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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03975-00

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03975-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Alcaldía de Santiago de Cali y el Ministerio de Educación Nacional. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA del mecanismo de amparo interpuesto por el señor Juan de la Cruz Prado Cuero contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03975-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

1 de septiembre de 2022

Demandante: Juan de la Cruz Prado Cuero
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03975-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., primero (1º) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03975-00
Demandante: JUAN DE LA CRUZ PRADO CUERO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial – falta de competencia del
operador jurídico que zanjó la segunda instancia del medio de
control – defecto procedimental por exceso ritual manifiesto –
declara la improcedencia por no superar los presupuestos de
inmediatez y subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo presentado por el señor Juan de la Cruz Prado
Cuero, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26
de mayo de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 21 de julio de 2022 en el correo de recepción de
tutelas y habeas corpus de la Rama Judicial, el señor Juan de la Cruz Prado
Cuero, actuando a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de que sean amparados
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia.

2. El accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con
ocasión i) del auto del 13 de septiembre de 2021, a través del cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, no aceptó el desistimiento del recurso de
apelación y decidió continuar con el proceso y; ii) de la sentencia del 25 de mayo
de 2022, en la que la referida autoridad judicial modificó la decisión de primera
instancia para, en su lugar, negar todas las pretensiones de la demanda.

1
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Demandante: Juan de la Cruz Prado Cuero
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03975-00

3. Lo anterior, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, que instauró contra el Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG y el Distrito Especial
de Santiago de Cali, que se identificó con el radicado N.º 76001-33-33-012-2018-
00153-01.

1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

“Se Tutelen los derechos fundamentales invocados por el accionante y
consecuentemente se disponga:

Anular dentro del proceso distinguido con el número de radicación No
76001333301220180015300, todas las actuaciones que se han surtido con
posterioridad al día 15 de julio de 2021, fecha en que el Accionante radicó
ante la Accionada, el memorial de desistimiento del recurso de apelación;
procediendo especialmente a Revocar y dejar sin efectos la Sentencia No. 57
del 25 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo
del Valle del Cauca.

Como consecuencia de lo anterior, declarar en firme la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Cali de fecha 03 de
diciembre de 2020.

Ordenar la devolución del expediente al juzgado de origen a fin de que se
surtan los tramites (sic) de ejecutoría y archivo.

Advertir a la Corporación Judicial infractora para que se (sic) estricta
aplicación al Código de Procedimiento Administrativo, a fin de que no se
reitere esta situación”.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

5. A través de la Resolución N.º 4143.3.21.4980 del 8 de agosto de 2008, se
reconoció a favor del señor Prado Cuero una pensión de jubilación por un valor de
$1.769.228, correspondiente al año 2008.

6. El FOMAG, a través de la Fiduciaria la Previsora – Fiduprevisora S.A., le
descontó al accionante el equivalente al 12% de cada mesada pensional,
incluyendo las adicionales de junio y diciembre, con el fin de satisfacer los aportes
al sistema de salud.

7. En dicho acto administrativo se indicó que la mesada se reajustaría
conforme a lo dispuesto en la Ley 71 de 1988, sin embargo, “se ha venido
incrementando anualmente con base en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, es decir,
conforme al índice de precios al consumidor certificado por el DANE”.

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8. El 22 de diciembre de 2016, el accionante presentó ante el FOMAG -
Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali, solicitud de
aplicación: i) del numeral 5º del artículo 8º de la Ley 91 de 1989, respecto de los
descuentos de las mesadas pensionales a título de aportes al sistema de salud1,
así como la devolución de los valores excesivos que le fueron descontados y; ii)
del artículo 1° de la Ley 71 de 1988, en lo referente a los ajustes anuales que se
deben aplicar a la mesada pensional2.

9. Mediante el Oficio N.º 4143.3.13.0092 del 11 de enero de 2017, la
Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali, dio traslado de
la petición a la Fiduprevisora S.A., manifestando que no tenía injerencia alguna en
los pagos y descuentos de la pensión del actor.

