Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03966-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03966-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-03966-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
21 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202203966-01
Actora: Mercedes Rosario García Quiñones
Demandados: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali y Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del
Cauca
Tema: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Trabajo, ii) seguridad social e iii)
igualdad
Derechos Fundamentales Amparados: i) Trabajo, ii) seguridad social e iii)
igualdad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial Cali contra la sentencia de tutela de 25 de agosto de
2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual
amparó el derecho al “[…] descanso […]” de la actora.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
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Núm. único de radicación: 110010315000202203966-01
Actora: Mercedes Rosario García Quiñones
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Cali y el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, porque, a su
juicio, al no expedirse el certificado de disponibilidad presupuestal para proveer
un reemplazo durante sus vacaciones y, en consecuencia, no haber podido
disfrutar de sus vacaciones, vulneraron sus derechos fundamentales invocados
supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que, se desempeña como Escribiente en el Juzgado Segundo
Promiscuo de Familia de Buenaventura, nombrada en propiedad.
4. Indicó que, mediante escrito de 26 de mayo de 2022, solicitó a su nominador
que le fueran concedidas las vacaciones causadas por el periodo laborado del 1.º
de enero al 30 de diciembre de 2021, para ser disfrutadas a partir del 16 de
agosto de 2022, y por un lapso de 25 días.
5. Manifestó que, a través de la Resolución núm. 050 del 3 de junio de 2022, el
Juez Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura le concedió las vacaciones
individuales; sin embargo, supeditó su disfrute a la expedición del
correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal para la designación del
respectivo reemplazo, comoquiera que, consideró que, con fundamento en las
necesidades del servicio, “[…] este estrado judicial tiene especialidad
“promiscuo”, lo cual significa que debe atender asuntos de familia y
responsabilidad penal para adolescentes, por ende, la carga laboral es diferente
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a un juzgado de familia que posee vacaciones colectivas […] al salir a vacaciones
la referida escribiente sin personal que la reemplace, conllevaría recargar
laboralmente a los demás compañeros, circunstancia que por si riñe con los
principios de igualdad y cargas excesivas de trabajo […]”.
6. Indicó que, el Juez Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura solicitó a
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del
Cauca) la generación de los recursos para los reemplazos por vacaciones, entre
otros, el de la actora.
7. Sostuvo que, mediante Oficio núm. DESAJCLO22-2078 de 5 de julio de
2022, la Directora de la Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del
Cauca), le indicó al juez que no era posible solicitar recursos para reemplazo de
vacaciones de los servidores judiciales que ostentaran los cargos de Escribiente y
Asistente Social del despacho. Para tal efecto, consideró lo siguiente:
“[...] En atención al oficio del asunto, me permito reiterar la respuesta emitida en los
oficios DESAJCLO21-13, DESAJCLO21-1961 y DESAJCLO21-3372 de enero 07,
1 de julio y septiembre 13 de 2021, en la cual se abordó sus inquietudes y se
presenta la justificación correspondiente en relación a la imposibilidad jurídica de
acceder a sus pretensiones dado el acatamiento al principio de legalidad y
seguridad jurídica que atañe a la Circular No. PSAC11-44 de noviembre 23 de
2011.
Sin embargo, en atención a su nueva solicitud, se reitera, que el tema del disfrute
vacaciones, es una situación administrativa que debe ser concertada con el
nominador del despacho; quien de conformidad con la jurisprudencia no puede
negar el disfrute de las vacaciones bajo argumentos de carácter administrativos o
presupuestales; en tal caso, el acto que profiera, en caso de ser negativo, deberá
ser objeto de los recursos ordinarios correspondientes con el fin de que se agote
en debida forma la vía gubernativa.
Así las cosas, no es procedente para esta Dirección Seccional, solicitar recursos
para reemplazo de Vacaciones de los servidores Judiciales que ostentan los
cargos de Escribiente y Asistente Social del Despacho que usted dirige.
Reiteramos que no es una decisión caprichosa o arbitraria de esta Dirección, el no
acceder a su solicitud, solo nos circunscribimos a cumplir las directrices,
normativas etc. que para tales efectos son fijadas por el Consejo Superior de la
Judicatura y que de actuar de un modo diferente, implicaría de suyo, en la posible
incursión en faltas de carácter disciplinaria, fiscales y hasta penales, por parte de
esta administración [...]”.
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La solicitud de tutela
Pretensiones
8. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1º. Se ordene a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL VALLE del Cauca que proceda a emitir el
respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal con el fin de allegarlo al
Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura Valle y poder gozar de
mi periodo de vacaciones al cual hice alusión en el acápite de hechos, mismo que
tiene como fin entre otros someterme a chequeos médicos a los cuales debo
practicarme cada año y descansar.
