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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03935-00

Fecha
18 de agosto de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03935-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Presidencia de la República, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la decisión. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación realizada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el presidente de la República. TERCERO: NEGAR la solicitud de amparo en contra de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Procuraduría General de la Nación y de la Presidencia de la República. CUARTO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO en la acción de tutela interpuesta por el señor Gustavo Cubillos Cudris, frente a Caribemar de la Costa S.A.S. ESP - Afinia por las consideraciones expuestas en la parte motiva. QUINTO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. SEXTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03935-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

18 de agosto de 2022

Demandante: Gustavo Cubillos Cudris
Demandados: Presidencia de la República y otros.
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03935-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03935-00
Demandante: GUSTAVO CUBILLOS CUDRIS
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SUPERINTENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS Y OTROS

Temas: Tutela de fondo- Mora en decidir recurso de apelación dentro
del proceso de ruptura de solidaridad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda presentada por el
señor Gustavo Cubillos Cudris contra la Presidencia de la República, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la empresa Caribemar de la
Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) y la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

1. Con escrito enviado el 19 de julio de 2022 al buzón web de la Secretaría
General de esta Corporación, el señor Gustavo Cubillos Cudris, en nombre propio,
ejerció acción de tutela contra la Presidencia de la República, la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, la empresa Caribemar de la Costa S.A.S.
E.S.P. (Afinia) y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que sean
amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y de petición.

2. Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas por la
omisión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en resolver el
recurso de apelación promovido por el actor dentro del trámite administrativo de
solicitud de rompimiento de la solidaridad adelantado ante Caribemar S.A.S.
E.S.P. (Afinia)1, respecto de la deuda existente por concepto del servicio de
energía eléctrica sobre un inmueble de propiedad del señor Cubillos Cudris.

3. Por su parte, solicitó que la Procuraduría General de la Nación “emita las
sanciones a que haya lugar” en cumplimiento de la denuncia que afirmó presentar.

1
Trámite al cual se le asignó el radicado N.º RE3110202126139
1

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Demandante: Gustavo Cubillos Cudris
Demandados: Presidencia de la República y otros.
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03935-00

Además, requirió que se ordene al “presidente de Colombia que ene (sic) ejercicio de
sus funciones emita una orden para que la superservicios proceda con las sanciones a
que haya lugar en contra de la empresa”.

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“PRIMERO: Que el juez constitucional ampare los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA,
DERECHO DE PETICION.

SEGUNDO: Que el juez constitucional ordene a la empresa a cumplir con la
ley y enviar el expediente a la superservicios EXHORTANDO para que se
abstenga de seguir teniendo moras injustificadas al momento de enviar los
expedientes a la superservicios y sancione al gerente general de Afinia
conforme a la normativa plasmada en el decreto-ley 2591 de 1991.

TERCERO: Que el juez ordene a la superservicios a dar respuesta dentro del
término establecido por la ley.

CUARTO: Que el honorable magistrado remita copia a la procuraduría general
de la nación para que esta en ejercicio de sus funciones emita las sanciones a
que haya lugar.

QUINTO: Que el honorable magistrado ordene al presidente de Colombia que
ene ejercicio de sus funciones emita una orden para que la superservicios
proceda con las sanciones a que haya lugar en contra de la empresa”. (Sic a
toda la cita)2.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El 16 de junio de 2022, el señor Gustavo Cubillos Cudris inició un trámite de
ruptura de solidaridad ante la empresa CARIBEMAR de la Costa S.A.S. ESP
(Afinia) (identificado NIC 7980630), respecto de una deuda que recae sobre un
bien inmueble de su propiedad, por el cobro del servicio de energía cuando este
se encontraba arrendado.

6. El 18 de junio de 2021 dicha petición fue resuelta de manera desfavorable a
través de la Resolución No. 202170160693, en donde se precisó que el
arrendador y el arrendatario son solidariamente responsables de la deuda.
Además, le advirtió que “la dirección del inmueble no coincide con la registrada en la
factura” “(…) “e igual forma se informa al usuario que no presento (sic) el certificado de
libertad y perdición (sic)”.