10. La entidad no resolvió de fondo la referida petición, por lo que, se configuró
el silencio administrativo negativo frente a tal solicitud por haber transcurrido más
de tres meses contados a partir de la presentación sin que esta hubiere sido
resuelta. El interesado no instauró ningún recurso contra el acto ficto.

11. Actuando a través de apoderado judicial, el señor Prado Cuero instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y el Distrito
Especial de Santiago de Cali, con el fin de obtener la nulidad del acto presunto
que surgió del silencio administrativo negativo ante la petición del 22 de diciembre
de 2016.

12. En sentencia del 3 de diciembre de 2020, el Juzgado Doce Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Cali3 declaró la nulidad parcial del acto ficto negativo
y, en consecuencia, condenó al Ministerio de Educación Nacional – FOMAG a
reintegrar y pagar los valores descontados por concepto de cotizaciones en salud
de las mesadas adicionales de junio y diciembre de la pensión del señor Prado

1
Indicando que el monto que debía aportar es el 5% del valor de cada mesada y no el 12% que se le ha
venido descontando.
2
Alegando que no sea ajustada con base al IPC anual, sino conforme al incremento anual del salario mínimo
legal mensual vigente. En consecuencia, que se reconozca y pague de manera indexada la diferencia
resultante, así como los respectivos intereses.
3
“1.- DECLARAR la nulidad parcial del acto administrativo presunto negativo, originado del silencio
administrativo de la entidad accionada frente a la petición del 22 de diciembre de 2016, elevada por el señor
Juan de la Cruz Prado Cuero.
2.- CONDENAR a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, que a título de restablecimiento del derecho:
Reintegre y pague los valores descontados por concepto de cotizaciones en salud de las mesadas adicionales
de junio y diciembre de la pensión de jubilación del señor Juan de la Cruz Prado Cuero, que se hayan
efectuado a partir del 22 de diciembre de 2013.
En lo sucesivo se abstenga de realizar los descuentos a salud sobre las mesadas adicionales de junio y
diciembre de la pensión de jubilación del demandante.
3.- Las anteriores sumas deberán ser reajustadas de acuerdo con la formula señalada en la parte motiva de
esta providencia.
4.- DECLARAR que el derecho del actor al reintegro de los valores descontados de sus mesadas pensionales
adicionales, con destino al sistema de salud, con anterioridad al 22 de diciembre de 2013, se encuentran
prescritos, acorde con lo dicho en la parte motiva de este fallo.
5.- NEGAR las pretensiones relativas al reajuste de la pensión del accionante conforme al incremento anual
del salario mínimo legal al tenor de la Ley 71 de 1988, así́ como lo relacionado con la disminución del
porcentaje del 12% de aporte al sistema de salud, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
6.- Sin condena en costas”. (Negrillas del texto original).

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Cuero, que se hubieren efectuado a partir del 22 de diciembre de 2013 y, negó en
lo demás.

13. Inconforme con dicha determinación, el demandante instauró recurso de
apelación el 9 de diciembre de 2020.

14. El 8 de abril de 2021, el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Cali realizó la audiencia de conciliación del fallo y concedió el recurso
de apelación interpuesto por la parte actora.

15. El 10 de abril de 2021, el asunto se asignó al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.

16. El 15 de julio de 2021, el señor Juan de la Cruz Prado Cuero desistió del
recurso de apelación.

17. El 13 de septiembre de 20214, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
i) no aceptó el desistimiento del señor Prado Cuero, con fundamento en la
sentencia SUJ-024-CE-S2-2021 del 3 de junio de 2020, que unificó el tema objeto
de la litis; ii) admitió el recurso de apelación y; iii) corrió traslado a las partes para
presentar alegatos de conclusión. Respecto del primer punto, indicó que:

“(…) el máximo órgano de la jurisdicción declaró, mediante precedente
obligatorio, que proceden los descuentos en salud de todas las mesadas
pensionales de los docentes, y advirtió que dicha decisión tiene efectos
retrospectivos, esto es, que debe aplicarse tanto a los asuntos que se
encuentran en trámite en la vía administrativa como judicial.

