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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-06564-01

Fecha
3 de febrero de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
12 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-06564-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA y la Nueva E.P.S., de acuerdo con los argumentos señalados en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 22 de octubre de 2021, dictada por el la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia del mecanismo para, en su lugar, NEGAR el amparo deprecado por la señora María Eugenia Vásquez Serna, por las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-06564-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

3 de febrero de 2022

Demandante: María Eugenia Vásquez Serna
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “C”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-06564-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06564-01
Demandante: MARÍA EUGENIA VÁSQUEZ SERNA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “C”

Temas: Tutela contra providencia judicial – término para subsanar la
demanda – horario para la recepción virtual de documentos en
los despachos judiciales y dependencias administrativas –
revoca la improcedencia para negar el amparo deprecado

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la señora María Eugenia Vásquez
Serna contra la sentencia del 22 de octubre de 2021, dictada por la Subsección
“A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia
del mecanismo por no superar los requisitos adjetivos de inmediatez y relevancia
constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. A través de escrito remitido el 24 de septiembre de 2021, al correo del Centro
de Tutelas y Habeas Corpus en Línea de la Rama Judicial, la señora María
Eugenia Vásquez Serna, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela en
contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
“C”, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales con
ocasión del auto del 17 de marzo de 2021 a través del cual la Subsección “C” de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó lo resuelto
por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá que, en
proveído del 29 de octubre de 2020, rechazó la demanda por no haberse
subsanado dentro del término de 10 días, en el marco del medio de control de
reparación directa identificado con el radicado N.º 11001-33-36-031-2020-00203-

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Demandante: María Eugenia Vásquez Serna
Radicado: 11001-03-15-000-2021-06564-01
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “C”

01, que instauraron la señora Vásquez Serna y otros1, contra el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA y otros2.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

“Se CONCEDA la tutela interpuesta para la protección de mis derechos
constitucionales fundamentales denominados TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

En virtud de lo anterior se declare sin valor y efecto el auto del 17 de marzo de
2021, proferido por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro de la Reparación Directa No. 2020-
203 y se ORDENE a dicha corporación judicial revocar el auto del 1º de
octubre de 2020 emanado del juzgado 31 Administrativo de Bogotá”. (Sic a
toda la cita).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 3 de septiembre de 2020, la señora María Eugenia Vásquez Serna y sus
familiares, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa contra el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -
INVIMA y otros, como consecuencia de los perjuicios materiales e inmateriales
causados con ocasión de la presunta falla médica que conllevó al fallecimiento de
la señora María Edilma Serna de Vásquez el 7 de abril de 2018.

5. A través de proveído del 1º de octubre de 2020, el Juzgado Treinta y Uno
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá inadmitió la demanda, para que
en el término de 10 días, la parte la subsanara3, so pena de rechazo.

6. Mediante mensaje de datos enviado el 19 de octubre de 2020 a las 11:59 p.m.
al correo electrónico admin31bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, la parte actora
remitió el memorial de subsanación de la demanda.

7. En auto del 29 de octubre de 2020, el Juzgado Treinta y Uno Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Bogotá rechazó la demanda del medio de control de

1 La demanda de reparación directa la instauraron María Eugenia Vásquez Serna, Francisco
Vásquez León, Alveiro Vásquez Serna, Isabel Vásquez Serna, Jorge Eliécer Vásquez Serna, Rosa
María Vásquez Serna y Heider Antonio Santiago Santiago.
2 La parte pasiva la conformaron Davita S.A.S., Nueva E.P.S., Unidossis S.A.S., el Instituto

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA, la Clínica de Occidente, la Clínica
Nueva Rafael Uribe Uribe S.A.S. y el Departamento del Valle del Cauca – Secretaría de Salud del
Valle del Cauca.
3 El mencionado juzgado solicitó que allegaran i) los elementos relacionados en el acápite de

pruebas de la demanda; y ii) constancia del agotamiento de la conciliación prejudicial. Aunado a
ello, pidió que se integrara en un solo escrito la demanda y la subsanación de aquella.

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reparación directa, “(…) teniendo en cuenta que la parte actora no subsanó los yerros
contenidos en el auto inadmisorio (…)”.

8. Mediante escrito del 6 de noviembre de 2020, la parte actora presentó recurso
de apelación contra la decisión que rechazó la demanda, el cual fue concedido por
el mencionado juzgado en efecto suspensivo.