7. Esta decisión fue objeto de recurso de reposición y apelación el 23 de junio
de 2021.

8. El 25 de junio de 2021, mediante la Resolución con el consecutivo No.
202170169893, se ratificó tal negativa. Asimismo, en tal oficio se dispuso:

2
Folio 13 de la demanda de tutela que se encuentra en el índice 2 del aplicativo web SAMAI.
2

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“Toda vez que usted interpuso el recurso de apelación subsidiario al de
reposición, remitiremos el expediente del caso a la Superintendencia de
Servicios Públicos domiciliarios una vez se surta la notificación personalmente
o por aviso, y será dicha entidad quien defina acerca el caso”.

9. El 2 de agosto de 2022, la empresa CARIBEMAR de la Costa S.A.S. ESP
remitió el expediente administrativo a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios para que tramitara el recurso de apelación.

1.3. Fundamentos de la solicitud

10. El señor Gustavo Cubillos Cudris consideró que las autoridades tuteladas
desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y de petición, con sustento en que “la empresa Afinia viene
incurriendo en violaciones directas de los derechos fundamentales y en este caso en
particular del derecho fundamental de petición ya que al no enviar el expediente a
tiempo a la superservicios para que dicha entidad resuelva del recurso de alzada
hay una obstrucción del núcleo esencial del derecho de petición, tal y como lo plante
y demostré en el hecho anterior el honorable consejo de estado ya había resuelto un caso
idéntico a este y aun así la empresa sigue comiendo las mismas violación haciendo
acreedora de sanciones tipificadas en el decreto-ley 2591 de 1991 y que el honorable
magistrado debe sancionar”. (Sic a toda la cita).

11. Señaló que la Sección Quinta del Consejo de Estado a través de un fallo de
tutela de segunda instancia proferido el 3 de marzo del 2022 3 conoció de un caso
similar a este, en el que confirmó la decisión del juez de primera instancia y
amparó el derecho fundamental de petición de quien obrara como tutelante,
debido a que la Superintendencia de Servicios Públicos había tardado más del
tiempo estipulado por la ley para resolver el recurso de alzada.

12. Así mismo, sostuvo que no se atendió lo previsto en los artículos 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81 de la Ley 142 de 1994, sobre la organización, estructura de la
Superintendencia de Servicios Públicos y las sentencias de la Corte
Constitucional: C-761 de 2015, C-799 de 2011 y T-421 de 2018 relacionadas con
el derecho de acceso a la administración de justicia.

13. Consideró que la empresa Afinia junto con la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios están violando su derecho fundamental de petición, ya que
su falta de respuesta ha generado que la empresa prestadora del servicio le
suspenda el servicio de energía eléctrica en razón de la deuda.

1.4. Trámite de la acción de tutela

14. Mediante auto del 28 de julio de 20224, se admitió la acción de tutela y se
dispuso su notificación5 a la parte actora, así como a la Presidencia de la
República, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la empresa

3
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de marzo de 2022, Rad. 11001-03-15-000-
2021-05822-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
4
Índice 4 del expediente digital en el aplicativo SAMAI.
5
Actuación realizada el 1 de agosto de 2022.
3

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Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia) y la Procuraduría General de la
Nación, como autoridades accionadas.

15. Así mismo, se requirió a la parte actora para que aportara copia digital de
las actuaciones que realizó ante la Presidencia de la República y la Procuraduría
General de la Nación, con el fin de establecer el eventual incumplimiento de esas
dependencias en lo referente a sus funciones.