En el caso de autos el juzgado ordenó la devolución de aportes de las
mesadas adicionales a partir del 22 de diciembre de 2013, por lo tanto, el
desistimiento del recurso de apelación dejaría en firme esa decisión, que es
contraria a la unificación.

Conforme lo anterior, en virtud de los deberes del juez y para precaver una
decisión lesiva al patrimonio público, el despacho no aceptará el desistimiento
del recurso de apelación y ordenará seguir con el trámite correspondiente”.

18. En sentencia del 25 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, modificó la decisión del 3 de diciembre de 2020, proferida por el
Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Cali y, en su lugar, negó
todas las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas. Como
fundamento de su decisión, explicó que:

“(…) resulta relevante advertir que la Sala había asumido postura en casos
como el que aquí́ se debate, accediendo a la pretensión relacionada con la
devolución total del 12% descontado de las mesadas adicionales de junio y
diciembre, sin embargo, tal como se dejó visto, el pronunciamiento de
unificación dictado por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado [SUJ-024-CE-S2-2021 del 3 de junio de 2020] constituye precedente

4
Decisión que se notificó en la misma fecha, a través de la fijación de un estado electrónico.

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vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos
los casos en discusión, tanto en vía administrativa como judicial, resultando
necesario variar la postura y asumir la que considera que son procedentes los
descuentos con destino a salud en el porcentaje del 12% deducible de todas
las mesadas pensionales de los docentes, incluso de las adicionales, en
estricto acatamiento de la decisión adoptada por el H. Consejo de Estado,
circunstancia que impone revocar la sentencia proferida por la primera
instancia.

Además, tal y como se mencionó en el marco jurisprudencial, dado que el
principio de la non reformatio in pejus no es absoluto o ilimitado, no se releva
a la Sala de emitir un pronunciamiento, en la medida que el debate puesto a
consideración siempre giró alrededor de la legalidad de la aplicación correcta
de las normas y en especial, de la jurisprudencia que regula lo concerniente a
los aportes, lo que implica que es deber de este Tribunal acompasar la
resolución del caso al principio de legalidad y protección del patrimonio
público, como intereses jurídicamente Superiores, que armonizados permiten
una decisión dentro del marco legalmente objetivo.

Finalmente, con base en las premisas jurisprudenciales precitadas, se colige
que en vigencia de la Ley 100 de 1993 los pensionados no tienen derecho al
reajuste de la pensión con el salario mínimo”.

19. El 1º de junio de 2022, la parte demandante presentó incidente de nulidad,
alegando la configuración de la causal 1º del artículo 133 del Código General del
Proceso, con fundamento en que la corporación perdió competencia para resolver
el asunto desde la presentación del desistimiento.

20. En proveído del 18 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca rechazó de plano la solicitud de nulidad, con fundamento en que “(…) la
causal primera del artículo 133 consagra que el proceso es nulo cuando el juez actúe en
el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia, y en este
proceso no se hizo tal declaración”. (Negrillas del texto original).

1.4. Sustento de la vulneración5

21. La parte actora alegó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión i) del auto del 13 de septiembre de 2021, a
través del cual no aceptó el desistimiento del recurso de apelación y decidió
continuar con el proceso y; ii) de la sentencia del 25 de mayo de 2022, en la que
modificó la decisión de primera instancia para, en su lugar, negar todas las
pretensiones de la demanda. En su criterio, el ad quem del proceso ordinario
incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

22. Explicó que el desistimiento de un recurso es un acto libre y voluntario de
los sujetos procesales y que, en este caso, ello se radicó ante la magistrada

5
Aunque en el escrito de tutela el actor dirigió diferentes argumentos contra ambas sentencias, en esta
instancia solo se tendrán en cuenta aquellos que presentó contra la providencia del 25 de noviembre de 2021,
por ser aquella que puso fin al proceso contencioso administrativo.