9. Por medio de auto del 17 de marzo de 2021, la Subsección “C” de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó el rechazo de la
demanda, por no haberse subsanado dentro del término legal concedido. Para
arribar a dicha conclusión, explicó que:

“(…) atendiendo que el auto inadmisorio proferido por el Juzgado Treinta y
Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el 01 de octubre 2020, fue
notificado por estado el 2 de octubre siguiente, se tiene que los diez (10) días,
concedidos para la subsanación de la demanda vencían el 19 del mismo mes
y año.

Ahora bien, pese a que el demandante acredita haber radicado el memorial de
subsanación de la demanda el día del vencimiento del término concedido por
el A Quo, esto es, 19 de octubre de 2020; no es menos cierto que dicha
radicación fue a las once y cincuenta y nueve de la noche (23:59), a través del
correo electrónico admin31bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, es decir, después
del cierre del despacho judicial, el cual es a las cinco de la tarde (17:00 pm),
conforme lo dispuesto Acuerdo No 4034 del 15 de mayo de 2007.

En esta secuencia, se reitera que ley procesal, específicamente lo establecido
en el artículo 109 del C.G.P. pretende que las actuaciones y diligencias
realizadas por los operadores judiciales y los usuarios de la jurisdicción se
adelanten en el horario de funcionamiento del despacho, en tal sentido,
atendiendo a que el memorial de subsanación de la demanda fue interpuesta
por la activa por fuera del horario, se tiene como radicado del 20 de octubre de
2020, es decir, extemporáneo y en tal secuencia se ha de tener como no
subsanada la demanda dentro del término legal concedido.

En conclusión, atendiendo a que el memorial de subsanación de la demanda
fue radicado mediante correo electrónico por fuera del horario de
funcionamiento del despacho judicial, conllevando con ello a que se surtiera
por fuera del término legal concedido, se tiene el mismo como extemporáneo y
en tal secuencia no subsanada la demanda por ende debe confirmarse el
rechazo de la demanda”.

10. La citada providencia fue notificada por estado del 24 de marzo de 2021.

1.4. Sustento de la vulneración

11. La señora María Eugenia Vásquez Serna considera que el auto del 17 de
marzo de 2021 a través del cual la Subsección “C” de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó el rechazo de la demanda
adolece de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

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12. En su criterio, el hecho de aplicar la normatividad que regía antes de la
pandemia generada por el COVID-19, torna el afortunado avance del derecho
procesal en “retardatario e irrazonable”.

13. Explicó que aplicar en este momento lo dispuesto en el Acuerdo 4034 del 15
de mayo de 2007, en el sentido de restringir a los usuarios la radicación de
memoriales antes de las cinco de la tarde, desconoce por completo el contexto
sanitario que influyó en el funcionamiento de la administración de justicia que
permite adelantar diligencias sin que los intervinientes tengan que desplazarse de
su domicilio, con el objeto de mantener un régimen estricto de bioseguridad que
garantice la protección de la ciudadanía en general.

14. Aseguró que restringir la recepción de documentos en los despachos judiciales
era razonable mientras ello se agotaba presencialmente puesto que no se podía
obligar a los funcionarios a permanecer en las sedes, no obstante, reprochó que
carece de fundamento legal hacerlo en uso de medios tecnológicos como el correo
electrónico, que se caracteriza por ser un servicio ininterrumpido.

1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

15. Por encontrar que la acción cumplía con los requisitos establecidos en el
artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, el despacho ponente de la Subsección “A”
de la Sección Tercera de esta Corporación, la admitió y ordenó la notificación de la
accionante y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “C” como autoridad judicial accionada. Así mismo, dispuso la
notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección

16. A través de mensaje de datos enviado el 7 de octubre de 2021, el secretario
de la Corporación remitió la providencia objeto de censura, en cumplimiento de lo
ordenado en el auto que admitió la tutela de la referencia. Los magistrados
accionados, pese a haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.

1.6.2. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en el
trámite de esta acción constitucional.