1.5. Intervenciones

16. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital del expediente6, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.5.1. Presidencia de la República

17. Con escrito remitido el 2 de agosto de 2022 al buzón web de la Secretaría
General de la Corporación, el apoderado judicial del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República y del presidente de la República explicó que al
no ser parte del trámite constitucional no es posible pronunciarse frente a los
hechos, pues se desconoce el contexto del proceso judicial y la acción u omisión
de la cual se predica la aparente violación de los derechos fundamentales del
señor Gustavo Cubillos Cudris.

18. Por lo anterior, solicitó la desvinculación de sus poderdantes por cuanto no
se le pueden imponer órdenes que no dependen a sus competencias.

1.5.2. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

19. Mediante memorial presentado el 3 de agosto de 2022, la apoderada
judicial de la entidad indicó que la vulneración de los derechos fundamentales no
es ocasionada por su dependencia, toda vez que las órdenes de corte, reconexión
y vinculación de un reclamo a la facturación, es una actuación de exclusiva
competencia de la empresa Caribemar de la Costa S.A. ESP. – Afinia Grupo EPM-
y no es del resorte de la superintendencia, por lo que no es posible vincularla a los
efectos del fallo.

20. Así mismo resaltó que no ha recibido ningún recurso de apelación, pues
la empresa Caribemar de la Costa S.A. ESP. – Afinia Grupo EPM- no ha hecho
entrega de ningún expediente contentivo de apelación a la superintendencia por
este caso. En ese orden de ideas, alegó que no puede pronunciarse de fondo
sobre un trámite que no ha surtido la etapa de reclamación en primera instancia y
es a la empresa a la que le corresponde excepcionar sobre esto.

21. Finalmente, adicionó que la parte accionante se limitó a la mera afirmación
de que solicitó la intervención de la superintendencia, pero no demostró que en
realidad lo hizo pues no señaló los números de radicación aportados a su petición

6
De conformidad con las notificaciones obrantes en el expediente digital de la acción de tutela,
Índice 7, Oficio No. 81697, 81699, 81701, 81703 y 81705 del 1 de agosto de 2022.
4

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presentada ante la entidad. Por lo anterior, solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

1.5.3. Caribemar de la Costa S.A.S. ESP (Afinia)

22. Con escrito enviado el 4 de agosto de 2022, el apoderado especial de la
empresa prestadora de servicios solicitó que se declarara improcedente o se
negaran las pretensiones de la demanda, por cuanto argumentó que el 25 de junio
de 2021 mediante consecutivo No. 202170169893 y notificado al correo
oficinadequejasyreclamos@gmail.com; melkiskammerer@hotmail.com donde se le
informó que se remitiría el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios para que fuera dicha entidad quien definiera el caso.

23. Adujo que no es cierto que la empresa Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
ha violado el derecho fundamental al debido proceso del accionante, ya que ha
tramitado cada una de las reclamaciones presentadas por él, como se evidencia
en los anexos; y, en cuanto a las amenazas de suspensión, la última actuación de
la empresa fue el 28 de agosto de 2021 donde se generó una orden de
inspección.

24. Del mismo modo, manifestó que en lo relacionado con la violación de los
derechos fundamentales trasgredidos por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios su representada no tiene ninguna injerencia.

25. Indicó que en el presente caso no ha existido vulneración a los derechos del
accionante porque la empresa tramitó su reclamación agotándose la vía
gubernativa ante la misma, por lo que actualmente se encuentra en trámite el
recurso de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos, sin que se
haya generado orden de suspensión del servicio por el periodo en reclamación.

26. Sostuvo que se envió el expediente con 102 folios a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios el 2 de agosto de 2022 correspondiente a la
reclamación RE3110202126139 encontrándose a la espera de la resolución del
recurso de apelación interpuesto por el actor.