2º. Se INQUIERA de una vez por todas a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL VALLE para que en lo sucesivo se
abstenga de asumir postura similar y de negación de expedición de disponibilidad
presupuestal, pues, es inconcebible que no acate el precedente judicial y esa
conducta conlleva a un desgaste innecesario de la administración de justicia, ya
que por cada certificado que pidan los empleados estamos avocados a iniciar
individualmente una acción de tutela.
3º. En Caso de no acatar el fallo dispuesto por usted señor Juez, se impongan las
sanciones de Ley consagrado en artículo 26 y 52 del decreto 2591 de 1991 […]”.
9. Como fundamento de su solicitud, la actora manifestó que:
“[…] La anterior actitud o actuar de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Valle del Cauca va en detrimento de mis derechos
constitucionales, en la medida que no se me permitirá gozar del beneficio de
vacaciones a las cuales tengo derecho por Ley, periodo de tiempo que incluso
pretendo aprovechar para someterme a varios chequeos médicos, pues téngase en
cuenta que con ocasión de la pandemia el acceso a los servicios de salud han sido
demasiado limitados y peor aún en el Distrito de Buenaventura, que para nadie es
desconocido que aquí dicha prestación no es la mejor y por ello uno debe acudir a
ciudades como Cali a donde pretendo viajar en mi periodo de vacaciones con dicho
fin.
5º.- Incluso la decisión de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
del Valle del Cauca va en contra de decisiones ya proferidas en similares hechos a
los aquí narrados, como son la sentencia emitida el 12 de diciembre de 2018 dentro
del radicado Nro. 080001-23-33-000-2018-00756-01 por la Sección Cuarta de la Sala
de o Contencioso Administrativo del Consejo del Estado, donde con ponencia del
doctor Milton Chaves García, en un caso similar al aquí narrado ordenó a la
Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial correspondiente emitiera los
certificados.
6º.-. En igual sentido la misma corporación en pronunciamiento reciente (febrero
26/2020) emitido dentro del radicado 11001031500020200014300 y con ponencia
del doctor Jorge Octavio Ramírez dispuso entre otros que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca expidiera el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal y/o Financiero para reemplazo de pago de Vacaciones,
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documento que igualmente se pretende por parte del Juzgado al cual presto mis
servicios, y de esa manera se pueda designar el respectivo reemplazo.
7º.- Es más existen ya un sin número de pronunciamientos en idéntico sentido, que
para con el fin de no desgastar a la administración de justicia no se traerán a
colación, sin embargo, ya con ese cúmulo de decisiones se puede afirmar que existe
jurisprudencia sobre tal materia que no puede ser desconocida por la entidad
accionada y por ende debe ser aplicada a este caso en particular, e incluso a
cualquier caso análogo, pues, es inadmisible que uno tenga que acudir a este medio
judicial para obtener una decisión de la cual el ente demandado ya tiene infinidad de
decisiones en contra de ella y por ende sabe, que no se puede negar a expedir el tan
anhelado certificado de disponibilidad presupuestal […]”.
Actuación
10. El Despacho Sustanciador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante auto de 25 de julio de 2022; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar a las autoridades demandadas; y iii) vinculó al Juzgado Segundo
Promiscuo de Familia de Buenaventura, como tercero con interés, concediéndoles
el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo
11. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó su
desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva,
en la medida en que “[…] no es viable endilgar alguna responsabilidad al Consejo
Superior de la Judicatura, toda vez que las acciones u omisiones que atribuye la
accionante como vulneradoras, recaen exclusivamente sobre la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Cali, entidad que actúa como ordenador
del gasto de conformidad con los numerales 2 y 6 del artículo 103 de la Ley 270
de 1996 y que tiene a cargo expedir el certificado de disponibilidad presupuestal
para designar los reemplazos de los empleados judiciales que pretenden el
disfrute de sus vacaciones […]”.
12. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación,
al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en
que “[…] no esta llamada ni obligada a la disposición de recursos que permitan la
contratación del remplazo (sic) de la tutelante, para la concesión del periodo de
vacaciones que ha solicitado ante su nominador […]”.
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12.1. Igualmente, solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de amparo “[…]
al estar dirigida intrínsecamente contra un acto administrativo de carácter general
y abstracto, como lo es la Circular PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011 y por no
cumplir los requisitos para ser tenida como un mecanismo provisional para
salvaguardar un derecho fundamental […]”.
13. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle
del Cauca solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que “[…]
por parte nuestra, no se vulnera derecho fundamental alguno y la Dirección
Seccional solo acata las disposiciones vigentes para el efecto […]”.
13.1. Manifestó que:
“[…] Por lo anterior, es preciso señalar que la norma general señala que las
vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán colectivas
por cada año de servicio, pero en los demás casos serán individuales, previo
consentimiento del nominador en cualquier época del año.