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1.7. Sentencia de primera instancia

17. En sentencia del 22 de octubre de 2021, la Subsección “A” de la Sección
Tercera de esta Corporación declaró la improcedencia del mecanismo por no
encontrar superados los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional.
Como fundamento de su decisión, explicó que:

“(…) la Subsección estima que en el presente asunto no se cumple con el
requisito de la inmediatez, por cuanto la providencia del 17 de marzo de 2021
fue notificada a las partes el 24 del mismo mes y año, tal y como aparece en
la página de consulta de procesos de la Rama Judicial y como la misma
accionante lo señaló en la demanda de tutela, por tanto, el término de seis
meses para acudir a la solicitud de amparo debe contabilizarse a partir del 25
de marzo de 2021 y culminaba el 25 de septiembre de 2021 (sábado); sin
embargo, la demanda de tutela se presentó el 28 de septiembre de 2021,
cuando debió presentarse el siguiente día hábil (lunes 27).

Adicionalmente, se advierte que la acción constitucional tampoco cumple con
el requisito de relevancia constitucional, pues la parte accionante pretende
utilizar este mecanismo como una instancia adicional al proceso ordinario.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en la solicitud de amparo se alegó, en
síntesis, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se equivocó al
considerar que la subsanación presentada el 19 de octubre de 2020, a las
23:59 era extemporánea, aspecto que a su vez fue el planteado en el recurso
de apelación (…) Argumentos que fueron analizados y definidos de manera
razonable por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que con
fundamento en el artículo 106 y 109 del Código General del Proceso, el
Acuerdo 4034 del 15 de mayo de 2007 y el Decreto Legislativo 564 del 15 de
abril de 2020, se concluyó que la subsanación presentada a las 23:59 era
extemporánea (…)”.

1.8. Impugnación

18. A través de correo electrónico enviado el 3 de noviembre de 2021 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la parte actora impugnó la
sentencia proferida por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado el 22 de octubre de 2021, notificada el 28 del mismo mes y año.

19. Solicitó que se revoque la sentencia de primer grado, y en su lugar se acceda
al amparo deprecado. Respecto del requisito de inmediatez, manifestó que el a
quo constitucional incurrió en error al pasar por alto que la acción de tutela se
radicó el 24 de septiembre de 2021.

20. En relación con el presupuesto de relevancia constitucional, reprochó que en
el argumento para considerar que el asunto tampoco revestía de este
presupuesto, se dijera que el objeto de la tutela consistía en utilizar el mecanismo
como una instancia adicional, teniendo en cuenta que era deber de su apoderado
judicial emplear los recursos procedentes, previo a instaurar la presente
salvaguarda.

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21. Contrario a ello, planteó que lo que pretendía era que le permitieran el acceso
a la administración de justicia a efectos de acreditar en la jurisdicción contencioso
administrativa que su madre falleció por la negligencia administrativa de las
entidades demandadas en el medio de control de reparación directa. Para reforzar
su posición, citó la sentencia STC13728-2021, proferida por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia4.

1.9. Trámite en segunda instancia

22. Encontrándose el expediente en estado de proferir el fallo de segunda
instancia, el despacho ponente de esta decisión advirtió que la Subsección “A” de
la Sección Tercera de la Corporación, al momento de admitir la acción de tutela,
omitió ordenar la notificación de la autoridad judicial que profirió el auto que en
primera instancia rechazó la demanda; ni tampoco dispuso la vinculación de las
demás personas que conformaron el extremo activo, junto con la señora Vásquez
Serna, ni de las entidades que pretendían demandar en el medio de control de
reparación directa.

23. Así, al evidenciar que el proceso estaba viciado de una nulidad de carácter
saneable y, en aras de garantizar el derecho de contradicción y defensa, en
aplicación de los artículos 136 y 137 del Código General del Proceso, el despacho,
a través de auto del 14 de diciembre de 20215, ordenó que se pusiera en
conocimiento de la presente acción al Juzgado Treinta y Uno Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá y a los extremos activo y pasivo del medio de control.

24. Igualmente, ofició a la Secretaría de la Subsección “C” de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que publicara en su página
web, copia del escrito de tutela, del auto admisorio, de la sentencia de primera
instancia, y del escrito de impugnación que presentó la parte actora, con el fin de
que cualquier persona que tuviera interés conociera de los referidos documentos y
pudiera intervenir en el trámite constitucional de la referencia.

25. Finalmente, accedió a la solicitud de la parte actora y, en consecuencia,
requirió a los operadores jurídicos a quienes correspondió el conocimiento de la
demanda de reparación directa para que allegaran copia digital del expediente
identificado con el radicado N.º 11001-33-36-031-2020-00203-01.

