Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03966-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03966-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03966-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
25 de agosto de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03966-00
Demandante: Mercedes Rosario García Quiñones
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-03966-00
Demandante MERCEDES ROSARIO GARCÍA QUIÑONES
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas Acción de tutela. Derecho al trabajo en condiciones dignas y al
descanso. Régimen de vacaciones individuales en la Rama
Judicial. Solicitud de disfrute de vacaciones escribiente de
juzgado. Autorización de recursos para el nombramiento del
reemplazo del empleado en vacaciones.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Mercedes Rosario García Quiñones, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 18 de julio de 20221, Mercedes Rosario García Quiñones, interpuso acción de
tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca,
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali, Valle del Cauca y el
Área Financiera de la misma seccional, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y al disfrute de las vacaciones.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1º. Se ordene a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DEL VALLE del Cauca que proceda a emitir el respectivo Certificado de Disponibilidad
Presupuestal con el fin de allegarlo al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de
Buenaventura Valle y poder gozar de mi periodo de vacaciones al cual hice alusión en el
acápite de hechos, mismo que tiene como fin entre otros someterme a chequeos médicos
a los cuales debo practicarme cada año y descansar.
2º. Se INQUIERA de una vez por todas a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL VALLE para que en lo sucesivo se abstenga de
asumir postura similar y de negación de expedición de disponibilidad presupuestal, pues,
es inconcebible que no acate el precedente judicial y esa conducta conlleva a un desgaste
innecesario de la administración de justicia, ya que por cada certificado que pidan los
empleados estamos avocados a iniciar individualmente una acción de tutela.
1 Radicación al correo de la Oficina de Apoyo Judicial de Buenaventura, Seccional Cali.
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3º. En Caso de no acatar el fallo dispuesto por usted señor Juez, se impongan las sanciones
de Ley consagrado en artículo 26 y 52 del decreto 2591 de 1991.
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La señora Mercedes Rosario García Quiñones labora en el Juzgado Segundo
Promiscuo de Familia de Buenaventura, en el empleo de Escribiente
nombrada en propiedad.
2.2. Mediante escrito del 26 de mayo de 2022, la actora le solicitó a su nominador
que le fueran concedidas las vacaciones causadas por el periodo laborado del
1º de enero al 30 de diciembre de 2021, para ser disfrutadas a partir del 16 de
agosto de 2022, y por un lapso de 25 días.
Por Resolución Nro. 050 del 30 de junio de 2022, el juez titular del despacho
concedió las vacaciones individuales a la empleada, sin embargo supeditó su
disfrute a la expedición del correspondiente certificado de disponibilidad
presupuestal para la designación del respectivo reemplazo.
Consideró el juez que, si bien no desconoce el derecho de la actora al disfrute
de sus vacaciones, la carga laboral del despacho impide que se trabaje con
menos personal, y por tal motivo es necesaria la designación de una persona
que ejerza las funciones de la titular del cargo, de manera temporal y mientras
dura el período de vacaciones.
2.3. El juez segundo promiscuo de familia de Buenaventura solicitó a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca) la
generación de los recursos para los reemplazos por vacaciones, entre otros,
el de la actora.
Mediante Oficio del 5 de julio de 2022, la Directora de la Seccional de
Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca), le indicó al juez que no era
posible solicitar recursos para reemplazo de vacaciones de los servidores
judiciales que ostentaran los cargos de Escribiente y Asistente Social del
despacho, en cumplimiento de las directrices dadas por el Consejo Superior
de la Judicatura que son de obligatorio cumplimiento.
3. Fundamentos de la acción
La accionante considera que el actuar de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Valle del Cauca desconoce sus derechos
constitucionales, ya que, ante la falta de recursos para la designación de su
reemplazo durante el tiempo que duren sus vacaciones, impide que pueda
materializar este derecho, más aún cuando tiene proyectado emplear ese período
para someterse a chequeos médicos, ya que en Buenaventura que es la zona donde
vive, los servicios de salud son limitados y debe viajar a Cali con dicho fin.