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ponente “mucho antes de que se hubiera proferido la sentencia de segunda instancia,
siendo dicha solicitud un requerimiento encausado en el momento procesal oportuno”.

23. En ese contexto, explicó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
profirió la sentencia del 25 de mayo de 2022 sin tener competencia para ello pues,
lo importante del desistimiento de un recurso es que ello convenga a los intereses
de la parte que lo radica, por lo que, dicha solicitud no está sometida al criterio del
juez o magistrado que la recibe, simplemente se debe verificar que las condiciones
estén dadas para la presentación y admisión en cuanto a momentos procesales se
refiere.

24. No obstante, aseguró que el juzgador de segunda instancia se extralimitó
en sus funciones al no aceptar el desistimiento, justificando su decisión en una
serie de consideraciones que no le correspondía emitir ya que éstas tenían que
ser alegadas por la contraparte y no por el juez.

25. También alegó la vulneración de su derecho fundamental a la igualdad, con
fundamento en que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en casos
similares al suyo ha aceptado el desistimiento de la parte actora, “luego se tiene que
la aplicación de la normatividad es solamente para cierto grupo de demandantes quienes
han quedado favorecidos por el Acta de reparto y su expediente fue enviado a otra sala
del mismo tribunal en donde se obtienen sentencias diferentes, aunque los hechos sean
los mismos”.

26. Finalmente, agregó que la incorrecta aplicación de la ley y el
desconocimiento de los hechos relevantes del proceso lo perjudican
enormemente, teniendo en cuenta que la parte demandada guardó silencio y
aceptó la sentencia de primera instancia, es decir que al haberse desistido del
recurso de apelación en el momento procesal oportuno, es evidente que el fallador
de segunda instancia no tenía la competencia para proferir la sentencia del 25 de
mayo de 2022 que, además, le fue desfavorable.

1.5. Trámite de la acción de tutela

27. A través de auto del 3 de agosto de 2022, la magistrada ponente admitió la
tutela y ordenó la notificación de la parte accionante y de los magistrados del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como autoridades judiciales
demandadas, así como de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en
los términos y para los efectos previstos en el artículo 610 del Código General del
Proceso.

28. Asimismo, dispuso la vinculación en calidad de terceros con interés del
Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, como a quo del
proceso ordinario, del Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, la Fiduprevisora S.A. y del Distrito
Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Educación, como entidades

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accionadas, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
originó la radicación de este trámite.

29. Finalmente, le reconoció personería para actuar al abogado Óscar Gerardo
Torres Trujillo, como apoderado judicial de la parte actora.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

30. La magistrada ponente de la decisión objeto de censura luego de hacer un
recuento de las actuaciones que se surtieron en el trámite ordinario, resaltó que la
razón para no aceptar el desistimiento radicó en que, la decisión que se dejaría en
firme -la adoptada en primera instancia- va en contra de lo resuelto en la sentencia
de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado y afecta el patrimonio
público y la estabilidad fiscal del FOMAG.

31. Explicó que el apoderado de la parte demandante ha presentado múltiples
demandas contra el FOMAG con las mismas pretensiones y, por ende, conoce la
postura de la Sala de Decisión que integra y, pese a ello, se ha empeñado en
presentar numerosos recursos e incidentes de nulidad contra las providencias que
no aceptan el desistimiento del recurso, situación que genera la congestión y el
desgaste del aparato judicial, impidiendo que otros asuntos que se encuentran al
despacho sean impulsados.

32. Manifestó que los hechos y fundamentos de derecho que se tuvieron en
cuenta para adoptar la decisión se encuentran consignados en la providencia
objeto de censura.

1.6.2. Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaría de Educación

33. Por intermedio del secretario de educación explicó que, revisados los
argumentos de la tutela no se observó que el demandante mencionara a la entidad
que representa, por lo cual no se observa acción u omisión que hubiere lesionado
o amenazado los derechos fundamentales deprecados, razón por la que solicitó
que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva y se le desvincule del
trámite.