26. Surtidas las notificaciones ordenadas en el auto del 14 de diciembre de 2021,
se presentaron las siguientes intervenciones:

4 Proceso que se identificó con el radicado N.º 68001-22-13-00-2021-00469-01.
5 Notificado el 15 de diciembre de 2021 por conducto de la Secretaría General de la Corporación.

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Sección Tercera, Subsección “C”

1.9.1. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA

27. A través de mensaje de datos remitido el 11 de enero de 2022 6 al buzón web
de la Secretaría General del Consejo de Estado, la jefe de la Oficina Asesora
Jurídica de la entidad solicitó que se declare la improcedencia del mecanismo y la
desvinculación del trámite por no haber vulnerado los derechos fundamentales
deprecados por la parte actora.

1.9.2. Nueva E.P.S.

28. Mediante memorial remitido el 18 de enero de 2022 al correo electrónico de la
Secretaría General de la Corporación, la apoderada judicial de la empresa
promotora de salud solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción y que se
les desvincule del trámite, por no ser las autoridades llamadas a responder por la
vulneración de los derechos alegados en este proceso por la señora Vásquez
Serna.

1.9.3. Francisco Vásquez León, Alveiro Vásquez Serna, Isabel Vásquez Serna,
Jorge Eliecer Vásquez Serna, Rosa María Vásquez Serna, Heider Antonio
Santiago Santiago, Davita S.A.S., Unidossis S.A.S., la Clínica de Occidente, la
Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe S.A.S. y el Departamento del Valle del Cauca –
Secretaría de Salud del Valle del Cauca, pese a haber sido notificados en debida
forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

29. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la
señora María Eugenia Vásquez Serna contra la sentencia del 22 de octubre de
2021, dictada por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

30. El INVIMA y la Nueva E.P.S. solicitaron la desvinculación del mecanismo de
amparo por no haber vulnerado los derechos fundamentales deprecados, sin

6 Aunque la contestación se remitió el 16 de diciembre de 2021 a las 7:00 p.m., lo cierto es que

debe tenerse por presentada el 11 de enero de 2022 a las 8:00 a.m., en la medida en que el 17 de
diciembre no es un día laboral para la Rama Judicial pues se celebra el día de la justicia y que la
vacancia judicial corrió desde el 19 de diciembre hasta el 10 de enero de 2022.
6 Proceso que se asignó por reparto a este Despacho de la Sección Quinta el viernes 14 de enero

de 2022 a las 5:07 p.m.

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Sección Tercera, Subsección “C”

embargo, esta Sala de Decisión negará dichas peticiones, atendiendo a que
ambas entidades fueron vinculadas a este trámite constitucional en calidad de
terceros interesados, pues en el proceso en que se dictaron las providencias
objeto de censura pretendían demandarlas procurando la reparación de los
perjuicios materiales y morales derivados de la presunta falla administrativa, con
ocasión de la muerte de su familiar.

2.3. Legitimación en la causa

31. En primer lugar, la Sala advierte que la señora María Eugenia Vásquez Serna
está legitimada en la causa por activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de
la Constitución Política y los artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de
1991, en la medida en que la acción de amparo puede ser desplegada por
cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien
sea (i) por sí misma; (ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio
de la agencia oficiosa cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en
condiciones de promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela
los defensores del pueblo y los personeros municipales7.

32. En el caso concreto, se tiene que la tutelante presentó el medio de control de
reparación directa en el que se dictó la providencia objeto de censura, por lo que
es claro que es la titular de los derechos fundamentales cuya vulneración alega.

33. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” también está legitimado en la
causa por pasiva, por ser la autoridad judicial que confirmó el rechazo de la
demanda que la señora Vásquez Serna instauró.

2.4. Problema jurídico

34. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de
primera instancia proferida el 22 de octubre de 2021 por la Subsección “A” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual declaró la
improcedencia del mecanismo de amparo, para lo cual se deberá resolver los
siguientes interrogantes:

 ¿Se superan en este asunto los requisitos adjetivos de procedibilidad?

35. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se determinará:

 ¿La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección “C” de confirmar el rechazo de la demanda vulneró los

7Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas
Hernández.

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derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia de la señora María Eugenia Vásquez Serna, quien
presuntamente radicó la subsanación el día del vencimiento del término
legal que le fue concedido?

2.5. Razones jurídicas de la decisión

36. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales; (ii) generalidades del defecto alegado; (iii)
estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iv) análisis del caso
concreto.