Advirtió que existen diversos pronunciamientos en sede de tutela emitidos por el
Consejo de Estado, en los que se ha accedido a las pretensiones de varios
servidores y se ha ordenado la emisión de los respectivos certificados
presupuestales para efectos de la designación de reemplazos y de esta manera
poder gozar del derecho a las vacaciones, pero que, en su caso, el no conceder lo
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solicitado no solo vulnera sus derechos fundamentales sino también los de sus
compañeros de la secretaría del juzgado donde labora, al no poder contarse con un
reemplazo y por ende, tener que repartirse su trabajo entre los demás servidores
judiciales, lo que de por sí ya es bastante caótico.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Inicialmente la tutela fue repartida al Juzgado Primero Promiscuo de Familia
de Buenaventura, autoridad que, por auto del 19 de julio de 2022, remitió por
competencia la presente acción al Consejo de Estado.
4.2. Remitida la demanda de tutela a esta Corporación, por auto del 25 de julio de
2022, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó notificar a
las partes accionante y accionadas, además, se dispuso vincular como tercero
con interés al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura.
4.3. El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, rindió informe
en el que manifestó que este tipo de situaciones relacionadas con apropiación
del presupuesto correspondía al ordenador del gasto que, en este caso era la
dirección ejecutiva seccional de Cali y no el consejo seccional. Por lo anterior,
consideró que no les asistía legitimación por activa en el presente asunto y
pidió se desvincularan de la presente acción.
4.4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se refirió a las
competencias que le asisten de conformidad con la ley. Mencionó que la
respuesta dada por la dirección ejecutiva seccional de Cali al juez titular del
despacho en el que labora la actora, era correcta en el sentido de indicar que
no era posible disponer de recursos con los cuales contratar el reemplazo de
la accionante durante su periodo de vacaciones ya que de acuerdo con la
Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, se reglamentó lo
relacionado con la asignación de recursos para el disfrute de las vacaciones
de los funcionarios judiciales que pertenezcan al régimen de vacaciones
individuales con excepciones claras y que, la actora no ostentaba la condición
de funcionaria sino de empleada judicial, en virtud de la distinción que hace el
artículo 125 de la Ley 270 de 1996.
Precisó que el nominador fue quien negó las vacaciones solicitadas por la
accionante sin que le nombrara un remplazo para el desarrollo de sus
funciones, lo que termina afectando los derechos fundamentales de la actora
ya que era clara la imposibilidad de destinar recursos para el nombramiento
de reemplazo para la accionante, de manera que en contra de quien debía
darse la orden conminatoria era en contra del nominador para que no le
condicionara el derecho al disfrute del descanso al que tiene derecho a la
expedición de un CDP.
Pidió que se declarara improcedente la presente acción, además por no estar
configurado un perjuicio irremediable.
4.5. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, Valle
del Cauca, manifestó que no podía evadirse una disposición vinculante como
lo era una circular del año 2011 y que fue con base en esta disposición que se
negó la solicitud de apropiar presupuesto para nombrar reemplazos de
quienes iban a disfrutar su periodo de vacaciones y no eran funcionarios.
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Destacó que era deber del juez otorgar las vacaciones de la servidora sin
ningún tipo de condicionamiento y menos de orden presupuestal.
Por lo anterior, pidió se declarara improcedente la solicitud de amparo.
4.6. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, manifestó no tener
legitimación en la causa por pasiva, en la medida que las funciones
desempeñadas por la corporación son de orden administrativo. Advirtió,
además que las acciones y omisiones a las que se refería la accionante
recaían exclusivamente sobre la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Cali, entidad que era ordenadora del gasto. Por lo anterior, pidió
ser desvinculado de la presente acción.
4.7. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura, no se
pronunció.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si
las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad y
al descanso de la señora Mercedes Rosario García Quiñones, al no asignar los
recursos para costear su reemplazo por el tiempo que dure el disfrute de las
vacaciones causadas, a fin de no afectar la prestación del servicio del Juzgado en
el que labora.
De manera preliminar, corresponde a la Sala establecer si la presente acción de
tutela es procedente, a la luz del requisito general de subsidiaridad.
3. Análisis del presupuesto de la subsidiariedad en el caso concreto
3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad es el de subsidiariedad. Norma que
señala que la solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a
menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Que la acción de tutela sea un mecanismo subsidiario de protección de
derechos fundamentales implica que los mecanismos ordinarios de defensa
para la protección de los derechos no pueden ser desplazados o suplantados
por la acción de tutela, siempre que estos sean idóneos y eficaces. Por tanto,
la acción de tutela solo procede cuando no existen otros medios de defensa
para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre
que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe
probar que se agotaron y finalizaron los recursos que tenía a su disposición,
pues de lo contrario la tutela deviene improcedente.