1.6.3. Ministerio de Educación Nacional

34. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica alegó la falta de legitimación en la
causa de la cartera que representa, por no ser los responsables de la conducta
respecto de la cual se alega la presunta vulneración de derechos. En

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consecuencia, solicitó la desvinculación del mecanismo, con fundamento en que
no tienen competencia para pronunciarse respecto de los hechos y pretensiones
de la tutela, toda vez que se circunscriben a atacar las actuaciones del despacho
judicial que resolvió la segunda instancia del proceso ordinario.

1.6.4. El Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, la
Fiduprevisora S.A. y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
pese a haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

35. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

36. La Alcaldía de Santiago de Cali y el Ministerio de Educación Nacional
solicitaron la desvinculación del trámite constitucional, con fundamento en que la
vulneración que se alega por esta vía no recae sobre alguna acción u omisión de
su parte; no obstante, dicha petición será negada, ya que la vinculación de las
referidas entidades se realizó en calidad de terceros con interés y no como parte
demandada.

2.3 Problema jurídico

37. Corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos adjetivos de procedibilidad?

38. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se determinará:

• Si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia de la parte actora al proferir i) el auto del 13 de
septiembre de 2021, mediante el cual le negó el desistimiento del recurso
de apelación que instauró contra la sentencia de primera instancia y; ii) la
sentencia del 25 de mayo de 2022 que modificó la decisión del juzgado
para, en su lugar, negar todas las pretensiones de la demanda, por
presuntamente incurrir en defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto.

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2.4. Razones jurídicas de la decisión

39. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de
la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el estudio de los requisitos de
procedibilidad adjetiva y, en caso de encontrarlos superados; (iii) las
generalidades de los defectos alegados y; (iv) el análisis del caso concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

40. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales6, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7 y declaró su
procedencia8.

41. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)
que el asunto sea de relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra
tutela; iii) inmediatez; iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para
la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

42. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

43. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

6
Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery
Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
8
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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Demandante: Juan de la Cruz Prado Cuero
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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2.6. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.6.1. Inmediatez9

44. En relación con este presupuesto y de conformidad con los supuestos
fácticos y el material probatorio aportado al expediente digital, esta Colegiatura
advierte que en lo que se refiere al cargo esbozado frente al auto que, entre otros
aspectos, negó el desistimiento del recurso de apelación que interpuso el actor en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la presente solicitud
de amparo no cumple con el requisito de la inmediatez, por las razones que
pasan a explicarse:

45. En el asunto sub judice, la Sala encuentra que la referida providencia data
del 13 de septiembre de 2021 y se notificó ese mismo día a través de estado
electrónico, por lo que, sin necesidad de identificar la fecha en que cobró
ejecutoria, se observa que la tutela se presentó por fuera del plazo prudencial y
razonable indicado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410
proferida por la Sala Plena de esta Corporación, toda vez que el mecanismo de
amparo se radicó el 21 de julio de 2022, es decir, habiendo transcurrido más de
10 meses.

46. En la mencionada decisión, se resolvió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que el
término de seis (6) meses es suficiente para acudir y solicitar el amparo de los
derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias
judiciales.

47. Sin embargo, en lo que respecta a los cargos dirigidos a atacar la
providencia del 25 de mayo de 2022 que puso fin al proceso ordinario, la Sala
observa que la tutela sí supera el requisito de inmediatez, pues entre la fecha de
ejecutoria de dicha decisión y la radicación de este instrumento constitucional
transcurrió menos del término anteriormente señalado.

2.6.2. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la
misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

48. En consideración a la subsidiariedad, el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la
acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º
del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

9
Al respecto, consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, sentencia del 3.2.2022, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2021-06564-01.
10
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Rad. 2012-02201-01, actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. M.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

10
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49. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros
mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la
protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe
recurrir a estos y no a la tutela.

50. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia11.

51. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se
colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un
asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los
mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos.