Estos dos tipos de vacaciones no son inherentes a la persona ni al cargo que
desempeñan, sino al despacho en el cual estén nombrados y presten sus
servicios, de esta forma, teniendo en cuenta que la accionante, se encuentra
nombrada en un Juzgado que pertenece al régimen de vacaciones individuales,
debe disfrutar las vacaciones en el periodo que se evite el menor contratiempo
para las actividades normales del despacho y repartir en forma equilibrada con los
demás empleados, los actos urgentes que no dan espera.
No obstante lo anterior, es preciso indicar que es facultad del director del despacho
conceder o no el disfrute posterior de las vacaciones, sin embargo dicha
autorización no le confiere competencia para ordenar o solicitar CDP, para el
reemplazo, toda vez que desborda el ámbito de competencia administrativa.
Frente al DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO AL GOCE
EFECTIVO DE VACACIONES: es pertinente señalar que esta Administración no
se opone al legítimo derecho al disfrute a las vacaciones, pero dicha circunstancia
corresponde aprobarla, sin supeditarlo a expedición del CDP, al nominador; es
decir al Juez titular del despacho […]”.
[…]
“[…] Ahora, como se le informó en respuesta a la petición enviada, el actuar de la
administración se realiza en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral cuarto de la
Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre del 2011 emitida por el Consejo Superior
de la Judicatura, donde se dispuso que no es dable disponer de presupuesto por
reemplazo de vacaciones a los servidores judiciales que ostentan la calidad de
empleados, ello teniendo en cuenta que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y sus Seccionales, son “el Órgano técnico y Administrativo que tiene a su
cargo la ejecución de actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción
a las políticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura”.(Art.98 Ley 270 de 1996).
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Lo anterior, reitero, no faculta al titular del despacho, para que en su calidad de
Nominador, niegue, el disfrute de vacaciones a la cual legal y constitucionalmente
tiene derecho; máxime, si sobre dichas circunstancias existen pronunciamientos,
por parte del Consejo de Estado en segunda instancia […]”. (Resaltado del texto
original)
14. El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca solicitó su
desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva,
en la medida en que “[…] El artículo 101 de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la
Administración de Justicia”, establece las funciones de los Consejos Seccionales
de la Judicatura, dentro de las cuales no figura la función de ordenador del
gasto, razón por la cual esta Seccional no administra, aplica o dispone de los
recursos para el funcionamiento de la Rama Judicial, como son los relativos al
reconocimiento, liquidación y pago de prestaciones sociales, como en caso
bajo examen, de quienes serían nombrados para realizar reemplazos por
vacaciones de servidores judiciales […]”. (Resaltado del texto original)
15. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura guardó
silencio en esta oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
16. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera
instancia, el 25 de agosto de 2022, por medio de la cual resolvió lo siguiente:
“[…] 1. Amparar el derecho al descanso de la señora Mercedes Rosario García
Quiñones, por las razones expuestas en la motivación precedente.
2. En consecuencia, ordenar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, al
Consejo Seccional de la Judicatura de Cali, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca) y al Juzgado Segundo Promiscuo
de Familia de Buenaventura, para que, en el término de treinta (30) días contados a
partir de la notificación de la presente providencia, de manera coordinada y de
acuerdo con sus competencias, adelante las gestiones administrativas y
presupuestales que correspondan, para el nombramiento de un reemplazo para
desempeñar el empleo de Escribiente en el Juzgado Segundo Promiscuo de
Familia de Buenaventura (Valle del Cauca) ocupado por Mercedes Rosario García
Quiñones, para que se materialice su derecho al disfrute del descanso remunerado
[…]”.
16.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
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“[…] encuentra la Sala que no puede negarse el derecho al descanso por
situaciones de orden administrativo y presupuestal como sucedió en este caso. En
esta línea, el derecho al disfrute de las vacaciones de la tutelante, no puede ser
condicionado por el nominador ante la imposibilidad de contar con la disponibilidad
presupuestal para nombrar un reemplazo, pues es claro que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cali desconoció el propósito que indicó el
instrumento en mención, en concreto, que el otorgamiento de vacaciones
individuales admite la procedencia de asignación de recursos para nombrar el
reemplazo.
Por consiguiente, no garantizar la disponibilidad presupuestal para cubrir el
reemplazo del servidor público durante el tiempo que dure el disfrute de sus
vacaciones ante la necesidad de contar con una persona que cubra esa posición
de Escribiente del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura, que
es el cargo desempeñado por la actora, mientras hace uso de su derecho al
descanso, transgrede ese derecho fundamental que le asiste como trabajadora
[…]”.
[…]
“[…] No cabe duda, entonces, de que el descanso es una garantía propia del
derecho al trabajo en condiciones dignas, por lo que, impedir su disfrute con
fundamento en restricciones administrativas resultaría ser una carga
desproporcionada que no debe soportar quien cumplió con todas las
condiciones para acceder al beneficio prestacional.