La tesis de la Sección expuesta en diversas sentencias3, consiste en que, por
regla general, cuando existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no
es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del
medio de defensa se definen en función del caso concreto, atendiendo a las
circunstancias en que se encuentra el solicitante y, además, dependen de la
existencia o no de un perjuicio irremediable.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991 dan la posibilidad
al juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y
determinar si la acción es procedente, o si por el contrario, existen otros
medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha considerado
que la existencia de otros medios de defensa no hace que automáticamente
la acción de tutela se torne improcedente, puesto que bajo ciertas
circunstancias su carácter subsidiario y residual puede llegar a tener algunas
excepciones.
La Corte Constitucional en Sentencia SU-263 de 20154 precisó que eso puede
ocurrir “(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente
idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) Aun cuando
tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo
transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales
y (iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la
tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada,
niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte del
juez de tutela."5
3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 24 de octubre
de 2019. Radicación No. 11001-03-15-000-2019-00429-01. M.P. Milton Chávez García; sentencia del 2 de
octubre de 2019. Radicación No. 20001-23-33-000-2019-00185-0. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto;
Sentencia del 25 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Julio Roberto
Piza; Sentencia del 12 de septiembre de 2019. Radicación 11001-03-15-000-2019-03851-00. M.P. Jorge
Octavio Ramírez R.
4 Corte Constitucional. Sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004 y T-1012
de 2003.
5 Corte Constitucional. Sentencia SU- 263 de 2015.
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3.2. En el presente caso, se encuentra acreditado lo siguiente:
3.2.1. La actora presentó solicitud de vacaciones el 26 de mayo de 2022 ante
su nominador el juez segundo promiscuo de familia de Buenaventura,
por haber causado el derecho por el periodo comprendido entre el 1º
de enero al 30 de diciembre de 2021, para ser disfrutadas del 16 de
agosto de 2022 por un lapso de 25 días.
3.2.2. La solicitud de vacaciones presentada por la parte actora fue resuelta
mediante la Resolución Nro. 050 del 30 de junio de 2022, en la que el
juez titular del despacho concedió el disfrute de vacaciones a la parte
actora pero esto quedó supeditado a la apropiación presupuestal
correspondiente para el nombramiento de su reemplazo mientras
disfrutaba de su descanso.
3.2.3. La expedición del certificado de disponibilidad presupuestal solicitado
fue negada por Oficio DESAJCLO 22-2078 del 5 de julio de 2022
emitido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Cali, Valle del Cauca, con fundamento en la Circular Nro. PSAC11-
44 del 23 de noviembre de 2021 del Consejo Superior de la Judicatura.
3.3. Si bien la actora, en principio, podría cuestionar la legalidad de la Resolución
Nro. 050 del 30 de junio de 2022 a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho (artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 5), por
tratarse del mecanismo judicial previsto para cuestionar actos administrativos
de contenido particular y concreto, e incluso y de ser el caso, controvertir el
Oficio DESAJCLO 22-2078 del 5 de julio de 2022 emitido por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, Valle del Cauca, que
negó la asignación de recursos para el reemplazo de las vacaciones de la
actora, lo cierto es que dicho medio no resulta ser eficaz en el caso objeto de
estudio, es importante resaltar que la Corte Constitucional6 ha precisado que,
pese a la existencia de otro medio de defensa judicial, si en el caso concreto
se evidencia que el mismo no es idóneo o eficaz, la acción de tutela es
procedente como mecanismo principal.
3.4. En el escrito de tutela la accionante (i) solicitó el reconocimiento del derecho
al descanso por haber laborado de forma continua e ininterrumpida durante un
año (del 1º de enero al 30 de diciembre de 2021); (ii) destacó el alto volumen
de trabajo y la carga laboral que existe en el juzgado y el cúmulo de trabajo
que se agravaría en caso de que sus compañeros asumieran su carga laboral
mientras disfrutaba de las vacaciones a las que tiene derecho y (iii) se
desprende que la inconformidad de la señora Mercedes Rosario García
Quiñones se hace consistir en los obstáculos y barreras por parte de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, Valle del
Cauca, para la asignación de recursos para el reemplazo de las vacaciones,
pese a que reúne los requisitos para acceder al beneficio.