27. Así mismo, explicó que el demandante no demostró un perjuicio
irremediable y que no se cumple con el requisito de subsidiariedad teniendo en
cuenta que conforme al artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, las decisiones de las
empresas de servicios públicos, y las resoluciones de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios son actos administrativos que se pueden
demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

28. Por último, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, por lo que
requirió su desvinculación.

29. A pesar de que la Procuraduría General de la Nación fue debidamente
notificada, guardo silencio.

5

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

30. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada
por el señor Gustavo Cubillos Cudris, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 377 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

31. En ese orden, la Sección advierte que una de las autoridades judiciales
contra la que se dirige la acción de tutela es Presidencia de la República y, en tal
sentido, debe aplicarse el numeral 12° de la referida norma, por ser parte de esta
Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

33. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

34. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá
ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un
agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no
esté en condiciones de promover su propia defensa.

35. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-
416 de 19978, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye
un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la
calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el
proceso de tutela.

36. En la sentencia T-086 de 20109, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia
significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho
fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que
la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante
legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.

7
“ARTICULO 37. PRIMERA INSTANCIA. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a
prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la
amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.
El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha
presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá
sobre las consecuencias penales del falso testimonio.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás
medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar”.
8
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416 del 28.08.97., M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
9
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083 del 15.02.10., M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
6

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37. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 201110, indicó que la legitimación
en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la
acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se
solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer
que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

38. En la sentencia T-435 de 201611, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo
especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo
cual quedó reiterado en la SU-454 de 201612, en la que, adicionalmente, señaló
que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los
jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda 13.

39. Con fundamento en el marco conceptual expuesto14, la Sala advierte que el
señor Gustavo Cubillos Cudris es titular de los derechos fundamentales que
reclama, en consideración a que fue la demandante en el proceso ejecutivo en el
que se dictó la providencia cuestionada.

40. En consecuencia, la parte accionante goza de legitimación en la causa por
activa en el presente trámite constitucional, presupuesto procesal que al superarse
permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de
los derechos presuntamente vulnerados.

41. En relación con las autoridades judiciales accionadas, se advierte que la
demanda se dirigió contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
la empresa Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia), el presidente de la
Reepública y la Procuraduría General de la Nación, ya que el actor dirigió la
demanda en contra de dichas entidades y la empresa prestadora del servicio por
la falta de trámite al recurso de apelación interpuesto, se encuentran legitimadas
en la causa por pasiva, por lo que será con el estudio del caso concreto, y ante la
acreditación de que se acudió ante tales autoridades, que se determine si existió o
no una vulneración de los derechos fundamentales del actor por la presunta
omisión en sus funciones.

10
Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176 del 14.03.11., M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
11
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435 del 12.08.16., M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado
12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454 del 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
13
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511 del
08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de
Revisión, Sentencia T-318 del 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se señaló:
“En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez
constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se
sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración
del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los
mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto
se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
14
Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta,
ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones
de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia del 27.02.20., M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
7

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42. Ahora bien, frente a la Presidencia de la República, esta Sala declarará su
falta de legitimación en la causa por pasiva teniendo en cuenta que revisados los
antecedentes del caso, no se acreditó que la entidad haya recibido alguna petición
o haya intervenido en algún trámite que afecte directamente al señor Gustavo
Cubillos Cudris.

2.3. Problema jurídico

43. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

 Debido al envío realizado por la empresa Caribemar de la Costa S.A.S.
E.S.P. (Afinia) del expediente contentivo del recurso de apelación a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ¿Se configura en el caso
concreto la carencia actual de objeto por hecho superado?

32. ¿Las parte demandada vulneró los derechos fundamentales del señor
Gustavo Cubillos Cudris al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y de petición, por la presunta mora administrativa para resolver de fondo el
recurso de apelación impetrado al interior de un trámite administrativo de ruptura
de solidaridad ante la empresa CARIBEMAR de la Costa S.A.S. ESP (Afinia)
(identificado NIC 7980630), respecto de una deuda que recae sobre un bien
inmueble de su propiedad, por el cobro del servicio de energía cuando este se
encontraba arrendado?

33. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) las generalidades de la acción de tutela; (ii) de la carencia actual de
objeto; iii) Términos procesales para que la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios resuelva recursos de apelación en sede administrativa; y
(iv) el análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

44. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de
particulares.

45. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de
defensa judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita
su ejercicio como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la
activación, por parte del peticionario, de los instrumentos judiciales pertinentes.

46. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo
demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son
inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la
inminencia de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez
constitucional inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer

8

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las diferentes subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como
el sub examine.

2.5. De la carencia actual de objeto

47. La Sala ha explicado en varias ocasiones15 que la acción de tutela ha sido
instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera
actual e inminente.

48. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho
fundamental desaparece en el transcurso de la acción de tutela, o la vulneración
del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de
suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del
juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de
los derechos fundamentales.

49. La Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) hecho
superado; (ii) daño consumado; y, (iii) una situación sobreviniente.

50. Al respecto, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 1º de
septiembre de 2016, señaló que:

«La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia
que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron
origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la
solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser
como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo
antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la
eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro,
se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto
para esta acción.16
“A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se
destacó sobre este respecto, que:

“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un
derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente
que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del
derecho fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es
decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento
sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como
en el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado”
(negrillas inexistentes en el texto original)

“Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar
la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar

15
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017-00085-01 y del 19.10.17., M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00.
16
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la
cual se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
9

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alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el
género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede
materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii)
“daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la
jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente17».

51. Con base en el referido marco referencial, el Máximo Tribunal
Constitucional ha sostenido que:

(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley
2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la
autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales.18

52. En palabras de la Corte Constitucional, la «…primera de estas figuras [hecho
superado], regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto
de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el
fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta
solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii)
resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la
protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de
desconocer…»19.

53. En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta
esta Sección Quinta), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo
la conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se
vulneraron o no los derechos fundamentales.

54. De hecho, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en
aquellos casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda
instancia, durante el trámite de revisión ante ese Tribunal.20

55. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales
se supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se
ha destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse
sobre la conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio
de reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte
Constitucional:

17
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la
cual se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
18
Corte Constitucional. Sentencia T-038/19.
19
Sentencia T-481 del 1º de septiembre de 2016.
20
A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
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«En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque
sí para Corte en sede de Revisión,21 incluir en la argumentación de su
fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales
planteada en la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si
considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del
caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad
constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su
ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las
sanciones pertinentes, si así lo considera”.22 Según la jurisprudencia de la
Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia
judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del
momento del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado 23”.24»
(Destacado fuera de texto).

(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela. Al respecto ha sostenido el Tribunal
Constitucional: «[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en
que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado
el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es
factible que el juez de tutela dé una orden al respecto».25

(iii) Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de
los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de
tutela, con ocasión del obrar del actor o de un tercero distinto a la autoridad
demandada.

56. La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de
hecho para declarar la carencia actual de objeto:

“El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por
las distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de
gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su
amplitud cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de
daño consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier
“otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela
relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por
lo tanto caiga en el vacío”. No se trata entonces de una categoría homogénea
y completamente delimitada”.26

21
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la
cual se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima
jerarquía de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos
fundamentales cuya protección se solicita».
22
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la
cual se transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009».
23
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la
cual se transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09».
24
«Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo».
25
«Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
26
«Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera».
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2.6. Términos procesales para que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios resuelva recursos de apelación en sede administrativa

57. Si bien la Ley 142 de 1994 o la Ley 1437 de 2011 no establecen un término
para que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resuelva el
recurso de apelación en mención, por remisión expresa de los artículos 13 y 14 de
la Ley 1437 de 2011, se tiene que, salvo disposición legal especial en contrario,
las autoridades competentes tienen un plazo general y expreso de 15 días hábiles
para resolver los recursos administrativos promovidos.

58. Asimismo, si no fuere posible resolverlos en dicho término, por concurrir de
manera excepcional las condiciones fácticas y jurídicas descritas en el parágrafo
del artículo 14, deberán resolverse en un plazo que no exceda los 30 días desde
su oportuna interposición27.