De otra parte, la Sala considera que la falta de asignación de recursos para
nombrar el reemplazo no solo atenta contra el derecho fundamental al descanso de
la accionante, sino que también repercute en el funcionamiento eficiente del
Juzgado y afecta las necesidades del servicio, pues de acuerdo con lo manifestado
por el titular del despacho en el que labora la tutelante, cuenta con cuatro (4)
colaboradores: Secretario, Asistente Social, Citador y Escribiente, este último
empleo desempeñado por la tutelante Mercedes Rosario García Quiñones, de
manera que tendría que trabajar con menos servidores judiciales y se tendría que
sobrellevar toda la carga laboral propia de un juzgado promiscuo de familia. De ahí
que la falta de asignación de recursos impactará notablemente en la administración
del servicio judicial del despacho judicial en el que trabaja la tutelante.
La falta de asignación de recursos para el reemplazo se traduce en la afectación
del desarrollo de las funciones jurisdiccionales del Juzgado Segundo Promiscuo de
Familia de Buenaventura, pues todas las labores de ese Despacho deberán ser
asumidas por los restantes empleados, lo que indudablemente repercute en la
calidad del servicio de administración de justicia.
4.3. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la decisión negativa
sobre la asignación de recursos proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali, como se dijo, atenta contra el derecho al descanso
de la servidora Mercedes Rosario García Quiñones, pues implica el aplazamiento
indefinido de sus vacaciones, ya que el acto administrativo por el que fueron
reconocidas por parte del nominador, Resolución Nro. 50 del 3 de junio de 2022,
estuvo supeditado a la expedición del respectivo certificado de disponibilidad
presupuestal a efectos de designar el respectivo reemplazo […]”. (Resaltado del
texto original)
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La impugnación
17. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle
del Cauca impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado por las siguientes razones:
“[…] Es preciso aclarar que esta Dirección comparte los argumentos traídos a
colación en la sentencia, respecto al derecho al disfrute de vacaciones, como
quiera (sic) que es un derecho de raigambre constitucional; no obstante ello, la
discusión de fondo se centra en reiterar, que esta Seccional no puede desconocer
las directrices emitidas por el Consejo Superior de la Judicatura (CIRCULAR
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011), y darle una interpretación extensa,
particular y “ponderada”, a una Circular en la que claramente señala la no
procedencia del pago para reemplazo de vacaciones de empleados […]”.
[…]
“[…] La disconformidad con la decisión, reiteramos, obedece a que esta Dirección
como órgano técnico administrativo, debe cumplir con las disposiciones
establecidas para los casos particulares y en el sub-lite, ello con fundamento en
extensa y reciente jurisprudencia, nos imposibilita la expedición de CDP no solo
porque dichos rubros no se encuentran contemplados para gastos de vacaciones
individuales de los empleados, sino que obedece al cumplimiento de la Circular
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, mediante la cual fijó la “Programación
de Vacaciones de los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones
individuales”, la cual continúa vigente.
En efecto la precitada Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, excluye a
los servidores judiciales que ostentan la condición de empleados judiciales, lo que
en consonancia con la normatividad trascrita (sic) a todas luces determina que no
es dable para esta Seccional solicitar presupuesto para el reemplazo de un
empleado […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, REITERO, cuando se trata del régimen de vacaciones
Individuales, le corresponde al respectivo NOMINADOR definir la situación sobre
el goce y disfrute de sus vacaciones; esto a través de Actos Administrativos
(Resoluciones que conceden Vacaciones Individuales), puesto que es el
nominador, quien conoce y aprueba todas las situaciones administrativas en las
que pueda estar incurso el Servidor Judicial. Artículo 131 numeral 8º de la Ley 270
de 1996 […]”. (Resaltado del texto original)
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
18. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de
conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
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19911, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86
de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm.
333 de 6 de abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre
de 20183 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 4, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
19. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
20. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
21. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la
causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
2
“Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
3
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
4
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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22. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20065, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de
las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr
que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo
estatuto."[6]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el
demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del
actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no
es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o
cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.
23. La Sala advierte que la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura,
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca solicitaron su desvinculación al considerar que
carecen de legitimación en la causa por pasiva.
5
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
6
“Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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24. Al respecto, es preciso indicar que conforme con lo establecido en los
numerales 3.°, 8.° y 9.° del artículo 3 del Acuerdo núm. PSAA09-6203 de 2 de
septiembre de 20097, para la Sala es claro que quien ostenta la competencia para la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal necesario para la
contratación del reemplazo de la actora, no es otra que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, en cabeza de su
director; es decir que, a las otras entidades demandadas no les asiste interés en el
resultado del proceso de la referencia.
25. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que, a la Presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y al Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca no les asiste
interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.
26. En tal virtud, la Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva formulada respecto de la Presidencia del Consejo Superior
de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo
Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca.