Para la Sala, estas circunstancias denotan la necesidad urgente de evitar que
se siga prolongando en el tiempo la ausencia de descanso de la accionante,
que puede comprometer su salud mental y física; condiciones que justamente
se busca salvaguardar con el descanso, como pasa a explicarse:
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Respecto de la periodicidad de las vacaciones, en Sentencia C-171 de 2020,
la Corte Constitucional dispuso que “las vacaciones periódicas y remuneradas
corresponden a uno de los mecanismos para concretar el derecho humano y el principio
mínimo fundamental al descanso del trabajador; cuyo disfrute efectivo permite avanzar
en el propósito de dignidad y justicia, en el ejercicio de sus actividades laborales”.
Por ende, si las vacaciones dejan de ser periódicas no se garantiza el
descanso real del trabajador. Obstaculizar su disfrute periódico
necesariamente implica obligar al trabajador a que cumpla indefinidamente sus
obligaciones laborales, sin contar con un tiempo suficiente para el reposo.
Escenario que a todas luces es contrario a la esencia del derecho fundamental
al descanso cuyo fin, precisamente, radica en que “durante un tiempo determinado
el trabajador cese sus actividades laborales y se recupere del desgaste que genera el trabajo;
lo cual no solo redunda en el necesario equilibrio de su calidad de vida, sino que además, le
permite concretar y avanzar en su proyecto de vida”6
Al respecto, esta Sección ha indicado que las “vacaciones (…) tienen por objeto que
el empleado recupere las fuerzas físicas e intelectuales luego de un tiempo dedicado a trabajar
y de esa manera preserve su capacidad de trabajo. Las vacaciones, tienen una naturaleza de
derecho adquirido para quien ha cumplido con los requisitos legales establecidos para que se
causen. El empleador o nominador, es la persona que está llamada a otorgar las vacaciones
al trabajador”7.
En la misma línea, la Corte Constitucional ha señalado que “las vacaciones
anuales remuneradas como acreencia laboral, pretenden reconocer el derecho fundamental
al descanso que les asiste a los trabajadores derivado del desgaste continuo al que se
encuentran sometidos por la prestación ininterrumpida de sus servicios por espacios
prolongados de tiempo”8.
3.5. Por consiguiente, la Sala considera que limitar el derecho de los trabajadores
a gozar de vacaciones periódicas implica una afectación grave e inminente, en
tanto que se estaría obligando al cumplimiento de deberes laborales, sin el
descanso debido, lo cual atenta contra el derecho fundamental al descanso y
el derecho al trabajo en condiciones dignas, y con esto a obligaciones
contempladas en instrumentos internacionales9 en materia laboral y a lo
dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política.
Asimismo, tal situación demanda medidas impostergables, pues, como se
indicó, de no garantizar la periodicidad de las vacaciones se desnaturalizaría
el propósito del derecho fundamental al descanso, ya que la ejecución de
tareas laborales indefinidas sin que se otorgue vacaciones periódicas, atenta
contra la esencia del derecho fundamental al descanso y al trabajo en
condiciones dignas.
Siendo así, la Sala concluye que la presente acción de tutela cumple con el
requisito de subsidiariedad y procede como mecanismo principal para que se
6 Corte Constitucional. Sentencia C-171 de 2020.
7 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-
2018-00756-01. C.P. Milton Chaves García.
8 Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 2005.
9 En el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se prevé que “Toda persona tiene
derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a
vacaciones periódicas pagadas”. Asimismo, el PIDESC y el artículo 7 del Protocolo de San Salvador
señalan que los trabajadores tienen derecho al descanso.
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garantice la efectiva protección de sus derechos fundamentales, razón por la
que la Sala procederá al estudio de fondo del asunto.
4. Vacaciones de servidores judiciales y su análisis en el caso
4.1. El artículo 146 de la Ley 270 de 1996 regula lo relativo a las vacaciones de los
servidores judiciales, de la siguiente forma:
“VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores
y Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales
y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del
servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura
por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada
año de servicio”.
4.2. A su vez, tratándose del disfrute de vacaciones individuales para los servidores
dispuestos en la norma transcrita, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Administrativa expidió la Circular Nro. PSAC11-44 del 23 de noviembre de
2011. En esta dispuso el procedimiento para el nombramiento de reemplazos
en provisionalidad de los funcionarios que soliciten el disfrute de vacaciones
individuales.