2.7. Caso concreto

52. En consideración al requisito de la subsidiariedad en el subjudice, la Sala
observa que el argumento expuesto por el accionante se enmarca en una de las
causales de revisión consagradas en el ordenamiento jurídico.

53. En efecto, en el escrito de tutela el señor Juan de la Cruz Prado Cuero
alegó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no podía proferir una
decisión de segunda instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, sobre la base de considerar que, previo a dictar tal decisión, el
apelante único desistió del recurso que entonces instauró contra la sentencia de
primera instancia que dictó el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Cali. En ese orden, explicó que la sentencia del 3 de diciembre de 2020
quedó en firme.

54. En ese contexto, al revisar el contenido de la carga argumentativa
expuesta, para la Sala es claro que el objetivo del señor Prado Cuero es
demostrar la existencia de una decisión que se profirió sin competencia y que
desconoció el principio de la non reformatio in pejus, que constituyen dos
situaciones que se enmarcan en una de las causales de nulidad originada en la
sentencia, por lo que, contra ella procede el recurso extraordinario de revisión
previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, específicamente por la causal
contenida en el numeral 5° del artículo 250 ejusdem12; lo anterior, en atención al

11
En sentencia T-313 de 2005, M.P .Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley
estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común
garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los
demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción
de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas
competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los
instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
12
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.

11
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criterio expuesto por esta Sección en anteriores oportunidades13 y teniendo en
cuenta la posición de la Sala Veintidós Especial de Revisión de esta
Corporación14.

55. En lo que respecta al análisis de dicha causal, la jurisprudencia del Consejo
de Estado15 ha señalado que puede provenir de una nulidad procesal en los
términos del artículo 133 del Código General del Proceso –CGP, o de una nulidad
de carácter constitucional, fundada en el artículo 29 Superior16.

56. En cualquiera de los dos escenarios, los requisitos para su formulación son
los siguientes: i) debe existir una sentencia que ponga fin al proceso ordinario y
contra la que no procede el recurso de apelación; ii) el vicio de nulidad debe
configurarse en el momento de proferirse la sentencia, de manera que no es
procedente controvertir circunstancias que acaecieron con anterioridad a aquella y
que debieron ser alegadas al momento de la ocurrencia –art 134 CGP- y; iii) debe
identificarse la irregularidad o el vicio grave, así como la influencia de dicho yerro
sobre la decisión, con la que se acredite que, de no haber acaecido el resultado
sería distinto.

57. Ahora, en relación a las causales del primer escenario, que es el que ocupa
en este caso, la jurisprudencia17 delimitó las circunstancias en las que se podía
encausar la nulidad invocada que se predica, entre otras, cuando la sentencia: i)
no cuenta con el número de votos necesarios para su aprobación; ii) se profiere
dentro de un proceso culminado por desistimiento, transacción o perención;
iii) se dicta en un proceso que se encuentra suspendido o interrumpido; iv) el fallo
condenatorio se dirige contra un tercero que no fue vinculado al proceso; v) fue
proferida con falta de competencia o de jurisdicción; vi) carece de motivación
formal y material, vii) adolece de incongruencia18; viii) el fallo es inhibitorio19 y; ix)
se dicta con violación al principio de la non reformatio in pejus.

58. El análisis del alcance y contenido de la causal invocada impone que el
accionante precise la razón que invoca como constitutiva de nulidad, y que esta
obedezca a las causales taxativas que prevé el artículo 133 del CGP o que alegue