59. Criterio que a la postre se encuentra acorde con el concepto de la Sala de
Consulta Civil de esta Corporación28, en el cual se precisó que el plazo que
contempla el artículo 86 de la Ley 1437 de 2011, del silencio administrativo
negativo29, -dos (2) meses-, no se puede considerar, “en modo alguno como el
término máximo con el que se cuenta para decidir tales recursos”, dado que tal lapso
atiende a la posibilidad que tiene el usuario para acudir a la administración de justicia,
donde cabe destacar que “la ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no
exime a la autoridad de responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se hubiere
notificado auto admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

2.7. Caso concreto

60. El señor Gustavo Cubillos Cudris consideró vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y de
petición, con ocasión de la presunta mora administrativa en resolver el recurso de
apelación impetrado ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
al interior de un trámite de ruptura de solidaridad en el cobro de la prestación del
servicio público domiciliario de energía eléctrica.

61. Teniendo en cuenta los antecedentes del caso y por cuestiones
metodológicas se dividirá el estudio, para analizar, en primer lugar, si la empresa
Caribemar de la Costa S.A.S. ESP – Afinia vulneró los derechos fundamentales
del actor, y en segundo término se estudiará lo propio en relación con la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

27
Ver al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, fallo de 3 de marzo
de 2022, expediente 11001-03-15-000-2021-05822-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
28
Ver Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, concepto con radicado No. 2123,
expediente 11001-03-06-000-2012-00084-00, del 29 de octubre de 2012, M.P. Luis Fernando
Álvarez Jaramillo.
29
“Artículo 86. Silencio administrativo en recursos. Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este
Código, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la interposición de los
recursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se
entenderá que la decisión es negativa.”
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2.7.1. En relación con la empresa Caribemar de la Costa S.A.S. ESP – Afinia.

62. De conformidad con los antecedentes expuestos en esta providencia, la
Sala advierte que la mencionada sociedad mediante la Resolución con el
consecutivo No. 202170169893 del 25 de junio de 2021, resolvió el recurso de
reposición interpuesto en contra de la decisión que negó su solicitud y concedió el
de apelación. En dicho acto, informó a la parte actora que remitiría el expediente
administrativo a la Superintendencia correspondiente.

63. Adicionalmente, en el escrito de contestación de la tutela dicha empresa
informó que envió el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios para que desatara la apelación el 2 de agosto de 2022:

“El presente caso la empresa Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P envió el
expediente con 102 folios el día 02/08/2022 correspondiente a la reclamación
RE3110202126139 encontrándonos a la espera de la resolución por parte de la
Superintendencia de Servicios Públicos.”

64. De la revisión del expediente y las pruebas obrantes en el proceso, la Sala
observa que, en efecto, Caribemar de la Costa S.A.S. ESP - Afinia remitió, el 2 de
agosto de 2022, a un correo electrónico de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, puntualmente al buzón de la Dirección Territorial Norte
dtnororiente@superservicios.gov.co, un documento denominado “EXPEDIENTE
DE RAP – GUSTAVO CUBILLOS CUDRIS – NIC 7980630 – FOLIOS 102”.

65. Para corroborar lo afirmado, en su escrito de contestación, la mencionada
sociedad incluyó una captura de pantalla del envío del expediente a la
Superintendencia de Servicios Públicos:

66. En este sentido, se advierte que contrario a lo afirmado por Caribemar de
la Costa S.A.S. ESP - Afinia, en la comunicación de 25 de junio de 2021 respecto
a que remitiría el expediente relacionado con la petición del accionante, esto solo
ocurrió hasta el 2 de agosto de esta anualidad.