En dicho instrumento se derogaron las Circulares 44 y 89 de 2005, proferidas
por el Consejo Superior de la Judicatura. El último establecía que a fin de
asignar recursos destinados a los reemplazos por vacaciones del personal
perteneciente al régimen de vacaciones individuales se debía cumplir al menos
una de estas dos condiciones:
“Que el número total de servidores del Despacho, incluido el Juez o del Centro de
Servicios, sea menor o igual a tres, toda vez que debido al personal escaso no es
conveniente aplicar la figura del encargo para nombrar el reemplazo del juez, y/o
redistribuir las funciones del empleado que disfrutará de vacaciones, entre los
empleados restantes.
Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces, cuyo
despacho tenga más de tres servidores, el Tribunal encargado de dicho nombramiento
deberá certificar que en el Despacho no existe ningún empleado que cumpla los
requisitos para ser designado en encargo como Juez, situación que debe ser
corroborada e igualmente certificada por el Director Seccional, previa verificación de las
hojas de vida correspondientes”.
En esa oportunidad, tales condiciones se impusieron con el fin de “reducir los
gastos de funcionamiento al interior de la Rama Judicial, entre ellos los correspondientes a los
reemplazos por vacaciones del personal titular de los despachos judiciales”10.
A diferencia de los instrumentos señalados, en la mencionada Circular Nro.
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 el Consejo Superior de la Judicatura
buscó eliminar “condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en
provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran sujetos al régimen de
vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este derecho”.
Justamente, ese fue el motivo por el que en esta última se derogaron las
Circulares 44 y 89 de 2005, pues en aquellas se restringía la asignación de
10 Consejo Superior de la Judicatura. Presidencia. Circular N° PSAC05-89 de 2005.
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recursos para reemplazos solo a los eventos en que se acreditara alguna de
las condiciones transcritas.
Lo dispuesto en la Circular Nro. PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011
consistió en que los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones
individuales deben reportar la programación de vacaciones correspondientes
al siguiente año ante el Consejo Seccional de la Judicatura, Sala
Administrativa y Dirección Seccional del respectivo distrito judicial, hasta el
mes de marzo de cada anualidad.
A su vez, se estableció que las designaciones en encargo son procedentes
cuando las necesidades del servicio lo exijan, por ejemplo, tratándose de un
juez, y “cuando no sea posible designar en encargo a alguno de los servidores del
correspondiente despacho judicial, la respectiva Dirección Seccional deberá incluir dentro del
proyecto de presupuesto del año siguiente, la asignación de recursos que permita efectuar el
nombramiento en provisionalidad de sus reemplazos”11.
En consecuencia, la Sala encuentra un claro propósito de parte del Consejo
Superior de la Judicatura: eliminar los obstáculos en el disfrute de las
vacaciones individuales de los servidores judiciales. De ahí que no haya
condicionado la asignación de presupuesto al cumplimiento de una serie de
requisitos, como sí ocurría en el pasado. Simplemente, se le impuso el deber
al funcionario de reportar antes del mes de marzo la programación de
vacaciones para el año siguiente.
En este punto es importante hacer la siguiente precisión: si bien es cierto
que la referida circular únicamente hizo alusión a funcionarios judiciales (según
el artículo 125 de la Ley 270 de 1996 son los magistrados de las corporaciones
judiciales, los jueces de la República y los fiscales), la Sala considera, como
lo indicó en una oportunidad pasada, que “la omisión de establecer un
procedimiento para garantizar los rubros de los reemplazos de los empleados
judiciales no puede servir de fundamento para desconocer el derecho al descanso de
estos”12.
Explicado lo anterior, encuentra la Sala que no puede negarse el derecho al
descanso por situaciones de orden administrativo y presupuestal como
sucedió en este caso. En esta línea, el derecho al disfrute de las vacaciones
de la tutelante, no puede ser condicionado por el nominador ante la
imposibilidad de contar con la disponibilidad presupuestal para nombrar un
reemplazo, pues es claro que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali desconoció el propósito que indicó el
instrumento en mención, en concreto, que el otorgamiento de vacaciones
individuales admite la procedencia de asignación de recursos para nombrar el
reemplazo.
Por consiguiente, no garantizar la disponibilidad presupuestal para cubrir el
reemplazo del servidor público durante el tiempo que dure el disfrute de sus
vacaciones ante la necesidad de contar con una persona que cubra esa
posición de Escribiente del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de
11 Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa. Circular N° PSAC11-44 del 23 de noviembre de
2011.