2.6. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

37. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20128 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 9 y declaró su
procedencia10.

38. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que el asunto
sea de relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez; iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

39. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

8Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora:

Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
10 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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Demandante: María Eugenia Vásquez Serna
Radicado: 11001-03-15-000-2021-06564-01
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “C”

40. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.7. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.7.1. Relevancia constitucional

41. Si bien para la Subsección “A” de la Sección Tercera de esta Corporación, el
asunto objeto de estudio carece de este presupuesto de procedibilidad adjetiva, lo
cierto es que para esta Sala de Decisión, el conteo del término para subsanar una
demanda es un asunto que reviste relevancia constitucional11 por cuanto, en
primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la providencia proferida
el 17 de marzo de 2021 por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, a través de la cual confirmó el rechazo del medio
de control por no haberse subsanado dentro del término, determinación que, en su
criterio, adolece de un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto.

42. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión
pues, en efecto, la señora María Eugenia Vásquez Serna consideró vulnerados
sus derechos fundamentales del debido proceso y de acceso a la administración
de justicia ya que, en su sentir, el operador jurídico tutelado desconoció los
cambios que se han efectuado en la administración de justicia, con ocasión de la
pandemia por COVID-19, a partir de lo cual no tiene sentido imprimir límites de
horario a la recepción virtual de documentos en los despachos judiciales.

43. En ese sentido, los argumentos que a juicio de la parte actora eran
irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, habrían transgredido el alcance
y aplicación de sus derechos fundamentales, lo que conllevó a que se omitiera el
deber del juez ordinario de actuar tanto como juez de legalidad, de
constitucionalidad y de convencionalidad en la causa ordinaria. Así las cosas, es
evidente la tensión alegada por la parte tutelante frente a la suficiencia de la
decisión lo que, en su criterio, vulneró sus derechos fundamentales del debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

11 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-
2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-
00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.

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44. Teniendo en cuenta lo anterior, las garantías constitucionales mencionadas
que subyacen en el sub lite, por ser aquellas cuya protección pretende la
accionante, tienen rango constitucional al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de
la Carta Política, lo que implica que estas trasciendan el ámbito meramente legal.
En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando prima
facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los derechos
fundamentales, después de haber agotado el procedimiento judicial establecido
por la ley para su protección.

45. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción
de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su
aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido, el alcance de
los derechos fundamentales y de las libertades públicas.

2.7.2. Tutela contra tutela12

46. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo
alguno en cuanto hace referencia a este requisito de procedibilidad, toda vez que
no se trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la
providencia que se censura fue proferida dentro del proceso de reparación directa
identificado con el radicado N.º 11001-33-36-031-2020-00203-01.

2.7.3. Inmediatez13

47. En relación con este requisito, la Sala tampoco advierte ningún reproche en
vista de que si bien el a quo constitucional aseguró que la tutela se presentó
habiendo transcurrido más de 6 meses, lo cierto es que la providencia que en esta
instancia se ataca fue proferida el 17 de marzo de 2021, notificada por estado el
24 siguiente, es decir que cobró ejecutoria el 29 del mismo mes y año14 por lo
que, los seis meses que jurisprudencialmente se han establecido como término
12Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-
04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00;
Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia
06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
13 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-
15-000-2019-05167-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia
30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-
2019-05153-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 13.02.20.,
Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-
00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.
14 El 17 de diciembre de 2020 es el día de la Rama Judicial.

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prudencial para presentar este mecanismo de amparo finalizaban el 30 de
septiembre de 2021.

48. Entonces, como el escrito inicial se presentó el viernes 24 de septiembre de
2021 a las 17:01 en el correo de recepción de tutelas y habeas corpus de la Rama
Judicial, tal como se desprende de la información que se consignó en el sistema
de gestión judicial SAMAI, debe tenerse por presentada al día siguiente hábil, a
saber, el lunes 27 de septiembre de 2021, por lo que es claro que este asunto
también supera el requisito adjetivo de la inmediatez.

2.7.4. Subsidiariedad

49. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora considera
vulnerados, la Sala precisa que la accionante agotó el recurso de apelación contra
el auto que rechazó la demanda, que corresponde al medio de impugnación
ordinario procedente.