Problema jurídico
27. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, y de
ser así, ii) establecer si la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Cali vulneró los derechos fundamentales invocados por la actora, al no expedir
el certificado de disponibilidad presupuestal para proveer un reemplazo durante
sus vacaciones y, en consecuencia, no haber podido disfrutar de sus vacaciones.
28. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos
administrativos; ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al
trabajo; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a seguridad
7
“Por el cual se determinan las funciones de las Áreas de Trabajo y Oficinas Adscritas a las Direcciones
Seccionales de Administración Judicial”.
13
Núm. único de radicación: 110010315000202203966-01
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social; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad; para posteriormente v) resolver el caso concreto, adentrándose en el
fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos
administrativos
29. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de
conformidad con lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991,
relativo a la subsidiariedad de la acción de tutela, esta no procede, por regla
general, para controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto,
toda vez que el legislador previó como mecanismo de defensa judicial para
desvirtuar su legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho; y, excepcionalmente, el medio de control de nulidad.
30. En ese sentido, la jurisprudencia8 de la Corte Constitucional ha sido
reiterativa en expresar que:
“[…] En principio, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal
para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados
con ocasión de la expedición de actos administrativos de contenido particular y
concreto, ya que para controvertir estos actos el juez natural es la jurisdicción
contenciosa administrativa, instancia en la cual los afectados pueden hacer uso
de dos mecanismos de defensa.
De un lado, en ejercicio del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, se
puede interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, según el
artículo 152, numeral 2° del mismo código, en caso de que sea manifiesta la
infracción de una de las disposiciones invocadas, también se puede solicitar la
suspensión provisional del acto administrativo demandado.
De otro lado, el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo dispone que
toda persona podrá solicitar que se declare la nulidad de los actos administrativos
cuando quebranten las normas en que deberían fundarse, hayan sido expedidos
por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o
corporación que los profirió. […]”.
[…]
“[…] Sobre la base de lo expuesto, la persona que estime vulnerados sus
derechos por un acto administrativo puede solicitar alternativamente la nulidad y
restablecimiento del derecho o, en la medida en que esta acción no se ejerza
8
Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 15 de diciembre de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Actora: Mercedes Rosario García Quiñones
dentro del término legalmente establecido para ello, pedir la nulidad simple del
acto, caso en el cual la pretensión debe ser exclusivamente el control de legalidad
en abstracto de dicho acto. […]”.
31. Sin embargo, también la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas
circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos
administrativos, siempre que, i) se esté ante la presencia de la vulneración de
derechos fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un perjuicio
irremediable; con lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio. En
ese sentido, en sentencia T-514 de 20039, la Corte Constitucional determinó:
“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros
mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que
procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las
actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de
un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela
podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591
de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de
1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. […]”. (Resaltado por la Sala).
32. Además, la Corte Constitucional ha admitido que, cuando se presenta una
vía de hecho administrativa y se demuestra un perjuicio irremediable, la acción de
tutela puede incluso proceder, excepcionalmente como mecanismo definitivo.
Sobre este punto, en Sentencia T-912 de 200610, señaló:
“[…] No obstante, esta Corporación también ha admitido que en ciertos
casos, cuando existe una vía de hecho en un acto administrativo y se
observa la existencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela
procederá no sólo como mecanismo transitorio, sino que excepcionalmente
podrá concederse de forma definitiva. En efecto, en la sentencia T-418 de
2003, se señaló sobre este punto lo siguiente:
(…), si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, fiscal o
disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía de hecho en la decisión
correspondiente, el examen del juez de tutela es distinto, pues, en estos casos, el
afectado siempre puede acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa. En
estos eventos, cuando existe indudablemente la vía de hecho, según las
circunstancias del caso concreto, y frente a un perjuicio irremediable,
debidamente sustentado, el juez de tutela puede conceder la acción de
tutela, como mecanismo transitorio, o, excepcionalmente, en forma
definitiva.’
9
Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
10
Corte Constitucional, Sentencia T-912 de 3 de noviembre de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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Así también lo señaló en la sentencia T-811 de 2003, en donde la Corte resaltó lo
siguiente:
‘No obstante lo afirmado, ha de manifestarse que la acción de tutela resulta
excepcionalmente procedente contra actuaciones administrativas en todos
aquellos casos en los que la actuación de la autoridad respectiva carezca de
fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud
arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de
derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que
se ha denominado como ‘vía de hecho […]” (Resaltado por la Sala).
33. En ese orden de ideas, en principio la acción de tutela resulta
improcedente para controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos que
esté en juego la vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de
manera transitoria. Sin embargo, cuando se está frente a una vía de hecho
administrativa y un perjuicio irremediable, el juez de tutela podría conceder la
protección definitiva mediante la acción constitucional.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo
34. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.
35. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo
ha dicho lo siguiente11:
“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de
derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental
el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la
personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la
medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se
desenvuelve logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el
individuo no podría existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona
los medios indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su
potencial creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad
que lo pone en contacto productivo con su entorno.
11
Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16
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El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social
36. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad
Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.
37. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:12
“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad
social bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un
servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación
y control del Estado13.
Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
12 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
13 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho
irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará
progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la
forma que determine la Ley”.
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Actora: Mercedes Rosario García Quiñones
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”14. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”15 […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
38. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
39. Atendiendo a que la Corte Constitucional16 ha entendido que el derecho a
la igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
14 Sentencia T-173 de 2016.
15 Ibídem.
16
Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Actora: Mercedes Rosario García Quiñones
Análisis del caso en concreto
40. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
41. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
42. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
42.1. Informes presentados por las partes con sus debidos anexos.
Solución del caso concreto
43. En el caso sub examine, la actora presentó acción de tutela al considerar
que la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali y el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle
del Cauca vulneraron sus derechos fundamentales, al no expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para proveer un reemplazo durante sus vacaciones
(Oficio núm. DESAJCLO22-2078 de 5 de julio de 2022) y, en consecuencia, no
haber podido disfrutar de sus vacaciones (Resolución núm. 050 del 3 de junio de
2022).
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44. Al respecto, es necesario tener en cuenta que el régimen de vacaciones de
los empleados y funcionarios de la Rama Judicial se encuentra establecido en el
artículo 146 de la Ley 270 de 7 de marzo de 199617, en los siguientes términos:
“[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán
colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y
Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del
servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la
Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el
respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días
continuos por cada año de servicio. […]”.
45. Por su parte, la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del artículo
mencionado supra, expresó que:
“[…] Según se señaló a propósito del artículo 12 del presente proyecto de ley, el
ejercicio de la función pública y permanente de administrar justicia deberá
realizarse “con las excepciones que establezca la ley” (Art. 228). Significa ello,
como se explicó, que el legislador tiene plena competencia para determinar los
casos en que la rama judicial pueda cesar transitoriamente sus actividades,
en las mismas condiciones que las normas laborales lo establecen para los
demás funcionarios del Estado y los particulares. Así, entonces, puede la ley
-o en su defecto la autoridad competente- fijar o modificar, dentro de unos
márgenes razonables, los horarios de trabajo, disponer los días de descanso
y determinar los períodos de vacaciones -individuales o colectivas-, sin que
ello atente o comprometa el carácter de permanente que la Carta Política le ha
dado a la administración de justicia. […]”. (Resaltado por la Sala)
46. A partir de lo anterior, se concluye que el régimen de vacaciones de los
empleados de la rama judicial se divide en dos: i) los empleados que disfrutan
sus vacaciones de manera colectiva, y ii) los empleados pertenecientes a la “[…]
Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura,
las (sic) de los (sic) Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras
existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución
de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses [...]”, cuyo régimen vacacional es individual.
17
“LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.
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Actora: Mercedes Rosario García Quiñones
47. Sin embargo, la Sala advierte que en ambos supuestos el empleado de la
Rama Judicial se hace acreedor del derecho a disfrutar de sus vacaciones, el
cual se considera fundamental e irrenunciable.
48. Ahora bien, al abordar la procedencia de la tutela en el caso sub examine,
la Sala observa que, si bien en principio la acción de tutela resultaría
improcedente en razón a que lo que cuestiona la actora corresponde a actos
administrativos, a saber, el Oficio núm. DESAJCLO22-2078 de 5 de julio de 2022
y la Resolución núm. 050 del 3 de junio de 2022 (en cuanto condicionó el disfrute
de sus vacaciones a que se expidiera el CDP para el reemplazo), lo cierto es que,
en este caso concreto, la solicitud de amparo procede de manera excepcional.
49. En efecto, la Sala encuentra que:
i) La acción de tutela fue promovida dentro de un término razonable, por cuanto la
vulneración se originó con ocasión del Oficio núm. DESAJCLO22-2078 de 5 de
julio de 2022, toda vez que el disfrute de sus vacaciones estaba supeditado a que
se expidiera el CDP para el reemplazo; en tanto que el escrito de amparo se
radicó el 19 de julio de 2022, es decir, se advierte la urgencia que caracteriza el
uso de esta acción constitucional.
ii) La interposición del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
para cuestionar la legalidad de los actos administrativos acusados resultaría
ineficaz, por cuanto, del escrito de tutela, se advierte que a) si bien la actora tiene
derecho al disfrute de los periodos de vacaciones que reclama, ante la necesidad
del servicio se supeditó el disfrute de las mismas hasta tanto se dispusiera de
presupuesto para su reemplazo y b) lo pretendido por ella es el reconocimiento y
disfrute de sus vacaciones laborales que, de acuerdo con los pronunciamientos de
la Corte Constitucional, debe ser entendido como un derecho fundamental y una
garantía mínima del trabajador, cuyo propósito consiste en recuperar las energías
producto del desgaste físico y mental de la labor.