12 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-
2018-00756-01. C.P. Milton Chaves García. En igual sentido se indicó en la sentencia del 26 de febrero de
2020. Radicado Nro. 11001-03-15-000-2020-00143-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03966-00
Demandante: Mercedes Rosario García Quiñones
Buenaventura, que es el cargo desempeñado por la actora, mientras hace uso
de su derecho al descanso, transgrede ese derecho fundamental que le asiste
como trabajadora.
Es así como la posición de la entidad accionada es totalmente contraria a la
postura reiterada por esta Sección, según la cual:
“Asuntos de índole administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del
periodo vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, aún más si se tiene en
cuenta que el descanso constituye un derecho fundamental derivado del derecho al
trabajo en condiciones dignas.
Impedir el derecho al descanso con base en restricciones administrativas no es una
carga que deban soportar las actoras, puesto que las vacaciones constituyen una
garantía fundamental que tienen todos los empleados, por lo que no puede ser
transgredida ni en función del servicio ni por cuestiones de índole presupuestal”13.
No cabe duda, entonces, de que el descanso es una garantía propia del
derecho al trabajo en condiciones dignas, por lo que, impedir su disfrute con
fundamento en restricciones administrativas resultaría ser una carga
desproporcionada que no debe soportar quien cumplió con todas las
condiciones para acceder al beneficio prestacional.
De otra parte, la Sala considera que la falta de asignación de recursos para
nombrar el reemplazo no solo atenta contra el derecho fundamental al
descanso de la accionante, sino que también repercute en el funcionamiento
eficiente del Juzgado y afecta las necesidades del servicio, pues de acuerdo
con lo manifestado por el titular del despacho en el que labora la tutelante 14,
cuenta con cuatro (4) colaboradores: Secretario, Asistente Social, Citador y
Escribiente, este último empleo desempeñado por la tutelante Mercedes
Rosario García Quiñones, de manera que tendría que trabajar con menos
servidores judiciales y se tendría que sobrellevar toda la carga laboral propia
de un juzgado promiscuo de familia. De ahí que la falta de asignación de
recursos impactará notablemente en la administración del servicio judicial del
despacho judicial en el que trabaja la tutelante.
La falta de asignación de recursos para el reemplazo se traduce en la
afectación del desarrollo de las funciones jurisdiccionales del Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura, pues todas las labores de
ese Despacho deberán ser asumidas por los restantes empleados, lo que
indudablemente repercute en la calidad del servicio de administración de
justicia.
Si bien el derecho fundamental al descanso no puede ser transgredido bajo el
argumento de que se afectará el desarrollo normal del despacho judicial,
tampoco puede desconocerse que falta de asignación de recursos para la
designación del reemplazo impactará notablemente en la administración del
servicio judicial del Juzgado. Por ende, es necesario conciliar los intereses de
continuidad en la prestación del servicio y el derecho al descanso remunerado.
4.3. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la decisión negativa
sobre la asignación de recursos proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional
13 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 26 de febrero de 2020. Radicado 11001-03-15-000-
2020-00143-00. C.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Información allegada por correo electrónico por solicitud que por ese mismo medio hiciera el despacho..
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Demandante: Mercedes Rosario García Quiñones
de Administración Judicial de Cali, como se dijo, atenta contra el derecho al
descanso de la servidora Mercedes Rosario García Quiñones, pues implica el
aplazamiento indefinido de sus vacaciones, ya que el acto administrativo por
el que fueron reconocidas por parte del nominador, Resolución Nro. 50 del 3
de junio de 2022, estuvo supeditado a la expedición del respectivo certificado
de disponibilidad presupuestal a efectos de designar el respectivo reemplazo.
Dijo puntualmente el acto administrativo:
“SEGUNDO: SEÑALAR que el disfrute de las vacaciones aquí reconocidas y
concedidas está supeditado a la expedición del respectivo certificado de disponibilidad
presupuestal que debe emanar de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del
Valle del Cauca, para lo cual la referida servidora judicial debe tramitar dicho documento
y una vez les sea expedido o facilitado allegarlo a este despacho, con el fin de proceder
a designar el respectivo reemplazo”.
De manera que, el periodo de vacaciones otorgado desde el 16 de agosto de
2022 por el lapso de 25 días contados a partir de ese día, se ve interrumpido
a la fecha por no contar con la disponibilidad respectiva para proveer el
reemplazo respectivo, razón por la que, con el fin de conciliar los intereses de
continuidad en la prestación del servicio y el derecho al descanso remunerado
de la actora, se ampararán los derechos fundamentales de la servidora
Mercedes Rosario García Quiñones al descanso y al trabajo en condiciones
dignas.