50. Con respecto al recurso extraordinario de revisión el despacho advierte que
tampoco es procedente, toda vez que los argumentos expuestos en la tutela no se
enmarcan en las causales taxativas previstas por el legislador en el artículo 250 de
la Ley 1437 de 2011.

2.8. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto

51. Como lo expresó esta Corporación en la providencia del 5 de agosto de
201415, el mencionado defecto se origina cuando el juez actúa completamente al
margen del procedimiento establecido.

52. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-636 de 2015,
manifestó:

“El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en el cual incurre una autoridad
judicial cuando con sus actuaciones y decisiones desconoce el derecho de los
ciudadanos de acceder a la administración de justicia y su obligación de dar
prevalencia al derecho sustancial. Tal defecto se presenta cuando un funcionario
utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho
sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia,
bien sea por (i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de
derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos
formales de forma irreflexiva y que en determinadas circunstancias puedan constituir
cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre
comprobada; o (iii), incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de las
pruebas.”16

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela - Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
16 Corte Constitucional, sentencia SU-636 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa, SV Jorge

Ignacio Pretelt Chaljub).

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2.9. Caso concreto

53. La señora María Eugenia Vásquez Serna considera que el auto del 17 de
marzo de 2021 a través del cual la Subsección “C” de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó el rechazo de la demanda
adolece de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto pues, en su
criterio, no se tuvo en cuenta los cambios que se han efectuado en la
administración de justicia, con ocasión de la pandemia por COVID-19, a partir de
lo cual no tiene sentido imprimir límites de horario en la recepción virtual de
documentos en los despachos judiciales.

54. Declaró que aplicar en este momento lo dispuesto en el Acuerdo 4034 del 15
de mayo de 2007, en el sentido de restringir a los usuarios la radicación de
memoriales antes de las cinco de la tarde, desconoce por completo el contexto
sanitario que influyó en el nuevo funcionamiento de la administración de justicia
que permite adelantar diligencias sin que los intervinientes tengan que
desplazarse de su domicilio, con el objeto de mantener un régimen estricto de
bioseguridad que garantice la protección de la ciudadanía en general.

55. Aseguró que restringir la recepción de documentos en los despachos judiciales
solo era razonable mientras ello se agotaba presencialmente puesto que no se
podía obligar a los funcionarios a permanecer en las sedes, no obstante, reprochó
que persistir en ello carece de total fundamento legal, siendo que ahora prevalece
el uso de medios tecnológicos como el correo electrónico, que se caracteriza por
ser un servicio ininterrumpido.

56. Todo lo anterior, con el objeto de que se tenga por presentado dentro del
término el escrito de subsanación de la demanda que remitió el 19 de octubre de
2021 a las 23:59 al correo electrónico admin31bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.

57. A partir de la situación fáctica expuesta por la parte actora, de los argumentos
en el escrito inicial, los fundamentos de la impugnación y del material probatorio
recaudado, esta Sala de Decisión anticipa que habrá de revocarse la sentencia del
22 de octubre de 2021 proferida por la Subsección “A” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que declaró la improcedencia del mecanismo para, en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda.

58. Al resolver el recurso de alzada que presentó la señora Vásquez Serna contra
el auto que en primera instancia rechazó la demanda que instauró por no haberla
subsanado, la Subsección “C” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca tuvo por acreditado que si bien en dicho asunto sí se allegó vía
correo electrónico un memorial de subsanación, lo cierto es que el mismo se

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aportó por fuera del horario laboral, es decir, desconociendo el término legal que
fue concedido.

59. Para arribar a la conclusión desfavorable, hizo referencia al artículo 170 de la
Ley 1437 de 2011 que trata de la inadmisión de la demanda, y a partir del cual se
observa que los defectos de aquella tendrán que corregirse en un término de 10
días; asimismo, analizó las causales de rechazo contenidas en el artículo 169
ibídem, así como la interpretación del Consejo de Estado respecto de ese tema.

60. Posteriormente revisó lo dispuesto en el artículo 106 del Código General del
Proceso que establece que las actuaciones, audiencias y diligencias judiciales se
adelantarán en días y horas hábiles. Igualmente, citó el artículo 109 del mismo
cuerpo normativo que dispone que los memoriales, incluyendo los mensajes de
datos, se entenderán presentados oportunamente siempre y cuando se reciban
antes del cierre del despacho del día en que se vence el término.