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67. Lo anterior significa que, en relación con la pretensión elevada por el actor
frente a Caribemar S.A.S. E.S.P. (Afinia), se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, debido a que durante el trámite de la solicitud de amparo la
sociedad remitió el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios para que resolviera el recurso de apelación interpuesto en el trámite
administrativo de solicitud de rompimiento de la solidaridad adelantado ante dicha
empresa.

68. En ese orden, el estudio que en este caso debería realizar el juez
constitucional carece de objeto actual, puesto que lo pretendido por la parte
accionante, en relación con la sociedad demandada, se circunscribía al envió del
expediente por parte de la empresa prestadora de servicios a la superintendencia
para que esta última se pronuncie frente al recurso de apelación interpuesto.

69. Esta Sala de Decisión en anteriores oportunidades30 se ha referido a la
acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial ha sido
instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean transgredidos o amenazados de una manera
actual e inminente.

70. De igual manera, se ha advertido que existen eventos en los que la
amenaza o efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el
trascurso de la acción de tutela, como sucede en el caso concreto, de suerte que
el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de las
garantías constitucionales.

71. La Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos de hecho:
(i) por hecho superado, ii) por daño consumado y, iii) por una situación
sobreviniente.

72. Así mismo, ha manifestado que el hecho superado obedece a lo regulado
en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la
actuación impugnada, la cual se materializa cuando en el trámite de un proceso de
tutela se demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones
necesarias para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.

73. En consecuencia, se declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado frente al cargo consistente en que Caribemar de la Costa S.A.S. ESP
• Afinia envié el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios para que esta resuelva el recurso de apelación interpuesto por el
actor, ya que, en el transcurso de la presente acción de tutela, se acreditó que
se allegaron dichas piezas procesales al correo institucional de la
Superintendencia correspondiente señalado para tal fin.

30
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes
Barreiro; (ii) de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de
junio de 2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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2.7.2. En relación con la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios

74. Dentro de las pruebas que reposan en el expediente, se evidenció que,
mediante oficio del 25 de junio de 2021 identificado con el radicado
RE3110202126139, Caribemar de la Costa S.A.S. ESP – Afinia resolvió el recurso
de reposición y concedió el de apelación. Por lo anterior, indicó que remitiría el
expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

75. Teniendo en cuenta lo anterior, el actor en su escrito inicial señaló que la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios trasgredió sus derechos
fundamentales al debido proceso administrativo y de petición, por cuanto han
transcurrido más de 5 meses sin que se hubiese resuelto el recurso de apelación,
a pesar de que las Leyes 1437 de 2011 y 1755 de 2015 establecen que el tiempo
máximo para dar respuesta no puede ser mayor a 60 días (2 meses).

76. Así mismo, adujo que se acercó a las oficinas de la mencionada
superintendencia a preguntar sobre el estado de su trámite, sin embargo, le
informaron que la empresa prestadora de servicios no ha enviado ningún
expediente relacionado con su caso.

77. Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
mediante memorial de contestación a esta acción de tutela, indicó que no ha
recibido ningún recurso de apelación en el cual figure como recurrente el
aquí accionante, pues la empresa Caribemar de la Costa S.A. ESP. – Afinia no
ha hecho entrega de ningún expediente contentivo de apelación a la
superintendencia por este caso, razón por la cual, no podía pronunciarse de fondo
sobre un trámite que no ha surtido la etapa de reclamación en primera instancia y
es a la citada empresa a la que le corresponde excepcionar sobre este caso.

78. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la entidad demandada
no ha vulnerado las garantías constitucionales del señor Cubillo Cudris, pues a la
fecha de presentación de la solicitud de amparo de la referencia, la empresa
Caribemar de la Costa S.A. ESP – Afina no le había remitido el correspondiente
expediente para el trámite del recurso de alzada, circunstancia que, como se
indicó anteriormente, ocurrió hasta el 2 de agosto del presente año, es decir con
posterioridad a la radicación de la tutela.

79. Esto quiere decir que la entidad demanda no ha superado los términos
establecidos en la ley para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
decisión de la empresa prestadora del servicio, motivo por el cual se negará el
amparo solicitado por la parte actora.