4.4. Es de recordar que el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, señala como funciones
administrativas del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras, las de “16.
Dictar los reglamentos sobre seguridad y bienestar social de los funcionarios y empleados de
la Rama Judicial, de acuerdo con las leyes que en la materia expida el Congreso de la
República” y “24. Coadyuvar para la protección y seguridad personal de los funcionarios y de
la Rama Judicial”.
Y conforme al Parágrafo de la citada norma, el Consejo Superior de la
Judicatura podrá́ delegar en sus distintos órganos administrativos el ejercicio
de sus funciones administrativas.
De otra parte, según el artículo 98 de la Ley 270 de 1996, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial es “es el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo
la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas
y decisiones del Consejo Superior de la Judicatura”. De manera que esta última tiene
por función adelantar las labores necesarias para el funcionamiento de la
Rama Judicial y, consecuentemente, de los despachos judiciales.
En virtud de tal competencia, al director ejecutivo de administración judicial, se
le asignaron como funciones en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996 “Administrar
los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por
su correcta aplicación o utilización” y “Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento
de las obligaciones que correspondan”.
A su vez, el artículo 103 de ese mismo cuerpo normativo estableció como
funciones de las direcciones ejecutivas seccionales de administración judicial
dentro de su jurisdicción y entorno territorial, entre otras, la siguiente:
“Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y
responder por su correcta aplicación o utilización” y “Actuar como ordenador del gasto para
el cumplimiento de las obligaciones que correspondan”.
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En virtud de estas competencias que la ley establece, es por lo que se
considera que las entidades vinculadas en el auto admisorio de la presente
acción, deben continuar como parte pasiva dentro del presente trámite.
Cabe anotar también que en el presente asunto, la Dirección Ejecutiva
Seccional de la Administración Judicial de Cali es la encargada de adelantar
los trámites que correspondan, a fin de obtener los recursos que se requieran
para la designación del reemplazo del empleado judicial a quien se le
conceden sus vacaciones, de lo cual, no existe prueba alguna en el caso
examinado, por el contrario, dicha autoridad se limitó a señalar que tal gestión
no es procedente.
Y se tiene que la omisión de la Dirección Ejecutiva Seccional de la
Administración Judicial de Cali, en apropiar los rubros necesarios para los
reemplazos de los empleados judiciales no puede desconocer el derecho al
descanso de la demandante.
De manera que, en el presente caso la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Cali (Valle del Cauca), encargada de la administración de los bienes
y recursos destinados al funcionamiento de la Rama Judicial, es quien de
manera coordinada con el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial deben llevar a cabo las gestiones
administrativas y presupuestales tendientes a que se expida el
correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal que permita al
Juez Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura (Valle del Cauca),
nombrar el reemplazo de la actora mientras duran sus vacaciones.
5. Conclusión
Por las razones que han quedado expuestas, la Sala amparará los derechos
al descanso y al trabajo en condiciones dignas de la señora Mercedes Rosario
García Quiñones y, en consecuencia, ordenará al Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Consejo
Seccional de la Judicatura de Cali, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca) y al Juzgado Segundo
Promiscuo de Familia de Buenaventura, que, en el término de treinta (30) días
contados a partir de la notificación de la presente providencia, de manera
coordinada y de acuerdo con sus competencias, adelanten las gestiones
administrativas y presupuestales que correspondan, para el nombramiento de
un reemplazo para desempeñar el empleo de Escribiente en el Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura (Valle del Cauca), ocupado
por Mercedes Rosario García Quiñones, para que se materialice su derecho
al disfrute del descanso remunerado.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Amparar el derecho al descanso de la señora Mercedes Rosario García
Quiñones, por las razones expuestas en la motivación precedente.
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Demandante: Mercedes Rosario García Quiñones
2. En consecuencia, ordenar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, al
Consejo Seccional de la Judicatura de Cali, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca) y al Juzgado Segundo
Promiscuo de Familia de Buenaventura, para que, en el término de treinta (30)
días contados a partir de la notificación de la presente providencia, de manera
coordinada y de acuerdo con sus competencias, adelante las gestiones
administrativas y presupuestales que correspondan, para el nombramiento de
un reemplazo para desempeñar el empleo de Escribiente en el Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura (Valle del Cauca) ocupado
por Mercedes Rosario García Quiñones, para que se materialice su derecho
al disfrute del descanso remunerado.
3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
13
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