso de apelación, y en este no se hizo reparo alguno
frente a este aspecto.

Por lo mismo, no es posible analizar los defectos sustantivo y fáctico que guardan
relación con dicho elemento, ya que no hay un objeto sobre el cual se pueda
efectuar el correspondiente análisis, en la medida en que la sentencia cuestionada
no se refirió frente al tema ni debía a hacerlo por no hacer parte de la alzada.

Ahora bien, aunque en estricto sentido la accionante no estaba obligada a apelar
el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia porque resultaba favorable a sus
intereses, lo cierto es que su inconformidad con la decisión de tener por acreditado
el elemento objetivo denota su intención de reabrir un debate que concluyó ante la
autoridad de primera instancia al no existir un reproche de las partes sobre el
particular.

Por tal razón, la Sala considera que le asiste razón al a quo al determinar que la
acción de tutela no es relevante desde el punto de vista constitucional, ya que lo
pretendido por la actora es volver sobre una discusión que ya fue zanjada en el
proceso ordinario, así que su simple desacuerdo con lo decidido en el proceso
ordinario no es suficiente para establecer una verdadera vulneración de garantías
del orden superior como lo son los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a elegir y ser elegido.

Lo anterior, de conformidad con la postura fijada por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, a través de la cual se unificaron los criterios respecto
del precitado presupuesto.

En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «…el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada
señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y
exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se

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cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser
más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de
cierre…».

El Alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia
adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las
normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito son
las siguientes:

«(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal9» (Énfasis de la Sala).

Así mismo, luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo
que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este
postulado, en estos eventos:

i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,

ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal,

iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,

iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

En este caso, la actora insiste en su escrito de impugnación en que la autoridad
demandada desconoció sus garantías al dar por acreditado el elemento objetivo
de la causal de pérdida de investidura, a pesar de que no existía prueba de que se
hubiera posesionado como representante del concejo ante la junta municipal de
educación y, porque en todo caso el numeral 4 del artículo 162 de la Ley 115 de
1994 sí permite la participación de concejales en dichas juntas.

Sin embargo, en el fallo cuestionado no se hizo un análisis de ese aspecto por no
ser objeto de apelación, así que sus argumentos solo denotan su intención de
reabrir un debate que resultó zanjado ante el juez de primera instancia, por lo que
no es posible efectuar un estudio de fondo en esta instancia constitucional frente a
ese específico punto.

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Sentencia SU 573 de 2019.
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Además, es evidente que los reparos de la parte actora con la valoración
efectuada en segunda instancia únicamente demuestran su inconformidad con lo
resuelto por el ad quem por ser contrario a sus intereses.

Por ende, se advierte que la acción de tutela presentada por la señora Arroyave
Múnera no satisface el requisito de relevancia constitucional, ya que no existe una
argumentación tendiente a demostrar la grave violación de los derechos
fundamentales invocados y solo se plantea un desacuerdo con el análisis
efectuado en sede ordinaria, con el fin de que el juez de tutela reevalúe la postura
finalmente adoptada por el juzgador natural de la causa, circunstancia que es a
todas luces improcedente.

Por lo mismo, el debate planteado por la parte actora no tiene la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de
un derecho fundamental, así que no es posible dar por acreditado este requisito de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En este caso, es evidente para la Sala que los argumentos presentados con la
demanda de tutela y que fueran reiterados en la impugnación, buscan reabrir una
controversia que ya fue definida en el proceso de pérdida de investidura, sin que
de ellos se pueda verificar una posible vulneración de las garantías fundamentales
del actor, más allá de la inconformidad que presenta frente a la decisión que
resultó contraria a sus intereses.

En efecto, no se encuentra motivo alguno que permita realizar un estudio de fondo
en el caso concreto, debido a que la argumentación presentada por la accionante
no muestra de forma fehaciente en qué puede consistir la vulneración de las
garantías de índole superior invocadas.

En consecuencia, como no existe mérito para analizar los reparos presentados en
relación con el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura y no se
evidencia una problemática de carácter constitucional, no es posible que el juez de
tutela se inmiscuya en cuestiones que desbordan su competencia, de lo contrario,
se desnaturalizaría el carácter excepcional y especial de la acción.

Por lo tanto, al no estar acreditados los criterios fijados por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia constitucional, ya que la solicitud de amparo solo pretende reabrir el
debate de instancia y no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental, se
confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia de la
acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

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Demandante: María Eugenia Arroyave Múnera
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Rad: 11001-03-15-000-2022-05542-01

FALLA:

PRIMERO: Confírmase la sentencia del 3 de marzo de 2023, a través de la cual el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A declaró la improcedencia de la
acción.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes al de la ejecutoria de esta
providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

20

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