2.7.3. Otras cuestiones

78. El accionante solicitó que se remitieran copias ante la Procuraduría General de
la Nación, para que investigara las faltas cometidas por “(…) la superintendente de
servicios públicos domiciliarios, el representante legal y el jefe de jurídica de la empresa”;
y se le ordenara al presidente de la República que emitiera una orden para que la
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superintendente “(…) cumpla con las órdenes impartidas por los jueces y no incurra en
más violaciones de los derechos fundamentales”.

79. El tutelante fue requerido en el auto admisorio de la demanda, para que
aportara las actuaciones realizadas ante dichas dependencias, con el fin de
establecer el eventual incumplimiento de estas, sin embargo, el señor Cubillo
Cudris no atendió el requerimiento en mención.

80. Por lo tanto, esta Colegiatura considera que no cuenta con los elementos
suficientes para estudiar la presunta omisión en la que incurrieron la Procuraduría
General de la Nación y el presidente de la república, comoquiera que no se
conoce el fundamento normativo o las causales por las que la parte demandante
acudió a tales dependencias, o si en efecto lo hizo. Por tal razón, la Sala negará la
solicitud de amparo constitucional en lo referente las pretensiones que se dirigen
contra aquellos, ya que no se puede analizar un eventual incumplimiento de
funciones o presunta vulneración de garantías constitucionales, cuando no se
conocen las razones que la fundamentan.

81. Por otro lado, la Sala advierte que la parte actora puso de presente un
antecedente de la Sección Quinta del Consejo de Estado 31, en el cual, en un caso
similar al suyo, se ordenó a la Superintendencia resolver el recurso de apelación
en un término de 48 horas contados a partir del día siguiente a la notificación de la
providencia, y se exhortó a la referida entidad para que, en lo sucesivo, no
incurriera en demoras administrativas injustificadas.

82. Frente a ello, señaló que a pesar del exhorto proferido en una oportunidad
anterior, la entidad continuaba incumpliendo con los términos regulados en la ley.
Por consiguiente, solicitó se sancionara a la entidad y se compulsaran copias a la
Procuraduría General de la Nación para que la sancionara de forma disciplinaria.

83. Al respecto, la Sala advierte que negará la pretensión dirigida a que se
sancione a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por el
incumplimiento del fallo de tutela del 3 de marzo del 2022 con radicado N. 11001-
03-15-000-2021-05822-01 proferido por esta Sección porque: (i) las sanciones al
interior de la acción constitucional se encuentran reguladas en el artículo 52 del
Decreto 2591 de 1991, para lo cual se deberá adelantar un trámite incidental que
garantice los garantías constitucionales de ambas partes y, (ii) la legitimación en
la causa por activa para iniciar este trámite corresponde a la persona natural o
jurídica a la cual se le ampararon sus derechos fundamentales, dados los efectos
inter partes de la sentencia en mención.

2.8. Conclusión

84. En consecuencia, esta Colegiatura negará las pretensiones de la demanda
frente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pues aún se
encuentra en término para resolver el recurso de apelación interpuesto por el actor
y, declarará el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, en la

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil, Auto 31.03.22, Rad. 11001-03-15-000-2021-5822-01.
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medida en que Caribemar de la Costa S.A.S. ESP - Afinia envió el expediente el 2
de agosto de 2022 para continuar con el trámite administrativo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Presidencia de la República, de conformidad con los argumentos expuestos en la
parte motiva de la decisión.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación realizada por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el presidente de la
República.

TERCERO: NEGAR la solicitud de amparo en contra de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, Procuraduría General de la Nación y de la
Presidencia de la República.

CUARTO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO en la acción de tutela interpuesta por el señor Gustavo Cubillos
Cudris, frente a Caribemar de la Costa S.A.S. ESP - Afinia por las consideraciones
expuestas en la parte motiva.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

17

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