61. Luego de ello, trajo a colación el Acuerdo N.º 4034 del 15 de mayo de 2007 en
el que el Consejo Superior de la Judicatura determinó que la jornada de trabajo de
los despachos judiciales de la ciudad de Bogotá, transcurría de lunes a viernes, de
8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, y aclaró que dicho acto administrativo
no ha sido modificado hasta el momento.

62. Así las cosas, al descender al caso concreto, explicó que el auto inadmisorio
fue proferido el 1º de octubre de 2020 y notificado por estado al día siguiente por
lo que, el término de 10 días concedido para subsanar la demanda corría hasta el
19 de octubre de 2020.

63. A su vez, advirtió que la demandante acreditó haber enviado el memorial de
subsanación el 19 de octubre de 2020, no obstante, aclaró que debido a que la
captura de pantalla que aportó la actora daba cuenta de que el mensaje de datos
se remitió a las 23:59 del día del vencimiento del término, era evidente la
extemporaneidad del mismo, pues el hecho de radicar un memorial por fuera del
horario de funcionamiento del despacho implica necesariamente que deba tenerse
efectivamente recibido a las 8:00 am del día siguiente hábil, que en este caso
correspondía al 20 de octubre de 2020.

64. En ese contexto, esta Sección del Consejo de Estado considera que la
exposición de motivos del operador jurídico tutelado no da cuenta de un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto pues, contrario a lo expresado por la
tutelante, la razonabilidad de limitar el horario de recepción de documentos, aún
cuando aquella se surta por medios tecnológicos, consiste en que las solicitudes
deben ser revisadas por funcionarios judiciales quienes, además de contar con un
horario de servicio legalmente establecido, tienen derecho a descansar y a reparar
sus fuerzas intelectuales y materiales.

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65. Acoger la tesis de la señora Vásquez Serna, relativa a que se acepte la
recepción virtual ininterrumpida de documentos, implicaría necesariamente que
todos los despachos judiciales deban abrir sus sedes las 24 horas del día,
situación que va en contra de los derechos fundamentales de los funcionarios y
servidores judiciales de descansar, proteger su salud y su espíritu, compartir con
su familia, entre otras.

66. En ese orden, es del caso mencionar que en este caso el rechazo no obedeció
a un capricho de los operadores jurídicos que conocieron del proceso, sino única y
exclusivamente a que la interesada dejó precluir la oportunidad que se le concedió
con el objeto de que enmendara los defectos formales o sustanciales de los que
adolecía la demanda.

67. Finalmente, vale la pena precisar que aunque la señora María Eugenia
Vásquez Serna considera desacertado que el tribunal hiciera referencia al Acuerdo
4034 del 15 de mayo de 2007, por considerar que la limitación del horario que allí
se dispuso desconoce por completo el contexto sanitario que influyó en el nuevo
funcionamiento de la administración de justicia, lo cierto es que dicho concepto fue
reiterado encontrándose en curso la declaratoria del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica, a través del Acuerdo PCSJA20-11632 del 30 de
septiembre de 202017, a través del cual el Consejo Superior de la Judicatura
dispuso el horario para la recepción virtual de documentos en los despachos
judiciales y dependencias administrativas.

2.10. Conclusión

68. Por todo lo anterior, habrá de revocarse la sentencia del 22 de octubre de
2021 a través de la cual la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró la improcedencia del mecanismo para, en su lugar, negar el
amparo deprecado por la señora María Eugenia Vásquez Serna por no encontrar
que el auto del 17 de marzo de 2021 por medio del cual la Subsección “C” de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, adolezca del
defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto.

3. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

17 “Artículo 26. Horario para la recepción virtual de documentos en los despachos judiciales

y dependencias administrativas. Las demandas, acciones, memoriales, documentos, escritos y
solicitudes que se envíen a los despachos judiciales, después del horario laboral de cada distrito,
se entenderán presentadas el día hábil siguiente; los despachos judiciales no confirmarán la
recepción de estos mensajes de correo electrónico por fuera de las jornadas laborales sino hasta el
día hábil siguiente.”

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Sección Tercera, Subsección “C”

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA y la Nueva E.P.S.,
de acuerdo con los argumentos señalados en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 22 de octubre de 2021, dictada por el la
Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró la
improcedencia del mecanismo para, en su lugar, NEGAR el amparo deprecado
por la señora María Eugenia Vásquez Serna, por las razones expuestas en las
consideraciones de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081

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