50. Precisado lo anterior, procede la Sala a estudiar el fondo del asunto, en el
cual está acreditado lo siguiente:
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Actora: Mercedes Rosario García Quiñones
i) La señora Mercedes Rosario García Quiñones desempeña el cargo de
Escribiente en el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura.
ii) La señora Mercedes Rosario García Quiñones presentó por escrito solicitud
para disfrutar de un periodo de vacaciones por 25 días efectivas desde el 16 de
agosto de 2022.
iii) El Juzgado al cual se encuentra adscrita la actora, se rige por el régimen de
vacaciones individuales.
iv) El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura, mediante la
Resolución núm. 050 del 3 de junio de 2022, le concedió las vacaciones
individuales; sin embargo, supeditó su disfrute a la expedición del correspondiente
certificado de disponibilidad presupuestal para la designación del respectivo
reemplazo.
v) La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali –Valle
del Cauca, mediante Oficio núm. DESAJCLO22-2078 de 5 de julio de 2022,
informó sobre “[…] la imposibilidad jurídica de acceder a sus pretensiones dado el
acatamiento al principio de legalidad y seguridad jurídica que atañe a la Circular
No. PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011 […]”.
51. Esta Sala pone de presente que, en un caso similar al presente, la Sección
Primera del Consejo de Estado, mediante la sentencia de 5 de julio de 2019 18,
tuteló el derecho fundamental de la accionante y, como consecuencia de ello,
ordenó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín,
expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar la provisión
de los recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de las
vacaciones de la accionante.
52. La Sala advierte que el criterio expuesto supra, también ha sido sostenido
por la Sección Cuarta y por la Sección Quinta del Consejo de Estado, autoridades
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de
2019, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-02681-00(AC), C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés. En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 11 de octubre de 2019, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-04170-
00(AC), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Actora: Mercedes Rosario García Quiñones
que, mediante las sentencias de 12 de diciembre 201819 y de 30 de mayo de
201920, ordenaron a las correspondientes Direcciones Seccionales de
Administración de Justicia expedir los certificados de disponibilidad presupuestal
que garantizaran los recursos necesarios para nombrar en provisionalidad el
reemplazo de la accionante.
53. Igualmente, esta Sección, mediante providencia de 7 de mayo de 202121,
consideró que, “[…] La interposición del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad de los actos
administrados acusados resultaría ineficaz, por cuanto, del escrito de tutela, se
advierte que a) el actor comparte con su nominador la justificación expuesta en la
Resolución núm. 001 de 26 de marzo de 2021 relacionada con la necesidad de
que se expida el CDP de la referencia, so pena de afectar el servicio de
administración de justicia; y b) lo pretendido por el actor es el reconocimiento y
disfrute de sus vacaciones laborales que, de acuerdo a los pronunciamientos de
la Corte Constitucional, debe ser entendido como un derecho fundamental y una
garantía mínima del trabajador, cuyo propósito consiste en recuperar las energías
producto del desgaste físico y mental de la labor. […]”.
54. Asimismo, esta Sección, mediante providencia de 11 de noviembre de
202122, consideró que, “[...] la función judicial, principalmente la penal, en el caso
de la actora, comprende un desgaste intelectual y moral especial, que amerita en
contraprestación, condiciones adecuadas de descanso y distracción que
redunden en la renovación de fuerzas para el ejercicio de sus actividades
laborales posteriores al período vacacional. En efecto, impedir el derecho al goce
de las vacaciones por cuenta de restricciones administrativas no es una
obligación que deba soportar la actora, además porque las dificultades de la
carga laboral y la insuficiencia de recursos presupuestales de la rama no pueden
proyectarse sobre los derechos de quienes laboran en los despachos judiciales
[...]”.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de tutela de 12 de
diciembre de 2018, número único de radicación 08001-23-33-000-2018-00756-01 (AC), C.P. Milton Chaves
García.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de tutela de 30 de
mayo de 2019, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-01633-00(AC), C.P. Rocío Araujo Oñate.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de tutela de 8 de
mayo de 2021, número único de11001-03-15-000-2021-01627-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de tutela de 11 de
noviembre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04335-01, C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón.