13
Consejo de Estado, Sentencia del 16.12.2020, Exp: 11001-03-15-000-2020-00035-01, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra; Sentencia del 20.2.2020, Exp: 11001-03-15-000-2019-04509-01, M.P. Rocío Araújo Oñate;
Sentencia del 21.7.2016, Exp: 11001-03-15-000-2015-03373-01 M.P. Rocío Araújo Oñate; Sentencia del
14.5.2015, Exp. 11001-03-15-000-2014-02791-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de Decisión.
Providencia de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-03-15-000-2015-
02342-00(REV). Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro
15
Consejo de Estado, Sala Especial N.º 26. Exp: 11001-03-15-000-2011-01639-00, M.P. Olga Melida Valle de
De la Hoz.
16
Sobre el particular esta Corporación precisó: “(…) las causales de nulidad de la sentencia son las previstas
en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las que se originen en la
sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en el artículo 29 (…)”. CONSEJO DE
ESTADO. Sala Especial núm. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-01639-00 Demandante: Vehivalle S.A.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión. M.P. Olga Melida Valle de De la Hoz.
17
Consejo de Estado, sentencia de Sala Plena del 08 de septiembre de 1992. Exp. 039.
18
Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de febrero de 2016.
Expediente núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
19
Sentencia de 8 de mayo de 2018 dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado C.P. Alberto Yepes
Barreiro. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).

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la transgresión del derecho fundamental del debido proceso, en una de las
circunstancias identificadas por la jurisprudencia.

59. Frente al punto, se observa que proferir una decisión en un proceso en el
que el apelante único desistió del recurso y desconocer el principio de la non
reformatio in pejus, son situaciones que dan lugar a la nulidad originada en la
sentencia, como una de las causales que hacen procedente el recurso
extraordinario de revisión, en los términos del numeral 5° del artículo 250 de la Ley
1437 de 201120.

60. Sin perjuicio de la razonabilidad y de la prosperidad de dicho planteamiento,
lo cierto es que, a esta Colegiatura, investida como juez constitucional, le está
vedado determinar si el proveído bajo cuestionamiento adolece de falta de
competencia y desconoce la non reformatio in pejus, ya que tal análisis
corresponde al juez natural en instancias del recurso extraordinario de revisión.

61. Al respecto, la Sección recuerda que el recurso extraordinario de
revisión21, regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, es un medio de
impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la
cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones
injustas por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley.

62. Este mecanismo excepcional de impugnación materializa la garantía del
debido proceso ante la configuración de causales específicas que permiten
levantar el sello de la cosa juzgada en las decisiones objeto de revisión, escenario
que, naturalmente, también se encuentra ligado al acceso a la administración de
justicia.

63. Finalmente, resulta pertinente precisar que, cuando la acción de amparo es
improcedente por no superar el requisito de subsidiariedad, por existir un
mecanismo de defensa judicial idóneo al alcance de la parte accionante, como
sucede en el asunto sub judice, ello no quiere decir que al desatar dicho recurso
prosperarán las pretensiones de la parte recurrente, pues se resalta que, una cosa
es la procedencia del mecanismo, y otra su prosperidad, de manera que, con
independencia de si le asiste razón o no a la parte demandante, lo cierto es que su
reparo se encuadra en la causal mencionada para la procedencia del recurso
extraordinario de revisión.

20
Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
(…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
(…)”
21
Sobre el recurso extraordinario de revisión pueden consultarse entre otras, las providencias de: (i)
3.11.2015, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 18. Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes
Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2014-03284-00; (ii) 7.4.2015 Sala Especial de Decisión No. 27.
Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes Barreiro Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00577-00 y; (iii) 3.11.2015,
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 18. Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes Barreiro. Rad.
No. 11001-03-15-000-2014-01918-00.

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2.8. Conclusión

64. Por todo lo expuesto, esta Sección de la Corporación declarará la
improcedencia del mecanismo de amparo, respecto de los cargos esbozados
contra el auto del 13 de septiembre de 2021, por no superar el requisito de
inmediatez y, respecto de los planteamientos que atacan la sentencia del 25 de
mayo de 2022, por no cumplir con el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que
la parte actora aún cuenta con el recurso extraordinario de revisión para
controvertir la providencia judicial censurada, alegando la causal 5ª del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011.

3. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Alcaldía de Santiago de
Cali y el Ministerio de Educación Nacional.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA del mecanismo de amparo
interpuesto por el señor Juan de la Cruz Prado Cuero contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en
la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

14
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