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55. Ahora bien, el hecho de que la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de
2011 no haya establecido el procedimiento tendiente a la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal con miras a cubrir los recursos del
nombramiento de reemplazo, evidentemente no puede ser el motivo para negar
el disfrute de las vacaciones de los empleados y funcionarios que están al
servicio de la Rama Judicial. Así lo resaltó la Sección Cuarta de esta
Corporación, cuando en sentencia de 12 de diciembre de 2018 indicó lo
siguiente:
“[…] Así las cosas, considera la Sala que si bien la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura profirió una circular en la que dispuso
directrices dirigidas a las Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del
país atinentes a la programación de vacaciones de los funcionarios públicos y
la expedición del CDP para garantizar los reemplazos, la omisión de
establecer un procedimiento para garantizar los rubros de los
reemplazos de los empleados judiciales no puede servir de fundamento
para desconocer el derecho al descanso de estos […]”23. (Resaltado del
texto original)
56. Siguiendo esa misma línea argumentativa, la Sala advierte que, si bien es
cierto algunas de las subsecciones de la Corporación han considerado que el
mecanismo de amparo resulta improcedente para obtener la expedición de
certificados de disponibilidad presupuestal, no es menos cierto que esta Sección
así como la Subsección B de la Sección Segunda, la Sección Cuarta y la Sección
Quinta de esta Corporación, han venido sosteniendo el criterio consistente en que
los asuntos de índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y
disfrute del período vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores.
57. En tal sentido, en pronunciamiento de 1° de julio de 2021, esta Sala de
Decisión, consideró que “[…] impedir el derecho al goce de las vacaciones por
cuenta de restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar
el tutelante, por cuanto ello no implica que se puedan soslayar las
dificultades que la carga laboral, la insuficiencia de recursos, y algunas
veces, la acción desprendida y descuidada de quienes tienen a su cargo la
organización de los asuntos administrativos, de recursos humanos y
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre
de 2018. Expediente No.: 08001 23 33 000 2018 00756 01 Actor: ROSA MARÍA MUÑOZ RODRÍGUEZ Y
OTROS
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presupuestales de la rama, puedan proyectarse sobre los derechos de quienes
laboran en los despachos judiciales […]”24. (Resaltado por la Sala)
58. En igual sentido se pronunció la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado al considerar que, “[…] si bien es cierto el referido instrumento
solo mencionó a funcionarios judiciales, esto no puede servir de excusa para
desconocer el derecho al descanso de los servidores judiciales que tienen la
categoría de empleados25, pues no puede desconocerse que la finalidad de la
Circular N° PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 fue garantizar el derecho
fundamental al descanso de servidores judiciales, motivo por el cual buscó
eliminar las condiciones que previamente se constituyeron en obstáculos al goce
de tal garantía ius fundamental […]”26. (Resaltado por la Sala)
59. De otra parte, la Sala advierte que, frente a la petición de la actora
consistente en que “[…] Se INQUIERA de una vez por todas a la DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL VALLE para que
en lo sucesivo se abstenga de asumir postura similar y de negación de expedición
de disponibilidad presupuestal, pues, es inconcebible que no acate el precedente
judicial y esa conducta conlleva a un desgaste innecesario de la administración de
justicia, ya que por cada certificado que pidan los empleados estamos avocados a
iniciar individualmente una acción de tutela […]”, la misma escapa de la órbita del
juez constitucional, en tanto no le corresponde al juez en sede de tutela
conceder el amparo a derechos fundamentales en casos futuros e hipotéticos;
como es el planteado por la accionante.
Conclusiones de la Sala
60. De conformidad con lo expuesto, esta Sala modificará la sentencia de tutela
de 25 de agosto de 2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
la cual quedará establecida en los siguientes términos:
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de julio de
2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
25
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-
2018-00756-01. C.P. Milton Chaves García.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de
16 de junio de 2021, expediente número 05001-23-33-000-2021-00738-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
25
Núm. único de radicación: 110010315000202203966-01
Actora: Mercedes Rosario García Quiñones
“PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de la actora, los
cuales se encuentran vulnerados por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Cali – Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial Cali – Valle del Cauca, que, en un plazo máximo de 5 días hábiles,
contados a partir de la notificación del presente proveído, adelante las gestiones
requeridas para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que garantice
la provisión de los recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de
las vacaciones de la señora Mercedes Rosario García Quiñones. Una vez cuente
con los recursos necesarios deberá comunicar tal novedad de manera inmediata al
Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura, para que haga efectiva la
Resolución núm. 050 del 3 de junio de 2022”.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca, por lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia de tutela de 25 de agosto de 2022 proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la cual quedará establecida en los
siguientes términos:
“PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de la actora, los
cuales se encuentran vulnerados por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Cali – Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial Cali – Valle del Cauca, que, en un plazo máximo de 5 días hábiles,
contados a partir de la notificación del presente proveído, adelante las gestiones
requeridas para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que garantice
la provisión de los recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de
las vacaciones de la señora Mercedes Rosario García Quiñones. Una vez cuente
con los recursos necesarios deberá comunicar tal novedad de manera inmediata al
Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura, para que haga efectiva la
Resolución núm. 050 del 3 de junio de 2022”.
26
Núm. único de radicación: 110010315000202203966-01
Actora: Mercedes Rosario García Quiñones
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley
núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salvamento parcial de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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